• Peter Anders: No boicotee la inversión, señor Presidente

    6 de noviembre del 2021
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    Antes de iniciar operaciones en un país o incrementarlas, un inversionista extranjero analiza varios factores que se agrupan en tres grandes grupos: rentabilidad, legalidad y proyección del mercado.

     

    En lo que respecta a rentabilidad, valoran la vitalidad del mercado al que van a ingresar a comercializar sus productos y servicios.

     

    Ahí entran métricas que tienen que ver con el potencial de crecimiento de dicho mercado, el ticket promedio de los consumidores, la competencia, si los impuestos son altos o no, los costos laborales y qué incentivos ofrece el país a las nuevas inversiones (no pagar Impuesto a la Renta por un tiempo determinado es uno que ofrecen varios países, por ejemplo), entre otros factores; que les permitirían tener una mayor eficiencia en el destino de sus fondos.

     

    Asimismo, si los inversionistas buscan instalar plantas de producción, valoran mucho los acuerdos comerciales.

     

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    En el tema legal, es muy importante que el país destino de las inversiones tenga reglas claras de juego. Es decir, un marco jurídico claro, que le otorgue al inversionista la garantía necesaria de que su dinero y las empresas que instalará o comprará estarán debidamente protegidas y que habrá una estabilidad tributaria y laboral.

     

    Finalmente, en lo que se refiere a proyección del mercado, el inversionista analiza mucho la estabilidad política, social y macroeconómica del país a mediano y largo plazo.

     

    Por ejemplo, analizan el manejo económico y monetario y ven con preocupación que un gobierno populista termine gastando más de lo que debe, incrementando sostenidamente la deuda pública (tal y como ya está pasando).

     

    Los tres grandes grupos que concentran los factores que atraen a los inversionistas al Perú fueron puliéndose en las últimas dos décadas –unos más que otros, claro– a través de reformas; un buen y cuidadoso manejo macroeconómico, en el que la independencia del Banco Central de Reserva fue fundamental; y un respeto irrestricto a la legalidad y la libertad de hacer empresa.

     

    Ergo, el país generó confianza y la inversión extranjera comenzó a llegar como nunca antes al punto que, en el 2017, el Perú se ubicó como el cuarto país con mayores inversiones extranjeras, de acuerdo a la Cepal.

     

    Ello generó, y las cifras lo demuestran, un círculo virtuoso que benefició a la población: a mayor inversión, mayor empleo; a mayor empleo, más consumo; y a mayor consumo, más inversiones.

     

    Lamentablemente, para los peruanos, en los 100 primeros días de gobierno, el presidente Pedro Castillo se ha encargado de boicotear el atractivo del Perú como país amigo de las inversiones.

     

    En vez de tender puentes con el Poder Legislativo y el empresariado para generar desarrollo, ha generado inestabilidad política, por ejemplo, a través del nombramiento de autoridades que desprecian la inversión como es el caso del ex premier Guido Bellido, quien amenazó con “nacionalizar” a Camisea; o a través de una narrativa populista que culpa a las empresas de la pobreza del país, lo que ha generado una ola de protestas en el interior del país contra la minería y otras industrias, paralizando grandes operaciones como la de la minera Antamina.

     

    En este caso, es elocuente el reciente discurso del ministro de Energía y Minas en Áncash, culpando a la minera de ser “la responsable de todo lo que pasa” allí en cuanto a pobreza y poco acceso a derechos básicos, o lo mencionado ligeramente por el Ministro de Justicia, infiriendo que inversionistas mineros podrían estar atrás de maniobras para desestabilizar el Gobierno.

     

    Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, en una clara intervención que no corresponde, insta al Poder Judicial a resolver pronto los casos de controversias tributarias que mantienen las empresas con la Sunat, acusándolas de deudoras del Estado.

     

    No contento con ello, desde el MEF se busca imponer una reforma tributaria, que claramente tiene visos anti empresa, pidiendo al Congreso facultades extraordinarias para evitar el necesario debate al respecto.

     

    Este espacio quedaría corto si quisiéramos detallar las señales anti inversión que el Gobierno de Pedro Castillo ha dado a los agentes económicos. Ello se ha traducido en una confianza empresarial ubicada en el tramo negativo y que las perspectivas de inversión privada caigan 9,7% en el 2022 (BBVA Research).

     

    Señor presidente Pedro Castillo, los empresarios lo instamos a trabajar por recobrar la confianza empresarial para la inversión privada, que es la que crea empleos sostenibles y bienestar para todos los peruanos.

     

    Tienda puentes, nombre autoridades competentes y respete la libertad de empresa en el Perú. Deje de boicotear el desarrollo del Perú.

     

    De ello depende el futuro de millones de peruanos. Tenga visión de estadista y recupere la senda del crecimiento de nuestro país.

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