El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que un freno del crecimiento económico puede generar que 10.9 millones de peruanos vulnerables (31,8 % de la población) ingresen a situación de pobreza.

Así lo sostuvo Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL, quien argumentó que mantener un crecimiento económico sostenido y promover inversiones en infraestructura física y social son clave para que el país no enfrente eventos adversos, como pérdidas de empleo, cierre de negocios o enfermedades graves.

“Pese a un contexto de inseguridad e inestabilidad política, es importante consolidar la tendencia de crecimiento que, durante el primer trimestre y marzo de este año, registró una variación positiva de 4 % y 4,7 % respectivamente frente al año 2024. Este resultado marca una recuperación más sólida y extendida en diversas ramas de la actividad económica”, subrayó.

Durante el primer trimestre y marzo de este año, el crecimiento económico registró una variación positiva de 4 % y 4,7 %

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Óscar Chávez aseguró que “solo de esa manera será posible alcanzar mayores tasas de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) y continuar avanzando en la lucha contra la pobreza en el país, cuyo nivel alcanza actualmente a 9.4 millones de peruanos”.

El año pasado, el PBI peruano registró un crecimiento de 3,3 %, el cual tuvo un impacto directo en la reducción de la pobreza monetaria. Este pasó de 29 % en el 2023 a 27,6 % en el 2024, lo que permitió que unas 386 000 personas salieran de esa condición, conforme al Informe de Pobreza Monetaria 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

No obstante, la pobreza sigue concentrándose en el ámbito rural, donde el 39,3 % de su población enfrenta esta condición, frente al 24,8 % registrado en las zonas urbanas.

“Ello evidencia que los beneficios del crecimiento no llegan a dichas zonas. Por ello, el gobierno debe de integrar programas de protección social, desarrollo productivo, conectividad e infraestructura”, anotó Óscar Chávez.

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La economía peruana inició el 2025 con un notable dinamismo. En el primer trimestre, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 4 % interanual, superando con amplitud el 1,4 % registrado en el mismo periodo del 2024. Este resultado marca una recuperación más sólida y extendida en diversas ramas de la actividad económica.

En términos mensuales, marzo fue el mes de mayor expansión, con un crecimiento del 4,7 %. Este avance se vio favorecido por un efecto estadístico, ya que en marzo del 2024 la economía se contrajo 0,3 % debido a conflictos sectoriales y una menor cantidad de días laborables por Semana Santa.

A nivel acumulado, el PBI móvil anual (de abril 2024 a marzo 2025) creció 4 %, revirtiendo la leve contracción de -0,09 % observada en el periodo anterior (abril 2023 – marzo 2024).

Sectores impulsores del crecimiento

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la mayoría de sectores económicos mostraron un desempeño positivo en marzo del 2025. Así, Minería e Hidrocarburos lideró el crecimiento, seguido por Otros Servicios, Transporte, Comercio, Manufactura y Construcción, los que, en conjunto, explicaron cerca del 70 % del crecimiento total. En contraste, solo Telecomunicaciones presentó una ligera contracción interanual en marzo (-0.2 %).

PBI por Actividad Económica

El sector Minería registró un crecimiento de 7 % en el tercer mes del año, impulsado por un mayor volumen de extracción, la entrada en producción de nuevos proyectos y la recuperación de la producción metálica. Por su lado, el sector Pesca, aunque de menor peso en el PBI, creció 29,1 % gracias a la normalización de la temporada de captura, destacando la anchoveta. Cabe recordar que, en marzo del 2024, la pesca se había desplomado en 32,5 %, por vedas y escasos desembarques.

Otros sectores con desempeño destacado fueron: el Comercio, que acumuló 49 meses consecutivos de crecimiento desde marzo del 2021, y el subsector Electricidad y Agua, con una expansión en 48 de los últimos 49 meses.

Pobreza monetaria en el 2024: avances y desafíos

La expansión del PBI en el 2024 (3,3 %) tuvo un impacto directo en la reducción de la pobreza monetaria. La tasa de pobreza bajó de 29 % en el 2023 a 27,6 % en el 2024, permitiendo que unas 386 mil personas salieran de esa condición.

Según el reciente Informe de Pobreza Monetaria 2024 del INEI, en zonas urbanas la pobreza cayó de 26, 4 % en el 2023 a 24, 8 % en el 2024. En el ámbito rural, sin embargo, la mejora fue marginal:  pasó de 39,8 % a 39,3 %.  Asimismo, más del 70 % de la población en situación de pobreza reside en zonas urbanas, lo que evidencia que los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente.

Es importante resaltar que el crecimiento durante el 2024 en sectores intensivos en mano de obra como:  Agropecuario (4,9 %), Construcción (3,6 %), Comercio (3 %) y Servicios (3,2 %) llevó a que el empleo formal privado creciera en 5 %.

Asimismo, la inversión pública también tuvo un rol importante al alcanzar un nuevo máximo de alrededor de S/ 57 mil 300 millones, lo que significó una mayor asignación de recursos a los proyectos de los gobiernos regionales y locales. Por su parte, el avance físico de obras también mostró dinamismo, con un incremento de 15,1 % en el primer trimestre del 2025.

Pobreza extrema y concentración rural

En cuanto a la pobreza extrema, esta afectó al 5,5 % de la población en el 2024, es decir, a cerca de 1 millón 870 mil personas. Esto representa una leve mejora de 0,2 puntos porcentuales respecto al 2023, beneficiando aproximadamente a 50 mil personas. Sin embargo, la pobreza continúa concentrándose en el ámbito rural, donde el 39,3 % de la población enfrenta esta condición, frente al 24,8 % en las zonas urbanas. Esta brecha evidencia que el crecimiento económico no llega de forma homogénea y que se requieren programas sociales más eficaces y focalizados.

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Pobreza por regiones: contrastes marcados

Durante el año pasado, 21 de las 24 regiones del país lograron reducir sus niveles de pobreza. Entre las excepciones, destaca Arequipa, cuya tasa aumentó de 13,9 % a 15,8 % debido al bajo dinamismo económico y la contracción del sector minero.

Por su parte, Cajamarca registró un aumento de 44,5 % a 45 %, atribuido a su alta dependencia de la agricultura de subsistencia y las brechas existentes en servicios básicos. Finalmente, Ucayali también vio aumentar su pobreza de 26,9 % a 27,1 %, afectada por su lejanía geográfica y deficiencias en infraestructura que dificultan el acceso a servicios y oportunidades económicas.

Por el contrario, los casos más notables de reducción de pobreza se dieron en Ayacucho, que disminuyó su tasa de 39,4 % a 32,8 %, una mejora de 6,6 puntos porcentuales; Huancavelica, que pasó de 39,5 % a 33,4 % (-6.1 p.p.); y Junín, que la redujo de 33 % a 27,2 % (-5.8 p.p.).

Estas reducciones estuvieron relacionadas con el dinamismo de la economía rural, mejoras en la infraestructura y una mayor focalización de los programas sociales.  Otras regiones como Apurímac, Pasco, Cusco, Puno, San Martín y Lambayeque también experimentaron descensos de entre dos y cinco puntos porcentuales.

Perspectivas: evitar retrocesos en el 2025

La recuperación económica observada en el primer trimestre de este año brinda respaldo a los sectores más vulnerables. Según cifras oficiales, el 31,8 % de la población, equivalente a 10 millones 900 mil personas, se encuentra en condición de no pobres, pero vulnerables, con riesgo de caer en pobreza si se enfrentan a eventos adversos como pérdida de empleo, cierre de negocios o enfermedades graves.

Para consolidar la tendencia positiva y evitar retrocesos, es clave mantener un crecimiento económico sostenido y promover inversiones orientadas al desarrollo de infraestructura física y social. Solo así será posible alcanzar mayores tasas de expansión del PBI y continuar avanzando en la lucha contra la pobreza en el país.

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Por décadas, los tecnócratas del Perú han celebrado las cifras del PBI como si fueran credenciales morales. Cada punto de crecimiento se anunciaba con fuegos artificiales, como si eso significara automáticamente menos pobreza. Pero el reciente informe del INEI sobre la evolución de la pobreza monetaria entre 2015 y 2024 es una bomba de realidad: el país ha recuperado la macroeconomía, pero ha perdido a su gente en el camino.

La cifra más escandalosa no es el 29 % de pobreza nacional, ni el 13 % de pobreza extrema. Es que, cinco años después del estallido de la pandemia, los niveles de gasto per cápita siguen siendo menores a los del 2019. Dicho en términos simples: los peruanos están más pobres hoy que antes del virus, aunque las cifras fiscales sonrían y los bonos de inversión fluyan. La Costa —donde se concentra la actividad comercial e industrial— perdió 13,5 % de su poder de gasto, y Lima Metropolitana —el supuesto centro de la prosperidad— cayó un brutal 17,2 %.

Pero el mapa real de la pobreza no está en Lima, ni en el MEF. Está en Cajamarca, Loreto, Huánuco, Pasco, Puno. Departamentos con más del 39 % de su población en situación de pobreza. Décadas de abandono estructural, infraestructura que nunca llegó, y un Estado que aparece solo para cobrar impuestos o desplegar policías. Esos son los territorios donde se incuban el resentimiento, el desencanto democrático, y la migración desesperada.

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Peor aún: la pobreza en el Perú tiene rostro, edad, lengua y género. Casi el 20 % de los pobres son quechuahablantes, aimaras o amazónicos. Más del 70 % de los hogares pobres tienen menores de edad. Las mujeres lideran más hogares pobres que antes, pero con menor acceso a ingresos. Y solo el 13,8 % de los pobres logra alcanzar educación superior. El círculo vicioso se perpetúa con brutal eficacia.

Entonces, ¿cuál es el crimen silencioso aquí? Que seguimos aplicando políticas como si el Perú fuera una unidad homogénea. Como si Ica y Puno compartieran las mismas reglas del juego. Como si una línea de pobreza monetaria bastara para entender la miseria multidimensional. Y como si un bono ocasional resolviera décadas de informalidad estructural.

La clase política seguirá hablando de “reactivación” mientras las estadísticas demuestran que lo único que se ha reactivado es la exclusión. Ya no basta con medir la pobreza. Hay que señalar a los responsables de su persistencia: gobiernos ausentes, tecnócratas sin calle, empresarios sin empatía y una sociedad civil capturada por discursos cómodos. La pobreza no es un accidente, es el producto de decisiones políticas repetidas.

Es hora de dejar de mirar los promedios nacionales y empezar a gobernar desde las desigualdades. Porque mientras el Perú se aplaude a sí mismo en los foros internacionales, hay millones que han dejado de esperar y han empezado a huir: a Lima, a la selva, o fuera del país. El verdadero éxodo no es venezolano, es peruano, silencioso, estructural. Y ocurre a plena luz del día.

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El Perú tiene más de un millón y medio de jóvenes (entre 15 y 29 años) que ni estudian ni trabajan (conocidos como nini), cifra al cierre del 2023 que evidencia un crecimiento de 2,4 %, respecto al año anterior, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

“El segmento nini representa el 20,1 % de la población juvenil en el país, el mismo que carece de programas educativos y tiene una limitada participación laboral”, afirmo Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

En cuanto a los jóvenes que trabajan y estudian tienen una representación de 15,7 %; los que solo estudian (45,6 %) y solo trabajan (18,1 %), conforme a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Respecto a la distribución etaria, la población nini es alta en jóvenes de entre 15 y 19 años (44,4 %), seguidos de entre 20 y 24 años (29,5 %) y 25 y 29 años (26,1 %). Si bien la cifra registrada en 2023 es significativa, esta población viene mostrando una tendencia a la baja en los últimos años, pero superior a los niveles de prepandemia.

En el 2019 el país tenía 1,3 millones de ninis, cifra que se elevó drásticamente en 2020 con 2,2 millones, debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. No obstante, en 2021 la cifra se redujo a 1,6 millones de ninis.

Sin embargo, para Óscar Chávez hay riesgo de que la población nini pueda incrementarse en el presente año considerando la brecha entre el aumento de la fuerza laboral y la generación de empleos formales.

Por regiones

Respecto a la distribución geográfica, los ninis muestran una concentración significativa en Lima con 657 000 jóvenes, representando el 43,3 % del total nacional. Otras regiones con alta concentración incluyen La Libertad (6,8 %), Arequipa (5,5 %) y Piura (5,3 %), reflejando una cierta correlación con otras variables sociales como los niveles de inseguridad en estas áreas.

Pero si se analiza el peso de los ninis por departamento, se observa que en Tumbes tiene una alta densidad, pues 1 de cada 3 jóvenes están en esa condición, una cifra preocupante para un departamento tan pequeño y de poca población.

Del mismo modo, en ocho departamentos del país se observa que entre el 20 % y 25 % de sus jóvenes no están estudiando ni trabajando; entre estos figuran Madre de Dios y Tacna (23,4 % cada uno), Loreto (23,2 %) y Moquegua (20,8 %).

Análisis sociodemográfico

Respecto al nivel socioeconómico, en el 2023, la pobreza afectó al 34,7 % de los ninis, evidenciando un incremento de 12,8 % respecto al año anterior. Cabe destacar que este dato es congruente con el aumento de la pobreza de la población total con respecto al 2022.

Es importante mencionar que el ingreso promedio mensual en los hogares de los ninis ha mostrado un aumento progresivo, pasando de S/ 2 555 en 2019 a S/ 2 769 en 2023.

Entre tanto, la participación femenina entre los ninis ha disminuido ligeramente. En 2019, el 64 % eran mujeres, mientras que, en 2022, esta proporción se redujo al 61,2 %, hasta ubicarse en 2023 en 58,5 %, dato que evidencia aún una brecha de género de 17 puntos porcentuales.

El acceso a la educación superior también muestra fluctuaciones, con una proporción del 28,5 % en 2023, frente al 30,9 % de 2019 y al 25,8 % de 2022.

En el ámbito financiero, la exclusión de los ninis de este sistema ha disminuido notablemente, pasando del 72,1 % en 2019 al 57,4 % en 2022 y al 52,4 % en 2023, reflejando una mayor inclusión financiera en este grupo poblacional.

Ninis conectados

Por su parte, el acceso a internet ha mejorado significativamente entre los ninis, alcanzando el 95,6 % en 2023, lo que refleja una mayor conectividad especialmente en áreas urbanas, donde reside la mayoría de este grupo demográfico (91,8 % en 2023). Para dimensionar el avance, es importante mencionar que, en 2019, solo el 45,3 % de los ninis tenía conexión, mientras que, en 2022, esta cifra aumentó al 67,8 %.

Para el IEDEP, los ninis representan en el actual contexto un desafío y una oportunidad para el desarrollo inclusivo del Perú, con importantes implicaciones sociales, económicas y de políticas públicas que requieren atención y acción continua.

“Si se quiere reducir el número de ninis en el país, es sustancial implementar diversas estrategias y políticas enfocadas a una educación de calidad y accesible, impulsar la formación técnica y combatir la deserción escolar. Y, entre otras medidas, fomentar el emprendimiento juvenil, crear políticas laborales inclusivas y desarrollar programas de reinserción juvenil”, anotó Óscar Chávez.

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La transformación de la clase media en las últimas décadas ha sido notable, lo que refleja tanto el crecimiento económico como su vulnerabilidad ante eventos inesperados como la pandemia del covid-19. Cabe señalar que si bien este tipo de eventos dejaron ver la fragilidad, también mostraron la resiliencia que posee este segmento socioeconómico para resurgir y retomar una tendencia de movilidad social hacia mejores condiciones de vida, necesarias para países en vías de desarrollo como el nuestro.

Al cierre de 2023, el 30 % de la población integraba la clase media, lo que significa que, aproximadamente, 1 de cada 3 peruanos pertenece a este segmento, con un 6,3 % clasificado como clase media alta y un 23,9 % como clase media baja o en riesgo de vulnerabilidad.

Sin embargo, definir la clase media puede resultar ambiguo, debido a la falta de consenso en la clasificación. El IEDEP emplea la metodología de “seguridad económica” del Banco Mundial, que establece rangos de ingresos diarios para clasificar a la población.

Es así que, con la última actualización que se hizo a estos rangos luego de la pandemia, se establece que una persona tiene que ganar entre US$ 14 y US$ 81 PPA (dólares en paridad de poder adquisitivo) para formar parte de esta clase social. En ese mismo sentido, y siguiendo con proporciones que establecen la seguridad económica, hablaremos de una clase media baja (ingresos diarios entre US$ 14 y US$ 30 PPA) y de una clase media alta (US$ 31 a US$ 81 PPA).

Un análisis por departamentos muestra que en Moquegua, Ica, Arequipa y Lima la clase media representa más del 40 % de su población; mientras que, en el otro extremo, Huancavelica no llega al 10 %. A su vez, Lima concentra aproximadamente la mitad de la clase media nacional (50 %), lo que evidencia las disparidades en los niveles de vida entre la capital y el resto del país.

En cuanto a la composición demográfica, la mayoría de la clase media se encuentra en edades productivas, entre los 30 y 60 años, es decir, la población que está en la cúspide de su vida laboral, trabajando más tiempo y con ingresos crecientes. Le sigue en participación la población joven (23,5 %) con un patrón de gasto distinto y mayor acceso al crédito debido a su ingreso temprano al mercado laboral; asimismo, los adultos mayores (17,1 %) y menores de edad (15 %), que representan una proporción dependiente de la clase trabajadora del segmento socioeconómico medio.

¿Cómo vive la clase media?

La mejor calidad de vida está directamente relacionada con el correcto provisionamiento de una vivienda. En ese sentido, el IEDEP ha caracterizado las viviendas de esta clase social del país a 2023, y muestra que, del total donde se establecen, el 71,6 % son propias, el 15 % son cedidas y el 13,3 % son alquiladas. Del porcentaje de viviendas propias, el 65,1 % son completamente pagadas, lo que muestra la seguridad habitacional en gran parte de esta población y que, además, les permite una distribución diferente en su estructura de gastos. Esto último también posibilita tomar decisiones financieras tomando la vivienda como garantía, ya que 7 de cada 10 viviendas propias totalmente canceladas cuentan con título de propiedad o se encuentran en trámite.

Una vivienda digna con buenos servicios básicos acelera la movilidad social, mecanismo por el cual aumenta la clase media. Esto se demuestra con las características de las viviendas de esta población, ya que gozan de mejores condiciones sanitarias y de acceso a servicios. Para 2023, el 98,4 % de estas viviendas se alumbraron mediante redes eléctricas y el 95,8 % poseían conexión a internet. Por su parte, el 91,5 % de viviendas de la clase media acceden a la red pública de agua y el 85,6 % lo hacen a la red pública de desagüe.

La clase media trabajadora

En términos de empleo, la clase media está compuesta por alrededor de 6 500 000 de personas, que representan el 37 % de la fuerza laboral total (17 700 000 de personas). Sin embargo, la mayoría de estos trabajadores (55,3 %) se encuentran en el sector informal, lo que plantea desafíos en términos de seguridad laboral y protección social. A pesar de esto, la clase media contribuye significativamente a sectores claves de la economía como Servicios, Comercio y Manufactura.

Los sectores que concentran más trabajadores de clase media son Servicios (42,4 %), Comercio (20,7 %), Manufactura (10,9 %), Transportes y Comunicaciones (9,1 %) y Agropecuarias (8,3 %).

Con respecto a la relación laboral que poseen los trabajadores de clase media, el 62,1 % son dependientes, 27,2 % son independientes, 5,7 % son empleadores y 5 % son trabajadores del hogar u otros. Esta estructura influye considerablemente en el ingreso promedio de la clase media, que es de S/ 2 279 mensuales, ya que es elevada por el ingreso promedio de los dependientes (S/ 2 493 mensuales) y de los empleadores (S/ 3 404 por mes).

Capital humano de la clase media

El capital humano es otro aspecto destacado de la clase media, tomando en cuenta que el 27,8 % de este segmento tiene secundaria completa, un 13,1 % posee educación no universitaria completa y un 16,5 % ha culminado estudios universitarios.

Sin embargo, con respecto a salud, es importante destacar que casi la mitad de la clase media (49,5 %) padece de artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, entre otros malestares, que son considerados crónicos o enfermedades. Esto va de la mano con el aseguramiento que posee esta población y el tipo de seguro que posee.

En resumen, la clase media desempeña un papel crucial en el desarrollo económico del país, con su mayor formación de capital humano, acumulación de infraestructura, generación de emprendimientos y apoyo a políticas estables. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos que enfrenta –como la informalidad laboral y los problemas de salud– para garantizar su crecimiento sostenible y contribución a la economía nacional.

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En los últimos 25 años en el Perú, por S/ 1 de inversión pública se realizan S/ 4 por parte de la inversión privada. En total, ambos tipos de inversión acumulan alrededor del 22 % del PBI, con un aporte relevante en el empleo formal y el crecimiento; y, si son direccionadas a infraestructura, incrementan la capacidad productiva del país. 

Como ya es público, 2023 fue un mal año para la economía, con caídas en el PBI (-0,6 %), la inversión privada (-7,2 %) y una débil expansión de la inversión pública (1,4 %). En ese contexto, la pretendida reactivación económica exige que ambos tipos de inversión aceleren su expansión.  

Para lograrlo, en 2024, tanto los gobiernos nacionales y subnacionales tendrán que ser muy expeditivos en materia de gasto de capital y meticulosos en lo que se refiere al gasto corriente. Esto último debido a que el déficit fiscal a febrero de 2024 ascendió al 3 % del PBI, por lo que la meta a fin de año de 2 % será difícil de lograr. 

Inversión pública

El Sistema Nacional de Inversión Pública busca maximizar la eficiencia de los recursos de inversión alineando políticas, planes y programas de desarrollo, claridad de responsabilidades, oportunidad y lógica en la toma de decisiones, esfuerzos complementarios, viabilidad operativa, centralización normativa y descentralización operativa.  

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado a inversión pública asciende a S/ 63 925 millones, representando el 25,6 % del presupuesto total, que es de S/ 250 169 millones. Este porcentaje varía según los niveles de gobierno. Así, en el Gobierno Nacional (GN) lo destinado a inversión pública representa el 18,4 % de su PIM, mientras que en los Gobiernos Locales (GL) y Gobiernos Regionales (GR) la participación es del 50,8 % y 26,8 % respectivamente. 

Además, los sectores que concentran mayor presupuesto de inversión son Transportes (S/ 18 059 millones), Educación (S/ 10 813 millones), Saneamiento (S/ 6 330 millones), Orden Público y Seguridad (S/ 5 394 millones) y Salud (S/ 5 187 millones). Estas inversiones están consideradas dentro de las prioridades que el MEF ha establecido para este año, como es la reactivación económica, el cierre de brechas sociales, así como el abordar el problema más tangible para la población: la inseguridad ciudadana. 

Ejecución al primer trimestre

Hasta marzo de este año, la inversión pública ejecutada fue de S/ 9 537 millones, un crecimiento del 35,2 % en comparación con similar periodo de 2023. Asimismo, la cifra representó una ejecución de 14,9 % del PIM. 

De este avance de ejecución, el GN presenta una ligera ventaja, pues hasta el primer trimestre ejecutó el 15,6 % de lo que le corresponde. Le siguieron los gobiernos regionales con 15,2 %, y los gobiernos locales con 14,1 %.  

Es importante resaltar que se observa un mayor dinamismo para hacer obra pública en los ministerios y autoridades multisectoriales, así como lentitud por parte de los municipios provinciales y distritales. 

Si desagregamos la inversión pública por departamentos, considerando tanto gobiernos regionales y locales, se observa una mayor ejecución en La Libertad, Ica y Tumbes, superando el 20 % de su PIM. Por otra parte, según sectores destacan Trabajo (42,4 %), Orden Público y Seguridad (25,8 %) y Comunicaciones (23,3 %).  

Proyectos G2G: obras emblemáticas

Dentro de los proyectos de inversión pública contemplados en los pliegos presupuestales, figuran los que tienen el sello de ser gestionados mediante la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G). Ello, porque desde la primera experiencia con los Juegos Panamericanos 2019, esta modalidad se mostró como una forma eficaz de realizar obras públicas en infraestructura. Es así que se inició una fase de entrega de obras importantes a gobiernos de otros países para que colaboren con la gestión de los proyectos y que eso permita quitarle carga burocrática a las autoridades y, por ende, disminuir los retrasos.  

Una de las principales características de los Acuerdos G2G es que cuentan con una Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office – PMO, por sus siglas en inglés), la misma que está encargada de realizar el apoyo a la gestión de los procesos que integran el proyecto y es dirigido por un experto designado por el Gobierno contratado. 

Así, en octubre de 2019, se suscribió el contrato con el Gobierno de Corea para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco (AICC), el segundo más importante del país, luego del Jorge Chávez. Al año siguiente, en agosto, se suscribió un contrato con el Gobierno de Francia para la construcción de dos hospitales (Hospital Lorena, en Cusco; y Hospital Sergio Bernales, en Lima), mientras que dos meses después, se le entregó al Reino Unido un paquete de proyectos de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios (ARCC). De otro lado, en 2021, se le entrega nuevamente al Gobierno Francés la gestión de la construcción de infraestructura vial de gran importancia (Vía Expresa Santa Rosa en Callao – VESR y la Nueva Carretera Central) y al Gobierno Británico la construcción de las Escuelas Bicentenario. 

Era de esperarse que esta modalidad genere una infraestructura pública de calidad de manera eficiente, sin embargo, esto no ha sido del todo así. En el caso del AICC, se registran retrasos desde mediados de 2023 y esto ha dejado entrever algunas falencias en cuanto a la coordinación entre las PMO y la autoridad (en este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) ad portas de la culminación de este contrato. Por su parte, la obras en transporte entregadas a Francia aún no presenta ejecución física alguna debido a las controversias de los proyectos, como en el caso de la VESR, que se planea ejecutar sin tener en cuenta el impacto ambiental y urbano de la ciudad portuaria. Como se puede apreciar, si bien la modalidad G2G puede tener el mejor mecanismo para la gestión y construcción de una obra pública, hay factores que escapan de las manos de las mismas oficinas PMO, ya que son de entera responsabilidad de las autoridades nacionales y sectoriales, la misma que se deteriora aún más con la inestabilidad e ingobernabilidad presente en el país.  

ANIN: ¿Para qué ha sido creada? Competencias y proyectos

Ante la necesidad del cierre de brecha de infraestructura y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos y dinamizar la economía, así como al desarrollo del país con enfoque territorial, de prevención y de sostenibilidad ambiental se publicó en julio de 2023 la Ley N.° 31841 mediante la cual se dispuso la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos o programas de inversión que estén a su cargo.  

Dentro de la cartera de proyectos de inversión de la ANIN, se encuentran obras emblemáticas de los tres niveles de gobierno y los proyectos de prevención y el control de las cuencas hidrográficas para evitar huaicos e inundaciones, y llevar adelante el mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros. Los referidos al primer caso son proyectos o programas de inversión en infraestructura que cuenten con montos de inversión iguales o superiores a los S/ 200 millones, que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución física. 

Por su parte, el segundo caso hace referencia a los proyectos de inversión en infraestructura sin ejecución física, cuyo monto de inversión se encuentre entre  los S/ 40 y S/200 millones, solo cuando se trate de intervenciones multisectoriales conjuntas con enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social dentro de un determinado ámbito geográfico, o de intervenciones multisectoriales conjuntas que se enmarquen en situaciones de emergencia por desastres naturales, declarada por la autoridad competente.

Dentro del pliego presupuestal de la ANIN se encuentran 147 proyectos de inversión; sin embargo, para 2024, solo se les asignó un presupuesto a 134 proyectos por un total de S/ 3 305 millones, de los cuales, en el primer trimestre del año, se han ejecutado S/ 1 355 millones, lo que constituye un gran avance del 41 %, cifra que supera los pronósticos y una vez más pone en evidencia que la ejecución de proyectos bajo la modalidad G2G trae consigo buenos resultados. El presupuesto 2024 asignado se distribuye en proyectos de tres sectores, Defensa ribereña (S/ 2 035 millones), Salud (S/ 887 millones) y Educación (S/ 383 millones), los mismos que están siendo ejecutados con el apoyo del gobierno británico. 

Queda claro que la inversión pública en el Perú sigue siendo crucial para la reactivación económica y su desarrollo. No obstante, enfrenta desafíos que requieren atención y soluciones eficaces. En ese sentido, instamos a las autoridades a poner énfasis en ello para que la productividad del país mejore y, con ello, regresar a los niveles de crecimiento superiores al 6 % que garantizan la creación de más puestos de trabajo y la reducción de los niveles de pobreza. 

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¿Qué tanto puede la crisis política afectar a nuestra economía y a la percepción en el exterior de nuestro país? 

Cualquier elemento o factor que introduzca incertidumbre va a generar un impacto negativo a nivel local o internacional. Sobre el caso Rolex (que involucra a la presidenta Dina Boluarte), ello dependerá de cómo se desenvuelve el tema en los días siguientes. De no ser transitorio y de tener un mayor alcance podría generar más ruido político y mayor incertidumbre. 

Por el momento, estamos siguiendo de cerca este evento político, pero todavía no hemos tomado la decisión de mover nuestras proyecciones. 

Esperemos que este tema se solucione de la mejor manera, lo que debe pasar necesariamente por una mayor transparencia. Todavía está pendiente una declaración (de la presidenta Dina Boluarte) ante la Fiscalía. 

¿Los cambios ministeriales son una buena señal? 

Habría que analizarlo desde el punto de vista político, considerando que algunos ministros salientes estaban cuestionados, mientras que otros venían realizando una buena labor. Quizás es parte de la negociación política para darle una mayor estabilidad al régimen. Entonces, si la consecuencia es darle al país una mayor estabilidad, esto podría ser un síntoma positivo. 

De ser una maniobra del Ejecutivo para contener iniciativas populistas provenientes del Congreso, las consecuencias serían negativas. Esperemos a ver qué sucede, ya que el gabinete tiene pocos días de asumir sus funciones.

¿En qué temas debe poner énfasis el nuevo gabinete para empujar el crecimiento del país?  

Para nosotros, los ejes centrales deben estar enfocados en mejorar la calidad de los servicios públicos, particularmente en educación, salud y seguridad.  

Asimismo, apuntalar a reducir la brecha de infraestructura, acelerando los proyectos de inversión pública bajo las diferentes modalidades como Asociaciones Público Privadas (APP), obras por impuestos, entre otras. 

También es importante mejorar el funcionamiento de ciertos mercados que hoy tienen un mal desempeño. Por ejemplo, el mercado laboral donde el nivel de informalidad llega al 70 % y que condena a muchos ciudadanos a no recibir beneficios como seguridad social, sistema de pensiones, etc. 

Finalmente, el Ejecutivo, como tema fundamental, debe velar por un clima de negocios que sea favorable para la inversión privada, pues sin inversión no se puede generar nuevas fábricas, empleos, crecimiento económico, reducción de la pobreza, etc. 

¿Qué papel juegan actualmente nuestras instituciones en el desempeño económico? 

Somos un país con grandes retos y desafíos, pero lamentablemente nuestro sistema político y nuestras instituciones se han vuelto disfuncionales para el crecimiento económico. Para que las economías de mercado puedan funcionar de manera adecuada, se necesitan de instituciones fuertes que permitan canalizar demandas de los ciudadanos, así como reglas claras en los contratos, un sistema judicial predecible, etc. 

Hoy, con un crecimiento lento, se siente una mayor ausencia de instituciones adecuadas. Este deterioro secular viene dándose desde hace diez años, el mismo que ha ido desmantelándose en el tiempo, desacelerando y debilitando nuestro crecimiento económico. 

Por ello, es necesario renovar y fortalecer nuestras instituciones, las que deben promover un Gobierno honesto, apoyar en temas de seguridad, y afianzar el sistema político, lo que lastimosamente hoy no se aprecia. 

Con respecto al megapuerto de Chancay, ¿qué opina sobre el proceso judicial pendiente sobre la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria? 

Me deja una preocupante sensación. Respecto al tema de contratos, se puede interpretar que fue un cambio abrupto en las reglas de juego. Pero, por otro lado, también puede ser que haya sido oportuno hacer esa observación a pesar de que el proyecto está a punto de concluir, denotando que el Puerto de Chancay se negoció mal. 

Esto sugiere que, para el desarrollo de este tipo de contratos, la administración pública necesita atraer talento del sector privado, lo que implica pagar buenos salarios y retener personal de alta productividad. Ojalá este tema pueda resolverse de la mejor manera, considerando que es un proyecto emblemático a corto plazo y de índole internacional a nivel de comercio exterior. 

BBVA Research proyectó un crecimiento de la economía del país de 2,7 % para este año. ¿Qué sectores productivos impulsarán este incremento? 

Las proyecciones emitidas incorporan un escenario de ruido político. En ese contexto, para este 2024, el sector Pesca será uno de los más dinámicos, con una expansión de 17,4 % considerando que los factores climáticos y las temperaturas de la superficie del mar se están normalizando. Otros sectores con favorables desempeños, en términos de crecimiento, serían Hidrocarburos y Manufactura Primaria, con 5,1 % y 5,2 %, respectivamente.  

Por el lado de los sectores no extractivos, Construcción tendría una performance positiva superior al 3 %. En tanto, Comercio y Servicios tendrá un avance más discreto, de alrededor de 2,5 %.  

¿El sector Minero seguirá desacelerándose este año?  

Efectivamente. Y esto se explica por un menor efecto del proyecto Quellaveco (en Moquegua). No obstante, se prevé un crecimiento de alrededor de 5 % para el sector Minero, debido a la normalización en la producción de algunos yacimientos que, en 2023, fueron parcialmente afectados por la convulsión política y social. 

¿Cuáles son sus estimaciones sobre la reducción de la pobreza? 

Si bien los resultados de 2023 se conocerán de manera oficial entre abril y mayo, estimamos que la pobreza se habría situado en 29 % al cierre del año pasado, cifra superior al 27,5 % de 2022, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado es el reflejo de la contracción de la economía y de una inflación relativamente alta. De ser correcta nuestra previsión, unos 640 000 peruanos habrían pasado a estar en situación de pobreza en 2023. 

Para 2024, estos niveles se mantendrían extendiéndose en los próximos cinco años. Pero, a partir de 2029, la pobreza empezará a declinar de manera lenta y progresiva, ubicándose en alrededor de 27 %. No obstante, dicho valor todavía estaría por encima del nivel prepandemia, considerando que, en 2019, la pobreza se ubicaba en 20 %.  

¿Cuáles serían esos factores que contribuirán a declinar la pobreza?  

Se daría con un crecimiento económico de alrededor de 2,6 % sumado a una inflación más moderada que erosionará en menor medida en la capacidad adquisitiva de las familias, lo que va a contribuir a una recuperación paulatina. 

Pero, para llegar a un nivel de pobreza del 20 % con dicha tasa de crecimiento, se necesitarán más de 20 años. Esto es demasiado tiempo. No obstante, si queremos reducir la pobreza en menos años, ello implica un mayor crecimiento. Por ejemplo, la pobreza, que en 2004 se situaba en 58 %, pasó a 20% en 2019, es decir, se redujo en 38 puntos porcentuales en 15 años. Desde luego, fue un periodo con tasas de crecimiento más elevadas, con un promedio anual por encima del 5 %.     

¿Cómo vamos en lo que se refiere a la generación de empleo? 

Este año vendría mejor que 2023, ya que las tendencias negativas empezaron a revertirse. Para 2024 esperamos un crecimiento de inversión de alrededor del 2 %, lo que difiere de la contracción de 7,1 % que se dio el año pasado. Ello debido a que estimamos algo más de inversiones, lo que implicaría más empleo; por lo tanto, las condiciones del mercado laboral deberían mejorar. 

¿Se espera un resultado alentador para la economía del país en el primer trimestre del año? 

Estamos revisando dichas cifras, pero el consenso es que se habría llegado a un crecimiento de 2 % con respecto a similar periodo 2023. Este avance representaría cierta lentitud, lo cual refleja la normalización de ciertas actividades, sobre todo aquellas que fueron afectadas en el año previo ya sea por la convulsión social, efectos climatólogicos, etc.  

Quiero finalizar que las perspectivas de crecimiento para el Perú en los próximos años serán similares al crecimiento en América Latina (2 %), siendo un valor bajo para reducir la pobreza y la generación masiva de empleo de calidad. En años anteriores, crecíamos dos puntos más que la región y marcábamos la diferencia con algunos países.  

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Propuestas para reactivar la economía peruana

En el año 2002, nuestro país impulsó el planeamiento estratégico con el surgimiento del Acuerdo Nacional. Uno de sus resultados claves fue la aprobación de la Política de Estado N.° 5, enfocada en un Gobierno basado en objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes. Esto condujo a la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), responsables de diseñar, monitorear y evaluar las políticas de Estado.

El Ceplan coordina las propuestas para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), que implementa la visión de país, las políticas del Acuerdo Nacional y los compromisos internacionales. El PEDN anterior, «El Perú hacia el 2021», logró avances en aspectos como la reducción de la pobreza extrema y la desnutrición crónica infantil. Ahora, se presenta un nuevo PEDN al 2050 que busca implementar la visión del país para ese año, orientando las políticas de gobierno, los compromisos internacionales y sirviendo como una guía para la sociedad y el Estado. Este plan establece cuatro objetivos nacionales principales: alcanzar el pleno desarrollo de las personas, gestionar el territorio de manera sostenible, elevar la competitividad y productividad, y garantizar una sociedad justa y democrática.

Visión al año 2050

Para 2050, Perú se proyecta como una nación democrática y respetuosa del Estado de derecho y la institucionalidad, con una integración global sólida y una proyección hacia un futuro que salvaguarda la dignidad humana en todo su territorio. La identidad nacional se enriquece con la diversidad étnica, cultural y lingüística, mientras se preserva con orgullo la historia y el patrimonio milenario, así como se protege la biodiversidad.

El Estado se presenta como una entidad constitucional, tanto unitaria como descentralizada, cuyo accionar se caracteriza por su ética, transparencia, eficacia, eficiencia, modernidad y un enfoque intercultural. Con ello se espera un desarrollo inclusivo y equitativo, generando igualdad de oportunidades y sostenibilidad en todas las regiones del país y teniendo como resultado la erradicación de la pobreza extrema.

Esta visión representa las aspiraciones de la población y describe una situación futura de bienestar al año 2050, orientando la mejora continua de políticas y planes que guían las acciones del Estado, empresarios, sociedad civil, academia y organismos cooperantes.

El PEDN al año 2050 considera que el país cuenta con fortalezas como la estabilidad macroeconómica, un sistema financiero que posibilita el acceso al crédito, la vigencia de importantes acuerdos comerciales, un sector empresarial competitivo, además de una cultura emprendedora, donde se convive en libertad, en paz con nuestros países vecinos y contamos con una riqueza natural. Pero, asimismo, existen aspectos internos que limitan el crecimiento y desarrollo del Perú. Existe una brecha en la provisión de servicios públicos; una alta informalidad; baja calidad en la educación, como de investigación, tecnología e innovación en el sector empresarial; narcotráfico; minería y tala ilegal, lo que conduce a una desconfianza ciudadana hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Este plan se enfoca en el desarrollo a largo plazo, poniendo a las personas en el centro y promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo económico y social. Se busca consolidar al Perú como un país democrático, ético, inclusivo, competitivo y orgulloso de su diversidad cultural.

Objetivos nacionales

Tomando en cuenta las fortalezas y debilidades como país, así como las oportunidades y riesgos, el PEDN al 2050 establece cuatro objetivos nacionales (ON) que reflejan cambios en el bienestar de la población y en el desarrollo sostenible del Perú y que serán alcanzados en el largo plazo:

– Objetivo nacional 1: Desarrollo de las personas

Posee 6 objetivos específicos y 41 acciones estratégicas.

– Objetivo nacional 2: Territorio sostenible

Cuenta con 8 objetivos específicos y 38 acciones estratégicas.

– Objetivo nacional 3: Competitividad e innovación

Con 7 objetivos específicos y 51 acciones estratégicas.

– Objetivo nacional 4: Democracia y paz

Cuenta con 6 objetivos específicos y 26 acciones estratégicas.

Implementación

La implementación del PEDN al año 2050 se realiza mediante políticas y planes estratégicos coherentes y ordenados, expresados en diferentes niveles y ámbitos, como políticas nacionales, planes sectoriales, regionales, locales e institucionales. Una implementación exitosa depende de la asignación adecuada de recursos financieros, humanos y técnicos, así como de la capacidad de las instituciones públicas para llevar a cabo las acciones planificadas de manera eficiente y efectiva.

Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación del PEDN se lleva a cabo anualmente, con la colaboración de sectores, organismos constitucionales autónomos y gobiernos regionales. Se elaboran informes de seguimiento y evaluación de resultados del PEDN, cuya primera evaluación abarca los dos primeros años fiscales del gobierno en turno, y la segunda evaluación comprende los cuatro años fiscales siguientes. El Ceplan, en coordinación con los sectores pertinentes, proporciona los detalles y mecanismos necesarios para recopilar, sistematizar y registrar la información requerida para estos informes.

En lo que respecta al seguimiento, este permitirá identificar posibles desviaciones o áreas de mejora en la implementación del plan, así como hacer ajustes y correcciones si es necesario. Además, facilita la rendición de cuentas y la transparencia en el proceso de desarrollo, al proporcionar una base objetiva para evaluar el desempeño de las autoridades responsables de la implementación.

La evaluación del PEDN implica un análisis más exhaustivo y sistemático del impacto y los resultados logrados a través de la implementación del plan. Esto puede implicar la realización de evaluaciones intermedias y finales para medir el progreso hacia los objetivos establecidos, así como para evaluar el impacto socioeconómico y ambiental de las políticas y acciones implementadas. La evaluación también puede incluir un análisis de los factores que contribuyen al éxito o fracaso de las intervenciones, así como recomendaciones para mejorar la eficacia y la eficiencia de futuras acciones de desarrollo. La evaluación proporcionará información a los ciudadanos y otros actores interesados sobre el progreso y los desafíos en el camino hacia el desarrollo nacional.

En resumen, la implementación, seguimiento y evaluación del PEDN son procesos fundamentales para garantizar el éxito del plan en la promoción del desarrollo sostenible en nuestro país.

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¿Qué tan eficientes son los programas sociales que administra el Gobierno?

Bajo una revisión comparada de los costos por beneficiario que tienen algunos programas sociales icónicos, en el Perú estos son inferiores a los de otros países. Esto obedece al menor gasto social que tiene nuestro país en comparación con Colombia, Chile y Uruguay, entre otros. Esto es importante, pues puede mermar la calidad de los servicios prestados a la población beneficiaria o limitar la gestión para incorporar a todos los que se debe.

A pesar de ello, existen espacios de ineficiencia que podrían superarse. Por ejemplo, existe algo de desorden en varios programas sociales que generan duplicidades. El Perú tiene una Política de Desarrollo e Inclusión Social que ordena las intervenciones de todos los sectores; sin embargo, esta ha sido actualizada recientemente y ya incorpora a muchos más sectores e incluye a gobiernos subnacionales. Veremos cómo va. De todos modos, hay elementos institucionales en torno a la rectoría efectiva de la política social que pueden imponer límites a los avances.

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¿Los programas sociales tienen impacto en la reducción de la pobreza?

Conceptualmente, los programas sociales no buscan reducir la pobreza. La reducción de esta ocurre a través de la inserción de las personas en el empleo productivo, y sucede principalmente a través del crecimiento económico. Ahora bien, hablando de los principales programas, además de Juntos, está Pensión 65, que son tal vez los más evaluados. En varios estudios se ha demostrado que ambos aumentan el gasto del hogar y su calidad, entre otros beneficios. Ahora, es lo menos que se les puede pedir. Otros programas, como Cuna Más y el SIS, también parecen ser efectivos para mover el desarrollo infantil temprano, lo que está asociado con menor pobreza en el largo plazo.

En general, las intervenciones más costoefectivas son aquellas que tienen lugar en la infancia temprana. En el caso del programa Qali Warma, si bien ayuda a aumentar la permanencia en la escuela, no está completamente claro su impacto sobre aprendizajes.

Los casos que menciono son tal vez muy auspiciosos, pero ello es consecuencia de la mejora en la gestión de la política social en el país, al menos de los programas que están bajo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). En esto el Perú ha mejorado porque se ha introducido una cultura de asignación presupuestal basada en resultados.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los programas sociales?

El más importante es que aún hay numerosos programas que no se articulan entre sí para maximizar resultados y evitar superposiciones. Varios sectores del Estado tienen programas sociales, pero operan muchas veces de manera independiente. No hablo de los que están bajo los pliegos de Educación, Salud o el Midis, que trabajan de manera relativamente cercana, sino más bien de los que ven otros ministerios. Veremos cómo se implementa la nueva Política de Desarrollo e Inclusión Social al 2039; pero, en cualquier caso, se requiere alguna reforma a nivel institucional que permita crear una instancia con mayor poder coercitivo que los ordene.

En segundo lugar, va a tomar algún tiempo reducir el empobrecimiento de la población a raíz de la pandemia y la recesión de la economía, principalmente en ámbitos urbanos, teniendo en cuenta que la política social no la ha acompañado.

En tercer lugar, siempre hay necesidad de mejorar esquemas de focalización de la política social.

¿Cómo mejorar la eficiencia de los programas sociales? ¿Hace falta una nueva normativa?

Sí. En la década pasada se discutía la necesidad de crear una institución que se encargara de ordenar y articular toda la política social del país. Al inicio se esperaba que el Midis cumpliera esta labor, pero ha quedado relegado a unos cuantos programas. Tal vez los más emblemáticos y mejor gestionados, pero limitados en alcance. Quizá es necesario volver a pensar en esto.

Tal vez se requiera crear áreas de articulación desde los ministerios que tengan como meta vincularse de manera explícita bajo la batuta del Midis.

¿Es suficiente el presupuesto que se destina a los programas sociales?

Podría ser más amplio. Como digo, la pobreza ha crecido y no se va a reducir tan rápidamente y el gasto en programas sociales debería acompañarla.

Por otro lado, según un reciente reporte del Panorama Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, el gasto social del Perú es del 12 % de su PBI. Este gasto es menor al de otros países vecinos, como Chile, Brasil, Uruguay y Colombia. Lo mismo pasa con el gasto en protección social: Perú gasta alrededor de US$ 260, mientras que Colombia está en US$ 500, Brasil o Uruguay en más de US$ 1 000 y Chile supera los US$ 2 000. La misma regularidad se mantiene cuando se revisan otras funciones, como salud o educación.

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¿Cuál es la situación de las inversiones en el Perú en sus diversos sectores productivos?

Las decisiones de inversión de los peruanos tienen mucho que ver con las expectativas de cómo le va a ir la economía en los próximos años. Sin embargo, las expectativas actuales son bastante reducidas. El crecimiento cada vez menor de la actividad productiva ha llevado a que las empresas entren en un rango de dirección de la inversión más bien austera, lo cual no ayuda al crecimiento y, de alguna manera, implica una profecía autocumplida. Las empresas no creen que va a haber mucho dinero en un futuro y, por lo tanto, no hay mucho dinamismo económico porque hoy no se invierte a un ritmo más activo.

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¿Y cuál es la situación en cuanto a la inversión extranjera?

Más allá de los rebotes pospandemia, la inversión extranjera está estancada porque el país ha perdido imagen en el exterior y es más bien mediocre, y los flujos de inversión foránea son también bastante reducidos. Cabe anotar que la inversión extranjera, al igual que la minera, es emblemática. En ese sentido, el resto de los sectores económicos, antes de invertir, miran si hay un boom minero que acompañe a sus negocios. Y, en casos como el actual, donde la gente y la minería están invirtiendo mucho menos, todos revisan sus expectativas hacia abajo e invierten menos.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada se contraería 5.3 % este año, ¿cómo impacta esta caída a la economía nacional?

El Perú no está dentro de un momento expectante de crecimiento. De hecho, ya dejó de reducir la pobreza. El Gobierno parece estar mucho más interesado en llegar a la próxima fecha de elecciones, en lugar de echar a andar nuevamente la economía. Por ello, lo fundamental es incidir en la tasa de la inversión privada y que esta pase de 20 % a 30 % del Productivo Bruto Interno (PBI). Los países que crecen de manera expectante lo hacen cuando la tasa de inversión está bastante por encima del 30 % del PBI.

¿Qué señales debe dar el Gobierno para atraer las inversiones?

Tiene que dar mucha más confianza y respetar el orden público. Además, tiene que eliminar trabas legales que hoy en día impiden que la inversión salga adelante en el Perú. Sin embargo, cuando pierdes confianza y el país se devalúa como plaza, toma tiempo para que se recupere, entonces se tienen que hacer esfuerzos definidos y serios desde el Estado, que no lo veo en este Gobierno y sus líderes. No hay ningún afán de hacer ese trabajo.

El Gobierno peruano anunció un shock de inversiones para reactivar la economía en el país, ¿se ha logrado algo?

Desde el Gobierno no existe ninguna propuesta de shock de inversiones. En el mismo Marco Macroeconómico Multianual (MMM) se asume un crecimiento per cápita y una tasa de inflación mediocres. No hay que esperar que el BCRP o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) digan que la situación es opaca para recién tomar medidas, pero la situación va en ese camino porque no se está haciendo nada significativo por mejorar. No hay ningún shock de inversiones, ni privada ni estatal. El liderazgo está fallando con la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía, Alex Contreras, solo dice lo que tiene que decir.

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¿Qué incentivos faltan por parte del Gobierno para atraer mayor inversión extranjera al Perú?

Lo primero que mira el inversionista extranjero es la confianza y la inflación que hay en el país. Entonces, el primer paso, posiblemente, sea reducir la inflación. Esperamos que desde el BCRP se baje a 2 %, lo cual sería una forma de ganar confianza. Si se logra esta meta, los inversionistas van a decir por lo menos que hay estabilidad en el Perú, pero si sucede lo contrario, se van a otro país. Sin embargo, en el Perú la inflación todavía es tres veces más alta que su compromiso de reducirla. Además, la corrupción burocrática, el incumplimiento de la ley y el descontrol de la violencia son factores negativos para las inversiones.

¿Cuáles son los grandes proyectos de inversión privada que están pendientes en nuestro país?

Se puede hablar de muchos proyectos de inversión privada, pero ¿cuántos de ellos están en ejecución? Pues, la tasa de inversión en el Perú es magra, pequeña y reducida. En la práctica no hay casi nada significativo caminando en ese momento en proyectos. Para voltear esta realidad, el Perú debería aspirar a una tasa de inversión que debe ser posiblemente el doble de la actual, y no me refiero a la tasa de crecimiento, sino al ratio del tamaño de la inversión sobre la economía. Y para eso hay que tomar medidas que posibiliten la inversión en un país donde la violencia sea baja y controlada, menor inflación y el cumplimiento de la ley es fundamental. En esos planos, el Gobierno mantiene el nivel de hostilidad con la inversión que caracteriza al Perú en los últimos diez años.

¿Cuáles son las expectativas de las inversiones en el Perú para los próximos años? ¿Hay mayor confianza de los inversionistas?

Las expectativas son mediocres y el mismo Gobierno la ha graficado en el Marco Macroeconómico Multianual. En ese documento, el crecimiento de la economía por persona se ubica con una visión más optimista en 2 %, pero esta debería ser 7 %. Ante ello, las expectativas son las de un país que tal vez está peleando con Bolivia, Venezuela o Paraguay. Es así que vemos que el país ha perdido el rumbo, quisiera ser optimista, pero la realidad es otra.

¿Cómo afecta la contracción de la inversión privada a los peruanos?

Este año la economía no crece en términos esperados del PBI por persona, esto implica que el empleo no sube significativamente y los sueldos tampoco. Esto no permite que la pobreza se reduzca. El país debería estar creciendo 7 % año tras año; sin embargo, en los últimos diez años se ha dejado de crecer significativamente y este año tampoco creceremos; y lo preocupante es que no se está haciendo nada por cambiar esa situación. En ese sentido, vemos que este Gobierno no tiene brújula.

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El producto bruto interno (PBI) del Perú ha experimentado un declive en cinco de los primeros siete meses del año, con solo leves repuntes en marzo (0,2 %) y abril (0,3 %) versus los mismos meses de 2022. Sin embargo, este panorama se torna aún más complejo cuando se observa el desempeño económico de los departamentos del país (los que sin Lima representan el 54 % del PBI nacional), debido a que en ellos se revelan marcadas diferencias.

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Los resultados al primer semestre del año (con respecto al mismo periodo de 2022) de los 24 departamentos muestran una caída del PBI en quince de ellos, de los cuales 12 tienen dos
trimestres consecutivos de contracción.

Puno lidera esta disminución con una pronunciada caída del 11,9 %, atribuida a las protestas sociales y paralizaciones. Incluso la caída del segundo trimestre (-13,4 %) fue más alta que la del primer trimestre (-9,8 %). El sector más afectado fue el agropecuario, que aporta más de la cuarta parte de su PBI, debido a las heladas, la escasez de precipitaciones y la baja cosecha. Le siguen los sectores de minería e hidrocarburos, transporte y construcción, como resultado de los conflictos sociales.

Además, Puno es el departamento que se ubica en el grupo de mayor nivel de pobreza, que aqueja a entre el 39,4 % y 43,3 % de su población, según resultados de 2022. Estas cifras podrían incrementarse al finalizar el presente año.

Otros departamentos fuertemente afectados son Tumbes (-5,5 %), Áncash (-5,4 %) y Tacna (-5,3 %), todos con caídas en ambos trimestres. En el primer caso, como consecuencia de
factores climatológicos adversos y bajos niveles de cosecha, que afectaron al sector agropecuario; y de la caída de la construcción en el segundo trimestre del año. En el caso
de Áncash, los conflictos sociales redujeron la producción minera y los climatológicos afectaron la actividad agrícola. La caída de Tacna se debió a la menor producción de sus principales
extracciones mineras, como el cobre y el molibdeno.

Los resultados obtenidos al primer semestre del año hacen prever que los niveles de pobreza en estas tres regiones se incrementarán al culminar 2023. Al cierre de 2022, Tumbes registró una pobreza que se ubicaba en el rango de entre 25,9 % y 29,2 %; entretanto, para Áncash y Tacna, estaba entre el 20,4 % y 23,6 % de su población.

Sin considerar, Lima, Puno, Tumbes, Áncash y Tacna aportan el 15,7 % del PBI nacional, el 17,5 % del empleo formal y concentran el 12,2 % del crédito total otorgado por el sistema
financiero.

Otro bloque de departamentos también tiene economía contraída, pero de menor magnitud con respecto al primer grupo señalado. Se trata de Lambayeque (-3,5 %), Ucayali (-2,6 %),
Huancavelica (-2,5 %), Madre de Dios (-2,2 %), Pasco (-2,0 %), Cajamarca (-1,5 %), Ayacucho (-1,4 %), Lima (-1,2 %), Arequipa (-1,0 %), La Libertad (-0,7 %) y Junín (-0,3 %), afectados por
la manufactura, la construcción y las telecomunicaciones, que figuran entre los sectores con mayor caída en lo que va del presente año.

En tanto, son 9 departamentos en los que creció el PBI en el primer semestre de 2023. Este grupo es liderado por Moquegua (46,1 %) y Apurímac (14,1 %). En el caso de Moquegua, el inicio de operaciones de la empresa Anglo American Quellaveco, en septiembre de 2022, ha llevado a un crecimiento explosivo en la producción de cobre y molibdeno. El crecimiento del sector minería e hidrocarburos fue de 226 % y 227,7 % en el primer y segundo trimestre, respectivamente.

En lo que respecta a Apurímac, en el primer trimestre del año prácticamente todo su aparato productivo estaba en caída o detenido. Pero, en el segundo trimestre, la producción minera se expandió en 138,8 %, ante la mayor extracción de molibdeno y cobre de Las Bambas. Hay que recordar que, a diferencia de lo sucedido en Moquegua, esto es solo un efecto estadístico, pues de abril a junio de 2022 la producción de Las Bambas fue paralizada por conflictos sociales.

Asimismo, mostraron un desempeño favorable Piura (5,1 %), Huánuco (4,5 %), San Martín (1,9 %), Loreto (1,3 %), Cusco (0,9 %), Amazonas (0,4 %), e Ica (0,2 %), con sectores comunes a los departamentos líderes, además del comercio, transporte, y alojamiento y restaurantes. Contribuyeron a estos resultados el reinicio de las clases escolares, la presencialidad, los días festivos y los no laborables decretados para impulsar las actividades turísticas.

Inflación por departamentos

La inflación la calcula el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a partir de los precios y las canastas de consumo representativas de las 26 principales ciudades del país.
En agosto, último mes del que se tiene información disponible, las mayores inflaciones se dieron en las ciudades de Huancavelica (0,88 %), Chiclayo (0,87 %), Tumbes (0,83 %) y Huánuco
(0,82 %). Otras cinco ciudades tuvieron una inflación entre el 0,80 % y 0,60 %, cuatro ciudades entre el 0,60 % y 0,40 %, nueve entre el 0,40 % y 0,20 %, y tres entre el 0,20 % y 0,07 %. Pucallpa fue la única ciudad con inflación negativa (-0,23%).

Finalmente, si se consideran los últimos doce meses, dos ciudades son las más inflacionarias: Trujillo, con 8,93 %, e Ica, con 7,06 %. Otras diecisiete ciudades tienen más inflación que Lima
Metropolitana (5,58 %). Las ciudades menos inflacionarias son Puerto Maldonado (4,62 %), Pucallpa (3,99 %) e Iquitos (3,57 %).

Como puede verse, estos datos reflejan un panorama económico diverso y desigual en los departamentos del país, donde algunos luchan por recuperarse, mientras que otros experimentan un crecimiento impresionante

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Durante el 2022, se registró cerca de un millón y medio de jóvenes (entre 15 y 29 años) que ni estudian ni trabajan (Nini), cifra menor en 5% respecto al año anterior. Sin embargo, dicho resultado se ubica por encima del promedio histórico de 1,3 millones, así lo informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. 

“Esta población tiende a agravar la disparidad de los ingresos, reduce el desempeño laboral, haciendo peligrar los avances en la movilidad social y la lucha contra la pobreza. Además, al tener una alta tasa de Ninis se corre el riesgo de que los jóvenes opten por delinquir o fomentar mercados de productos ilegales”, advirtió el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

Con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2020 -año de la pandemia-, el número de jóvenes inactivos laborales y educativos mostró un exorbitante crecimiento de 63,8% con respecto al 2019.

“Pero si comparamos la población Nini del 2021, esta registró una caída del 29,3% respecto al 2020. Ello debido a la flexibilización de las restricciones impuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia, el rebote estadístico de la economía peruana en el 2021 y el bajo crecimiento del 2022”, subrayó.

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MUJERES Y POBREZA 

La condición Nini está mayormente presente en mujeres (61,2%) y el 2022 se ubicó cerca al promedio histórico (63,3%). Ello responde a que son madres a temprana edad y deben quedarse al cuidado de su menor hijo. No obstante, durante la crisis sanitaria del 2020 dicha tasa se situó en 57%, mientras la de hombres fue de 43%.

Así también, la pobreza en el 2022 incidió en el 31,2% de Ninis, cifra superior en 10 p.p. con respecto al promedio histórico prepandemia. “Esto reduce las posibilidades de que salgan de tal condición por sus propios medios y requerirán de apoyo a través de políticas públicas”, subrayó.

Respecto al rango de edad, el 61,2% de Ninis son jóvenes entre 15 y 22 años, porcentaje que se encuentra en el promedio histórico previo a la pandemia. En cuanto al acceso a internet, el 67,7% de este segmento cuenta con este servicio, cifra muy elevada frente al 30,7% que registraba en el año prepandemia (30,7%).

REGIONES Y NIVEL DE EDUCACIÓN

Cabe mencionar que los Ninis representan el 19,6% de la población juvenil y se concentran mayormente en Lima que acoge al 46,3% del total a nivel nacional, una cifra que se ha mantenido a lo largo del tiempo con un ligero incremento en 1,8 p.p. este último año. Le siguen las regiones de La Libertad (6,7%), Piura (5,2%) y Arequipa (4,6%).

Asimismo, 382.910 Ninis (25,8% del total) cuentan con educación superior concluida, los que perdieron el interés por insertarse al mercado laboral debido a la escasa demanda laboral. Por lo mismo, los Ninis que se encuentran como desempleados abiertos en la prepandemia representaron el 17,7% y para el 2022 disminuyeron a 15%.

Respecto al nivel educativo, los resultados para el 2022 muestran que el 67% de Ninis tiene educación secundaria; 15% educación superior universitaria, 11% superior no universitaria y 7% apenas primaria. “Esta característica de alcanzar solo hasta la secundaria coincide en las regiones con mayor población Nini: Lima (470 mil), La Libertad (61 mil), Piura (52 mil), Arequipa (46 mil) y Lambayeque (42 mil)”, comentó Óscar Chávez.

Por otro lado, la condición de salud ha empeorado en esta población. En la prepandemia, aproximadamente el 27% de los jóvenes padecían un mal crónico y lo preocupante es que esta cifra ha venido en ascenso llegando al 34% en el 2022.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Ante este panorama, el IEDEP señaló que la educación y el trabajo son los principales mecanismos de inclusión de jóvenes a una sociedad. En ese sentido, dijo ser importante definir una política de Estado para proteger este capital humano.

Asimismo, exhortó a recuperar el crecimiento económico a tasas mayores de 5%, el cual permitirá generar el empleo adecuado para atraer a gran parte de los 1,5 millones de Ninis a la PEA. “También se debe mejorar sus opciones en el mercado laboral creando programas de capacitación, tanto en formación académica como técnica”, subrayó.

Finalmente, dado el perfil de los Ninis en Perú, Óscar Chávez indicó que es necesario también ofrecer programas de prevención de embarazo adolescente en los centros de educación básica superior, para que las jóvenes tengan más información, apoyo y puedan continuar con su formación profesional.

Según estadísticas del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Puno es una de las regiones con alto nivel de pobreza que incide entre 39,4% y 43,3% de la población, mientras que la informalidad laboral afecta al 90,2% de trabajadores en esa región. 

Conforme a la Encuesta Nacional de Hogares 2022 (ENAHO), el nivel de pobreza que registra Puno se ha mantenido en los últimos cuatro años.

“Además, alrededor del 36,5% de su población tiene la condición de vulnerable y corre el riesgo de caer en pobreza por distintos factores como ciclos negativos de la economía, factores climatológicos o conflictos sociales, los que ocasionan pérdidas considerables de empleo”, sostuvo el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

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Trabajadores informales

Respecto a la informalidad laboral, la tasa supera el 91,4%, es decir, la región cuenta con aproximadamente 756.539 trabajadores informales, de los cuales el 41,8% se encuentra en el sector agropecuario. Le siguen comercio (15,8%), construcción (10,6%) y manufactura (7,7%).

Cabe resaltar que Puno es la cuarta región, excluyendo a Lima, con el mayor número de trabajadores informales, por detrás de Piura (825 mil), La Libertad (773.000) y Cajamarca (760.000).

En lo que respecta al empleo formal, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a febrero del 2023, la región tiene solo 33.628 trabajadores formales. De ese total, el 50,7% labora en el sector servicios, el 15,9% en comercio y el 17,4% en minería. “Es importante advertir que, el empleo formal viene contrayéndose desde noviembre del 2022 por la conflictividad social y ha caído en 11,1% respecto a febrero del año pasado”, indicó.

Óscar Chávez explicó que esta problemática de alta pobreza y falta de generación de empleo formal hace que las familias traten de realizar alguna actividad productiva para generar sus propios ingresos.

En ese sentido, el IEDEP ha estimado que en Puno existen 179.932 unidades productivas de hogares (negocios), de las cuales 146.829 (81,6%) no cuentan con RUC, es decir, son negocios informales.

Del total de negocios informales, el 41 % se dedica al Comercio y 15 % al sector Transporte y almacenamiento. Cabe destacar que ambos sectores se complementan con el alto tránsito de mercancías presentes en la frontera con Bolivia. Los negocios informales en los sectores Manufactura y Restaurantes y hoteles alcanzan una participación del 15% y 10%, respectivamente.

El jefe del IEDEP indicó además que la región Puno aporta poco a la recaudación tributaria, que hoy se representa el 0,3% de los tributos internos. Ello producto de la economía informal lo que llevó a generar ingresos de S/ 421 millones en el 2022. “Con Puno, hay además 18 regiones en el país cuyo aporte tributario se encuentra por debajo del 1%”, anotó Óscar Chávez.

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La región Puno aportó en los últimos quince años un promedio del 2% del PBI nacional, además de registrar un crecimiento de alrededor del 3,7% anual. En 2022, el PBI de Puno alcanzó una expansión de 3,3%, por encima del promedio nacional (2,7%) y logró un crecimiento acumulado del 70% con respecto al año 2007.

Entre los sectores con mayor dinamismo en el último quinquenio (2018-2022) sobresale Telecomunicaciones (32,9%), seguido por Agropecuario (27,4%) y Electricidad, gas y agua (23,7%). Por otra parte, los sectores que han tenido una baja performance son Minería e hidrocarburos (-41,0%) y Alojamiento y restaurantes (-28.2%).

Los sectores con mayor aporte al PBI de la región son Otros Servicios (23,3%), Agropecuario (17,5%) y Comercio (12%), que en conjunto representan el 52,8% de la producción total. Les siguen Construcción (9,3%), Manufactura (8,5%) y Administración pública (8,4%). Al otro extremo, con una baja participación figuran Transporte, Minería e hidrocarburos, Telecomunicaciones, Electricidad, gas y agua, Alojamiento y restaurantes y Pesca, que en conjunto representan el 21% de su PBI.

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El empleo informal avanza a paso firme

Informalidad y pobreza

Según información de la Encuesta Nacional de Hogares 2022 (ENAHO), Puno tiene una tasa de informalidad laboral del 90,2%. Se trata de aproximadamente 756.539 trabajadores, de los cuales el 41,8% se encuentran empleados en el sector Agropecuario. Le siguen Comercio (15,8%), Construcción (10,6%) y Manufactura (7,7%). Cabe resaltar que Puno es la cuarta región, excluyendo a Lima, con el mayor número de trabajadores informales (756 mil), por detrás de Piura (825 mil), La Libertad (773 mil) y Cajamarca (760 mil).

En lo que respecta al empleo formal, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a febrero  del 2023, la región tiene solo 33.628 trabajadores formales. De ese total, el 50,7% labora en el sector Servicios, el 15,9% en Comercio y el 17,4% en Minería. Es importante advertir que, el empleo formal viene contrayéndose desde noviembre  del 2022 por la conflictividad social y ha caído en 11,1% respecto a febrero del año pasado.

Puno se ubica entre el grupo de regiones con la mayor incidencia de pobreza, en un rango entre 39,4% y 43,3% de su población, resultado que se ha mantenido en los últimos cuatro años. Además, alrededor del 36,5% de su población tiene la condición de vulnerable y corre el riesgo de caer en pobreza por distintos factores como ciclos negativos de la economía, factores climatológicos o conflictos sociales, los que ocasionan pérdidas considerables de empleo.

Esta problemática de falta de generación de empleo formal y alta pobreza hace que las familias traten de realizar alguna actividad productiva para generar sus propios ingresos. El IEDEP ha estimado que en Puno existen 179.932 unidades productivas de hogares, de las cuales 146.829 (81,6%) no cuentan con RUC, es decir son negocios informales.

De este total, el 41 % se dedican al Comercio y 15% al sector Transporte y almacenamiento. Cabe destacar que ambos sectores se complementan con el alto tránsito de mercancías presentes en la frontera con Bolivia. Los negocios informales en los sectores Manufactura y Restaurantes y hoteles alcanzan una participación del 15% y 10%, respectivamente.

Poco aporte al fisco

El tamaño de la economía informal puneña llevó a que los ingresos tributarios de la región en el  2022 ascendieran a S/ 421 millones, lo que apenas representa el 0,3% de los tributos internos. Con Puno, hay además 18 regiones en el país cuyo aporte tributario se encuentra por debajo del 1%.

Algo similar ocurre con el financiamiento en la región. Los créditos totales otorgados a familias y empresas de Puno ascienden a S/ 4.912 millones, provenientes fundamentalmente de la banca múltiple y las cajas municipales, representando el 1,2% de los créditos a nivel nacional. A su vez, los depósitos ascienden a S/ 3.033 millones (0,7% del total nacional), de los cuales el 49% se encuentra en la banca múltiple y el 32,2% en el Banco de la Nación.

Infraestructura crítica depende del sector público

Según la Cartera de Proyectos de Inversión (CPI) edición 2023, elaborada por el IEDEP, Puno cuenta con un total de 65 proyectos por un valor superior a US$ 4.925 millones presentes en casi la totalidad de sectores económicos con la excepción de hidrocarburos. La CPI 2023 incluye, además, más de 1.300 megaproyectos de infraestructura pública y privada cuya inversión individual pendiente superaría los US$ 10 millones a desarrollarse en los próximos años.

El mayor número de proyectos (42) se concentra en Sectores diversos, que engloba a saneamiento, educación, salud y ambiente, por un total de US$ 1.807 millones. Cabe señalar que todos son proyectos a desarrollarse como obras públicas. Le siguen el sector Transporte, con 17 proyectos por US$ 1.038 millones, también en manos del Estado.

Además, en el sector Electricidad se tienen tres proyectos en manos de Osinergmin. Se trata de las concesiones de las centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y Anto Ruiz IV y San Gabán III, por US$ 1.274 millones, de los cuales solo la última cuenta con un avance del 30%. También se tiene en este sector el proyecto de Instalación del servicio eléctrico rural de las localidades del sector 1, de las provincias Melgar, Lampa, Azángaro, San Antonio de Putina y Carabaya, a cargo del Gobierno Nacional y que cuenta con una inversión pendiente de US$17 millones.

En Minería se registran dos proyectos, Coroni y Ollachea, por una inversión conjunta de US$ 789 millones. Ambos se encuentran en fase de construcción y deberían estar operando en 2026.

Como conclusión general, podemos afirmar que Puno necesita un shock de inversiones que eleven la competitividad y productividad de tal manera de contribuir al fortalecimiento del lado formal de la economía. Una posibilidad es el desarrollo del proyecto minero Falchani, el cual puede generar ingresos por la exportación de litio y recursos por canon para beneficio de la región. Esperemos que ese shock de inversiones se dé para el desarrollo y bienestar de la población puneña.

El INEI informó que la pobreza en Perú aumentó de 25,9% a 27,5% de la población. ¿Cómo ve la situación del país a la luz de este resultado?

Primero, considero que estamos muy lejos de recuperar los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Segundo, los altos precios de los alimentos han tenido un efecto muy grande porque tienen un alto peso en la canasta de consumo de los más pobres. Tercero, la economía peruana ha venido creciendo por debajo de su potencial. Y, por tanto, el principal determinante de la reducción de la pobreza no se está dando, que es, precisamente, el crecimiento económico a través de la inversión privada y generación de empleo.

Cuarto, el incremento más fuerte de la pobreza se ha dado en el ámbito urbano. La pobreza en el ámbito urbano ha crecido 10 puntos porcentuales entre el 2019 y 2022, lo que significa tres millones de pobres urbanos adicionales, muchos de los cuales son informales, trabajadores independientes y migrantes.

Para ellos no hay una respuesta de política pública específica a diferencia de los pobres rurales, que sí cuentan con programas sociales. Y ahí está el desafío, pero lo más importante es la urgencia de retomar las tasas de crecimiento económico que permitan crear empleo de calidad y eso debe ser el objetivo central de este gobierno y de los próximos.

¿Quiénes son los peruanos más golpeados?

Si vemos desde prepandemia, la pobreza se ha incrementado en 22 departamentos del Perú y donde más ha crecido es en el Callao y Lima Metropolitana por la cantidad de personas, ya que concentran un tercio de la población peruana.

Hay regiones donde la pobreza se ha duplicado en el último año como Madre de Dios, que ha aumentado más de 6 puntos porcentuales. Todas las regiones de la selva han visto incrementos muy fuertes en pobreza.

En contraste, Apurímac es la región que ha registrado la mayor reducción de pobreza, por debajo de niveles del 2019, pese a que ha sido la región más pobre. Sin embargo, gracias a la actividad minera ha podido reducir la pobreza, al igual que Cusco, donde hay importantes proyectos mineros.

Además tenemos a los vulnerables…

El INEI ha dado un concepto muy interesante que son los vulnerables, aquel segmento de la población que vive por encima de los umbrales de pobreza extrema, pero que si sufre la pérdida de sus ingresos ya sea porque perdió su trabajo o cayó víctima de una enfermedad grave, inmediatamente caerá por debajo de la línea de pobreza.

Dentro de los no pobres, hay personas que son vulnerables y no vulnerables. Los vulnerables son alrededor de la tercera parte de la población peruana, cerca de 33%.

Entonces, si sumamos los porcentajes de pobres 27,5%, y la población vulnerable, que es alrededor de 33%, tenemos que el 60% de la población peruana o es pobre o es vulnerable de caer en pobreza. Esto va más allá del tema de crecimiento económico.

¿Qué tan grave es la situación de los vulnerables?

En el Perú, por tener una base de informalidad tan grande, no hay seguro de desempleo ni formas de llegar al trabajador informal. Lo que se ha recuperado es el empleo precario y no el empleo formal que da acceso a servicios de salud y otras coberturas.

Si comparamos la situación de los peruanos en pobreza extrema con respecto a los no vulnerables tenemos que el nivel de hacinamiento en los pobres extremos es de 15% mientras que en los no vulnerables es prácticamente cero. Esto es clave a la hora de enfrentar situaciones de repunte de epidemias como el dengue donde el hacinamiento es una de las principales razones de contagio, lo que empeora si se suma el acceso a desagüe. El 80% de los no vulnerables tiene acceso a desagüe y esto cae a 30% en el caso de los pobres extremos.

¿Es posible reducir el nivel de pobreza? ¿Cuánto tiempo tomaría?

El crecimiento económico es absolutamente clave. Todos los estudios muestran que la reducción de la pobreza de 60% a 20% que Perú logró alcanzar antes de la pandemia, se explica en un 85% por el crecimiento económico y un 15% por políticas redistributivas, principalmente gasto público. Si no hay un crecimiento mayor, tomará mucho tiempo reducir la pobreza a niveles prepandemia.

Hay cálculos que muestran que, si Perú solo crece 2% en promedio anual, como está creciendo ahora, nos tomará 22 años volver a los niveles de pobreza que teníamos en el 2019.

Por lo tanto, es absolutamente fundamental crear las condiciones para que la economía crezca a tasas mayores con un impulso de la inversión y considero que esto es lo más urgente tomando en cuenta que la inversión privada representa el 90% de la inversión total y es la única forma sostenible de crear empleo de calidad.

Entonces, a corto plazo es necesario el crecimiento económico. Si se da un marco de sensatez, la actividad privada puede rebotar, así como rebotó después de la pandemia. Después del 13% de crecimiento que tuvimos en el 2021 la economía se fue apagando.

Hay que tomar en serio la reactivación porque no solo es un tema de recursos públicos; hay proyectos mineros que han avanzado muy lentamente por permisos engorrosos, y hay decisiones sectoriales que están postergadas. Pero si se da la sensatez y se combate el populismo del Congreso, la economía podría crecer al doble o 5%, pero si nos conformamos con un crecimiento mediocre de 2% la tarea se hace muy difícil.

Creo que si crecemos al doble o 5% probablemente en menos de cinco años llegaríamos al nivel de pobreza de 20% que tuvimos en prepandemia. Esta es la fuerza del crecimiento económico, que la clase política tiende a ningunear. Se dice alegremente queremos desarrollo, pero la única forma de tenerlo es mediante la creación de empleo y con presupuesto, que se financia con impuestos en una actividad económica creciente.

¿Y cuál es el rol del Estado?

Esto significa, primero, tener un Estado facilitador, que deje de asfixiar a las empresas formales, un Estado que no demonice la participación privada en los servicios básicos, hay mecanismos que se pueden usar.

En segundo lugar, considerando la falta de acceso a los servicios básicos, es necesario generar un Estado que funcione, donde los diferentes niveles de Gobierno asuman sus responsabilidades y un aumento del presupuesto. En los últimos 20 años el presupuesto se ha multiplicado 5 veces, sin embargo, tenemos niveles de precariedad en el Estado.

Todo esto va de la mano con una visión más amplia de seguridad ciudadana y una respuesta a la población migrante del país, que, en Lima ya representa el 10% de la población. Todo ha sido reactivo no se ha hecho nada para sentar las bases para facilitar una convivencia más armónica de la población y aumentar las oportunidades de inserción de estos migrantes.

Entonces, el crecimiento es clave, pero se necesita mucho más…

El crecimiento económico es absolutamente necesario, pero también se requiere estabilidad política y en las reglas de juego, reducción de la incertidumbre, regulación más sensata, participación público – privada sin demonizar al privado.

Por otro lado, necesitamos un Estado que funcione, ir más allá de la ejecución del presupuesto, ver temas como la poca permanencia de autoridades en cargos públicos, corrupción, repensar cómo reducir los bolsones de informalidad y pobreza urbana, reformas como previsional, laboral y otras difíciles de avanzar si no hay consensos políticos mínimos.

El gobierno tiene una tarea muy difícil porque todo es más complejo y se hace más urgente encarar la agenda de formalidad, tener una capa de cobertura social y apostar por la generación de riqueza.

La pobreza monetaria aumentó en el Perú afectando al 27,5% de la población en el 2022, lo que representa 9 millones 184 mil personas,  un aumento de 1,6 puntos porcentuales al compararlo con el año 2021 (25,9%) y en 7,3 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el año 2019; así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el documento Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022, elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), indicó que esta cifra implica un incremento de 628 mil personas con respecto al año anterior.

La investigación establece que la línea de pobreza es el equivalente monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos, que para el año 2022 asciende a S/ 415 mensual por habitante, es decir, para una familia de cuatro integrantes dicho monto asciende a S/ 1.660 mensual.

Por otro lado, la línea de pobreza extrema, para el año 2022 ascendió a S/ 226 mensual por persona, considerándose en situación de pobreza extrema a las personas cuyo gasto mensual no cubre el valor de la canasta básica de consumo alimentaria, para una familia de cuatro integrantes dicho monto asciende a S/ 904 mensual.

La medición de la pobreza monetaria en el Perú se realiza mediante el indicador del gasto, debido a que esta variable se aproxima a una cuantificación de los niveles de vida a partir de lo que las personas y los hogares consumen, compran y adquieren.

Gasto real

En el año 2022, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 825, incrementándose en 0,7%, al compararlo con el nivel de gasto del año 2021 (S/ 820); sin embargo, disminuyó en 10,0% respecto al año 2019 (S/ 917).

También, se informó que, el ingreso creció 1,4% entre los años 2021 a 2022 (al pasar de S/ 1 074 a  S/ 1 089); no obstante, se redujo en 9,2% al compararlo con el año 2019 (S/ 1 200).

Pobreza monetaria afectó al 41,1% de la población rural

En el año 2022 y según ámbitos geográficos, la pobreza monetaria incidió en el 41,1% de la población del área rural y al 24,1% del área urbana, registrándose aumentos de 1,4 y 1,8 puntos porcentuales, respectivamente. Al comparar estos resultados con los reportados en el año 2019, en el área urbana la incidencia de pobreza creció 9,5 puntos porcentuales y en el área rural en 0,3 punto porcentual.

Cinco departamentos con pobreza superior al 40%

Entre las jurisdicciones con un nivel de pobreza superior al 40% figuraron: Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco. Entre 30% y 40% se encuentran Loreto, Huancavelica, Provincia Constitucional del Callao y Piura.

Presentan niveles de pobreza entre 20% y 30%, La Libertad, Amazonas, Lima Metropolitana, San Martín, Tumbes, Apurímac, Tacna, Lima Provincias, Ucayali, Cusco, Junín y Áncash. En cambio, se reportó menor incidencia de pobreza en Ica, Moquegua, Madre de Dios, Arequipa y Lambayeque.

Pobreza extrema afectó al 5,0% de la población

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que, en el año 2022, la pobreza extrema alcanzó al 5,0% de la población del país y aumentó en 0,9 punto porcentual respecto al año 2021; mientras que, al compararla con el año 2019, fue mayor en 2,1 puntos porcentuales.

El 14,6% de población rural afectada por pobreza extrema

Por área de residencia, la pobreza extrema incidió en mayor medida en la zona rural (14,6%), que en la zona urbana (2,6%), registrándose incrementos de 2,5 y 0,5 puntos porcentuales, respecto al año 2021 y; con relación a los resultados obtenidos en el año 2019, mostró un crecimiento de este indicador de 4,8 y 1,6 puntos porcentuales, para el caso del área rural y urbana, respectivamente.

Incidencia de la vulnerabilidad monetaria

Durante el año 2022, del total de la población el 32,3% se encuentra en riesgo de caer en condición de pobreza, indicador que disminuyó en 2,3 puntos porcentuales, al compararlo con el año 2021 (34,6%) y respecto al año 2019 (34,0%) disminuyó en 1,7 puntos porcentuales.

Perfil de la población en condición de pobreza

Más mujeres que hombres viven en estado de pobreza. En el año 2022, el 27,8% de la población femenina y el 27,2% de la población masculina del país fueron afectados por la pobreza.

Pobreza afectó en mayor proporción a la población menor de 17 años de edad. Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares revelaron que el 36,7% de la población de 0 a 17 años son pobres, seguido del 24,3% de 18 a 59 años de edad y el 21,0% de la población de 60 y más años de edad.

Más de un tercio de la población en situación de pobreza estudió hasta primaria. El INEI informó que el 36,8% de la población en condición de pobreza estudió hasta primaria, seguido del 28,3% que estudió educación secundaria y el 11,2% alcanzó la educación superior (universitaria y no universitaria).

Servicios básicos y empleo en hogares afectados por pobreza

El INEI informó que, en el año 2022, el 51,7% de los hogares en situación de pobreza dispone del servicio de desagüe por red pública dentro de la vivienda y en el caso de los hogares en pobreza extrema el 30,3%. Con relación al hacinamiento, el 9,2% de los hogares en condición de pobreza cumple con esta condición y en el caso de pobreza extrema, el 14,5%.

El acceso a teléfono móvil fue mayor en hogares pobres (90,9%), que en hogares en extrema pobreza (84,4%). Igualmente, para el caso de conexiones a Internet, este acceso fue mayor en hogares pobres (33,0%), que en los hogares en pobreza extrema (14,3%). Asimismo, la tenencia de computadora/laptop es mayor en hogares pobres (14,3%) que en los afectados por la extrema     pobreza (5,2%).

Respecto al empleo, en los hogares pobres el 91,4% de sus residentes tuvo un empleo informal y en los hogares en pobreza extrema, el 96,4%.

Evolución de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas

En el año 2022, el índice de pobreza por Necesidades Insatisfechas (NBI) afectó al 16,0% de la población del país y presentó una disminución de 0,1 punto porcentual, respecto al año 2021 (16,1%).

Multidimensionalidad de la pobreza 2022

Tecnologías de la Información y Comunicación. En el año 2022, el 40,1% de la población no contó con el servicio de Internet y el 2,6% de hogares no dispone de Internet, celular, TV cable o teléfono fijo, de manera simultánea.

Seguridad y violencia. El 22,9% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de un hecho delictivo y el 55,7% de la población femenina de 15 a 49 años de edad fue víctima de la violencia contra la mujer.

Indicadores de empleo y previsión social. La tasa de subempleo de la población ocupada de 14 y más años de edad fue de 45,9% y el 64,9% de los ocupados no estuvo afiliado a un sistema de pensiones.

Acceso al servicio de energía eléctrica y agua por red pública. El 3,8% de la población no contó con alumbrado eléctrico y el 26,7% usó un combustible contaminante para cocinar. Asimismo, el 50,5% de la población no accedió al servicio de agua por red pública, todos los días, las 24 horas y, el 29,9% no contó con el paquete integrado de servicios que incluye agua, saneamiento y electricidad.

Alimentación y salud. Durante el año 2022, el 36,2% de la población presentó déficit calórico y el 42,4% de la población de 6 a 35 meses de edad padeció anemia. Por otro lado, el 31,2% de la población presentó problemas de salud y no recibió atención médica; en tanto que, el 4,8% presentó alguna discapacidad.

Indicadores de educación primaria. La población de 6 a 11 años presentó una tasa de inasistencia escolar de 6,9% y el 33,6% presentó atraso escolar.

Característica de la vivienda. En el año 2022, el 6,0% de la población vivió hacinada y el 22,3% de la población habitó en viviendas con piso de tierra.

Durante dos décadas, el Perú logró reducir gran parte de su pobreza gracias a un significativo crecimiento económico. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 frenó estos avances en el país y provocó que cerca de dos millones de personas cayeran en la pobreza: hoy hay más personas pobres y vulnerables que antes de la crisis, y la mayoría de ellas vive en áreas urbanas, señala el nuevo informe del Banco Mundial “Resurgir fortalecidos: Evaluación de Pobreza y Equidad en el Perú” dado a conocer hoy.

Entre 2004 y 2019, la pobreza se redujo de 59% a 20% principalmente por el impulso del crecimiento económico, aunque esta cifra aumento a 26% en 2021 a consecuencia de la pandemia. No obstante, muchas de las personas que salieron de la pobreza permanecieron en la zona de vulnerabilidad: cuatro de cada diez peruanos están en riesgo de caer en pobreza, el nivel más alto desde 2004, indica el informe.

La crisis también aceleró la urbanización de la pobreza. Hoy en el Perú, siete de cada diez pobres viven en áreas urbanas. A pesar de ello, los pobres rurales todavía son más pobres que los urbanos.

“La reducción de la pobreza en el Perú en las últimas dos décadas ha sido destacable, sin embargo, hoy siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en la pobreza”, indicó Luis Felipe López-Calva, director global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial. “Perú necesita recuperarse plenamente del impacto de la pandemia, ahora tiene la oportunidad de reducir la fragilidad social y avanzar hacia un crecimiento más equitativo y sustentable» añadió López-Calva.

Recomendaciones de política pública

“Resurgir fortalecidos: Evaluación de Pobreza y Equidad en el Perú” del Banco Mundial presenta recomendaciones de política pública para recuperar y construir sobre los avances del pasado:

-Impulsar el acceso a servicios públicos de calidad

Aunque en las últimas dos décadas hubo mejoras en el acceso a servicios básicos, aun así, casi el 60% de los hogares peruanos carecen de uno o más servicios esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad e internet.

-Afrontar la alta informalidad y precariedad laboral

Tres de cada cuatro trabajadores son informales y la calidad del empleo ha empeorado a raíz de la pandemia, lo que repercute en la capacidad redistributiva del sistema fiscal. Solo ocho de cada 100 trabajadores tributan directamente sobre sus ingresos laborales, mientras que la mayor carga de recaudación está en el Impuesto General a las Ventas (IGV).

-Cerrar las persistentes brechas de género

Ello para impulsar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En las últimas dos décadas, las mujeres no aumentaron su tasa de participación en el mercado laboral con respecto a los hombres (cerca de 20 puntos menos). En promedio las mujeres tienen empleos de menor calidad y de productividad más baja.

“Corregir el rumbo requiere impulsar el crecimiento por encima de la senda actual”, remarcó Pilar Maisterra, directora interina del Banco Mundial para la región Andina. “Para que este crecimiento sea inclusivo y centrado en mejorar la capacidad productiva de la población más pobre, se debe impulsar el empleo de calidad y la participación laboral de las mujeres, así como mejorar la gestión de recursos y la capacidad de implementación de los gobiernos locales y regionales” agregó Maisterra.

Para resurgir fortalecidos de la crisis, en el corto plazo, es imprescindible recuperar las pérdidas de capital humano causadas por la pandemia, especialmente en la recuperación de aprendizajes, condiciones laborales y de salud. De cara al futuro, se necesitará actualizar los sistemas de protección social para responder a la creciente urbanización de la pobreza y a la vulnerabilidad ante nuevas crisis, que serán cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático.

Datos principales

• El crecimiento del PBI de Perú entre 2004 y 2019 contribuyó con el 85% de la reducción de la pobreza en el mismo periodo.
• Luego de la pandemia por COVID-19, la pobreza aumentó y 2 millones de peruanos cayeron en pobreza entre 2019 y 2021.
• Hoy 2 de cada 5 peruanos vulnerables están en riesgo de caer en pobreza, el nivel más alto desde 2004.
• El sistema tributario y de transferencias del país tiene una capacidad redistributiva menor comparado a otros países de ingresos altos-medios.
• La probabilidad de caer en la pobreza se duplica ante desastres

Se necesita abordar los factores que limitan la capacidad de los pobres para salir de la pobreza y que permitirán mejorar la productividad del país. Para ello, es importante impulsar la participación laboral de las mujeres, revisar los regímenes tributarios y legislación laboral para impulsar la creación de empleos formales y de calidad, y aumentar el acceso de la población y de las microempresas al sistema financiero.

A su vez, es momento de priorizar la inversión pública en la provisión de servicios de calidad y eso requiere mejorar la gestión de recursos y la capacidad de implementación de los gobiernos locales y regionales.

En el corto plazo, es imprescindible que se recuperen las pérdidas de capital humano causadas por la pandemia, especialmente en resultados de aprendizaje en la educación, laborales y de salud.

De cara al futuro, será muy importante que se actualicen los sistemas de protección social para responder a la creciente urbanización de la pobreza y a la vulnerabilidad ante choques, que serán cada vez más frecuentes en el contexto del cambio climático.

Informe del Banco Mundial

“Resurgir fortalecidos: Evaluación de Pobreza y Equidad en el Perú” es uno de los diagnósticos que el Banco Mundial realiza en los países en desarrollo, con una perspectiva de mediano plazo. Analiza las vulnerabilidades de las mejoras sociales en el Perú y ofrece recomendaciones de políticas públicas dirigidas a avanzar hacia el desarrollo inclusivo y la prosperidad compartida.

El informe «Resurgir fortalecidos» se presenta en dos fechas:

• El miércoles 26 de abril, a las 11:30 am en el auditorio Juan Julio Wicht S. J., Universidad del Pacífico. Jr. Sánchez Cerro 2121, Jesús María, Lima. Para asistir, por favor completar este breve formulario de inscripción.
• El jueves 27 de abril, a las 11 am, en el auditorio de la Caja Municipal de Cusco. Av. de la Cultura 1624, Cusco.

El documento puede descargarse desde el siguiente enlace a partir del miércoles en la mañana.

El crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el Perú son los principales resultados logrados bajo la economía social de mercado vigente desde el 1993. Con la información disponible entre los años  2004 y 2021, se tiene que el PBI per cápita se incrementó en 78,4% y la pobreza monetaria en el país se redujo de 58,7% a 25,9% de la población.

Asimismo, en el 2004 solo el 17% de la población peruana pertenecía a la clase media, mientras que en el 2019 esta alcanzó el 43,6%. En dicho período el PBI creció en 122,4% y el consumo privado en 126,9%, lo que facilitó que más de 9,5 millones de personas se sumaran a este grupo poblacional.

No obstante, en el 2020, la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y la caída del PBI y el empleo redujo la clase media hasta el 24% de la población, un nivel similar al que se tenía en  el 2007. Cabe señalar, que los resultados de la economía peruana del 2022 y el crecimiento proyectado para este año por debajo del 3%, no permitirán recuperar la clase media.

Por ello, urge recuperar y alcanzar un crecimiento económico sostenido, pues, como hemos mostrado líneas arriba, ello se tradujo en mejores condiciones de vida para la población, lo que iremos demostrando con otros indicadores.

Como ejemplo, podemos evaluar el acceso a las tecnologías de información y entretenimiento en hogares. De acuerdo con el Sistema de Información Regional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el  2004 solo el  2,1% de los hogares a nivel nacional tenía acceso a Internet; no obstante, dicho porcentaje se incrementó al 48,7% en  el 2021.

Cabe señalar que cada departamento del país registró avances importantes al respecto, tales como Ayacucho, que pasó del 0,2% al 30,8% de su población; o Tacna, que subió del 1,2% al 60,6%. Sin embargo, aún hay departamentos rezagados como Huancavelica (18,4%), Puno (26,4%) y Loreto (28,1%).

Con respecto al porcentaje de hogares con servicio de TV por cable, la tendencia también es de crecimiento, pasando del 8,8% en el 2004 al 30,7% en el 2021. Superan el nivel de 40% departamentos como San Martín (54,3%), Tumbes (49,3%), Madre de Dios (43,5%) y Loreto (42,1%).

De otro lado, la tenencia de al menos una computadora en el hogar, herramienta útil para el estudio o trabajo, también mostró una mejora entre el  2004 y el 2021. El promedio nacional pasó de 8,1% a 33,9%. Aquí es importante precisar que las tasas se han multiplicado por quince en departamentos como Amazonas (20,8%) y Huancavelica (15%), mientras que en Huánuco el nivel de tenencia de computadoras se multiplicó por siete; y por seis en Apurímac, Ayacucho y Moquegua.

En el caso de los celulares, la tasa nacional de hogares con al menos un miembro que tiene uno subió de 16,4% a 94,1%. En este caso, todos los departamentos superan la tasa de 90% de tenencia, con la excepción de Amazonas (89,7%), Cajamarca (89,1%), Loreto (83,9%) y Puno (88,4%).

Pobreza

La pobreza monetaria se define como la población cuyo gasto per cápita no alcanza para cubrir una canasta básica de alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, etc. Los resultados en la reducción de la pobreza monetaria en el Perú fueron positivos hasta  el 2020, con un retroceso por la crisis pandémica que afectó sobre todo al empleo y a la inflación de alimentos, la cual habría superado el 20% entre los años 2021 y 2022.

Además de pobreza monetaria, se puede emplear otro indicador como la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) elaborado por el INEI.

Se considera población con al menos una NBI aquella que padece de una de las cinco siguientes carencias: i) a los que residen en viviendas con características físicas inadecuadas; ii) a la población que pertenece a hogares en viviendas en hacinamiento (más de tres a  cuatro personas por habitación, sin contar con el baño, cocina, pasadizo y garaje); iii) a los que residen en viviendas sin ningún tipo de servicio higiénico; iv) a la población en hogares con niños y niñas de 6 a 12 años de edad que no asisten al colegio; y v) a población en hogares con alta dependencia económica, es decir  en el caso cuyo jefe de hogar tiene primaria incompleta (hasta segundo año) y con  cuatro o más personas por ocupado o sin ningún miembro ocupado.

Respecto a este indicador; en el 2011, el 15,8% de la población urbana y el 44,9% de la rural tenía al menos una NBI. Al cierre del 2021, estas tasas se han reducido a 12,9% y 28,5%, respectivamente. Esto muestra un cierre de brechas importante entre ambas poblaciones. Empero hay un arduo trabajo que debe realizar el Estado en la Selva rural pues, a pesar de reducir la población con al menos una NBI entre los años 2011 y 2021, del 66,2% a 49,6%, aún está afecta casi a la mitad de la población.

Seguro de salud

Es importante también mencionar los avances del porcentaje de la población afiliada a algún seguro de salud. En el  2004, el promedio nacional era de 37,3% y ningún departamento incluyendo la capital superaba el 50%. Los casos más altos eran Apurímac, que llegaba a una tasa de 48,1%, y Lima Metropolitana, con el 42,9% de su población. No obstante, las cifras al 2021 muestran que todos los departamentos superan el 70%, destacando Amazonas (90,5%), Apurímac (94%) y Huancavelica (95,7%).

Salud infantil

La desnutrición crónica de niños o niñas menores a  cinco años registró una drástica caída entre el 2009 y 2020. Las tasas en el área urbana pasaron de 14,2% a 7,2% y en el área rural de 40,3% a 24,8%. Avances muy significativos para el mismo periodo se lograron en departamentos como Huancavelica (53,6% a 31,5%), Ayacucho (41,4% a 18,1%), Huánuco (39,2% a 19,2%), Cusco (38,4% a 13,5%) y Pasco (38,4% a 18%).

No obstante, en el mismo periodo se registraron menores avances en la prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de edad. La tasa en el área urbana pasó de 33,2% a 26,4%, mientras que en el área rural bajó de 44,1% a 35,7%.

Como se observa, las cifras demuestran que el crecimiento económico trae consigo impactos positivos en la economía, como la generación de empleo e ingresos para los hogares y  por ende  la reducción de la pobreza y el acceso a una mayor cantidad de bienes y servicios. A su vez la generación de ingresos fiscales para financiar un mayor gasto público de calidad y dirigido a la salud, educación e infraestructura.  De esta manera el bienestar económico alcanzará a un mayor número de peruanos.

El Banco Mundial (BM) aseguró que según las actuales proyecciones el 7 % de la población mundial —aproximadamente 574 millones de personas— seguirá sumido en la pobreza extrema en 2030, un porcentaje muy alejado del objetivo mundial del 3 % para dicho año.

De acuerdo con el resumen del BM del 2022, la pandemia de la COVID-19 supuso el mayor revés para los esfuerzos de reducción de la pobreza en el mundo en décadas y la recuperación ha sido muy desigual.

Señaló que para el 2022, hasta 685 millones de personas podrían estar viviendo en la pobreza extrema, haciendo de 2022 el segundo peor año en materia de reducción de la pobreza en las últimas dos décadas (después de 2020).

Explicó que además de los efectos persistentes de la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos y la energía —impulsado por las condiciones climáticas y los conflictos como la guerra en Ucrania— ha impedido una rápida recuperación.

Mencionó que en respuesta a la pandemia en curso, los países de todo el mundo están trabajando incansablemente para vacunar a sus poblaciones.

El Grupo Banco Mundial es la principal fuente de financiamiento de la respuesta sanitaria a la COVID-19 y ha comprometido más de USD 14.000 millones para más de 100 países, incluidos más de 30 países afectados por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia.

A fines de 2022 la pobreza en América Latina se situará en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones) , es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

«Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019», aseveró .

Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región, subraya el organismo regional.

Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, dijo la Cepal en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 presentado en Santiago de Chile y que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.

“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, explica la publicación.

De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).

Desigualdad

Al igual que en años anteriores, la Cepal señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.

En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles similares a los de 2019.

Desocupación

En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

“La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, durante la presentación del documento.

“No se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones”, advirtió el alto funcionario, quien llamó a los países a invertir decididamente en educación y a convertir esta crisis en una oportunidad para transformar los sistemas educativos.

Apagón educativo

América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad.

En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

De no actuar ahora, la Cepal advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región.

Asimismo, de acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).

Brechas de género

Por otra parte, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no supera el 40%.

Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para el año 2030. En línea con la Cumbre sobre Transformación de la Educación de las Naciones Unidas celebrada este año, el documento entrega diversas recomendaciones de política para hacer de esta crisis una oportunidad de transformación.

La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo, sostiene la CEPAL en el Panorama Social 2022.

Gasto social

El gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PBI en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. En el Caribe el gasto social llegó a 14,1% del PBI en 2021, marcando un nuevo máximo histórico.

En 2021, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PBI (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe. “Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es 6 veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria”, especifica la publicación.

“Estamos ante una cascada de crisis que ha exacerbado las desigualdades y carencias de la región. No es momento para cambios graduales, sino para políticas transformadoras y ambiciosas”, reiteró José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Cepal.

“Se requieren esfuerzos intersectoriales de política pública que vinculen la oferta educativa con la salud, el trabajo y la protección social, y que permitan asentar mecanismos para garantizar un nivel de bienestar e ingresos en una era de volatilidad e incertidumbre”, apuntó el alto funcionario e instó a los países a construir “nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región

A raíz de la pandemia y la recesión económica del 2020 el precio del dólar en todo Latinoamérica ha venido en aumento en comparación con las otras monedas latinoamericanas, lo cual ha hecho que los países de continente se encuentren entre la pobreza, la desigualdad, la creciente inflación y los latentes estallidos sociales en consecuencia. Según Citi, la probabilidad de recesión global ronda el 50%.

En el informe del mes de enero de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el Panorama Social de América Latina, es preocupante. Entre los datos que se resaltan es el promedio de dólares que requiere una persona para superar la pobreza, vale la pena resaltar que la pobreza se determina por “el nivel de ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros”.

Según el estudio en el año 2020 en Perú se necesitó de US$ 42,9 por persona para superar el umbral de pobreza extrema y de US$ 94,4 para superar la línea de la pobreza. En Colombia se requirió US$ 44 y US$ 86,8, respectivamente. En Brasil, US$ 40,7 y US$ 89, respectivamente, y en México, US$ 62,5 y US$ 129,7. Mientras que en Chile se necesitó US$ 72,6 y US$ 157,2, y en Argentina US$ 78,7 y US$ 188, respectivamente.

El panorama anterior demuestra que el alza del dólar afecta directamente a cada familia sin importar el país, a pesar de que el mundo se encuentra en una reactivación económica, las tasas de desempleo y niveles de pobreza y pobreza extrema son mayores a los observados antes de la pandemia de COVID-19.

Dólar versus euro

Para Josep Beltrán, profesor de finanzas de EAE Business School, “una de las mayores causas de la tendencia del dólar en los últimos meses es la diferencia de interés entre el dólar y el euro. Otra de ellas son las tensiones inflacionistas y políticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, al igual que los diferentes cambios políticos e incertidumbres que se generan en América Latina, al igual que el alza”.

Las importantes repercusiones que tiene el aumento del precio del dólar es el impacto negativo sobre los mercados financieros, acciones, bonos, criptomonedas, etc. Uno de los más preocupantes es el alza de los precios de la canasta familiar, lo cual afecta la compra de alimentos, electrodomésticos, tiquetes y reserva de hoteles. Pero el panorama no es negativo para todos, para quienes se dedican a las exportaciones y a la industria petrolera del país es una buena noticia.

Recomendaciones

Conociendo la importancia del tema y con el fin de evitar que el alza del dólar afecte en mayor medida mi día a día, Josep Beltrán, docente de EAE Business School, recomienda:

1. Disminuya el uso de tarjetas de crédito para compras en dólares en el exterior

2. Realice compras de frutas y verduras sembradas en el país y productos nacionales, esto a raíz de que algunos productos locales también pueden sufrir alzas por insumos importados.

3. Haga inversión o ahorre en dólares al ser conocida popularmente como la moneda refugio, tendrá su dinero asegurado.

Expectativas

Es una realidad que todos los mercados cambiarios son altamente volátiles presentando alzas y bajas con constancia. Y por lo que un cambio en los contextos nacionales o externos puede transformar las proyecciones.

Actualmente el sol peruano es la moneda más fuerte entre las divisas emergentes según datos de Bloomberg.

Sin embargo, es importante mantener la calma y tratar de economizar al máximo los recursos para que el bolsillo ni la vida cotidiana se vea afectado.

Una de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 fue el incremento de la pobreza en América Latina y el Perú no fue la excepción. En el 2020 la pobreza en el Perú llegó a 30,1% y en 2021 se redujo al 25,9% de la población, que equivale a 8’532.403 personas cuyo gasto percápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.).

Además, a esta población se suman los pobres extremos, que son aquellas personas cuyo gasto per cápita están por debajo del costo de una canasta básica de alimentos que satisfaga un mínimo de necesidades nutricionales y que representó el 4,1% de la población, es decir, 1’355.851 personas.

No obstante, dichos números, hay un departamento peruano digno de resaltar en cuanto a niveles de pobreza. Se trata de Ica. Desde el año 2004 es uno de los departamentos peruanos con la menor incidencia de pobreza monetaria.

De hecho, en el 2021, Ica registró un 6,6% de población en condiciones de pobreza, (54.550 personas) y no cuenta con hogares en condición de pobreza extrema, lo que la convierte en el departamento que menor pobreza registra en el país.

Por el contario las regiones con mayor pobreza se encuentran Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno con un rango entre 34,3% y 42,5% de su población.

En este artículo, analizaremos la marcada diferencia entre Ica y los departamentos de mayor pobreza en el periodo 2015-2021, para así identificar los factores que han coadyuvado a esta región sureña a tener una mejor calidad de vida que otras.

Estructura productiva

En el 2021, la estructura productiva de Ica estuvo influenciada esencialmente por la actividad manufacturera, otros servicios, agropecuaria, minera y de construcción, que en conjunto representan el 76,4% de su Valor Agregado Bruto (VAB).

Dichas actividades se han fortalecido en los últimos años tomando en cuenta que en el 2015 representaban el 73,1% del VAB. Dicho fortalecimiento es de destacar teniendo en cuenta los estragos generados por la pandemia y se debe, principalmente, a la continuidad de la actividad agrícola para el mercado interno y de exportación, además de la paulatina recuperación de la producción minería y de la construcción pública.

La manufactura (28,3% del VAB) es la actividad más importante de Ica. En ella destacan las empresas agroindustriales, vitivinícolas, de manufactura textil y pesquera. Seguidos por las actividades de otros servicios (14,3%) y agropecuarios (12,9%). Este último es altamente intensivo en capital y de alto valor agregado (uso del riego tecnificado) ya que los cultivos de esta región son principalmente para exportación.

Por otro lado, las estructuras productivas de los departamentos con mayor incidencia de pobreza monetaria están poco diversificadas apenas en agricultura con poco valor agregado y destinada para el autoconsumo y la minería no es aprovechada al máximo por los conflictos sociales.

En el caso de Cajamarca, Loreto y Pasco, por ejemplo, la minería representa el 34,7%, 37,2% y 63,8% de su respectivos VAB, respectivamente. No obstante, los cuantiosos recursos recibidos por los gobiernos locales por concepto de canon, regalías y participaciones entre el 2010 y 2022 y que ascienden a S/ 4.624 millones para Cajamarca, S/ 1.395 millones para Loreto y S/ 1.417millones para Pasco, estos no han sido aprovechados para dinamizar su economía o mejorar las condiciones de vida de la población.

Por su parte Ayacucho tiene como actividad principal a la agricultura (21,2%) al igual que Puno (17,6%). Para Huancavelica la generación de electricidad gas y agua alcanza el 28,8% de su VAB.

Estructura de gasto e ingresos

Por su parte, la estructura de gastos e ingresos de Ica a lo largo de los años ha mostrado un crecimiento sostenido con excepción del 2020 (COVID-19). Así, en el 2021 el gasto promedio per cápita mensual se ubicó en S/ 765 con un incremento de 7% con respecto al 2020; sin embargo, estuvo por debajo del 2019 (-2%).

En tanto, el ingreso promedio per cápita mensual de Ica para el 2021 sumó S/ 960, lo que representó un incremento del 16% con respecto al 2020 y un crecimiento en menor medida de 5% con respecto al 2019. Cabe precisar que la principal fuente de ingreso para la región Ica es el trabajo, que representa más del 60% del total de los ingresos.

Cabe señalar que la estructura de gastos y ingresos para las regiones con mayor nivel de pobreza monetaria, durante el periodo de análisis (2015-2021), apenas representan el 56% y 58% de los gastos e ingresos per cápita mensual del departamento Ica.

Es así que para el 2021 el gasto promedio per cápita mensual se ubicó en S/ 440, incrementándose en 12% y en 2 % con respecto los años 2020 y 20219, respectivamente. El ingreso promedio percápita mensual, por su parte, fue de S/ 549 con una mejora del 16% con respecto al 2020 y de 6% en comparación con el 2019.

Servicios básicos

En lo que se refiere al acceso de servicios básicos como energía eléctrica, agua y desagüe en el país existe una marcada diferencia entre los departamentos evaluados.

Así, el acceso al alumbrado eléctrico por red pública para el caso de Ica llega al 97,3% de la población, mientras que para el bloque de departamentos de mayor pobreza 95,7% para Ayacucho, 92,8% para Puno, 92,4% para Cajamarca, 91% para Huancavelica 91,0%, 90,7% para Pasco y muy rezagado figura Loreto con apenas 81,2%. Este último es el departamento con el menor acceso a este servicio en el país.

En cuanto a la población que accede a agua para consumo humano proveniente de red pública, para el caso de Ica el porcentaje se ubicó en 88,2%. Entretanto, Ayacucho registra 93,0%, Cajamarca figura con 90,1% y Huancavelica posee 89,1%. Le siguen Pasco (79,6%), Puno (68,1%) y Loreto (52,1%).

Finalmente, el acceso al servicio de desagüe por red pública de alcantarillado de Ica alcanzó el 83,5%, superando por varios puntos porcentuales a Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica Loreto, Pasco y Puno cuyo promedio es de 51,7%.

Activos duraderos

Otra de las variables relevantes que mide la calidad de vida de la persona son la tenencia de activos duraderos como televisor, lavadora congeladora, cocina a gas, computadora y automóvil por mencionar algunos.

Así, para el 2021 se observa la supremacía de Ica en nueve activos de los 13 analizados, como es el caso de TV a color y cocina, con los que cuentan más del 90% de su población.

Por otra parte, el 70% de la población de Ica cuenta con licuadora y refrigeradora, el 56% con plancha y el 35% con computadora. Le siguen lavadora, con el 28%; y, por último, se encuentran la tenencia de auto y horno microondas, con 12,9% y 10,4%, respectivamente.

En tanto, Puno lidera en la tenencia de dos activos duraderos como son motocicleta y bicicletas. Huancavelica tiene el liderazgo en camiones, mientras que Loreto hace lo propio con mototaxis. Como se observa, los activos en los que la población de Ica es superada por otras regiones se debe a que estos son empleados como una herramienta de trabajo.

Desnutrición

Ica ha ganado un importante terreno en salud infantil. En 2021, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años se situó en una tasa de 4,4%. Dicha situación no es compartida por las regiones más pobres del país. Entre estas, la más afectada es Huancavelica, con un total de 27,1% de niños menores en condición de desnutrición crónica. Continúan en la lista Loreto (23,6%) y Cajamarca (20,9%).

Con estos resultados, las tres regiones en mención multiplican por cuatro la incidencia de desnutrición de infantes respecto de Ica. En tanto, Ayacucho y Pasco comparten un valor cercano al 16% y solo Puno alcanza una ligera mejora con 12,5%.

Como puede verse, si bien falta mucho por mejorar, los buenos números de Ica con respecto a las regiones más pobres del país se basan o tienen su origen en el desarrollo de diversas industrias. Sin ello, la reducción de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrama no habría podido darse.

En contraparte, las ciudades más pobres del país, a pesar de contar con la posibilidad de desarrollar diversas industrias, como la minería, y de contar con recursos otorgados por esta actividad, los cuales malgastan o incluso no gastan, mantienen un alto índice de su población en situación de pobreza y de pobreza extrema.

Y es muy probable que la situación de estos departamentos más pobres del país no mejore, sino todo lo contrario, si es que sus autoridades no apoyan el desarrollo empresarial y mejoran el nivel de gasto público. Sobre todo, en esta coyuntura de inflación global y los riesgos mundiales de ingresar a una etapa de inseguridad alimentaria es necesario que la economía peruana incremente su tasa de crecimiento del PBI, hoy estimada en 3,1% para 2022.

El crecimiento económico sostenido es aquel que crea empleo permanente, ingresos para los hogares y que reduce la población en pobreza y pobreza extrema. No se debe desperdiciar las fuentes de crecimiento como la inversión y las exportaciones, y continuar apostando a incrementos del consumo que solo es reactivador y de corto plazo. Más aún si este impulso del consumo está financiándose con el ahorro de las propias familias.

La Defensoría del Pueblo (DP) define un conflicto social como un proceso donde las empresas, la sociedad civil y el Estado perciben que sus intereses o necesidades están siendo afectados o amenazados. Si bien es cierto que el conflicto social siempre va a existir como tal, el riesgo es que el diálogo, única vía de solución, quede trunco y lleguemos a una etapa de violencia con severas consecuencias para todas las partes involucradas.

En los últimos meses los conflictos sociales se han sido exacerbado por las consecuencias de la COVID-19, la elevada mortalidad, el desempleo y la falta de oportunidades para obtener ingresos.

La Defensoría del Pueblo categoriza los conflictos sociales en tres tipos: activo, latente y resuelto. El activo es el que se expresa por alguna de las partes involucradas mediante demandas públicas, formales o informales.

El latente es el que no se expresa públicamente y se mantiene silencioso, pero sí presenta la concurrencia de factores que permiten su activación o, por otra parte, ha dejado de manifestarse por un tiempo considerable. El resuelto es aquel que ya fue solucionado mediante acuerdos entre las partes.

Conflictos activos

A octubre del 2021 se registraron 198 conflictos sociales en el país, de los cuales 148 son catalogados como activos. Del total de conflictos activos, 7 están en una fase temprana, 10 en escalamiento, 3 en crisis, 38 se están disipando y 90 en diálogo.

Según su tipología, de los 148 conflictos activos, el 68% son de tipo socioambiental, es decir, su dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos, aunque también están impregnados de aspectos políticos, económicos y sociales.

Del mismo modo, se observan otros tipos de conflictos como son los de demarcación territorial, laborales, comunales, electorales, así como también aquellos relacionados a la gestión de la administración pública en gobiernos locales, regionales y nacional.

Según los sectores económicos en los que se presentan los conflictos socioambientales, el 63% se concentra en minería y el 23% en hidrocarburos. Asimismo, otros sectores de menor incidencia son los de saneamiento, energía, agroindustrial, forestal, y otros.

Efecto económico

Como es sabido, los conflictos sociales impactan negativamente en la actividad económica al paralizar o disminuir el desarrollo de los proyectos de inversión, así como los procesos productivos de las empresas ubicadas en la zona del conflicto.

Todo esto afecta la producción, el empleo y la capacidad de generación de recursos económicos, tanto para la comunidad como para el Gobierno.

A continuación, se expondrán algunos casos representativos. El 31 de octubre de 2021 la compañía minera Antamina suspendió sus operaciones ante acciones violentas desencadenadas por la demanda de una comunidad campesina en Áncash.

Para dimensionar los efectos económicos se debe considerar que la empresa es la mayor productora de cobre, zinc y plata en el país, extrayendo mensualmente (cifras del 2020) alrededor de 33.020 TMF, 40.931 TMF y 34.554 kilogramos finos, respectivamente. En dicho año, esto se tradujo en pérdidas de US$ 607 millones en tributos al Estado peruano.

En febrero, junio y julio de 2021 se iniciaron tres nuevos conflictos sociales, que a la fecha siguen activos, entre la compañía minera Las Bambas y tres comunidades campesinas de la región Apurímac.

La empresa es el tercer productor de cobre a nivel nacional, produciendo (cifras 2020) alrededor de 26.064 TMF mensuales, además de extraer 264 TMF mensuales de molibdeno.

En términos de impuestos (incluyendo regalías), la producción de esta minera significó US$ 193 millones en 2020. Otros dos casos emblemáticos son la paralización de los proyectos Minas Conga y Tía María.

El primero de ellos es considerado un conflicto latente que ha paralizado una inversión de US$ 4.800 millones para producir oro y cobre en Cajamarca pese a que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2015

Por su parte, el segundo es considerado un conflicto activo que ha paralizado US$ 1.400 millones para producir cobre y molibdeno en Arequipa, pese a contar con EIA detallado aprobado en 2014.

Regiones en conflictos

Los principales focos de ocurrencia de conflictos sociales durante octubre fueron Loreto (29 casos), seguido de Áncash (11), Puno (11), Cusco (10) y Huancavelica (9).

Además, estas regiones concentran el 47% del total de casos activos a nivel nacional, afectando como ya se ha dicho a su desarrollo económico.

Si bien entre los años 2010 y 2021, Áncash fue la región con mayor incidencia en conflictos activos, a partir de fines del 2018 han crecido paulatinamente los conflictos en Loreto, convirtiéndose hoy en la zona con el mayor registro.

Es indudable que los conflictos sociales están relacionados a indicadores de pobreza. Como es el caso de Puno y Huancavelica, que son las regiones con el mayor intervalo de pobreza (entre el 41,4% y 45,9% de su población), seguido de Áncash, Cusco y Loreto, en el segundo grupo de mayor pobreza (entre 31,3% y 34,6%).

A esta situación se suma la escasa actividad proveedora del gobierno, reflejada en la lenta y baja calidad de la inversión pública.

Un estudio desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en enero del 2021, pone de manifiesto que, durante la gestión de las pandemias, pueden salir a relucir otros problemas subyacentes y más profundos “como redes de protección social insuficientes, un gobierno incompetente o falta de confianza de la población en sus instituciones”.

De otro lado, la baja inversión pública sigue siendo recurrente en las áreas de mayor conflicto. En una muestra de diez regiones con mayor incidencia de conflictos activos se encontró que el gasto de inversión pública promedio en el quinquenio 2016-2020 fue menor al 60% en las regiones de Áncash y Piura, seguidas de cinco regiones entre una ejecución de entre 60 y 70% (Loreto, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín).

Entretanto, Huánuco y Puno alcanzaron un promedio de 70,7% y 76,1%, respectivamente. Este año, el panorama no es distinto. En el periodo de pandemia la ejecución en tres regiones fue bajo. Se trata de Áncash, con 47,8%; Junín (49,4%); y Apurímac (50%).

El Perú requiere hoy de una mayor inversión privada y pública para elevar el crecimiento de su producto potencial que hoy se encuentra en alrededor del 3% anual.

Las limitadas proyecciones para el 2022 de inversión privada (0,2%) y pública (3,7%) no contribuyen a ese objetivo y los conflictos sociales pueden diluir aún más dichas tasas.

Nuestro país necesita suplir la baja calidad de los servicios públicos, infraestructura física y social. Los mecanismos existen: obras por impuestos, APP, acuerdos G2G y obras públicas.

Corresponde al Estado dotar a la economía de la estabilidad política y jurídica que viabilice todas las iniciativas de inversión, es su mejor contribución a la reducción de la pobreza y a un mayor crecimiento del país.

Distintos organismos internacionales coinciden en la retroalimentación que existe entre crecimiento y clase media.

En ese sentido, se afirma que los países con un mayor porcentaje de hogares de clase media impulsan un mayor crecimiento económico debido a la mayor formación de capital humano y acumulación de infraestructura, promueven mayores emprendimientos, apoyan mejores políticas económicas nacionales, más democracia y una menor inestabilidad política.

Otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que es el mayor crecimiento económico el que expande y consolida la clase media, en un proceso donde los grupos sociales van mejorando su calidad de vida, pasando de clase pobre a vulnerable, y de vulnerable a clase media.

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En el caso de América Latina y el Caribe (LATAMC) se observa un avance significativo en los planos económicos y sociales debido al crecimiento económico sostenido experimentado en el periodo 2000-2019. Sin embargo, la crisis de la COVID-19 ha puesto en riesgo a la clase media que podría perder tal condición.

Estándares de la clase media

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un estudio publicado en 2011 la composición de la clase media en LATAMC está dada por un grupo heterogéneo que, para fines comparativos, no corresponde con los estereotipos y características de la verdadera clase media de la mayoría de los países de la OCDE y los países desarrollados.

En la región, dicho grupo social dista mucho en cuanto al poder adquisitivo, nivel de educación y nivel de seguridad del empleo en comparación con aquella de las economías avanzadas.

En esa dirección, un análisis del BID resaltaba la caída de la pobreza monetaria de la región entre 2002 y 2018, la cual pasó de 42,3% a 23,1%, siendo Perú uno de los casos exitosos.

Pero, en 2019 solo el 4% de la población de ingresos medios se encontraba suficientemente lejos de la línea de pobreza.

El resto carecía de mecanismos que los ayuden a enfrentar una recesión profunda y no retrocedieran a una situación de pobreza. Para el organismo dicha vulnerabilidad estaba asociada a la calidad del empleo.

LATAMC tiene un acceso limitado a la seguridad social, solo a través de un empleo formal, lo que expone a los trabajadores a riesgos de pérdida de ingresos por enfermedad, desempleo y sin acceso a una pensión de jubilación. Esta realidad en los países de la región transparentaba la debilidad de la clase media.

En el 2018, por ejemplo, menos de un tercio de los trabajadores de ingresos medios en Bolivia y Colombia tenían contratos permanentes y más del 40% eran trabajadores por cuenta propia. En Chile, en el 2017, el 30% de los trabajadores de ingresos medios no cotizaba a la seguridad social; y en Argentina la cifra era de 46%.

Metodología

El IEDEP se propone describir a la clase media peruana para identificar qué aspectos deben ser fortalecidos para su consolidación.

Para ello, se considera que una persona es de clase media si sus ingresos diarios oscilan entre US$ 10 y US$ 50 expresados en paridad de poder adquisitivo (PPA) o, en otras palabras, si en el año 2020 los ingresos diarios de esa persona iban desde S/ 17,9 hasta S/ 89,6 que, expresados para un hogar de cuatro personas, serían ingresos mensuales desde S/ 2.149 hasta S/ 10.746.

Para los cálculos se usó la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que contiene la información de los ingresos monetarios nominales netos de los hogares sobre los cuales se aplican las tasas de conversión de PPA obtenidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), permitiendo hallar los ingresos diarios en PPA para cada persona, que definen si es o no de clase media.

Clase media 2020

En el 2004, solo el 17% de la población peruana pertenecía a la clase media, mientras que en el 2019 esta alcanzó el 43,6%. Entre dichos años, el PBI creció en 122,4% y el consumo privado en 126,9%, lo que permitió que más de 9,5 millones de personas se sumaran a este grupo poblacional.

El crecimiento económico, acompañado de mayores y mejores condiciones de empleo e ingresos, así como una expansión del crédito privado del 580% en términos nominales para el mismo periodo, cooperaron a la expansión de la clase media no solo en la costa del país, sino que se expandiera en todo el territorio nacional.

No obstante, en el 2020, la profunda crisis provocada por la COVID-19 afectó a dicho grupo social reduciéndolo hasta el 24% de la población (nivel similar al de 2007), es decir, cerca de 6,3 millones de personas menos que en 2019.

Esta reducción fue dispar entre regiones, pues en especial fueron más golpeadas aquellas dependientes de los sectores comercio y servicios, las que han sido afectados en un mayor tiempo por las medidas focalizadas para enfrentar la pandemia por la COVID19.

Los departamentos con mayor caída en puntos porcentuales fueron Áncash (-20,2), Arequipa (-31,0), Ica (-25,0), La Libertad (-21,4), Lima (-28,9), Madre de Dios (-22,7) y Tacna (-23,0).

En tanto, las regiones con caída intermedia fueron Cusco (-16,9), Huánuco (-10,0), Junín (-12,9), Lambayeque (-14,1), Moquegua (-16,1), Pasco (-14,4), Piura (-14,6), San Martín (-10,1), Tumbes (-18,8).

Finalmente, aquellas con caída baja fueron Amazonas (-6,7), Apurímac (-7,7), Ayacucho (-7,4), Cajamarca (-6,2), Huancavelica (-5,1), Loreto (-6,8), Puno (-8,4) y Ucayali (-7,5).

Características de la clase media

En cuanto a su educación, el 25,3% de las personas de clase media mayores de 15 años alcanzaron nivel educativo superior universitario, el 18,2% nivel superior no universitario, el 39,4% nivel secundario y el 14,6% nivel primario.

Se aprecia que una alta proporción, 54,4%, aun no alcanza una mayor formación que mejore su capital humano y que le permita consolidarse en la clase media.

El 68,2% de las viviendas que ocupan los hogares de clase media son propias, totalmente pagados; mientras que el 12,2% son alquiladas y el 13,6% fueron cedidas por otro hogar o institución. Llama la atención que de aquellos hogares con vivienda propia, el 33,5% no tiene título de propiedad.

En ese sentido, se identifica que aún hay espacio por parte del sector público y privado para financiar el acceso a vivienda propia, y para continuar con el proceso de formalización de la vivienda (titulación).

Por otro lado, el 69,2% de las personas de clase media mayores a 14 años se encuentran ocupadas, el 26,5% forma parte de la población inactiva y el 4,3% restante es desempleada. De los ocupados, el 59,8% tenía un empleo informal, de los cuales alrededor del 45% son trabajadores independientes.

Estas características, como parte de la realidad de la región, permiten identificar una de las mayores fuentes de vulnerabilidad de la clase media peruana, pues al no operar en la formalidad no dispone de protección social y se dificulta su acceso al financiamiento.

Impacto en el mundo

En el informe de Pew Research Center (2021) se muestra también la caída en el crecimiento de la clase media y el aumento desproporcional de la pobreza en el mundo, debido a la recesión económica.

El informe detalla el mayor impacto en siete regiones. En las Economías avanzadas se registró incrementos de 16 millones de personas de clase media debido a la caída en el nivel de ingresos altos en esos países. Por su parte, en Europa y Asia Central se registraron un millón de personas más.

En tanto, la caída de la clase media mundial se centró en el sur de Asia (32 millones) específicamente en la India, revirtiendo años de progreso en este frente seguidos por el este de Asia y el Pacífico (19 millones).

Mientras que en América Latina y el Caribe y África central y del Norte las caídas fueron de ocho millones en cada uno, finalmente África Sub-sahariana presento caída de cuatro millones.

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima(CCL) indicó que el país debería crecer a una tasa interanual del 7% para reducir la pobreza y el desempleo a 4% y 2%, respectivamente, en los próximos 20 años, niveles que serían entre los más bajos del mundo.

Para lograr esta meta, el IEDEP aseguró que el próximo Gobierno debe establecer un programa económico que otorgue prioridad en cinco temas centrales, tales como estabilidad macroeconómica, institucionalidad, inversión, productividad y exportaciones.

Los dos primeros son considerados como los cimientos del crecimiento y los tres restantes son los motores del crecimiento. Estas propuestas están comprendidas en el Programa Económico 2021-2026 elaborado por el IEDEP.

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De esta manera, la institución afirmó que alcanzando altas tasas de crecimiento sostenidas se podrá contribuir con el bienestar económico-social del país.

Pobreza

Precisamente con la crisis sanitaria actual, la pobreza se elevó hasta en 30,2% durante el 2020, representando un retroceso si se compara con los niveles alcanzados en prepandemia, pues estos se redujeron del 42,5% en el 2008 al 20,2% de la población en el 2019, es decir, en ese intervalo más de 5,4 millones de peruanos dejaron de ser pobres.

Entre otros cálculos, el IEDEP mostró que, si el PBI real creciera 4,5%, la tasa de pobreza se reduciría hasta el 8%, similar a la que tuvo Uruguay en 2018 (8,1%). Y de crecer el PBI 5,2%, el resultado sería un nivel de pobreza de 6%, muy cercano al de Malasia (5,6%).

Empleo

Igualmente, para mejorar el empleo en el Perú, el país debe crecer al año 7%, así la tasa de desempleo se reduciría a 2% en 2041, similar a los niveles de economías como Singapur y Suiza (2,3% cada una).

En tanto, de crecer a menores tasas, como 4,5% al año, el desempleo llegaría al 12%, un intermedio entre las tasas prepandemia de España (15,3%) y Colombia (10,5%). En caso se logre un crecimiento de 5,2%, la tasa de desempleo se ubicaría en 9%, en el intervalo entre Italia (9,9%) y Uruguay (8,9%).

No hay que olvidar que, durante el periodo 2005-2019, cerca de 269.000 personas se sumaban cada año a la Población Económicamente Activa (PEA), a la vez que la población ocupada crecía en 272.000 personas, permitiendo reducir la tasa de desempleo de 5,4% en 2005 al 3,9% en 2019.

No obstante, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, en el 2020 la tasa de desempleo se elevó hasta 7,4%.

Por tanto, el IEDEP señaló que para alcanzar un mayor bienestar económico que favorezca a la población es importante crecer a tasas altas, las que serán clave para reducir la pobreza monetaria, eliminar la pobreza extrema y crear mayor empleo adecuado.

Sin duda la pobreza se incrementó en Perú debido a la paralización de la mayoría de las actividades económicas, ante el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio por la presencia del COVID-19.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que en el 2020 la pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país, incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. Pero, ¿cuál es el perfil de los peruanos en situción de pobreza?

En el 2020, el 84,2% de hogares pobres del país accede al servicio de agua mediante red pública y pilón en el 2020, el 54,9% de hogares pobres accede a saneamiento (desagüe) mediante red pública y 10,9% de hogares pobres habitan en viviendas con hacinamiento.

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Del total de hogares en pobreza extrema, el 81,6% accede al agua mediante red pública y pilón, el 35,5% de los hogares accede a saneamiento (desagüe) mediante red pública y el 18,8% de hogares habita en viviendas con hacinamiento.

Empleo

Del total de la población de 14 y más años de edad en condición de pobreza, el 91,9% tiene empleo. En el área urbana alcanza al 87,4% y en el área rural al 98,9%, indicó el INEI.

A nivel nacional, del total de la población de 14 y más años de edad en pobreza extrema, el 94,1% tiene empleo. En el área urbana alcanza al 85,0% y en el área rural al 98,9%.

Durante el año 2020, el 58,2% de los hogares pobres jefaturados por mujeres son hogares de tipo nuclear (conformado por jefa, cónyuge, con o sin hijos), con respecto al año anterior se han incrementado en 16,2 puntos porcentuales.

Descomponiendo a los hogares nucleares, se observa que el 37,0% son monoparentales (jefa sin cónyuge, pero con hijos), el 19,2% son biparentales con hijos (jefa, cónyuge, con hijos), y 2,1% son biparentales sin hijos (jefa, cónyuge, sin hijos). Al compararse con el año anterior, los hogares monoparentales registraron el mayor crecimiento, aumentando 8,4 puntos porcentuales.

¿Qué poseen los hogares?

En el año 2020, el 35,1% de los hogares en condición de pobreza y el 15,0% de los hogares en pobreza extrema disponen de un refrigerador, reporto el INEI.

Además, más de un tercio de los hogares en situación de pobreza tiene refrigerador. En el año 2020, el 35,1% de los hogares pobres y el 15,0% de los hogares en pobreza extrema disponen de este artefacto.

Conectividad

Según la Encuesta Nacional de Hogares, el 14,3% de los hogares pobres y el 4,5% de los hogares en pobreza extrema cuenta con una computadora o laptop.

Además, durante el año 2020, el 13,8% de los hogares pobres cuentan con una bicicleta y en el caso de los hogares en extrema pobreza la tenencia de este vehículo de transporte es del 7,4%.

En el año 2020, el 94,5% de los hogares en condición de pobreza y el 92,4% de los hogares pobres extremos cuentan con un teléfono celular.

El INEI informó que el 18,0% de hogares pobres tienen conexión a internet y el 7,4% de los hogares en extrema pobreza acceden a este servicio.

Programas alimentarios

El INEI informó que el 64,5% de los hogares en extrema pobreza del país accedieron a un programa alimentario, seguido del 52,5% de los hogares pobres. Además, el 41,6% de los hogares en extrema pobreza accedió al Programa Qali Warma, seguido del 34,8% de los hogares pobres. Si necesitas más información ingresa a: www.inei.gob.pe/cifras-de-pobreza/.

En el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país, incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019; así lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En los últimos cinco años la población en situación de pobreza aumentó en 8,3 puntos porcentuales y en la última década disminuyó en 0,7 puntos porcentuales.

Es importante señalar que, el aumento de la pobreza estaría asociado a la paralización de la mayoría de las actividades económicas, ante el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio por la presencia del COVID-19 en el país, establecido mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 16 de marzo del año 2020 en el diario oficial El Peruano y que fuera ampliado a través de diversos Decretos Supremos.

El INEI precisó que, la Línea de Pobreza es el equivalente monetario al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos, que para el año 2020 asciende a S/ 360 mensuales por habitante, la persona cuyo gasto mensual es menor a S/ 360 es considerada pobre; para una familia de cuatro miembros el costo de una canasta básica de consumo es de S/ 1. 440 mensual.

Asimismo, la Línea de Pobreza Extrema, considera a la población cuyo gasto por habitante no cubre el costo de la canasta básica de consumo alimentaria, que para el año 2020 se calcula en S/ 191 mensuales por persona, considerándose pobres extremos a las personas cuyo gasto mensual no cubre el valor de la canasta básica de consumo alimentaria; para una familia de cuatro miembros asciende a S/ 764 mensual.

La medición de la pobreza en el Perú se efectúa a través del gasto, ya que esta variable se aproxima a una cuantificación de los niveles de vida de lo que las personas y los hogares consumen, compran y adquieren.

Pobreza en área rural

Según ámbitos geográficos, la pobreza afectó al 45,7% de la población del área rural y al 26,0% del área urbana; incrementándose en 4,9 puntos porcentuales y 11,4 puntos porcentuales, respectivamente; al compararla con el año 2019.

Por dominios geográficos, los mayores niveles de pobreza se registraron principalmente en la Sierra rural (50,4%), seguido de la Selva rural (39,2%) y Costa rural (30,4%). Sin embargo, los mayores incrementos se dieron en Lima Metropolitana (de 14,2% a 27,5%), seguido de la Sierra urbana (de 16,1% a 27,0%) y la Costa urbana (de 12,3% a 22,9%).

Grupos de departamentos

En el año 2020, se conformaron cinco grupos de departamentos con niveles de pobreza estadísticamente semejantes. En el primer grupo con los mayores niveles de pobreza se encuentran Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, cuya pobreza monetaria se ubica en el rango entre 41,4% a 45,9%. En el segundo grupo se incluye a Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Provincia Constitucional del Callao y Tumbes en un rango de 31,3% a 34,6%.

El tercer grupo está conformado por Lima Metropolitana, Lima Provincias, San Martín, Tacna y Ucayali, cuya pobreza monetaria se ubica en un rango de 23,9% a 28,6%. En el cuarto grupo se encuentran Arequipa, Lambayeque y Moquegua en un rango de 15,1% a 19,5% y en el quinto grupo con menor incidencia de pobreza de 6,6% a 11,3%. se encuentran los departamentos de Ica y Madre de Dios.

Pobreza extrema afectó al 5,1% de la población

Durante el año 2020, la pobreza extremaafectó al 5,1% de la población del país, aumentando en 2,2 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. En los últimos cinco años, la pobreza extrema aumentó en 1,0 puntos porcentuales y en los últimos 10 años se redujo en 2,5 puntos porcentuales.

Asimismo, la pobreza extrema afectó mayormente a la población del área rural (13,7%) en comparación con la del área urbana (2,9%). Entre los años 2019 a 2020, la pobreza extrema aumentó en la Sierra en 3,4 puntos porcentuales (de 6,5% a 9,9%), Selva en 2,1 puntos porcentuales (de 3,9% a 6,0%) y en la Costa en 1,7 puntos porcentuales (de 0,6% a 2,3%).

Comportamiento del gasto

En el año 2020, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 673, disminuyendo en 16,0%, al compararlo con el nivel de gasto del año anterior. El gasto real promedio mensual por habitante descendió en todos los dominios geográficos y quintiles del gasto; al compararlo con el año 2019.

Igualmente, el ingreso real promedio mensual por habitante fue de S/ 837, cifra que comparada con el año 2019 bajó en 20,8%.

En el año 2020, el 70,2% de los hogares del país cuentan con servicio de agua, saneamiento y electricidad. En el periodo 2010-2020, esta cobertura creció en 10,1 puntos porcentuales y en el quinquenio 2015-2020 en 3,8 puntos porcentuales.

La ejecución de la cartera de proyectos mineros, valorizada en US$ 56.158 millones, permitirá disminuir la pobreza en Perú a un 15% en los próximos diez años (al 2031). Ello representa 12 puntos porcentuales menos respecto a la tasa de pobreza actual, que habría ascendido a aproximadamente 27% al cierre de 2020 por efectos de la pandemia.

Así lo señala el estudio “Minería: oportunidad de desarrollo frente a la crisis nacional” desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro de Competitividad y Desarrollo (CCD) de la Universidad San Martín de Porres, como parte de las actividades Rumbo a Perumin.

El estudio también señala que los nuevos proyectos mineros generarán recursos fiscales por más de S/ 80.000 millones de cara al 2031. Además, se estima que, en dicho año, la minería logrará beneficiar a más del 36% de la población nacional (más de 15,5 millones de personas), a través de 3,8 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos.

También, se estima que la industria minera tenga una importante contribución en el crecimiento económico nacional, con 1,3 puntos porcentuales promedio anual al 2031 (aproximadamente la tercera parte del crecimiento económico potencial del país).

“Creemos que la minería es el principal potencial que tiene actualmente el país para recuperar su crecimiento económico. Tenemos una rica tradición minera que es además reconocida a nivel mundial; y ello se debe a nuestra vastedad de recursos en cobre, oro, plata, zinc, estaño, entre otros minerales que debemos aprovechar de manera sostenible para el beneficio del país”, sostuvo el presidente de Rumbo a Perumin, Miguel Cardozo, también vicepresidente del IIMP.

Generación de riqueza

El estudio realizado como parte de Rumbo a Perumin advierte además que la minería ha contribuido con la disminución de la pobreza en las últimas décadas. Desde el 2004, la tasa de pobreza cayó en más de 15 puntos porcentuales, hasta llegar a 20,2% en el 2019. Sin el aprovechamiento adecuado de los recursos mineros, la pobreza del país sería actualmente de 35,5%.

Este impacto positivo, advierte el análisis, responde a la dinámica económica del sector en los últimos años. Desde 1980, la minería representa más del 50% de las exportaciones totales del Perú.

Sólo en el 2020, éstas representaron el 61%, generando ingresos por más de US$ 25 mil millones. Por su parte, las inversiones del sector en los últimos 25 años (1995-2020) alcanzaron los US$ 80.857 millones en beneficio del país.

“Los cálculos demuestran también que en los últimos 20 años (2001-2020), la minería ha generado más de S/ 127 mil millones para el Estado a través de impuestos y contribuciones fiscales, cifras que representan 464 hospitales de nivel III; 254.644 camas UCI y más de 50.000 plantas de oxígeno”, afirmó Rudy Laguna, director del CCD. Precisó además que, de dicho total, S/ 66 mil millones fueron transferidos a las regiones por conceptos de canon y regalías.

Buena oportunidad 

El estudio del IIMP y CCD resalta también que los precios de los minerales se encuentran actualmente en crecimiento. En el caso del cobre, viene alcanzando niveles de 2011 y 2012, período conocido como el boom mundial del cobre, donde el precio por tonelada métrica (TM) superó los US$ 8.800. “Esto constituye una gran oportunidad para el Perú, que estima producir más de 2.600 millones de TM en 2021 y 2022”, advierte Rudy Laguna del CCD.

No obstante, el presidente del Rumbo a Perumin, Miguel Cardozo, advirtió que, pese a la favorabilidad del mercado internacional, el Perú sólo tiene en agenda la ejecución de dos nuevos proyectos de cobre para los próximos 7 años: Mina Justa (US$ 1.600 millones) y Quellaveco (US$ 5.300 millones).

Otros proyectos de gran envergadura como La Granja (US$ 5.000 millones), El Galeno (US$ 3.500) y Los Chancas (US$ 2.600 millones) han sido postergados para el cierre de la presente década. “Necesitamos tomar medidas para agilizar la puesta en marcha de los proyectos mineros y fomentar la exploración. Sólo así lograremos aprovechar esta buena oportunidad que tiene el país para revertir los efectos de la crisis”, advirtió el especialista.

El estudio presentado en el marco de Rumbo a Perumin resalta la importancia que ha tenido la minería en el desarrollo nacional durante las últimas décadas, además de evidenciar la necesidad de potenciar la industria como una herramienta fundamental para superar la actual crisis económica y social que atraviesa el Perú y fomentar el bienestar de la población.

Datos

• El Perú es el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc. También es el tercer productor de plomo, cuarto de estaño y octavo de oro.
• Los proyectos de cobre representan el 68% de la cartera de proyectos mineros del país. Los proyectos de oro, en tanto, representan el 14%, seguido de los proyectos de hierro (9%), fosfato (4%), zinc (3%), uranio / litio (2%) y plata (1%).
• En las últimas dos décadas, Áncash ha sido la región que recibió mayores transferencias por canon y regalías: S/ 14.890 millones. Le siguen Arequipa (S/8.721 millones), Cajamarca (S/ 7.581 millones) y Apurímac (S/ 1.288 millones).

El 2020 ha sido un año excepcionalmente difícil en la historia reciente por la pandemia de la COVID-19. Si bien se han logrado avances en el desarrollo de vacunas, el aumento de la pobreza ocurrido el año pasado parece que no se revertirá en el 2021, señaló el Banco Mundial.

Se calcula que en el 2021 la cantidad de pobres surgidos como consecuencia de la COVID-19 aumentará a entre 143 millones y 163 millones de personas a nivel mundial, mientras que el número de nuevos pobres surgidos en el 2020 a causa de la pandemia oscila entre 119 millones y 124 millones. 

Si bien las estimaciones para 2021 son aún muy preliminares, muestran que para millones de personas de todo el mundo esta crisis no será efímera. Tras la crisis financiera asiática, 42 millones de personas salieron de la pobreza extrema en 1999 y, en promedio, 54 millones de personas lograron escapar de la pobreza extrema cada año durante las dos décadas anteriores a la pandemia.

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Impacto

El agravamiento del impacto de la pandemia ha cambiado drásticamente las proyecciones a lo largo de este año, en particular cuando se las compara con las tasas de crecimiento de abril. Esto se debe principalmente a que las previsiones para Asia meridional han empeorado, lo que también ha modificado el perfil regional de los nuevos pobres surgidos con la COVID-19.

Es importante señalar que en los últimos años, incluso antes de la pandemia, las estimaciones de la pobreza de Asia meridional presentan un considerable grado de incertidumbre debido a que no se dispone de datos de encuestas de hogares de India posteriores a 2011-12.

«El continuo empeoramiento de las perspectivas de crecimiento que observamos durante el último año podría indicar lo contrario. El aumento de la desigualdad es otro riesgo negativo que no hemos analizado aquí. Tal vez la única certeza de esta crisis es que verdaderamente no tiene precedentes en la historia moderna», indicó el Banco Mundial.