• Peter Anders: Complejo de Adán

    18 de Septiembre del 2021
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    En la presentación que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hizo ante el Congreso de la República para exponer la política general del Gobierno, no mencionó una sola palabra sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente que se dedique a redactar una nueva Constitución, lo que de alguna manera generó cierta serenidad, pues se creyó que se había moderado el mensaje radical.

     

    Este es un tema que, desde la campaña electoral y hasta el día de hoy, genera desconfianza, incertidumbre e inestabilidad en nuestro país, pero, sobre todo, impide la reactivación económica que tantas familias necesitan para superar la grave crisis agudizada por la pandemia del coronavirus.

     

    Sin embargo, contradictoriamente y lejos de buscar el bienestar general, el Gobierno, a través de su bancada parlamentaria, ha presentado un proyecto de ley que busca todo lo contrario, es decir, echar por la borda la actual Constitución Política y convocar a una Asamblea Constituyente que elabore un nuevo texto ajustado a sus intereses políticos e ideológicos.

     

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    Paralelamente, ha iniciado a nivel nacional, no se sabe financiada por quién, una millonaria campaña de radio y televisión a través de la cual busca deslegitimar –por medio de falacias– la validez de la actual Constitución.

     

    De esta manera, el Gobierno profundiza aún más las penurias que sufren millones de peruanos que no consiguen trabajo o no logran reactivar sus pequeños, medianos o grandes negocios, pues nadie en su sano juicio invierte en un país que no ofrece las más mínimas garantías de estabilidad jurídica. Eso lo sabe cualquier estudiante de economía.

     

    El respeto a la ley y la predictibilidad del marco jurídico, así como la estabilidad macroeconómica, son los que en los últimos 30 años (con errores y aciertos) permitieron atraer e impulsar la inversión privada nacional y extranjera al Perú, la que a su vez generó millones de empleos formales.

     

    Es esta inversión la que además paga los impuestos que el Estado recauda para brindar servicios básicos a la población. Y es la que, según el Banco Central de Reserva (BCR), no crecerá el próximo año.

     

    El Gobierno del presidente Pedro Castillo tiene todo el derecho de impulsar los cambios que crea convenientes, siempre y cuando beneficien al país, promuevan su desarrollo y el bienestar de todos los que vivimos aquí.

     

    No se explica, por ello, su empecinamiento en cambiar un modelo político y económico que ha demostrado resultados positivos. No tiene derecho de arrasar con el esfuerzo de millones de peruanos por buscar su crecimiento económico y personal en base a normas estables y equitativas.

     

    Es cierto que el modelo es perfectible, como lo son muchas cosas en la vida; pero antes de desperdiciar esfuerzos en propugnar proyectos que responden –ante todo– al interés de su partido y sus allegados, debería orientar sus esfuerzos en buscar los cambios reales que permitan al Estado estar presente en cada rincón del país, ofreciendo a sus ciudadanos educación, salud, seguridad, acceso a la justicia, agua, electricidad, internet, puentes y carreteras, entre otros servicios con los que hoy no cuentan.

     

    Cambiar toda la Constitución supone también destinar millonarios recursos públicos que ahora son tan necesarios para afrontar una nueva ola de la pandemia mundial.

     

    ¿Es serio utilizar millones de soles en un proceso electoral, en lugar de usar ese dinero en la construcción de postas médicas, equipar hospitales, edificar nuevos colegios y reparar los que están derruidos?

     

    ¿No será que se trata de buscar la refundación del país según la visión de un grupo ideologizado que no entiende que nuestro país lo construyen a diario, con su esfuerzo, millones de trabajadores, emprendedores y empresarios que buscan lo mejor para sus familias?

     

    Hay millones de peruanos que requieren ser incorporados a una economía formal, a un país con un Estado que realmente funcione y les garantice sus derechos básicos. Eso es lo que necesitamos.

     

    No dejemos que nos engañen, que nos digan con ese prejuicioso complejo de Adán, que todo lo que se hizo antes estuvo mal y que ahora hay que comenzar todo de nuevo, en un “año cero”, a cargo de un grupo de “iluminados”.

     

    El Perú no está para experimentos, menos para imponer visiones, planes y políticas que solo han llevado hambre y miseria allí donde se han aplicado.

     

    Es hora de que los otros poderes del Estado, instituciones, trabajadores, empresarios y sociedad hagamos escuchar nuestra voz para que de una vez por todas se entienda que lo que el Perú necesita es recuperarse y retomar, con las correcciones que sean necesarias, el camino de crecimiento con inclusión para todos.

     

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