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A través de una serie de leyes -que en algunos casos han sido observadas por el Poder Ejecutivo- el Congreso ha abierto las puertas para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan retirar –si lo desean- parte o la totalidad de sus fondos, de la misma forma que ahora también pueden hacerlo los trabajadores formales con su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
El objetivo es apoyar a los miles de familias que debido a la pandemia del COVID-19 han perdido su trabajo y, por consiguiente, la fuente de ingresos con la que podían enfrentar gastos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud o la educación. En otros casos, estos fondos les permiten cubrir el pago de deudas, como las de tarjetas de crédito o hipotecas, entre otros.
En principio, pareciera ser una medida razonable. No obstante, la gran interrogante es qué ocurrirá con quienes hoy hacen uso de estos fondos cuando en un futuro llegue la hora de su jubilación y no estén en condiciones de trabajar.
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Como se sabe, tanto el SPP como la CTS son mecanismos de “ahorro forzoso” que obligan al titular a reservar un porcentaje de sus ingresos para cuando, sea por edad o desempleo, no cuenten con la posibilidad de trabajar.
Es probable que en el grupo que hoy retira sus fondos del SPP o de la CTS haya personas en edades todavía con capacidad de empleabilidad, pero también hay otro que ya no tendrá opciones de conseguir un trabajo en el futuro cercano que le permita contar con ahorros para su retiro. Un tercer grupo puede haber optado por usar este dinero en una inversión que le asegure contar con ingresos.
Veamos el caso de Chile, donde existen dos tipos de ayudas provenientes del Estado: La pensión básica solidaria y el aporte básico solidario, a través de las cuales se contribuye a incrementar las pensiones de jubilación de quienes no tienen ahorros previsionales o tienen pensiones muy bajas. Esto significa que existe un porcentaje del presupuesto público destinado a atender estos casos.
En el Perú el Estado ha demostrado ineficiencia en el manejo pensionario. La estatal Oficina de Normalización Previsional (ONP), en la que sus aportantes constituyen un fondo común, no ha sido capaz de generar ingresos razonables. Al contrario, existen jubilados que reciben pensiones inferiores al sueldo mínimo.
En el caso de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), donde cada aportante posee una cuenta individual de capitalización, son dos millones de personas –según señala el exministro de Economía y Finanzas David Tuesta- las que han retirado la totalidad de sus fondos, con lo cual ya se quedaron sin pensión de jubilación.
Si bien en un primer momento el hecho de que las personas cuenten con dinero puede impulsar el consumo y con ello dinamizar nuestra alicaída economía, lo cierto es que -a futuro- un porcentaje importante de estas mismas personas que se han gastado los recursos de sus AFP o CTS, van a buscar que sea el Estado el que atienda sus necesidades.
De ocurrir ello, el alcance de programas sociales como Pensión 65 deberá ampliarse, con lo cual el gasto público se irá incrementando sin que por este concepto se genere un ingreso que pueda sustentarlo.
Por ello, es preciso que quienes optan por el retiro de sus fondos de APF o de la CTS evalúen, en la medida de lo posible, el futuro que les espera y el horizonte laboral que tienen. De lo contrario, podrían verse como pensionistas de un Estado que hasta el momento no ha sabido cubrir una demanda tan vital, por lo que les espera un difícil porvenir.
