Puno, una región donde campea la informalidad y la pobreza

La región Puno aportó en los últimos quince años un promedio del 2% del PBI nacional, además de registrar un crecimiento de alrededor del 3,7% anual. En 2022, el PBI de Puno alcanzó una expansión de 3,3%, por encima del promedio nacional (2,7%) y logró un crecimiento acumulado del 70% con respecto al año 2007.

Entre los sectores con mayor dinamismo en el último quinquenio (2018-2022) sobresale Telecomunicaciones (32,9%), seguido por Agropecuario (27,4%) y Electricidad, gas y agua (23,7%). Por otra parte, los sectores que han tenido una baja performance son Minería e hidrocarburos (-41,0%) y Alojamiento y restaurantes (-28.2%).

Los sectores con mayor aporte al PBI de la región son Otros Servicios (23,3%), Agropecuario (17,5%) y Comercio (12%), que en conjunto representan el 52,8% de la producción total. Les siguen Construcción (9,3%), Manufactura (8,5%) y Administración pública (8,4%). Al otro extremo, con una baja participación figuran Transporte, Minería e hidrocarburos, Telecomunicaciones, Electricidad, gas y agua, Alojamiento y restaurantes y Pesca, que en conjunto representan el 21% de su PBI.

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El empleo informal avanza a paso firme

Informalidad y pobreza

Según información de la Encuesta Nacional de Hogares 2022 (ENAHO), Puno tiene una tasa de informalidad laboral del 90,2%. Se trata de aproximadamente 756.539 trabajadores, de los cuales el 41,8% se encuentran empleados en el sector Agropecuario. Le siguen Comercio (15,8%), Construcción (10,6%) y Manufactura (7,7%). Cabe resaltar que Puno es la cuarta región, excluyendo a Lima, con el mayor número de trabajadores informales (756 mil), por detrás de Piura (825 mil), La Libertad (773 mil) y Cajamarca (760 mil).

En lo que respecta al empleo formal, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a febrero  del 2023, la región tiene solo 33.628 trabajadores formales. De ese total, el 50,7% labora en el sector Servicios, el 15,9% en Comercio y el 17,4% en Minería. Es importante advertir que, el empleo formal viene contrayéndose desde noviembre  del 2022 por la conflictividad social y ha caído en 11,1% respecto a febrero del año pasado.

Puno se ubica entre el grupo de regiones con la mayor incidencia de pobreza, en un rango entre 39,4% y 43,3% de su población, resultado que se ha mantenido en los últimos cuatro años. Además, alrededor del 36,5% de su población tiene la condición de vulnerable y corre el riesgo de caer en pobreza por distintos factores como ciclos negativos de la economía, factores climatológicos o conflictos sociales, los que ocasionan pérdidas considerables de empleo.

Esta problemática de falta de generación de empleo formal y alta pobreza hace que las familias traten de realizar alguna actividad productiva para generar sus propios ingresos. El IEDEP ha estimado que en Puno existen 179.932 unidades productivas de hogares, de las cuales 146.829 (81,6%) no cuentan con RUC, es decir son negocios informales.

De este total, el 41 % se dedican al Comercio y 15% al sector Transporte y almacenamiento. Cabe destacar que ambos sectores se complementan con el alto tránsito de mercancías presentes en la frontera con Bolivia. Los negocios informales en los sectores Manufactura y Restaurantes y hoteles alcanzan una participación del 15% y 10%, respectivamente.

Poco aporte al fisco

El tamaño de la economía informal puneña llevó a que los ingresos tributarios de la región en el  2022 ascendieran a S/ 421 millones, lo que apenas representa el 0,3% de los tributos internos. Con Puno, hay además 18 regiones en el país cuyo aporte tributario se encuentra por debajo del 1%.

Algo similar ocurre con el financiamiento en la región. Los créditos totales otorgados a familias y empresas de Puno ascienden a S/ 4.912 millones, provenientes fundamentalmente de la banca múltiple y las cajas municipales, representando el 1,2% de los créditos a nivel nacional. A su vez, los depósitos ascienden a S/ 3.033 millones (0,7% del total nacional), de los cuales el 49% se encuentra en la banca múltiple y el 32,2% en el Banco de la Nación.

Infraestructura crítica depende del sector público

Según la Cartera de Proyectos de Inversión (CPI) edición 2023, elaborada por el IEDEP, Puno cuenta con un total de 65 proyectos por un valor superior a US$ 4.925 millones presentes en casi la totalidad de sectores económicos con la excepción de hidrocarburos. La CPI 2023 incluye, además, más de 1.300 megaproyectos de infraestructura pública y privada cuya inversión individual pendiente superaría los US$ 10 millones a desarrollarse en los próximos años.

El mayor número de proyectos (42) se concentra en Sectores diversos, que engloba a saneamiento, educación, salud y ambiente, por un total de US$ 1.807 millones. Cabe señalar que todos son proyectos a desarrollarse como obras públicas. Le siguen el sector Transporte, con 17 proyectos por US$ 1.038 millones, también en manos del Estado.

Además, en el sector Electricidad se tienen tres proyectos en manos de Osinergmin. Se trata de las concesiones de las centrales Hidroeléctricas Anto Ruiz III y Anto Ruiz IV y San Gabán III, por US$ 1.274 millones, de los cuales solo la última cuenta con un avance del 30%. También se tiene en este sector el proyecto de Instalación del servicio eléctrico rural de las localidades del sector 1, de las provincias Melgar, Lampa, Azángaro, San Antonio de Putina y Carabaya, a cargo del Gobierno Nacional y que cuenta con una inversión pendiente de US$17 millones.

En Minería se registran dos proyectos, Coroni y Ollachea, por una inversión conjunta de US$ 789 millones. Ambos se encuentran en fase de construcción y deberían estar operando en 2026.

Como conclusión general, podemos afirmar que Puno necesita un shock de inversiones que eleven la competitividad y productividad de tal manera de contribuir al fortalecimiento del lado formal de la economía. Una posibilidad es el desarrollo del proyecto minero Falchani, el cual puede generar ingresos por la exportación de litio y recursos por canon para beneficio de la región. Esperemos que ese shock de inversiones se dé para el desarrollo y bienestar de la población puneña.