• Peter Anders: El señor cautivo

    11 de Febrero del 2022
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    Sin ningún propósito de enmienda y faltando a la palabra que empeñó ante el país, el presidente Pedro Castillo ha optado por no ponerle punto final a la situación de precariedad, inseguridad, incertidumbre, desunión y anarquía a la que ha llevado al Perú, prefiriendo más bien colocarle puntos suspensivos a esta telenovela de intrigas, suspenso y espanto en que se ha convertido su gobierno.

     

    No de otra manera puede graficarse el que haya designado un gabinete ministerial integrado –salvo un par de excepciones que no hacen la regla- por personajes de dudosa capacidad y trayectoria personal y profesional.

     

    ¿Dónde quedó el “gabinete más participativo y de ancha base” que el señor Castillo se comprometió a elegir? ¿Dónde la promesa de que los cambios ministeriales “se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales”?

     

    ► Peter Anders: Punto final

    ► Peter Anders: La importancia de elegir

    ► Peter Anders: El Estado durmiente

     

    Como nuestra institución ha expresado a través de un pronunciamiento, el presidente Castillo ha vuelto a evidenciar su incapacidad de convocar a técnicos y profesionales con experiencia y trayectoria intachables, con la ética y cualidades que se requieren para ejercer la función pública.

     

    ¿Quiénes de estos “nuevos” ministros garantizan la estabilidad política y jurídica que es imprescindible para enfrentar la crisis económica, el desempleo y las emergencias sanitaria y educativa? ¿Cuántos, comenzando por quien los preside, pueden garantizar ya no solo un manejo eficiente y transparente de los asuntos del Estado, sino también capacidad de mantener la ecuanimidad frente a los problemas, sin salir a insultar y amenazar a quienes los critican?

     

    Y decimos “nuevos” ministros porque la supuesta recomposición ministerial no ha sido tal, porque del total de sus 19 integrantes, apenas se ha cambiado seis, es decir, ni un tercio.

     

    Todos los demás son viejos conocidos. Aunque sí hay algo en que coinciden tanto los nuevos como los viejos ministros: llevar sobre sus espaldas serias denuncias por corrupción, violencia física y psicológica contra su entorno familiar y social, así como penosas faltas éticas durante su ejercicio profesional.

     

    No nos queda duda que el señor Castillo no ha priorizado en su elección y ratificación de ministros, que el Perú supere la pandemia del coronavirus, impulse la generación de puestos de trabajo, promueva la inversión privada nacional y extranjera, garantice el retorno de los estudiantes a sus clases o que las personas no sigan siendo atacadas a toda hora y en todo lugar por la delincuencia, incluso a costa de sus vidas.

     

    Todo lo contrario, ha seguido al pie de la letra la “sugerencia” que le hizo el propietario del partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, quien a través de un tweet advirtió que “si el nuevo premier no le garantiza al presidente curules cautivas, va rumbo a aperturar (sic) la suspensión o la vacancia”.

     

    Así las cosas, en lo que hemos terminado es teniendo un presidente cautivo, que ha optado por un gabinete de supervivencia, entregando ministerios a grupos políticos con representación parlamentaria a cambio de que, con la fuerza de sus votos, frustren cualquier intento de vacarlo.

     

    Pero, a la vez, en un presidente que se empeña en defender con terquedad el controvertido papel del que él llama su “equipo de confianza”, pero que en realidad se trata -según han denunciado una ex jefa del Consejo de Ministros, dos ex ministros y un ex alto funcionario de Palacio de Gobierno-, de un “gabinete en la sombra” integrado por quienes no tienen más mérito que el de ser sus paisanos.

     

    Puestos en este escenario, corresponde a organismos autónomos como la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, el Poder Judicial y la Procuraduría Pública, así como a los partidos políticos de oposición, gremios empresariales, organizaciones sindicales y estudiantiles, colegios profesionales, universidades e instituciones de la sociedad organizada, mantenerse vigilantes para que nuestro país no siga siendo llevado al despeñadero.

     

    Pero también constituye una obligación que las fuerzas democráticas en el Congreso de la República, ejerzan sus labores de fiscalización y control a fin de impedir que el Perú continúe siendo manejado como un botín en el que se reparten ministerios, jefaturas, direcciones, embajadas, puestos de trabajo, contratos y licitaciones a amigos, familiares, socios políticos y malos empresarios que se coluden con el poder, por más efímero que sea.

     

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