• Peter Anders: Primer poder

    7 de agosto del 2021
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    La amenaza de disolver el Congreso de la República hecha por un congresista del oficialismo, para hacer realidad la pretensión del partido Perú Libre de convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución a la medida de sus intereses políticos e ideológicos, agudiza el clima de incertidumbre y desconfianza que reina en el país.

     

    Pero a la vez revela y confirma la “estrategia” del Poder Ejecutivo de designar un Consejo de Ministros integrado por personajes no solo con antecedentes cuestionables en materia personal y profesional, sino hasta contrarios a la defensa de la democracia.

     

    De esta manera, se buscaría provocar que el Parlamento no le otorgue el voto de investidura, lo que llevaría a que se designe un nuevo gabinete con similares características, a fin de forzar una segunda denegatoria de la confianza y, con ello, abrir la posibilidad de que este poder del Estado sea disuelto.

     

    ▶ Peter Anders: Pedro versus Pedro

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    Este accionar en nada contribuye para que nuestro país recupere la estabilidad política y económica que se necesita con urgencia para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la sombras que enturbiaron el reciente proceso electoral. Ello no se condice con lo afirmado por el presidente Pedro Castillo, quien en su mensaje de toma del mando garantizó que toda reforma se haría respetando los cauces legales que la propia Constitución establece.

     

    Lamentablemente, en estos primeros días de su gobierno, el presidente Castillo ha mostrado actitudes que en algunos casos se apartan de las normas, reglas y leyes que rigen nuestro país, principalmente en materia de transparencia a la hora de gobernar.

     

    Si algo debe entender un gobernante es que el haber accedido al poder no significa recibir un cheque en blanco para hacer lo que se quiera, ni tampoco para satisfacer las ambiciones de un partido político, ni mucho menos para convertir al Estado en la agencia de empleos para amigos o simpatizantes.

     

    El presidente de la República es, por el contrario, el máximo representante del Estado y su obligación es con todos los peruanos; por ello, su proceder debe estar enfocado siempre con una visión de país, sin buscar divisionismos, ni mucho menos considerar, ligeramente, a los ciudadanos como simpatizantes u opositores.

     

    Si alguna primera obligación tiene el profesor Castillo como presidente del Perú es cumplir las leyes bajo las cuales fue elegido y juró, respetando el sistema democrático. Si desea hacer algunos cambios, debe hacerlo siempre dentro del marco de la ley; sin valerse de subterfugios o interpretaciones extremas que lo único que generan es mayor inestabilidad y pérdida de credibilidad en el Gobierno.

     

    En ese sentido, el papel del Congreso de la República es fundamental y es el llamado a constituirse en un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo, manteniéndose vigilante de nuestra democracia y del cumplimiento fiel de la Constitución.

     

    Pese a la campaña de desprestigio, generalizaciones y permanentes acusaciones al que ha sido sistemáticamente sometido durante el último quinquenio, los peruanos debemos entender y aceptar que el Congreso de la República nos representa, porque sus integrantes no están allí por gracia divina, imposición o “porcentajes”, sino que fueron elegidos democráticamente por nosotros y, por tanto, representan la diversidad de opiniones que existe en el Perú.

     

    Ninguna asociación civil, organización popular, federación, sindicato o junta vecinal tiene en el sistema democrático mayor representatividad o autoridad que el Parlamento Nacional. Son los congresistas, a través de la función de representación, los voceros de los ciudadanos y los que canalizan sus demandas y denuncias.

     

    De allí la importancia de que las fuerzas democráticas que integran el Poder Legislativo constituyan un bloque que defienda todo lo que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos avanzado en los últimos años, especialmente la alternancia en el poder y el pleno respeto a las libertades de expresión y opinión. Pero también las libertades de emprender, de poder trabajar, invertir, ahorrar y generar bienestar a nuestras familias.

     

    Lo hemos dicho antes; nadie niega la necesidad de hacer reformas para corregir los errores y abusos que puedan haberse cometido, pero de allí a demoler de un plumazo todo lo avanzado para “cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social” o para “construir de abajo hacia arriba” —quién sabe sobre qué bases—, hay mucha diferencia.

     

    Confiemos en que, tras estos accidentados primeros días, el presidente Castillo reflexionará y corregirá lo que corresponde dentro del sistema democrático, porque nunca es tarde para hacerlo… ni muy temprano para reconocerlo.

     

     

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