Bajo el argumento de una “emergencia nacional económica”, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dispuesto la aplicación de aranceles recíprocos a productos provenientes de 135 países, entre ellos el Perú.

Esta decisión contempla un arancel básico de 10 % a diversos bienes, lo que genera preocupación respecto al impacto en las exportaciones nacionales hacia ese mercado.

Si bien algunos sectores peruanos podrían verse afectados indirectamente por esta medida —como los productos agroindustriales, alimentos procesados y ciertos minerales—, es indispensable subrayar que el Perú mantiene una relación comercial sólida y equilibrada con Estados Unidos. De hecho, durante los últimos 15 años, el comercio bilateral ha sido superavitario para el país norteamericano, lo que evidencia una relación mutuamente beneficiosa.

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En ese contexto, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideramos que lo más importante en estos momentos es activar una estrategia de negociación basada en el diálogo técnico y diplomático.

Esta debe centrarse en presentar, ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y otras entidades relevantes, un planteamiento claro que exponga la realidad del comercio bilateral y solicite la exclusión del Perú de la aplicación del arancel adicional del 10 %.

Es fundamental, además, reactivar con urgencia la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y Estados Unidos, como espacio institucional que permita fortalecer la relación bilateral, canalizar inquietudes de ambas partes y limar cualquier aspereza que pudiera estar detrás de esta decisión arancelaria. Esta comisión es el foro adecuado para revisar, corregir y acordar medidas dentro del marco del propio tratado, preservando la estabilidad y previsibilidad que ambos países necesitan.

Si bien Estados Unidos ha señalado preocupaciones respecto a ciertas medidas no arancelarias vigentes en nuestro país, estas deben ser atendidas con transparencia y disposición a corregir, en la medida en que así se justifique, priorizando el fortalecimiento del comercio bilateral y la confianza mutua. Corregir dichas medidas, cuando sea pertinente, no solo contribuirá a disipar tensiones, sino que también reforzará la imagen del Perú como un socio confiable.

Asimismo, se recomienda establecer un mecanismo de monitoreo en coordinación con gremios y asociaciones empresariales, para identificar de forma oportuna posibles impactos en sectores sensibles, así como oportunidades que podrían surgir para algunas cadenas exportadoras.

Desde la CCL nos ponemos a total disposición para trabajar de la mano con el Gobierno, con miras a liderar conjuntamente este proceso, cuya finalidad debe ser la eliminación de cualquier arancel adicional que permita mantener una relación recíproca y bilateral libre de barreras arancelarias, en beneficio de ambos países.

En momentos de incertidumbre global, el liderazgo responsable debe prevalecer para asegurar la continuidad de nuestras exportaciones y preservar lo que con tanto esfuerzo se ha construido en términos de integración comercial y generación de empleo formal.

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Estamos a pocas semanas del inicio de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la que los ojos del mundo estarán puestos en lo que suceda en esta importante cita, donde participarán los representantes de las 21 economías y más de 900 empresarios. Esta será una gran oportunidad para que el Perú se muestre como un destino atractivo de las inversiones extranjeras, las cuales son necesarias en la generación del empleo para nuestros compatriotas.

Es importante señalar que desde que el Perú pertenece a APEC, en 1998, además de haber multiplicado nuestro intercambio comercial por más de 10 veces, como lo mencioné en una columna anterior, también significó la adaptación y actualización de normativas de negocios hacia mejores prácticas regulatorias y la reducción de las barreras comerciales, que han facilitado el ingreso de más capitales.

La apertura de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que es un sistema que centraliza los trámites y reduce los tiempos y costos para las empresas, es uno de los mecanismos promovidos por el APEC y que se ha implementado en el país con excelentes resultados.

Una segunda adecuación es la normativa para el comercio electrónico enfocado en la transformación digital, la facilitación de dicho comercio y la inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes). Miles de pymes nacionales hoy pueden exportar sus productos a los grandes mercados de Estados Unidos, China, Corea, Japón, entre otros países, con menores costos, lo que les permite ser competitivos y rentables. Adicionalmente, el foro promueve programas de capacitación y financiamiento, con el fin de fortalecer la capacidad exportadora de estos emprendedores.

Estos ejemplos han permitido que en los últimos años se registre un importante ingreso de capitales del país. Como lo señala el canciller, Elmer Schialer, en la entrevista que presentamos en esta edición, como consecuencia del APEC realizado en Lima en 2018, se estima que se generaron inversiones por US$ 9 000 millones, y se proyecta que solo China y Estados Unidos invertirán US$ 7 000 millones en los próximos años en el Perú.

Sin duda esta cumbre Lima 2024 es una buena oportunidad para que el Perú pueda seguir atrayendo más inversiones. Nuestro sólido marco legal y contar con una de las economías más estables de la región, con baja inflación, mayor crecimiento, reservas internacionales netas por más de US$ 80 000 millones y un bajo nivel de endeudamiento externo, aseguran y fomentan el ingreso de la inversión extranjera.

Asimismo, los peruanos tenemos que aprovechar la cumbre para presentar nuestra oferta exportable del pujante sector empresarial –desde las grandes y medianas empresas, hasta los pequeños emprendedores–, y así mostrar nuestros productos y servicios al mundo.

Como queda demostrado, APEC no solo es una reunión de líderes y grandes empresarios del 14 al 16 de noviembre, sino que tiene gran trascendencia para todos los peruanos. Bajo el lema ‘Empoderar, incluir, crecer’, APEC fomenta el crecimiento económico de calidad entre sus miembros, a través de la cooperación económica y técnica, la seguridad humana, el comercio, las inversiones, la economía digital, la inclusión económica y el apoyo a proyectos para mejorar las políticas públicas sectoriales, entre otras iniciativas.

En los foros de APEC anteriores, de 2008 y 2016, el Perú asumió el liderazgo de este gran evento internacional y lo asume por tercera vez. Estamos seguros de que en esta oportunidad el país repetirá los éxitos anteriores.

Por ello, es importante para los peruanos asumir el desafío de trabajar de manera articulada. Los tres niveles de gobierno, el Poder Legislativo, los órganos de justicia, la academia, el sector privado y todos los actores de la sociedad, nos tenemos que poner de acuerdo para continuar adaptándonos a los cambios con regímenes más flexibles que nos permiten seguir atrayendo inversiones y darles mejores oportunidades de desarrollo a los peruanos, sobre todo a los sectores más necesitados.

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Mediante comunicados y pronunciamientos, hemos advertido, desde hace varios meses, el alarmante incremento de hechos delictivos en nuestro país. Ante ello, exigimos al Gobierno una estrategia integral para resolver el problema de la inseguridad ciudadana y solicitamos que se destine el presupuesto necesario a la lucha contra la criminalidad del país.

Consideramos que la declaración de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao no es suficiente. Esta estrategia integral debe estar liderada por la presidencia de la república, Dina Boluarte, con acciones concretas y articuladascon las autoridades regionales y locales, con el objetivo de desplegar una lucha frontal contra el crimen organizado, bandas criminales y la delincuencia que aqueja a nuestro país.

Algunas propuestas que debe desarrollar el Ejecutivo consiste en:

• Declarar en estado de emergencia la Policía Nacional del Perú (PNP), para dotarla de la infraestructura, el equipamiento y todos los recursos logísticos y operativos necesarios para la lucha contra la criminalidad.
• Reducir la brecha de déficit de personal judicial. Actualmente, se requieren alrededor de 50 000 efectivos policiales.
• Incorporar agentes de inteligencia y de investigación con amplia experiencia que están en situación de retiro.
• Tomar control de las 120 zonas vulnerables del país, que se encuentran debidamente identificadas, a través de acciones conjuntas entre la PNP y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), y articular sus respectivas oficinas de inteligencia mediante un sistema integrado dedicado a la lucha contra la criminalidad.

Por su parte, el Congreso de la República debe derogar o modificar algunas malas leyes, dadas en los últimos meses, como la Ley 32108, que modifica artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado.

Esta norma, que no fue observada por el Ejecutivo, pone graves trabas a la justicia en su lucha contra organizaciones criminales, como el capítulo que estipula como requisito que las organizaciones criminales deben contar con una «cadena de valor de un mercado cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y robo agravado, que tienen en zozobra a la población.

La ley considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, por lo que no considera a las organizaciones involucradas en actos de corrupción y deja sin efecto los allanamientos a las viviendas de los delincuentes sin presencia de los abogados defensores. La situación en la que nos encontramos es muy complicada. La paciencia de la población frente a la inacción de las autoridades ya está llegando al límite. Esto quedó reflejado en el respaldo al paro de transportistas del último 26 de septiembre.

Las cifras delincuenciales son alarmantes. A la fecha, cerca de 3 000 bodegas en Lima han cerrado como consecuencia de las extorsiones que sacuden el país. Además, la última encuesta de Ipsos muestra que el 63 % de los peruanos cree que la seguridad ciudadana ha empeorado en los últimos 12 meses, y un preocupante 87 % de los encuestados afirma sentirse inseguro cuando transita por las calles de noche y un 67 %, incluso durante el día.

Otros indicadores de la misma encuestadora señalan que el 78 % desaprueba la gestión del Gobierno actual en la lucha contra la delincuencia. Los valores son similares entre Lima (80 %) y el resto del país (77 %). Por su parte, el Instituto Peruano de Economía (IPE) proyectó que la criminalidad le cuesta al Perú 3 % del PBI, con base en la data del Banco Interamericano de Desarrollo a 2017 (cerca de US$ 8 000 millones).

En tanto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, manifestó que, si es que se toman las medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana, la economía podría crecer más de 3,1 % este año. Un análisis del BCR concluye que el crimen está estrechamente vinculado con la economía de forma directa e indirecta. Entre los efectos directos están la pérdida de recursos y producción como resultado de hurtos, robos, asesinatos, entre otros; y los recursos gastados en costos de seguridad tanto pública como privada. En tanto, los costos indirectos se ven reflejados en menores oportunidades de empleo, debilitamiento de las instituciones y corrupción del sistema, entre otros. En este contexto, exigimos a la presidenta de la república, Dina Boluarte, a asumir el liderazgo, porque no podemos retroceder ante la lucha contra el crimen organizado.

La propuesta de la Cámara de Comercio de Lima tiene por objetivo contribuir a ponerle freno a esta escalada delincuencial. Este es el momento de actuar; de lo contrario, las familias peruanas seguiremos viviendo en zozobra, las inversiones seguirán yéndose y habrá menos empleo para los peruanos.

Un país que quiere atraer inversiones para lograr mayor crecimiento, como el Perú, necesita un escenario estable en términos políticos y económicos. En el aspecto económico, el país tiene más de tres décadas con una estabilidad macroeconómica comprobada, que nos ha permitido sortear los shocks financieros nacionales e internacionales. Una baja inflación, un tipo de cambio estable y un buen respaldo de reservas internacionales forman parte de nuestra carta de presentación.

Sin embargo, el entorno político se ha deteriorado con el transcurrir de los años. Lo que los analistas políticos denominaban “cuerdas separadas”, es decir, que lo político no afectaba la economía del país, terminó, y hoy somos testigos de que sí afecta sustancialmente, al tener un crecimiento insuficiente de 2,1 % en la última década. Las iniciativas populistas y “leyes hechas a la medida” emitidas por los congresistas de la República afectan la eficiencia y son una mala señal para los que quieren invertir en el país.

La liberación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), los fondos de las AFP, en el tema económico; así como las modificaciones a las leyes de colaboración eficaz, de lucha contra el crimen organizado, la amnistía que prescribe delitos de lesa humanidad y la reducción de los plazos de prescripción de delitos a solo un año, en el aspecto político, son nocivas para el país.

En vista que el Congreso no aprobó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pese a que fueron incorporadas en el sistema electoral por la Ley 30998 de agosto de 2019, su aplicación fue suspendida hasta en dos oportunidades y se regresó a los sistemas de elección interna de candidatos en los partidos: abiertas a los ciudadanos con inscripción previa para votar, un militante un voto, y la elección por delegados. En ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propone aplicar algunas propuestas de emergencia, para aliviar de alguna manera la situación complicada en la que nos encontramos.

La propuesta integral que presentó la CCL ante el Congreso de la República en 2022 plantea elevar la valla del 10 % al 25 %, con el objetivo de que los candidatos tengan mayor representatividad. Aumentar este porcentaje impedirá que muchas listas no obtengan la votación mínima que les permita postular. Por ende, habría menos candidatos y el ganador tendría mayor legitimidad, a diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones de 2021. El fin de esta propuesta es buscar mayor y mejor representatividad de las autoridades durante su periodo de gestión.

Recordemos que participaron 18 candidatos y Perú Libre y Fuerza Popular pasaron a segunda vuelta con el 19 % y 13 %, respectivamente. En las elecciones generales de 2011, en las que se presentaron 11 candidatos, los dos primeros obtuvieron el 28 % y 21 %, mientras que, en 2016, captaron el 33 % y 17 %. Es decir, en la medida en que aumentó el número de candidatos a la presidencia del país, también hubo mayor atomización de los votos.

A nivel regional, el Perú es el país que posee más candidatos a la presidencia. A la fecha, existen 35 agrupaciones que se alistan a postular y otras 23 esperando ser autorizadas para participar en las próximas elecciones. Es una cifra excesiva en comparación con las últimas elecciones en los países vecinos: Chile tuvo 7 candidatos, Ecuador, 6; Colombia, 6; Bolivia, 5, y Argentina, 5.

Otra medida para facilitar la formación de alianzas electorales es dejar sin efecto la exigencia de requerir el 1 % adicional de votos a las organizaciones políticas que decidan ir en alianzas en las próximas elecciones presidenciales.

Esto nos permitirá evitar la dispersión de candidatos, la confusión ciudadana y, en consecuencia, que las agrupaciones con bajo respaldo popular pasen a la segunda vuelta, como ha ocurrido en las últimas elecciones, por lo que la gran mayoría de ciudadanos no se sienten representados por las autoridades electas.

Asimismo, la CCL expresa su rechazo al proyecto de ley recientemente presentado que busca habilitar a personas con sentencias por delitos de corrupción para postular a la Presidencia de la República en el próximo proceso electoral. La CCL exhorta a los actores políticos y a la sociedad en su conjunto a exigir al Congreso de la República aprobar las reformas que vayan en línea con la idoneidad y representatividad, porque las actuales van en contra de los principios democráticos, la integridad y la lucha contra la corrupción que nuestro país requiere para seguir avanzando por la senda del crecimiento y desarrollo de todos sus ciudadanos.

El fortalecimiento de nuestra democracia es esencial para construir un país justo y equitativo, en el que se respete el Estado de derecho y sus líderes representen valores éticos y de integridad.

Recuperemos la senda de crecimiento

El énfasis que se le dio a la inversión pública y privada, con una cartera de proyectos que supera los S/ 92 000 millones, fue lo más destacable del extenso mensaje presidencial.

En primer lugar, consideramos que la exposición de la relación de proyectos es una señal importante del Gobierno por reactivar la economía. Como lo he mencionado anteriormente, es necesario romper la inercia para recuperar nuestra tasa de crecimiento potencial de 5 %, que se vio afectada por la pandemia, así como por los conflictos sociales y políticos, y retrocedió a 2,6 %.

El Perú necesita retomar esa senda de crecimiento mayor al 5 % anual para tener la capacidad de absorber a los más de 350 000 jóvenes que anualmente ingresan al mercado laboral y también a los que se encuentran desempleados. Esta es la única ruta para generar trabajo y reducir la pobreza, que hoy alcanza al 29 % de los peruanos.

En la última década (2014-2023) la economía peruana creció a un ritmo promedio de 2,1 % por año, tasa muy por debajo del 6,4 % que se obtuvo en la década anterior (2004-2013). La caída en la última década se debe a la inestabilidad política que solo terminó generando más pobreza, la cual aumentó del 23 % al 29 % de la población. Un claro ejemplo es que solo en 2023 la economía registró una tasa de -0,6 % y cerca de 600 000 peruanos (según el INEI) pasaron a ser pobres. Esto no podemos permitirlo.

Con el anunciado shock de inversiones de 28 de julio, es viable que podamos ingresar a un ciclo expansivo del Producto Bruto Interno (PBI), que el Perú necesita, y, con ello, también pueda aumentar la productividad. Ambas son condiciones necesarias para que podamos evaluar la Remuneración Mínima Vital (RMV), que por ahora no existen. Todos queremos que los peruanos ganen más, pero sin análisis técnico ello no es posible, al menos en el corto plazo, como se planteó en el discurso.

Exhortamos al Gobierno a preocuparse por mejorar las condiciones del 71 % de trabajadores que se encuentran en la informalidad y no tanto del 3 % (500 000 personas) que puedan beneficiarse con un aumento de la RMV. Consideramos que no es conveniente generar expectativas de incrementos del sueldo mínimo, sobre todo cuando la mayoría de la masa laboral no tiene empleo de calidad.

Los empresarios somos optimistas frente a estos anuncios de la presidenta de la república, aunque esperamos una decisión política firme para una implementación efectiva y transparente, preservando la disciplina fiscal.

El anuncio de la Zona Especial Económica (ZEE) de Chancay es una iniciativa que atraería grandes inversiones al país, aunque requerimos que el Congreso agilice en la presente legislatura la aprobación de la ley marco que fomente el desarrollo de inversiones en todo el país. El puerto de Chancay por sí mismo no es la “varita mágica” que va a traer el desarrollo al país, sino que el Estado tiene que planificar el crecimiento de la ciudad, vías de acceso, seguridad, entre otras obras de infraestructura necesarias para un funcionamiento óptimo.

A esto se suma la decisión del Gobierno de respaldar el desarrollo del proyecto Tía María, que se convertirá en la locomotora de la inversión de otros proyectos mineros de gran envergadura.

A nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas, estas unidades presentan dificultades para acceder a los créditos, por lo que las medidas destinadas al acceso de financiamiento de las mypes son muy esperadas por este importante sector, que representa el 99,2 % del estrato empresarial.

En Educación, en el discurso no se hizo referencia a estrategias educativas y supervisión para mejorar los resultados del país en la prueba PISA en 2025. Aquí se requiere la revalorización de la Educación Secundaria Técnica, y de la Educación Superior Técnica y Tecnológica; así como la formación en educación dual mediante la implementación de un programa nacional.

Desde la CCL consideramos que el Gobierno, en este nuevo año, debe poner mayor énfasis en destrabar las inversiones de grandes proyectos y, con ello, facilitar la actividad productiva en todo el país. Los empresarios estamos dispuestos a mantener el diálogo, proponer y colaborar con el Gobierno, porque su éxito o fracaso beneficiará o perjudicará a todos los peruanos.

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La reciente visita oficial del Perú a la República Popular China ha tenido un importante éxito para fortalecer las relaciones comerciales, económicas y de inversiones con ese país. Desde que se logró el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gigante asiático en el 2010, nuestras exportaciones que eran de apenas US$ 4 100 millones, se han multiplicado por cerca de 6 veces y hoy alcanzan los US$ 23 200 millones, mientras que el número de empresas peruanas que envíen sus productos y servicios a ese país aumentaron de 439 a 653.

Además, China es el principal socio comercial del Perú con una inversión que se estima en US$ 13 000 millones que comprende la ejecución de 32 proyectos, entre el megapuerto de Chancay que nos convertirá en el hub logístico del mercado Sudamericano dada su ubicación geográfica.

Por ello, una de las principales conclusiones del viaje de trabajo fueron las zonas económicas especiales (ZEE) como mecanismo clave en el desarrollo económico de China. La visita a Shenzhen y al parque industrial permitieron a la presidenta de la República, Dina Boluarte y los ministros de Estado, constatar que las ZEE son espacios que constituyen una herramienta fundamental para atraer la inversión privada.

Esperamos que el proyecto de ley de ZEE que promueve el comercio exterior que se discute en el Congreso de la República sea lo suficientemente atractiva y competitiva para las inversiones extranjeras y nacionales, que tendrán que comprometerse en generar empleo si quieren ser usuarias.

Hay que considerar que competimos con otros países de la región que tienen ZEE muy bien desarrolladas y exitosas como son República Dominicana y Costa Rica. Es importante tomar en cuenta esto, si queremos atraer las inversiones de esa región de Asia, caso contrario, se irán a otros países.

La participación de los gremios empresariales de los diversos sectores en la misión oficial ha sido importante porque permite reflejar hacia el exterior una visión conjunta entre los sectores público y privados, así como explicar a los empresarios chinos las oportunidades de negocios que hay en el Perú.

Otro punto importante del viaje de trabajo fue la firma del Memorándum de Entendimiento para la conformación del Consejo Empresarial Peruano Chino, instancia netamente privada, que permitirá alcanzar al gobierno recomendaciones para fortalecer la integración económica y comercial entre ambos países y también mantener una estrecha vigilancia en aspectos que puedan afectar el comercio bilateral.

Estas misiones oficiales público – privada son buenas prácticas que deben replicarse porque son una oportunidad de aprendizaje para ambos sectores. En el caso del Gobierno, observar las experiencias positivas para crear las condiciones para un crecimiento sostenido y el rol del Estado como facilitador de la inversión privada que genere los puestos de trabajo que requieren los peruanos.

La visita ha permitido posicionar al Perú en una situación expectante. Nos toca no perder la oportunidad que nos pone en ventaja sobre nuestros países vecinos. Se espera lograr una agenda mínima de trabajo público – privada para concretar los potenciales identificados, incrementar nuestras exportaciones con valor agregado a China, que no sólo sean 653 empresas que exporten productos a ese país, sino que se multipliquen y, por último, lograr un mayor flujo de inversiones para la creación de puestos de trabajo y el desarrollo socioeconómico del Perú.

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En noviembre próximo, el Perú recibirá a los líderes de las 21 economías más poderosas del planeta y será una inmejorable oportunidad para mostrar la oferta exportable de nuestro pujante sector empresarial peruano, desde las grandes y medianas empresas hasta los pequeños emprendedores. Además, podremos presentar al mundo nuestros productos, servicios y proyectos en infraestructura, así como relanzar nuestra imagen como un país atractivo para las inversiones.

El marco será la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC), que por tercera vez presidimos. Ya en 2008 y 2016 tuvimos similar oportunidad y en ambas ocasiones los resultados fueron exitosos desde el punto de vista de logros y acuerdos comerciales favorables para el país.

Hay que destacar que, desde 1998, el Perú pertenece a este selecto grupo de 21 economías cuya producción representa el 61 % del total global y, en el caso de nuestro país, APEC significa el 65 % del comercio con el mundo. El objetivo de este bloque es promover el crecimiento económico, fomentar la cooperación técnica y económica, así como facilitar el comercio y las inversiones entre sus miembros.

El ingreso al foro ha permitido al Perú incrementar el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) en más de 10 veces, al pasar desde los US$ 7 490 millones, en 1998, hasta los US$ 75 667 millones, en 2023. A todas luces, un impacto extraordinario en beneficio del país.

Entre los principales destinos de los productos peruanos se encuentran China (52 %), Estados Unidos (21 %), Canadá (7 %), Corea del Sur (5 %) y Japón (5 %), a los que les exportamos minerales (71 %), bienes agrícolas (13 %) y pesqueros (5 %); e importamos de ellos hidrocarburos (20 %), químicos (17 %) y TI (8 %).

Asimismo, es oportuno destacar que esta apertura permitió establecer intercambios comerciales con Singapur, Filipinas, Hong Kong, Canadá, Rusia, Japón, Indonesia, Corea, Vietnam, Chile, entre otros países, que aprecian no solo nuestros minerales, sino también nuestras agroexportaciones y textiles con alto valor agregado, intensivos en mano de obra para los peruanos.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la comisión de APEC Perú 2024, en 2021, 5 200 empresas peruanas exportaron bienes a la zona APEC por US$ 37 994 millones. Durante el mismo año, nuestras importaciones alcanzaron un total de US$ 30 479 millones.

La reunión de noviembre es una magnífica oportunidad para que nuestras autoridades planteen el empoderamiento de las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres y jóvenes, las pymes y los emprendimientos informales, de manera que todos los sectores sean incluidos en los beneficios de la apertura del comercio global, en condiciones de competitividad.

En el foro se presentarán los casos exitosos y las buenas prácticas en la aplicación de políticas públicas en asuntos como el comercio e inversión inclusivos; la innovación para promover la transición a la economía formal y global; la seguridad alimentaria; la internacionalización de las pymes; el empoderamiento económico de las mujeres; la economía digital y la inclusión financiera; el uso de energías renovables y el hidrógeno verde.

Sin embargo, lo que nos falta es trabajar de manera articulada entre los gobiernos central, regional y local; el Poder Legislativo, los órganos de justicia, la academia, el sector privado y todos los actores de la sociedad, para alcanzar metas concretas, estableciendo políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y contribuyan a edificar una sociedad con valores.

Desde la Cámara de Comercio (CCL) hemos asumido un rol activo e iniciado un acercamiento efectivo con el Ejecutivo y el Congreso, presentando una serie de propuestas que pueden contribuir a mejorar las condiciones sociales y económicas del país. Pero esto solo es el comienzo. Aprovechemos que somos anfitriones de APEC para fortalecer el trabajo articulado público-privado, porque solo el diálogo y el consenso permitirán abrir los caminos hacia el desarrollo que beneficie a los peruanos.

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Cerremos el paso a la delincuencia organizada y la corrupción

La corrupción y la ola delincuencial desatadas en los últimos años en el Perú siguen avanzando, lo cual afecta seriamente la calidad de vida de los peruanos. Ante ello, empresarios y trabajadores hemos alzado nuestra voz de protesta ante el tratamiento especial que se les quiere dar a las organizaciones delincuenciales, como se ve en el proyecto de ley N.° 5981/2023-CR que el Congreso de la República ya ha aprobado en primera votación, y que está a la espera de la segunda votación para convertirse en ley.

La iniciativa legislativa propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, lo cual representa un retroceso respecto a lo avanzado frente a organizaciones delincuenciales.

Una de las modificaciones más preocupantes es la que define como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”. Esta restricción excluye a aquellos involucrados en delitos como extorsión, secuestro y asalto, que actualmente mantienen a la población en zozobra. Es vital que los legisladores comprendan el peligro de tales exclusiones y no ratifiquen con su voto ese despropósito.

Además, la propuesta que considera como organización criminal solo a aquellos que cometen delitos con penas superiores a seis años de prisión efectiva deja fuera a muchas organizaciones corruptas. La corrupción es un cáncer que socava los cimientos de nuestra sociedad y nuestra economía.

Los peruanos vemos denuncia tras denuncia generando desazón frente a los mecanismos democráticos. Para combatir eficazmente la corrupción, necesitamos conectar nuestras demandas ciudadanas con las acciones legislativas, asegurando que las leyes vayan a la par de la gravedad de los delitos que afectan a nuestra nación.

Solo basta revisar el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) del 2023, elaborado por Transparencia Internacional, que señala que el Perú cayó del puesto 101 al 121 desde el 2012, ubicándolo en el tercio inferior de países más corruptos del mundo, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.

El IPC muestra que, en el último año, el Perú obtuvo una calificación de 33 sobre 100, tres puntos menos que el año 2022, lo cual nos ubica en el penúltimo lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alianza a la que estamos postulando. Solo estamos por encima de México, país afectado seriamente por la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico.

Otra modificación alarmante es la que exige la presencia del investigado y su abogado durante los allanamientos. Esta medida no solo elimina el factor sorpresa, esencial para el éxito de estas operaciones, sino que también puede facilitar el ocultamiento de pruebas para determinado caso.

En este contexto, llamamos al Congreso de la República a escuchar las observaciones que un conjunto de gremios empresariales y laborales hemos planteado. Es fundamental que, en la segunda votación del proyecto de ley, se tenga en cuenta la voz de quienes buscamos un país más seguro.

Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen una postura firme y alineada frente a estas modificaciones. Si el Parlamento persiste en su afán, esperamos que el Ejecutivo observe la norma, precisando los peligros que conllevaría su aplicación. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Hay que recordar que el gremio de bodegueros afirmó recientemente que el año pasado alrededor de 2,600 bodegas cerraron en el país y que muchos emprendedores que se mantienen trabajando destinan un porcentaje de su presupuesto para garantizar su seguridad.

Los empresarios tenemos un papel crucial en este proceso y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos contribuir a ponerle freno a esta escalada delincuencial y este es el momento, de lo contrario, muchos peruanos se quedarán desempleados y nuestro país, sumido en la crisis.

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Banco Mundial: Siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en pobreza

El Gobierno promulgó hace unos días la ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1413, que promueve el transporte marítimo de cabotaje de pasajeros y carga que tendrá una serie de impactos positivos en beneficio del país.

La apertura del cabotaje se convierte en una alternativa de competencia al congestionado transporte terrestre, reduciría los costos logísticos hasta en un 60 %, a importadores y exportadores y, en especial, a alrededor de 6,000 micro, pequeñas y medianas empresas (MYPES), según cifras proporcionadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Las exportaciones del Perú superan los US$ 64,000 millones al año. Gran parte de las exportaciones que salen de la Aduana Marítima del Callao, el 80 %, proviene de las regiones del interior del país. Por ejemplo, Arequipa, en el 2022, exportó US$ 6,013 millones, donde más del 20% fue embarcado por el puerto del Callao.

Con los cambios normativos, estas cargas de exportación de las zonas norte y sur del país ya no tendrían la necesidad de pasar por el Callao, lo cual significará una reducción en los costos de transporte.

Algunos de los principales bienes exportados desde el norte son, por ejemplo, arándano, mango, espárrago, plátano, café y langostino; mientras que, desde el sur, aceite de oliva, aceituna, cebolla, quinua y palta.

Otro de los beneficios es que la apertura al cabotaje de naves extranjeras promoverá la competencia saludable que se trasladará en beneficio de los consumidores finales, sin poner en riesgo la soberanía peruana, porque existe regulación clara al respecto. La modificación solo alienta a las naves extranjeras a extender sus servicios al cabotaje en puertos nacionales.

Además, la apertura incentivará la descentralización logística y dinamizará las actividades de los puertos regionales, fortaleciendo la posición del Perú como hub regional.

En el tema del empleo, la mayor actividad económica promoverá la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad. Los buques, independientemente de su bandera y del régimen bajo el cual operan, están regulados por estándares mínimos de la Organización del Trabajo (OIT).

En tributos, el movimiento comercial se traducirá a su vez en el incremento de la recaudación, puesto que las personas no domiciliadas en el país son gravadas por los impuestos correspondientes al generar rentas de fuente peruana.

En este esfuerzo legislativo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) participó activamente en el proyecto de ley inicial propuesto por el Ejecutivo y luego acompañó con las opiniones técnicas respectivas, por lo que es necesario destacar los consensos logrados entre el Gobierno, el Poder Legislativo y el sector privado que, finalmente, dan como resultado una buena ley que favorecerá al país.

Desde la CCL saludamos que la aprobación de estas modificaciones que fomentan el desarrollo del cabotaje ocurra ante el próximo inicio de operaciones del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, que reforzará la posición del Perú como primer centro logístico del Pacífico.

El movimiento de contenedores que tendrá este terminal, que se estima en 1.5 millones anuales en los próximos años, dará una dinámica comercial que los peruanos tenemos que aprovechar, porque seremos más competitivos frente a nuestros países vecinos.

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Banco Mundial: Siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en pobreza

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), con 136 años de vida institucional, no es ajena a las actuales circunstancias de bajo crecimiento económico y falta de confianza para la inversión que atraviesa el país, por lo que, en la reciente reunión con el presidente del Consejo de Ministros en la que participó el ministro de Economía y Finanzas, hemos presentado nuestra propuesta para superar rápidamente esta situación, mediante la promoción de la inversión que, a su vez, nos permita retomar en el mediano plazo las altas tasas de crecimiento de 5 % o 6 % necesarias para beneficiar a todos los peruanos.

El magro crecimiento del PBI de 1,4 % registrado en el primer trimestre del año, que incluye una caída en marzo (-0,28 %) y la rebaja en la calificación crediticia por parte de la agencia calificadora S&P Global Ratings de BBB a BBB-, que nos coloca a un paso de perder el grado de inversión, son alertas que nos preocupan a los empresarios y nos hacen reflexionar sobre hacia dónde está yendo el país.

Por ello, hemos presentado a la Presidencia del Consejo de Ministros nuestra propuesta en relación con el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicita facultades al Congreso de la República para legislar en materia de regulación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

Además, hemos planteado trabajar sobre ejes relevantes, como son la reactivación económica, sistema tributario, seguridad ciudadana, contrataciones del Estado, salud y arbitraje. A continuación, detallo las acciones de los tres primeros aspectos.

En materia de reactivación económica, proponemos medidas orientadas a los siguientes objetivos: (i) el incremento efectivo de la inversión pública en sectores clave como construcción, comunicaciones, infraestructura, entre otros, (ii) la atracción de inversiones mediante un marco legal y fiscal estable, (iii) la creación de empleos formales, y (iv) la protección del ingreso familiar.

Para ello, se sugiere mantener un manejo fiscal prudente, impulsar reformas que mejoren los resultados y la ejecución de la inversión pública, apoyos financieros, capacitación para las mipymes y la creación de Zonas Económicas Especiales.

Asimismo, se sugiere impulsar los proyectos de inversión pública y privada, especialmente en el sector minero, y la ejecución de proyectos con mayor presupuesto a nivel nacional y regional. Estas medidas buscan no solo una recuperación a corto plazo, sino también establecer las bases para un crecimiento económico sostenible.

En materia tributaria, proponemos continuar con la simplificación de trámites burocráticos e impulso de la digitalización de procesos, establecer un régimen de fraccionamiento especial para el pago de la deuda tributaria, establecer la tributación de las pequeñas empresas sobre la base de utilidades (no solo sobre ingresos), entre otros.

Sugerimos también el apoyo a diversas iniciativas legislativas que incentiven la exportación de servicios en sectores estratégicos, como el régimen de exportación de la fabricación y maquila.

En materia de seguridad ciudadana, proponemos la creación de una Secretaría o Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, que pretende mejorar la ejecución de políticas y proyectos de seguridad, promoviendo la articulación entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil. Además, planteamos intervenciones focalizadas contra las economías ilegales e ilícitas, la creación de una Unidad de Información en materia de extorsión en el sector aduanero, construcción y comercial, en donde se recopile la clasificación sistemática de la información procedente de las extorsiones. Todas estas acciones buscan disminuir los altos índices de criminalidad y de extorsión.

Con este planteamiento, reafirmamos nuestro compromiso como gremio empresarial, que es ser un partícipe activo de la toma de decisiones que trascienden el ámbito de sus actividades, así como proponer soluciones que permitan al país crecer, fortalecerse y ser competitivo, ofreciendo oportunidades y una mejor calidad de vida de los peruanos, defendiendo el libre mercado.

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La educación es el motor que impulsa el desarrollo económico y social de un país. Cuando se implementa una política educativa sólida, se construye una fuerza laboral calificada, lista para enfrentar los desafíos del mercado global. Esto atrae a inversores que buscan talento local capacitado y también reduce la pendiente de la curva de aprendizaje, mejorando la productividad. Una fuerza laboral bien capacitada actúa como un imán para las empresas, creando un círculo virtuoso de inversión y crecimiento.

Un sistema educativo que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad no solo genera graduados altamente empleables, sino también líderes capaces de transformar sus ideas en realidades palpables. Ellos son la chispa que enciende la llama del emprendimiento y la innovación, creando un ecosistema empresarial dinámico y robusto. Este ambiente de constante renovación y progreso atrae más inversiones, ya que los inversores se sienten atraídos por la promesa de crecimiento y desarrollo sostenido.

Sin embargo, es preocupante que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el incremento de la pobreza esté afectando gravemente la educación en el Perú. Actualmente, dos millones de escolares abandonan las aulas, y un millón de ellos se queda sin hacer nada. Este problema se agrava aún más cuando el 60 % de los jóvenes están inadecuadamente empleados, según el Ministerio de Trabajo. Debemos escuchar atentamente las necesidades de los jóvenes y articular soluciones basadas en datos, para poder identificar las áreas más críticas de intervención.

Al examinar las cifras del INEI, se observa que solo el 3,4 % del gasto per cápita se destina a la educación, lo que equivale a casi S/ 30 y confirma que un mayor nivel educativo disminuye notablemente la probabilidad de caer en la pobreza. Estos datos revelan una triste realidad: una persona de 25 años o más en situación de pobreza ha logrado estudiar, en promedio, hasta el segundo año de educación secundaria (8,5 años de estudio), mientras que una persona no pobre del mismo rango de edad ha estudiado hasta el cuarto año de secundaria (10,4 años de estudio). La población vulnerable ha alcanzado solo hasta el tercer año de secundaria (9,1 años de estudio).

En la CCL hemos comenzado a recoger algunas propuestas al interior de la Comisión de Educación del gremio, como, por ejemplo, impulsar un nuevo modelo de formación ocupacional desde la secundaria, generando competencias basadas en la vocación de los estudiantes.

Conectar los esfuerzos de distintos actores, desde el Gobierno hasta organizaciones civiles y el sector privado, nos permitirá crear sinergias poderosas. Por ello, en este esfuerzo resulta valioso saber que el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo busca fortalecer y mejorar la empleabilidad de personas de 15 años en adelante, especialmente de la población juvenil en situación de pobreza y pobreza extrema.

Para lograr un cambio real debemos tener claro que la educación no es negociable y que debe convertirse en un verdadero objetivo nacional. Por ello, la designación de los ministros de educación debe basarse en función de la más alta experiencia, conocimiento y visión de futuro, nunca en función de relaciones personales o de intereses partidarios. Necesitamos consensuar en torno a políticas educativas inclusivas y sostenibles que permitirán mejorar las oportunidades para todos, así como reducir la pobreza.

Actuar de manera contraria acarrea, como vemos en el Perú, que en un ministerio donde se debe trabajar y aplicar verdaderas políticas de Estado de largo plazo y estrategias para varias generaciones, los ministros de Educación, en promedio, solo duren nueve meses en el cargo; eso es algo inaceptable.

La estabilidad en la gestión educativa es esencial para el desarrollo sostenible del país. Necesitamos un compromiso serio y a largo plazo con la educación de los peruanos.

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La economía del Perú enfrenta un desafío considerable en los últimos años, especialmente en lo que concierne a la pobreza monetaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023, aproximadamente el 29 % de los peruanos se vieron afectados por esta realidad, es decir, cerca de 9,8 millones de personas. Este dato es alarmante, ya que coloca al país en niveles similares a los de 2020, año inicial de la pandemia, cuando la tasa de pobreza alcanzó el 30,1 %. El incremento en las cifras de pobreza es innegable. Entre 2019 y 2023, 3,3 millones de peruanos se sumaron a esta situación de vulnerabilidad.

Particularmente preocupante es el aumento de la pobreza extrema. En 2022, el 5,7 % de la población peruana se encontraba en esta condición, evidenciando un incremento de 2,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior a la pandemia. En 2023, alrededor de 249 mil personas han llegado a la situación de pobreza extrema. Estas cifras nos duelen. Es imposible ser indiferentes.

¿Cómo combatir la pobreza? La inversión privada juega un papel crucial en la reactivación económica, la creación de empleos y, por lo tanto, en la lucha contra este mal. Sin embargo, se encuentra estancada por una serie de factores, entre los que se incluyen los vaivenes políticos y la mala gestión pública, lo que obstaculiza la mejora en los ingresos familiares. Tanto el Congreso como el Ejecutivo comparten responsabilidad en esta situación. Las constantes crisis políticas espantan la confianza empresarial, mientras que la inacción gubernamental para poner a marchar la inversión pública son factores determinantes en el estancamiento económico actual.

Según el Banco Central de Reserva del Perú, en 2023, la inversión bruta fija nacional disminuyó en un 5,6 %, siendo la inversión privada la principal afectada, registrando una caída del 7,2 %. Sin embargo, existen indicios de recuperación, especialmente en la confianza empresarial, lo que podría revertir esta tendencia si se da el contexto apropiado. Los escándalos políticos no ayudan a lograr este propósito.

La corrupción erosiona la confianza empresarial y desalienta la inversión de diversas maneras. Al generar un ambiente de negocios incierto y desfavorable, socava la estabilidad y previsibilidad que las empresas necesitan para operar y planificar a largo plazo. Además, los sobornos y extorsiones distorsionan la competencia al permitir que empresas menos eficientes obtengan ventajas injustas. La falta de integridad junto con la reputación negativa asociada a prácticas corruptas aleja tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, limitando el potencial de crecimiento económico del país y perpetuando ciclos de pobreza. En suma, la corrupción actúa como un freno significativo para el desarrollo empresarial y económico.

Por ello es imperativo que se tomen medidas urgentes y coordinadas para enfrentar estos desafíos económicos. La recuperación económica y la reducción de la pobreza requieren un compromiso serio, tanto del sector público como del privado. Es hora de construir un futuro compartido, donde la prosperidad sea accesible para todos los peruanos.

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Los informes de Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s nos ofrecen una mirada cruda sobre la situación actual, que muestra la degradación a la cual ha llegado nuestra institucionalidad política y democrática. En este escenario no solo falta conexión y consenso entre los líderes políticos, sino que dicha carencia erosiona nuestras instituciones y socava la confianza de los inversores extranjeros en nuestro país.

En este contexto, los empresarios tenemos una responsabilidad vital. Debemos reconocer que la política no es una espectadora distante de la economía; hoy más que nunca las decisiones que se toman en la política tienen un impacto directo en nuestro entorno empresarial. La semana pasada, fuimos testigos sobre cómo la incertidumbre política se tradujo en un deterioro de la calificación del país y afectó, días después, a un grupo de empresas del país. Este es un recordatorio contundente de que dilatar la reforma política tiene consecuencias tangibles en el ámbito empresarial.

Es por ello que debemos dejar el papel pasivo y no contentarnos con informarnos sobre los hechos, sino que, además, estamos obligados a conectar y consensuar en la búsqueda de soluciones. Nuestra historia reciente nos ha enseñado que no involucrarnos en estos procesos solo conduce al estancamiento y la inestabilidad. Por ello, es imperativo que tomemos una postura proactiva, no solo proponiendo políticas públicas que promuevan la reforma política, sino también siendo celosos guardianes de la estabilidad económica que tanto nos ha costado construir.

Para hacerlo debemos practicar la escucha activa, la cual puede inspirar la innovación al abrir la mente a nuevas ideas y perspectivas. Al estar receptivos a diferentes puntos de vista y sugerencias, los empresarios podemos generar ideas creativas que impulsen el crecimiento y la competitividad del país, pero, además, nos permitirá actuar rápidamente ante contextos altamente volátiles. Los empresarios tenemos el deber de ser constructores de consensos y promotores del diálogo. Ello contribuirá a resanar el clima de confianza que atrae a las inversiones.

El futuro de nuestra economía y nuestro país está en nuestras manos. Podemos seguir siendo espectadores pasivos de los vaivenes políticos y ser víctimas de sus consecuencias, o podemos asumir un papel activo en la construcción de un Perú más próspero y estable. La elección es nuestra y la acción es urgente. Es momento de asumir nuestro rol y actuar en beneficio de todos los peruanos. El futuro de nuestra economía, pero, quizás más importante, el futuro de nuestra nación depende de ello.

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Ante la creciente desconfianza y polarización que existen en el Perú y en el mundo, es necesario fortalecer y profundizar aspectos fundamentales que ayuden al país a construir un futuro compartido, como es escuchar, articular, conectar y consensuar. Evitar hacerlo no es opción.

La Cámara de Comercio de Lima, con 136 años de vida institucional, se encuentra llamada a identificar una agenda mínima de consenso, promoviendo el reencuentro y el diálogo que nos conduzcan hacia el desarrollo económico. Ello implica que trabajaremos estrechamente con los asociados, los 16 gremios de la CCL, que son el alma de la institución.

Para lograrlo, es importante que el nuevo rol del empresario implique ser un partícipe activo de la toma de decisiones que trasciendan al ámbito de sus actividades, así como proponer soluciones que permitan al país crecer, fortalecerse y ser competitivo, ofreciendo oportunidades y una mejor calidad de vida a su población, y defendiendo el libre mercado.

Conocedores del poder de las ideas como factor decisivo en la evolución política, económica y social, y de su potencial para cambiar el rumbo de nuestro futuro, consideramos importante enrumbar nuestra labor hacia el debate, participando activamente en la construcción de una cultura democrática.

En dicho camino ya nos encontramos. En los últimos años, hemos aportado al debate nacional propuestas de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la democracia, del libre mercado, del acceso a la formalidad y la seguridad ciudadana. Durante los próximos dos años, las seguiremos profundizando y además sumaremos propuestas para mejorar la calidad de los servicios de salud, educación y justicia.

Los empresarios somos parte activa de la sociedad, y por ello nos preocupan seriamente los temas señalados que afectan la calidad de vida de todos. Nosotros trabajamos y nos comprometemos con el Perú, poniendo en juego nuestra creatividad e innovación, arriesgando nuestro capital y enfrentando todo tipo de adversidades, desde una burocracia que pone trabas y alienta la corrupción, hasta amenazas que ponen en riesgo nuestra seguridad y el bienestar de nuestras familias y trabajadores.

Todos aquellos que seguimos apostando por el Perú haciendo empresa no somos esa imagen distorsionada con la que inútilmente pretenden descalificarnos quienes no saben lo que es sacrificar horas de esfuerzo, muchas veces lejos de la familia, ni tienen idea de lo que es pagar una planilla. A nosotros nos duele lo que sucede en el Perú.

Quienes hacemos empresa no buscamos favores ni prebendas. Lo único a lo que aspiramos es a tener reglas claras, estabilidad política y económica, predictibilidad jurídica y estabilidad social. Repito. Estabilidad y no el insano equilibrio al que estamos tristemente acostumbrados, en el cual cualquier viento en contra nos puede derrumbar.

Por eso, instamos al diálogo constructivo, que respete y valore las discrepancias, pues de no lograrlo no podremos avanzar; al contrario, corremos el riesgo de retroceder y perder lo logrado. En enero y febrero de este año nuestra economía mostró signos de recuperación, por lo que debemos esforzarnos por mantener esa tendencia. Es necesario y urgente destrabar proyectos de gran envergadura, sobre todo en infraestructura, de modo que podamos configurar una conectividad que posibilite a los peruanos de los lugares más recónditos acceder al desarrollo y el bienestar.

Somos un país donde es posible invertir y crecer. Tenemos las condiciones y las oportunidades. Solo debemos atrevernos a conectar y hacer posible un futuro compartido.

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En estos últimos dos años, hemos enfrentado desafíos que requerían no solo nuestro compromiso, sino también una respuesta proactiva e innovadora. Cuando asumimos esta gestión en 2022, nos encontrábamos ante un futuro incierto. Gobernaba Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente era una posibilidad. Como gremio entendimos entonces que era necesario innovar en el liderazgo empresarial.

Además de promover el desarrollo de nuestros negocios, decidimos participar activamente en el debate nacional sobre temas fundamentales para el país como son democracia, libre mercado, seguridad ciudadana y formalidad, considerando dos ejes transversales a todo: integridad e innovación, con especial énfasis en transformación digital y la inteligencia artificial.

El fortalecimiento de nuestra democracia era y sigue siendo esencial, y, conscientes de ello, hemos trabajado arduamente en propuestas de reforma política para mejorarla. El tiempo nos dio la razón. Una reciente encuesta de Idea Internacional, elaborada por Ipsos, en marzo de 2024, revela que más de la mitad de los peruanos se considera poco o nada informado sobre la política nacional. Además, señala que los peruanos desaprueban la calidad actual de la democracia en el Perú; sin embargo, eso no significa que hayamos renunciado a ella. Son más los peruanos que prefieren la democracia antes que un gobierno autoritario.

Tres de las cinco propuestas de reforma política presentadas por la CCL se han convertido en reformas constitucionales. Sin embargo, quedan pendientes dos propuestas esenciales que están enfocadas en la idoneidad de los candidatos y una fórmula reductora del número de candidaturas. Respecto al libre mercado, la seguridad ciudadana y la mejora del acceso a la formalidad también hemos adoptado una postura de vigilancia y acción, tal como la ciudadanía demanda.

Otra encuesta de Ipsos, que analiza las actitudes de la ciudadanía hacia los empresarios y la política, elaborada por encargo de Capitalismo Consciente y Konrad Adenauer, indica que la mitad de los peruanos señala que los empresarios deberían asumir una mayor responsabilidad en la solución de los problemas del país. Además, dos de cada tres ciudadanos considera que los empresarios deben sentar posición pública y visible. Y eso hemos hecho. Nuestras propuestas no han sido elaboradas a puertas cerradas, sino que resultaron de un proceso de escucha activa, realizado entre ciudadanos que no necesariamente comparten nuestros puntos de vista.

Los peruanos son críticos con nuestro actuar y nos exigen más. Si bien uno de cada cuatro ciudadanos indica que los empresarios hacen un aporte muy positivo a través de la creación de empleos, productos y servicios, la misma cifra considera que podrían hacer más. Además, la encuesta de Ipsos revela que está surgiendo un nuevo perfil de empresarios: jóvenes “comprometidos” y “activistas”, pero que aún son percibidos como casos especiales. En la CCL queremos cambiar esto. Deseamos que también sean institucionalistas y que apuesten por la actividad gremial.

Por ello, este año lanzamos el proyecto ‘Generación F’, con el objetivo de renovar nuestro liderazgo gremial y prepararnos para los desafíos del futuro. Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la evolución constante y la adaptación a un entorno empresarial en incesante cambio.

En estos casi 136 años de vida institucional, hemos aprendido que la preservación y el fortalecimiento de nuestras instituciones son fundamentales para construir una verdadera democracia y promover un desarrollo sostenible para todos los peruanos. Mi agradecimiento a todos aquellos que compartieron estas aspiraciones y que han sido parte de este viaje.

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Han transcurrido más de 200 años de nuestra historia republicana y nos encontramos en un momento en el que la estabilidad política se ha convertido en un bien preciado y, a la vez, escaso. Atravesamos el ciclo democrático más extenso de nuestra historia, pero apenas el 17 % de los peruanos aprueba la calidad de la democracia en el Perú, según la encuesta de Idea Internacional de este año.

Por esta razón, la reforma política, entendida como la transformación de las reglas que rigen nuestro sistema político, se presenta como una necesidad apremiante. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), consciente de la inestabilidad que enfrentamos, en el año 2022 presentó quince propuestas para fortalecer nuestra democracia.

Esta semana, el Congreso aprobó tres de las cinco propuestas priorizadas por la CCL: la bicameralidad, la reelección y la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria. Si también se aprueba mejorar la idoneidad de los candidatos y una fórmula que logre la reducción de organizaciones políticas que se presenten a las Elecciones Generales, estaríamos mejor preparados para los comicios del 2026.

La reciente aprobación de un Congreso de la República con dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, representa un paso significativo para mejorar el debate y la reflexión antes de aprobar una ley. Hoy en día, muchos proyectos de ley se convierten en normas sin el análisis de calidad e impacto regulatorio necesarios. La existencia de dos cámaras también mejora la representatividad del Parlamento.

La encuesta de Idea Internacional da cuenta de que uno de cada cuatro peruanos preferiría un gobierno autoritario cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo. Por ello, la profesionalización de la actividad política es tan necesaria y, para lograrlo, es imperativo generar una línea de carrera y evitar a los políticos ‘golondrinos’. La reelección inmediata de congresistas es un instrumento que promueve una gestión a largo plazo, donde aquellos representantes comprometidos con los intereses del país puedan ser reelegidos, construyendo una carrera basada en la rendición de cuentas y la transparencia ante sus electores.

En la misma línea, la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria no suprime la exposición y debate de la política general del gobierno. Dicha presentación se realizará ante la Cámara de Diputados, y dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones el presidente del Consejo de Ministros. Este, junto con los demás miembros del gabinete, comparecerá ante la cámara mencionada. De ese modo, este cambio normativo evitará generar crisis innecesarias.

Quedan pendientes dos reformas que buscan devolver la idoneidad y la integridad a la política. La primera está enfocada en las personas. Debemos excluir de los procesos electorales a los candidatos con delitos graves, incluso si ya han cumplido sus condenas. Los derechos políticos deben tener límites claros y no ser absolutos. En la misma línea, necesitamos modificar la responsabilidad presidencial y permitir que el presidente de la República pueda ser acusado por corrupción, violación de derechos humanos, narcotráfico y otros delitos graves mientras está en el cargo.

Otro cambio necesario es incorporar en la legislación una fórmula que logre una reducción del número de candidatos que se presentan a la elección general, para evitar la atomización de propuestas y mejorar el menú electoral. De esa manera, también se contribuirá a que los peruanos tengamos que elegir entre el candidato malo y el menos malo.

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El panorama de competitividad en el Perú nos insta a llevar a cabo una evaluación rigurosa de nuestras políticas económicas. El informe del Ranking de Competitividad Mundial 2023 revela una baja en la posición global del país, especialmente en los pilares del desempeño económico y la infraestructura.

Lamentablemente, en los cuatro pilares revisados, el Perú se sitúa cerca del final del ranking que evalúa a 64 países, lo que evidencia la necesidad de un esfuerzo grande y sostenido en diversas áreas. En cuanto al desempeño económico, el Perú ocupa el puesto 53, y en eficiencia del Gobierno está en el 50. Además, en eficiencia de negocios se encuentra en el 53, y en infraestructura se sitúa en el puesto 60. Estos resultados subrayan la imperiosa necesidad de abordar prioritariamente estos aspectos y de implementar medidas efectivas para impulsar la competitividad en el país.

El retroceso en el desempeño económico merece una mirada más amplia. Su caída del puesto 40 al 53 en tan solo un año revela la necesidad de abordar cuestiones fundamentales como el comercio internacional y el empleo para que la atracción de inversiones sea una realidad.

Pero ¿cómo atraer la inversión si la infraestructura no está a la altura del desafío? Este indicador ha tenido el peor desempeño y nos sitúa en el puesto 60 de 64 países, lo que refleja una tendencia negativa que demanda atención inmediata. El desarrollo de carreteras, transporte, energía y telecomunicaciones es una tarea pendiente, por lo que la inversión y la ejecución de proyectos en estos rubros se presentan como acciones prioritarias para revertir esta tendencia desfavorable.

Con esta perspectiva, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima, que se ha instalado en febrero, constituye un espacio importante para abordar estos retos con enfoques innovadores. Nace con la misión de propiciar el desarrollo económico y empresarial, y adquiere una relevancia singular en un contexto donde la competitividad es un factor determinante para el progreso nacional.

Por ello, es imperativo retomar la agenda interna, la cual ha sido relegada demasiado tiempo. Si bien la gestión gubernamental debe solucionar los problemas urgentes, no debe perder de vista el mediano y largo plazo para abordar problemas estructurales.

Una mirada a la evaluación del Plan Nacional de Competitividad revela un magro avance del 40 % en las metas. Por ello, la CCL asume el desafío de no limitarse a participar en reuniones oficiales, sino que respalda activamente la ejecución de medidas necesarias para alcanzar resultados tangibles en los cuatro pilares de competitividad que se ha trazado el Perú.

Los peruanos tenemos razones para apostar por la competitividad. Las cifras de pobreza, anemia crónica y desempleo demandan acción inmediata. La generación de empleo de calidad siempre ha sido la vía más eficiente para combatir la pobreza, pero esto debe ir de la mano con mejoras sustanciales en la productividad laboral. Ya no podemos seguir aplazando lo importante por lo urgente.

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La Cámara de Comercio de Lima empezó a trabajar en abril del 2022 propuestas de políticas públicas para aportar al debate nacional con temas fundamentales para el país. Estas se enfocaron en los siguientes aspectos: Fortalecimiento de la democracia, del libre mercado, de la seguridad ciudadana y de la formalidad. La primera propuesta abordó una reforma política reconociendo que la democracia, como todo sistema político, va más allá de la simple administración del poder y permea todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la economía.

La estrecha relación entre democracia y economía en el caso peruano es evidente, como se refleja en la perspectiva de calificación crediticia del país. La incertidumbre política y la falta de estabilidad institucional han afectado significativamente esta calificación. Por lo tanto, la posibilidad de fortalecerla con una reforma política, tal como menciona Jaime Reusche, de Moody’s, brinda una oportunidad para restablecer la confianza de los inversionistas y mejorar la perspectiva económica.

En una democracia fortalecida existe el principio de autoridad que, junto con una mayor seguridad ciudadana, crea un entorno propicio para la formalización de la economía y el adecuado funcionamiento del libre mercado. Estos factores, a su vez, promueven el desarrollo nacional, especialmente para los sectores más vulnerables.

La falta de idoneidad de nuestros representantes obstaculiza la ejecución de obras públicas necesarias para cerrar la brecha de infraestructura que no solo necesitamos para salir de la crisis económica, sino que además urge para atender las necesidades de salud, educación y seguridad de la población.

Cambiar esta realidad no solo fortalecerá la institucionalidad sino también promoverá políticas económicas sostenibles y la paz social necesaria para el desarrollo del país.

Una de nuestras propuestas priorizadas busca la idoneidad de los candidatos. En tal sentido proponemos restringir el derecho a postular a cargos de elección popular a los sentenciados por delitos graves, incluso si ya cumplieron la pena. Nuestra democracia no puede seguir admitiendo a personajes que deciden utilizar la política para fines subalternos y no busquen el desarrollo del país. Nuestra oferta electoral debe mejorar para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin encontrarse en el dilema de elegir entre el candidato malo y el menos malo.

Aunque factores externos como el Fenómeno de El Niño, las heladas, el friaje o los sismos pueden influir en el desempeño económico del Perú, la fortaleza de las instituciones democráticas y la capacidad del gobierno para gestionar eficazmente esos desafíos son igualmente importantes en la recuperación económica. Y para eso necesitamos autoridades idóneas.

En un mundo que nos ha demostrado que todo puede cambiar en cuestión de horas (basta recordar las cuarentenas por la pandemia del COVID-19), la consolidación de la democracia es esencial para garantizar una institucionalidad que promueva un crecimiento económico sostenible y equitativo. Para lograr este objetivo, debemos recuperar la confianza en el país y llevar a cabo las inversiones esperadas. La materialización de ellas se convierte en un factor determinante para todos. Finalmente, todos debemos involucrarnos en impulsar la reforma política que tanto necesita el país. No podemos perder un minuto más sin hacerlo.

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La reciente declaración del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la urgencia de ordenar las cuentas públicas de los países tras la pandemia ha vuelto a poner en el centro de la discusión la importancia de las reglas fiscales para la recuperación económica. Ello nos obliga a ver las dos caras de una moneda: recaudar más ingresos y reducir gastos. En el caso de Perú, aunque no estamos en una situación crítica, el desafío persiste después de la reducción de ingresos tributarios experimentada el año pasado debido a la recesión, lo que nos llevó al incumplimiento de la regla fiscal de un déficit no mayor al 2,4 % del PBI.

Como muchos economistas han señalado, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por evitar dicho incumplimiento, incluso con recortes de gastos de última hora, el objetivo no se logró. Ahora, el MEF enfrenta la tarea de explicar al Congreso las medidas que tomará para ajustarse a reglas que se volverán más estrictas, pasando al 2 % del PBI este año y llegando al 1 % en 2026. Ello debe hacerse dado que están en juego la solidez de nuestras finanzas públicas y nuestra calificación crediticia en los mercados internacionales.

Sin embargo, la recuperación de los ingresos fiscales debe ir de la mano de un crecimiento económico sostenido, evitando soluciones fáciles como el aumento de impuestos. El anuncio de elevar progresivamente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) oscurece el panorama fiscal.

Es crucial entender que un aumento excesivo en el ISC a cigarrillos y bebidas alcohólicas afectará principalmente a los pequeños comercios familiares, pero, además, se da sin sustento técnico. De acuerdo con el artículo 61º de la Ley de IGV, por Resolución Ministerial del MEF se define los factores de actualización y por Decreto Supremo se incrementan los montos fijos del ISC. Sin embargo, contradiciendo lo indicado se utiliza una norma infralegal para modificar un impuesto, lo cual es totalmente ilegal.

La Comisión Tributaria de la CCL ha advertido que estos productos afectados representan una parte significativa de las ventas anuales de las bodegas, las cuales ya sufrieron el año pasado debido al enfriamiento económico. Más de 14 mil bodegas cerraron sus puertas en el país el año pasado, y la situación podría empeorar en 2024. El aumento del ISC, sumado a los efectos de la recesión económica, podría desencadenar un escenario aun más complejo para miles de familias peruanas que viven de esa actividad.

Es fundamental que las autoridades evalúen cuidadosamente las consecuencias de sus decisiones fiscales. Si hoy se solucionan las angustias fiscales con un alza, nada nos asegura que no se vuelva a hacer con este u otros impuestos, cuando el dinero no vuelva a alcanzar.  Por encima de las angustias de llenar la caja fiscal debe estar nuestra disciplina fiscal, dado que ella ha sido un imán para las inversiones. En tiempos de recuperación, la sensatez y la flexibilidad son esenciales para construir una base económica sólida y sostenible.

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En medio de la grandiosidad de Machu Picchu, un problema oscureció no solo la experiencia de quienes nos visitan, sino también la reputación internacional de nuestro país como destino turístico. La reciente controversia sobre la venta en línea de boletos para este importante sitio arqueológico resalta la importancia de entablar un diálogo más profundo y constructivo entre todas las partes involucradas.

Compartimos la preocupación de Carlos González, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Ollantaytambo, sobre la creciente politización de temas técnicos. La participación de candidatos y entidades políticas complicó la búsqueda de soluciones efectivas y generó un clima de confrontación en lugar de fomentar un diálogo productivo.

La crisis surgió justo en el marco de la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024), que pudo haber sido una oportunidad perfecta para que Machu Picchu brille como siempre y atraiga las inversiones que nos urgen en esta recesión. Las noticias no ayudaron.

El Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima respalda la venta en línea de las entradas. Creemos que la propuesta moderniza el servicio turístico peruano y aumenta la competitividad, algo fundamental en un proceso de reactivación del turismo en el país, que se ha propuesto recuperar el flujo de visitantes previo a la pandemia.

Nuestro respaldo no ignora las preocupaciones válidas de quienes se oponen a esa medida, pero sí demanda algo más: que cada ciudadano desempeñe su papel y priorice el diálogo sobre la violencia.

Si deseamos ser un país con una imagen de lugar hospitalario, no podemos tener a más de 700 turistas, tanto nacionales como extranjeros, impedidos de trasladarse tal como lo tenían programado. No puede ser posible que dichas personas se vieran obligadas a usar un tren humanitario para permitírseles salir del distrito tomado por las protestas.

La democracia no solo implica el simple ejercicio del voto; también requiere escucha activa y respeto por las diversas opiniones en la sociedad. Este diálogo debe trascender las fronteras políticas y centrarse en encontrar soluciones beneficiosas para toda la comunidad.

El camino hacia la solución de toda crisis exige un compromiso genuino con la democracia, el diálogo constructivo y la colaboración entre todos los sectores involucrados. Solo a través de este enfoque integral podremos salvaguardar la imagen del Perú como un destino acogedor no solo para los turistas, sino además para las inversiones que necesitamos.

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Abrimos el debate sobre la inteligencia artificial (IA) con un hito significativo para la Cámara de Comercio de Lima (CCL), como es la instalación de la Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En un mundo inmerso en la convergencia de avances tecnológicos y dinámicas geopolíticas, esta iniciativa refleja nuestro compromiso con la construcción de un futuro tecnológico en el cual las personas siempre estén al centro de todas nuestras acciones.

La IA no es un tema nuevo; sin embargo, reflexionar sobre su correcto uso sí lo es. Hemos pasado de deslumbrarnos ante sus avances a analizar hasta dónde la dejaremos llegar. El Informe de Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial, por ejemplo, invita a analizar el desarrollo de tecnologías emergentes y centra la atención en la IA. La advertencia sobre los riesgos asociados con el desarrollo desenfrenado resuena con fuerza, y subraya la necesidad de equilibrar el progreso tecnológico con los intereses públicos, así como de no dejar a comunidades vulnerables rezagadas en la era digital.

Integrar más profundamente la IA en la toma de decisiones que suelen ser conflictivas podría llevar a una escalada no intencionada, mientras que el acceso abierto a las aplicaciones de IA podría empoderar asimétricamente a actores maliciosos.

Los análisis de expertos en ciberseguridad respaldan esta posición. La investigación de Kaspersky sobre el impacto de la IA en la ciberseguridad destaca el papel crucial que desempeñará el sector empresarial en la configuración de normas y prácticas relacionadas con ella. La experiencia acumulada en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial por parte de agentes no estatales es una valiosa fuente de conocimiento para los debates sobre regulación a nivel global y nacional. Por ello, la CCL contribuye con la instalación de una comisión donde empresas, instituciones académicas y la sociedad civil pueden debatir sobre la gobernanza de la IA.

Si bien es cierto que no podemos ahogar el avance de la tecnología con normas sin sentido, también lo es que la falta de regulación podría desencadenar un crecimiento descontrolado de la desinformación, al afectar gravemente la toma de decisiones políticas y económicas de los ciudadanos. Por ello, buscar el equilibrio entre ambas posiciones es uno de los retos que asumimos con responsabilidad.

Recordemos que la innovación, con énfasis en la transformación digital y la IA, es, al igual que la integridad, un eje transversal en nuestras propuestas de políticas públicas. Como gremio, buscamos ser escuchados, pero también estamos comprometidos a escuchar activamente las perspectivas de todos los actores involucrados.

En este escenario, la CCL innova en el liderazgo gremial con un trabajo activo para asegurar que la adopción de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes se realice de manera ética y beneficiosa para toda la sociedad. La conversación apenas comienza; los invitamos a unirse.

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Perú y Taiwán fortalecen lazos comerciales

A pocos días del 25 de diciembre, con fe y optimismo, casi de niños, desde la CCL queremos expresarte nuestros deseos y peticiones para el Perú en esta Navidad.

Como bien sabes, nuestro país atraviesa una profunda crisis, tanto política como económica. Aunque siempre nos alientas a confiar, hay momentos en los que hacerlo resulta sumamente complicado. En especial, cuando el deterioro institucional es tan evidente y las autoridades están inmersas en conflictos subalternos, donde lo que brilla por su ausencia es el interés nacional.

En estos momentos necesitamos, sobre todo, esperanza. Que esta nos ayude a recuperar la confianza y la fe en que es posible salir de esta situación. Para ello, ciudadanos y autoridades debemos trabajar en sintonía, dejando de lado reproches y polarizaciones. Es un considerable desafío, pero, para ti, no existen imposibles.

Para avanzar como sociedad, necesitamos una dosis extra de respeto, tolerancia y empatía. Concédenos la capacidad de escuchar y respetar las opiniones diferentes, así como de exigir respeto por aquellos que no tienen voz. Únicamente mediante el mutuo respeto, la tolerancia activa y la capacidad de comprender el sufrimiento ajeno, lograremos un país más justo y equitativo.

Sin duda, también requerimos una mayor dosis de solidaridad. Cada peruano debe abandonar la perspectiva centrada exclusivamente en sus intereses individuales y tender la mano al prójimo. La solidaridad es justa y necesaria, más aún ahora que el índice de hambre es el más alto en 10 años y hay un retroceso en el empleo formal. Los peruanos somos resilientes, pero, a veces, estas pruebas parecen exceder nuestra capacidad de sobreponernos, aunque con tu ayuda siempre lo hacemos.

Pedir integridad para nuestras autoridades, empresarios y ciudadanos, en general, esperamos no sea un ruego en demasía. Los peruanos necesitamos recuperar la honestidad y la ética. Ser coherentes entre lo que predicamos y hacemos, desterrar la corrupción de nuestras vidas. Todas las encuestas señalan que la falta de seguridad y la corrupción son los mayores problemas que afrontamos. No en vano van de la mano.

Qué difícil querer usar en esta carta un tono más cercano a los villancicos de estas fiestas ante tantos asuntos apremiantes. Los problemas económicos son acuciantes. Necesitamos hacer frente a la crisis económica que nos aqueja, atrayendo inversiones que nos permitan recuperar trabajos formales y de calidad para nuestros ciudadanos. Para ello, necesitamos señales claras de nuestros gobernantes. Ellos, qué duda cabe, necesitan dosis extraordinarias de sabiduría, decisión y, sobre todo, capacidad de ejecución.

Cuando el Ejecutivo logre destrabar dos o tres grandes proyectos de inversión durante el primer trimestre de 2024, inicie y ponga en marcha un auténtico plan de combate contra la delincuencia, fortalezca las capacidades de los funcionarios públicos, desmantele la tediosa tramitología existente y nos libre de leer titulares cotidianos en la prensa sobre corrupción, entenderemos que nuestras súplicas han sido atendidas.

Por otro lado, necesitamos tu ayuda para que en el Congreso ‘Los Niños’ no hagan de las suyas, que todos muestren su mayoría de edad y que empiecen a trabajar por el país. Necesitamos que los congresistas concentren sus esfuerzos en proyectos de ley orientados a fomentar la inversión, formalizar la economía y, especialmente, liderar una reforma que restaure la confianza en la política, para que podamos elegir entre menos y mejores opciones que nos permitan votar por ciudadanos idóneos e íntegros.

Niño Jesús, ya un poco avergonzados, debemos pedirte que hagas entrar en razón a las instituciones que garantizan el Estado de derecho en el país, que se dediquen a ello y dejen sus actitudes recientes, las que vienen politizando la justicia y judicializando la política, según se mire. Estas rencillas nos están hundiendo en una profunda crisis institucional que no nos ayuda en la reactivación del país, tan necesaria para hacer retroceder a la pobreza que nos amenaza con truncar un futuro para nuestra infancia.

Terminando esta larga lista de deseos, te pedimos que el fenómeno de El Niño, que honra tu nombre, sea leve y que las placas tectónicas se calmen, pues, como ves, la Magdalena no está para tafetanes.

Amén.

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A lo largo de sus 135 años de existencia, la Cámara de Comercio de Lima siempre ha levantado su voz en defensa del país. Hoy, con más de 10 000 asociados, en la CCL nos identificamos como ciudadanos comprometidos con el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones, reconociendo nuestra responsabilidad en la construcción de un Perú más justo, equitativo y sostenible.

Por ello, cumpliendo la agenda de desarrollo que presentamos al país en abril de 2022, el miércoles pasado, fuimos a la Feria del Libro Ricardo Palma para presentar el libro «Cómo salir de la crisis política», patrocinado por la Cámara de Comercio de Lima. Esta obra, escrita por Milagros Campos, representa la propuesta de la CCL para fortalecer la democracia y constituye el segundo aporte que realizamos en materia de políticas públicas.

En ambas ocasiones, hemos contado con el respaldo de Penguin Random House, grupo editorial que también se encargó de nuestro primer libro, «Verdades y Mitos de la Constitución Económica de 1993», escrito por Andrés Calderón. Esta obra fue presentada en la Feria Internacional del Libro de Lima de este año y refleja la visión de la CCL para el fortalecimiento del libre mercado.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos quienes nos acompañaron en esta travesía, porque no solo refleja un interés intelectual sino un legítimo interés ciudadano en el futuro de nuestro país. Recuperar la política se convierte en una cruzada nacional en la que todos debemos estar presentes.

Al realizar la lectura del libro, encontrarán el desarrollo de nuestra propuesta de Fortalecimiento de la Democracia que busca una reforma política que promueva la idoneidad de nuestros representantes, recupere la integridad en la política y fortalezca la separación de poderes para mantener la estabilidad democrática.

Como señala la profesora Campos, a pesar de que atravesamos el ciclo democrático más extenso de nuestra historia, en los últimos cinco años, el Perú ha tenido seis presidentes, lo que evidencia una peligrosa inestabilidad política. La falta de idoneidad de nuestros representantes afecta la ejecución de obras públicas y entrega de servicios de calidad, lo cual afecta el bienestar de los ciudadanos que viven en estado más vulnerable. Esta realidad es lo que motivó esta investigación, así como las propuestas de reforma presentadas.

El libro no presenta una mirada solitaria de la CCL, sino una visión comunitaria de diversos actores preocupados por la democracia. Milagros Campos lideró mesas de diálogo con políticos, investigadores, académicos, empresarios y representantes de varias ONG para identificar problemas y proponer soluciones. Agradecemos profundamente sus valiosas contribuciones. Algunas propuestas han obtenido votaciones favorables en el Congreso, pero otras aún esperan aprobación.

Así, «Cómo salir de la crisis política» es un libro que se constituye en herramienta de información para los ciudadanos, ofreciendo argumentos y evidencia. El país que deseamos construir requiere la participación activa de ciudadanos informados, para que todos aportemos soluciones a sus problemas. Este es nuestro llamado a la acción para lograr un Perú más inclusivo y sostenible. Los invito a leerlo y luego a pensar en qué aportar para hacer de esas aspiraciones una realidad.

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En las dos editoriales anteriores, hemos presentado las propuestas elaboradas por la Cámara de Comercio de Lima destinadas a la reactivación económica. En la primera, hicimos planteamientos generales, mientras que en la segunda nos centramos en una necesaria reforma laboral y tributaria que contribuya a la formalización tanto de puestos de trabajo como de empresas. Cabe señalar que estos aportes han sido entregados formalmente al Ejecutivo.

Ahora, queremos enfocarnos en propuestas dirigidas al desarrollo de sectores específicos que impulsarán la innovación, la inversión y el desarrollo sostenible.

Proponemos que se apruebe un nuevo marco normativo que respalde la implementación de un nuevo modelo de zonas económicas especiales, o zonas francas, como herramienta de atracción de inversiones. Dicho esquema se caracterizará por su modernidad y eficiencia y deberá fundamentarse en criterios técnicos sólidos. Este modelo contempla áreas gestionadas por operadores privados altamente especializados, los que se someterían a reglas y requisitos rigurosos para la autorización de operación de nuevas zonas. Los operadores deberían sujetarse a estándares logísticos, económicos, ambientales, de gestión e infraestructura predefinidos.

Para fomentar la instalación de estas zonas y competir con los demás países de la región en la atracción de inversiones, es necesario otorgar incentivos fiscales razonables e inicialmente atractivos, los cuales se reducirán progresivamente en el tiempo. Este enfoque busca condicionar los incentivos a la inversión, transferencia de tecnología y generación de empleo, asegurando el impacto positivo en la economía y el desarrollo de la región en la que se establezcan. Por ejemplo, en el eje de desarrollo Chancay-Ancón que se debe implementar para aprovechar adecuadamente el megapuerto que se inaugurará el próximo año.

Contar con el marco normativo adecuado permitirá atraer importantes inversionistas que ya visitan la región latinoamericana. Por ejemplo, en julio de este año, 20 empresas, incluidas tres asociaciones y un centro de investigación vinculados a la producción de microchips provenientes de Taiwán, visitaron México para evaluar posibles inversiones en el sector tecnológico en el marco del fenómeno de la relocalización empresarial, también conocido como nearshoring.

Para atraerlos debemos impulsar cambios en materia logística. Por ello no olvidemos que aún se encuentra pendiente de aprobación la ley que promueve y facilita el cabotaje marítimo de pasajeros y de carga, de modo que pueda ser realizado no solo por persona natural o jurídica constituida en el Perú, sino también por aquellas constituidas en el extranjero, sea con capital social de origen nacional o extranjero. Aumentar la oferta de servicio de cabotaje en el litoral peruano promoverá el desarrollo de un mercado competitivo, en favor de los usuarios de las diferentes regiones del país, que podrán contar con una importante opción para el transporte de su carga, de forma complementaria al transporte terrestre, reduciendo la congestión vehicular y la contaminación ambiental.

De otro lado, no debemos olvidar impulsar la suscripción de convenios para evitar la doble imposición tributaria. Esta herramienta estimulará la inversión extranjera en el país, especialmente en el actual contexto de recesión económica. Estos acuerdos, al eliminar la carga fiscal duplicada sobre los ingresos en el país de origen del inversor y en Perú, realzan el atractivo del país como destino de inversiones. Actualmente, contamos con convenios de este tipo con Chile, Canadá, la Comunidad Andina, Brasil, México, Corea del Sur, Suiza y Portugal, y se prevé el inicio de negociaciones para un convenio similar con China. Mientras tanto, Reino Unido y Turquía han expresado su interés en negociar un acuerdo similar.

Sin duda que nuestras propuestas deben ser acompañadas de una mejora sustancial en el sistema educativo que ofrezca una formación de calidad, que incluya el desarrollo de habilidades tecnológicas y blandas –como la creatividad y la adaptabilidad– para preparar a la fuerza laboral peruana que pueda competir efectivamente dentro de una economía global. Un enfoque así fomentará industrias más sofisticadas y también contribuirá al progreso económico.

Paralelamente, es esencial promover la innovación mediante mayores inversiones en investigación y desarrollo, respaldadas por políticas que fomenten la creación de nuevas empresas y productos. Por ello proponemos mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, como marcas y patentes, para disminuir la piratería y estimular la innovación.

A medida que estas propuestas avancen en su análisis y debate en las diferentes instancias del Congreso, en la CCL esperamos que se consideren con la seriedad y la visión a largo plazo que merece el país, sumando así en la construcción de un camino hacia el futuro con prosperidad que deseamos los peruanos.

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En nuestra editorial anterior, presentamos las propuestas generales de reactivación de la Cámara de Comercio de Lima. Asimismo, señalamos la necesidad de abordar cuestiones tributarias y laborales con el fin de promover la formalización. Si estas propuestas hubieran sido consideradas en 2019, cuando las presentamos por primera vez, más peruanos tendrían trabajos formales y más pymes estarían en el sistema formal, lo que les permitiría enfrentar la recesión mejor equipados.

En la investigación encargada por la CCL a Macroconsult, se plantea la necesidad de un nuevo enfoque en la legislación laboral y tributaria. La propuesta es clara e innovadora: un régimen laboral general y progresivo basado en la productividad de los trabajadores, de la mano de una reforma de los regímenes tributarios especiales existentes.

El diagnóstico destaca que los regímenes laborales existentes generan costos en la contratación de mano de obra formal, que varían gradualmente, según el tamaño de la empresa. Basarse únicamente en este parámetro hace que este enfoque sea imperfecto, pues no refleja la productividad del trabajador. Así, no hay incentivo ni sentido para la contratación formal de mano de obra de baja productividad, la que abunda en los sectores informales.

De ese modo, la propuesta se basa en un esquema general con elementos de progresividad basados en la productividad de los trabajadores. La inversión en la formalización aumentaría a medida que se incrementen los salarios, lo que, a su vez, reflejaría la productividad.

Sin duda, estas medidas deben ir acompañadas por la integración de los sistemas de salud existentes para asegurar la cobertura de los trabajadores; así como de un esquema solidario para el financiamiento previsional en el que el Estado haría un aporte que iría decreciendo conforme aumente el nivel de ahorro previsional de los trabajadores.

Por otro lado, la complejidad de los regímenes especiales tributarios vigentes impone a los agentes económicos importantes costos de cumplimiento, especialmente para las pequeñas empresas. Por ello, se propone eliminar los regímenes especiales y transitar hacia un Régimen General único y progresivo del Impuesto a la Renta, similar al régimen de Impuesto a la Renta de personas naturales, pero en un marco simplificado, que premie la contratación de mano de obra formal a través de la deducción de los costos laborales.

Como se observa, nuestras propuestas se enfocan en mejorar las condiciones de las personas y de las pequeñas empresas que viven en las sombras de la informalidad laboral y tributaria. Lograr atraerlas a la formalidad es dar acceso a salud a más trabajadores, así como mejorar las condiciones crediticias a las mypes.

Tal como se señaló previamente, presentamos este estudio a las autoridades durante el primer semestre de 2019. A pesar de los significativos avances logrados en su difusión y socialización, el proyecto se vio afectado por el cierre del Congreso y la persistente crisis política que hemos vivido desde entonces. Cabe señalar que hemos presentado este proyecto a las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo. Huelga decir que la coyuntura económica actual imprime mayor urgencia a la adopción de las propuestas planteadas.

Somos conscientes de que el problema de la informalidad excede a las modificaciones de marcos legales, como las planteadas por la CCL. Por ello estamos por presentar un nuevo estudio que permita comprender la informalidad en todas las arenas de interacción de la sociedad (económica, política y social), de manera distinta a como se ha abordado hasta ahora en el país. Esto consiste en partir de la premisa de que las instituciones tienen el objetivo de proporcionar certezas que permitan interacciones económicas, políticas y sociales armónicas. Sin embargo, en el país, han perdido su capacidad de producir certidumbre. La informalidad gana terreno porque se convierte en una estrategia de corto plazo para que los integrantes de la sociedad encuentren un mínimo de seguridades efímeras para conducirse en el mercado, la política y la sociedad.

Estas propuestas forman parte de la agenda de desarrollo de la CCL, la cual prioriza acciones a favor de pymes, jóvenes y mujeres. Las autoridades no deben seguir postergando la aprobación de estos planteamientos. Deben actuar unidas y con determinación para lograr un futuro más justo y equitativo para todos los peruanos.

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En tiempos de desafíos económicos, es imperativo que adoptemos un enfoque proactivo para reactivar el país. En este sentido, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha trabajado una propuesta que busca reactivar nuestra economía, fomentar el empleo formal y mejorar la calidad de vida de los peruanos.

En lo que respecta a nuestra política monetaria, debemos señalar que tenemos una inflación mínima en septiembre y expectativas de inflación reducidas para los próximos doce meses. Por ello, el Banco Central de Reserva del Perú tiene el entorno propicio para continuar reduciendo la tasa de referencia, que actualmente se encuentra en 7,25 %. Una medida así fomentará la inversión y el consumo, y allanará el camino para una recuperación económica más rápida y sostenible.

En paralelo, es crucial instar al redireccionamiento del gasto público, priorizando el gasto de capital sobre el gasto corriente. El gobierno debe optimizar el uso de los recursos públicos y buscar proyectos de inversión pública con alto impacto y baja ejecución presupuestaria en infraestructura física y social. Para que esta medida funcione, es fundamental una reforma de la administración pública, a fin de incrementar su eficiencia y simplificar trámites. En esa línea, se debe promover la digitalización, lo que mejorará la productividad, y se debe mantener el gasto corriente bajo control.

Paralelamente, se debe apoyar a las mypes, que son la columna vertebral de nuestra economía. La CCL sugiere implementar de manera efectiva el programa Reactiva 3, lo que permitirá que las pequeñas empresas en dificultades financieras prorroguen sus pagos al sistema bancario por un plazo adicional de 36 meses. Hasta la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha ejecutado en la práctica este programa, y ello ha dejado a numerosos empresarios en una situación precaria. En la actualidad, el 83 % del saldo de Reactiva Perú corresponde a mipymes. Son 129 000 microempresas, 94 000 pequeñas empresas y 20 000 medianas empresas. Esta acción les proporcionará el alivio necesario y evitará el aumento de la informalidad.

Asimismo, es importante retomar las propuestas presentadas por la CCL en 2019, para reducir las formalidades y cargas tributarias y laborales que afectan la formalización de las empresas y agobian a nuestras pymes, que significan más del 90 % de nuestro tejido empresarial.(*)

La promoción de inversiones es fundamental para la reactivación económica, y la CCL tiene propuestas concretas en este sentido. En el sector minero, garantizar proyectos como la Reposición de Antamina, la Ampliación de Toromocho (Fase II), la Ampliación de Santa María y San Gabriel. Estos proyectos aportarán significativamente al PBI nacional. Además, proponemos acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel nacional y regional con alto presupuesto, pero que, a la fecha, han tenido un bajo avance. Su rápida ejecución contribuirá a un mejor desempeño del PBI de las regiones al final del presente año.

Dado que lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante, debemos agilizar quince proyectos esenciales del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. Con un avance promedio del 66,8 % y una inversión pendiente de S/ 1 274 millones, estos proyectos son vitales para la reactivación.

La recesión nos obliga a unir esfuerzos y mirar hacia el horizonte con optimismo. La confianza es fundamental en cualquier plan reactivador, y depende de nuestras autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que se mantenga y se incremente. Comprometidos con objetivos comunes, no solo superaremos los desafíos actuales, sino que también sentaremos las bases para un futuro más próspero y seguro. Juntos podemos construir un Perú más fuerte y resiliente, donde la igualdad de oportunidades sea una realidad para todos.

 (*) Más detalle en la segunda parte de este artículo que será publicado la próxima semana.

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Durante una semana, una delegación de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) asistió al Decimosexto Foro del Consejo Empresarial Perú-Taiwán organizado por CIECA, la asociación taiwanesa que fomenta la cooperación económica y comercial con otros países. Ahí reiteramos la voluntad integradora del Perú, destacando que nuestro país ha firmado 24 tratados comerciales con 56 economías, por lo que somos un jugador clave en el comercio internacional, con una clara política de integración comercial.

Fue alentador observar que los empresarios de CIECA no solo buscan hacer negocios con sus pares peruanos, sino que además lo hacen enfocados en el futuro. En efecto, durante nuestra visita, fuimos testigos del énfasis en la innovación, la transformación digital y las aplicaciones de la inteligencia artificial.

Días después, la CCL y la Asociación de Importadores y Exportadores de Taipéi firmaron un Memorando de Entendimiento que sienta las bases para un futuro de colaboración entre los empresarios de ambos lados del océano Pacífico y busca el fomento del comercio, así como de la cooperación técnica y económica. De esa manera, la información y el conocimiento se presentan como las herramientas esenciales para explorar las oportunidades en el ámbito del comercio y la inversión, tanto a nivel bilateral como regional. Además, el acuerdo fomenta la cooperación para la realización de estudios e investigaciones, con el fin de entender mejor los mercados y las oportunidades que se presentan.

Ambos eventos confirman que la relación comercial entre Perú y Taiwán se ha fortalecido en la última década. Los empresarios taiwaneses se encuentran especialmente interesados en los productos peruanos de agroexportación. El ingreso del arándano peruano al mercado taiwanés es un ejemplo destacado de esta colaboración fructífera. Además, la demanda de productos orgánicos en Taiwán representa una oportunidad significativa para las exportaciones peruanas. Sin embargo, aún está pendiente la firma del Convenio de Equivalencia Orgánica, el cual facilitaría el ingreso de más productos a esa economía. Por otro lado, es necesario buscar mecanismos con el CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, para mejorar las condiciones de acceso de los productos peruanos.

Pero esto es solo el inicio. La convergencia entre la Alianza del Pacífico y APEC ofrece un terreno fértil para la colaboración y la cooperación entre ambas economías. El Perú actualmente ejerce la presidencia de la Alianza del Pacífico y pronto asumirá la de APEC; la coyuntura es propicia para alinear esfuerzos y objetivos comerciales.

La colaboración en el ámbito tecnológico, la innovación y la inteligencia artificial ofrece oportunidades para la inversión taiwanesa en el Perú. Por ello, es clave trabajar en la cooperación y actuar con determinación para aprovechar al máximo estas oportunidades y avanzar hacia un futuro de desarrollo sostenible y prosperidad compartida.

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Teniendo como meta lograr inversiones sostenibles, se llevó a cabo la ‘Pacific Alliance CEO Sustainable Summit 2023’ en Nueva York, la vitrina financiera más importante del mundo. Esto ocurrió en el marco de la 78.° Asamblea General de las Naciones Unidas.

En este foro, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) presentó una visión centrada en el desarrollo sostenible, buscando mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. De hecho, los financiamientos sostenibles ya son una realidad.

En 2021, el Perú estrenó su Marco del Bono Sostenible y realizó cuatro colocaciones exitosas. Chile se convirtió en el primer emisor soberano en colocar bonos con el KPI de alcanzar para 2030 una participación del 40 % de mujeres en los directorios de las empresas supervisadas por la Comisión del Mercado Financiero. Emisores colombianos y mexicanos también se destacan por su importante participación en este mercado de deuda alineada con criterios de sostenibilidad.

El «CEO Investment Summit 2023», organizado por el CEAP, tuvo como propósito presentar las oportunidades de inversión que ofrece la Alianza del Pacífico (AP). Los empresarios de Chile, Colombia, México y del Perú estamos particularmente comprometidos con atraer inversiones que cumplan con los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

La presidenta del CEAP Chile, Rosario Navarro, enfatizó tres aspectos en su discurso. En primer lugar, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la convergencia entre las agendas de los consejos empresariales de la Alianza del Pacífico y la APEC para crear sinergias. En segundo lugar, subrayó la importancia de promover la agenda de género. Por último, destacó la ambición de la Alianza de lograr una integración financiera que, lamentablemente, aún no se ha concretado, e hizo un llamado para que los gobiernos colaboren en alcanzarla.

Por su parte, el presidente del CEAP Colombia, Bruce McMaster, resaltó la importancia de preservar la institucionalidad del acuerdo, recordando que la Alianza del Pacífico es un proceso compartido por las naciones y no debe depender de los gobiernos de turno. Uno de los beneficios de la AP es incentivar el comercio, una poderosa herramienta de desarrollo. Las industrias locales aumentan su competitividad, crean empleo y mejoran los ingresos de los ciudadanos.

De igual manera, resultó interesante escuchar la perspectiva de Goldman Sachs y J. P. Morgan, dado que ambas instituciones elogiaron la estabilidad macroeconómica del Perú y señalaron que la región es una fuente de oportunidades. Para aprovecharlas es necesario que se desarrolle la infraestructura, a fin de mejorar su competitividad.

La AP mantiene una mirada de largo plazo y tiene como motor al sector empresarial que aporta a la economía, al crecimiento, al empleo, a la integración y al bienestar de las personas. Nuestra mirada debe ser más inclusiva y debe poner a los ciudadanos al centro de nuestros esfuerzos. Por ello, priorizamos una agenda de desarrollo enfocada en los jóvenes, las pymes y las mujeres, con énfasis en la sostenibilidad, la inclusión financiera y la transformación digital.

El evento ha dejado en claro que las instituciones internacionales y los actores claves de la región consideran importante impulsar el desarrollo sostenible a través de los tratados de libre comercio. Ahora depende de nosotros –los empresarios– demostrar que la Alianza del Pacífico es un motor de desarrollo para la región. A fin de aprovechar las ventajas que ofrece, es necesario evolucionar y adaptarse a los nuevos desafíos que presenta el futuro sostenible.

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La economía peruana no se encuentra en su mejor momento. Se requiere una mayor determinación en la implementación de acciones destinadas a restaurar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para acelerar nuestro proceso de recuperación económica. Ello es especialmente importante, tomando en cuenta los desafíos políticos y climáticos que aún tenemos que superar.

En esta hermosa tierra del sol hemos aprendido a respetar y cuidar la estabilidad macroeconómica. A pesar de los cambios de gobierno, instituciones como el BCRP, la SBS y el MEF han mantenido los principios básicos de nuestra economía, lo que nos ha permitido mantener una inflación relativamente baja, un tipo de cambio estable, un endeudamiento externo bajo, importantes reservas internacionales y un déficit fiscal controlado.

Sin embargo, para recuperar la confianza que genera inversiones y, en consecuencia, mayor trabajo para los ciudadanos, la salud macroeconómica no basta. Es importante que el Ejecutivo y el Legislativo, se comprometan a trabajar de manera conjunta y coordinada. En los últimos quince días, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos preocupantes que afectan la confianza. Estos eventos incluyen ataques a la educación, al orden democrático y a la competencia. La calidad educativa se verá perjudicada si el Ejecutivo promulga la ley que tiene como objetivo reincorporar en sus puestos a 14 mil maestros que carecen de título pedagógico y que fueron cesados debido a que no cumplieron con la evaluación requerida. Por otra parte, el orden democrático se ve amenazado cuando el Parlamento busca destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia mediante el inicio de procesos de «control político». Finalmente, la competencia se ve comprometida cuando el proceso realizado por Perupetro para adjudicar los lotes de Talara a Petroperú no ha sido suficientemente transparente.

Los ciudadanos necesitamos ver cómo el Estado trabaja articuladamente. Para lograr el desarrollo del país es necesario solucionar los problemas estructurales. Necesitamos una reforma política que restaure la integridad en la carrera política, la idoneidad en la gestión pública y la representatividad del electorado. Además, debemos fortalecer la Seguridad Ciudadana, para mantener la paz que permite que los negocios prosperen. Asimismo, es importante difundir los beneficios del Libre Mercado, que ha impulsado el crecimiento económico del país durante 30 años. Otro punto clave es mejorar el acceso a la formalidad. Todo esto debe llevarse a cabo con integridad y promoviendo la innovación y el progreso tecnológico.

Por otro lado, nos preocupa no estar listos para enfrentar el Fenómeno de El Niño. Del presupuesto asignado para prevenir los daños que pudiera ocasionar, se ha ejecutado 5.8 %, porcentaje obviamente insuficiente. Entendemos que la asignación presupuestal es reciente y la tramitología mucha, pero tiene que ser prioritaria la ejecución de estos proyectos con la rapidez que esta emergencia requiere. Desgraciadamente, El Niño no espera.

El sector privado ha presentado 31 proyectos de Obras por Impuestos en 13 departamentos destinados a la prevención de desastres por un total de 145 millones de soles, pero lamentablemente, muchos de ellos aún se encuentran en etapas iniciales. Es imperativo que se aceleren estos procesos y se priorice la inversión en defensa ribereña y la construcción de muros de contención, elementos cruciales para hacer frente al Fenómeno de El Niño.

El camino hacia la recuperación y la preparación para los desafíos venideros exige una acción más decidida y eficiente de nuestras autoridades. No podemos permitirnos más retrasos ni excusas, especialmente cuando se trata de la seguridad de nuestro país y el bienestar de nuestros ciudadanos. Mantener la paz social, recuperar la confianza de los inversionistas y estar preparados ante eventos climáticos extremos son esenciales para el futuro de nuestro país.

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En la reciente Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), uno de los eventos culturales más esperados en nuestra ciudad, resultó alentador ver la sala con jóvenes, universitarios y escolares, ansiosos por explorar las Verdades y Mitos de la Constitución Económica de 1993, libro patrocinado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y escrito por Andrés Calderón. Por lo tanto, no sorprende que haya captado la atención de los lectores y se haya posicionado como uno de los cinco libros más vendidos en la Librería El Virrey.

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La FIL logró un hito al atraer a un 40 % más de asistentes que en 2022, llegando a convocar a más de 430 mil personas. Además, las cifras de ventas también experimentaron un notable crecimiento. Según la Cámara Peruana del Libro, las ventas superaron los S/ 18.5 millones, una cifra considerablemente superior a los S/ 17 millones del año anterior.

Por ello no pudimos haber encontrado un mejor escenario para la presentación de este primer libro de la Cámara de Comercio de Lima, con el cual queremos aportar al debate nacional de temas fundamentales como el fortalecimiento de un mercado libre e inclusivo, de la democracia, de la seguridad ciudadana y la facilitación del acceso a la formalidad.

En el caso del libre mercado, la investigación realizada fue presentada en mesas de trabajo, donde contamos con la presencia de personalidades de diferentes ideologías: investigadores independientes, empresarios, exministros, representantes de organizaciones no gubernamentales, ciudadanos comprometidos, así como con los miembros de la Comisión de Competencia de la CCL. Cada uno de los participantes contribuyó con su valioso tiempo y esfuerzo.

De esta manera se determinó que la Constitución Económica de 1993 presenta más aciertos que imprecisiones y aunque siempre es factible mejorar y proponer cambios, en nuestro actual contexto resulta fundamental comunicar de manera precisa a los ciudadanos los contenidos revisados de la Carta Magna para que se formen sus propias opiniones. Si queremos cambiar algo, primero hay que conocerlo. La información reduce la probabilidad de que el debate nacional se contamine con verdades a medias o mitos arraigados. Finalmente son los ciudadanos los que decidirán en democracia, sobre este y otros temas fundamentales.

La elaboración de Verdades y Mitos de la Constitución Económica de 1993 nos permitió discrepar y dialogar constructivamente, porque hubo voluntad de escuchar y respetar perspectivas divergentes. A su vez, reafirma nuestra idea de que la difusión del conocimiento y el diálogo informado tendrán un papel fundamental en la búsqueda de nuestra unidad, alejando los mitos que han polarizado a nuestro país.

Como era de esperarse el Perú no creció lo suficiente en el 2022 y esta tendencia se mantiene para este año. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INEI) informó que la economía peruana cerró en 2022 con un crecimiento anual de 2,68 por ciento. Esta cifra es menor a la proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas, que esperaba un crecimiento entre 2,7 y 3 por ciento, cercano a las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), de 2,9 por ciento. Para este año, las expectativas de crecimiento, de las citadas instituciones, se vienen ajustando a la baja.

La economía peruana no retoma el impulso de crecimiento. La pandemia y la crisis internacional desnudaron nuestras debilidades. Pese al crecimiento de las últimas décadas los ciudadanos no contamos con servicios de salud ni educación de calidad. La pobreza ha vuelto a ganar terreno y alcanza nuevamente al 30 por ciento de la población. Ello, unido a la permanente crisis política y falta de gobernabilidad, han generado las condiciones necesarias para que el descontento ciudadano se traduzca en las protestas recientes que paralizaron la economía. Estas protestas, según el Instituto de Estudios Económicos IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima, entre el 9 de enero y 6 de febrero pasado han generado pérdidas en las regiones convulsionadas, de 6,168 millones de soles en ventas no realizadas.

Actualmente las protestas están menguando, esto no significa, ni por asomo, que los problemas políticos y los reclamos ciudadanos se estén solucionando. Esta situación exige que las autoridades del ejecutivo y el congreso escuchen con atención los reclamos e interpreten de manera adecuada las encuestas que se vienen realizando. Según la última encuesta de IPSOS, si bien un porcentaje mayoritario de peruanos quiere un adelanto de elecciones y se identifican en mayor o menor medida con los otros reclamos ciudadanos, el 90 por ciento de los encuestados no participó en las manifestaciones y la gran mayoría no comulga con el vandalismo. En efecto, el 77, 85 y 88 por ciento de las personas consultadas no justifican el bloqueo de carreteras, la toma de aeropuertos o la quema de sedes públicas.

La encuesta señala que, a nivel nacional, los peruanos creen que los temas por priorizar durante este año son la lucha contra la delincuencia (53 por ciento), la corrupción (49 por ciento), mejora del sistema de salud (42 por ciento), educativo (38 por ciento) y generación de empleo (35 por ciento). Si bien los problemas políticos y los que afectan la democracia son importantes para la gran mayoría de los peruanos, y eso enciende la calle, estas últimas cifras revelan el interés de los peruanos por temas estructurales que buscan el desarrollo.

En este contexto, es importante destacar el anuncio del Gobierno, sobre el “shock de destrabe” de proyectos de infraestructura, en el marco del plan de reactivación “Con Punche Perú”, ello generará empleo temporal. Se realizarán inversiones en turismo y agricultura, sectores seriamente afectados con las protestas. El sector privado tiene la responsabilidad de acompañar este esfuerzo, reactivando a su vez, la inversión privada, para generar empleo de calidad y dinamizar las actividades productivas de las Pymes.

Las encuestas recientes señalan que los peruanos no estamos satisfechos con la actuación de los políticos y entendemos los justos reclamos de las poblaciones excluidas, sin embargo, somos más los que apostamos por la paz y el progreso y no creemos que la forma de solucionar nuestros problemas es a través de protestas y manifestaciones políticas, que más que ayudar, ahondan nuestras diferencias.  Somos más los que queremos trabajar para generar el crecimiento necesario para hacer retroceder nuevamente a la pobreza en nuestro país.

Esta semana ha visitado el país una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de analizar nuestra compleja situación política. Momento oportuno para recordar que ninguna solución permanente vendrá de la OEA o de cualquier otra instancia internacional si no somos nosotros, a nivel interno, quienes realizamos una completa reforma política que incluya modificaciones constitucionales. Y el actual Congreso tiene todas las facultades para llevarla a cabo.

Con un elenco político cuyo lema es “nos quedamos todos”, un presidente de la República con serios cuestionamientos y acusaciones, ministros que raramente duran más de dos trimestres, un Parlamento fragmentado en trece bancadas, paupérrimas aprobaciones ciudadanas del Ejecutivo y Legislativo y alta conflictividad social, pensar que la misión de la OEA significará alguna solución es caer en el autoengaño.

Un panorama como ese solo dará más impulso a la espiral perversa en que estamos atrapados desde hace años, para beneplácito de la corrupción.

Por eso necesitamos ver más allá de esta visita y definir puntos de coincidencia a partir del debate, del sano intercambio de puntos de vista. Por ejemplo, poner sobre la mesa qué tipo de democracia queremos tener: si presidencialista o parlamentarista, cómo elegir autoridades o cuál es la responsabilidad del presidente de la República.

Para mirar el futuro, necesitamos también analizar el pasado, evaluar de qué manera nos afectan decisiones como aquella de impedir la reelección inmediata de congresistas –una práctica constitucional histórica que había permitido la formación de carreras políticas–, supresión que, aunque facilitó la presencia de nuevos actores en la escena política, abrió una caja de pandora que día a día nos horroriza.

Hemos reiterado la importancia de que la Cámara de Comercio de Lima comparta propuestas para el fortalecimiento de la democracia, pues convivir con un sistema político enfermo y débil favorece que la corrupción se empodere. Pretender que se haga negocios en tales condiciones es equivalente a pedir a un médico que trabaje en una sala de operaciones contaminada.

Por eso, en armonía con esa voluntad de aportar soluciones, la Comisión de Justicia, Constitución y Política de la CCL, expuso en su primera sesión la semana pasada los primeros avances de las investigaciones que venimos realizando en torno de estos temas.

Como ciudadanos, nuestro primer objetivo debería ser que, en las próximas elecciones, no nos veamos obligados de nuevo a elegir entre el malo y el menos malo, por personas incapaces o por quienes su integridad esté seriamente cuestionada. Durante años, hemos confiado a los partidos políticos la misión de autorregularse y filtrar la idoneidad de los aspirantes a candidatos, pero nos han fallado terriblemente.

Los empresarios no debemos persistir en hacer lo de siempre, dado que si queremos resultados distintos debemos obrar de manera distinta; ello significa que debemos enfocarnos en aportar en las políticas públicas y en debates fundamentales como el de reforma política, libre mercado, seguridad y acceso a la formalidad. En resumen, debemos tomar el destino en nuestras manos y aportar a la agenda de desarrollo de nuestro país. Necesitamos involucrarnos. Los invito a hacerlo.

El 1 de mayo del presente año empezó a regir la nueva Remuneración Mínima Vital (RMV), que fue elevada en diez por ciento, hasta alcanzar los 1025 soles. La publicación de la norma que aprobó tal incremento hizo evidente el modo en que el actual Gobierno legisla sin respetar el diálogo social laboral. La medida no fue debatida ni consensuada en el Consejo Nacional del Trabajo, y ocurrió lo mismo con las normas que vendrían después. Tal es el caso de las normas que modificaron el Reglamento de la Ley de Tercerización Laboral y el de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

De esta manera el Ministerio de Trabajo (MINTRA) demostró el escaso valor que tiene para la actual gestión el diálogo tripartito. Bajo la excusa de que debe velar por los intereses de los trabajadores, el MINTRA desconoce que sin condiciones claras ni predictividad es imposible que las empresas sigan apostando por crecer y generar empleo.

Como hemos señalado en esta columna, esta crisis en el sector laboral no acaba. En días recientes, el ministro Alejandro Salas, sigue a politizando el debate sobre el mecanismo de fijación de la remuneración mínima, lo que genera sobre expectativas en los trabajadores y distrae la atención de los principales problemas de ese sector, como son la informalidad, que priva a millones de trabajadores del goce de beneficios sociales, y la baja productividad del empleo, que frena el desarrollo.

La remuneración mínima debe ser materia de un debate técnico, que se base en ciencia y evidencia, lejos de ser utilizada como instrumento populista. El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima estima que si la remuneración mínima se incrementa en 92 soles (que ha sido el promedio de los tres últimos aumentos), las empresas deberán asumir un costo adicional de al menos 1.060 millones de soles para mantener en la formalidad a alrededor de setecientos mil trabajadores que perciben ese salario.

Frente a esto, el ministro Salas ha acusado al sector empresarial de negarse a participar en el debate del sueldo mínimo en el Consejo Nacional del Trabajo. Pero eso no se ajusta a la verdad; toca recordarle que los empresarios no hemos renunciado al CNT, sino que hemos suspendido nuestra participación en defensa y protección de la verdadera naturaleza de ese organismo: ser un espacio de diálogo en busca de disminuir la informalidad e incrementar el trabajo de calidad.

En ese sentido, si el sector empresarial se sentase en estos momentos en el CNT, estaría siendo partícipe de los planes populistas del Gobierno para el sueldo mínimo. No permitiremos que nuestra presencia en el Consejo Nacional de Trabajo se convierta en una simulación de consenso, cuando en realidad las medidas se aprueban de manera arbitraria y prescindiendo de un diálogo verdadero.

Pero la crisis laboral no es generada solo por el Ejecutivo: también la Comisión de Trabajo del Congreso de la República aborda el tema con criterios políticos antes que técnicos. Recientemente se debatió un predictamen que propone una ley para regular la aplicación de la periodicidad, los criterios y procedimientos con que se determina la RMV, norma que lejos de establecer una metodología precisa, generaría mayor incertidumbre. No obstante, en este caso –tratando de ver el vaso medio lleno y no medio vacío– se puede identificar como aspecto positivo que tal norma considere un rol activo para el CNT en la definición de la remuneración mínima.

La CCL se ha manifestado siempre a favor de institucionalizar el reajuste de las remuneraciones mínimas, tal como dispone el artículo 24 de nuestra Constitución Política, con el fin de generar predictibilidad y reducir la incertidumbre de los agentes económicos, en especial de los millones de micro y pequeñas empresas, que deben enfrentar el aumento de los costos laborales sin que exista un correlato en la productividad.

Sin embargo, es imprescindible que los criterios para su aprobación reflejen de manera precisa y objetiva los indicadores económicos, las reales posibilidades y la sostenibilidad de las empresas para mantener su sostenibilidad y evidencien estas condiciones recién, podríamos hablar del inicio de un debate que se produciría con cada variación. La decisión debe contar con el pronunciamiento técnico del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas. El debate lejos de lo que asegura el ministro Salas recién empieza.

Desde que asumió el gobierno el año pasado, el presidente Castillo no deja de mostrarnos su incapacidad y falta de integridad. Las denuncias de corrupción son el pan de cada día. Esta situación, lejos de solucionarse, se viene agravando, de modo tal que, por primera vez en nuestra historia, un presidente en ejercicio es investigado por actos de corrupción por la Fiscalía de la Nación.  Los involucrados en la investigación pretenden burlar el círculo legal que se estrecha cada día más en torno a ellos, se victimizan y ensayan defensas formales que muchas veces alcanzan un cinismo insultante. Lejos de colaborar con las investigaciones, las obstaculizan. Obviamente, evitan el escrutinio de la prensa y niegan a los ciudadanos las explicaciones que reclaman. Estiran peligrosamente el apoyo que aún le brindan algunos desconcertados peruanos que creen en su discurso vacío de propuestas para solucionar los problemas que los aquejan.

Esta insostenible situación ocasiona que el presidente y sus ministros estén más preocupados en cómo eludir a la justicia antes que en gobernar para el bien del país. Los ministros tienen poca estabilidad en sus carteras y aquellos que permanecen no gerencian y se suman a su equipo de desubicados y deslucidos defensores, entre los cuales destaca el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Es por ello que vemos un Poder Ejecutivo desarticulado y con escasas propuestas para resolver los problemas sectoriales. En medio de este caos, la propuesta reactivadora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no despega. Esta falta de visión y manejo de la cosa pública no permite el flujo de las inversiones necesarias (se espera crecimiento 0% de la inversión privada para 2023) para lograr un crecimiento de 5% del PBI, lo que permitiría sacar a los peruanos de la pobreza. En tiempos en que la economía mundial tambalea, este gobierno incapaz está paralizado, en vez de proponer soluciones que eviten el desempleo y el hambre de nuestros ciudadanos.

Por ello, es importante destacar el trabajo de las instituciones encargadas de investigar los hechos de corrupción que comprometen al presidente y su entorno, que van desde la colusión a la organización criminal. La Fiscalía de la Nación, en base a abundantes indicios y declaraciones de colaboradores eficaces, ha presentado ante el Congreso, una acusación constitucional contra el presidente. Lo que corresponde ahora es que los congresistas cumplan con su deber dando trámite a la denuncia presentada en el más breve plazo. Existen diversas herramientas legales que pueden utilizar, lo importante es que garanticen el respeto a la Constitución y los convenios internacionales.  Lo que necesitan realmente es voluntad política. Es necesario que los congresistas afinen el olfato y perciban el inconfundible olor de corrupción que este caso emana. Los ciudadanos esperamos que asuman su responsabilidad y no prefieran sus intereses particulares (en algunos casos directamente cómplices) a librarnos de la corrupción e incapacidad de este gobierno.

Mirando en retrospectiva, vemos que este es el ciclo democrático más largo de nuestra historia. No podemos permitir que la corrupción endémica en nuestro país siga erosionando la democracia en el Perú. Por ello, es necesario reflexionar sobre las causas y soluciones. Entendiéndolo así, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estará presentando un estudio con propuestas para fortalecer la democracia. Estas propuestas incluyen a los partidos políticos, la bicameralidad, la elección inmediata, la responsabilidad penal del presidente, la sucesión constitucional, la cuestión de confianza y a los organismos constitucionalmente autónomos. Si no hacemos algo para defender la Democracia y la Integridad, un caudillo más nefasto aún que nuestro actual presidente podría estar al acecho, aprovechando nuestra debilidad institucional llegue al poder y siga degradando o, lo que es peor, termine con nuestra frágil democracia.

Por ahora, la defensa de la integridad y la gobernabilidad del Perú está en manos del Congreso. Esperemos que estén a la altura de este reto y nos devuelvan el futuro que el Perú y los peruanos merecemos.

Hay una frase que día a día gana más adeptos: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, y ella se aplica más que nunca sobre los políticos que tienen la obligación de gobernar con prudencia, proactividad y voluntad de servir a sus naciones.

Lamentablemente, esto no sucede en el Perú. Los ciudadanos nos remangamos las mangas para trabajar duro con el fin de recuperar el tiempo perdido durante los encierros de la pandemia, corremos contra el reloj para adecuarnos a los retos que la crisis alimentaria mundial nos presentará y soltamos cada lastre que nos impide avanzar, pero no tenemos la misma fuerza de voluntad en nuestros líderes.

La semana pasada hemos visto espantados una noticia tras otra, mientras que escuchamos más excusas que indignación sobre hechos de corrupción que deben ser investigados sin tardanza y evitando la politiquería barata que nos llevaría a perder la ya escasa confianza ciudadana en sus instituciones.

Inesperadamente, al terminar la semana se anuncia la posibilidad de convertir en feriado el lunes 13 de junio, fecha en la cual nuestra selección nacional de fútbol enfrenta a su par de Australia. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, sostiene que la economía nacional no se vería afectada, sino beneficiada. Sin embargo, los centros de investigación y los gremios asociados a la Cámara de Comercio de Lima opinan lo contrario.

El impacto más fuerte lo tendría el PBI, dado que podría significar la pérdida de hasta S/ 1.500 millones. Necesitamos un gobierno promotor de la actividad económica, no uno que busque paralizar el país dando un feriado que no se necesita y que es inesperado.

En los sectores manufacturero, intermediación financiera, educación y administración pública las pérdidas de ventas por dejar de trabajar una sola fecha serían S/ 880 millones.

¿Justifica la medida? El horario del partido coincide con el almuerzo, motivo por el cual restaurantes y bares esperan ventas por S/ 52 millones solo el día del repechaje. Estos establecimientos ahora deberán enfrentar los sobrecostos que significa trabajar un feriado no previsto. Así, las expectativas de que sea un buen día se diluyen.

Ante dicha realidad, genera sospechas la intención de dar un feriado el día del partido, pero que también está marcado como la fecha en la cual el presidente Pedro Castillo debe comparecer frente a la Fiscalía de la Nación.

Ciertamente, no ha sido el presidente Castillo quien ha promovido esta iniciativa, dado que participa en la IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos, sin embargo, es claro que su gabinete no se atrevería a hacerlo sin su visto bueno.

Señores del gobierno y del Congreso, ejerzan ese poder, que con ansias buscaron en las elecciones que se presentaron hace un año. Es momento de que lo hagan con la responsabilidad que el Perú les demanda.

Hace más de 30 días los empresarios unidos por el Perú, nos reunimos en Gamarra para pedirle al gobierno que tome acciones inmediatas que nos permitan seguir invirtiendo y, por lo tanto, generar empleo. En este espacio, Edward Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, advirtió que hablar de su región lamentablemente es hablar de los problemas del Perú.

Y no le falta la razón. El desgobierno que en ese momento se vivía paralizaba una operación minera que contribuye al 1% del PBI nacional, pero que representa el 79% para Apurímac. Así, en marzo, 75.000 familias vieron peligrar sus ingresos. Hoy son dos actividades mineras que no solo están paralizadas sino han sido vandalizadas.

En ese momento Edward, además, propuso que el Gobierno ponga manos a la obra para que incentive la transversalidad de la actividad minera para generar sostenibilidad económica y exigió mayor seguridad para las inversiones en la región. Sin embargo, no fue escuchado.

En Gamarra estuvimos presentes más de 200 gremios, que representamos a más de tres millones de empresas, es decir, el 99,6% del total de compañías en el Perú y el 20% del PBI nacional, así como 12 millones de trabajadores. Sin embargo, no hay respuesta alguna desde Palacio de Gobierno.

Llega junio y las pérdidas económicas superan los US$ 250 millones. Los sindicatos hartos de que el gobierno no haga nada para salvaguardar sus trabajos, salieron a las calles un día después que se registraron más actos vandálicos contra sus centros de trabajo. La conflictividad social sigue creciendo, haciendo imposible seguir con las actividades diarias. Por ello, Edward Palacios exigió acciones inmediatas en una entrevista a RPP.

El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac denunció que el Ejecutivo no cumple su función de garantizar la actividad empresarial en su región, la cual ha traído (en tiempos de paz social) la reducción de la pobreza. Edward señaló que la ausencia del Estado azuza la conflictividad y puede ser interpretada como una acción deliberada para generar caos. En medio de dicha crisis, añadió, se presenta el cambio de Constitución como la gran solución a los problemas.

Decir que un cambio constitucional nos traerá más empleo o mejor acceso a la educación y salud, no es correcto. Los tres puntos pasan por mejorar la gestión del Estado, lo que implica utilizar con eficiencia nuestros recursos. Ello no es posible sin funcionarios públicos capacitados y con experiencia. ¿Quién debe hacer las designaciones gubernamentales más importantes? El presidente Pedro Castillo.

El hostil clima político y social no solo aleja las inversiones, sino que además pone en riesgo los negocios de los empresarios de Apurímac y los empleos de miles de trabajadores. Todo ello sucede en un año en el cual las proyecciones dadas sobre la inversión privada son de cero y los peruanos consumimos nuestros últimos ahorros tras dos años de pandemia. Señor Castillo, el Perú ya no puede esperar más a que se decida gobernar.

El mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Congreso República el pasado martes estuvo lleno de promesas, planes y un sinnúmero de objetivos; todos ellos adelantados y leídos días antes –con el mismo texto– por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su presentación ante el mismo Poder Legislativo para solicitar el voto de investidura.

¿Cuánto de lo prometido y doblemente anunciado se va a cumplir? ¿En qué tiempo se van a implementar y ejecutar la construcción de hospitales, colegios, carreteras o creación de fondos ofrecidos?

¿Cuánto de realidad hay en esa enumeración de supuestos grandes logros presentada desde la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros y cuánto de realismo en lo que se dice que se hará, pero sin comprometer una sola medida que procure una gestión pública honesta y eficiente?

Los peruanos nos hemos mal acostumbrado a escuchar este tipo de discursos por parte de nuestras autoridades, innecesariamente larguísimos (en su lugar muchas veces bastaría un tweet), llenos de lugares comunes y, sobre todo, de promesas incumplidas.

Si, por ejemplo, nos tomamos el trabajo de comparar discursos presidenciales recientes, encontraríamos ofertas tales como la construcción de un hospital en cada provincia, la pavimentación del 100% de la red vial nacional, el sembrío de pastos mejorados en 517 distritos de 20 regiones, el mantenimiento de 1.000 instituciones educativas antes que se inicien las clases, la construcción de 53.000 nuevas escuelas públicas, la implementación de 281 centros de salud mental comunitaria y que en el año 2021 todos los peruanos tendríamos acceso universal a la salud.

Por si fuera poco, también se ofreció llevar el Estado “a las alturas de los cerros”, que se implementaría una política nacional de enseñanza del idioma inglés, que la educación mejoría de tal forma que la productividad y competitividad del Perú estarían más que aseguradas y que se pondría en marcha un sistema integrado de patrullaje formado por más de 6.000 vehículos y 4.000 motocicletas de la Policía Nacional que velarían por la seguridad ciudadana.

También se aseguró que el año pasado todas las zonas urbanas y el 84% de las zonas rurales contarían con agua potable y saneamiento, que el número de turistas se duplicaría, que el intercambio prestacional eficiente entre los hospitales del Ministerio de Salud y de Essalud sería una realidad, que 10 centros penitenciarios contarían con bloqueadores de teléfonos celulares para evitar que se siga delinquiendo desde las cárceles y que las empresas condenadas por corrupción nunca más contratarían con el Estado.

Solo faltó prometer –como dice la letra del antiguo vals Parlamanías de Serafina Quintera– que “las corvinas sobre las olas, nadarán fritas con su limón”.

De haberse cumplido cada una de las promesas hechas a través de los discursos presidenciales de las últimas décadas, nuestro país sería uno del primer mundo, la pobreza habría desaparecido y nuestros servicios de educación y de salud serían similares a los de los países desarrollados.

Pero nuestra realidad concreta dista mucho de esas dimensiones alternas en las que viven nuestros gobernantes, pues lejos de ese Perú idílico, la verdad es que hoy en día no solo estamos más divididos que nunca, sino que padecemos de un Estado que registra niveles de corrupción, ineficiencia, indolencia e impunidad en aumento, que poco o nada contribuye con el bienestar de la población.

Ni siquiera aquella declaración presidencial que decía que debemos construir un país con sólidas y transparentes instituciones democráticas para llegar al bicentenario de nuestra independencia se pudo cumplir, pues hoy tenemos instituciones débiles, nada transparentes, con una honda crisis moral, con valores trastocados y con la ética olvidada por la mayoría de nuestros funcionarios y servidores públicos.

Los ciudadanos que casi como una rutina y sin ningún entusiasmo nos hemos habituado a escuchar los sucesivos discursos presidenciales o ministeriales, sabiendo que poco o nada de lo que se dice o lee se hará realidad, deberíamos comenzar a exigir que se cumpla con lo que se dice y fiscalizar a nuestras autoridades, para que no nos sigan encandilando como quien lee un cuento a los niños antes de dormir.

No debemos seguir permitiendo y aceptando que quienes ejercen un cargo público, comenzando por quien ocupa la más alta magistratura de la nación, nos sigan llenando de embustes.

Es tiempo de buscar mecanismos de control político y ciudadano que permitan regular la manera en que nuestros gobernantes se dirigen a la población, de manera que sea posible ejercer un estricto seguimiento de cada medida, de cada obra, de cada programa que se anuncie, de cada “primera piedra” que se coloque; exigiendo a la vez que todo discurso presidencial o del jefe del gabinete ministerial y sus ministros deba incluir el debido sustento técnico, fuente de financiamiento y plazo de ejecución, con su respectivo análisis de costo-beneficio.

Igualmente, que cada recuento de supuestos logros sea plenamente verificable.

En toda empresa o emprendimiento privado, desde el más pequeño hasta la más grande corporación multinacional, existe un plan de acción, con proyecciones y metas por cumplir, que se calculan a veces mentalmente por parte del pequeño emprendedor o que se presentan través de una detallada exposición ante un riguroso directorio. Si esos objetivos no se alcanzan en el plazo establecido, el responsable es separado de su cargo.

¿Por qué nuestro país no puede ser gobernado con igual rigurosidad, exigiendo por parte nuestra (los peruanos “accionistas” de esta gran empresa llamada Perú) eficiencia a los responsables de administrarlo y sancionándolos, incluso con la muerte civil, si descubrimos que nos mintieron?

Basta ya de seguir escuchando discursos vacíos, que se hacen solo por cumplir o para ganar tiempo.

Exijamos que quien nos da su palabra, la cumpla.

No olvidemos que el valor de un hombre (o el de una mujer) se mide por lo que vale su palabra.

Antes de iniciarse, el lamentable conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ya tenía muchas repercusiones a nivel internacional. Solo la posibilidad de que este se concretara había generado mucha inestabilidad en los precios de los commodities y de las bolsas internacionales en las últimas semanas.

Una vez iniciada la invasión militar rusa, los efectos económicos cobraron una intensidad mucho mayor: el precio del barril del petróleo superó los US$ 100 por primera vez desde 2014, las tarifas del gas en Europa subieron 30%, los mercados bursátiles cayeron en todas las regiones en el ahora denominado “jueves negro” y los precios de alimentos, como el trigo, maíz y la soja, subieron de inmediato.

También el dólar recuperó posiciones y subieron las cotizaciones del oro y la plata; pero, cayó el precio del cobre tras temores por una baja en la demanda mundial por el conflicto.

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¿Cómo afecta esto al Perú y a los demás países del planeta? Mucho. Rusia y Ucrania son grandes productores de petróleo, gas, oro y otros metales, además de un sin número de alimentos básicos como el trigo y el maíz. El conflicto y el bloqueo internacional a Rusia supondrá una ostensible menor cantidad de estos commodities en el mundo lo que hará que sus precios se disparen (como ya está pasando).

Ello, a su vez, tendrá un “efecto cascada” en el comercio internacional y, por ende, las importaciones peruanas se encarecerán bajo el lógico supuesto de que, además del alza de precios de los commmodities, también habrá un ajuste hacia arriba en los costos logísticos producto del aumento del precio de los combustibles; y de producción, por el aumento del costo de la energía.

Dicho esto, es seguro que en el corto plazo los peruanos soporten incrementos en los precios de los alimentos, de los combustibles y de productos y servicios en general. Ergo, la inflación aumentará su presión al alza con un eventual incremento del descontento social.

Muchos dirán que el aumento de los precios de los metales como el oro y la plata nos beneficiarán como grandes productores que somos. No obstante, eso será solo un paliativo dado que lo que más exportamos en minería es cobre, y su precio, como señalamos líneas arriba, está a la baja.

E, incluso, si no fuera el caso y el precio del metal rojo se disparara, los ingresos mineros aportan, pero no solucionan los problemas de inflación para los más de 30 millones de peruanos. Más aún si casi el 80% de los trabajadores son informales.

En este contexto, ¿que debe hacer el Gobierno del presidente Pedro Castillo para aminorar el “efecto Ucrania” en la economía peruana? De seguro cuando los precios empiecen a subir, el Gobierno anunciará subsidios y hasta bonos. Sin embargo, eso no es sostenible en el tiempo y golpearía fuertemente las alicaídas arcas fiscales golpeadas en los últimos dos años por la pandemia.

Los peruanos requerimos de una solución sostenible en el tiempo y lograrla pasa por dos puntos fundamentales. El primero es promover la inversión privada. Para ello, es urgente hacer atractivo al Perú para los agentes internacionales promoviendo su llegada con una legislación laboral clara, justa y adecuada a las posibilidades que brinda el mercado y, cómo no, promotora de empleos formales.

Asimismo, se debe implementar un atractivo esquema de facilidades tributarias que nos haga competir con países de la región que ya las tienen, para atraer a los inversionistas foráneos, tales como Ecuador o Costa Rica, por citar dos ejemplos.

El segundo punto para trabajar es indispensable para lograr el primero. Se trata de incorporar a los mejores cuadros de profesionales con experiencia y solvencia moral comprobada para que diseñen e implementen los lineamientos de una verdadera recuperación económica, para así incorporar cada vez a más peruanos en el círculo virtuoso del desarrollo.

No nos auto engañemos celebrando el alto crecimiento económico del 2021 o la reducción del déficit fiscal. Eso fue un efecto rebote de la caída del 2020. El crecimiento del PBI peruano para este año no superará el 3% (proyección pre-conflicto Rusia-Ucrania), una magra tasa que no alcanza para reducir la pobreza.

¡Presidente Pedro Castillo, es momento de actuar! Llame a los mejores profesionales para que gerencien adecuadamente el país. Deje de lado, el copamiento del Estado por personas que no cumplen los requisitos para los puestos y, que incluso, tienen antecedentes cuestionados y, en algunos casos, delictivos.

De lo contrario, el efecto externo (pandemia + guerra) afectará la vida de millones de peruanos, más de lo que ya la han afectado la pandemia y las malas decisiones de su gobierno, y no habrá marcha atrás.

En los próximos días, el Gabinete de ministros liderado por Aníbal Torres se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Tras la reciente “tregua” anunciada entre el Legislativo y el Ejecutivo y con el objetivo congresal de no perder la “bala de plata” que evite el cierre del hemiciclo, es casi seguro que la obtenga.

El significado de confianza es la creencia y fe de que algo se desarrolle o alguien se comporte y realice algo conforme a nuestras expectativas. Lamentablemente, el Gabinete Torres no está a la altura de las expectativas de los peruanos. Empieza mal. Con un ministro de Salud que promueve el agua arracimada o una ministra de Trabajo que irresponsablemente promueve el alza del sueldo mínimo sin analizar las implicancias que ello traería (mayor informalidad y menos generación de empleo formal), entre otros ministros con cuestionamientos.

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No obstante ello, lograda la confianza en el Congreso, el gabinete Torres deberá enfocarse, de una vez por todas, en trabajar por el bien de todos los peruanos, sobre todo en un momento en el que el Perú tiene el mejor nivel de confianza económica de la región de acuerdo al reporte de Bloomberg. Ello, debido –para despejar las dudas e interpretaciones antojadizas– al gran manejo macroeconómico en las últimas tres décadas.

En ese sentido, la ruta del Gobierno de Pedro Castillo debe ser, en primer lugar, promover la inversión privada y dar claras y firmes señales a los agentes económicos de que invertir en el Perú es seguro y rentable. Ello, sin duda, recuperará el empleo formal de forma sostenida y generará mayores ingresos fiscales para reducir diversas brechas, como las de infraestructura, salud y educación, sectores fundamentales para lograr el desarrollo de los peruanos.

En segundo lugar, el Gabinete Torres debe luchar contra la informalidad. Es imposible que el Perú logre el desarrollo y bienestar para su población si es que el Gobierno, de la mano del Legislativo, no la combaten. Casi el 80% de la economía peruana es informal. Eso tiene que cambiar, sobre todo si es que queremos ser miembros de la OCDE.

Esta ruta no es nueva. La CCL, así como diversos expertos y organismos, la han recomendado desde que inició su gobierno el 28 de julio pasado. No obstante, usted, presidente Pedro Castillo, y el partido Perú Libre eligieron el camino de la confrontación política, el fomento de la informalidad y el ataque al sector empresarial formal. Por ello, desde la CCL vemos con esperanza, pero aún no con confianza, la tregua anunciada entre el Ejecutivo y Legislativo para trabajar unidos en pos del desarrollo del país.

Ojalá y así sea, pues no hacerlo es ir en contra de los intereses del Perú y, por lo tanto, no tener capacidad moral para dirigirlo en una coyuntura en la que el país requiere reactivarse económicamente de manera real y sostenible para reducir la pobreza.

Si no corremos esta “ola”, tendremos que esperar con la incertidumbre de no saber cuándo se volverán a dar las condiciones idóneas para el crecimiento.

La situación de anarquía, incertidumbre, descontrol, inseguridad, desinstitucionalización, resquebrajamiento democrático y corrupción campeante a la que ha sido llevado el país durante estos primeros meses de gobierno del señor Pedro Castillo como presidente de la República, es inaceptable, imperdonable, improrrogable.

No es posible soportar más que el Perú siga siendo manejado como la presa capturada por quienes pretenden hacer del pillaje y la incompetencia una forma de gobernar.

La designación por parte del señor Castillo de un nuevo gabinete ministerial integrado por personajes de dudosa integridad moral e intelectual, evidencian el poco respeto que se tiene por el destino del Perú y de los peruanos.

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Pero lo que es peor, agudiza la crisis en que está sumido el país desde el pasado 28 de julio.

Pero ya no solo por las terribles secuelas de la pandemia del coronavirus en la vida y bienestar de millones de personas; por la crisis económica y la subsecuente falta de empleo, quiebra de empresas y desconfianza de los inversionistas, sino también porque hemos sido dejados a merced de la delincuencia que a toda hora atenta contra nuestra vida y nuestras propiedades.

Ahora, como quien da un manotazo de ahogado, se pretende con una declaratoria de estado de emergencia, solo en Lima y Callao (como si el resto del país no fuera territorio capturado por el hampa), trasladar esta responsabilidad a las Fuerzas Armadas, sin un plan que determine cómo y dónde apoyarán a la Policía Nacional y a sabiendas que estas tareas no son parte de sus funciones y que, a la primera falta, su personal y oficiales serán acusados y perseguidos por quienes todos conocemos.

Cualquiera que a lo largo de su vida haya tenido que contratar un trabajador, lo mínimo que le solicita es un currículum vitae documentado, en el que es indispensable presentar certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales, además de acreditar que se cuenta con un mínimo de preparación académica y experiencia para el puesto, sea desde el más humilde hasta el de mayor responsabilidad.

¿Es posible creer que ninguno de los asesores del señor Castillo -o él mismo- se tomó la molestia de revisar estos requisitos antes de ofrecer el cargo de ministro de Estado a los integrantes de este gabinete, comenzando por quien lo preside?

Mientras esto ocurre, nuestra economía ya no languidece, sino que está en caída libre, como lo demuestra el hecho que el Fondo Monetario Internacional haya rebajado su proyección de crecimiento para el Perú de 4,6% a 2,8% este año, lo cual se traducirá en más desempleo y más pobreza.

No olvidemos que las proyecciones de crecimiento de la inversión privada –la que vía impuestos genera recursos al fisco y crea empleo formal- para este año se ubican en 0%.

El Perú y los millones de peruanos que nos esforzamos cada día, que trabajamos con sacrificio y optimismo por el bienestar y desarrollo de nuestras familias, no merecemos este destino.

Estas cifras son elocuente evidencia del desgobierno, de este caos y hazmerreir internacional al que ha sido llevado el Perú por quienes creen que la existencia de tantas personas vale tan poco que pueden darse el lujo de aprender a gobernar a su costa o de robarles lo que con tanto esfuerzo han conseguido.

Por ello debemos asegurarnos, con todas las armas que nos garantiza la democracia y el estado de derecho, que los responsables de llevarnos a esta situación no queden impunes.

Pero, además, quienes apoyaron y se sumaron entusiastas a apoyar esta aventura a cambio de granjerías propias, así como de contratos, consultorías y puestos de trabajo para sus familias, amigos o camaradas del partido político, tendrán también que asumir su responsabilidad, en principio, ante la sociedad y luego ante la ley.

Señor Castillo, en nombre del pueblo al que tanto gusta nombrar y emplear para justificar tantas trapacerías, desde la Cámara de Comercio de Lima le hacemos un llamado para que reflexione y no siga jugando con el presente y el futuro de nuestra patria.

Tome de una vez por todas una decisión reflexiva, valiente, firme, patriótica… decente. Esto no puede seguir así. Hay que ponerle punto final.

La reciente condena a 19 años de prisión dictada por la Corte Superior de Justicia contra un expresidente regional acusado de colusión y lavado de activos, así como el hecho de que solo entre los años 2019 y 2021 haya otros 18 gobernadores regionales y más de dos mil alcaldes procesados, investigados, detenidos o sentenciados por casos similares, así como también por peculado, cohecho, falsedad ideológica, falsedad genérica y hasta homicidio culposo, entre otros delitos, nos debe llevar a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos al momento de elegir a nuestras autoridades.

Es común responsabilizar a los partidos políticos de esta situación (y vaya que mucho de culpa tienen), pero el otro gran responsable es el elector que, a través de su voto, entrega el gobierno de su distrito, región o del país sin tomar en cuenta la formación, capacidad, experiencia, trayectoria u honestidad de los candidatos.

Todo lo contrario, muchas veces lo que guía al voto son revanchismos, odios o antipatías; y hay hasta quienes simplemente se lo toman a la broma.

► Peter Anders: El Estado durmiente

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► Peter Anders: Palos de ciego (a)

Esta situación es la que provoca que muchos profesionales, técnicos, expertos, buenos vecinos o personas de buena fe, con vocación de servicio, que tienen la intención de trabajar por el bien de su comunidad o del Perú en su conjunto, terminen por alejarse de la política y mucho menos quieran someterse a un proceso en el que lo que menos importa es la capacidad y aptitud para ocupar el cargo.

Ya es tiempo que tengamos la madurez suficiente para no seguir entregando el gobierno distrital, provincial, regional o nacional a individuos que no solo llegan con la intención de enriquecerse indebidamente y favorecer a sus familiares, amigos, personas relacionadas o eventuales aliados políticos, sino también a personajes que no tienen idea de qué hacer en un cargo de tan alta responsabilidad, en el que no se puede ir improvisando o aprendiendo en el camino, porque de sus decisiones depende la vida y el bienestar de millones de personas.

Una frase muy elocuente dice que el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el que no está preparado. No permitamos que esto se vuelva a repetir.

Para el próximo domingo dos de octubre está prevista la realización de un nuevo proceso electoral para elegir gobernadores regionales, alcaldes y regidores en todo el país.

Es una buena oportunidad para no volver a cometer errores, comenzando por las organizaciones políticas al momento de diseñar las listas de sus aspirantes a los gobiernos regionales y municipales, pero también para que cada uno de los electores seamos más conscientes del papel que nos corresponde.

En una etapa en la que la información es accesible, gratuita y diversa, no es posible que votemos a ciegas, que decidamos el voto en la fila de la mesa de sufragio o guiados por lo “políticamente correcto” sin pensar y evaluar las consecuencias que tendrá nuestra elección.

Seamos responsables como electores, libres, con derechos, pero también con deberes. No responsabilicemos a otros de nuestras decisiones, porque si esa mala autoridad está allí donde está, es porque muchos votaron por ella.

Para contribuir con el importante proceso de difusión de las propuestas para nuestra ciudad, la Cámara de Comercio de Lima brindará -como ha hecho en anteriores procesos electorales-, una tribuna para que los candidatos a la alcaldía de la capital puedan exponer y debatir con total libertad, apertura y respeto sus propuestas de gobierno municipal.

La democracia nos da la posibilidad de elegir, de participar; no desperdiciemos esa oportunidad, no pongamos en riesgo –una vez más- nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestro futuro.

De nuevo el Estado nos muestra su peor cara. Es una vieja historia de sucesivas administraciones que, por falta de convicción, incapacidad, desinterés, interés político o económico de gobernantes y funcionarios, nunca quisieron acometer: emprender resueltamente una profunda reforma del aparato estatal.

Una reforma verdadera, que haga que ese Estado esté al servicio del ciudadano y no como hasta ahora, en que somos todos nosotros los que, con nuestro trabajo y nuestros impuestos, tenemos que mantener a esta entidad no solo ineficiente, indolente y lerda, sino también corrupta.

En estos días hemos visto dos muestras claras de esta desidia e inacción: El proyecto de irrigación Majes-Siguas II y la tercera fase de modernización del Muelle Norte del Callao.

► Peter Anders: Congreso, hora decisiva

► Peter Anders: Palos de ciego (a)

► Peter Anders: Compromisos

En el primer caso, la incapacidad de la Comisión de Agricultura del Gobierno Regional de Arequipa de aprobar la adenda 13 presentada por la concesionaria Angostura Siguas ha obligado a la empresa a iniciar el proceso de resolución del contrato.

Se estima que, al resolverse el contrato de Majes-Siguas II, se perderían 145,000 empleos potenciales, USD 1,155 millones en producción agroexportadora al año, USD 35 millones en servicio de agua y USD 150 millones en energía.

El segundo caso también espera una respuesta, esta vez del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyos funcionarios mantienen un silencio sepulcral ante la solicitud presentada por el concesionario APM Terminals para que se apruebe su Propuesta de Mejoramiento y Optimización de Infraestructura y Servicios Portuarios en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao, lo cual debió ocurrir el 31 de diciembre del 2021, una fecha establecida por el propio MTC.

Ahora, al no cumplirse este trámite, el concesionario ha retirado su propuesta, la cual no solo representaba una inversión de USD 1,100 millones, sino que planteaba un proceso más acorde con las necesidades actuales del país.

APM Terminals debe iniciar las etapas 3,4 y 5 de modernización bajo el esquema establecido hace 10 años, cuando asumió la concesión y se estableció que este proceso suponía derruir los 4 muelles que se tiene para carga suelta y quedarse solo con el que se usa para granos limpios.

Recordemos que el Perú es un país que mayoritariamente maneja la carga de granos, alimentos, cementos, material de construcción, fierros y aceros, así como material para proyectos. Por lo tanto, si APM Terminals cumple con una exigencia de hace 10 años, por lo menos 1/3 de los componentes de la canasta básica familiar se vería afectado por los sobrecostos que se darían en la importación de estos productos.

Es más, los operadores de comercio exterior refieren que esta situación generaría un déficit de 7.2 millones de toneladas anuales en carga suelta, a granel y material de construcción y de proyectos que no podrán ser atendidos en el puerto del Callao.

Las consecuencias serán realmente graves.

¿Tan difícil es tomar decisiones? ¿Tan difícil es entender que asumir el cargo de funcionario público implica enormes responsabilidades frente al país y sobre todo la vida de millones de personas?

Penosamente tenemos desde hace muchos años gobiernos, autoridades y funcionarios paralizados ante los problemas, sin la suficiente aptitud para atender de manera técnica, profesional y con la prontitud que se requiere, las necesidades del país.

Es urgente en el contexto actual que el Estado peruano termine de despabilarse porque la reactivación económica y la generación de empleo que requiere nuestro país de forma urgente bien pueden impulsarse con la ejecución de la cartera 39 proyectos de inversión por más de US$ 25.000 millones, iniciativas que representan alrededor del 2% del PBI acumulado para ese periodo y que pertenecen a inversiones privadas y las cuales de concretarse significan más ingresos al fisco.

La sociedad ha cambiado mucho gracias a la tecnología y la globalización. Hoy la internet nos conecta al mundo real y digitalizado, podemos hablar con personas y hacer compras al otro lado del planeta, acceder a grandes bibliotecas y documentos en cualquier idioma.

El Estado peruano necesita urgentemente despertar de este letargo en el que lleva sumido desde casi la fundación de la república, para convertirse en un organismo eficiente, desburocratizado, que trabaje con agilidad y cuyo único fin sea siempre buscar el progreso y bienestar de las personas.  

Si algo sólido muestra la incipiente democracia peruana en los últimos años (a pesar de los errores y excesos de ambas partes), es la marcada división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente, no necesariamente podemos decir siempre lo mismo del Poder Judicial.

Por esta razón, cuando hoy en día comprobamos que en el Poder Ejecutivo no existe una idea clara de a dónde quiere conducir el país y ni siquiera hay muestras de que cuente con un equipo técnico y profesional idóneo para asumir las más altas responsabilidades del Estado, corresponde al Congreso de la República la gran responsabilidad de constituirse en garante para seguir luchando contra la pandemia, reducir la pobreza y enfrentar la inseguridad ciudadana, generar empleos promoviendo la inversión, preservar la estabilidad jurídica y económica, garantizar el acceso a la educación de nuestros niños y jóvenes y, en definitiva, para defender el  derecho que tenemos todos los peruanos de seguir viviendo en democracia.

De ninguna manera cumplir el rol fundamental que le asigna la Constitución a los congresistas, esto es, legislar y fiscalizar, puede malinterpretarse como obstruccionismo, sobre todo en las actuales circunstancias en que existen en el gobierno graves denuncias sobre presuntos actos de corrupción al más alto nivel y nombramientos en puestos claves de personajes por decir lo menos cuestionables.

► Peter Anders: Palos de ciego (a)

► Peter Anders: Compromisos

► Peter Anders: Tiza y desafíos

Frente a una administración que genera inestabilidad, que ha hecho de la improvisación y la falta de transparencia el sino de su gestión, es deber del Parlamento actuar con cabeza fría y sin apasionamientos, para impedir el descalabro del país y llenar dentro de los cauces constitucionales, el vacío de gobierno que nos agobia.

Desde la Cámara de Comercio de Lima hacemos un llamado a todos los grupos políticos que integran la representación nacional, a consensuar una agenda de temas prioritarios a fin de reactivar la economía, garantizar la vida, la salud, la seguridad, el trabajo y la educación y devolver en parte el bienestar perdido por millones de peruanos.

Es necesario que el Parlamento y sus respectivas comisiones, continúen convocando a especialistas, académicos, instituciones y sectores involucrados para enriquecer y mejorar el análisis de los proyectos de ley, pero sobre todo que tomen en cuenta estos aportes.

Esto, penosamente, no siempre ocurre y muchos congresistas se dejan arrastrar por la búsqueda del aplauso fácil, impulsando proyectos populistas o declarativos que no solo hacen perder valioso tiempo, sino que perjudican la recuperación que todos necesitamos.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL ha identificado nueve proyectos con estas características. Dos vinculados a infraestructura, tres al sistema financiero, dos a reforma constitucional, uno al mercado laboral y uno a la estabilidad macroeconómica, que ni siquiera cuentan con un debido análisis costo-beneficio que los sustente.

A estos se suma el proyecto de ley que busca regular el comercio electrónico, el cual –de aprobarse– terminaría por sobrerregular y generar sobrecostos a una actividad que ha permitido a las pequeñas y micro empresas, muchas de estas familiares o unipersonales, enfrentar la crisis económica.

Sin embargo, también ha habido proyectos positivos como el que establece requisitos más exigentes para designar ministros y viceministros, pues, a la luz de lo visto hasta hoy, una norma como esta es imprescindible. Ahora se encuentra en debate otro proyecto igualmente necesario: el que introduce requisitos mínimos y procedimientos para nombrar funcionarios públicos, con lo que se evitará que el Estado siga siendo el botín con el que pagar, con puestos de trabajo, favores políticos, amistosos o colocar familiares.

Ahora mismo, el Poder Legislativo tiene la gran oportunidad de defender el Estado de Derecho y la estabilidad política, aprobando por insistencia (frente a la observación hecha por el Ejecutivo) el proyecto de ley que reafirma que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Congreso antes de ser sometida a un referéndum, como claramente lo establece el artículo 206 de la Constitución. Tal posición ha sido respaldada por un acuerdo del pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

De esta manera, se echaría un candado definitivo a la pretensión del Gobierno de derogar ilegalmente la actual Constitución mediante una “consulta popular”, para reemplazarla por una hecha a medida de sus intereses ideológicos y geopolíticos.

Señores y señoras congresistas, tengan en cuenta que esperamos mucho de ustedes; que no se encuentran en un concurso por ser el más simpático, bromista, sarcástico o belicoso; no vivan pendientes de las encuestas, pues en ningún país del mundo los parlamentos son populares ni registran altos niveles de aprobación.

Tomen conciencia del título que les han confiado sus electores: ser representantes de la Nación…. sobre todo –en esta hora– de sus necesidades más urgentes.

Se acaba el 2021 dejándonos sensaciones encontradas. Fue un año que debió ser de esperanza pues suponía el fin de la pandemia, o al menos su retroceso y control, para dar paso a una etapa de recuperación en el mundo. En el caso peruano, esperábamos que la elección de nuevas autoridades en las máximas instancias de gobierno, debía servir para enrumbarnos a un futuro mejor durante el próximo quinquenio.

No obstante, este año lo terminamos agobiados por la incertidumbre, preocupación y angustia de no saber qué nos depara el 2022, pues no encontramos en nuestros gobernantes una mínima noción o una idea clara de a dónde quieren conducir al país.

A este panorama se suman la profundización de la crisis económica y los ataques sistemáticos que se hacen desde el gobierno a toda forma de iniciativa privada y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Como si no bastara, cada día se revelan indicios de nuevos casos de corrupción que comprometen a los más altos niveles del poder.

Desde la Cámara de Comercio de Lima no nos hemos cansado de advertir los peligros que se ciernen sobre nuestro Perú, sobre todo en materia económica y en relación al recorte de libertades, que se mantendrán latentes mientras el gobierno se empeñe en pretender imponer una nueva Constitución a la medida de sus intereses geopolíticos e ideológicos y continúe repartiendo las más altas responsabilidades del Estado –y ahora también al parecer las licitaciones- no a los mejores técnicos o profesionales ni privilegiando la meritocracia o experiencia, sino más bien el compadrazgo, el amiguismo y el pago de favores políticos a sus aliados.

Sin embargo, no perdemos la esperanza de que un rayo de lucidez ilumine a nuestros gobernantes y, admitiendo sus errores, entiendan que es ya no solo necesario sino imprescindible corregir y reemprender el camino.

En esta línea, la CCL ha ofrecido ayudar en lo que sea posible a la búsqueda de soluciones, articulando encuentros entre los sectores público y privado, y ha planteado propuestas concretas en favor de políticas que mejoren la eficiencia de la administración de los recursos del Estado para que se pueda ofrecer servicios básicos de calidad a la población que más los necesita.

Si algo debe ser entendido por todos es que los empresarios no somos enemigos de nadie y mucho menos somos enemigos del país; todo lo contrario. Los empresarios -nacionales o extranjeros- grandes, medianos y pequeños, muchos de ellos emprendedores individuales, somos quienes arriesgamos todo lo mucho o poco que tenemos en el Perú, incluso poniendo en juego nuestra seguridad personal y familiar que, como toda la ciudadanía, es víctima de la delincuencia que parece apoderarse de nuestras calles.

Esta tarea seguirá en el 2022 porque nuestra centenaria institución tiene un compromiso con sus asociados que, por cierto, representan a todo el tejido empresarial del país. Pero también tiene un compromiso con la defensa de todo aquello que los empresarios, trabajadores y emprendedores conseguimos en los últimos 30 años, con todo aquello que garantice nuestra libertad económica e impulse que el desarrollo siga llegando a un cada vez mayor número de peruanos.

El Perú, sobre todo su gente, no está para más odios, conflictos ni divisiones; no está para experimentos marxistas o chavistas; el Perú necesita paz, estabilidad y seguridad para construir una sociedad mejor que incluya a todos en el desarrollo y brinde una mejor calidad de vida.

Los profesores –dice una conocida frase- puedan cambiar vidas con la mezcla correcta de tiza y desafíos.

Señores, es hora de que todos los peruanos asumamos el reto que nos ha puesto la vida por delante. Busquemos con todo esfuerzo corregir todo lo que haya que corregir. Y al Profesor Castillo, conviértase usted en un maestro que deje huella. Nunca es tarde para empezar de nuevo.  

A punto de culminar el 2021, la economía peruana podría cerrar con un crecimiento que supere el 11%, un resultado que a primera vista parecería auspicioso, tanto que es presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas como un gran logro de su gestión.

“La economía peruana registrará uno de los mayores crecimientos a nivel mundial entre el 2021 y 2022 y fortalecerá sus cuentas fiscales”, asegura una entusiasta nota de prensa emitida por dicho portafolio.

No obstante, cabe señalar que, si bien en el segundo trimestre de este año el Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país creció 41,9%, luego de un primer trimestre en el que avanzó 4,5%, lo cierto es que estos resultados son principalmente un efecto rebote luego de haberse desplomado 11,1% el año pasado.

 Peter Anders: Los siguientes 100 días

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 Peter Anders: No es cosa de risa

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que el PBI del Perú cerrará el 2021 con un crecimiento económico de 11,2%, pero no porque el Perú se haya convertido de pronto en un imán para las inversiones y los capitales o haya generado más trabajo y riqueza para distribuir entre su población, mejorando su calidad de vida, sino simplemente porque se reabrieron las actividades económicas, los mercados externos volvieron a generar demanda, se flexibilizaron las restricciones de movilización social y se continuó la vacunación contra la COVID-19.

Por ello, hay que advertir que la historia no será la misma el próximo año, sobre todo cuando hemos cumplido los primeros 100 días de un nuevo gobierno que no da señales claras sobre el rumbo que desea seguir ni mucho menos pareciera entender nociones básicas de cómo funciona la economía de un país.

Es cierto que las proyecciones de la economía mundial no nos ayudan, pues según el Fondo Monetario Internacional, América Latina y el Caribe crecerían el próximo año 3%, considerando que este bloque será el que menos crezca, incluso debajo de África (3,8%).  Por ello, el IEDEP de la CCL proyecta que la economía peruana podría crecer apenas 3,1% el 2022.

No pretendemos ser alarmistas ni pesimistas, pero estas proyecciones de limitado crecimiento podrían caer aún más si el gobierno del presidente Pedro Castillo sigue generando desconfianza e incertidumbre sobre las perspectivas de la economía peruana; si insiste en desarmar todo aquello que permitió el desarrollo del Perú y la reducción de la tasa de pobreza monetaria ­–que solo entre el 2004 y 2019 retrocedió 38,5 %–; o si persiste en mantener como una espada de Damocles sobre la institucionalidad, la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Peor aún, no habrá crecimiento económico alguno si mantiene su negativa de reconocer algún valor a la inversión privada; si continúa con su idea preconcebida de que todo lo que se hizo en los últimos 200 años no sirve para nada y que su papel es el de refundar la República.

¿Cómo así los peruanos convertimos el llamado “milagro económico peruano” en un futuro sombrío y lleno de incertidumbre? Pues entregando las riendas de nuestro país a una candidatura presidencial que, al convertirse en gobierno, no muestra un ápice de coherencia, no exhibe planes concretos y, sobre todo, muestra día a día que es capaz de asignar las mayores responsabilidades del Estado a personajes ya no solo cuestionados por su idoneidad, sino hasta vinculados a delitos de toda índole o a un pasado violentista.

Como casi a diario se descubre y se revela, la administración pública ha caído en manos de personajes interesados más en ayudar a sus familias, amigos, camaradas, socios políticos y paisanos, antes que pensar que el Perú requiere de normas que, por ejemplo, promuevan la inversión privada, garanticen la estabilidad jurídica y, sobre todo, aseguren la solidez política y económica a un país que lo necesita con urgencia para que sus trabajadores consigan un empleo y que las familias no sigan hundiéndose en la pobreza y la falta de servicios tan básicos como la salud y la educación.

Los marinos denominan rumbo de colisión a la trayectoria que sigue una nave con dirección a otra o a un obstáculo, como un peñasco o un iceberg que, de mantenerse, desembocará irreversiblemente en un choque que provoque un naufragio. Entonces, dan la alarma para realizar una maniobra de emergencia que evite la tragedia.

Los peruanos no debemos seguir esperando que el “capitán” de nuestro barco se dé cuenta del curso al que está conduciendo a nuestro país, porque parece que no lo entiende. No es consciente del peligro en el que nos encontramos o, lo que es más grave, podríamos sospechar que lo que en realidad buscan él y su “tripulación” es que todos nos hundamos.

Corresponde a nuestras instituciones de la democracia y a todos los peruanos en general, hacer lo imposible para evitar que naufraguemos, haciéndole entender a nuestros gobernantes del riesgo inminente al que nos someten, obligándolos a corregir el rumbo. No debemos esperar que ocurra un desastre del que nos costará mucho salir. No podemos seguir a la deriva.

Los resultados de los primeros 100 días del Gobierno del presidente Pedro Castillo y el partido Perú Libre son nefastos para el desarrollo del país. Desde el 28 de julio pasado, los peruanos hemos visto con estupor cómo la actual administración ha perdido el foco de lo que realmente es necesario hacer para el buen andar del Perú y sobran ejemplos al respecto.

Asimismo, han pedido al Congreso que les delegue facultades para imponer una reforma tributaria que busca aumentar los impuestos a los que ya los pagan, es decir, a las empresas y trabajadores formales; en vez de hacer que los evasores cumplan con su deber. En suma, y para mencionar solo tres casos de muchos, hemos visto un gobierno que avala y promueve la informalidad

A todo ello, hay que agregar las amenazas de nacionalización de empresas; constantes llamados a la instauración de una Asamblea Constituyente, que busca cambiar el capítulo económico; y entregas de bonos a la población y créditos a sectores como el agrícola, los que han aumentado la deuda pública.

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Todo ello, sin un estudio o análisis previo que avale tales decisiones, y solo bajo el argumento de “en nombre del pueblo” o “el pueblo lo pide”, frases que pueden generar muchos aplausos en plazas, pero que a la larga hundirán la economía del Perú.

Lo trágico de todo esto es que las empresas formales ya sienten el fuerte golpe y muchas de ellas a duras penas logran cubrir sus costos operativos a fin de mes.

Ello, debido a una demanda que no alcanza los niveles prepandemia, producto de una incipiente recuperación del empleo (más de 270.000 personas aún no recuperan sus puestos de trabajo y millones su nivel anterior de ingresos), y un aumento de los precios de los productos de la canasta básica.

Según el INEI, en el mes de octubre de 2021, de los 532 productos que componen la canasta familiar 379 subieron de precio; y la inflación acumula 5,23% en lo que va del año.

Claramente, el rumbo tiene que cambiar y ello está en manos del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo hacerlo en los próximos 100 días? Primero, promoviendo la inversión privada y dando claras y firmes señales a los agentes económicos de que invertir en el Perú es seguro y rentable.

Asimismo, brindar las garantías necesarias para que las empresas que ya operan en el Perú, lo sigan haciendo, sin temor a ataques ni protestas violentas. Ello, sin duda, recuperará el empleo formal de forma sostenida.

Segundo, luchar contra la informalidad. Es imposible que el Perú logre el desarrollo y bienestar para su población si es que el Gobierno, de la mano del Legislativo, no la combaten. Casi el 80% de la economía peruana es informal. Eso definitivamente debe cambiar.

Tercero, todos estamos de acuerdo con la necesidad de aumentar la recaudación tributaria, pero para lograrlo se debe promover una verdadera reforma que busque hacer que los que no pagan impuestos, lo hagan.

La evasión en el Perú alcanza el 50% del Impuesto a la Renta y el 35% del IGV, y equivale el 8% del PBI. Sin embargo, la “reforma” del ministro Pedro Francke busca hacer que las empresas formales y sus trabajadores paguen más impuestos.

Señor Presidente, la mejor y más rápida forma de recaudar más, sin aumentar tasa impositiva alguna, se da a través de un mayor crecimiento económico, pues cuando la economía crece, aumentan el empleo, las utilidades de las empresas y los ingresos de las personas.

Y, claro, como mencionamos líneas arriba, también se debe reducir progresivamente la informalidad hasta eliminarla.

Enfóquese en ello en los próximos tres meses y, sin duda, verá que los ingresos del fisco aumentarán. Si sigue por la senda que se trazó en sus primeros cien días, el efecto será menos inversión, menor recaudación, mayor informalidad y menor recaudación.

El Perú no necesita 100 días como los que ya pasó su gobierno, sino 100 nuevos días para reencauzar al país en la senda del crecimiento que nos devuelvan el norte para volver a liderar la región como lo hacíamos en años pasados.

Señor Presidente, no desperdicie el potencial que tienen nuestro país, usted también es peruano como todos nosotros y se lo debemos a nuestras futuras generaciones.

“Para que te digo que no, si sí”, rezaba una de las frases más recordadas que uno de los personajes más entrañables creados por el gran cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, decía a sus coprotagonistas, dejándolos perplejos al no saber a qué atenerse al tratar de desentrañar qué quería decir o a dónde quería llegar con esta indefinición.

A punto de cumplirse los primeros 100 días de gestión del presidente Pedro Castillo, esta expresión podría ser adoptada como lema de su gobierno, porque si algo lo ha caracterizado en este tiempo, son las contradicciones, falta de rumbo, incertidumbre, incoherencia e inestabilidad que tan graves consecuencias traen a nuestra economía, pero principalmente al bienestar y seguridad de millones de peruanos.

Si hacemos un rápido balance, no podemos encontrar una sola línea maestra que se haya trazado, ninguna medida ejecutada ni un objetivo alcanzado, salvo la devaluación no solo del sol frente al dólar, sino sobre todo de la “palabra de maestro”.

 Peter Anders: La fe es lo último que se pierde

 Peter Anders: Nadie se rinde

 Peter Anders: La banda y el sombrero

Gobernar, respetuosamente, señor presidente, no es un juego de palabras ni buscar un sin sentido a las cosas, no es recorrer plazas con discursos propios de un dirigente sindical o un azuzador.

Gobernar es asumir la responsabilidad sobre el presente y el futuro de una nación que espera medidas efectivas para enfrentar, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, el retorno seguro a las clases escolares o impulsar la generación de empleos dignos y formales.

“No somos comunistas… no hemos venido a expropiar a nadie… no hemos venido a ahuyentar las inversiones”, aseguró en setiembre el señor Castillo en Washington.

Pero ni bien regresó al país, su entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció la renegociación forzada del contrato del gas Camisea, advirtiendo que se nacionalizaría el consorcio si no cedía a sus exigencias.

Otra contradicción son las veces que el presidente Castillo ha asegurado “no soy comunista, chavista y menos terrorista”. ¿Pero entonces cómo explica el nombramiento como ministros y funcionarios de personajes vinculados a grupos simpatizantes de organizaciones que tantas muertes y daño causaron a nuestra sociedad?

Pero hay más.

Durante su presentación ante el Congreso de la República para pedir el voto de investidura, su nueva jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, garantizó que no habría expropiaciones, pero casi en simultáneo, el propio Castillo pedía ante un grupo de “espontáneos”, aprobar una ley “para estatizar o nacionalizar” el proyecto Camisea.

Sobre la amenaza de convocar a una Asamblea Constituyente que cambie la actual Constitución Política, especialmente el capítulo económico, unas veces se dice que no es prioridad, que no está en la agenda; pero a renglón seguido otros voceros del Gobierno dicen que sí, e incluso impulsan una millonaria campaña de recolección de firmas por todo el país buscando que se convoque un referéndum con este propósito, aun sabiendo que no es posible jurídicamente.

La Cámara de Comercio de Lima ha hecho un firme llamado al Gobierno para que asuma una posición definitiva sobre el cambio de Constitución y del modelo económico, de modo que de una vez por todas los empresarios, los trabajadores, los inversionistas, los emprendedores y quienes a diario hacen lo imposible para ganarse el pan de cada día, sepan a qué atenerse y qué decisiones tomar.

Pero parece que alguien lo tomó a broma, porque cuando se está fuera del país se asegura que la inversión privada es bienvenida al Perú, más cuando se regresa no se la menciona siquiera como parte de la política general del Gobierno que se presenta ante el Parlamento.

Ahora el Ejecutivo pretende que se le entregue facultades legislativas para que, entre cuatro paredes, emprenda una reforma tributaria, otra del sistema financiero y, supuestamente, para reactivar la economía.

¿Es posible delegar tremenda responsabilidad a una administración que no genera confianza, que muestra improvisación y absoluto desconocimiento de los conceptos más básicos de economía?

Mientras escribo estas líneas, escucho por radio a la señora Vásquez esforzarse por intentar explicar “qué quiso decir” el presidente Castillo cuando habló de una ley “para estatizar o nacionalizar” Camisea, y no puedo dejar de recordar aquella parodia en la que uno de sus antecesores, en otro gobierno, fungía de “traductor” para justificar los exabruptos de la entonces primera dama.

Es algo que puede llamar al chiste o a la broma.

Pero la situación del Perú, con más 200.000 personas muertas por coronavirus, con millones de desempleados, con miles de empresas y emprendimientos quebrados, con millares de niños y jóvenes que han perdido sus estudios, con familias que no acceden a las más mínimas condiciones de bienestar, no son cosa de risa.

Ojalá lo entiendan.

Si alguna lección debería haber aprendido el presidente Pedro Castillo en estos primeros más de dos meses y medio de su gestión, es que en economía todo cuenta, especialmente cuando se trata del tipo de cambio.

Si bien parte de la devaluación experimentada en este periodo por el sol peruano se explica por factores internacionales, principalmente esta responde a otros de carácter interno, que parecen tener más peso que los primeros.

Evidencia de ello es que desde que el señor Guido Bellido fuera separado de la Presidencia del Consejo de Ministros y casi en paralelo se ratificara al señor Julio Velarde como presidente del directorio de Banco Central de Reserva (luego de varias semanas de incertidumbre), el precio del dólar con respecto a la moneda nacional retrocedió en una semana 2,3%, luego de alcanzar picos históricos que lo llevaron por encima de los S/ 4,14.

Velarde es un signo de estabilidad, pues garantiza una política monetaria responsable, caracterizada por un manejo técnico que no cede a presiones políticas, ideológicas o populistas.

 Peter Anders: La banda y el sombrero

 Peter Anders: El presidente es usted

 Peter Anders: Ojalá

Pero una golondrina no hace el verano y es poco probable que, en los siguientes meses o años, su sola presencia sea suficiente si es que no existe una verdadera rectificación por parte del Gobierno, especialmente en lo que significa asegurar un clima de estabilidad jurídica y política que permita recuperar la confianza, predictibilidad y transparencia en el manejo económico del país.

Es precisamente la ausencia de estas condiciones la que llevó a que, desde el inicio del mandato del presidente Castillo, el alza del dólar haya afectado principalmente a los trabajadores y a los sectores menos favorecidos de nuestra población, pues como todos sabemos el tipo de cambio influye significativamente en el precio de los alimentos ­–muchos de ellos como el pollo y el pan con un alto componente de productos importados­–, así como en el costo de servicios básicos como la electricidad y los combustibles.

Pero la subida del dólar golpea también –muy duro– al empresario y al emprendedor que necesitan importar insumos, equipos y maquinarias, pagar un crédito o el alquiler de un local.

Igualmente, a quien compra o proyecta adquirir un vehículo para dedicarlo al transporte y convertirlo en su fuente de ingresos; o a la familia que con mucho esfuerzo paga la hipoteca de su vivienda, los estudios de sus hijos o un tratamiento médico.

Como lo advierten diferentes analistas y economistas, esta presión no va a cambiar en los siguientes meses y corremos el riesgo de seguir viendo devaluarse nuestra moneda mientras el Perú siga sin rumbo. Las proyecciones estiman un dólar a S/ 4,10 para fin de año y de S/ 4,20 al cierre del 2022.

La devaluación inexorablemente acarrea un alza generalizada de precios que se traduce en la temida inflación, de la que muchos de los que vivimos en las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado, tenemos pésimas experiencias. Los jóvenes que no la han sufrido pueden preguntarnos con toda confianza.

El creciente deterioro político con una falta de liderazgo presidencial, la colisión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la prédica que azuza la división y enfrentamiento entre peruanos y la permanente amenaza de ir a una Asamblea Constituyente para dar paso a una nueva Constitución que cambie drásticamente el modelo económico que –con aciertos y errores– ha permitido a muchos superar la pobreza, es la tormenta perfecta para un tipo de cambio inestable.

Pero lo es también que se insista en la designación como ministros y funcionarios en puestos claves del Estado, de personajes que no reúnen las más mínimas condiciones de integridad y capacidad profesional para el cargo.

Es urgente despejar todo nubarrón que empañe el horizonte del país viable al que la gran mayoría de peruanos aspiramos, por lo que corresponde al presidente Castillo y a la jefa del gabinete ministerial, la señora Mirtha Vásquez, dar señales claras de que hay propósito de enmienda y que se retome con firmeza y prudencia la brújula y el timón del Gobierno, porque de no hacerlo se pone en riesgo la vida y el bienestar de todos los que estamos a bordo.

Sin embargo, que no se piense que desde el puesto que nos corresponda, no haremos lo posible e imposible para impedir que el esfuerzo hecho durante décadas para construir un país mejor, se eche por la borda.

Nos corresponde a todos los peruanos que creemos en la democracia estar en la primera línea de defensa del estado de derecho así como de valores irrenunciables como la libertad de expresión y la posibilidad de decidir dónde invertir y trabajar en busca de un destino mejor.

Hace poco celebramos el bicentenario de creación de la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Permítanme, en estas circunstancias, recordar al teniente Enrique Palacios, quien, en medio de la batalla, como uno de los últimos comandantes del monitor Huáscar, manifestó: en este buque nadie se rinde.

No somos pocos quienes esperamos que el reciente viaje del presidente Pedro Castillo a México y Estados Unidos para presentarse ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) le permita reflexionar sobre el importante papel que le corresponde, a fin de que asuma de una vez por todas, con responsabilidad y determinación, el liderazgo que reclama el país para comenzar a resolver los graves problemas que enfrenta la población.

Esto supone terminar con el clima de inestabilidad, desconfianza e incertidumbre que reinan desde que asumió su mandato, para lo cual requiere cuanto antes corregir la serie de errores que ha cometido –en principio– con la designación personajes de dudosa idoneidad profesional, técnica e intelectual –para no hablar de quienes arrastran investigaciones y denuncias policiales y judiciales– como ministros de Estado y funcionarios públicos.

No es poca cosa lo que enfrenta el profesor Castillo como presidente del Perú, un país que, desde la llegada de la pandemia del coronavirus, y debido a la manera por decir lo menos indolente e ineficiente con que la enfrentaron sus antecesores, se ha sumido en una terrible crisis que ha costado la vida y el bienestar a millones de personas.

Esto no quiere decir que antes de la enfermedad no hubiesen existido problemas, pero sin duda estos – limitado acceso a servicios básicos como agua, alimentación, salud, educación, vivienda y electricidad; infraestructura; conectividad; acceso a la justicia, entre otros– se han agudizado especialmente entre los más pobres.

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Diferentes especialistas señalan que para tomar decisiones se necesita tener un objetivo claro que alcanzar, el cual debe ser fijado por un líder que facilite la toma de tales decisiones y oriente los procesos y actividades hacia el logro de dicha meta.

El líder debe tener una visión, un impulso y un compromiso para alcanzar esa visión u objetivo.

¿Tiene el presidente Castillo una visión y un objetivo que deberían ser alcanzados por el Perú durante su Gobierno? ¿Tiene el liderazgo para orientar al país hacia un camino que asegure su desarrollo?

Estas preguntas no tienen respuestas, sobre todo si nos guiamos por lo ocurrido solo en la última semana, pues mientras que ante cada auditorio que se presentaba durante su viaje internacional el presidente Castillo; el ministro de Economía, Pedro Francke; y el canciller Oscar Maúrtua, se esforzaban por asegurar que el Gobierno no impulsa una Asamblea Constituyente, que garantiza la inversión privada nacional y extranjera, que rechaza al terrorismo, que respeta las libertades de prensa y expresión y que no reconoce a dictaduras como la que regenta Venezuela; en el Perú, su jefe del gabinete Guido Bellido y sus congresistas decían y hacían todo lo contrario.

Ojalá el presidente Castillo haya tenido la oportunidad de escuchar los discursos que sus colegas de Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay también pronunciaron ante la Celac y la ONU, en los que coincidieron en invocar que se deje de lado los populismos y, en cambio, se impulse al sector privado como motor de la economía y se defienda la democracia para seguir buscando una mayor equidad y justicia.

Ojalá haya escuchado también lo que ellos y otros tantos presidentes del mundo expresaron sobre la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, para que entienda que los modelos aplicados en estos países destruyeron sus democracias y economías, sumiendo a sus poblaciones en la miseria y la desesperación, obligándolos a huir con lo poco que tienen.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos; no hay tiempo que perder, porque cada minuto que pasa sin que se tomen decisiones, tiene un costo muy alto, muchas veces irreparable para millones de familias. Ojalá lo entienda el presidente Castillo.

Una facultad es la capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar una cosa. También es la autoridad o derecho que tiene una persona en función de su cargo o de su empleo para emprender una tarea.

Diariamente todos delegamos funciones. Por ejemplo, para cuidar nuestra salud, ejercer nuestra representación legal, educar a nuestros hijos y hacer todo tipo de reparaciones o mantenimiento en nuestros hogares, vehículos, etc.

En principio, se presume que delegamos estas funciones a profesionales o técnicos que tienen la preparación, habilidad y experiencia necesarias para hacerlo mejor que nosotros.

Pues bien, el Gobierno del presidente Pedro Castillo ha anunciado que solicitará al Congreso de la República que le delegue facultades para legislar en materia tributaria, es decir, para decidir sobre los impuestos que pagamos (casi) todos. En paralelo, el Ministerio de Trabajo anunció que impulsará una agenda concordada con lo que solicitan algunos gremios sindicales (cuya verdadera representatividad habría que evaluar).

Las normas tributarias y laborales tienen un gran impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos, por lo que deben ser abordadas de manera técnica y profesional por especialistas, sin considerar intereses políticos coyunturales que podrían generar una legislación que, en lugar de contribuir al desarrollo y bienestar de los peruanos, termine por crear más problemas que soluciones.

Los impuestos tienen una finalidad concreta: se generan para dotar al Estado de los recursos que le permitan afrontar los gastos del sector público, pero principalmente brindar servicios básicos a la población.

Por su parte, las leyes laborales deben garantizar el respeto a los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, además de servir para promover e impulsar la creación de empleo formal de calidad.

Por ello, nos preguntamos si el Poder Ejecutivo cumple con las condiciones mínimas para que el Congreso de la República le delegue la facultad de legislar en asuntos tan delicados.

¿Cuenta el presidente Castillo con un equipo capacitado de funcionarios a quienes se pueda encargar tan delicada responsabilidad? Lamentablemente, la respuesta no es positiva, si se tiene en cuenta los antecedentes y –en varios casos– investigaciones, procesos y sentencias policiales y judiciales que acompañan las trayectorias de muchas de las personas de su confianza.  

Para legislar en ambas materias se requiere de un amplio, profundo, pero –sobre todo– serio debate entre todos los involucrados, con la participación también de reconocidos profesionales que aporten todo su conocimiento y experiencia.

De ninguna manera se pueden aceptar imposiciones de arriba hacia abajo y, mucho menos, que sean elaboradas por personas que no reúnen las condiciones mínimas ni la preparación ni el entendimiento para hacerlo.

La Cámara de Comercio de Lima ha expresado –en reiteradas oportunidades– que esto debe cambiar. No es posible que el Parlamento que representa a todos los sectores del quehacer nacional, abdique de una de sus funciones principales, la cual es legislar.  

En materia tributaria lo primero que debería buscarse es un sistema eficiente, justo, predecible y equitativo; que reduzca drásticamente los costos para quienes cumplen con las leyes; que facilite el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales; y que simplifique el actual sistema, que no hace sino ahuyentar la formalización.

Lo mismo ocurre en relación a las leyes laborales. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, ha presentado un plan de trabajo denominado Agenda 19 donde solo aparecen las demandas de los gremios sindicales.

Nadie puede oponerse a cambios en las normas vigentes y entre ellas la laboral, pero estos deben responder a la necesidad urgente que tiene nuestro país de crear nuevos puestos de trabajo y recuperar los millones que se perdieron por la manera en que se enfrentó la llegada de la pandemia de la COVID-19 al Perú.

Lo hemos dicho hasta el cansancio y seguiremos en ello: la única que genera un empleo formal y estable es la inversión privada. De ello no se ha dicho nada en este Gobierno.

No es momento de defender posiciones ideológicas, sino de buscar consensos para generar leyes que ayuden a todos los peruanos a salir de la crisis.

El pueblo al que tanto se alude somos todos y no unos pocos amigos, familiares o partidarios a los que hay que pagar favores de campaña o satisfacerlos ideológicamente. De una vez por todas, el Perú necesita que se comience a gobernar para todos.

Con un incremento de 7,6% respecto a este año, el Ejecutivo presentó ante el Poder Legislativo el Presupuesto General de la República para el 2022, el cual asciende a S/ 197.002 millones.

Siempre es positivo un aumento del presupuesto, pues supone mayores recursos, no solo para un mejor funcionamiento de la administración pública, sino también porque –se supone– se destinarán a mejorar los servicios que se brinda a los ciudadanos.

Por ello, lo más importante es el nivel de ejecución que se tenga, pues de nada sirve tener más recursos si no se tiene capacidad de gasto oportuna, eficiente y de calidad. Cuando esto ocurre, a fin de año todo el dinero que “sobra” –porque no se gastó en lo que se debía– termina devolviéndose al fisco.

Peter Anders: Voto de confianza

 Peter Anders: Urgencias y prioridades

 Peter Anders: Primer poder

Es saludable que se haya fijado cinco prioridades en el presupuesto 2022: salud y atención a la emergencia; educación; fortalecimiento de la competitividad agraria; alivio a la pobreza y protección social; y promoción del empleo y productividad.

Hay que destacar que los mayores incrementos de recursos se destinan a los sectores educación y salud, considerando las graves consecuencias de la COVID 19.

La emergencia sanitaria y la crisis económica que siguieron a la pandemia exigen medidas urgentes para enfrentarlas, y esperemos que con este presupuesto –que representa el 27,4% del Producto Bruto Interno (PBI)– se pueda comenzar a resolver las graves carencias que el Perú tiene en salud y educación.

Luego del crecimiento económico registrado durante 30 años, resulta cuestionable el enorme déficit de camas de cuidados intensivos y hospitalarias, de oxígeno o respiradores como el registrado a la llegada de la enfermedad a nuestro país.

O haber hecho una entrega tardía de tablets a los escolares, en muchos casos defectuosas, sin servicios de internet y hasta de electricidad, lo que ha provocado que muchos niños y jóvenes pierdan la posibilidad de estudiar.

En el presupuesto 2022, el sector educación ocupa el primer lugar con el 18,2% de los recursos asignados, por lo que no solo se trata ahora de cumplir con pagar a los profesores, sino de ampliar la infraestructura educativa, mejorar su calidad y buscar que llegue a todos.

Cabe, sin embargo, expresar dudas respecto a las bases reales sobre las cuales se ha elaborado este presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento del PBI para el 2022 de 4,8%, mientras que en el Marco Macroeconómico Multianual se estima un incremento del consumo privado de 4,4% y de la inversión privada de 5,5%.

Para este año, se espera un PBI de 10,5%, pero ello solo es un rebote estadístico luego de haber caído en el 2019 en más de 11,12%.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) considera que una tasa de crecimiento más realista para el 2022 es una de 3,1%, tomando en cuenta el retroceso de los términos de intercambio, un gasto de capital que representa el 23,8% del presupuesto 2022 –cuando históricamente llega al 26%– y una inversión privada creciendo este año 20%, pero con la coyuntura actual de incertidumbre crecería 2,3% el próximo año.

La salida de capitales de US$ 7.885 millones del sector no financiero durante el segundo trimestre del presente año es una clara señal de que las expectativas son desfavorables y afectarán una mayor performance de la inversión durante el 2022.

Una incertidumbre política como la que vivimos afecta la confianza empresarial, lo que repercute en la inversión, cuya posible retracción afecta la generación empleo y, por ende, el consumo. Y si este último se contrae, nuestra economía no crecería como espera el MEF.

Consideramos que el Gobierno está a tiempo de corregir su rumbo. Es el momento preciso, cuando suena la alarma por la rebaja de la calificación crediticia de nuestro país por parte de la calificadora Moody’s.

El presidente Pedro Castillo deberá tomar decisiones que muestren el rumbo que tomará su administración, sobre todo en materia económica, donde la incertidumbre, las dudas, los vacíos y los silencios conducen inevitablemente al deterioro del crecimiento.

El Perú necesita hoy más que nunca de la reactivación económica y, por eso, es saludable que el Poder Ejecutivo haya anunciado que priorizará el Plan Nacional de infraestructura, porque así se contribuirá no solo con una mayor dinamización de nuestra economía, sino también con la necesidad de alcanzar mayores tasas de crecimiento. Pero hacen falta medidas concretas en favor de la inversión privada.

El Consejo de Ministros que encabeza el señor Guido Bellido, recibió finalmente el voto de confianza por parte del Congreso de la República, luego de exponer la política general del gobierno que planea poner en práctica el presidente Pedro Castillo.

Se trata de una propuesta con muchas promesas que, siendo realistas, serán muy difíciles de cumplir en un país como el nuestro, en donde la crisis económica originada por la pandemia de la COVID-19 todavía persiste y amenaza con seguir golpeándonos.

Por si fuera poco, vivimos desde hace por lo menos cinco años un clima de inestabilidad política, incertidumbre, conflictividad y desconfianza, al que se suma una creciente inseguridad ciudadana, debido a una cada vez más violenta ola de delincuencia de todo calibre.

No hubo en la presentación de Bellido nada que permita abrigar la esperanza de que todo esto cambiará, pues no se presentaron políticas concretas para mejorar los servicios de salud, reactivar la economía, generar empleo formal y estable, impedir la quiebra de más empresas, reducir la pobreza o enfrentar a las bandas de delincuentes.

En suma, careció de medidas específicas para reavivar a un país que no termina de recuperarse luego de la manera, por decir lo menos errada, que en todo sentido se enfrentó a la llegada de la pandemia al Perú, comenzando por un absurdo y completo confinamiento que generó la paralización de actividades y dejó sin empleo y sustento a millones de peruanos.

Solo en junio pasado se estima que casi un millón de peruanos (a los que se suman los inmigrantes) se encontraban buscando empleo. A ello se agrega que muy pronto nuestro país registrará la terrible cifra de 200.000 personas fallecidas por COVID-19.

Frente a este panorama, lo menos que se esperaba eran acciones de ejecución inmediata, con indicadores, plazos y metas contables y tangibles. Pero nada de ello hubo en la presentación del gabinete ministerial.

¿No era posible trazar una estrategia para reencauzar nuestra economía hacia el rumbo de crecimiento a partir de la promoción de la inversión privada, de la ejecución de proyectos de inversión pública que representen mejoras en la competitividad de la producción nacional? ¿No era el momento de proponer medidas para generar trabajo formal, más allá de un millón de empleos temporales?

¿No era acaso el momento para saber de qué manera se impedirá que una tercera o cuarta ola de la COVID-19 siga cobrando tantas vidas? ¿O de qué manera se impedirá que haya quienes se aprovechen de la desgracia ajena para enriquecerse y para contribuir, desde el gobierno, con las denuncias e investigaciones a quienes desde los más altos cargos se coludieron para hacerlo?

¿No era la ocasión para decirle al país si será posible en el corto plazo que los niños y jóvenes puedan retornar a sus clases presenciales; si existe un plan para vacunarlos a ellos y sus maestros; si se mejorará la educación a distancia a través de la accesibilidad a internet; si se hará algo para que el Estado no siga entregando a los alumnos equipos defectuosos?

¿Alguien escuchó algo sobre la manera en que se potenciará a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas para el combate a la criminalidad?

Tampoco hubo ni una línea respecto a la inversión privada, pero sí al retorno a un Estado empresarial, precisamente en entidades como Agrobanco, cuyo pasado y presente bastaría para conocer las consecuencias negativas que ello tiene.

Un dicho popular dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Es allí donde podemos terminar si, antes de regalar y dilapidar los escasos recursos del Estado, no se hace algo para enrumbar nuestra economía hacia un crecimiento de por lo menos 7%, con lo cual se podría brindar servicios básicos de calidad a los peruanos.

Sin embargo, pese a todos estos vacíos y omisiones, el principal escollo político que tenía el Poder Ejecutivo, que era recibir el voto de confianza del Parlamento, ha sido superado. Puede decirse que –de aquí en adelante– tiene el camino expedito para hacer para lo que ha sido elegido: gobernar.

Pero haber superado el trámite parlamentario no significa que se le haya entregado carta blanca al gobierno para hacer lo que quiera, y menos para amenazar a los congresistas que en el ejercicio constitucional del derecho de fiscalizar que los ampara, puedan interpelar y eventualmente censurar a uno o más ministros cuestionados.

El Perú no está para más enfrentamientos, para la agudización de contradicciones y para generar más divisiones que solo benefician a quienes nada bueno pretenden.

Respetuosamente, presidente Pedro Castillo; presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido: ya es hora de comenzar a gobernar, de reevaluar a sus colaboradores, de alejar a quienes pretenden manipularlos. Pero, además, es hora de ejercer los tan altos cargos que se les ha confiado, con transparencia, liderazgo e ideas claras. Solo así merecerán el voto de confianza de todo el país.

Cuando se inicia un gobierno es lógico que haya cambios en la administración pública, pues las nuevas autoridades buscan trabajar con funcionarios de su confianza que comulguen con sus propuestas. Ello no implica que el Estado se convierta en un botín para los partidarios ni mucho menos que sea utilizado para pagar favores de campaña electoral.

Se trata de comenzar a trabajar –se supone– con cuadros afines a sus ideas, pero sobre todo preparados y capaces, con solvencia moral y profesional. De alguna manera no del todo perfecta, este es un principio que se ha seguido en los últimos 30 años, donde una autoridad o funcionario del régimen saliente era reemplazado por otro de similares características, nombrado por el nuevo gobierno.

Muchos recordamos que, hasta fines de los años 80 del siglo pasado, el principal requisito para acceder a un puesto en el Estado era contar con un “compadre”, un “padrino”, un “tío” o una “tía” que “tarjetazo” de por medio, diese la recomendación respectiva.

 Peter Anders: Urgencias y prioridades

 Peter Anders: Primer poder

 Peter Anders: Pedro versus Pedro

Esto provocó una carga burocrática ineficiente, compuesta en su mayoría por empleados desmotivados, interesados más en atornillarse en el cargo y llegar a la quincena para recibir un sueldo, y no en alcanzar metas ni mucho menos comportarse como se debe exigir a un servidor público.

En los años 90 hubo un cambio a través del cual se buscó atraer a otro tipo de profesionales. Así, llegaron a la administración pública economistas, abogados, administradores, contadores, arquitectos, ingenieros, médicos, entre otros, provenientes del sector privado y de universidades, donde siendo estudiantes ocuparon los primeros lugares.

Claro que hubo limitaciones propias de un proceso lento de transformación y de resistencia al cambio, pero sin duda se dio otro cariz a algunas de las principales entidades públicas de nuestro país.

En el nuevo siglo se buscó consolidar este cambio a través de la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), con el objetivo de modernizar la función pública mediante la implementación de la Reforma del Servicio Civil, “cuyos principios buscan que las personas ingresen al Estado por mérito propio, mediante procesos transparentes, que sean evaluadas por el logro de objetivos concretos y que reciban incentivos en base a su rendimiento”, según indica el portal de la entidad.

Sin embargo, muchos intereses se oponen a una verdadera profesionalización del sector público peruano, uno de ellos es el de las denominadas “consultorías”, a las que se destina millonarios recursos para hacer lo que se supone deberían estar capacitados a hacer los funcionarios del Estado.

Para colmo, la mayor parte de las veces el resultado de esas “consultorías” termina archivado en el rincón de algún ministerio, cubierto por el polvo y la indiferencia. Toda esta introducción viene a raíz de lo que ocurre desde que el profesor Pedro Castillo asumió el Gobierno el pasado 28 de julio.

Si bien, como se ha dicho, no ha sido del todo perfecta, la profesionalización del sector público corre hoy en día un grave riesgo, pues como se ha evidenciado, no se tiene la más mínima rigurosidad al momento de elegir a quienes ocuparán una responsabilidad.

Ya no solo hablamos de funcionarios de segundo o tercer nivel, sino hasta de los más altos cargos, comenzando por los propios ministros, muchos de los cuales tienen serios cuestionamientos y dudas sobre su capacidad e idoneidad.

Son esos ministros encabezados por el señor Guido Bellido, quienes esta semana solicitarán al Congreso de la República el voto de confianza a su labor.

Lo más peligroso de estas malas decisiones al momento de elegir al equipo de gobierno, en medio de una crisis tan profunda como la provocada por la pandemia del coronavirus, es el alto costo que tiene en la vida, la salud, la economía, la educación y –en general– el bienestar de la población, así como en el futuro y estabilidad del país.

El presidente Castillo debe tener en cuenta, al momento de elegir a cada nuevo funcionario que, de acuerdo al artículo 44° de la Constitución, los deberes primordiales del Estado son la defensa de la soberanía nacional, la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos, la protección de la población de las amenazas contra su seguridad y la promoción del bienestar general.

Allí no dice que el Estado está al servicio del partido que ganó las elecciones, ni de los amigos o allegados del secretario general, o de los recomendados o familiares de quienes ostentan el poder.

La Contraloría General de la República ha recordado que la designación en cargos de confianza a personas que no reúnen el perfil requerido, genera riesgos en el correcto accionar de la administración pública y no garantiza el cumplimiento de funciones. Incluso, ha señalado que son factibles de control político por parte del Congreso.

Por ello, nuestro llamado es a corregir la manera en que el nuevo Gobierno está eligiendo y designando a sus funcionarios. Si hacemos un símil con la selección peruana de fútbol, es deber del técnico elegir a los mejores jugadores, a los más preparados para cada puesto, sin importar si pertenece a tal o cual equipo.

Es inimaginable que convoque al que hizo barra, al más entusiasta del estadio o al hincha que pide autógrafos. Siempre se debe buscar a los mejores si se quiere alcanzar una meta.

Presidente Castillo: convoque a los mejores, no admita designar a alguien por presiones, para pagar favores políticos o cumplir con cuotas para los eventuales aliados.

Necesitamos en el Estado a un equipo que tenga muy clara la meta, que no es otra que servir a los ciudadanos con eficiencia, transparencia y vocación.

Esta semana deben comenzar a instalarse en el Congreso de la República las comisiones de trabajo, las cuales están integradas por grupos de congresistas de acuerdo a su especialidad. Su primer paso debe ser definir a sus integrantes, designados proporcionalmente por cada bancada, los cuales, a su vez, deben elegir a su presidente e integrantes de su directiva.

La importancia de las comisiones es que en ellas se debaten a profundidad los diferentes proyectos de ley que se presentan, para lo cual se invita –entre otros– a ministros, autoridades, funcionarios, especialistas, académicos, analistas y representantes de los sectores involucrados en la materia.

Luego de ello, el proyecto es dictaminado. Si lo es favorablemente, pasa para ser debatido por el pleno de la representación nacional, donde muchas veces, además del carácter técnico, entran a tallar consideraciones políticas.

En este punto de partida, se debe considerar la importancia de que se debatan los proyectos de ley en materia económica, de salud, educación e institucionalidad, sin que ello signifique que las comisiones ajenas a estas materias no tengan también una enorme responsabilidad.

A raíz de la grave crisis sanitaria, económica y política en que se encuentra el Perú debido a la manera en que se enfrentó la llegada de la pandemia del coronavirus a nuestro país, hace ya más de un año y medio, resulta fundamental priorizar todo aquello que permita reactivar nuestra economía, impulsando la inversión y la generación de empleo, a la vez enfrentar con mejores armas la inminente llegada de la tercera ola de la COVID-19, pues su impacto podría ser devastador.

Los peruanos no podemos soportar un nuevo confinamiento que termine de liquidar las empresas, emprendimientos y puestos de trabajo que con tanto esfuerzo se mantienen, ni mucho menos registrar nuevamente dramáticas escenas de personas que sufren por falta de atención médica elemental.

Una siguiente vertiente del trabajo parlamentario debe enfocarse en recuperar la institucionalidad, que también está en cuidados intensivos. No cabe duda que por donde se debe comenzar es por elegir, a la brevedad, a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que reemplacen a los que tienen de lejos su mandato vencido.

Por su lado, los padres de familia esperan que sus hijos retornen paulatinamente a clases presenciales, pues la educación a distancia no ha funcionado para todos. Son miles de alumnos de la educación pública que no tienen acceso a ella por falta de equipos, equipos defectuosos entregados por el Estado o falta de servicios de internet. Se han perdido dos años que son irrecuperables.

Mientras el Poder Ejecutivo parece empeñado en impulsar a toda costa una Asamblea Constituyente, para que redacte una nueva Constitución que responda a sus intereses políticos e ideológicos, el Poder Legislativo debe entender la gran responsabilidad que tiene de trabajar en todo aquello que la población necesita.

Una reciente encuesta de la empresa Datum señala que para el 44% de los peruanos la prioridad del gobierno debe ser la reactivación de la economía y la creación de empleo. Otro 41% considera que debe ser la mejora del sistema de salud.

Pero más allá de estas mediciones, nuestras autoridades deberían ser conscientes de lo que es verdaderamente primordial. Definitivamente generar conflictos, divisiones y enfrentamientos no debe estar entre las prioridades.

Junto a representantes de otros gremios empresariales, asistí la semana pasada a una reunión convocada por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, quien subrayó que los cambios que nuestra economía necesita para reactivarse no pasan necesariamente por cambios en la Constitución. Es bueno saber que el responsable del manejo económico tiene claro el panorama.

Ahora toca ver si el Poder Legislativo contribuye en esta tarea y no malgasta tiempo y recursos en proyectos como los que plantean como “gran solución” que el Estado controle los precios de los productos o cree empresas públicas. Tampoco que se distraiga en formar comisiones investigadoras que muchas veces duplican e interfieren en el trabajo de otras instituciones.

No tenemos tiempo que perder; en manos de nuestros 130 legisladores está la responsabilidad de trabajar para que el Perú no solo pueda recuperarse, sino –sobre todo– no siga retrocediendo.

La amenaza de disolver el Congreso de la República hecha por un congresista del oficialismo, para hacer realidad la pretensión del partido Perú Libre de convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución a la medida de sus intereses políticos e ideológicos, agudiza el clima de incertidumbre y desconfianza que reina en el país.

Pero a la vez revela y confirma la “estrategia” del Poder Ejecutivo de designar un Consejo de Ministros integrado por personajes no solo con antecedentes cuestionables en materia personal y profesional, sino hasta contrarios a la defensa de la democracia.

De esta manera, se buscaría provocar que el Parlamento no le otorgue el voto de investidura, lo que llevaría a que se designe un nuevo gabinete con similares características, a fin de forzar una segunda denegatoria de la confianza y, con ello, abrir la posibilidad de que este poder del Estado sea disuelto.

 Peter Anders: Pedro versus Pedro

 Peter Anders: Urgencias y prioridades

 Peter Anders: Bicentenario

Este accionar en nada contribuye para que nuestro país recupere la estabilidad política y económica que se necesita con urgencia para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la sombras que enturbiaron el reciente proceso electoral. Ello no se condice con lo afirmado por el presidente Pedro Castillo, quien en su mensaje de toma del mando garantizó que toda reforma se haría respetando los cauces legales que la propia Constitución establece.

Lamentablemente, en estos primeros días de su gobierno, el presidente Castillo ha mostrado actitudes que en algunos casos se apartan de las normas, reglas y leyes que rigen nuestro país, principalmente en materia de transparencia a la hora de gobernar.

Si algo debe entender un gobernante es que el haber accedido al poder no significa recibir un cheque en blanco para hacer lo que se quiera, ni tampoco para satisfacer las ambiciones de un partido político, ni mucho menos para convertir al Estado en la agencia de empleos para amigos o simpatizantes.

El presidente de la República es, por el contrario, el máximo representante del Estado y su obligación es con todos los peruanos; por ello, su proceder debe estar enfocado siempre con una visión de país, sin buscar divisionismos, ni mucho menos considerar, ligeramente, a los ciudadanos como simpatizantes u opositores.

Si alguna primera obligación tiene el profesor Castillo como presidente del Perú es cumplir las leyes bajo las cuales fue elegido y juró, respetando el sistema democrático. Si desea hacer algunos cambios, debe hacerlo siempre dentro del marco de la ley; sin valerse de subterfugios o interpretaciones extremas que lo único que generan es mayor inestabilidad y pérdida de credibilidad en el Gobierno.

En ese sentido, el papel del Congreso de la República es fundamental y es el llamado a constituirse en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo, manteniéndose vigilante de nuestra democracia y del cumplimiento fiel de la Constitución.

Pese a la campaña de desprestigio, generalizaciones y permanentes acusaciones al que ha sido sistemáticamente sometido durante el último quinquenio, los peruanos debemos entender y aceptar que el Congreso de la República nos representa, porque sus integrantes no están allí por gracia divina, imposición o “porcentajes”, sino que fueron elegidos democráticamente por nosotros y, por tanto, representan la diversidad de opiniones que existe en el Perú.

Ninguna asociación civil, organización popular, federación, sindicato o junta vecinal tiene en el sistema democrático mayor representatividad o autoridad que el Parlamento Nacional. Son los congresistas, a través de la función de representación, los voceros de los ciudadanos y los que canalizan sus demandas y denuncias.

De allí la importancia de que las fuerzas democráticas que integran el Poder Legislativo constituyan un bloque que defienda todo lo que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos avanzado en los últimos años, especialmente la alternancia en el poder y el pleno respeto a las libertades de expresión y opinión. Pero también las libertades de emprender, de poder trabajar, invertir, ahorrar y generar bienestar a nuestras familias.

Lo hemos dicho antes; nadie niega la necesidad de hacer reformas para corregir los errores y abusos que puedan haberse cometido, pero de allí a demoler de un plumazo todo lo avanzado para “cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social” o para “construir de abajo hacia arriba” —quién sabe sobre qué bases—, hay mucha diferencia.

Confiemos en que, tras estos accidentados primeros días, el presidente Castillo reflexionará y corregirá lo que corresponde dentro del sistema democrático, porque nunca es tarde para hacerlo… ni muy temprano para reconocerlo.

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, en una de sus primeras intervenciones públicas, afirmó que el gobierno de Pedro Castillo procurará el crecimiento económico sin destruir lo avanzado en los últimos 30 años.

“Hay que tener mucho cuidado en (no) tirar atrás lo que se ha avanzado (en la economía), pensando que de esa manera se realizan mejoras. Particularmente, yo creo que las mejoras tienen que hacerse construyendo sobre lo que se ha avanzado”, dijo Francke durante el acto de transferencia de cargo realizado el lunes.

En la CCL estamos de acuerdo con lo dicho por el ministro de Economía. No obstante, la pregunta es si el Presidente Pedro Castillo y el líder del partido del Gobierno, Perú Libre, Vladimir Cerrón, están de acuerdo con él. Por lo dicho por el presidente Castillo durante su Mensaje a la Nación del 28 de julio pasado, y sus decisiones recientes –por ejemplo, nombrar ministros sin experiencia y muy cuestionados en diversas carteras–, creemos que no.

 Peter Anders: Urgencias y prioridades

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Las medidas anunciadas por el Presidente Castillo son, en su mayoría, radicales. Insiste en la instalación de una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna, lo cual lo llevará, sin duda, a una confrontación con el Congreso, dado que la oposición ha manifestado que se mantendrá firme en rechazar dicha posibilidad; y si bien dijo que su Gobierno no realizaría estatizaciones ni expropiaciones, anunció la revisión de contratos de concesiones mineras y petroleras, lo cual, sin duda, también llevará a que las compañías que sientan vulnerados sus derechos lleven al país a la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la cual seguramente les dará la razón; todo ello bajo la atenta mirada de una comunidad internacional que dejará de apostar por un país en el que no se respetan las reglas de juego.

Por si fuera poco, Castillo anunció, entre otras cosas, una mayor participación del Estado en los sectores minero, petrolero y crediticio. Además, anunció la entrega de S/ 3.000 millones a Municipalidad y Gobiernos regionales para la aceleración de inversiones.

Ello como si la falta de dinero en las regiones fuera el problema. Hay dinero en el interior del país justamente debido a los impuestos y al canon que reciben de las actividades privadas. Lo que no existe es capacidad de gestión y gasto adecuado y lo que si abunda es la corrupción. Recordemos que, según la Contraloría General de la República, la corrupción generó pérdidas de S/ 22.000 millones al Estado en el 2020.

A esos S/ 3.000 millones, hay que sumarles anuncios de más créditos sectoriales y bonos para la población vulnerable, entre otras medidas. Suena bien y el papel aguanta todo. No obstante, la realidad nos dice que las arcas fiscales están muy deterioradas, que el endeudamiento del Perú es alto (se situaría en casi 40% del PBI al cierre del 2021) y que el déficit fiscal para este año superaría el 4%.

Todo esto nos hace suponer que las medidas económicas enunciadas por el Presidente Pedro Castillo no han sido muy bien pensadas en cuando a las consecuencias que pueden acarrear y que menos han sido consultadas y/o aprobadas por el ministro Pedro Francke.

¿Podrá el economista reconducir lo anunciado días atrás por el Gobierno? Esperemos que sí, por el bien de todos los peruanos, quienes –desde el 28 de julio pasado–, estamos pagando la factura de la improvisación y las malas decisiones reflejadas en el alza del dólar, que ha devenido en el constante aumento de los precios de la canasta familiar y artículos de primera necesidad; y la pérdida de confianza del empresariado que, lamentablemente, ha traído como consecuencia que las expectativas de crecimiento de la inversión privada caigan de 19,1% a 2,7%, según Macroconsult.

Proclamados los resultados oficiales de las elecciones generales, el profesor Pedro Castillo asumirá este 28 de julio la Presidencia de la República, en un momento muy difícil para nuestro país pues se encuentra agobiado por una profunda crisis sanitaria, política, social y de inseguridad que a diario cuesta la vida y el bienestar de millones de peruanos.

Confiemos que sus primeras medidas se orienten a recuperar la confianza, la estabilidad y la unidad nacional, dejando atrás la agresividad y los mensajes de odio y división que caracterizaron la campaña electoral.

Es imprescindible que la ciudadanía recupere la credibilidad en sus autoridades, en primer lugar, para enfrentar la pandemia del coronavirus, evitando que más personas mueran o vean gravemente afectada su salud por esta enfermedad.

Peter Anders: Bicentenario

Peter Anders: Incertidumbre y desconfianza

 Peter Anders: Descentralizar el desarrollo

Una medida inmediata debe ser reimpulsar el proceso de vacunación, asegurando el suficiente número de vacunas, cuya efectividad y calidad esté debidamente comprobada, corrigiendo a la vez las deficiencias que han hecho que el Perú sea uno de los países de la región con el menor porcentaje de población inmunizada, según el Our World in Data  desarrollado por la Universidad de Oxford.

En paralelo se debe reforzar todo el sistema nacional de salud, para ofrecer una debida atención a las personas enfermas y combatir todo acto de corrupción, como el recientemente descubierto tráfico de camas de cuidados intensivos, medicinas y oxígeno en los hospitales públicos y de la seguridad social.

Por el lado de la economía, aguardamos medidas que apunten a recuperar la confianza para la inversión privada nacional y extranjera, pues de ellas depende en gran parte la recuperación del dinamismo de la economía peruana y con ello la reducción de la pobreza y el desempleo.

Cuando hablamos de inversionistas no nos referimos solo a las grandes corporaciones o transnacionales, sino principalmente al micro, pequeño y mediano empresario que se juega todo lo que tiene por emprender un negocio, a veces hasta en la puerta de su casa, para ganarse el sustento para su familia y generar puestos de trabajo directos e indirectos.

Se debe entender que nadie en su sano juicio pondría en riesgo el poco o mucho capital ganado con tanto esfuerzo si no tiene la certeza de que no será víctima de la inflación, de que se respetarán sus contratos, de que no le impondrán una política de control de precios o que, en el peor de los casos, su propiedad le sea confiscada.

Precisamente es en el tema económico donde más dudas y desconfianza ha generado la propuesta del profesor Castillo y de quienes lo acompañan, considerando los alcances del programa de gobierno que su partido Perú Libre presentó al Jurado Nacional de Elecciones al momento de su inscripción.

Es por ello que resulta lógico preguntarse si se respetarán los acuerdos, contratos y compromisos asumidos con anterioridad por el Estado; si se crearán nuevas empresas públicas en “sectores estratégicos”; o si se respetará la propiedad privada, incluyendo los ahorros y fondos de pensiones.

¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con el comercio exterior? ¿Se honrarán los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país para acceder a diversos y amplios mercados para nuestras exportaciones? ¿Se concretará el anuncio de la prohibición de importaciones?

Son respuestas que nuestra economía, ya debilitada por la pandemia mundial y un pésimo manejo desde el Ejecutivo, requiere conocer cuanto antes.

La salida de por lo menos US$ 14 millones de capitales debería ser una alerta para el gobierno del profesor Castillo. No es poco y es una clara muestra de lo que ocurre cuando reinan la desconfianza e incertidumbre.

Desconfianza e incertidumbre que se agudizan cuando -como si no hubieran otras urgencias- se insiste en convocar una Asamblea Constituyente utilizando subterfugios que contravienen el orden legal vigente.

Igualmente, las dudas se profundizan cuando no hay certeza de que no se hará uso del poder con fines revanchistas y de persecución judicial contra políticos, empresarios, periodistas y medios de comunicación; o si instituciones claves para la democracia como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, entre otras, no serán desactivadas.

Al momento de recibir sus credenciales, el presidente electo Pedro Castillo ha asegurado que “no somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas y menos terroristas”.

También ha dicho que su gobierno priorizará la lucha contra la pandemia y la reactivación de la economía.

Esperamos que así sea, pues al cumplir el bicentenario de su nacimiento como país, el Perú no está para experimentos, improvisaciones o mayores atentados contra su débil institucionalidad.

Mantengámonos vigilantes, atentos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos y a exigir a quienes nos gobiernan que no pongan en riesgo nuestro futuro.

El Perú, el país que con tanto esfuerzo todos construimos a diario: trabajadores, empresarios, emprendedores, estudiantes, profesionales, madres y padres de familia; recibe su bicentenario sumido en una grave crisis política, económica y sanitaria.

Difícil de creer que suframos esta situación, cuando hace poco menos de dos años suponíamos que cumplir 200 años de independencia sería motivo de celebración y de reafirmar nuestro compromiso de seguir enrumbándonos hacia un destino mejor.

Sin embargo, nuestro bicentenario nos encuentra profundamente divididos, con una enorme incertidumbre respecto al rumbo que tomará el Perú, con millones de peruanos que se han quedado sin un puesto de trabajo, con otros tantos que han visto quebrar la empresa que con tanto esfuerzo construyeron, con niños y jóvenes imposibilitados de estudiar y con miles que han perdido lo más valioso: la vida y la salud.

Frente a esta situación, hay quienes nos ofrecen refundar el país, cambiar una economía que con errores y aciertos ha permitido reducir la pobreza, ampliar la clase media e insertar a nuestra nación en el mundo globalizado y contemporáneo.

Nos encuentra este aniversario patrio —y qué triste reconocerlo— sin institucionalidad, cuando esta debería haber sido fortalecida a lo largo de nuestra historia; más aún con el pasar de los años y de los sucesivos gobiernos, sobre todo de los últimos. Pero da pena reconocer que la institucionalidad terminó siendo solo un membrete que no representa casi nada, y a la que se valora y defiende solo si conviene a determinada tendencia política.

Muchos peruanos hoy no reconocemos a nuestras instituciones porque, cuando de verdad las necesitamos, parecen esconderse o desaparecer en la bruma, porque sus más altos representantes están allí no por méritos propios, sino como resultado de un cupo o negociación, porque terminan representando no a la sociedad sino a los intereses del grupo que ha tomado su control.

No aparecieron, por ejemplo, cuando era necesario dialogar y buscar consensos para corregir los gruesos errores que impiden al Perú afrontar la pandemia mundial del coronavirus con eficiencia, rapidez y hasta empatía con el otro.

Contrariamente, desde las más altas cumbres del poder, se prefirió utilizar la enfermedad como herramienta para impedir la participación de otros sectores a los que considera contrarios de sus intereses ideológicos partidarios.

Ahora, cuando faltan menos de 15 días para el 28 de julio y tras un largo proceso electoral oscurecido por sombras de duda y desconfianza, aún no sabemos quién gobernará nuestro país.

Una de las opciones propone un abrupto cambio de rumbo, una nueva forma de organización bajo el argumento de que eso es lo que quiere “el pueblo”. Para comenzar “el pueblo” somos todos, sea cual fuere el candidato o candidata por quien se votó.

El divisionismo entre “buenos” y “malos” solo puede existir en un pensamiento que no es capaz de reconocer al otro, que no quiere aceptar que somos una sociedad y una nación que durante 200 años se ha construido con el esfuerzo compartido de todos.

De otra forma no se explica que, a pesar de todo lo que hemos enfrentado —la implacable furia de la naturaleza, la insania criminal del terrorismo, sucesivas crisis económicas, niveles extremos de pobreza, guerras externas y graves casos de codicia y corrupción—, los peruanos hayamos siempre salido adelante, con una capacidad de resurgir hasta de las cenizas.

Con seguridad, pese a que hoy se nos vislumbra un horizonte lleno de interrogantes, incertidumbre e inseguridad, sabremos recuperarnos y volver a ponernos de pie.

Seamos perseverantes en defender lo que hemos construido, en impulsar cambios en beneficio del Perú y de nuestros compatriotas, pero sin desandar lo que hemos avanzado.

Sigamos construyendo nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos, con fe y esperanza de que con seguridad esto también pasará y vendrán tiempos mejores, siempre en democracia que, con todas sus fortalezas y debilidades, es la única opción que nos permite seguir desarrollándonos en libertad.

Hacerlo es nuestra obligación, es nuestro compromiso, es nuestra única alternativa.

El retiro del sistema financiero de unos US$ 13.000 millones para llevarlos a cuentas en el exterior o para guardarlos “bajo el colchón”, así como la decisión y deseo de retirar no solo parte sino –si es posible– la totalidad de los fondos previsionales y la compensación por tiempo de servicios, son señales extremas del temor que existe frente a la incertidumbre sobre cuál será nuestro futuro, así como por la desconfianza, duda y sospecha acerca de la limpieza del proceso electoral, del cual, más de un mes después, no tenemos resultados oficiales.

No se puede negar –y así lo reconocen hasta sus propios voceros– que esta situación responde a las propuestas del candidato Pedro Castillo, a sus contradicciones y a su falta de claridad para precisar qué haría en el poder de resultar elegido.

Plantear, por ejemplo, un día la abolición de la actual Constitución Política para reemplazarla por una que tenga “color, olor y sabor de pueblo”, la disolución del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo –entre otras instituciones–, así como la renegociación forzada de los contratos; para al día siguiente asegurar todo lo contrario, evidencia una absoluta falta de horizonte e ideas claras.

Peter Anders: Descentralizar el desarrollo

 Peter Anders: Seguir trabajando

 Peter Anders: Transparencia y legitimidad

Lo más grave es que materializar muchas de sus propuestas implicaría una grave ruptura del orden legal vigente, aunque ya advirtió que movilizará “al pueblo” para hacerlas realidad.

Nada más alejado de lo que debería ser una convivencia respetuosa y civilizada, en la que las normas que nos gobiernen –comenzando por la Constitución– sean fruto de diálogos y consensos, de la búsqueda del bien común dentro del sistema democrático y no resultado de la algarada callejera ni de quienes se consideran iluminados para imponernos sus brillantes ideas.

Desde la perspectiva económica, el temor de los inversionistas grandes, medianos y pequeños, así como de los peruanos que lograron ahorrar con mucho esfuerzo un capital para su futuro y el de sus hijos, surge del hecho de no saber hasta qué punto se va a cambiar el modelo económico, o qué se hará en caso el Estado no cuente con recursos para cumplir con sus responsabilidades si carece de ingresos tributarios, que, por cierto, provienen de la inversión privada y de los trabajadores.

Los que ya tenemos algunos años tenemos dolorosas experiencias sobre la forma en que los ahorros que teníamos guardados en los bancos, cajas de ahorro y otras instituciones financieras fueron confiscados por el Estado. Por eso, es natural que las personas y las empresas traten de proteger su capital, por más grande o pequeño que sea, porque sin importar su monto, fue ganado con trabajo y esfuerzo.

Lo que deberían entender quienes aspiran a gobernar nuestro país, es que la economía es muy sensible y nadie va a querer trabajar o invertir en un lugar donde se corre el riesgo de perder todo en cualquier momento, de amanecer cualquier día en la calle, sin nada en los bolsillos.

Los empresarios y los trabajadores pagamos impuestos y es por ello que el Estado tiene ingresos, pero si no trabajamos ni invertimos, no generamos riqueza ni empleo. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar a maestros, policías, médicos o enfermeras?

Trabajamos y apostamos por nuestro país porque confiamos en él, en sus autoridades, en sus normas y en el hecho de que estas no cambiarán de un día a otro porque a alguien se le ocurrió, porque su ideología se lo manda.

Lo peor de esta incertidumbre es que se da en un momento en que el país aún no logra superar la emergencia sanitaria y la crisis económica, provocadas por el pésimo manejo de la pandemia del coronavirus.

La pobreza en nuestro país ha vuelto a crecer con fuerza. En el 2019 alcanzaba al 20,2% de la población y en el 2020 subió a 30,2%. La pobreza extrema ha crecido de 2,9% a 5,1%. Esto es gravísimo.

El empleo en la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada ha caído en 13% en el 2020, lo que repercute en el bienestar de las familias, en el acceso a la salud y a la educación; mientras la clase media se redujo de 43% a 24% por efecto de la pandemia, lo que afecta a más de seis millones de peruanos.

Deberíamos estar hablando de cómo hacemos para evitar que más compatriotas sigan siendo víctimas de esta situación, de cómo generar puestos de trabajo y conservar los actuales, de cómo reactivar el consumo y la demanda, y de aprovechar el entorno internacional favorable para nuestras exportaciones, a fin de generar divisas y abrir nuevos mercados.

Pero no, en el centro del debate se ha puesto la supuesta necesidad de imponer una Asamblea Constituyente. Pareciera que las prioridades del pueblo, al que tanto se menciona, no están en primer lugar.

Las desigualdades, que lamentablemente existen en nuestro país, se hacen más evidentes cuando se analiza el desarrollo de las regiones. Lima registra un mayor avance al igual que otras en el norte peruano, de modo que se han convertido en polos económicos a los cuales migran miles de peruanos de otras zonas con el objetivo de buscar bienestar para ellos y sus familias.

Por ello, quien tenga la enorme responsabilidad de dirigir nuestro país en los siguientes cinco años, deberá considerar que es imprescindible reformular el actual proceso de descentralización, de modo que no implique solo una división territorial basada en los antiguos departamentos; la elección de gobiernos regionales que terminan copiando todos los vicios del burocratismo y corrupción del gobierno central; y transferirles responsabilidades como quien se las quita de encima, sin ningún tipo de planificación ni capacitación.

Una verdadera descentralización del crecimiento económico, del desarrollo alcanzado por la capital y por otras pocas ciudades mayormente costeras, debe considerar la generación de una economía local dinámica y eficiente, de modo que sus habitantes decidan quedarse y emprender en sus lugares de origen, porque encuentran en él las oportunidades de construir un futuro mejor.

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 Peter Anders: El futuro es hoy

Actualmente, varias regiones tienen en cartera proyectos de inversión que no solo mejorarían su nivel de desarrollo, sino que se convertirían también –obviamente, si es que se ejecutan– en un mecanismo para generar empleo e impulsar su economía.

Recordemos que, tanto la inversión privada como la pública, contribuyen con el crecimiento económico sostenido y son fundamentales para cerrar la brecha de infraestructura regional.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima ha identificado 921 megaproyectos de inversión que se ejecutarían en distintas regiones, entre los años 2021 y 2026, por un monto total de US$ 155.137 millones.

Si el nuevo gobierno orienta sus esfuerzos en impulsar estos proyectos que abarcan sectores como minería, hidrocarburos, transporte, entre otros, la historia comenzará a cambiar en casi todo el Perú.

Pero se requiere decisión política para su ejecución, la promoción de las asociaciones público-privadas, una mayor inversión pública y un mejor clima de negocios.

No hay otra forma más eficiente y, en cierto modo, sostenible de generar crecimiento para todo el país. Para lograrlo se requiere mayor predictibilidad y garantizar la estabilidad jurídica y política.

De que es necesario hacer cambios, nadie lo duda; sí, pero para corregir y mejorar todo lo que hemos hecho hasta hoy y para generar desarrollo para todos.

Los empresarios y emprendedores nos encontramos a lo largo y ancho del territorio peruano y podemos y debemos comprometernos a impulsar la economía de nuestras regiones, ser más competitivos y buscar la integración con mayores mercados. Esa es nuestra tarea.

Y la del Estado es promover estas iniciativas, facilitar su ejecución y contribuir con su desarrollo, de modo que luego cuente con recursos a través de los impuestos para hacer lo que es su tarea principal: brindar a los ciudadanos servicios básicos como la educación, la salud y la infraestructura.

Nuestro país cumple dos semanas sumido en la incertidumbre, en una grave inestabilidad política y económica y un profundo temor por las amenazas violentistas de quienes pretenden imponer al resto su ideología de odio, divisionismo y destrucción.

Son 15 días a lo largo de los cuales seguimos esperando del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una actuación transparente y el cumplimiento estricto de su misión de garantizar el respeto de la voluntad ciudadana, de forma eficiente y moderna, para determinar quien gobernará nuestro país durante los próximos cinco años.

Esto exige, por parte del máximo organismo electoral, ir al fondo del asunto que es definir si la elección del pasado 6 de junio se desarrolló con total limpieza, sin ninguna duda de legalidad, sin trampas, sin mesas de sufragio capturadas por simpatizantes de uno de los candidatos, sin suplantación de electores, sin firmas falsas, sin manipulación de actas o con muertos –milagrosamente resucitados– aptos para votar.

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 Peter Anders: Calma, respeto y reflexión

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Si nos encontramos en esta situación es porque desde mucho antes de la realización del proceso en sí, incluso desde la primera vuelta, cayeron serias dudas sobre la idoneidad y la imparcialidad de algunos magistrados, jefes, funcionarios y trabajadores de los organismos electorales. Bastaba algo tan simple como observar sus redes sociales para darse cuenta que tenían una posición definida.

Faltó, sin duda, de parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y de las otras organizaciones políticas, una actitud más proactiva y fiscalizadora para –en principio– exigir que se cumpla el artículo 179 de la Constitución Política, que claramente establece que “la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros” y no cuatro, como actualmente sucede, debido a la serie de maniobras cometidas para impedir que el Colegio de Abogados de Lima nombre a su representante.

Pero aquí estamos ahora, en estas cuestionables condiciones, esperando que los resultados del proceso electoral sean inobjetables, que respondan a la real voluntad de los electores y le confieran al próximo gobernante la legitimidad que se requiere, en un momento en que el Perú sigue enfrentando las dramáticas secuelas del pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia del coronavirus.

No se trata de defender a una de las candidaturas en pugna, se trata de defender normas básicas de una convivencia civilizada y la estabilidad que tanto nos costó construir a todos en los últimos 30 años.

Defender y recuperar la fortaleza de nuestro sistema democrático implica recuperar la confianza en nuestras instituciones y no permitir, nunca más, que sean copadas por militantes y simpatizantes de determinada corriente política para convertirlas en herramienta de sus intereses.

Demandemos pacíficamente, pero con firmeza, que se respete la voluntad que cada uno de nosotros expresó en su voto, que los encargados de velar por ello cumplan fielmente la tarea que se les ha encomendado y que, si se determina que deliberadamente se intentó aprovechar las vulnerabilidades de nuestra democracia para hacer trampa, se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.

La incertidumbre que reina en torno al resultado de la segunda vuelta electoral y las sombras que oscurecen la organización y realización de todo el proceso, no son casuales. Desde hace meses se advertía una serie de errores, deficiencias, negligencias y maquinaciones que hoy nos pasan la factura.

En principio, que haya estado a cargo de un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incompleto, integrado por solo cuatro miembros y no por cinco como corresponde.

Esta situación hace que actualmente, ante cualquier decisión que adopte el máximo organismo electoral, en caso de ocurrir un empate, su presidente tiene un voto dirimente, es decir, vota por dos.

 Peter Anders: Calma, respeto y reflexión

 Peter Anders: El futuro es hoy

 Peter Anders: Institucionalidad

La razón es que, empleando una serie de argucias legales, se anularon dos veces las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima, impidiendo así que su representante integre el JNE.

Como sabemos, el JNE debe estar formado por cinco miembros: uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (quien lo preside); uno por la Junta de Fiscales Supremos; uno por el Colegio de Abogados de Lima; uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

Otros hechos anómalos fueron la declaratoria de improcedentes o el inicio de procesos sancionadores a determinadas candidaturas por razones hartamente discutibles, como, por ejemplo, no haber declarado la propiedad de un viejo automóvil fuera de circulación o haber ofrecido donar su sueldo —en caso de ganar— a organizaciones caritativas.

Sumemos, además, que en el padrón electoral figuraron personas muertas o hasta menores de edad hábiles para votar e incluso elegidos para ser miembros de mesa. La excusa de que el padrón se cerró un año antes de los comicios se cae cuando se comprueban casos de fallecidos hace más de 15 o 20 años.

Para colmo de males, el proceso de identificación de los electores en la mesa de votación se ha realizado como en el siglo pasado, “al ojo”, dando pie a que se produzcan suplantaciones o hasta dobles o triples votaciones, más aún ahora en que, debido a la pandemia, los votantes acudieron utilizando mascarillas y protectores faciales.

No se ha hecho el mínimo esfuerzo por utilizar las herramientas que hoy en día ofrece la tecnología, como, por ejemplo, los lectores de huellas digitales, como los que se encuentran en cualquier banco o caja municipal de todo el país.

Lo que mal comienza mal acaba, dice un conocido refrán, y es así que con estos antecedentes, el país mira perplejo como es imposible –al momento de escribir estas líneas— saber con certeza cuál es el resultado de la elección presidencial, ante la serie de claros indicios de que los votos de millones de peruanos no necesariamente parecen haberse respetado.

Es en estas circunstancias que ahora corresponde al JNE decidir sobre la serie de impugnaciones, revisiones y nulidades de las actas donde se han detectado graves irregularidades y claras maniobras para entorpecer y manipular los votos.

Por ello, nos corresponde a todos como ciudadanos estar vigilantes, para que el JNE asuma esta delicada tarea con estricto cumplimiento de la ley, yendo al fondo del asunto, sin pretender convalidar ilegalidades apelando a formalismos subsanables como la falta del pago de tasas, entre otros.

Debemos hacer entender al JNE que cada voto cuenta y que es un derecho de todos los peruanos defender nuestra decisión. El JNE y sus autoridades están allí para garantizar nuestro derecho a elecciones limpias, no para ceder a presiones o intereses políticos, ideológicos o de otra índole.

Debemos también cuidar que la revisión de actas se realice sin ningún tipo de interferencias ni llamadas de nadie.

Los peruanos somos ciudadanos con deberes y derechos que cautelar. Podemos y debemos tener diferencias en cuanto a la forma cómo desarrollar nuestro país, pero esas diferencias no se resuelven imponiendo regímenes totalitarios ni mucho menos con auto designados refundadores de la República.

Se resuelven dialogando, buscando consensos, teniendo como objetivo común el bienestar de todos, no solo el de un sector o de un grupo, por decisión de quienes se creen estar por encima de los demás, pero, sobre todo, respetando la ley.

El bienestar que millones de peruanos hemos logrado en los últimos 30 años con esfuerzo y sacrificio, no debe ser considerado un privilegio, sino fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que debemos defender

Mientras continúa la expectativa por conocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de este domingo, corresponde hacer un llamado a la calma, a la serenidad y a la reflexión.

Los resultados obviamente no van a satisfacer a todos, por lo que invocamos a quienes lideran las dos opciones de gobierno, a pedir a sus seguidores que –sea cual fuese la decisión final– la acepten con civismo y respeto, evitando todo tipo de acción violenta que atente contra la integridad de las personas, así como contra la propiedad pública y privada.

El sistema democrático vigente en el Perú y las normas más elementales de convivencia civilizada exigen prudencia en momentos como este.

Si algo podemos avizorar es que actualmente el Perú es un país fragmentando y dividido, por lo que corresponderá a quien resulte elegido conciliar ambas posiciones si desea y quiere que nuestro país siga la senda del desarrollo, pero fundamentalmente que este llegue para todos.

El pueblo, al que tantas veces se invoca, no solo es un 50% de los votantes; somos todos, con nuestras diferencias y semejanzas.

En ese sentido, lo que queda es buscar consensos y diálogos que finalmente nos lleven a dejar de lado posiciones antagónicas, como si fuésemos enemigos, cuando en realidad todos somos peruanos, tenemos raíces e hijos en este hermoso territorio y queremos lo mejor para nuestras familias.

Busquemos juntos cómo hacer que todos se sientan incluidos en este proceso de desarrollo, que participemos del crecimiento económico y que se acorten las diferencias.

La tarea del próximo gobernante será ardua y determinante para ver cuál será el destino que seguiremos en los próximos 200 años.

Es el momento también de que cada uno de nosotros piense cómo contribuir desde su posición con una visión conjunta de país y no solo para lograr el bienestar individual.

Desde el sector privado siempre hemos trabajado no solo por nuestras empresas y emprendimientos, sino también por la generación de empleo y riqueza que luego se traducen en impuestos que el Estado debe convertir en servicios básicos como agua, luz, seguridad, salud y justicia.

Al final, mañana será otro día y tenemos la necesidad y la obligación de seguir trabajando, juntos, porque todos somos peruanos. Todos.

Los próximos días son cruciales, decisivos para el futuro del país, pues este domingo debemos acudir una vez más a las urnas para decidir en manos de quién confiaremos el gobierno de nuestro Perú.

Es una decisión trascendental que debemos meditar con muchísimo cuidado, dejando de lado traumas, revanchismos, rencores o antipatías, pues lo que está en juego es el presente y futuro, no solo de nuestro país, sino esencialmente el de nuestros padres y hermanos, el de nuestros hijos y nietos, el de nuestra familia y, en definitiva, nuestro propio destino individual.

En las últimas semanas, la Cámara de Comercio de Lima emprendió una campaña sobre la importancia y la defensa de la libertad, poniendo énfasis en la trascendencia que esta tiene en nuestra vida cotidiana.

Peter Anders: Institucionalidad

 Peter Anders: Los peruanos queremos propuestas serias

 Peter Anders: Pan para mayo

Hoy la libertad cobra un especial significado, especialmente en estos momentos, pues en otros países de la región, vecinos del Perú, se ha logrado imponer y se está pretendiendo imponer —por la fuerza del vandalismo y las protestas disfrazadas de reclamos ciudadanos— regímenes totalitarios que ambicionan implantar ideologías del pensamiento único, donde quien difiere es descalificado, agredido, humillado y perseguido.

Los que propugnan este tipo de regímenes son quienes pretenden ordenarnos, desde su ficticia autoridad moral y la mendaz altura intelectual que ellos mismo se han erigido, en qué debemos invertir, dónde y en qué debemos trabajar, qué productos debemos comprar o consumir y qué uso debemos dar al dinero que ganamos con el esfuerzo de nuestro trabajo.

No solo eso, sino que también ambicionan decidir el tipo de educación que debemos dar a nuestros hijos, en qué colegios deben estudiar, qué debemos decir, leer o publicar, qué debemos ver y oír en la radio y la televisión, de qué nos podemos reír y hasta si debemos tener un Dios en el cual creer y rezar.

Tengamos en cuenta que de nuestra decisión dependerá quiénes serán los responsables de conducir a nuestro país en esta hora tan difícil, en que se encuentra sumido en una aguda crisis sanitaria y económica, producto de uno de los peores y más negligentes manejos de la pandemia que se haya hecho en el mundo.

Todos somos testigos de sus resultados desgarradores: miles de muertos porque no recibieron la más mínima atención médica ni oxígeno, enfermos con efectos colaterales, y arrastrará de por vida centenares de grandes, medianas y pequeñas empresas quebradas y millones de desempleados y familias que han vuelto a caer en la extrema pobreza.

Y, por si fuera poco, tenemos latente la amenaza asesina y destructiva del terrorismo aliado del narcotráfico, que controla una extensa área de nuestro territorio, donde impone la muerte y el horror. En estas condiciones recibiremos el bicentenario de nuestra independencia, viviendo un calvario en lo que debería haber sido una celebración.

Frente a esta situación, lo responsable es optar por un gobierno que ofrezca un mínimo de condiciones y capacidad organizativa y profesional para enfrentar esta tragedia.

Pero, a la vez, que sea capaz de corregir todo aquello que no funciona del actual modelo económico, que elimine y sancione los abusos que se han cometido a su amparo, que haga que el crecimiento y especialmente el desarrollo y bienestar, lleguen a todos los peruanos.

Debemos entender ahora —porque tal vez no haya otra oportunidad—, que es imperioso reenfocar nuestro objetivo como país, para que no haya quienes se sientan excluidos del sistema, al punto de ser capaces de ponernos a todos al borde del abismo.

Esto nos lleva a dejar en claro que no podemos ni debemos optar o confiar en quienes han hecho de la improvisación, la incapacidad, las amenazas de perpetuarse en el poder, los chantajes confiscatorios, el divisionismo entre peruanos y de la venganza, su plan de gobierno.

No rehuyamos a nuestra obligación y derecho de elegir, es tiempo de dejar de lado la cómoda posición de dejar que sean otros los que decidan, de eludir nuestra responsabilidad. Nunca como antes ha estado tan en juego el futuro del Perú.

Está en nuestras manos evitar que tomemos un camino equivocado que nos llevará a más muertes, mayor ruina económica y pobreza, pues se trata de un camino del que no solo nos arrepentiremos nosotros sino también nuestras siguientes generaciones.

Recuperemos el optimismo y vayamos a votar; con fe, alegría y convicción, sabiendo que contribuiremos a que volvamos a ser un solo equipo que junto, unido, construya un mejor país con oportunidades para todos. Es hoy.

Consolidar y garantizar la institucionalidad de nuestro país es una tarea urgente, aunque a veces no se tenga plena conciencia de su importancia.

Su ausencia y debilidad han quedado en evidencia en el último quinquenio, en el que registramos una sucesión de presidentes y gabinetes ministeriales producto de censuras, renuncias y vacancias, además de una cuestionable disolución del Congreso de la República, la prórroga forzada de la gestión de funcionarios y autoridades con el mandato vencido, y la destitución o designación de jueces y fiscales.

Esta situación ha convertido a nuestra democracia en un sistema débil, sin bases sólidas que le permitan defenderse ante cualquier aventura autoritaria o golpista, además de generar un clima de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre.

 Peter Anders: Los peruanos queremos propuestas serias

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 Peter Anders: Día del Trabajo

En ese sentido, preocupa que durante la presente campaña electoral en la que se definirá quién gobernará el Perú durante los próximos cinco años, lejos de plantearse el fortalecimiento de instituciones claves como el Banco Central de Reserva (BCR), el Tribunal Constitucional (TC) o la Defensoría del Pueblo (DP), se ofrezca disolverlas, atentar contra su autonomía o intervenirlas si no responden a “los intereses del pueblo”.

Pero no solo es contra ellas que se ha puesto la puntería, sino también contra la Autoridad de Transporte Urbano, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Superintendencia Nacional de Educación, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el Programa Nacional de Inversiones en Salud y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, entre otras.

En estos casos, resulta descabellado pretender prescindir de organismos cuyo principal objetivo es -precisamente- orientar los esfuerzos del Estado para ofrecer bienestar a la población, mediante la construcción de infraestructura educativa y de salud, optimizar la educación superior, desarrollar la conectividad del transporte y las comunicaciones, y la fiscalización laboral en un país donde el 75% de trabajadores son informales.

En resumen, se busca demoler todo lo que durante 30 años hemos construido –con aciertos y errores- para darle a nuestro país los fundamentos macroeconómicos y la paz social que nos convirtieron en lo que se denominó “el milagro peruano”.

Nadie duda que toda obra es perfectible y que las deficiencias, errores y excesos se deben corregir a todo nivel porque no hay “vacas sagradas”; pero muy diferente es decir todo está mal y comenzamos desde cero.

Enfocándonos en el TC, la DP y el BCR, llama la atención y debe provocar alarma que sean precisamente estas instituciones en las que no debería existir interferencia alguna del poder político, contra las que se haya dirigido el grueso de la artillería.

Sin embargo, se debe reconocer que, lamentablemente, una de ellas, que debería ser modelo estricto de cumplimiento de la ley y respeto del Estado de Derecho, se haya convertido en un botín que unos y otros se disputan para colocar o mantener allí como magistrados a quienes representan sus intereses personales o políticos.

Es el caso del TC, donde a pesar de que la mayoría de sus integrantes ha culminado en exceso el período para el que fueron elegidos, por arte de birlibirloque se mantienen en sus cargos.

Hemos visto que es tanto el interés por mantener el control sobre este organismo que el proceso constitucional para elegir a sus reemplazantes fue boicoteado mediante una rebuscada interpretación de denegación “fáctica” de confianza, que desencadenó en la disolución del Parlamento Nacional.

Similar situación ocurre en el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, con la designación o destitución de jueces y fiscales, donde la mano del poder político ha sido más que evidente en los últimos años.

También en el Jurado Nacional de Elecciones, en el que mediante diferentes maniobras se ha impedido completar a sus miembros titulares, designando recién en los últimos días, en pleno proceso electoral, a un accesitario.

Es urgente enmendar esta situación, para que nuestras instituciones sean fieles defensoras de la ley, la Constitución y la democracia, para que nadie dude de sus resoluciones o sentencias.

Esto obliga a que la elección de sus integrantes sea por méritos propios, a fin de que quienes ocupen estos cargos no se sientan obligados a defender intereses ocultos o pagar favores en “gratitud” por su designación.

Este debe ser un compromiso que debemos exigir a nuestras actuales salientes autoridades, pero -sobre todo- a las que están por venir.

Entramos a la recta final de la campaña electoral. Quedan solo tres semanas para que los peruanos decidamos en las urnas quiénes dirigirán las riendas del país en los próximos cinco años.

Sin duda, será un gran desafío para el nuevo gobierno llevar las riendas de un país con necesidades urgentes en lo que se refiere a la reactivación económica.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló recientemente que la pobreza, a raíz de la pandemia de la COVID-19 que generó una caída económica histórica –comparable solo con los estragos que nos dejó la Guerra del Pacífico en el siglo XIX¬– y millones de personas desempleadas, afecta al 30% de la población en el Perú.

Peter Anders: Pan para mayo

 Peter Anders: Día del Trabajo

 Peter Anders: Defensa de la libertad

Para lograr dicha reactivación, los eventuales gobiernos de Fuerza Popular o Perú Libre no solo deben impulsar la inversión pública y privada, sino gestionar la compra de millones de dosis de vacunas y la aplicación de las mismas a toda la población en el menor plazo posible, para así lograr que el círculo virtuoso que generan las diversas actividades económicas vuelva a girar progresivamente hasta llegar al 100% de operación.

El segundo gran desafío de la próxima administración consiste en cerrar brechas en infraestructura, salud y educación. Sin ello, como ya hemos manifestado anteriormente, el Perú está condenado al subdesarrollo. Hay que invertir en carreteras, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, para interconectar el país de manera tal que nos volvamos competitivos en el comercio internacional.

Esto porque no nos sirve de mucho contar con acuerdos comerciales bilaterales si tenemos altos costos logísticos internos debido a una mala conectividad. En educación y salud, hay que construir más colegios y hospitales y mejorar la calidad de enseñanza y atención ostensiblemente, así como la digitalización.

En ese sentido, la pandemia reveló, de forma cruel a los peruanos, las grandes carencias que tiene el país a través de decenas de miles de fallecidos y de niños sin acceso al internet y equipos informáticos para acceder a la educación remota.

El tercer gran reto en el quinquenio es lograr una adecuada lucha contra la corrupción y la delincuencia. Al respecto, el contralor de la República, Nelson Shack, advirtió hace unos meses que el Perú pierde cada año unos S/ 23.000 millones por corrupción e inconducta funcional.

En lo que se refiere a los costos de los robos, asaltos, violaciones, secuestros y homicidios, un informe del Banco Mundial (2017), advirtió que asciende a US$ 10.325 millones anuales, equivalentes al 2,77% del PBI.

Propuestas serias

Resolver estos grandes desafíos implican propuestas serias y concretas. Los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo han señalado que estas se encuentran en sus planes de gobierno.

Si bien, algunas de ellas se han mencionado en entrevistas en medios de comunicación y en el primer debate entre ambos, realizado el 1 de mayo pasado, los peruanos necesitamos escuchar detalladamente qué es lo que van a hacer al respecto de llegar a la presidencia, quiénes son los profesionales que integran los equipos para cada desafío y objetivos concretos al respecto en el corto, mediano y largo plazo.

Los peruanos estamos cansados de generalidades y que nos prometan el oro y el moro en cada elección para ganar votos. Hechos concretos y la promesa de mantener el modelo de libre mercado es lo que necesitamos.

A través de una serie de leyes -que en algunos casos han sido observadas por el Poder Ejecutivo- el Congreso ha abierto las puertas para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan retirar –si lo desean- parte o la totalidad de sus fondos, de la misma forma que ahora también pueden hacerlo los trabajadores formales con su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

El objetivo es apoyar a los miles de familias que debido a la pandemia del COVID-19 han perdido su trabajo y, por consiguiente, la fuente de ingresos con la que podían enfrentar gastos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud o la educación. En otros casos, estos fondos les permiten cubrir el pago de deudas, como las de tarjetas de crédito o hipotecas, entre otros.

En principio, pareciera ser una medida razonable. No obstante, la gran interrogante es qué ocurrirá con quienes hoy hacen uso de estos fondos cuando en un futuro llegue la hora de su jubilación y no estén en condiciones de trabajar.

Peter Anders: Día del Trabajo

 Peter Anders: Defensa de la libertad

 Peter Anders: Compromiso de todos

Como se sabe, tanto el SPP como la CTS son mecanismos de “ahorro forzoso” que obligan al titular a reservar un porcentaje de sus ingresos para cuando, sea por edad o desempleo, no cuenten con la posibilidad de trabajar.

Es probable que en el grupo que hoy retira sus fondos del SPP o de la CTS haya personas en edades todavía con capacidad de empleabilidad, pero también hay otro que ya no tendrá opciones de conseguir un trabajo en el futuro cercano que le permita contar con ahorros para su retiro. Un tercer grupo puede haber optado por usar este dinero en una inversión que le asegure contar con ingresos.

Veamos el caso de Chile, donde existen dos tipos de ayudas provenientes del Estado: La pensión básica solidaria y el aporte básico solidario, a través de las cuales se contribuye a incrementar las pensiones de jubilación de quienes no tienen ahorros previsionales o tienen pensiones muy bajas. Esto significa que existe un porcentaje del presupuesto público destinado a atender estos casos.

En el Perú el Estado ha demostrado ineficiencia en el manejo pensionario. La estatal Oficina de Normalización Previsional (ONP), en la que sus aportantes constituyen un fondo común, no ha sido capaz de generar ingresos razonables. Al contrario, existen jubilados que reciben pensiones inferiores al sueldo mínimo.

En el caso de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), donde cada aportante posee una cuenta individual de capitalización, son dos millones de personas –según señala el exministro de Economía y Finanzas David Tuesta- las que han retirado la totalidad de sus fondos, con lo cual ya se quedaron sin pensión de jubilación.

Si bien en un primer momento el hecho de que las personas cuenten con dinero puede impulsar el consumo y con ello dinamizar nuestra alicaída economía, lo cierto es que -a futuro- un porcentaje importante de estas mismas personas que se han gastado los recursos de sus AFP o CTS, van a buscar que sea el Estado el que atienda sus necesidades.

De ocurrir ello, el alcance de programas sociales como Pensión 65 deberá ampliarse, con lo cual el gasto público se irá incrementando sin que por este concepto se genere un ingreso que pueda sustentarlo.

Por ello, es preciso que quienes optan por el retiro de sus fondos de APF o de la CTS evalúen, en la medida de lo posible, el futuro que les espera y el horizonte laboral que tienen. De lo contrario, podrían verse como pensionistas de un Estado que hasta el momento no ha sabido cubrir una demanda tan vital, por lo que les espera un difícil porvenir.

La pandemia del COVID-19 sigue dejando a su paso la estela no solo de una deficiente infraestructura administrativa y sanitaria incapaz de enfrentarla, sino también de una profunda crisis económica que desde el primer día implicó un duro golpe al empleo en nuestro país, donde el 75% de la fuerza laboral es informal.

Hasta el momento, más de 2 millones 180 mil peruanos han perdido su trabajo –tanto formal como informal- y con ello la fuente de ingresos con la que garantizaban a sus familias ya no solo un mínimo de bienestar, sino el acceso a servicios tan básicos como el agua, la electricidad, una vivienda, la salud e incluso la educación.

Desde el primer momento en que se decretó la severa cuarentena el 16 de marzo del 2020, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) propuso formar un grupo de coordinación entre los sectores público y privado con la finalidad de elaborar una estrategia para enfrentar la crisis económica que se veía venir al cerrarse todas las actividades productivas y de servicios, que también incluyera un plan para restablecer las condiciones para recuperar los puestos de trabajo perdidos.

▶ Peter Anders: Defensa de la libertad

▶ Peter Anders: Compromiso de todos

▶ Peter Anders: Segunda vuelta

A más de un año de lo ocurrido, no hubo de parte del gobierno anterior y no existe de parte del actual gobierno transitorio, ningún tipo de propuesta. Ni para enfrentar las graves deficiencias en materia de salud, ni para dinamizar la economía y mucho menos para generar empleo.

No puede ser menos irónico que iniciemos un mes en el que conmemoramos el Día del Trabajo, en esta situación. Y no puede ser que excusándose en que estamos en la segunda vuelta de un proceso electoral, el actual gobierno provisional eluda esta responsabilidad, pues aún le quedan tres largos meses de gestión para -precisamente- trabajar en esta materia.

Pero corresponde también a los candidatos, el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, precisar en detalle qué es lo que plantean hacer a partir del 28 de julio, cuando uno de ellos asuma la Presidencia de la República, para recuperar los puestos de trabajo que tanto necesitan los peruanos y ahora -además- la gran cantidad de migrantes que han llegado a nuestro país huyendo de un régimen dictatorial que los sumió en la indigencia y recortó sus libertades.

Anuncios como la “nacionalización” de empresas, renegociación forzada de contratos, aplicación de impuestos sin criterio técnico y la disolución de instituciones constitucionales; o promesas de repartir dinero a diestra y siniestra o incrementar presupuestos en modo farra fiscal, no contribuyen a generar la confianza y estabilidad requeridas para alentar las inversiones privadas a través de las cuales se crean puestos de trabajo y se incentiva el consumo y la demanda, que son el a, b, c para echar a andar cualquier economía.

Llama la atención que hasta ahora haya quienes no entiendan que sin inversión privada –que explica el 80% de toda la inversión en el país- y sin empresas libres de contratar, operar y planificar, no hay posibilidad de crear trabajo.

El empleo que nuestro país tiene y tuvo se debe en gran medida al sector privado. Solo el año pasado la inversión privada representó el 17,2% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que la inversión pública apenas significó el 4%.

Es la inversión privada la que genera la mayor cantidad de empleo formal y de calidad de nuestro país. A ella se suma el sector informal, que también fruto de iniciativas privadas, da trabajo y recursos a millones de familias, aunque en condiciones precarias donde la incertidumbre es pan de todos los días.

Tengamos en cuenta esta situación este 6 de junio cuando nuevamente acudamos a las urnas a elegir a quién confiaremos el destino de nuestro país.

Uno de los planteamientos más recurrentes de la izquierda peruana en los últimos años, y especialmente durante el actual proceso electoral, es el cambio total de la actual Constitución Política. Siguiendo este comportamiento, la agrupación Perú Libre, que disputará la segunda vuelta con el Partido Fuerza Popular, ha reafirmado esta postura a través de sus voceros más radicales.

Una de las razones que argumentan es que el actual modelo económico allí establecido, no ha permitido mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.

Ante esta afirmación cabe preguntarse si un cambio como el que se plantea, a través de una Asamblea Constituyente de dudosa legalidad, es realmente urgente en medio de la actual crisis sanitaria y económica en que nos ha sumido la pandemia del coronavirus, la cual hasta la fecha ha provocado la muerte de un promedio diario de 400 personas y ha dejado a por lo menos dos millones 188 mil desempleados. Esto sin contar los miles de empresas quebradas y las familias que han vuelto a caer en la pobreza y la pobreza extrema.

▶ Peter Anders: Compromiso de todos

▶ Peter Anders: Segunda vuelta

▶ Peter Anders: El gran show

Lo siguiente es determinar si realmente la Constitución vigente es la causa de que no haya un crecimiento equitativo y no se ejecuten las obras que la gente necesita, o si por el contrario el origen son autoridades y funcionarios incapaces e ineficientes, o lo que es peor, muchas veces corruptos.

Lo que debe entenderse es que una Constitución no es una fórmula mágica en la que se enumere una serie de elementos que, combinados, resuelven o desaparecen de la noche a la mañana todos los problemas.

Por el contrario, lo que hace una Constitución es compendiar principios generales para alcanzar metas de desarrollo y bienestar común, garantizando la democracia y por ende el pleno ejercicio de libertades y derechos como los de la salud, el trabajo, la educación, el acceso a una justicia imparcial, la expresión del pensamiento, a invertir y a hacer empresa, entre otros, dentro de un marco de predictibilidad y estabilidad que garanticen una convivencia civilizada.

Esto no significa que la Constitución no sea susceptible de ser mejorada o actualizada en el tiempo, para estar a tono, por ejemplo, con las nuevas tecnologías que presentan una nueva realidad muy distinta a la de no hace mucho.

Pero es la propia Constitución la que establece los mecanismos para su reformulación, permitiendo ejercer un control del poder político y el respeto y participación de todas las corrientes de opinión legítimamente representadas dentro de una coexistencia democrática, de modo que los cambios que se hagan no sean fruto de la imposición de algunos “iluminados” o “notables”.

Repito: si hoy nuestro país, sobre todo a causa de la pandemia mundial, no cuenta con servicios básicos que permitan la defensa de la vida y la salud de millones de peruanos, no es por culpa de la Constitución, sino por causa de un Estado fallido que, pese a sucesivos gobiernos, no ha podido hacer buen uso de todos los recursos que el marco constitucional vigente desde hace 30 años, permitió generar.

Abolir la actual Constitución no va a solucionar los graves problemas de nuestro país. Solo ahondará más la crisis porque sumará a lo anterior una profunda inestabilidad política y social, además de desconfianza.

Además, agudizará los enfrentamientos entre peruanos pues como han anunciado los líderes y congresistas electos de Perú Libre, la nueva Constitución que pretenden sería producto de un golpe de Estado que perpetrarían -de darse el caso- a los seis meses de haber asumido el gobierno. Es decir que para ellos la democracia no es más que un medio para destruir a la propia democracia.

Que no quepa duda que este “nuevo orden” constitucional -tal como ha ocurrido en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia- les permitiría imponer una pseudo legitimidad a través de la cual se mantendrían en el poder, en una “dictadura perfecta” basada en falsos asambleísmos donde se coacte todas las libertades, permitiéndoles imponer su pensamiento único para intervenir y decidir sobre nuestras vidas, diciéndonos qué hacer, a dónde viajar, qué leer, qué ver en la televisión, dónde invertir, dónde trabajar, qué producir y hasta dónde y cómo educar a nuestros hijos.

Gran parte de esa visión distorsionada proviene de la falta de institucionalidad que nos caracteriza como país, de nuestra democracia imperfecta donde algunos sectores que se auto erigen como “reserva moral”, no aceptan opiniones diferentes a las suyas ni entienden que el otro tiene derecho a pensar distinto o discrepar.

Hoy vivimos las consecuencias de este correctismo político que nos ha llevado a enfrentar a quienes se creen con derecho de obligar a los demás a pensar como ellos. No debemos permitirlo. No vamos a permitirlo.

La emergencia sanitaria y la crisis económica que desde hace más de un año agobian a nuestro país, suponían que el proceso electoral que se avecina debería enfocarse en la manera de enfrentar seriamente esta situación, a través de propuestas de gobierno factibles que permitan superar este escenario tan grave, que tantas vidas cuesta.

Sin embargo, ha sido todo lo contrario. No solo por el excesivo número de candidatos que se consideran llamados a gobernar nuestro país, sino también por la formulación de promesas carentes de toda seriedad, por ejemplo, para tratar la pandemia del coronavirus.

Así, tenemos candidatos presidenciales que, sin ningún aval médico o científico, son capaces de sugerir que se beba alcohol, ingiera sal o tome infusiones de hierbas silvestres para curarse de esta mortal enfermedad.

▶ Peter Anders: Seámoslo siempre

▶ Peter Anders: Señor Presidente, defendamos el estado de derecho

▶ Peter Anders: Populismo, elecciones y salud

En materia económica y la posibilidad de recuperar el empleo y bienestar de la población, tampoco se han quedado atrás. Ideas trasnochadas como el reparto indiscriminado de dinero, compra de deudas y otorgamiento de subsidios, la ejecución de obras elefantiásicas y la creación de puestos de trabajo al por mayor, sin tener idea de cómo se financiarán o ejecutarán, han sido el amargo pan de cada día.

Lamentablemente, a esta situación no solo han contribuido los candidatos sino también las autoridades electorales y los medios de comunicación, interesados más en provocar y difundir enfrentamientos, chismes o bromas que les permitan ganar más puntos de rating.

Esto quedó evidenciado durante los tres debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde el formato más parecía destinado a un talk show que a la exposición de planes para sacar a un país de una circunstancia que compromete tanto su presente y su futuro.

Fue tal la falta de seriedad que hubo canales de televisión que incluso antes de que comience el debate, invitaban a los televidentes a votar por quién consideraban era el “ganador”. Y ni bien había terminado el “show” se apresuraban a ser los primeros en dar los resultados. ¿Cómo alguien podría votar por el ganador o perdedor de un debate sin siquiera haberlo visto completo?

Por si fuera poco, escuchamos decir al reportero de un noticiero que “el debate no tuvo mayor transcendencia, salvo cuando el candidato … se enfrentó al candidato…. para responderle”.

La cobertura informativa se enfocó más en destacar el pullazo, el golpe bajo, los insultos, las descalificaciones, los chistes, el cómo fueron vestidos o maquillados, antes que las propuestas y el debate en torno a las medidas urgentes que el próximo gobierno debe poner en práctica.

Contrariamente, los candidatos que se animan a proponer soluciones serias y factibles no merecen mayor atención o seguimiento de sus actividades. Así pues, podemos afirmar que se ha banalizado y “farandulizado” el proceso electoral.

Los peruanos que a diario ven morir un familiar o un amigo sin tener siquiera la posibilidad de despedirlo, los que luchan por conseguir una cama de cuidados intensivos, un balón de oxígeno o atención médica elemental, no merecemos lo que está ocurriendo.

Tampoco los alumnos que no pueden estudiar y ya perdieron un año; los padres y madres de familia que se quedaron sin su puesto de trabajo; ni los empresarios grandes, medianos o pequeños que han visto quebrar el esfuerzo de toda una vida.

Mientras esto ocurre, sufrimos también de un gobierno indolente e incapaz de comprar vacunas para inmunizar a la población. En enero se ofreció vacunar entre 10 a 15 millones de personas hasta el próximo 28 de julio; luego pasamos a 9 millones, después a 5 millones y últimamente a 3.5 millones. ¿Cuánto más bajará esta cifra?

Confiemos, porque no queda alternativa, que este sea el último proceso electoral donde valga más quién hace la promesa más alocada, quién baila mejor, quién tiene más seguidores en redes sociales, quién graba el tik tok más gracioso o quién lanza el peor insulto.

Nuestra democracia y nuestro destino no merecen ser parte de este espectáculo. Es nuestra vida y nuestro futuro los que están en juego.

A punto de celebrar 200 años de la declaración de nuestra independencia, el concepto de libertad se encuentra muy presente en nuestras vidas, sobre todo en vísperas de un proceso electoral en el que decidiremos quién gobernará el Perú en los próximos cinco años.

La libertad es un concepto muy amplio, pero a la vez restrictivo, pues no todos podemos ejercerla de manera equitativa.

Si bien existen, entre otras, la libertad de estudiar, de trabajar, de acceder a la salud o a la justicia, no todos tenemos las mismas posibilidades de elegir dónde y bajo qué condiciones hacerlo, pues subsisten profundos abismos de desigualdad que no han podido ser superados en este bicentenario, en la medida que no hemos sido capaces de construir un Estado eficiente que trabaje para cimentar una sociedad con igualdad de oportunidades para todos.

No obstante, dentro de la poca o mucha con la que contemos, los peruanos hemos ido consolidando con mucho esfuerzo importantes espacios de libertad.

▶ Peter Anders: Señor Presidente, defendamos el estado de derecho

▶ Peter Anders: Populismo, elecciones y salud

▶ Peter Anders: La verdadera equidad

Enfocándonos en materia económica, en los últimos 30 años el Perú ha aplicado un modelo donde prima la libertad, la cual ha permitido no solo un crecimiento importante de la inversión privada nacional y extranjera –al punto que hoy representa más del 80% de la inversión total del país-, sino sobre todo el surgimiento de millones de emprendimientos -grandes, medianos o pequeños-, de millones de peruanos que decidieron jugársela en su país.

De esta manera se mejoró la calidad de vida de nuestras familias y, a la vez, se generó importantes fuentes de trabajo directo e indirecto para nuestros compatriotas.

Esta libertad económica conlleva derechos de propiedad, libre comercio, libertad monetaria y un Estado de Derecho garantizado por la Constitución.

Así, tenemos la libertad para invertir, para decidir dónde colocar el capital que tenemos, dónde comenzar nuestro propio negocio y hasta dónde y cuándo comprar acciones de bolsa o cómo ahorrar para nuestra jubilación.

Es obvio que esta libertad debe ir de la mano con un Estado que la promueva, que fiscalice que en nombre de ella no se comentan excesos ni abusos, que genere un clima de convivencia donde primen la libre competencia y el bien común. Un Estado que sea capaz de administrar de forma eficiente los recursos generados precisamente por un modelo económico donde la inversión privada paga impuestos, que luego deben servir para financiar servicios básicos de calidad para quien los necesite.

No se puede dejar de mencionar que, gracias a este esfuerzo, tenemos también la libertad de suplir lo que no nos da este Estado ineficiente y muchas veces indolente, en materia de calidad educativa, salubridad, vivienda, infraestructura o telecomunicaciones.

Dramáticamente, la pandemia del coronavirus nos ha hecho perder mucho a todos: un familiar cercano, un ser querido, amigos, compañeros, vecinos o colegas. También hemos perdido puestos de trabajo y los sueños que pusimos en empresas hoy quebradas, así como el bienestar propio y familiar.

Como si fuera poco, esta enfermedad también ha revelado actitudes ruines y canallas de quienes no dudaron en aprovecharse de un cargo público, una situación de privilegio o posición de dominio para beneficiarse y enriquecerse a costa del dolor ajeno.

Sin embargo, esto no debe llevarnos de ninguna manera a culpar al sistema o al modelo para pretender implantar un Estado controlista, absoluto, que se sienta capaz de decidir en cada espacio de nuestras vidas.

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, dice un viejo refrán que hemos escuchado desde niños.

Tal vez, por lo cotidiana, no seamos plenamente conscientes de la libertad de la que hoy en día gozamos. Por eso debemos analizar muy bien a quiénes confiaremos nuestro futuro este domingo 11 de abril.

No vayamos a perder, también, nuestra libertad.

El paro de transportistas de mercancías, que se inició el pasado 15 de marzo, lamentablemente nos demostró, una vez más, que el estado de derecho en el país no se respeta cuando de protestas se trata. Los peruanos sufrieron nuevamente bloqueos de carreteras, vandalismo, pillaje, destrucción de la propiedad pública y privada o el ataque a las autoridades, tal y como pasó tres meses atrás con las protestas realizadas por los agricultores.

Lo que es peor, en plena pandemia, con miles de peruanos que urgen de oxígeno y otras medicinas, los bloqueos de los transportistas causaron desabastecimiento de insumos médicos y oxígeno; además de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Asimismo, los manifestantes impidieron el tránsito peatonal de miles de personas necesitadas de llegar a sus destinos e incluso de adultos mayores que debían asistir a sus citas para vacunarse contra el coronavirus. Un crimen a todas luces.

Por más justificados que sean los reclamos del gremio de transportistas, es inaceptable que, nuevamente, no se respeten las leyes y el estado de derecho que toda sociedad civilizada y desarrollada debe defender. No es posible aceptar que este tipo de situaciones se repitan constantemente con total impunidad, pues ponen en riesgo la vida, la salud y el trabajo de millones de peruanos.

▶ Peter Anders: Populismo, elecciones y salud

▶ Peter Anders: La verdadera equidad

▶ Peter Anders: Medidas urgentes para problemas urgentes

Tampoco es aceptable la incapacidad del Gobierno para preservar el orden público, sobre todo teniendo en cuenta que los transportistas anunciaron sus protestas con varios días de anticipación. Su reacción, como en el caso de la reciente huelga de agricultores, fue nuevamente tardía. Por tres días los manifestantes tomaron y bloquearon las carreteras sin que la Policía Nacional hiciera algo eficaz para impedirlo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, tal como lo han hecho otras autoridades, y el propio presidente Francisco Sagasti en ocasiones anteriores, se defendió de las críticas ante la inacción del Gobierno y la poca capacidad de negociación y gestión de su cartera con los protestantes argumentando, sin sonrojarse, que son “un Gobierno de transición”, dando a entender que hay problemas y situaciones en el país que este Gobierno no puede resolver.

Se trata pues de una lamentable excusa tomando en cuenta que las autoridades, elegidas o no –como es el caso del actual Ejecutivo–, siempre deben estar o por lo menos intentar estar a la altura de las circunstancias, más aún en tiempos de crisis.

Por ello, nuevamente, desde la Cámara de Comercio de Lima hacemos un llamado a las máximas autoridades de nuestro país para que garanticen la seguridad de la población, restablezcan el principio de autoridad y la vigencia de la ley frente a los hechos de violencia registrados en los últimos días. Para defender el estado de derecho, no hay “transición” que valga.

Punto aparte merece el resultado de la producción peruana en enero (-0,98%). El PBI volvió a estar en rojo, luego del leve crecimiento de diciembre pasado. En febrero, según algunos pronósticos el resultado sería peor (-9%).

Por ello, desde la CCL instamos al Gobierno a dictar medidas que permitan trabajar a todos los peruanos, alentando a las empresas para que puedan seguir operando y generando empleo en tiempos de crisis. Si ello no ocurre muchas empresas tendrán que cerrar y se perderán muchos miles de empleos más. ¡No hay tiempo que perder!

El Perú que todos queremos es un país que retome el camino al desarrollo. Ello se logra principalmente, primero, a través de una mejora sustancial en el acceso y en la calidad de la educación y la salud. Segundo, a través de reglas claras y estabilidad que devenga en predictibilidad. Tercero, con un Estado promotor de la formalidad de la economía. Cuarto, con un sistema que evite y condene la corrupción.

No obstante, desde la CCL vemos con mucha preocupación que en estas elecciones presidenciales y congresales, muchos candidatos han optado por realizar propuestas populistas sin sustento para ganar votos, engañando de esta manera a la población, porque muchas de estas son imposibles de cumplir y si es que las cumplen, van contra el desarrollo del país condenando a millones de peruanos a seguir o caer en la pobreza.

Sin contemplaciones y como ya es costumbre en cada campaña electoral en el Perú, los postulantes a la presidencia y al Parlamento se aprovechan de las necesidades y pobreza de los peruanos prometiéndoles un Perú mejor enfrentándolos en muchos casos con un empresariado, que en general ha contribuido sostenidamente para el crecimiento económico del país y la reducción de la pobreza en las últimas tres décadas a través de inversión y creación de cientos de miles de empleos formales.

▶ Peter Anders: La verdadera equidad

▶ Peter Anders: Medidas urgentes para problemas urgentes

▶ Peter Anders: No podemos esperar

Al optar por el populismo, al mismo tiempo, los candidatos dejan de lado los temas verdaderamente importantes y favorables para el país y que muchas veces no son música para los oídos de los ciudadanos. Hemos observado decenas de propuestas populistas en esta campaña.

Entre las más preocupantes para el país hemos seleccionado las siguientes: entrega de bonos mensuales a miles de personas por varios meses, renegociación de contratos mineros, compromisos de cancelación de proyectos de inversión, creación de cinco millones de empleos, topes a las tasas de interés, creación de más programas sociales y desglobalización de la economía para promover la industria nacional, hasta cambios en la Constitución sin explicar en la mayoría de los casos qué es lo que se busca cambiar y menos por qué.

Ante este contexto, desde la CCL invocamos a los partidos y organizaciones políticas a dejar de lado el populismo y enfocarse en las propuestas que verdaderamente van a contribuir con el desarrollo del país, principalmente aquellas que fomenten las inversiones privadas y la creación de empleo para que, a través de ello, disminuya el nivel de pobreza del país, que aumentó ostensiblemente en el 2020 por la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de la COVID-19.

Punto aparte merece el hecho de que se haya cumplido un año desde que la pandemia llegara al país y que las autoridades hayan hecho poco o nada para mejorar el deplorable sistema de salud pública. Es inconcebible que una pandemia global que ha ocasionado decenas de muertes en el Perú, no haya sido motivo suficiente para impulsar una mejora en el sistema de salud peruano.

Esas mejoras deben empezar hoy. Las autoridades de turno no deben tener como pretexto la prontitud de las elecciones para pecar de una inacción que ya ha cobrado miles de vidas.

El anunciado fin de la cuarentena representa para muchas empresas y familias un primer paso en el durísimo camino que nos espera para comenzar a recuperar los ingresos y millones de puestos de trabajo perdidos tras casi un año de paralización a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Desde el sector privado nuestro compromiso es trabajar con tesón, responsabilidad y con la firme decisión de reactivar nuestra economía, salvaguardando siempre la salud de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y nuestra comunidad en general. Pero debemos hacerlo manteniendo y reforzando todos los protocolos de bioseguridad y cumpliendo estrictamente con los aforos establecidos.

Solo así podremos evitar una nueva ola de contagios, ir venciendo a la enfermedad y reanudar la senda de crecimiento y desarrollo a la que todos aspiramos.

Pero ningún esfuerzo será suficiente si del lado de las autoridades gubernamentales no existe una idea clara de lo que necesita el país para salir de la crisis en que la sumió la enfermedad, pero también la negligencia, desidia, ambición, egoísmo y cálculos políticos electorales que lamentablemente se antepusieron al bienestar de los demás.

▶ Peter Anders: No podemos esperar

▶ Peter Anders: Señor Presidente

▶ Peter Anders: No insistir en el error

Si hay algo que caracteriza a los peruanos es su capacidad de trabajo. Lo hemos hecho siempre, en las condiciones más adversas, enfrentando la furia de la naturaleza, en tiempos de hiperinflación y aún ante los más feroces ataques de enemigos externos e internos.

Por ello no consideramos conveniente ni necesario que una vez más se plantee como “gran solución” el reparto de bonos o el otorgamiento de nuevos créditos que, si bien fueron necesarios en una etapa inicial, hoy a nada bueno conducirán si es que no se toman acciones concretas que echen a andar el motor de la economía del país.

“El mejor programa social es un empleo”, afirmó en su tiempo el ex presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Esta frase sintetiza que no hay mejor manera de ayudar a una persona, a una familia o a una empresa, que dándole la oportunidad de generar su propio sustento.

En nuestro caso podríamos afirmar que ya no queremos más regalos, pues a lo que aspiramos es a que nos dejen trabajar. Cumpliendo protocolos, siendo fiscalizados, pero que ¡por favor! nos dejen trabajar.

¿De qué sirve darle un nuevo “Reactiva” a una empresa si con las puertas cerradas no podrá pagar ni el anterior ni este nuevo crédito? ¿De qué sirve reprogramar el pago de hipotecas o tarjetas de crédito sin un puesto de trabajo?

Es el momento de pensar en un programa concreto de reactivación económica por sectores, de modo que, además de dinamizar las actividades productivas permita generar empleo rápidamente. Tengamos presente que con la emergencia sanitaria se rompió la cadena de producción, distribución y consumo.

Pero para conseguir ese objetivo necesitamos autoridades eficientes, con capacidad de gestión y decisión para resolver problemas, con un compromiso real de sacar a los millones de peruanos de la situación difícil en que nos encontramos.

Necesitamos un Poder Ejecutivo que haga honor a su nombre y ejecute medidas urgentes para resolver problemas urgentes, a los que debe enfocarse sin distraerse en agendas particulares o de grupo.

No es posible, por ejemplo, que en una situación extrema como la que vivimos, un sector del gobierno esté más interesado en la “modernización y fortalecimiento” de la Policía Nacional, cuando estas son tareas que corresponderá acometer el próximo gobierno, no a este que es de transición. Si algo quieren hacer, que se preocupen más por reforzar la seguridad ciudadana.

Tal vez sea momento que –al cumplir 100 días de gestión-, el presidente Francisco Sagasti evalúe la necesidad de hacer algunos reajustes en su equipo, para que en el corto período de tiempo que le queda de aquí hasta el 28 de julio, se sumen profesionales con capacidad gerencial y administrativa, pero sobre todo con una idea clara de lo que se necesita aquí y ahora, es decir, enfrentar la pandemia, reactivar la economía y garantizar unas elecciones generales sin atisbo de duda.

Los cientos de compatriotas que a diario mueren a causa del coronavirus, los miles que ven resquebrajada su salud al contagiarse y los millones que han comprometido su bienestar y calidad de vida por la quiebra de la economía, no merecen que, por prejuicios políticos e ideológicos, se impida que el sector privado peruano apoye el proceso de adquisición de un mayor número de vacunas contra la enfermedad e impulse masivamente el proceso de inmunización.

Es una lástima que el ministro de Salud, doctor Óscar Ugarte, que inicialmente apoyó esta propuesta, se haya visto obligado a retroceder presionado por sectores que no reconocen la importancia de la iniciativa privada, pues prefieren imponer un monopolio estatal controlista que, por lo demás, nos ha demostrado que es caldo de cultivo de actitudes corruptas, inmorales y canallescas.

Aquí de lo que se trata es de salvar vidas, por lo que si hay algo que no se puede aceptar es que sigan pasando los días sin adoptar acciones concretas y eficientes.

▶ Peter Anders: Señor Presidente

▶ No insistir en el error

▶ Reactivar de verdad

Cálculos realizados por diferentes especialistas señalan que, de continuar con el actual ritmo de negociación, adquisición, importación, almacenamiento, distribución y aplicación, recién dentro de poco más de dos años se podría culminar con las tres fases establecidas por las autoridades de salud para que los 33 millones de peruanos reciban su vacuna. ¿Hay alguien que pueda esperar tanto tiempo? ¿Habrá cuerpo que lo resista?

Por eso insisto en la necesidad de que se permita a las empresas privadas participar en este proceso, apelando a la amplia experiencia y capacidad profesional y logística con que muchas de ellas cuentan en el mercado internacional. Solo de esta manera se podrá acelerar la vacunación a nivel nacional.

Se ha planteado varias posibilidades para esta colaboración, como permitir que las empresas que lo deseen compren directamente las vacunas para aplicarlas gratuitamente a sus trabajadores y –a precios asequibles- ofrecerlas a sus familiares.

Otra opción es que cadenas de farmacias, clínicas o laboratorios puedan aplicarlas a quien desee pagar por ellas. ¿Por qué el Estado tiene que obligar a alguien a recibir gratis una vacuna si esa persona cuenta con los recursos para costear este servicio?

No se trata como malintencionadamente se afirma, de crear un “mercado” de vacunas, sino de descargar la presión del Estado para que se dedique a atender a quienes verdaderamente lo necesitan, entre ellos los médicos, personal asistencial, de seguridad y limpieza, así como a los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, serenazgo y brigadistas, entre otros.

También a los miembros de mesa que deberán cumplir con este deber cívico en las elecciones generales de abril. Y, sin duda alguna, a nuestros compatriotas que no estén en posibilidades de adquirir la vacuna precisamente por su situación de pobreza agravada por la crisis económica. Es a todos ellos a los que prioritariamente el Estado debe atender.

En las últimas semanas hemos sido testigos de cómo el monopolio estatal de la vacunación permitió los más abyectos actos de corrupción y vileza de que se tenga memoria reciente.

Sin embargo, ello no debe desmoralizarnos y mucho menos paralizar la tarea inmensa de defender a los peruanos de la pandemia.

Invocamos al Poder Ejecutivo a seguir adelante con el proceso de vacunación, estableciendo los más rigurosos controles de seguridad, calidad y efectividad de las dosis, garantizando que se cumpla escrupulosamente con las fases establecidas.

Es imprescindible, además, que se ejerza un control férreo e incorruptible que impida que quienes no forman parte del primer grupo de vacunación, pretendan hacerse de una vacuna que no les corresponde.

La Cámara de Comercio de Lima confía en que el valor, honestidad, sacrificio, solidaridad y espíritu de lucha que caracteriza a la gran mayoría de peruanos, permitirán superar esta difícil situación para seguir construyendo juntos un Perú mejor para todos, con ética y con valores, como lo hicieron nuestros héroes a lo largo de este bicentenario.

Las vacunas van llegando paulatinamente a nuestro país, de modo que el proceso de inmunización de millones de peruanos frente a la COVID-19, finalmente comenzó. Buen avance, señor presidente Francisco Sagasti, pues por fin  parece haber una luz al final del túnel.

No obstante, recuerde que el sector privado, que contribuyó en gran medida para que se concrete el acceso a las vacunas y sin cuyo concurso no hubiera sido posible iniciar esta etapa, puede y debe hacer mucho más.

Por experiencia, por compromiso con sus trabajadores, con el país y con el bienestar de millones de peruanos, el sector privado sigue dispuesto a apoyar todos los esfuerzos que se haga para enfrentar la pandemia, superar la emergencia sanitaria y salir de la crisis económica.

▶ No insistir en el error

▶ Reactivar de verdad

Esta disposición a ayudar, que incluye la capacidad de traer vacunas y ofrecerlas a quien se encuentre dispuesto a pagar por ellas, no es una posición mercantilista como algunos equivocadamente consideran. Es, por el contrario, una oportunidad para que el Estado destine todos sus esfuerzos y los escasos recursos con que cuenta, a atender a quienes verdaderamente lo necesitan.

El Estado peruano no tiene hoy la capacidad ni los fondos suficientes para vacunar lo antes posible a los 33 millones de peruanos, entre los cuales hay muchos que pueden cubrir el costo de una vacuna y con ello mitigar en gran medida la labor de ese mismo Estado. Los recursos que podrían ahorrarse permitiendo que los que puedan pagar la vacuna lo hagan, bien pueden destinarse a la compra de oxígeno, camas UCI y demás implementos para nuestros hospitales.

Es urgente, además, considerar que cuanto más rápido sea el proceso de vacunación, más pronto será posible iniciar la reactivación económica, de modo que millones de familias recuperen sus empleos y, con ello, su capacidad adquisitiva y el bienestar que perdieron.

Con una población mayoritariamente inmunizada se puede volver a generar puestos de trabajo, recuperar la productividad, dinamizar la economía y comenzar el lento regreso a la senda del crecimiento.

Hoy, señor presidente de la República, no es momento para mantener esa mirada negativa frente a lo que puede hacer el sector empresarial privado del Perú. La desconfianza, la ideologización, los intereses políticos y de campaña electoral deberían estar no solo al margen sino totalmente ajenos a este proceso de recuperación de todo un país.

Hoy no importan votos, ni encuestas, ni curules que conquistar, sino vidas humanas; las vidas de millones de peruanos que se sacrificaron con la esperanza de proteger su salud y que luego, con los meses, se vieron enfrentados al abandono, a la desidia y hasta a la cruel realidad de descubrir que vacuna hubo en el 2020… pero solo para algunos privilegiados que hicieron mal uso de su poder. 

La Comisión de Transportes del Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que declara “de interés nacional” la creación de una línea aérea estatal. Las críticas no se han hecho esperar, pues la iniciativa supone un retorno a la actividad empresarial del Estado en una operación de por si es muy difícil, especializada, de enorme capital de riesgo y, sobre todo, donde el Perú ha tenido experiencias desastrosas.

Más allá de este caso específico, lo que se evidencia es que aún existe por parte de algunos legisladores y sectores políticos –incluyendo candidatos presidenciales- una vocación intervencionista y controlista de la economía.

Hace poco, sorprendió que una aspirante presidencial declarara no solo que su eventual gobierno decidiría dónde deberían invertir las empresas privadas, sino que además tuvo frases desconcertantes sobre la autonomía del Banco Central de Reserva.

▶No insistir en el error

▶Reactivar de verdad

Llama la atención que quienes ocupan o aspiran a ocupar los más altos cargos públicos del país, ignoren no solo el mandato constitucional sino además que es la inversión privada la que decide dónde orientar su capital, dónde correr riesgos y trabajar de forma eficiente para generar recursos y puestos de trabajo.

Para ello no se requiere de un Estado controlador o intervencionista, sino más bien de uno promotor que, a la vez, fiscalice eficientemente que no haya distorsiones ni abusos.

De acuerdo a cifras del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, en la década de 1970 (durante la dictadura militar de entonces) las empresas estatales aumentaron a un ritmo de 15 por año, incursionando en todo tipo de actividades que iban desde comercializar sal, papas y arroz, hasta administrar cines, centros recreacionales o buques petroleros.

Faltaría espacio para enumerar los sucesivos fracasos que ha tenido el Estado cuando sus funcionarios decidieron jugar a ser empresarios a costa del dinero de todos los peruanos. Aquí algunos ejemplos: Compañía Peruana de Teléfonos, Electro Perú, Entel Perú, Compañía Peruana de Vapores, la banca “de fomento” y la aerolínea “de bandera” Aero Perú. Todas terminaron de la peor manera, no solo quebradas, con millonarias pérdidas y gravísimos casos de corrupción.

No existe un solo caso en que estas empresas estatales hayan sido medianamente exitosas; sino que, por el contrario, además de su pésima administración eran utilizadas para pagar favores políticos y como agencia de empleos para militantes y simpatizantes del gobierno de turno.

Lejos de aprender esta dura lección, hay quienes insisten en volver a cometer el mismo error en lugar de impulsar la constitución de un Estado que sea capaz de atender demandas básicas de la población, como el acceso a los servicios de agua, salud y educación.

La pandemia del coronavirus ha evidenciado dramáticamente esta situación, pues pese a que en las últimas décadas se contó con flujos importantes de ingresos que permitieron contar con un Fondo de Estabilización Fiscal, nuestro Estado no ha sido capaz de construir hospitales de calidad o comprar oportunamente oxígeno o vacunas para salvar vidas.

Es necesario que nuestras actuales autoridades y los candidatos que buscan gobernar nuestro país   a partir del 28 de julio próximo, entiendan que tienen una responsabilidad con el futuro de millones de peruanos, lo que supone emprender una reforma del Estado para que este se dedique a lo que verdaderamente debe hacer. No nos merecemos regresar a un pasado lleno de fracasos y corrupción.

Nuevamente el Perú ha iniciado una cuarentena ante el recrudecimiento de contagios por la pandemia del coronavirus, pero esta vez ha sido diferente, pues casi un año después sin vislumbrar una estrategia clara y competencias adecuadas para hacer frente a la enfermedad por parte de nuestras autoridades, la respuesta generalizada ha sido el rechazo, descontento y desconcierto de la ciudadanía y los agentes económicos, pues lamentablemente otra vez se nos coloca frente a la cruel disyuntiva de elegir entre la salud y la economía, cuando no debería ser así.

No se entiende, por ejemplo, que se repita la fórmula del confinamiento y paralización económica que ya demostró su fracaso con los millones de puestos de trabajo perdidos, los miles de negocios y empresas empujados a la quiebra y los cientos de familias lanzadas nuevamente a la pobreza y la pérdida de su calidad de vida.

A estas alturas no debería ser un secreto que gran parte del sustento de muchas familias se genera en la informalidad y de lo que puedan ganar día a día, por lo que no les queda otra alternativa que salir a la calle a trabajar, así tengan que arriesgar su vida y su salud al exponerse a contraer la enfermedad.

No se le puede decir a estas personas, desde la comodidad de un escritorio, “no vas a trabajar durante 15 días” porque equivale a lo mismo que decirles “ni tú ni tu familia comerán en 15 días; ni tú ni tu familia se pueden enfermar y menos curar en 15 días”.

▶Reactivar de verdad

▶Verdad, coherencia y transparencia

▶Ni un minuto más que perder

Los expertos epidemiólogos y en salud pública se han cansado de repetirlo: un confinamiento sin rastreo de los lugares de mayor contagio no ayuda en nada. La cuarentena no tiene sentido sin pruebas moleculares masivas, sin estrategia para identificar zonas de alto riesgo y establecer cercos epidemiológicos. Sin un incremento en los servicios de salud, es decir, más médicos, enfermeras, asistentes, camas UCI y plantas de oxígeno, no servirá de mucho lo que se haga.

Ante la ola de críticas por lo confuso, incompleto y contradictorio de sus mensajes, el gobierno ha retrocedido dejando abierta una lista enorme de actividades económicas que, en principio, sí podrán desarrollarse en esta nueva cuarentena.

Pero es imprescindible de una vez por todas, definir una estrategia coherente frente a este enemigo. Necesitamos metas concretas, cuantificables y verificables. No podemos seguir improvisando.

Si bien ha sido positivo dividir el país en zonas de acuerdo a la gravedad con que se propaga la enfermedad, es necesario aplicar la medida con mayor precisión en cada región, porque muchas veces la situación en una localidad es muy diferente a otra, así sean vecinas, de modo que aquellas que se encuentran con niveles de contagio mínimos puedan seguir con mayor número de labores, siempre y cuando tomen medidas para evitar la propagación del virus.

Un segundo aspecto urgente es mejorar el transporte público, cuya caótica situación convierte este servicio en un foco de contagio que lleva al virus de un lugar a otro. Se requiere mejores controles en este sector donde se incumplen las más mínimas normas de legalidad.

Otro aspecto importante es eliminar la gran cantidad de trabas burocráticas que impiden o dificultan el desenvolvimiento de la economía. Si ya nuestro Estado es lento y busca estar omnipresente en todo, hoy a raíz de la pandemia y de los protocolos que se exige para trabajar, es peor.

Las municipalidades deberían comenzar a identificar medidas que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los negocios. Un buen paso fue el cambio de giro inmediato; otro la organización de mercados itinerantes –junto con el Ministerio de Agricultura y Riego- y un tercero el control que algunas de ellas hacen de servicios como el delivery.

En esa línea deben ahora, cuanto antes, identificar cómo reducir los obstáculos que se pone a quien quiere trabajar. Una muestra son los permisos municipales, a fin de promover mayor rapidez en el proceso de reacomodo de los negocios. A la luz de lo que enfrentamos, deberían reducirse, redefinirse y -en definitiva- unificarse. No es posible que para obtener una licencia de funcionamiento existan tales requisitos en un distrito y en la vereda de enfrente, en otro distrito, dichas exigencias cambien por completo.

Es también el momento para que cada peruano asuma su responsabilidad en esta segunda cuarentena. ¿Realmente cumplimos con las normas de seguridad? ¿Mantenemos distancia social, salimos lo menos posible, usamos adecuadamente las mascarillas, cumplimos con el lavado de manos?

Seamos sinceros; en los últimos meses nos relajamos al pensar que todo había pasado, que ya se había comprado y llegarían las vacunas, que se habían tomado las medidas necesarias para que no falten médicos, camas UCI ni oxígeno. Hoy la realidad nos golpea con dureza.

Asumamos que no siempre nos cuidamos y dejemos de esperar que nuestras autoridades lo hagan por nosotros; porque ello no necesariamente ocurre ni ocurrirá. Depende de nosotros.

La Plataforma Digital Única del Estado señala que el Programa de Garantías del Gobierno Nacional Reactiva Perú, “tiene como objetivo dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto de la COVID-19”.

“Así, –agrega– el programa busca asegurar la continuidad en la cadena de pagos, otorgando garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, a fin de que puedan acceder a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir de esta manera con sus obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), garantiza los créditos colocados por las empresas del sistema financiero”.

Pues bien, el próximo mes de mayo se cumplirá un año desde la fecha en que se desembolsó el primer crédito, por lo que comenzará a vencer el periodo de gracia de 12 meses otorgado a los beneficiarios que ahora deberán empezar a pagar sus préstamos.

Sin embargo, cabe preguntarse si el “impacto de la COVID-19” ha sido superado por nuestro país o si, por el contrario, nos encontramos en una situación no solo similar sino incluso mucho más grave ante la llegada de la segunda ola de la enfermedad, que una vez más ha colapsado los servicios de salud y llevado a retroceder en algunas de las medidas dictadas para reactivar la economía, especialmente en lo que se refiere a aforos de locales, horarios, transporte y limitaciones para realizar actividades comerciales y empresariales.

Es más, la amenaza de un nuevo confinamiento total sigue pendiendo como una espada de Damocles, generando incertidumbre e inestabilidad.

Tampoco se debe olvidar que la reanudación de las actividades económicas dispuesta el año pasado en cuatro fases paulatinas recién terminó de implementarse en octubre, de modo que algunos sectores como los vinculados a la recreación, cultura, comercio, gastronomía y turismo, entre otros, a duras penas pudieron comenzar a trabajar.

▶Verdad, coherencia y transparencia

▶Ni un minuto más que perder

Solo en los primeros 11 meses del 2020 el Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país cayó 12,8%. Únicamente cuatro sectores registraron resultados positivos mientras que otros intensivos en la generación de empleo retrocedieron drásticamente: alojamiento y restaurantes (-52,8%), transporte y almacenamiento (-27,5%), servicios prestados a empresas (-21,4%), construcción (-19,7%) y comercio (-17,4%).

El propio MEF ha reconocido que estos sectores difícilmente recuperarán su nivel de producción en el 2021, pues se estima que recién en tres años el Perú alcanzará el nivel de su PBI prepandemia.

Por si fuera poco, el inicio del 2021 tampoco pinta mucho mejor porque en diciembre último ya se daba cuenta de que la expectativa de la economía a tres meses retrocedió, ubicándose en el tramo pesimista, después de la leve mejora registrada en los meses anteriores.

No hay que ser muy perspicaz, ante estas cifras, para deducir que quienes accedieron a los créditos de Reactiva Perú no están hoy en día en las mejores condiciones para comenzar a pagar, pues a duras penas siguen sobreviviendo.

Es por ello que la Cámara de Comercio de Lima ha propuesto formalmente al Poder Ejecutivo que se amplíe el periodo de gracia de un año a 36 meses, de modo que las empresas tengan tiempo de recuperarse y cumplir con sus obligaciones.

No olvidemos que, de no poder hacerlo, el Estado –como garante de dichos créditos– deberá asumir la responsabilidad, lo que implicaría un riesgo muy elevado para el país.

De acuerdo al Banco Central de Reserva, el programa Reactiva Perú ha asignado un total de S/ 58.094 millones de préstamos a una tasa promedio de 1,4%. El 48,8% de estos recursos fue destinado a la gran empresa, 4,9% a la mediana empresa y el 46,3% a las mypes.

Es decir, la mitad de las empresas que acudieron a Reactiva Perú son medianas, pequeñas y micro empresas. Todas ellas, al igual que las grandes empresas, siguen haciendo su mayor esfuerzo por seguir trabajando y manteniendo a sus trabajadores, pero aún no logran equilibrar sus ingresos con sus egresos.

Que quede claro que nadie, en ningún momento, ha solicitado condonaciones o dejar de pagar; de lo que se trata es de buscar soluciones imaginativas y factibles para que quienes hoy no están en capacidad –no porque no quieran, sino porque no pueden– puedan hacerlo.

Una empresa quebrada no solo no podrá pagar sus deudas, tampoco podrá cumplir con sus trabajadores y proveedores. Únicamente será posible cuando logre reactivarse de verdad.

La serie de medidas dispuestas para enfrentar la “segunda ola” o “rebrote” de la pandemia del coronavirus en nuestro país, que en principio rigen hasta el próximo 31 de enero, constituye un cambio de estrategia respecto a la aplicada hasta el año pasado por el anterior gobierno, en que se dispuso a nivel nacional una paralización total de actividades, aislamiento social y luego una reanudación paulatina de actividades.

Esta vez, creemos que, con un sentido de realidad, se ha optado por dividir al país en zonas, considerando las diferentes características y niveles de alerta en que la pandemia está golpeando a la población, así como la disponibilidad de recursos para brindar servicios de salud indispensables.

Parece un primer paso positivo porque son disposiciones focalizadas de acuerdo a cómo se va comportando el virus y los niveles de contagio. Con ello no se generaliza y no se afecta toda la economía del país como ocurrió en la cuarentena del año pasado.

▶Propuestas de la CCL para la transición

▶La bala de oro y la bala de plata

No obstante, debemos demandar a nuestras autoridades del gobierno de transición, actuar y comunicar con mayor transparencia las acciones que se está tomando frente a la emergencia, principalmente en lo que se refiere a la compra de las vacunas, pues nuestro país no puede vivir permanentemente en la zozobra de no saber si estas medidas se mantendrán o de pronto se endurecerán frente al panorama que supone la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno y de personal médico.

Se requiere un plan de corto y mediano plazo que se transmita con claridad a la población, evitando versiones contradictorias, en la medida que todos necesitamos conocer con certeza cuál es la situación en la que nos encontramos, de modo que podamos asumir el comportamiento responsable que implica una emergencia sanitaria y, sobre todo, tener planes de contingencia ante situaciones no deseadas.

En esa medida, la incertidumbre sobre el costo, fecha de llegada e inicio de las jornadas de aplicación de las vacunas contra el coronavirus no puede seguir.

El presidente Francisco Sagasti aseguró que un primer lote de un millón de dosis llegaría “durante el mes de enero”, pero posteriores declaraciones de ministros y otras autoridades del gobierno han sembrado dudas no solo sobre la certeza de la fecha de arribo sino sobre la operación misma de compra de las vacunas, aduciendo razones de “confidencialidad”.

Preocupa también que pese a las duras consecuencias de la llegada del coronavirus al Perú el año pasado y pese a ser el país con mayor cantidad de muertos por cada millón de habitantes, no haya cambiado en nada la situación de los servicios de salud. Los hospitales siguen con las mismas carencias y limitaciones de infraestructura y personal.

Durante los meses de cuarentena y en los posteriores se pudo trabajar para subsanar las carencias más urgentes, se pudo elaborar planes en coordinación con el sector privado para enfrentar una segunda ola como ya se veía en otros países.

No es posible que una nueva ola de contagios nos sorprenda en las mismas condiciones en que nos encontró hace casi un año atrás. Nuestro Estado no puede seguir siendo tan lento, ineficiente e indolente.

Ya lo dijimos antes: no hay un minuto que perder y ahora reclamamos mayor sinceridad de parte de nuestras autoridades, cuyo encargo transitorio no los exime de la responsabilidad que asumieron al llegar al Poder Ejecutivo.

Los peruanos esperamos un rumbo definido frente a la pandemia, alguna medida que nos muestre que somos capaces de enfrentarla. Son 11 meses viviendo sin saber cuál será nuestro futuro. No podemos seguir así.

Dos anuncios nos impactaron la semana que pasó. Primero, el cierre -¡por fin!- de los primeros contratos de compra de la vacuna contra el COVID-19 por parte del Perú, así como la llegada de un primer lote en los próximos días; y segundo, la detección de un primer caso de la nueva cepa del virus en nuestro país, mucho más contagiosa, a la que se suma la advertencia de una inminente segunda ola de la enfermedad.

Tras varias semanas de incertidumbre e indignación al ver como todos los países vecinos no solo comenzaban a recibir las vacunas que habían adquirido con varios meses de anticipación, sino que a la vez emprendían campañas de vacunación masiva mientras que el Perú no lograba concretar una sola compra, finalmente en algo se ha recuperado la serenidad tras el anuncio de que se logró firmar acuerdos con las farmacéuticas Sinopharm (China) y AstraZeneca (Reino Unido).

▶Sin tiempo para más errores

▶Propuestas de la CCL para la transición

Por ello, es hora de recuperar el tiempo perdido y comenzar a planificar ahora mismo cómo se llevará a cabo la inmunización, quién estará a cargo de la logística, almacenamiento y distribución de las vacunas, qué personal será responsable de aplicarlas, de qué manera se le capacitará, y cómo se atenderá a quienes sufran algún previsible efecto secundario.

Además, cómo se organizará a la población para que las jornadas de vacunación no terminen siendo fuente de contagio por la aglomeración de personas y, en definitiva, hacer todo lo que un Estado mínimamente organizado debe hacer.

En esa medida, es importante que, a diferencia de lo ocurrido antes, en que se privilegió posiciones ideológicas al bien común, el actual gobierno de transición considere la participación activa del sector privado, el cual siempre ha estado dispuesto a colaborar con toda su capacidad, experiencia y profesionalismo en las acciones que se emprenda para enfrentar la emergencia sanitaria.

Son los empresarios peruanos -grandes, medianos y pequeños-, e incluso quienes sin serlo apuestan por nuestro país, quienes conocen a profundidad y saben llegar a todos los rincones del territorio nacional, por lo que su concurso en temas de acopio, conservación, embalaje, transporte y distribución de las vacunas es fundamental. Incluso existe la posibilidad de colaborar con personal médico.

Por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima ya hemos definido cuántas de nuestras empresas asociadas pueden contribuir con la refrigeración de las vacunas. Lo mismo están haciendo otros gremios empresariales en materia de almacenamiento y logística en general.

En igual medida, el gobierno de transición debe incluir en esta tarea el invalorable papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, además de las iglesias de diferente credo, cuya experiencia y comprensión de la realidad del país los hacen imprescindibles en esta etapa. En el caso de las FF.AA. y la PNP es imperioso que se les otorgue el respaldo político que requieren para cumplir a cabalidad su función.

Nunca más se debe dejar de lado a determinados sectores e instituciones por posiciones ideológicas o cálculos político partidarios que tanto daño han hecho a lo largo de la historia del Perú, pero especialmente durante el manejo de esta pandemia. Todo el que pueda ayudar debe participar y su presencia ser bienvenida.

En lo que nos concierne como ciudadanos, redoblemos nuestros esfuerzos por cuidarnos, cumpliendo a cabalidad medidas básicas como llevar siempre y correctamente la mascarilla, lavarnos las manos y, sobre todo, mantener la distancia debida.

El Perú y los millones de peruanos que han perdido la vida, su salud y sus empleos y los que hoy estamos aquí luchando por recuperar nuestro bienestar y nuestra economía, lo merecemos. No bajemos la guardia, trabajemos juntos, porque solo unidos seremos más fuertes.

Derogar la Ley de Promoción Agraria sin antes haber debatido y aprobado las modificatorias a la misma o la nueva ley que la reemplace, revela la manera improvisada, pusilánime y populista con que desde el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se han enfrentado las protestas, actos de violencia y vandalismo con que un grupo de trabajadores del campo reclamaban mejores condiciones laborales.

Así, no solo se ha provocado un vacío legal que ha dejado en la incertidumbre a dichos trabajadores y a las propias empresas agroexportadoras, sino que se ha generado un grave daño a un sector que en los últimos años impulsó el empleo formal y se convirtió en el segundo mayor captador de divisas para nuestro país.

Resulta imposible calcular hoy el inmenso perjuicio que esta actitud de nuestros gobernantes le ha hecho al Perú, echando por tierra los esfuerzos que desde hace décadas hacemos todos por garantizar un clima de estabilidad jurídica y predictibilidad, imprescindibles para atraer la inversión privada que es la que crea puestos de trabajo reales (no por favor político para los amigos), impulsa los ingresos y estimula la demanda, generando riqueza y bienestar para todos.

Propuestas de la CCL para la transición

La bala de oro y la bala de plata

En las últimas horas, en medio de bloqueos de carreteras, ataques a la propiedad pública y privada, vandalismo, saqueos y –lo cual es más grave- absoluta falta de respeto, agresiones y humillación a nuestra Policía Nacional, los peruanos somos testigos de cómo desde el gobierno y el Parlamento unos y otros eluden su responsabilidad, culpándose de la situación que ellos mismos generaron.

En vísperas del 2021, el año de la “celebración” del Bicentenario de la Independencia del Perú, nos encontramos con un país carente de autoridad y liderazgo, sin rumbo ni metas claras, desintegrado y fraccionado por quienes, en lugar de buscar la unidad nacional, se empeñaron en impulsar campañas de odio para descalificar al otro y enfrentar a los peruanos; todo en medio de una grave crisis sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus, que ha costado la vida y la salud a millones de nuestros compatriotas.

Desde la perspectiva económica, la necesidad de tener un país estable política y jurídicamente debería ser un objetivo primordial para los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Si hay algo que requiere nuestra maltrecha economía es recuperarse cuanto antes, porque los millones de peruanos que han perdido su trabajo y los empresarios grandes, medianos y pequeños que han visto quebrar sus negocios, no pueden seguir esperando.

Urge corregir los gruesos errores que se ha cometido en materia de gobernabilidad, recuperando por ejemplo la institucionalidad en entidades claves como la Policía Nacional, y recuperar el principio de autoridad; una autoridad que la dan la Constitución y las leyes de la República, no las algaradas callejeras, las bombas molotov, ni las piedras.

Nuestro país ha entrado a una etapa sumamente peligrosa, en la que las protestas –justificadas o no- se caracterizan por un extremo grado de violencia, quebrantamiento de la ley y vulneración de los derechos de los demás.

Nadie puede estar en contra de la libertad que tenemos todos los ciudadanos de expresar abiertamente nuestra posición en contra de alguna situación en particular, de rechazar alguna medida o decisión que nos afecte como personas o como sociedad. Se trata de una facultad inherente al ser humano y reconocida por nuestra legislación como un derecho.

Sin embargo, no podemos dejar de cuestionar esos reclamos cuando se transforman en actos delictivos como el vandalismo, el pillaje, la destrucción de la propiedad pública y privada o el ataque a las autoridades. También cuando se bloquea carreteras, impidiendo a otras personas que nada tienen que ver con el conflicto, ejercer su derecho al libre tránsito.  O cuando se agrede física y psicológicamente a quien no comparte su punto de vista. Esto rebasa todas las normas básicas de convivencia.

Es inaceptable que se reclame justicia y promueva cambios sin respetar las leyes y el estado de derecho que toda sociedad civilizada y desarrollada debe defender.

Desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) hemos hecho un llamado a las máximas autoridades de nuestro país para que garanticen la seguridad de la población, restablezcan el principio de autoridad y la vigencia de la ley frente a los hechos de violencia registrados en los últimos días.

Miles de personas, entre niños, adultos mayores, enfermos que requerían atención urgente y ciudadanos en general, han permanecido durante casi una semana en total abandono, sin tener qué comer, dónde dormir o satisfacer necesidades elementales, debido a la interrupción de vías en diferentes puntos del país. Han permanecido literalmente secuestrados bajo amenaza de ser apedreados, insultados o asaltados.

No obstante, ellos no han sido las únicas víctimas de esta situación; lo fueron también los trabajadores que no pudieron llegar a sus centros de labor; los agricultores, ganaderos, pescadores y comerciantes que perdieron sus productos y mercaderías al no poder llevarlas a sus destinos, y las familias que sufrieron el desabastecimiento de alimentos y el aumento de precios en las ciudades. Esto ha costado miles de dólares en pérdidas que repercutirán directamente en contra de la generación de puestos de trabajo y la recaudación que tanto requiere nuestro país ahora.

No es posible aceptar que este tipo de situaciones persistan con total impunidad, pues ponen en riesgo la vida, la salud y el trabajo de millones de peruanos.

Ello, sin embargo, no significa desconocer que se requiere reformas, que hay normas que deben modificarse y perfeccionarse.

Pero todo es posible dentro del marco de la ley y en un contexto donde primen el diálogo, el respeto y, sobre todo, el reconocimiento de que no se pueden imponer decisiones bajo coacción.

Atravesamos una emergencia sanitaria y una crisis económica muy graves que han puesto al Perú en una posición muy delicada de la que será muy difícil recuperarse. Nos costará mucho esfuerzo y sacrificio.

Lamentablemente, no faltan quienes ven en esto la ocasión propicia para aprovecharse políticamente, azuzando enfrentamientos de los que convenientemente ellos nunca participan.

Que hay informalidad en muchos sectores, nadie puede negarlo; que hay leyes que no se cumplen y que el Estado se encuentra muchas veces ausente, también es cierto.

Tampoco puede ignorarse que no siempre es culpa de una ley, sino de la manera en que se implementa, cómo se hace para sacarle la vuelta o por la falta absoluta de control, fiscalización y sanción por parte de quienes deben hacerlo.

Es entonces el momento de que el actual régimen de transición dé los primeros pasos para implementar reformas urgentes que sean luego consolidadas por el gobierno que se elija limpia y democráticamente el próximo año, porque se trata de un proceso de largo aliento.

Pero que quede claro que no se puede ceder fácilmente ante el primer reclamo, simplemente para salir de los problemas al paso, dejando en el camino bombas de tiempo para la próxima administración.

Nuestra responsabilidad como ciudadanos y empresarios es ser conscientes que necesitamos un clima de paz y concordia para analizar todo aquello que debe cambiarse o mejorarse en beneficio de todos los peruanos, sin que ello signifique destruir todo aquello que ha costado mucho esfuerzo construir.

No se trata de refundar el país o nuestra sociedad porque ello implica despreciar el trabajo realizado por generaciones. Debemos avanzar y corregir tomando como base lo bueno que tenemos.

El Presupuesto General de la República para el 2021 crecerá apenas 3,2% respecto al que tuvimos para este año y priorizará los sectores Salud y Educación, golpeados severamente por la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial de coronavirus.

El propio ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ha advertido que este modesto crecimiento se explica porque nuestra economía ha retrocedido de manera significativa y que en el 2021 no se recuperará del todo.

En ese sentido, cabe destacar que, con los pocos recursos que se tiene, se haya privilegiado la atención de la salud y la educación, pues si algo nos dejó claro esta pandemia es que, pese al crecimiento económico de los últimos 30 años, nuestros servicios para atender la emergencia sanitaria no fueron suficientes ni eficientes.

En el caso concreto de los estudiantes, no fue posible enfrentar el necesario distanciamiento social de manera rápida e inclusiva, pues a punto de terminar el año escolar, aún muchos carecen de los equipo e infraestructura indispensables que les hubieran permitido acceder a la educación a distancia.

Salud

En cuanto a salud, el presupuesto para el próximo año será de S/ 20,940 millones, de los cuales se considera destinar S/ 1,272 millones para financiar la atención sanitaria, financiando la adquisición de equipos de protección, la renovación de los contratos de personal y la adquisición de medicamentos y oxígeno. Asimismo, se contempla S/ 2,738 millones de reserva para vacunas y algunas eventualidades.

No obstante, frente a una pandemia como la que sufrimos y su posible rebote, estos recursos son pocos y la tarea es inmensa. No se trata solo de destinar más recursos o priorizar tal o cual área, sino también de comenzar a ejecutar de forma eficiente y rápida.

Desde el sector privado consideramos que es el momento de que nuestras autoridades comiencen realmente una auténtica reforma en lo que a ejecución de gastos se refiere. Es el momento de convertir esos limitados recursos en una herramienta efectiva que permita mejorar los servicios que brinda el Estado. La emergencia sanitaria así lo exige, así como los millones de peruanos que buscan preservar su vida y su salud.

No se pueden cometer los errores del pasado ni mucho permitir actos de corrupción en compras sobrevaloradas.

El Perú necesita recuperar la estabilidad social, política y económica para enfrentar efectivamente la pandemia del coronavirus y, a la vez, garantizar la realización de un proceso electoral libre de cualquier sospecha en abril del 2021. Estas deben ser las prioridades en esta hora difícil.

Estas son condiciones mínimas para comenzar a resolver la emergencia sanitaria que sigue provocando graves daños en la vida y la salud de nuestra población, así como la pérdida de millones de puestos de trabajo, el quiebre de miles empresas y la drástica caída de la recaudación fiscal, por citar solo algunos de los problemas más graves que tenemos.

Puede considerarse que es muy poco el tiempo que hay de aquí a la fecha en que debe realizarse el proceso electoral y, luego, al 28 de julio del 2021, cuando se lleve a cabo la transferencia del poder a quien legítimamente sea elegido por la mayoría de peruanos.

Sin embargo, sí es un plazo suficiente para tomar medidas que eviten que más personas mueran por falta de atención médica, que crezca el desempleo o que nuestros niños y jóvenes sigan perdiendo la posibilidad de estudiar.

Ante la amenaza inminente de una segunda ola de contagios del coronavirus, los esfuerzos deben orientarse a mejorar los servicios de salud, garantizando la provisión de camas UCI, plantas de oxígeno, equipamiento médico, contar con el adecuado número de profesionales de la salud y brindándoles a ellos y a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los elementos de bioseguridad que necesitan para que no terminen siendo víctimas de la enfermedad.

Es también un tiempo en el que se puede profundizar y enmendar en lo que sea necesario, las medidas dictadas para la reanudación de las actividades económicas. Muchas empresas han logrado recuperarse o evitar la quiebra gracias a los créditos del programa Reactiva Perú, salvando a la vez miles de empleos.

Sin embargo, ello no significa que estas mismas empresas hayan podido fortalecer su posición de cara a las obligaciones que tienen que enfrentar a partir del próximo año para pagar estos créditos garantizados por el Estado, por lo que se debe estudiar alternativas viables.

Un tema urgente es también la generación de empleo, de modo que aquellos que perdieron sus puestos de trabajo y con ello los ingresos para asegurar el bienestar de sus familias  cuenten con recursos para afrontar los siguientes meses.

Otro de los espacios donde se debe trabajar es buscar calmar a los mercados externos y mostrar, sobre todo a las calificadoras de riesgo, que la estabilidad jurídica y macroeconómica del país no se encuentran en riesgo. Es más, deberían sentarse ya las bases para recuperar un manejo responsable del tema fiscal y de la deuda pública, pues según las primeras estimaciones, el déficit fiscal este año bordearía el 10% del Producto Bruto Interno.

En suma, nuestro deseo es que se sanee nuestra economía y llevar a cabo una transición democrática que permita al Perú llegar al bicentenario de su independencia consolidando no solo sus instituciones sino también su economía, de forma tal que todos los peruanos alcancemos la paz y el bienestar a los que tenemos derecho.

Uno de los mayores impactos de la pandemia del coronavirus en el mundo –además de la vida y la salud de las personas– es la pérdida de millones de puestos de trabajo. En el caso de América Latina, diferentes organismos multilaterales han advertido que es una de las regiones más afectadas.

Concretamente, tratándose del Perú, las cifras de empleo a nivel nacional han caído trimestre a trimestre desde que comenzaron la emergencia sanitaria y la crisis económica que esta originó.

No obstante, la tendencia parece comenzar a revertirse a medida que la reactivación económica se va consolidando en nuestro país, en gran medida debido a la firme decisión del sector privado de no rendirse y seguir haciendo empresa –grande, mediana o pequeña– a pesar de las dificultades y trámites engorrosos que, además de la enfermedad, debe enfrentar.

Al cierre del cuarto trimestre del 2019 la población ocupada era de 17,4 millones personas, cifra que se redujo el primer trimestre 2020 a 16,5 millones y en el segundo trimestre a 10,3 millones.

Pero para el tercer trimestre del 2020 se proyecta que el empleo empezaría a recuperarse hasta alcanzar los 14,8 millones, siempre en la medida que se continúe avanzando con las fases de reanudación económica anunciadas por el gobierno.

No hay que olvidar, sin embargo, que, según propias estimaciones oficiales, a finales del cuarto trimestre del 2020 el empleo aún se encontraría por debajo del nivel previo a la crisis sanitaria.

No es ni será fácil recuperar los millones de puestos de trabajo perdidos, más aún el empleo formal, aquel que permite a los trabajadores contar con los beneficios de ley y al Estado recaudar tributos, pues muchas empresas han quebrado, otras a duras penas sobreviven y hay algunas que lentamente han comenzado su proceso de recuperación.

Solo será posible generar empleo formal en la medida que se avance en la reanudación de las actividades económicas, donde la tarea pendiente es la Fase 4.

Si bien es urgente que esta se termine de implementar, también es cierto que debe ir de la mano de un control efectivo de la pandemia, para que no se desate una nueva ola que tendría efectos devastadores.

Urgente es la reactivación económica, sobre todo en favor de quienes han perdido sus empleos, pero es necesario que seamos conscientes de que no servirá de mucho si no se controla un posible rebrote, porque tan importante como conservar un trabajo es mantener la vida y la salud.

Un análisis diferente es el que debemos tener con relación al empleo informal que se concentra en trabajadores y profesionales independientes, así como en las microempresas.

En el cuarto trimestre del año pasado la PEA informal sumó 12,2 millones de trabajadores, cifra que bajó a 11,5 millones al inicio del 2020. Por efecto de la pandemia, este grupo de trabajadores se redujo a 5,9 millones.

Se espera que haya una recuperación también en el sector informal a fines de este año. Pero más allá de ello, deberíamos pensar cómo formalizar a este grupo de peruanos para que no sigan siendo tan vulnerables a una crisis tan grave como la que aún vivimos a nivel mundial.

Es quizá el momento de pensar con seriedad en una reforma laboral que incluya a este sector y que permita una generación de empleo más dinámica, eliminando sobrecostos y obstáculos burocráticos que, lejos de promover la creación de puestos de trabajo formales, hacen todo lo contrario.

En la misma senda de recuperación de la economía mundial, el Perú ha comenzado a registrar indicadores de mejora, graduales aún, pero que representan una tendencia menos desalentadora de la que se proyectó meses atrás.

En agosto la economía peruana retrocedió 9,8%, menos que los dos dígitos de meses anteriores, y en septiembre las estimaciones de nuestro Instituto de Economía de Desarrollo Empresarial (IEDEP) proyectan una caída de 8,4%.

Pero sin caer en pesimismos, hay riesgos que evaluar en el contexto nacional y mundial que nos deben llevar a ser prudentes y tomar previsiones.

A nivel mundial, si bien las economías de los países desarrollados comenzaron a superar las drásticas caídas producto de la necesaria parálisis de sus actividades y retomaron gradualmente sus actividades, ahora ante una segunda ola de contagios se han visto obligadas a un nuevo confinamiento y cierre de ciertos sectores, cuyas repercusiones aún no se puede predecir.

El Fondo Monetario Internacional ha advertido en su último reporte de perspectivas de la economía mundial que “aunque la recuperación de China ha ocurrido con más rapidez de lo esperado, el largo camino que deberá recorrer la economía mundial para retomar los niveles de actividad previos a la pandemia sigue siendo susceptible a obstáculos”.

Eso supone entonces que cualquier mejora que esperemos en nuestra economía y en recuperar el nivel de vida de nuestros compatriotas, tomará todavía un tiempo.

A ello debemos sumar que el proceso electoral que tenemos en marcha rumbo a abril del 2021 significa un riesgo más que enfrentar. Es común que este tipo de etapas generen incertidumbre, sobre todo en la inversión privada nacional y extranjera, en la medida que se desconoce el rumbo que podría tomar el próximo gobierno.

Nuestro país ha exhibido en los últimos 30 años una estabilidad macroeconómica en torno a la cual nos convertimos en una plaza atractiva para la inversión privada extranjera, orientada sobre todo a la minería, infraestructura, energía y comercio. Ahora esta inversión ha caído en 72%, el mayor retroceso en la región.

Por si fuera poco, en las últimas semanas el Congreso ha aprobado una serie de medidas que no favorecen el crecimiento económico que ayudará a miles de peruanos a salir de la pobreza.

Con este panorama no es difícil predecir que la economía peruana va a tardar en recuperarse, con lo que ello supone para el deterioro del empleo, la recaudación fiscal y el bienestar de las familias.

En ese sentido, es imprescindible que la reactivación de las actividades económicas siga adelante, pero de manera sensata, a fin de evitar riesgos que nos hagan retroceder. Debemos velar por la vida y la salud de todos, en primer lugar, asumiendo un compromiso con las medidas de protección que nos permitan evitar la temida segunda ola de la pandemia.

Hasta el momento, nuestra economía está dinamizándose poco a poco al punto que –según el Banco Central de Reserva (BCR)– registró, en agosto último, la segunda menor caída frente a otros países de América Latina.

A ello se suma que el FMI la semana pasada elevó su pronóstico de crecimiento para la economía peruana en el 2021 de 6,5% a 7,3%.

Es hora de ver la luz al final del túnel.

Sirvan estas primeras líneas para agradecer una vez más la confianza con que me han distinguido los asociados de la Cámara de Comercio de Lima, al otorgarme el honor de presidir una vez más esta centenaria institución. 

Lo hago en una coyuntura particularmente difícil, pues a raíz de la pandemia del coronavirus enfrentamos una emergencia sanitaria sin precedentes, que sigue costando la vida y la salud a millones de personas en todo el mundo, y que a la vez ha desencadenado una crisis económica global.

Esta situación representa para el sector empresarial peruano un enorme desafío, el cual debemos enfrentar con responsabilidad y compromiso.

Responsabilidad y compromiso primero con el bienestar de nuestros trabajadores, proveedores, clientes y sociedad en su conjunto, pero también para trabajar sin desmayo a fin que nuestra economía se recupere en el más breve plazo, sin descuidarnos, pues la amenaza de una segunda ola de contagios es un peligro latente.

Es difícil encontrar un término capaz de abarcar la necesidad de proteger la salud y a la vez generar recursos y empleo. 

Pero no es una tarea imposible, siempre que lo hagamos respetando las normas de protección para evitar la propagación de la enfermedad y si reactivamos nuestra economía bajo el esquema de una nueva normalidad, pues esta pandemia parece haber llegado para quedarse un buen tiempo entre nosotros. 

Esta nueva normalidad implica reanudar nuestras actividades adoptando mecanismos de producción, transporte, comercialización, distribución y consumo completamente distintas a las que estábamos acostumbrados. Ello implicará mayores inversiones, optar por el uso de tecnologías, digitalización de procesos y, como no, del trabajo remoto. 

No todas las empresas están en condiciones de enfrentar este panorama por ahora. Por ello, es importante que todos los esfuerzos que se hagan desde el sector privado para recuperar el crecimiento económico de nuestro país se encuentren acompañados del Estado, cuya responsabilidad es crear las condiciones adecuadas que se ajusten a nuestra realidad, especialmente para que aquellos sectores como las pequeñas y microempresas -tan importantes para la generación de empleo- que ha sido severamente golpeados.

Nuestro país ha iniciado la reanudación de sus actividades económicas, las cuales parecen haber detenido una mayor caída de nuestro aparato productivo, tal como lo muestran las cifras de agosto en que se frenó la caída del Producto Bruto Interno (PBI) que registró un 9,82% después de haber alcanzado los dos dígitos en meses anteriores. No perdamos este impulso inicial. 

Sepan los empresarios y trabajadores del Perú, y también nuestras autoridades de todo nivel, que tienen en la Cámara de Comercio de Lima una voz y un aliado estratégico en la que debe ser una tarea común y motivo de unidad nacional: el progreso y desarrollo del país, pero sobre todo para asegurar una mejor calidad de vida par a todos los peruanos.

Hace dos años y medio asumí la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima. Fue un reto, un desafío, pero sobre todo un gran honor y compromiso con sus asociados y con nuestro país.

La Cámara de Comercio de Lima es una institución centenaria, cuya historia está ligada a la historia del Perú, por lo que es heredera de un valioso legado que debemos proteger, pero que a la vez nos impulsa a seguir trabajando para fortalecer su presencia, constante desarrollo y visión de futuro.

Han sido meses a lo largo de los cuales el Perú ha enfrentado situaciones delicadísimas como la crisis política, el descubrimiento de graves casos de corrupción y –por si fuera poco- la llegada de una pandemia mundial que sigue provocando un gran daño a la economía, pero, sobre todo, a la salud, la vida y el bienestar de nuestros compatriotas.

En ese escenario me tocó dirigir la CCL, y lo hice privilegiando siempre la defensa de la iniciativa de cientos de empresarios, emprendedores y profesionales que arriesgan todo –incluso su seguridad y tranquilidad personal y familiar- para generar empleo formal y brindar una mejor calidad de vida para millones de peruanos e incluso para quienes sin serlo, buscan en nuestra tierra una oportunidad.

No me cansaré jamás de repetir que es la inversión privada, grande, mediana o pequeña, la que dinamiza la economía, generando puestos de trabajo directos e indirectos y pagando impuestos a través de los cuales el Estado cuenta con los recursos que necesita para brindar servicios básicos como agua, salud, electricidad, infraestructura, seguridad, educación y acceso a la justicia.

Frente a los cuestionamientos y generalizaciones injustas de los que somos objeto los empresarios por parte de algunos grupos interesados, he levantado mi voz para demostrar que el sector empresarial peruano tiene un compromiso con el país y que sigue trabajando a pesar de las adversidades.

Hoy en día, la tramitología, la burocracia, el populismo, la inseguridad jurídica, la delincuencia y la corrupción ponen muchas veces en riesgo los esfuerzos que hacemos por hacer empresa, por apostar por el Perú. Pero no nos amedrentan, como no lo hicieron tampoco el terrorismo y la crisis económica que vivimos en la década de los años 80.

Por más que haya voces que descalifiquen el modelo económico o a la actividad empresarial privada, nadie puede negar que la gran mayoría de empresarios peruanos está comprometida con el Perú y que busca, desde sus propios espacios, erradicar la pobreza y el abandono que a tantos afecta.

La CCL personifica a estos empresarios y la defensa de ellos ha sido mi principal tarea en estos dos años y medio.

Fueron días, semanas y meses de arduo trabajo no solo para representarlos frente a un Estado muchas veces indolente e ineficiente, sino también para demostrar que la resiliencia, la perseverancia y la constancia son las principales características de los empresarios y trabajadores del Perú.

Estoy convencida que sobre estas bases reconstruiremos la senda del crecimiento económico que lleve a nuestro país a un mejor destino.

Ahora toca a Peter Anders asumir la presidencia de la CCL, un gran amigo y empresario al que respeto y aprecio. Le deseo lo mejor y tengo la plena confianza que lo hará muy bien.

Termino mi mandato con la sensación de que aún falta mucho por hacer, que quedaron temas pendientes. Me queda también la angustia de saber que aún vienen tiempos difíciles.

Sin embargo, me llevo en el corazón el orgullo y privilegio de haber estado acompañada de grupo de excelentes profesionales que entregan cada día su mejor esfuerzo para seguir escribiendo la historia de 132 años de la Cámara de Comercio de Lima, el gremio empresarial más representativo del país.

Sepan que valoro y agradezco a cada uno de ustedes y que estoy segura que después de la tormenta que hoy atravesamos, vendrá la calma y el sol nos alumbrará a todos. Siempre teniendo presente a nuestro recordado mentor Samuel Gleiser Katz.

Juntos somos un gran equipo y siempre juntos superaremos cualquier adversidad.

Nunca lo olviden.

Una encuesta realizada entre 500 altos ejecutivos de empresas de Europa, Medio Oriente, África, Asia-Pacífico y América dio cuenta que el 70% de las empresas de estas regiones había enfrentado alguna crisis de reputación.

El informe global sobre riesgos Global Risk Landscape de BDO que se elaboró en base a esta encuesta mostró además que las empresas son cada vez más conscientes del peligro que hay para su reputación.

Ya lo señaló una vez el empresario estadounidense Warren Buffett: “Toma 20 años construir una reputación y sólo cinco minutos arruinarla”.

Pueden ser muchos los factores que arruinen una reputación corporativa: desde riesgos operativos, mala calidad de productos o servicios, falta de responsabilidad social, malas relaciones y hasta vínculos con delitos, entre otros.

Frente a ello se puede ser reactivo, es decir responder cuando la crisis de reputación estalla, o ser proactivo y prevenir este tipo de situaciones.

Hay empresas en el Perú de larga data que trabajan bajo estándares éticos muy estrictos; hay ejecutivos y trabajadores que buscan el mejor desempeño propio y de su compañía.

Existen muchos ejemplos.

Gremios como la Cámara de Comercio de Lima trabajamos arduamente para defender esta forma de hacer empresa.

Uno de los mecanismos por el cual apostamos es el denominado “compliance”, el cual básicamente es la adopción de procedimientos internos que minimicen o eviten el riesgo de que dentro de una organización se cometan delitos.

El “compliance” es también una forma que tienen las empresas para asegurarse de cumplir con una serie de normas y leyes, evitando la corrupción o la presencia de actos dolosos en su actividad. Con ello, este procedimiento ayuda también a minimizar la posibilidad de que ocurran atentados contra la reputación empresarial.

Para lograr que efectivamente el “compliance” tenga resultados, es importante que los empresarios trabajemos en una cultura empresarial, pues solo generando un compromiso personal por parte de nuestros ejecutivos y trabajadores, será posible asegurar que desempeñen sus actividades de manera ética y legal.

Solo así podremos proteger la reputación que tanto nos costó construir y, sobre todo, concientizar a nuestros colaboradores del compromiso que deben tener con la empresa en la que trabajan y con la marca que ella representa.

La CCL tiene como propósito y compromiso promover una cultura de cumplimiento en toda la institución, entre sus directivos y colaboradores.

Hoy contamos con un Modelo de Prevención implementado y auditado que ha permitido que, el 7 de octubre último, el equipo de auditores de World Compliance Association de España y Perú nos otorgue la certificación que da cuenta que cumplimos con los requisitos y las exigencias señaladas por la legislación peruana en esta materia.

Si bien el mayor impacto de la pandemia mundial del coronavirus es la irreparable pérdida de vidas, que en el caso de nuestro país supera –según cifras oficiales –los 30,000 muertos, igualmente grave y dramática es la pérdida de puestos de trabajo, que impide a millones de familias acceder al bienestar que con tanto esfuerzo habían construido, incluyendo servicios básicos como la salud y la educación.

Se estima que 6 millones 700 mil trabajadores a nivel nacional han perdido sus empleos en los últimos meses. Es una cifra que, al igual que las de los fallecidos, resulta escalofriante. Revertir esta situación es responsabilidad de nuestras autoridades y de nosotros, los empresarios.

Para iniciar el camino de la recuperación –que parece darse con una menor caída del empleo en el trimestre junio, julio y agosto- es necesario en primer lugar hacer un diagnóstico del punto de partida.

La crisis económica que devino en una crisis del empleo, ha impactado principalmente en quienes tienen únicamente educación primaria y secundaria, es decir, con menor capacitación y que, por lo general, forman parte de los millones de trabajadores informales de nuestro país.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre móvil junio, julio, agosto 2020, la Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó en 45% -respecto a similar periodo del 2019- entre quienes tienen educación primaria o menor nivel educativo.

Asimismo, el otro grupo más afectado fue el de los jóvenes, pues el empleo juvenil, que corresponde a la población ocupada de 14 a 24 años de edad, cayó 43,7% en los periodos comparados.

Si bien por su propia naturaleza no es posible medirlo con certeza, muchos economistas estiman que estos porcentajes remiten a la pérdida del empleo informal, aquel que no le otorga al trabajador ningún beneficio social ni muchos genera un respaldo para situaciones como la que afrontamos.

En esa medida, cualquier planteamiento de reactivación con miras a recuperar el empleo debería considerar cómo incorporar, bajo un nuevo esquema, a los trabajadores menos capacitados y a los jóvenes.

Ello debería pasar por un programa de reentrenamiento de las personas e identificar sus opciones de reinserción laboral.

Recordemos que el mundo post pandemia exigirá nuevas destrezas, vinculadas con la digitalización de muchos bienes y servicios que antes se brindaban de manera distinta.

Además, con ello podríamos comenzar a formalizar mucho más el empleo, pues el hecho de tener que abrir cuentas bancarias para acceder a la ayuda social del Estado es un primer paso en esa formalización de quienes hasta antes de la Covid-19 laboraban de manera informal.

De igual manera, debemos plantearnos programas especiales para los jóvenes. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de la cuarta parte de los jóvenes que forman parte de la fuerza laboral de América Latina estaría buscando activamente un empleo, pero no lo podrán conseguir en una coyuntura como la actual. Es más, una buena parte de ellos venía desempeñándose también en el sector informal.

Se requiere entonces de programas específicos para jóvenes, quienes además podrían retornar a sus estudios, pues son miles los que tuvieron que dejarlos por la falta de ingresos.

La tarea es ardua y cuesta arriba pero también representa una oportunidad para cambiar las estrategias que tenía nuestro país para incorporar más trabajadores al sector formal y para promover el empleo entre los jóvenes.

No se trata solo de resolver el problema actual del desempleo, sino de mirar el futuro para generar empleo formal de manera sostenible.

De este modo, retomar el crecimiento económico tendrá un verdadero sentido.

Causa gran preocupación, incertidumbre y desconcierto el accionar de algunos congresistas que en los últimos meses han promovido, y lo que es peor, han aprobado una serie de proyectos de ley que no solo violan principios constitucionales elementales, sino que a la vez debilitan aún más nuestra maltrecha economía, seriamente golpeada por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Lamentablemente, como se puede comprobar, muchos de esos proyectos de ley no cuentan siquiera con una mínima sustentación técnica o un análisis de su costo-beneficio, tal como lo establece el Reglamento del Congreso de la República como requisitos para su formulación.

Solo como ejemplo, en el caso del proyecto de ley aprobado que dispone la «devolución» de aportes a los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), no parece haberse considerado que ello significaría un costo de más de S/ 13.000 millones al fisco; mientras que en el caso del también aprobado proyecto de ley que ordena el ascenso automático de un grupo de trabajadores de EsSalud, se genera un sobrecosto de S/ 11.000 millones anuales a la institución, con un déficit de S/ 2.500 millones.

Resulta evidente que los legisladores que han dado su voto favorable a estas iniciativas no han tomado en consideración el artículo 79 de la Constitución Política, el cual expresamente señala que: “Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto”.

Naturalmente, nadie puede estar en contra de que quienes aportaron al sistema público recuperen por lo menos una parte de su contribución, sobre todo en los casos de quienes no alcancen a recibir una pensión por los años aportados. Tampoco nadie puede oponerse a que se mejore el monto de aquellos a quienes sí les corresponde.

Sin embargo, para ello, el problema debe atacarse desde el fondo, trabajando una reforma seria e integral del sistema pensionario, pues en la actualidad los aportantes de la ONP apenas alcanzan a cubrir el 50% del monto de las pensiones. La diferencia es atendida con recursos públicos que representan alrededor del 0,2% del PBI.

En cuanto a EsSalud, cabe preguntarse si no es mejor destinar dichos recursos a mejorar y a fortalecer su capacidad de atención, más aún en esta coyuntura en la que miles de peruanos mueren cada día por falta de camas, equipamiento, hospitales o médicos.

¿Acaso estos casos no ameritan proyectos de ley seriamente estudiados que propongan una solución a largo plazo, que realmente proteja a nuestros jubilados y otorguen una solución viable al régimen de contratos administrativos de servicios (CAS) en el que miles de trabajadores estatales ven disminuidos sus derechos?

Ante el panorama descrito, queda la sensación de que un gran número de legisladores prioriza sus intereses partidarios, en lugar de priorizar el Perú.

Una actitud egoísta e irresponsable que hace mucho daño en momentos en que lo que más se necesita es generar confianza, garantizar estabilidad y que todos pongamos de nuestra parte no solo para salvar nuestra golpeada economía, sino sobre todo la vida y la salud de nuestros compatriotas.

Dicho esto, también se debe instar a que desde el Poder Ejecutivo no solo se mejore la ejecución presupuestal, sino que se destine los recursos públicos recaudados – que pagamos todas las empresas y personas formales a través de los impuestos – a temas realmente prioritarios y de alto impacto, evitando gastos innecesarios como consultorías, merchandising o publicidad que terminan en saco roto sin lograr objetivos país.

Nuestra economía está seriamente afectada; este año decrecerá 12%, el desempleo subió a 8,8 % entre abril y junio y miles de empresas grandes, medianas y pequeñas de todos los sectores han quebrado en todo el país.

Enfrentamos una crisis sin precedentes de la que solo podremos salir si todos actuamos con responsabilidad.

La tarea de reconstruir nuestro querido país debe hacerse sobre bases sólidas y con una economía cuya estructura al menos no se encuentre tan deteriorada que haga imposible su crecimiento en el mediano plazo.

Solo así será posible volver a generar trabajo, luchar contra la pobreza y procurar el bienestar que todos queremos. Es hora de rectificar. ¡Responsabilidad, señores!

La presentación que realizará mañana martes el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ante el Congreso de la República, donde expondrá y debatirá la política general del gobierno para los próximos meses, pondrá -esperemos por el bien del país- punto final a la crisis política que se generó la semana pasada tras la caída del anterior gabinete, al negársele el voto de confianza.

Confiamos que el recompuesto equipo de gobierno marque un nuevo rumbo para enfrentar la grave crisis sanitaria y económica que atraviesa el Perú a consecuencia de la pandemia del coronavirus, la cual sigue costando la vida y la salud de millones de compatriotas, y manteniendo la angustia del desempleo luego que muchos centros de trabajo quebraran y se vieran obligados a cerrar o, en el mejor de los casos, a reducir personal.

Al actual gobierno del presidente Martín Vizcarra le quedan menos de 11 meses de gestión, pues indefectiblemente el 28 de julio del 2021 deberá entregar el poder a quien libre e incuestionablemente sea elegido por los peruanos en las elecciones generales del próximo año.

Es por ello que, el plan que presente el ministro Martos deberá contener medidas muy puntuales de corto plazo y de fácil ejecución, con objetivos concretos que le permitan al país encaminarse a superar esta hora difícil.

¡No hay tiempo que perder! No es momento de prometer construcción de hospitales, colegios, carreteras o vías férreas, tampoco de anunciar mayores presupuestos que al final no son ejecutados, ni mucho menos de hablar de reformas o convocar mesas de dialogo que no se hicieron en su momento.

Que el Perú necesita todo eso y mucho más no hay duda; pero en este momento nos estamos jugando los descuentos del partido y por lo tanto la claridad, trasparencia y capacidad de ejecución en el corto plazo, es la combinación de elementos que nos urge tener ahora para salir del colapso en el que nos encontramos.

¿Qué se hará para incrementar cuanto antes el número de camas UCI? ¿En qué momento se instalarán las plantas de oxígeno del Ministerio de Salud? ¿Cuándo llegarán los respiradores artificiales y las pruebas moleculares comprados por el Estado? ¿Cómo se va a atender a los enfermos COVID 19 que ya no son recibidos en los centros de salud u hospitales públicos? ¿Qué será de los pacientes que sufren otras dolencias que no tienen dónde atenderse? ¿Cuándo se concretará la adquisición y distribución de las tablets que los niños pobres necesitan para estudiar y no perder el año escolar?

¿Cómo establecer una alianza eficiente, permanente, con el sector privado que demuestra cada día que puede aportar mucho? ¿De qué manera se destrabará la reactivación económica para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo formales y garantizar estabilidad jurídica y política a los inversionistas nacionales y extranjeros?

Las respuestas a cada una de estas preguntas deberían suponer una acción puntual, con un plazo de ejecución impostergable y con un funcionario público claramente definido, responsable de presentar indicadores de gestión que permitan al país tomar cuentas de qué es lo que se está haciendo en aras de salir de la crisis.

En materia económica lo urgente y necesario es facilitar prudentemente el reinicio de actividades económicas, simplificando protocolos, desburocratizando trámites y recuperando la coherencia en las normas que se dictan. Lo hemos advertido antes; los dos millones 700 mil puestos de trabajo formales perdidos solo en Lima Metropolitana y los miles de empresas de todo tamaño y sector quebradas a nivel nacional, deberían ser motivo más que suficiente para que nuestras autoridades reaccionen, enmienden lo que haya que enmendar y encaminen al país a recuperarse.

La reactivación real de las empresas es la clave para revertir sin retrocesos esta lamentable situación que hoy vivimos y los empresarios, ciento de miles que seguimos bregando incansablemente, somos los más importantes aliados del Gobierno para tener éxito en esta cruzada.

Quiero concluir deseando el mayor de los éxitos al jefe del gabinete Walter Martos y a sus ministros, recordándoles que nuestras esperanzas están puestas en ellos. Es ahora que el gobierno debe tener un rumbo determinado y sentar las bases que nuestro país requiere para comenzar a salir de esta dramática situación. Todos los peruanos confiamos en ello.

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presenta este lunes 3 de agosto ante el Congreso de la República para solicitar el voto de investidura para él y sus ministros. Según ha adelantado, en su mensaje dará a conocer “mayores detalles” de la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria que vive nuestro país y a la vez reactivar la economía.

Confiamos escuchar, esta vez sí, anuncios muy puntuales con plazos de riguroso cumplimiento, porque los millones de peruanos que han visto partir a un ser querido sin siquiera despedirlo, que están o tienen a un familiar enfermo, que han perdido su trabajo o han visto quebrar la empresa o emprendimiento en el que depositaron todo su esfuerzo e ilusión, no pueden seguir esperando.

Bien ha hecho el Gobierno en sincerar las cifras, por más duras que sean, pues la verdad es la base de la verdadera confianza. Necesitamos saber con certeza dónde estamos, hasta dónde hemos caído, para saber también cuánto nos costará levantarnos y reemprender el camino con acciones concretas que nos lleven hacia el bienestar que todos buscamos.

Si bien es cierto que un discurso presidencial no puede cubrir todos los aspectos que los ciudadanos querríamos escuchar, en el Mensaje de Fiestas Patrias del presidente Martín Vizcarra hubo vacíos; por ello, la presentación y la posición oficial del gabinete ministerial ante el Parlamento Nacional necesitan cubrir dichas omisiones con urgencia.

Por la coyuntura que estamos atravesando, es menester conocer las medidas prioritarias para reactivar el consumo, promover y garantizar la inversión privada nacional y extranjera y destrabar barreras burocráticas y políticas sectoriales que impiden a las empresas volver a generar empleo formal y producir.

Es el caso por ejemplo de las exportaciones, un área que representa un porcentaje no menor del PBI y que requiere de atención prioritaria del Poder Ejecutivo; pues entre ellas se encuentran las industrias textiles y de confecciones, muy importantes al momento de demandar mano de obra de manera directa e indirecta.

Igualmente, es ineludible que lleguen de una vez por todas los recursos de Reactiva Perú y del Fondo de Apoyo Empresarial a las micro, medianas y pequeñas empresas, así como a las del sector turismo, que ya no saben hasta cuándo tendrán que seguir esperando.

A pesar de esta difícil situación, los peruanos -y quienes sin serlo han construido en estas tierras su segundo hogar- hemos demostrado que no hemos perdido la esperanza y que estamos dispuestos a seguir sacrificándonos, a trabajar sin desmayo, arriesgar e invertir hasta lo que no tenemos.

Pero “la esperanza -sostiene un dicho popular- no es fingir que no existen los problemas, es realmente la forma más exacta de encontrar las solucione que nos da la vida”.

Y ahora más que nunca estamos convencidos que las soluciones no podrán concretarse si no se activa el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado.

Aprovechemos el momento para eliminar burocracia innecesaria, que este momento duro que nos ha tocado vivir sirva para eliminar la demora en el otorgamiento de licencias, requisitos, trámites, inspecciones y sinnúmero de gestiones que impiden el reinicio de las actividades productivas; o la adecuación a protocolos de bioseguridad fuera de toda realidad.

Acuñemos un mensaje para todos los peruanos, que nos lleve al convencimiento que “hacer empresa debe ser fácil en el Perú”. Esa debe ser la realidad en los próximos años si queremos recuperar el crecimiento, mejorar la formalización, reforzar la institucionalidad, y hacer país de verdad.

Son 4 meses y medio que el país se encuentra en crisis sanitaria y económica y es el momento de soluciones específicas. Son dos millones 700 mil empleos perdidos únicamente en Lima Metropolitana y centenares las empresas, negocios y emprendimientos quebrados en todo el país, los que nos muestran con crudeza la inmensidad de la tragedia que vivimos en materia económica.

La situación de nuestro país coincide con la de un contexto mundial de crisis que no podemos dejar de considerar, lo que se suma a las debilidades estructurales que tiene nuestro Estado. Como ha advertido el politólogo estadounidense Francis Fukuyama (El Comercio, 2/8/2020) “hay mucha gente que ha sido dejada de lado de la historia de crecimiento del Perú”.

No obstante, decir que es muy poco tiempo, que resta menos de un año para que concluya este gobierno, no puede ser excusa para que no tomemos la decisión de hacer patria una vez más en la historia del Perú.

Desde el lado empresarial aquí estamos, porque nunca nos fuimos a pesar de los embates que hemos recibido y de los mensajes que pretenden ignorar nuestra contribución y compromiso. Estamos, como siempre, dispuestos a seguir creyendo en el Perú.

De nuestras autoridades solo necesitamos ideas claras, liderazgo y voluntad de conducir al Perú a un destino de bienestar, justicia y democracia para todos.

El artículo 118 de la Constitución Política establece que es obligación del presidente de la República dirigir un mensaje al Congreso al instalarse la primera legislatura ordinaria anual, es decir, cada 28 de julio, fecha en que el Perú celebra su aniversario patrio. Este mensaje que, según el mandato constitucional, debe presentarse en forma personal y por escrito, debe contener la exposición detallada de la situación del país y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Poder Legislativo.

Así debe ser; así ha sido siempre.

Sin embargo, este 28 de julio encuentra al país en una situación de extrema gravedad por la emergencia sanitaria y la crisis social provocada por la paralización de todas las actividades económicas, decretadas a raíz de la llegada de la pandemia del coronavirus.

Así, el panorama actual es sombrío frente a los miles de peruanos víctimas de esta enfermedad, que no encuentran dónde atenderse, con hospitales y centros de salud colapsados y personal de salud, militares y policías carente de elementos básicos de bioseguridad para cumplir su importante labor. A ellos se suman los millones de hombres y mujeres que han perdido sus puestos de trabajo por la quiebra y cierre de miles de empresas.

Sin embargo, sí debemos esperar del Mensaje a la Nación que desde el hemiciclo congresal dirigirá este martes el presidente Martín Vizcarra, acciones claras, concretas y coherentes que permitan al país emprender el camino de recuperación de la situación en que se encuentra, convocando a todos los sectores, sin exclusiones o sesgos ideológicos de ningún tipo.

Sería muy dañino que alguien piense que se debe “administrar la crisis” y dejar pasar el tiempo. La emergencia no admite cálculos políticos.

Por ello, además de la inmediata atención de la salud de los peruanos, una de las primeras obligaciones es aceptar el apoyo que desde el primer día ofreció el sector privado peruano, así como disponer de la siempre valiosa participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las iglesias de todo credo.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos: son los empresarios, militares, policías y religiosos los que mejor conocemos el país y tenemos la organización, capacidad e infraestructura para llegar allí donde el Estado no llega.

Los hombres y mujeres que hacemos empresa en el Perú, estamos más que comprometidos en trabajar de la mano del Estado para ayudarlo allí donde se nos necesite.

A la vez urge destrabar la maraña de protocolos, requisitos, trámites, licencias, inspecciones y sin fin de gestiones burocráticas que impiden el reinicio de las actividades económicas, frustrando el empeño y sacrificio que hacen millares de grandes, medianos, pequeños y micro empresarios por volver a producir para evitar la quiebra, conservar a sus trabajadores y comprar a sus proveedores.

Urge que el mensaje presidencial inspire confianza, genere certidumbre política, económica y legal para garantizar la inversión del empresariado peruano y la posibilidad de volver a atraer la inversión extranjera.

Los peruanos que hoy deambulan por las calles en busca de un empleo con el cual poder sostener a sus familias, solo lo volverán a encontrar si las empresas de todo tipo y tamaño vuelven a trabajar. Ellos no pretenden dádivas ni puestos de trabajo de favor.

Hay que insistir una y otra vez hasta que se entienda: es el sector privado el que genera puestos de trabajo formales, el que se esfuerza arriesgando su capital, tiempo y hasta su integridad personal y familiar para echar a andar desde un pequeño emprendimiento hasta una planta industrial. No es el Estado y mucho menos el gobierno el que da empleo; son los empresarios quienes en los momentos más difíciles de nuestra historia -y sin duda este es uno de ellos- se la han jugado para generar riqueza para el Perú y los peruanos.

El mensaje del jefe del Estado se complementará en pocos días, el 3 de agosto, con el que -también de acuerdo a la exigencia constitucional- el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, deberá igualmente dirigir al Congreso de la República para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiera su gestión.

Por la brevedad del lapso que separará ambos mensajes, es de esperar que uno y otro no caigan en generalizaciones sino más bien en anuncios muy puntuales de parte del primero y el detalle de la implementación de los mismos por parte del segundo.

Es imperativo, por tanto, establecer cronogramas de ejecución de las medidas que se vaya a anunciar -con plazos de riguroso cumplimiento- y consolidar el diálogo que se ha iniciado con las diversas bancadas del Parlamento, poniendo término a la búsqueda de confrontaciones que serán muy buenas para las encuestas, pero muy malas para nuestro país.

El mensaje de este 28 de julio del presidente Vizcarra será a la vez el último que dirigirá al país como jefe del Estado, pues el 28 de julio del próximo año debe asumir la Presidencia de la República el hombre o mujer que libre y transparentemente sea elegido por la mayoría de peruanos, en un proceso sobre el que no debe caer sombra alguna de duda.

En tal sentido, también es una obligación imperativa de esta administración que inicia su último año de gestión, garantizar que se respete absolutamente la voluntad popular y que asegure por parte de todos los actores, instituciones y poderes del Estado, escrupulosa imparcialidad.

Doce meses pueden parecer poco, pero no lo son si existe real voluntad de cambio y de recuperar el tiempo perdido, retomando el rumbo de progreso, desarrollo, justicia y bienestar para todos los peruanos.

Solo así, el próximo 28 de julio podremos volver a decir ¡Felices Fiestas Patrias, Perú!

El medio o la forma más rápida de recuperar la economía de nuestro país comienza con la activación de la minería. El Banco Mundial proyecta para este año una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú de -12% y, a la fecha, se estima que solo en Lima Metropolitana se han perdido unos 2 millones 318 mil empleos, producto de la quiebra y cierre de miles de empresas grandes, medianas y pequeñas, situación que será más evidente en los próximos días.

En este escenario, los gobernadores regionales, alcaldes y otras autoridades de las zonas mineras deben asumir que tienen en sus manos la mejor posibilidad de reactivación de sus zonas de influencia, teniendo en cuenta que la minería es de todos los peruanos.

Pueden gestionar acuerdos razonables y con plazos futuros con las empresas mineras, mirando de manera distinta el nuevo panorama que debemos afrontar con responsabilidad sin partidarismo y política.

Con la crisis sanitaria, la producción del sector minería ha registrado aproximadamente 5.000 millones de dólares de pérdidas y el sector se contrajo 6,3% en el primer trimestre y se estima una contracción de 15% este año en función del grado de afectación operativa por el cierre temporal de importantes yacimientos, cambios en los planes de minado y gestión de inventarios y las demandas de comunidades locales.

Frente a este panorama, se requiere respaldo político del gobierno a proyectos importantes para gestionar los conflictos sociales. También son necesarias otras medidas como acortar los plazos para obtener licencias y permisos (silencio administrativo positivo) para proyectos de expansión o modernización. Con ello, la minería crecería un 10%.

Es necesario generar incentivos para que las mineras, a la par que recuperan su nivel de producción, logren tomar el riesgo de continuar con los proyectos. Recordemos que la fuerza laboral del sector minero es de 210,000 personas. La gran minería aproximadamente cuenta con 70,000 trabajadores.

Un reciente patrón alcista en el precio del cobre podría presentar una ventana de oportunidad que no debiera ser desaprovechada, pues podría darse una reactivación económica en China.

No obstante, es necesario aplicar medidas sanitarias en el sector minería. Hasta el mes de mayo, se reportaron 600 casos de Covid-19, lo que provocó que varias minas se hayan visto obligadas a suspender sus operaciones.

El Perú sigue siendo atractivo para la inversión minera. Según el último índice del Instituto Fraser que mide la atracción de inversión extranjera en el sector minero, el Perú se ubica en la posición 24 de 76 jurisdicciones mineras, por debajo de Australia y Chile, pero por encima de algunas importantes plazas como Alberta (Canadá), Colorado (Estados Unidos), México y Brasil.

Una posición que se explica si se toma en cuenta los proyectos que actualmente se tienen en cartera, como Tía María, que representa una inversión de 1,400 millones de dólares, de propiedad de Southern Perú, una de las empresas que tiene el mayor monto de inversión por proyectos paralizados y el cual asciende a 8,000 millones de dólares, incluyendo Tía María.

Asimismo, el Perú cuenta con proyectos mineros al norte del país (Minas Conga, Galeno, Michiquillay, Rio Blanco, Quilish).

No obstante, este año se han postergado inversiones del proyecto de Quellaveco, Mina Justa y la expansión de Toromocho, los cuales –ante la situación actual- es necesario retomar.

El inicio de la inversión en ciertos proyectos se ha desplazado también al 2021, como el caso de Pampa de Pongo y Corani.

Insistimos, por tanto, en la premura de impulsar cuanto antes la inversión privada en el sector, facilitando las inversiones, simplificando trabas burocráticas y garantizando el clima de estabilidad que hasta hace poco era una de las principales fortalezas del Perú.

Esta es una decisión que esperan los millones de peruanos que han perdido sus empleos, que han vuelto a caer en la pobreza y las familias que de pronto han perdido lo que con tanto esfuerzo lograron construir. Necesitamos volver a crecer e invertir, pero se necesitan condiciones mínimas para hacerlo. #TodosporelPerú

Nuestro país se prepara para reanudar sus actividades económicas luego de casi 100 días de vigencia del estado de emergencia sanitaria y aislamiento social dispuestos por el Gobierno para enfrentar la llegada de la pandemia del coronavirus. Así, millones de empresarios, emprendedores, trabajadores, profesionales independientes, entre otros, estamos más que listos para recomenzar a trabajar.

En la carta que la Cámara de Comercio de Lima envió la semana pasada al presidente de la República, Martín Vizcarra, señalamos que es necesario arrancar el motor de toda la economía, cuidando al recurso más importante que tenemos, nuestra vida.

Señalamos además que no debemos perder un minuto más. Los peruanos, tanto empresarios como trabajadores, queremos producir juntos y ayudar a recuperar nuestro país.

En este arduo trabajo el Gobierno debe ser nuestro principal aliado, porque solo unidos podremos reconstruir todo aquello que hemos perdido por la paralización abrupta de la economía.

En ese sentido, esperamos una respuesta más rápida al momento de autorizar la reanudación de actividades, pues hasta el momento el proceso ha estado lleno de números y engorrosos trámites que se deben simplificar.

Desde la Cámara de Comercio de Lima siempre hemos dicho que los peruanos somos conscientes de nuestras responsabilidades. Aquellos que trabajamos al amparo de la ley, aquellos que somos empresarios, trabajadores y profesionales formales no corremos riesgos.

Es hora de que el Gobierno confíe en los peruanos trabajadores, luchadores, emprendedores, empresarios, ambulantes, agricultores, pescadores. Todos queremos vivir, tener salud, poder trabajar para alimentar a nuestras familias y, sobre todo, queremos recuperar la economía de nuestro país.

Es hora de que los empresarios, los trabajadores y el sector público y las autoridades sigamos luchando juntos.#TodosporelPerú

Para dar inicio a la Fase 2 de la reanudación de las actividades económicas, el Poder Ejecutivo ha dispuesto una serie de medidas para simplificar los trámites engorrosos y destrabar los cuellos de botella que, al momento de escribir estas líneas, impiden que la Fase 1 termine de implementarse al 100%.

El Ministerio de la Producción ha informado que ahora basta que las empresas comprendidas en la Fase 2 puedan reiniciar sus actividades de manera automática luego de registrar su plan para la vigilancia, prevención y control del coronavirus en el Sistema Integrado para el COVID-19.

Destacamos esta medida porque no hemos sido pocos los que reclamamos mayor celeridad en el proceso de autorizaciones. De la experiencia se aprende y esperamos que la aplicación de las nuevas normas contribuya a recuperar, cuanto antes, el tiempo perdido.

La decisión de simplificar pasa también por tener una mayor confianza en la empresa privada y en su capacidad de cuidar de sí, de sus trabajadores y de la salud pública en general. Una empresa seria y formal cuenta con protocolos sanitarios y de seguridad, no desde ahora sino desde mucho antes de la pandemia que hoy nos asola.

El sector privado de nuestro país ha iniciado su camino a la modernización, adquirido experiencia y trabaja de acuerdo a los estándares que hoy exigen los mercados internacionales y la globalización.

Por ello, es necesario que nuestras autoridades confíen en la empresa privada que –por su lado- ha dado probadas muestras de que siempre trabaja por el Perú. De que hay excepciones, no hay duda; pero son los menos y a ellos debe fiscalizar el Estado con todo rigor.

Pero –reitero- a las empresas privadas serias, formales y responsables nos toca seguir arriesgando, compitiendo y trabajando por el desarrollo de nuestra sociedad, porque no hacerlo sería suicida, pues se pondría en riesgo nuestro futuro, el de nuestros trabajadores, sus familias, el de nuestras propias familias y el del país en general. Es el momento de ser más responsables que nunca, muy estrictos en el cumplimiento de nuestros protocolos y de las normas establecidas para evitar una mayor propagación del coronavirus.

No hay tiempo que perder. La Fase 1 generó críticas por su rigidez, lentitud y burocratismo; la Fase 2 parece estar más en línea de lo que necesitamos para reactivar nuestra economía rápidamente, pero es también un reto para que esa flexibilidad que pedíamos sea asumida con sensatez, disciplina y compromiso. Debemos recuperar el tiempo perdido.

Nuestro país requiere de todos para salir adelante y evitar que esta pandemia se siga llevando a muchos de nuestros compatriotas y destruyendo nuestra economía.

De aquí en adelante nos queda trabajar bajo nuevos parámetros de distanciamiento social, de cuidado extremo para que volvamos al camino del desarrollo, justicia y bienestar para todos del que nunca nos debemos apartar. El Producto Bruto Interno de nuestro país, de la región y del mundo ha caído a niveles que han hecho que todo lo avanzado en la lucha contra la pobreza en los últimos 20 años se haya perdido.

El reto para recuperarnos es enorme, pero no es la primera vez que enfrentamos y superamos grandes desafíos y es una obligación volverlo a hacer.

Vamos a trabajar, sin bajar la guardia, con fe, optimismo y entusiasmo; es lo que sabemos hacer, es lo que siempre hemos hecho y es lo que los peruanos –empresarios y trabajadores- seguiremos haciendo…siempre. #TodosporelPerú

Muchos reclaman, en este momento en que la crisis sanitaria y la crisis económica tienden a agudizarse, una participación más activa del sector privado para ayudar al Gobierno y a las autoridades en general a enfrentar las terribles secuelas que está dejando la pandemia del coronavirus en nuestro país.

El sector privado nunca ha rehuido su responsabilidad. Siempre hemos estado, estamos y estaremos listos a contribuir con el desarrollo del Perú, con transparencia y vocación de servicio hacia nuestras empresas y nuestros trabajadores; aun cuando no seamos convocados.

Hemos apostado y seguiremos apostando por nuestro país, arriesgando nuestro esfuerzo, nuestro capital e incluso nuestra integridad y seguridad individual y de nuestras familias para generar puestos de trabajo y bienestar a la población, así como los recursos fiscales que el Estado necesita para financiar servicios esenciales como la salud y la educación.

El sector privado cuenta con la capacidad, tenacidad, experiencia, infraestructura, actitud y decisión de ayudar a quienes lo necesiten y eso es precisamente lo que venimos haciendo en la Cámara de Comercio de Lima. Tenemos potencialidades en distintos campos como el acopio, almacenamiento, embalaje y distribución de alimentos, así como en materia de seguridad y control del orden.

Por ello, reitero y me sumo al pedido de una mayor participación del sector privado; sin embargo, no puedo dejar de mencionar que, desde el mismo día en que se declaró el estado de emergencia sanitaria y aislamiento social, la Cámara de Comercio de Lima se avocó a impulsar la toma de conciencia en el Poder Ejecutivo sobre la necesidad de planificar de inmediato las respuestas que se debía tener listas frente a la previsible e inevitable crisis económica que suponía decretar la paralización total de las actividades económicas.

Desde entonces, hemos sido perseverantes, insistentes y muy concretos en cada una de las medidas que hemos solicitado y presentado. Hemos propuesto y planteado medidas a favor de la actividad económica en general y medidas puntuales para cada uno de los sectores que representamos.

Una de ellas fue la creación de la Comisión de Recuperación Económica y del Empleo (CREE), un proyecto que alcanzamos directamente al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, en la cual definimos no solo objetivos sino hasta las instancias del gobierno que debían participar si se quería seriamente tener una estrategia de defensa para nuestra economía.

En cierto modo, esta propuesta está recogida en la Comisión Multisectorial que posteriormente formó el Ejecutivo, encabezada por el Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo sugerimos.

Hemos expuesto también la necesidad de generar un Plan de Protección del Empleo y hemos sido el gremio que tomó la bandera de la defensa de las empresas frente al sistema financiero y sus excesos en el programa Reactiva Perú.

Somos un gremio que representa a distintos sectores, a una gama amplia de empresas y, sobre todo, que conoce sus necesidades.

Por ello, a la vez que ofrecemos abierta y desinteresadamente nuestra contribución, también demandamos del Ejecutivo dejar de lado sesgos políticos e ideológicos que a nada conducen.

En esta hora difícil, es una urgencia convocar a nuestros mejores cuadros. Y así como se debe hacer con el sector privado, también es hora que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las iglesias (cualquiera sea su credo), tengan una participación más protagónica.

Ellos también cuentan con amplio conocimiento y recursos para llegar a los más recónditos lugares del país, especialmente aquellos donde están los más pobres.

No podemos permitir que intereses subalternos impidan contar con el concurso de militares, policías, sacerdotes, pastores, miembros de hermandades y voluntarios.

El Perú necesita en esta hora desprendimiento, grandeza, pero sobre todo responsabilidad de su clase dirigente. #TodosporelPerú

A partir de hoy muchas actividades económicas comenzarán nuevamente a trabajar, al amparo del nuevo decreto supremo que amplía la cuarentena y el estado de emergencia sanitaria hasta el 30 de junio próximo.

Este nuevo panorama implica un reto enorme para todos. Los profesionales y trabajadores que ahora pueden brindar servicios a domicilio, en sus consultorios u oficinas, las empresas que dentro de la Fase 1 ya cuentan con las autorizaciones respectivas, el transporte público, los ciudadanos en general que pueden utilizar sus vehículos particulares pero solo en los distritos donde residen, entre otros, deben comenzar a recuperar paulatinamente esta “nueva convivencia” -como la denominó el gobierno-, cumpliendo estrictamente las normas de distanciamiento social y todas aquellas que impidan una mayor propagación del coronavirus.

Precisamente, del lado del Gobierno es hora de entender que un 28% de la economía peruana esta en manos de empresas formales, las cuales han sido responsables en gran medida del crecimiento económico de las últimas décadas. Es este crecimiento el que ha permitido la reducción drástica de la pobreza extrema y el que ha dado lugar a que nuestro país pase a tener una economía en desarrollo.

Todo este gran avance hoy se perdió de pronto; la luz que alguna vez brilló en nuestra economía y guiaba el camino de una nueva clase media emergente de pronto se apagó y hoy estamos en un franco proceso de recesión que ya muchos consideran muy grave.

Frente a ello es la empresa privada formal, aquella que genera empleo, que paga impuestos para que el Estado cuente con los recursos que necesita para brindar servicios básicos de calidad a la población; aquella empresa dispuesta a acatar una durísima cuarentena con tal de proteger la salud de sus trabajadores y del país en general, es la llamada a impulsar nuevamente nuestra economía.

Es necesario que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo comprendan que la actividad económica y productiva no se divide en compartimentos aislados uno del otro, como si fueran islas, sino que necesita funcionar como si fueran los engranajes de un reloj.

Muchas empresas que hoy están autorizadas a operar no pueden hacerlo porque las cadenas productivas que posibilitan sus operaciones están impedidas de reanudar sus operaciones. Tampoco cuentan con servicios o materias primas porque a sus proveedores no se les permite trabajar.

Aparentemente no se tiene conciencia que la gran empresa articula con la micro, pequeña y mediana empresa, así como con miles de emprendedores. Todos en su conjunto impulsan la economía peruana desde hace 30 años.

Es urgente, además, garantizar un acceso igualitario a los recursos otorgados por el Estado a través de programas como Reactiva Perú.

Más un millón 200 mil peruanos han perdido sus puestos de trabajo; la propia ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, ya advirtió que el Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país caerá en dos dígitos en abril y mayo.

Frente a ello lo único que queda es trabajar ya; algo que los empresarios formales e incluso los informales están dispuestos a hacer desde el primer día de la cuarentena.

Trabajemos para recuperar nuestra economía, nuestra capacidad de generar empleo y con ello ayudar a millones de peruanos a recuperar su bienestar y esperanza en el futuro.

Trabajemos también para que lo que se consiga de hoy en adelante realmente sirva para desarrollar el país, para tener servicios de salud, educación e infraestructura que beneficien a todos los ciudadanos; para que la corrupción -que vergonzosamente se mantiene latente en esta pandemia- no vuelva a ser cosa de todos los días.

El Gobierno ha tenido buenas intenciones, pero también ha cometido errores. Es el momento de enmendar rumbos y buscar consensos, dejando de lado posiciones e intereses político-ideológicos.

Por ejemplo, no es posible que las iglesias y las Fuerzas Armadas no hayan tenido un mayor protagonismo, sobre todo considerando la amplia experiencia y logística con que cuentan para llegar a los más recónditos lugares del país, especialmente allí donde están los más pobres. No podemos permitir que una visión política determinada impida contar con el valioso apoyo de los militares y las organizaciones religiosas.

Los empresarios estamos listos para echar a andar la economía, no solo para dar donaciones; estamos para trabajar con el Estado en favor de nuestros compatriotas porque sabemos construir desarrollo, crear riqueza, generar empleo e invertir en el Perú.

Esta misma solidaridad la esperamos de quienes nos gobiernan, porque ser solidario es pensar cabalmente en los intereses del país, sin cálculo político alguno ni interés personal. #TodosporelPerú

La reanudación de las actividades económicas dispuesta por el Gobierno en 4 fases, la primera de las cuales se inicia este mes de mayo, implica una enorme responsabilidad, tanto de parte de nuestras autoridades como del sector empresarial y de la ciudadanía en general.

Desde el lado empresarial, debemos ser responsables en el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos y en el cuidado de nuestros trabajadores, facilitando su labor, considerando el respeto de la distancia social y el uso de elementos de protección personal.

Pero, además, a todos como ciudadanos nos corresponde ser responsables con nosotros mismos y con nuestras familias, no exponiéndonos innecesariamente.

Este es un momento difícil que representa un gran reto. No es posible mantener el confinamiento total, pues ya son más de 50 días que gran parte de la actividad económica se encuentra paralizada y no hay país ni hogar que soporte tanto tiempo sin generar los recursos que necesita para solventar sus necesidades básicas.

Seamos conscientes de que los niveles de contagio en el Perú se mantienen elevados y no tenemos servicios de salud eficientes ni suficientes. En teoría, no debería levantarse la cuarentena, pero en la práctica, los millones de peruanos que dependen de sus trabajos ya no pueden resistir más. Como muchos lo han dicho, estamos en la disyuntiva de morir por la pandemia o morir de hambre.

En esa medida, abrir algunos sectores para el reinicio de operaciones, más que necesario, es urgente.

¿Pero seremos capaces de respetar la distancia social y de cumplir con los protocolos de seguridad? ¿Somos lo suficientemente conscientes de que es el momento de respetar las reglas, aun cuando estas sean duras, exigentes y supongan un mayor esfuerzo que en etapas anteriores a la crisis sanitaria?

Ahora no se trata de demostrar quién es el más pícaro, “vivo” o “criollo” para burlar la ley, para hacer trampa. Se trata de asumir con responsabilidad el reto de volver a trabajar bajo nuevos estándares.

Las normas y protocolos no son sobrecostos, no son exigencias extremas; son disposiciones que nos permitirán volver a poner en marcha nuestra economía.

Es la nueva normalidad a la que debemos enfrentarnos.

Lamentablemente, hemos sido muy dados a la informalidad; pero hoy es el momento de dejar de lado esa forma de trabajo y de vida. Es el instante en el que debemos convertirnos en una sociedad formal, que acata las leyes y las cumple porque con ello sabe que es posible la convivencia civilizada en pro del bienestar común. Es una cuestión de supervivencia.

En estas circunstancias, hemos celebrado el Dia de la Madre, reconociendo y saludando el valor que representan las madres en la familia y en la sociedad. #TodoporelPerú

Con la participación de distintos sectores de la sociedad, el Poder Ejecutivo ha constituido un Grupo de Trabajo Multisectorial que, de manera temporal y encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se encargará de formular una estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas, suspendidas a raíz de la emergencia sanitaria decretada ante la llegada de la pandemia del coronavirus.

Un representante de los gremios empresariales, uno por las organizaciones de trabajadores y uno por cada ministerio involucrado, entre otras instituciones, integran dicho grupo.

Es una buena señal que el reinicio de las actividades económicas sea resultado de una estrategia en cuya elaboración participen quienes, precisamente, son actores imprescindibles en el dinamismo económico de nuestro país.

Este es un primer paso. No obstante, más allá de definir cómo reiniciar las operaciones de las empresas -grandes, medianas y pequeñas-, fábricas, talleres, negocios, oficinas, comercios, entre otros, lo cierto es que el Perú requiere de un plan que busque ante todo la recuperación económica y la preservación y generación del empleo.

Este planteamiento fue hecho por la Cámara de Comercio de Lima desde el primer día de la cuarentena, hace ya 43 días. En ese momento advertimos que a la crisis sanitaria le sobrevendría de todas maneras una crisis económica que, si bien era inevitable, era necesario estar preparados para atenuar sus efectos.

Así, el 19 de marzo propusimos la formación de la Comisión de Recuperación Económica y el Empleo (CREE), la cual debía formular las medidas más urgentes para el corto, mediano y largo plazo, garantizando la continuidad de la cadena de pagos.

Los objetivos que entonces propusimos eran: evitar que la economía peruana caiga en recesión; reimpulsar la actividad económica a través de un marco legal que favorezca la continuidad de las empresas en general y la recuperación de la demanda y consumo interno; recomponer la cadena de pagos en la micro, pequeña, mediana y gran empresa; medidas de apoyo social para familias que viven en la informalidad y que no forman parte de la población en situación de pobreza; facilitar el mantenimiento del empleo formal evitando reducciones de personal masivas y/o impulsando programas de reconversión laboral o empleo temporal; y evaluar el congelamiento y/o moratoria de los intereses aplicados a las empresas y personas naturales por parte de la administración tributaria y el sistema bancario y financiero durante la duración del estado de emergencia y aislamiento social.

La crisis sanitaria que vive nuestro país es grave porque precisamente nos hace falta un servicio de salud capaz de afrontarla, capaz de atender a una gran mayoría de peruanos en condiciones mínimamente aceptables.

En igual magnitud, la crisis económica también debe preocuparnos porque millones de peruanos están perdiendo sus puestos de trabajo, es decir, la fuente de ingresos que le permite atender necesidades básicas, como la salud, la alimentación y la educación.

Desde la Cámara de Comercio de Lima insistimos en que debemos trazar un plan de mediano y largo plazo para recuperar nuestra economía, para que las empresas sigan operando, generando empleo formal y pagando los tributos con que el Estado debe construir colegios, hospitales, puestos de salud, carreteras y garantizar la seguridad ciudadana.

No se trata solo de planes de rescate como los que hoy se han puesto en marcha -cuya finalidad nadie discute- sino de programas económicos sólidos, sostenibles en el tiempo, capaces de crear un clima adecuado para las inversiones, para promover la formalización, ampliar la base tributaria e impulsar la creación de puestos de trabajo.

En las últimas décadas los peruanos hemos hecho enormes esfuerzos para reducir la pobreza, en especial la pobreza extrema. El resultado es que en el Perú la pobreza multidimensional disminuyó de 20% a 12,7% entre los años 2006 y 2019.

Este crecimiento hizo posible la aparición de una nueva clase media, formada principalmente por emprendedores, profesionales y trabajadores que, gracias a su esfuerzo, dedicación, creatividad y sacrificio lograron superarse y construir el bienestar presente y futuro de sus familias.

Este es un logro que de ninguna manera podemos perder. No hay marcha atrás; nadie en el Perú, que la haya superado, puede volver a caer en situación de pobreza. Depende de todos nosotros. #TodosporelPerú

Las crisis sacan lo mejor de las personas, pero muchas veces, también lo peor. Desde que se declaró la emergencia sanitaria y aislamiento social obligatorio en nuestro país a raíz de la llegada de la pandemia del COVID-19, los peruanos hemos sido testigos de admirables muestras de solidaridad y sacrificio, de compromiso real por el bienestar de nuestros compatriotas, especialmente de los más vulnerables.

Pero, lamentablemente, también se ha descubierto que personas sin escrúpulos buscan aprovecharse de la situación. El asunto se torna más grave y vil cuando se revela que quienes están involucrados son autoridades o funcionarios que traicionan la confianza que la ciudadanía entregó en sus manos.

La corrupción es tan dañina como una infección masiva y hasta ahora no se encuentra vacuna para prevenirla o erradicarla. El corrupto siempre buscará un espacio donde actuar y aprovecharse. No tiene escrúpulos ni remordimientos.

Por ello es necesario que el Estado en su conjunto y la población en general nos mantengamos vigilantes ante cualquier hecho de inmoralidad que pueda suscitarse.

El presidente Martín Vizcarra ha asegurado que desde el gobierno no se escatimará esfuerzo alguno para castigar al funcionario público que se quiera aprovechar de la necesidad de la gente.

Con esa misma perspectiva, el Congreso de la República ha aprobado el proyecto de ley que le remitió el Poder Ejecutivo para que la Contraloría General realice un control concurrente durante la emergencia sanitaria, para garantizar la transparencia de los actos que se realice, especialmente las adquisiciones.

Tampoco debemos dejar de destacar el papel de los medios de comunicación que canalizan y hacen públicas las denuncias, tal como ha ocurrido en la última semana.

Es el momento de que los sectores público y privado trabajen de la mano para atender las necesidades de la población en un momento tan crítico como el actual y para cuidar el destino y el buen uso de los millones de soles que se han destinado para la emergencia sanitaria, apoyar a las familias más necesitadas -especialmente en el cuidado de su salud y alimentación-y el soporte de la actividad económica.

Cabe recordar las recomendaciones que ha hecho la ONG Proética para evitar actos de corrupción en el escenario actual. Por ejemplo, centralizar la información en un portal digital, de modo que se vea la ejecución presupuestaria diaria y la llegada de recursos, ya sea a través de donaciones de gobiernos o de empresas.

Asimismo, tener la máxima transparencia en las compras públicas, dando cuenta de los contratistas e incluir cláusulas anticorrupción en los contratos que se suscriban y sancionar con severidad a quienes infrinjan estas normas.

Por parte del sector empresarial, nos cabe reafirmar nuestro compromiso de velar porque las empresas actúen dentro de la ley; que cumplan con los requisitos que se establecen en las compras estatales y que contribuyan con los enormes esfuerzos que se hacen por atender la crisis sanitaria.

Para la Cámara de Comercio de Lima y sus asociados, esta es una obligación y un deber; con nuestras familias, con nuestros compatriotas y con nuestro país.

Tal como se temía, la epidemia del denominado coronavirus ha llegado a nuestro país, activando las medidas de prevención que el gobierno, algunas municipalidades e instituciones estaban preparando para enfrentar a este mal.

Precisamente, la Cámara de Comercio de Lima está participando activamente a través de nuestros directivos y el Gremio de Comsalud en una serie de reuniones con el Ministerio de Salud y otros organismos gubernamentales y gremios profesionales y empresariales, para coordinar un trabajo ordenado y eficiente.

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Más allá de la inicial preocupación que supone la llegada del coronavirus –que ha cobrado víctimas fatales en varios países del mundo–, lo cierto es que debemos mantener la calma, tomar las precauciones de higiene debidas, tener información certera y conocer los centros de atención o líneas telefónicas que se han implementado para atender las consultas de la población.

Es necesario que cada uno de nosotros en nuestras casas, empresas, negocios, centros de trabajo, estudio y lugares públicos, evitemos provocar alarmismos injustificados, manteniendo la serenidad y seriedad que el caso amerita. El papel de los medios de comunicación –incluyendo las redes sociales– resulta también fundamental, por lo que se debe evitar compartir noticias e informaciones que no han sido verificadas.

La presencia de este virus, sin embargo, nos debe llevar a tomar conciencia que en nuestro país existen otras enfermedades como la tuberculosis o el dengue.  En este último caso, según ha informado el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en lo que va del año 15 personas han muerto en las regiones Madre de Dios, Loreto y San Martín. De las 10.000 personas evaluadas hasta el mes pasado, 4.950 han sido diagnosticadas con dengue.

Seamos conscientes de que más importante que curar, es prevenir para no ser víctimas de enfermedades, muchas de las cuales son evitables. Lamentablemente, para ello se requiere condiciones de salubridad, higiene, cuidado y una adecuada alimentación que no siempre están presentes en todas las regiones del Perú.

A ello debemos sumar que el país adolece de un sistema de salud eficiente, pues ya no sorprende conocer a diario noticias de pacientes hacinados en los pasillos de las emergencias de los hospitales, esperando una cama para ser atendidos o buscando medicinas inexistentes en las farmacias.

¿No es una realidad alarmante que algunos hospitales ni siquiera cuenten con servicios higiénicos adecuados, que actos de corrupción deleznables tengan como resultado centros de salud mal construidos o pésimamente equipados?

Es esta situación la que debe causarnos alarma y la que debe llevar al Estado a tomar medidas urgentes que hagan de los servicios de salud verdaderos lugares de atención, no solo capaces de enfrentar una emergencia como la del coronavirus, sino todo tipo de dolencias y enfermedades.

El sector privado también debe colaborar con la prevención y apoyar ante cualquier necesidad que se presente. #TodosporelPerú.

Las exportaciones constituyen un elemento importante para el desarrollo económico de todo país. En el caso del Perú, llegan a representar el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

Al analizar el aporte de las exportaciones a nuestra economía debemos considerar que no solo se trata de los ingresos que obtienen los empresarios con las ventas de sus productos y servicios al exterior, sino también de la generación de empleo por parte de las empresas exportadoras. Estos puestos de trabajo formales alcanzaron la cifra de 2,8 millones en el año 2019, lo que representó el bienestar de al menos unos 8 millones de peruanos a nivel nacional (calculado sobre la base de familias de 4 personas como mínimo).

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Las exportaciones, además, generan oportunidades comerciales para las empresas nacionales que se convierten en proveedoras de las compañías exportadoras, con su correspondiente impacto social en la generación de empleo directo e indirecto en dichas empresas.

En el caso peruano, estos empleos formales son más porque en el año 2019 las exportaciones no tradicionales siguieron mostrando dinamismo, creciendo por cuarto año consecutivo, siendo su principal motor las agroexportaciones que mantuvieron la tendencia al incrementarse a un  ritmo interanual de 9%.

Considerando que el primer destino de nuestras agroexportaciones es el mercado estadounidense y este continúa mostrando solidez en su desempeño, estamos seguros que este año nos mantendremos en la racha de crecimiento.

Y hasta aquí solo estamos considerando las exportaciones de bienes, porque las exportaciones de servicios alcanzaron un aproximado de US$ 8.000 millones, en áreas cada vez más novedosas, como las consultorías, el diseño, la ingeniería; entre otras áreas, que no tienen un límite en su expansión.

Hoy podemos estar seguros que las exportaciones de servicios seguirán creciendo, como aquellas que no requieren el desplazamiento de las personas para poder brindarse gracias a los avances tecnológicos como el internet.

Es necesario que los exportadores peruanos hagan su mejor esfuerzo a fin de sintonizar con las expectativas de los nuevos consumidores, quienes exigen productos que cuiden y respeten el medio ambiente; que puedan ser utilizados en múltiples formas; adecuarse al uso de la inteligencia artificial a fin de predecir los comportamientos de sus clientes y a usar las redes sociales como medios para cautivar a su público potencial, entre otros.

Este año y los que nos esperan más adelante serán tiempos de grandes retos y oportunidades para los que debemos estar preparados. #TodosporelPerú

Llevamos casi cuatro años pasando de una crisis a la otra, lo que provoca que la agenda de prioridades que debería ponerse en marcha para brindar empleo formal, bienestar y desarrollo a los peruanos, quede relegada a un segundo plano.

Es debido a este clima de inestabilidad que no ha sido posible emprender ninguna reforma sólida y sostenible en el tiempo, sobre todo en materias tan sensibles como salud, justicia, educación, y economía.

Nuestras autoridades no deberían olvidar que su primer compromiso es luchar contra la pobreza y lograr que más peruanos vivan dignamente, alcanzando una mejor calidad de vida.

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Sin embargo, el crecimiento de la economía se sigue ralentizando -como lo evidencian las cifras del Producto Bruto Interno del 2019- precisamente por la falta de un liderazgo que lleve adelante estas reformas.

No es posible que un país como el nuestro, con índices de anemia, analfabetismo e inseguridad tan altos, se de el lujo de perder el tiempo en enfrentamientos estériles o acusaciones y descalificaciones recíprocas que solo conducen a la parálisis y el subdesarrollo.

Frente a este panorama, lo que nos corresponde a los empresarios es seguir trabajando y creyendo en el país, esforzándonos por seguir manteniendo a flote a nuestras empresas y a nuestros trabajadores; generar empleo formal y digno; pagar los impuestos con los que se debe construir escuelas, hospitales y carreteras; y exigir a nuestras autoridades  asumir el papel que les corresponde.

No queda espacio ni tiempo para seguir con esta crisis de estabilidad; es necesario que a quienes se elija para ocupar los cargos de mayor confianza y responsabilidad, respondan a un perfil técnico, honesto y de liderazgo para impulsar las acciones que requieren sus sectores y así atender las demandas de la población.

Faltan 17 meses para que acabe el actual gobierno, un tiempo que debe -por lo corto- dedicarse de manera inmediata a reimpulsar el crecimiento económico, a recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y a demostrar que somos un país con futuro.

#TodosporelPerú

Los peruanos elegimos finalmente a los nuevos congresistas a los que corresponderá terminar el período legislativo hasta julio de 2021.

Más allá de la opinión que genere entre unos y otros la nueva composición del Poder Legislativo, lo importante ahora es que comiencen a trabajar en una agenda básica que permita reactivar la economía y, de esta manera, generar el desarrollo que facilite el empleo. Esta -y no otra- es la manera concreta, efectiva y permanente con la que se puede enfrentar y reducir la pobreza de las familias.

Los últimos años han sido muy perniciosos para el país, pues se ha visto encerrado en un círculo vicioso de reproches y acusaciones mutuas, confrontaciones innecesarias y estériles; inmovilismo, inestabilidad e incertidumbre. No podemos volver a lo mismo nunca más.

► Editorial: Responsabilidad de todos

► Editorial: mujer y nuevo Parlamento

► Editorial: La hora de la justicia

Tenemos una gran tarea pendiente y en ella los congresistas que acabamos de elegir, junto al Poder Ejecutivo, tienen una gran responsabilidad. Los ciudadanos también.

Desde la Cámara de Comercio de Lima consideramos que en los próximos 17 meses los nuevos parlamentarios deben orientar sus esfuerzos a impulsar normas que promuevan la reactivación económica, devolviéndole al Perú la estabilidad y predictibilidad que necesita para atraer la inversión privada, sea nacional o extranjera, ya que esta es la principal generadora de puestos de trabajo formales y la que, a la vez, contribuye con el país pagando los impuestos con los que se construye infraestructura y se brinda servicios básicos como salud y educación.

También es importante que este Parlamento consolide el modelo económico de libre mercado que nos ha permitido crecer en las últimas décadas, formulando las correcciones que sean necesarias sin generar distorsiones. Por parte del Poder Ejecutivo lo que se necesita es que cuanto antes implemente y ejecute el Plan Nacional de Competitividad y Productividad y el Plan Nacional de Infraestructura.

Con ello, nuestro país podría revertir la tendencia actual de crecimiento, retomar -a partir del Bicentenario- las tasas que tuvo en la década pasada y combatir así a nuestro verdadero enemigo: la pobreza. No siempre nuestros fundamentos económicos serán la defensa frente a una crisis económica o a un menor crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno (PBI).

Además de ello, el Perú necesita hace mucho tiempo una reforma del Estado que no solo lo reduzca, de ser necesario, sino que sobre todo mejore su eficiencia erradicando el burocratismo.
No olvidemos tampoco la urgencia de las reformas política y del sistema judicial. Para ello, los nuevos legisladores deberán debatir y aprobar normas que efectivamente las hagan posibles.

En cuanto a la inseguridad ciudadana, esta es responsabilidad, en principio, del gobierno. Pero se requiere del diálogo y el consenso con el Poder Legislativo a fin de dotar a las autoridades policiales de herramientas que le permitan enfrentar a la delincuencia que cada hora amenaza la vida y tranquilidad de los peruanos.

Esperamos que la función fiscalizadora de los congresistas se desarrolle dentro de los mismos preceptos que esperamos para el sistema judicial: libre de intereses personales, manejos políticos o económicos y ajustándose a la ley.

La revisión de los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo durante el interregno parlamentario que acaba de concluir, serán su primera prueba. Que se corrija lo que haya que corregir y se siga adelante con lo positivo.

Finalmente, debemos tener presente algo muy importante: el Perú sigue siendo el país más atractivo para la inversión en toda Sudamérica. Aprovechemos tal posición; no dejemos pasar esta oportunidad.

#TodosporelPerú