Peter Anders: ¿Delegación?

Una facultad es la capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar una cosa. También es la autoridad o derecho que tiene una persona en función de su cargo o de su empleo para emprender una tarea.

Diariamente todos delegamos funciones. Por ejemplo, para cuidar nuestra salud, ejercer nuestra representación legal, educar a nuestros hijos y hacer todo tipo de reparaciones o mantenimiento en nuestros hogares, vehículos, etc.

En principio, se presume que delegamos estas funciones a profesionales o técnicos que tienen la preparación, habilidad y experiencia necesarias para hacerlo mejor que nosotros.

Pues bien, el Gobierno del presidente Pedro Castillo ha anunciado que solicitará al Congreso de la República que le delegue facultades para legislar en materia tributaria, es decir, para decidir sobre los impuestos que pagamos (casi) todos. En paralelo, el Ministerio de Trabajo anunció que impulsará una agenda concordada con lo que solicitan algunos gremios sindicales (cuya verdadera representatividad habría que evaluar).

Las normas tributarias y laborales tienen un gran impacto en la economía y en la vida de los ciudadanos, por lo que deben ser abordadas de manera técnica y profesional por especialistas, sin considerar intereses políticos coyunturales que podrían generar una legislación que, en lugar de contribuir al desarrollo y bienestar de los peruanos, termine por crear más problemas que soluciones.

Los impuestos tienen una finalidad concreta: se generan para dotar al Estado de los recursos que le permitan afrontar los gastos del sector público, pero principalmente brindar servicios básicos a la población.

Por su parte, las leyes laborales deben garantizar el respeto a los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, además de servir para promover e impulsar la creación de empleo formal de calidad.

Por ello, nos preguntamos si el Poder Ejecutivo cumple con las condiciones mínimas para que el Congreso de la República le delegue la facultad de legislar en asuntos tan delicados.

¿Cuenta el presidente Castillo con un equipo capacitado de funcionarios a quienes se pueda encargar tan delicada responsabilidad? Lamentablemente, la respuesta no es positiva, si se tiene en cuenta los antecedentes y –en varios casos– investigaciones, procesos y sentencias policiales y judiciales que acompañan las trayectorias de muchas de las personas de su confianza.  

Para legislar en ambas materias se requiere de un amplio, profundo, pero –sobre todo– serio debate entre todos los involucrados, con la participación también de reconocidos profesionales que aporten todo su conocimiento y experiencia.

De ninguna manera se pueden aceptar imposiciones de arriba hacia abajo y, mucho menos, que sean elaboradas por personas que no reúnen las condiciones mínimas ni la preparación ni el entendimiento para hacerlo.

La Cámara de Comercio de Lima ha expresado –en reiteradas oportunidades– que esto debe cambiar. No es posible que el Parlamento que representa a todos los sectores del quehacer nacional, abdique de una de sus funciones principales, la cual es legislar.  

En materia tributaria lo primero que debería buscarse es un sistema eficiente, justo, predecible y equitativo; que reduzca drásticamente los costos para quienes cumplen con las leyes; que facilite el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales; y que simplifique el actual sistema, que no hace sino ahuyentar la formalización.

Lo mismo ocurre en relación a las leyes laborales. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, ha presentado un plan de trabajo denominado Agenda 19 donde solo aparecen las demandas de los gremios sindicales.

Nadie puede oponerse a cambios en las normas vigentes y entre ellas la laboral, pero estos deben responder a la necesidad urgente que tiene nuestro país de crear nuevos puestos de trabajo y recuperar los millones que se perdieron por la manera en que se enfrentó la llegada de la pandemia de la COVID-19 al Perú.

Lo hemos dicho hasta el cansancio y seguiremos en ello: la única que genera un empleo formal y estable es la inversión privada. De ello no se ha dicho nada en este Gobierno.

No es momento de defender posiciones ideológicas, sino de buscar consensos para generar leyes que ayuden a todos los peruanos a salir de la crisis.

El pueblo al que tanto se alude somos todos y no unos pocos amigos, familiares o partidarios a los que hay que pagar favores de campaña o satisfacerlos ideológicamente. De una vez por todas, el Perú necesita que se comience a gobernar para todos.