• Peter Anders: Horas de lucha

    12 de junio del 2021
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    La incertidumbre que reina en torno al resultado de la segunda vuelta electoral y las sombras que oscurecen la organización y realización de todo el proceso, no son casuales. Desde hace meses se advertía una serie de errores, deficiencias, negligencias y maquinaciones que hoy nos pasan la factura.

     

    En principio, que haya estado a cargo de un Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incompleto, integrado por solo cuatro miembros y no por cinco como corresponde.

     

    Esta situación hace que actualmente, ante cualquier decisión que adopte el máximo organismo electoral, en caso de ocurrir un empate, su presidente tiene un voto dirimente, es decir, vota por dos.

     

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    La razón es que, empleando una serie de argucias legales, se anularon dos veces las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima, impidiendo así que su representante integre el JNE.

     

    Como sabemos, el JNE debe estar formado por cinco miembros: uno elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia (quien lo preside); uno por la Junta de Fiscales Supremos; uno por el Colegio de Abogados de Lima; uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y uno por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

     

    Otros hechos anómalos fueron la declaratoria de improcedentes o el inicio de procesos sancionadores a determinadas candidaturas por razones hartamente discutibles, como, por ejemplo, no haber declarado la propiedad de un viejo automóvil fuera de circulación o haber ofrecido donar su sueldo —en caso de ganar— a organizaciones caritativas.

     

    Sumemos, además, que en el padrón electoral figuraron personas muertas o hasta menores de edad hábiles para votar e incluso elegidos para ser miembros de mesa. La excusa de que el padrón se cerró un año antes de los comicios se cae cuando se comprueban casos de fallecidos hace más de 15 o 20 años.

     

    Para colmo de males, el proceso de identificación de los electores en la mesa de votación se ha realizado como en el siglo pasado, “al ojo”, dando pie a que se produzcan suplantaciones o hasta dobles o triples votaciones, más aún ahora en que, debido a la pandemia, los votantes acudieron utilizando mascarillas y protectores faciales.

     

    No se ha hecho el mínimo esfuerzo por utilizar las herramientas que hoy en día ofrece la tecnología, como, por ejemplo, los lectores de huellas digitales, como los que se encuentran en cualquier banco o caja municipal de todo el país.

     

    Lo que mal comienza mal acaba, dice un conocido refrán, y es así que con estos antecedentes, el país mira perplejo como es imposible –al momento de escribir estas líneas— saber con certeza cuál es el resultado de la elección presidencial, ante la serie de claros indicios de que los votos de millones de peruanos no necesariamente parecen haberse respetado.

     

    Es en estas circunstancias que ahora corresponde al JNE decidir sobre la serie de impugnaciones, revisiones y nulidades de las actas donde se han detectado graves irregularidades y claras maniobras para entorpecer y manipular los votos.

     

    Por ello, nos corresponde a todos como ciudadanos estar vigilantes, para que el JNE asuma esta delicada tarea con estricto cumplimiento de la ley, yendo al fondo del asunto, sin pretender convalidar ilegalidades apelando a formalismos subsanables como la falta del pago de tasas, entre otros.

     

    Debemos hacer entender al JNE que cada voto cuenta y que es un derecho de todos los peruanos defender nuestra decisión. El JNE y sus autoridades están allí para garantizar nuestro derecho a elecciones limpias, no para ceder a presiones o intereses políticos, ideológicos o de otra índole.

     

    Debemos también cuidar que la revisión de actas se realice sin ningún tipo de interferencias ni llamadas de nadie.

     

    Los peruanos somos ciudadanos con deberes y derechos que cautelar. Podemos y debemos tener diferencias en cuanto a la forma cómo desarrollar nuestro país, pero esas diferencias no se resuelven imponiendo regímenes totalitarios ni mucho menos con auto designados refundadores de la República.

     

    Se resuelven dialogando, buscando consensos, teniendo como objetivo común el bienestar de todos, no solo el de un sector o de un grupo, por decisión de quienes se creen estar por encima de los demás, pero, sobre todo, respetando la ley.

     

    El bienestar que millones de peruanos hemos logrado en los últimos 30 años con esfuerzo y sacrificio, no debe ser considerado un privilegio, sino fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que debemos defender

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