Peter Anders: Transparencia y legitimidad
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Nuestro país cumple dos semanas sumido en la incertidumbre, en una grave inestabilidad política y económica y un profundo temor por las amenazas violentistas de quienes pretenden imponer al resto su ideología de odio, divisionismo y destrucción.
Son 15 días a lo largo de los cuales seguimos esperando del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una actuación transparente y el cumplimiento estricto de su misión de garantizar el respeto de la voluntad ciudadana, de forma eficiente y moderna, para determinar quien gobernará nuestro país durante los próximos cinco años.
Esto exige, por parte del máximo organismo electoral, ir al fondo del asunto que es definir si la elección del pasado 6 de junio se desarrolló con total limpieza, sin ninguna duda de legalidad, sin trampas, sin mesas de sufragio capturadas por simpatizantes de uno de los candidatos, sin suplantación de electores, sin firmas falsas, sin manipulación de actas o con muertos –milagrosamente resucitados– aptos para votar.
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Si nos encontramos en esta situación es porque desde mucho antes de la realización del proceso en sí, incluso desde la primera vuelta, cayeron serias dudas sobre la idoneidad y la imparcialidad de algunos magistrados, jefes, funcionarios y trabajadores de los organismos electorales. Bastaba algo tan simple como observar sus redes sociales para darse cuenta que tenían una posición definida.
Faltó, sin duda, de parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y de las otras organizaciones políticas, una actitud más proactiva y fiscalizadora para –en principio– exigir que se cumpla el artículo 179 de la Constitución Política, que claramente establece que “la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros” y no cuatro, como actualmente sucede, debido a la serie de maniobras cometidas para impedir que el Colegio de Abogados de Lima nombre a su representante.
Pero aquí estamos ahora, en estas cuestionables condiciones, esperando que los resultados del proceso electoral sean inobjetables, que respondan a la real voluntad de los electores y le confieran al próximo gobernante la legitimidad que se requiere, en un momento en que el Perú sigue enfrentando las dramáticas secuelas del pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia del coronavirus.
No se trata de defender a una de las candidaturas en pugna, se trata de defender normas básicas de una convivencia civilizada y la estabilidad que tanto nos costó construir a todos en los últimos 30 años.
Defender y recuperar la fortaleza de nuestro sistema democrático implica recuperar la confianza en nuestras instituciones y no permitir, nunca más, que sean copadas por militantes y simpatizantes de determinada corriente política para convertirlas en herramienta de sus intereses.
Demandemos pacíficamente, pero con firmeza, que se respete la voluntad que cada uno de nosotros expresó en su voto, que los encargados de velar por ello cumplan fielmente la tarea que se les ha encomendado y que, si se determina que deliberadamente se intentó aprovechar las vulnerabilidades de nuestra democracia para hacer trampa, se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.
