Perú continúa descendiendo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional. La corrupción en Latinoamérica es un problema que viene extendiéndose, y nadie parece encontrar una solución.

De acuerdo al informe, más de dos tercios de países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos sobre 100, evidenciando la fragilidad de los esfuerzos anticorrupción. Para el informe del presente año, se ha hecho énfasis en la relación entre la corrupción y la crisis climática, indicando que los altos niveles de corrupción son un obstáculo en la adopción de políticas efectivas y permiten el mal uso de fondos destinados a combatir el cambio climático.

Perú baja su puntaje en el IPC

En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, mencionan que Perú registró su mayor caída en el ranking desde 2012, descendiendo del puesto 101 al 127. La puntuación se redujo de 33 a 31 en el último año y ha perdido cinco puntos en los últimos dos años, pasando de 36 en 2022 a 31 en 2024.

Precisan que entre los factores que han provocado este descenso se encuentra la desactivación de equipos especializados en la lucha anticorrupción y la aprobación de leyes que favorecen la impunidad y han debilitado los esfuerzos para combatir este problema.

Crisis climática

Los altos índices de corrupción han provocado que la crisis climática no se combata con los recursos necesarios, en especial cuando se trata de la gestión de los recursos destinados a la protección ambiental.

Un registro alarmante es que, desde 2019, ocurrieron 1,013 asesinatos de activistas ambientales en países con puntuaciones del IPC inferiores a 50, como fue el caso de Brasil. En cuanto a Perú, obtiene 31 puntos y está dentro del grupo de alto riesgo.

¿Qué es el Índice de Percepción de Corrupción?

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es el principal indicador mundial que mide la percepción de la corrupción en el sector público. Creado en 1995, su metodología fue ajustada en 2012 para garantizar una comparación anual más precisa entre países.

Su cálculo se basa en la estandarización de datos provenientes de 13 fuentes externas, incluyendo instituciones multilaterales, fundaciones privadas y think tanks de prestigio, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y The Economist Intelligence Unit.

El IPC se interpreta en una escala de 0 a 100, donde un puntaje más alto indica menor percepción de corrupción, mientras que un valor más bajo señala una corrupción más generalizada.

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Fabián Espejo, coordinador de acción colectiva anticorrupción de United Nations Global Compact, participó en el IV Foro Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde habló sobre la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Para Espejo, los ciudadanos desempeñan un rol crucial cuando la corrupción pasa por alto los mecanismos democráticos, especialmente cuando el corrupto busca excluir a la ciudadanía de las decisiones públicas. En ese sentido, consideró que el Estado, en ocasiones, no brinda a los ciudadanos el mismo acceso al espacio y la información necesarios para combatir este tipo de delitos. Sin embargo, está claro que la participación ciudadana contribuye a fortalecer las instituciones y mejora la actitud de los servidores públicos.

¿Cómo puede la ciudadanía combatir la corrupción?

El rol de la ciudadanía es fundamental en la lucha contra la corrupción, hoy considerada multidimensional y que requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector privado. Espejo sostiene que todos estos actores deben proponer soluciones de amplio alcance, basadas en testimonios y experiencias.

La participación ciudadana puede ejercer una presión positiva que ayude a reducir los actos delictivos, considerando que el corrupto busca apropiarse de las instituciones para beneficiar a sectores privados involucrados en dichos delitos.

Por último, el experto en implementación de programas y políticas anticorrupción mencionó que debe impulsarse una acción colectiva anticorrupción que contemple tres puntos clave: reunir a diferentes actores y grupos de interés para abordar problemas comunes; elevar los estándares en la identificación de enfoques transversales que enfrenten la corrupción y otros asuntos relacionados con el desarrollo y la justicia social; así como promover la colaboración y cooperación entre los sectores público y privado, la sociedad civil y organizaciones internacionales.

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Transparencia Internacional nos dio un golpe de realidad al Perú en materia de corrupción. El delito está impregnado en los sectores privados y públicos, con casos muy cuestionables que desestabilizan completamente a la nación en cuanto a la percepción de la ciudadanía. Según el índice de percepción, desde 2022 hasta septiembre de 2023, las polémicas decisiones en los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, así como las decisiones del Congreso de la República y los retrocesos en leyes anticorrupción, son elementos que han provocado una caída en el ranking.

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), mostró su preocupación por el índice de corrupción en el Perú, lamentando que ahora el país esté en el tercio inferior de las naciones más corruptas del mundo, al nivel de Angola y Mongolia. «Nos perjudica en el aspecto económico, afecta el crecimiento por la competitividad del país«, señaló. Para el máximo representante del gremio, la corrupción está ubicada en dos partes: el sector privado que corrompe y el funcionario público que lo acepta.

De La Tore pidió que desde el gobierno exista transparencia en relación con la información sobre las compras que realiza el Estado y que se analice el tema ético en los funcionarios públicos. Asimismo, recordó que en la CCL implementaron un programa de semillero destinado a los futuros funcionarios y servidores públicos, donde se les está formando en valores, ética y gestión pública.

$72 mil millones se perdieron por la corrupción en el Perú

24 mil millones de dólares ha sido el costo de la corrupción en el Perú en el último año. En total, se han perdido 72 mil millones de dólares. Al respecto, De La Tore no ocultó su malestar: «Es otro flagelo que tenemos que combatir porque con esa cantidad de dinero podríamos haber construido 50 hospitales de primer nivel y creado un millón de empleos. El costo es altísimo. La Contraloría de la República calcula que por cada 100 soles invertidos, el 12,7 % es absorbido por la corrupción«.

Estas cifras evidentemente nos dicen que el país todavía tiene un largo camino por recorrer para mejorar, pero es inevitable que muchos sectores se vean perjudicados, tal y como lo manifiesta el propio presidente de la CCL: «La población más vulnerable es la perjudicada. Un país visto con mucha corrupción provocará que los inversionistas extranjeros o nacionales no se involucren porque enfrentarán sobrecostos«.

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El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto De La Tore informó que, desde el año 2021 al 2023, la corrupción ha generado al país pérdidas económicas ascendentes a S/ 72 000 millones.

Durante la inauguración de la segunda edición del programa de capacitación “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos” que promueve la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, sostuvo que, solo en el último año, se perdieron S/ 24 000 millones. Con esta alarmante cifra, dada a conocer por la Contraloría General de la República, se hubiera podido financiar la construcción de 50 hospitales, 1 600 modernos colegios, o la creación de más de un millón de puestos de trabajo.

“Cuando los recursos del Estado se desvían a través de prácticas corruptas, el peor impacto lo reciben las poblaciones más vulnerables, puesto que se limita la inversión en infraestructura, salud, educación y otros sectores esenciales para el desarrollo”, manifestó.

Subrayó “que un país percibido como corrupto reduce significativamente la entrada de capital extranjero y aumenta los riesgos para los inversionistas”.

Además, según el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2023, elaborado por Transparencia Internacional, señala que el Perú cayó del puesto 101 al 121 desde el 2012, ubicándolo en el tercio inferior de países más corruptos del mundo, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.

Ante el crítico panorama, De La Tore sostuvo que hoy es necesario actuar de manera oportuna Por ello, destacó la iniciativa “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos”, el cual tiene por objetivo despertar en los jóvenes el interés de trabajar en el aparato estatal con el fin de mejorar los estándares del servicio para la ciudadanía, cerrando así la brecha de desigualdad y contribuyendo al desarrollo del país.

Precisamente, en esta segunda edición, la CCL ha logrado convocar a más de 450 universitarios con alto rendimiento académico y que formarán parte de un selecto grupo de 60 integrantes.

De La Tore señaló que el II Semillero representa para el gremio empresarial un aporte importante para contribuir a la lucha contra la corrupción, mal que genera retraso en la economía del país, desalienta la inversión, incrementa la pobreza y perjudica a las instituciones.

Formación de mejores servidores públicos

Por su parte, el vicepresidente de la CCL y presidente la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que el II Semillero los jóvenes no solo aprenderán a ser mejores servidores públicos; sino también a ser guardianes de la integridad y la justicia, para construir un futuro más equitativo y transparente.

“En este espacio fortaleceremos los valores, la ética y el sentido de responsabilidad; forjaremos un compromiso inquebrantable con la transparencia y adquirirán una profunda conciencia en la toma de decisiones, pues como futuros funcionarios, tendrán un impacto directo en la vida de millones de personas”, manifestó.

Hernán Lanzara enfatizó que los jóvenes admitidos son la generación que puede redefinir lo que significa ser un funcionario público, exhortando a que sean líderes desafiando el status quo con el fin de establecer un nuevo estándar de excelencia en el servicio público.

Cabe mencionar que durante el encuentro se contó con la presencia de Cecilia Blume, presidenta de CB CONSULT; Fernando Hurtado, subsecretario de la Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Secretaría de la Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; Luis Felipe Quirós y José Reaño, miembros de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL; Nelly Gamarra, directora de Normatividad, Asuntos Regulatorios y Comisiones de la CCL, entre otros personalidades.

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Con el fin de compartir experiencias y prácticas para promover la integridad en el sector empresarial, el primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara Lostaunau, participó en la ‘9na Semana Regional de Integridad Empresarial en América Latina’, convocada por Alliance for Integrity y GIZ, que se realizó en la ciudad de Santiago, Chile.

Durante el desarrollo de este evento internacional, Lanzara presentó la ‘Guía de Buenas Prácticas de Integridad Empresarial en el Perú’, elaborada con el Capítulo Peruano de Alliance for Integrity, en la cual se fomenta el intercambio de experiencias, acciones e innovaciones que el sector empresarial peruano viene desarrollando en materia de integridad y prevención de la corrupción.

En el bloque ‘Comunicación de buenas prácticas en Integridad, un incentivo empresarial’, que se llevó acabo el miércoles 28 de agosto, el representante de la CCL explicó las iniciativas y experiencias positivas que han realizado diversas empresas privadas en ‘Compliance con Perspectiva de Género’, ‘Campañas de Comunicación para el Cambio Cultural’ y ‘Prevención y Lucha contra la Corrupción’.

“Para la primera edición de esta publicación, las organizaciones que forman parte del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity, como la CCL, la Cámara Peruano-Alemana y Empresarios por la Integridad, realizamos una convocatoria, donde recibimos propuestas que fueron evaluadas por un Comité Calificador, y que seleccionó 20 buenas prácticas de 15 empresas de diferentes sectores económicos”, comentó el representante del gremio empresarial.

En su condición de presidente del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en Perú, Hernán Lanzara, mencionó que fue invitado a este evento internacional para presentar esta Guía como un ejemplo de las acciones e innovaciones que el sector empresarial de nuestro país viene aplicando en sus organizaciones.

Semillero para Futuros Funcionarios Públicos

Además, en la actividad, Lanzara Lostaunau presentó la iniciativa ‘Semillero de Formación de Futuros Funcionarios y Servidores Públicos’, impulsada por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el cual es un aporte que radica en trabajar con jóvenes y futuros profesionales con vocación hacia la carrera pública, reforzando su formación en valores, ética y gestión responsable.

“Ya contamos con una primera promoción de estudiantes, algunos de los cuales ya se están desempeñando en la administración pública, y otros están próximos a postularse a instituciones públicas al concluir su formación profesional”, refirió el segundo vicepresidente de la CCL.

También, el representante del gremio empresarial comentó que este programa que iniciará el próximo 5 de septiembre ya cuenta con más de 450 inscritos.

“No solo hemos presentado esta iniciativa en la Semana Regional de Integridad en Santiago, sino que también se expuso sobre el Semillero en la Cámara de Comercio de Santiago, gracias a la gentil invitación de María Teresa Vial, su presidenta. Aspiramos a que los participantes en ambos foros encuentren valor en nuestra propuesta y puedan implementarla en sus respectivos países”, puntualizó.

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¿Cuáles son sus impresiones sobre el mensaje presidencial de la presidenta Dina Boluarte?

Si bien la señora presidenta señaló que ni ella ni sus ministros están vinculados a actos de corrupción e invitó a la ciudadanía a formular las denuncias correspondientes si encontraran evidencia de algún ilícito y reiteró que la lucha contra la corrupción continuará durante su mandato, haciendo referencia al impulso a la meritocracia y servicio civil y la implantación de mecanismos de prevención de delitos en la administración pública a todo nivel (nacional, regional, local), sin embargo, encontramos que hay ausencias importantes en su discurso, siendo una de ellas la ausencia de autocrítica.

¿Cuáles fueron las ausencias en sus más de cinco horas de discurso?

En su amplio informe no se da cuenta sobre procedimientos o sanciones que se hayan impuesto a malos funcionarios públicos por haber incurrido en actos de falta de integridad o corrupción. En una situación como la que se vive en el país con cifras que superan dos decenas de miles de millones de soles de pérdidas por año, consecuencia de la corrupción, el ejemplo de Machu Picchu para significar la lucha de su gobierno contra la corrupción tal vez no es el mejor.

Esperábamos, junto con otras instituciones del sector empresarial, de la sociedad civil, especialistas y la academia, que la señora presidenta hiciera una invocación o llamado al Congreso para mantener las normas y mecanismos que buscan enfrentar la corrupción (colaboración eficaz, meritocracia, responsabilidad de las organizaciones políticas, entre otras), pero tal pronunciamiento no se produjo.

La ciudadanía espera un mayor deslinde y que se den a conocer casos y actos concretos que den señales claras de la manera como su gobierno está haciendo frente a esta lacra social.

¿Qué otras propuestas no se presentaron para el desarrollo del sector empresarial?

Los ciudadanos tampoco escuchamos avance alguno sobre la reducción de la tramitología y burocracia que propicia espacios para actos ilícitos; tampoco sobre la mejora de los canales de denuncia a fin de garantizar la protección del denunciante de ilícitos contra la integridad, ni sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del proceso de vinculación del Perú a la OCDE, específicamente en materia de transparencia e integridad.

¿Qué propuestas ha delineado la OCDE en materia de lucha contra la corrupción? y ¿cómo el país podría aprovecharlas?

Según el informe de las ‘Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), resaltamos las tres principales recomendaciones, las cuales son:

1. Integridad pública: la OCDE sugiere que los países utilicen indicadores y datos confiables para tener una correcta evaluación de riesgos con el objetivo de elaborar una estrategia para que puedan tener un plan de trabajo institucional con la finalidad de mitigar los riesgos de integridad en el sector público.

2. Financiamiento político: Las donaciones privadas. Es de suma importancia revisar la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, específicamente sobre el financiamiento privado. De acuerdo al último informe de la OCDE, la transparencia del financiamiento en los partidos políticos es importante, pues siempre que se pueda acceder a dicha información con fluidez, se podrá verificar que los fondos que se transfieran a dichos partidos no excederán el límite permitido y, por tanto, no habrá gastos indebidos.

3. Anticorrupción en apoyo a la transición verde: el mejor aliado para la lucha contra la corrupción es la participación activa, transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de impulsar las prácticas ambientalmente sostenibles.

¿Qué acciones deberían realmente realizar el Congreso y el Poder Ejecutivo en materia del combate contra la corrupción?

Algunas de las acciones necesarias y de las que ya nos hemos ocupado anteriormente son asegurar mejoras en la designación y contratación de servidores y funcionarios públicos, con mecanismos para verificar, de manera previa, su capacidad profesional y moral; y, en el caso de funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo directivos de organismos constitucionales autónomos, que el proceso de selección sea llevado a cabo por un ente profesional, técnico, independiente y sin ninguna vinculación partidaria o política o de otro orden.

También, apostar por las prácticas de Gobierno Abierto; digitalizar la información para asegurar la transparencia, eficiencia y trazabilidad en los procesos; supervisar la presentación de las declaraciones juradas de intereses, sin excepción, e implementar acciones de prevención y gestión oportuna de posibles conflictos de intereses y transparentar la agenda de los funcionarios a todo nivel implementando un registro de visitas en línea, con la relación de reuniones, audiencias de gestión de intereses y actividades.

Además, es importante consolidar la función de integridad en todas las entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos subnacionales, dotándoles de los recursos necesarios para su operación, así como de sus atribuciones, y competencias y mejorar el Canal Único de Denuncias del Ciudadano para proteger a los denunciantes, entre otras.

¿Qué estrategias debería tomar en cuenta el Gobierno para ser un país más íntegro y luchar frontalmente contra la corrupción?

Necesitamos instaurar la meritocracia como piedra angular del servicio civil, con foco en la capacidad profesional y moral de los funcionarios públicos, y promover su formación y capacitación permanente.

La justicia en nuestro país, a pesar de muchos magistrados y funcionarios probos, adolece de fragilidad. Es necesario promover un sistema de justicia que funcione, debido a que el principal problema del país es la impunidad.

Hay que reducir la tramitología y los procedimientos a fin de restringir las oportunidades para actos ilícitos y defender los avances en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Las reformas alcanzadas vienen siendo debilitadas y es necesario defenderlas: se ha desnaturalizado el concepto de crimen organizado, hay proyectos de ley que modificarían los procedimientos en materia de lavado y otros temas que generan preocupación. Entonces, es de suma importancia revisar la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, específicamente sobre el financiamiento privado.

También hay que trabajar en la educación de los ciudadanos desde la niñez, la conciencia social y la formación de valores, y en el mundo actual, trabajar herramientas que nos permitan hacer frente a los retos que impone la IA, las economías criminales y las grandes redes de corrupción global.

¿Cómo el Gobierno debería restaurar la confianza en el liderazgo con la ciudadanía y el empresariado?

Construir confianza es uno de los retos más importantes del Estado y de cualquier gobierno. La verdad, no se necesita mucho: compromiso, convencimiento y voluntad política para que tenga éxito. La confianza de la ciudadanía se adquiere con las acciones y hechos concretos, no con los discursos.

La transparencia y rendición de cuentas son sustantivas para iniciar y dar continuidad a cualquier proceso orientado a restaurar la confianza en el Ejecutivo y las instituciones del Estado. Hay que promover el Gobierno Abierto y acercarse a la ciudadanía, propiciando su participación; trabajar con las organizaciones empresariales y de toda índole e involucrarlas en la generación de políticas públicas, por ejemplo.

Es importante que las leyes contra la corrupción, y aquellas que favorecen la transparencia y meritocracia, para su aprobación y modificación requieran mayorías calificadas de congresistas.

¿Cuál es su opinión respecto a que el Congreso de la República ha dispuesto la promulgación de la nueva ley sobre el crimen organizado, ya que el Poder Ejecutivo no la ha observado?

Las modificaciones a la ley del crimen organizado que ha sido promulgada por el Congreso ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país, ya que es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen «la cadena de valor de un mercado o economía ilegal», con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de cohecho, colusión simple, así como extorsión, secuestro, que tienen en zozobra a la población.

Además, cuestionamos su modificación porque considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción. Esta ley de impunidad termina favoreciendo a grupos criminales y perjudica el trabajo tanto de la Policía Nacional del Perú como del Ministerio Público.

De esta manera, las recientes acciones del Congreso aprobando modificaciones legislativas que debilitan la colaboración eficaz, que liberan de responsabilidad penal a los partidos políticos ante supuestos ilícitos por falta de transparencia, sumadas a los intentos parlamentarios por derogar la Ley del Servicio Civil y otras normas que intervienen en el desempeño de distintas organizaciones e instituciones de la sociedad, evidencian una distorsión del marco legal que perjudica severamente el trabajo anticorrupción, favoreciendo a la impunidad y la comisión de delitos.

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Por: Meyby Gabriela Terán Guevara

Universidad San Ignacio de Loyola / Carrera Derecho

A pocas semanas del 28 de julio, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, señala que el próximo mensaje a la nación será un ‘’llamado a la unidad y a la confianza’’. Pero ¿qué es lo que nuestra generación espera realmente? Cada año, el presidente debe brindar una declaratoria que exponga la situación del país y las mejoras que considere realizar. En un periodo plagado de casos de corrupción y actos antiéticos, en el que como jóvenes es imposible que la desesperanza y resignación no toque a nuestras puertas, lo que esperamos como generación, más allá de un mensaje de unidad y confianza, es un discurso con planes de acción claros y con un abordaje ético.

Hace poco leía una nota periodística realizada al Sr. Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en la cual señalaba que, tan solo en 2023, los actos de corrupción de organismos e instituciones estatales generaron S/ 24 millones de pérdidas para el país, y que con dicho dinero se pudieron construir 50 hospitales. Ello no es solo alarmante, sino que representa la megamagnitud del problema de la corrupción y su impacto directo en el bienestar de la población. Por ende, esperamos que el próximo mensaje a la nación incluya principalmente una mención al abordaje de la corrupción y de la ética.

La corrupción es una problemática que destroza la confianza en las instituciones estatales e impide el desarrollo adecuado de nuestro país. Tomando en cuenta todos los actos de corrupción revelados en lo que va del año de legislatura de la presidenta, deseamos que el próximo mensaje incluya compromisos claros y acciones concretas que el Estado tomará para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno.

Consideramos necesario que se demuestre un compromiso firme en la implementación de políticas de integridad y de fortalecimiento de los mecanismos ya existentes de control y supervisión. Como se señalaba en el párrafo anterior, existió una pérdida de S/ 24 millones debido a la corrupción, tan solo el año pasado, y ello es un claro ejemplo de cómo los recursos que deberían utilizarse a mejorar la vida de los ciudadanos son desviados y se pierden. Tal y como se mencionaba, con dicha cantidad de dinero se podrían haber construido 50 hospitales, lo que significa que se pudo impactar positiva y grandemente en el acceso a la salud. Las pérdidas de este tipo afectan de manera directa a la calidad de vida de la población y minan el desarrollo social y económico de nuestro país.

Asimismo, esperamos que la presidenta mencione la formación de valores éticos y cívicos, ya que es esencial para combatir la problemática, incluyendo que en el sistema educativo se inicien programas robustos que instruyan sobre la importancia de la honestidad, responsabilidad y transparencia, ya que solo así se formarán ciudadanos comprometidos con el bien común y líderes que guíen al país más justa y equitativamente.

El integrante de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) Guillermo Miranda entrega el reconocimiento a Meyby Gabriela Terán Guevara, quien obtuvo el primer lugar en el Concurso de Ensayos sobre sus expectativas del mensaje presidencial por Fiestas Patrias.

Por: Luis Gean Carlo Sarmiento Zamora

Universidad Tecnológica del Perú / Carrera Derecho

El próximo mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte ha generado grandes expectativas entre nosotros los jóvenes, una generación que ha crecido en un contexto de rápidos cambios sociales, políticos y tecnológicos. Este discurso no es solo una oportunidad para delinear políticas y objetivos gubernamentales, sino también un momento clave para conectar con las preocupaciones y aspiraciones de una población joven que busca ser escuchada y representada.

En primer lugar, mi generación espera que la presidenta Boluarte aborde de manera clara y concreta el tema del empleo juvenil. La tasa de desempleo entre los jóvenes en el Perú es alarmantemente alta, y muchos se enfrentan a la precariedad laboral, incluso aquellos con títulos universitarios. Necesitamos políticas que promuevan la creación de empleos de calidad y programas de capacitación que nos preparen para un mercado laboral en constante evolución.

Además, es crucial que el discurso incluya medidas para mejorar el acceso a la educación. La pandemia de covid-19 reveló las profundas desigualdades en el sistema educativo, con muchos estudiantes que no pudieron acceder a la educación virtual debido a la falta de recursos tecnológicos. Esperamos que la presidenta presente planes para invertir en infraestructura educativa, así como en programas de becas y apoyo financiero para estudiantes de bajos recursos.

Otro aspecto fundamental es la salud mental. La pandemia también ha tenido un impacto significativo en el bienestar emocional de los jóvenes. La ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental han aumentado considerablemente. Esperamos que la presidenta Boluarte reconozca esta crisis y proponga políticas para mejorar el acceso a servicios de salud mental, incluyendo la capacitación de profesionales y la creación de espacios seguros para aquellos que buscan ayuda.

La lucha contra la corrupción es otro tema que no puede ser ignorado. Mi generación está cansada de ver cómo la corrupción ha socavado las instituciones y la confianza en el Gobierno. Necesitamos un compromiso firme y acciones concretas para combatir la corrupción en todos los niveles, y esperamos que la presidenta Boluarte aborde este problema con determinación y transparencia.

En cuanto al medioambiente, la juventud es muy consciente de los desafíos que plantea el cambio climático. Queremos ver políticas que promuevan la sostenibilidad y la protección de nuestros recursos naturales. Esperamos que la presidenta presente planes para fomentar la energía renovable, reducir la deforestación y proteger la biodiversidad de nuestro país.

Finalmente, mi generación espera un mensaje que promueva la inclusión y la igualdad. El Perú es un país diverso, con una rica mezcla de culturas y tradiciones. Es fundamental que el discurso de la presidenta Boluarte refleje este aspecto y abogue por políticas que promuevan la igualdad de género, los derechos de las comunidades indígenas y afroperuanas, y la inclusión de todas las minorías.

En conclusión, el próximo mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte es una oportunidad para que nuestra generación vea reflejadas sus preocupaciones y aspiraciones. Esperamos un discurso que no solo aborde los problemas inmediatos, sino que también ofrezca una visión a largo plazo para un Perú más justo, equitativo y próspero. Estamos atentos y deseosos de escuchar propuestas concretas que impulsen el cambio y el progreso en nuestro país.

El integrante de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL Guillermo Miranda entrega el reconocimiento a Luis Gean Carlo Sarmiento Zamora, quien obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Ensayos sobre sus expectativas del mensaje presidencial por Fiestas Patrias.

Expertos en seguridad y lucha contra la corrupción identificaron que algunos de los principales motivos del aumento de la inseguridad y el crimen organizado en el país derivan de la insuficiente inversión para erradicar cultivos ilícitos de hojas de coca y la falta de un plan para prevenir el avance de organizaciones delictivas transfronterizas.

Además, estos especialistas coincidieron, a través de una mesa redonda, organizada por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en que estos problemas que afronta el país se deben por el ingreso de organizaciones criminales por las fronteras y la inacción del Estado que no cuenta con un plan integral para combatir actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.

En el marco de este evento, denominado ‘Desafíos de las Economías Criminales al Estado de Derecho: Perspectivas en América Latina y el Perú’, Hernán Lanzara, primer vicepresidente y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, indicó que el tráfico de estupefacientes, con un aumento del 76 % en la superficie cultivada de hoja de coca entre 2018 y 2022, y un incremento del 63 % en la producción de cocaína, plantea serios desafíos para la seguridad y gobernabilidad del país.

“Estos problemas se ven agravados por factores endógenos como la pobreza y la falta de oportunidades económicas legales, así como por factores exógenos como la alta demanda de oro, cocaína y otros recursos naturales en el mercado internacional. Estas economías criminales socavan el estado de derecho al debilitar las instituciones y fomentan la corrupción, pero, además, impactan negativamente al distorsionar el mercado y privar al Estado de ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos”, comentó el representante del gremio empresarial.

Asimismo, el primer vicepresidente de la CCL sostuvo que la minería ilegal se ha extendido a 25 millones de hectáreas en 21 regiones de Perú, devastando nuestra Amazonía y el medio ambiente, superando la producción formal en varios países de Sudamérica. “Esta actividad no solo degrada nuestra riqueza natural, sino que está inextricablemente ligada al narcotráfico, la trata de personas y otros delitos graves”, agregó.

Inversión insuficiente

El director de la CCL, Jaime García, indicó que el presupuesto público para financiar la lucha contra el narcotráfico en el Perú hoy es insuficiente. En ese sentido, advirtió que esta situación resulta preocupante debido a que se ha reducido la inversión para erradicar los cultivos ilícitos de hoja de coca, insumo que es trasladado para la elaboración de cocaína en la selva.

«El Estado comenzó a hacer una inversión importante en el 2006 cuando destinaba US$ 29 millones y su pico más alto fue de US$ 191 millones en el 2015. Pero en la medida que se ha vuelto a reducir esta inversión en la lucha contra las drogas, los cultivos ilícitos han vuelto a subir», dijo el representante de la CCL.

A su turno, José Ugaz, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, sostuvo que una de las principales características de la criminalidad organizada de hoy es que tiene el control físico territorial debido a su capacidad potencial armada y penetración que tiene en el Estado.

“Óscar Naranjo, uno de los policías más conocidos por la captura del narcotraficante Pablo Escobar, indicó que estas organizaciones generan efectos en la sociedad; uno de ellos es que imponen las reglas de comportamiento a los ciudadanos producto de las extorsiones y otras prácticas ilegales. También coaptan las instituciones y esto se ve claramente en el contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas, entre otros”, dijo Ugaz.

Criminalidad transfronteriza

Por su parte, Víctor Hugo Guerra, director legal para la Prevención del Comercio ilícito para Latinoamérica, indicó que el Perú se ha convertido en un mercado atractivo para comercios ilegales; y debido a las fronteras que comparte con Bolivia, Colombia y Ecuador, se han vuelto rutas para los carteles de drogas y el oro ilegal.

Al respecto, David Luna, director ejecutivo de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE), explicó que tanto en el Perú como en Ecuador han observado que la criminalidad ha ido avanzando debido a la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico. No obstante, recalcó que los gremios empresariales juegan un rol importante debido a que pueden estimar los costos significativos que genera la inseguridad en los mercados.

En este aspecto, Carlos Basombrío, exministro del Interior y experto en seguridad, sostuvo que la economía criminal más grande en el Perú es la minería ilegal, según un trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Esta economía criminal tiende a tener cada vez más participación de organizaciones criminales transnacionales”, añadió.

Para combatir estas economías criminales, Juan Carlos Buitrago, experto en seguridad nacional, resaltó el trabajo que vienen realizando los gremios empresariales como la CCL para prevenir el avance de las economías criminales y organizaciones delictivas transfronterizas. A su vez, Lanzara precisó que se requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción en todos sus niveles y promover el fortalecimiento de la formalidad.

Mesa redonda

En la mesa redonda, llevada a cabo en la CCL, también participaron especialistas, líderes de opinión, representantes de gremios empresariales, funcionarios y la sociedad civil. En ese marco, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, indicó que el problema de fondo en el país es la impunidad que genera más corrupción e inseguridad ciudadana. “El Perú se ubica en el puesto 121 en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo cual es un cartel de invitación para las economías ilegales”, acotó.

Finalmente, Sonia Medina, exprocuradora Antidrogas, indicó que, como ciudadana, las cifras expuestas por los especialistas son preocupantes debido a que el Perú podría convertirse en un ‘narcoestado’, debido a que sus huestes han entrado hasta en la actividad política.

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“Implementar canales de denuncia en las pymes es fundamental para luchar contra la corrupción”

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció en contra del dictamen del proyecto de ley 5981/2023-CR presentado por el Congreso de la República, aprobado en primera votación, que propone modificar artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, advirtiendo que la iniciativa pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país y el pleno desarrollo de las inversiones. 

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Al analizar el dictamen, se observa que la modificatoria considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los seis años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción. 

El gremio empresarial también cuestionó otras disposiciones del dictamen como el allanamiento a las propiedades, el cual debe darse con la presencia del imputado y de su abogado. Ello implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones, facilitando así el eventual encubrimiento de información y elemento de prueba para la investigación.  

Asimismo, consideró como grave que se ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto. 

Comisión de Seguridad Ciudadana

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, expresó su preocupación al afirmar que, si el dictamen es aprobado, muchos de los delitos que hoy están tipificados en el Código Penal, dejarían de ser analizados bajo la perspectiva de crimen organizado.  

Para Giovanni Conetta, la norma “es una clara amenaza para la actividad empresarial y laboral, afectando también a la dinámica de las inversiones y el clima de negocios”. Supone además una clara afectación a la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y las economías ilegales; así como obstrucción a las funciones y las diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. 

Indicó que las empresas consideran diferentes aspectos para invertir en el país, siendo uno de ellos la seguridad jurídica, legal y social.

“En lugares de alta incidencia delictiva y la falta del imperio de la ley, los capitales extranjeros optarán por otros mercados más estables”, comentó. 

Sostuvo que actualmente no se han logrado avances significativos para reducir los niveles de delincuencia pese a la voluntad e iniciativa por parte del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional, instituciones que requieren de mayores recursos. 

Ciudadanos más expuestos a delincuencia

Ante estas observaciones que generan preocupación, la Cámara de Comercio de Lima invocó al Congreso de la República a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sentar su posición frente a esas modificaciones que, de prosperar, harán que los ciudadanos estén más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores. 

Así también, la CCL exhortó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) a sostener prontamente reuniones con los diferentes gremios empresariales para trabajar y definir una política clara contra el crimen organizado. 

LEER MÁS:

CCL: Dictamen sobre crimen organizado pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana

1. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que la aprobación, en primera votación en el Congreso de la República, del dictamen que propone modificaciones en artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.

2. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.

3. Asimismo, rechazamos que los allanamientos deban darse con la presencia del interesado y de su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones y facilitar el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.

4. También consideramos grave que se ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto.

5. Invocamos al Congreso de la República a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sentar su posición frente a esas modificaciones que, de prosperar, harán que los ciudadanos estemos más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores.

Usted participó en el evento “Género y Corrupción en el Perú” impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros, realizado el último 9 de mayo. ¿Por qué es relevante abordar estos temas?

Es de vital importancia abordarlos ya que afectan nuestros entornos laborales e inciden negativamente en el bienestar de los trabajadores y la productividad empresarial, pues no solo fomentan la impunidad, sino también un ambiente de miedo y desconfianza. Para ser más claros, la intersección entre la corrupción y el acoso sexual, así como su impacto en la participación y avance de las mujeres en sus carreras profesionales han trascendido como problemática global que afecta a grupos vulnerables.

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Durante su participación, mencionó que la corrupción puede crear entornos para el acoso sexual de modo que este será menos propenso a la sanción. ¿Qué dicen las estadísticas sobre este tema?

Partamos de que la corrupción erosiona la integridad de nuestras instituciones y debilita los sistemas de rendición de cuentas. Las estadísticas así lo evidencian. Conforme al estudio de Transparencia Internacional, en entornos con alta corrupción, las denuncias de acoso sexual son el doble de propensas a ser ignoradas, en comparación con entornos con baja corrupción.

El hostigamiento sexual laboral (HSL) constituye un abuso de poder que involucra un trato indigno, amenazante y perturbador para la víctima. En el caso de Perú, una de cada tres trabajadoras es hostigada sexualmente. Además, las mujeres sufren más hostigamiento sexual que los hombres, en una proporción de nueve a una aproximadamente, conforme al estudio de la CCL realizado con apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Española y ejecutado por la Universidad San Martín de Porres (UE-CE-CCL-USMP -2023).

El estudio también revela que los compañeros de trabajo perpetran más el acoso sexual que los jefes (poder tácito). Estos comportamientos no suelen ser incidentes aislados; más bien representan un patrón de comportamientos.

¿Anteriormente se contaba con este tipo de estudios? ¿Qué tanto afecta el acoso sexual al entorno empresarial?

No, gracias a este estudio es la primera vez que Perú logra evidenciar los altos costos invisibles que genera el hostigamiento sexual laboral ya que, en términos empresariales, disminuye la productividad e incrementa comportamientos contraproductivos. Ello demuestra que la violencia de género en las empresas no solo es un problema de carácter personal, sino de cultura organizacional por las actitudes gerenciales y la gestión inequitativa del tema.

Como lo comenté anteriormente, estos actos no solo fomentan un ciclo de impunidad, sino también un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Un ejemplo palpable se encuentra en ciertas industrias donde la «cultura del silencio» prevalece, permitiendo que figuras de poder cometan abusos sin que sean debidamente sancionados.

¿Qué tanto limitan el acoso sexual y la corrupción el avance profesional de las mujeres?

Según las estadísticas, las mujeres en entornos corruptos tienen un 30 % menos de probabilidades de alcanzar puestos de liderazgo. Esta dinámica no solo limita las oportunidades individuales, sino que también impide que nuestras organizaciones aprovechen plenamente la diversidad de talentos disponibles.

Un claro ejemplo de esto se observó en una corporación donde las promociones a posiciones directivas eran notablemente influenciadas por redes de favoritismo y sobornos, excluyendo efectivamente a las mujeres que no participaban en estos esquemas.

¿Las organizaciones ponen resistencias en el tema de prevención frente a esta problemática?

Podemos decir que existen importantes resistencias implícitas gerenciales que debilitan el compromiso consciente de las organizaciones. Viendo solo Lima, en una encuesta a 1 244 gerentes(as) provenientes de 374 empresas, se encontró que a mayores sesgos de género o creencias sexistas irracionales, se dan menores acciones de prevención en las empresas o un menor compromiso personal hacia la prevención (UE-CE-CCL-USMP, 2023).

Por otro lado, las crisis acentúan las inequidades y el hostigamiento sexual laboral. Por ejemplo, de 445 trabajadoras encuestadas de 76 empresas del norte del país, se incrementaron en seis veces los casos de HSL en el contexto de los desastres naturales. La misma medición se realizó en el sur del país, donde se ha evidenciado que el índice de HSL aumentó en un 50 %, es decir, de cada dos mujeres, una ha sufrido hostigamiento sexual en el trabajo.

Frente a ese contexto, es importante que las empresas no descuiden la gestión de la prevención del HSL durante periodos de crisis.

Finalmente, ¿qué acciones puede tomar el sector privado para frenar el vínculo de la corrupción y el acoso sexual?  

Es necesario impulsar la capacitación gerencial y aumentar la eficacia de los programas de prevención en las organizaciones, así como implementar herramientas y sistemas de gestión para poder generar buenas prácticas y, así, mitigar el acoso en el ámbito público y privado. Por ello es oportuna la adopción de códigos de conducta, auditorías regulares y canales seguros, prácticas recomendadas que han logrado resultados favorables.

Actualmente, varias empresas líderes vienen implementando programas de capacitación obligatoria sobre el acoso, políticas claras de denuncia y seguimiento, y sistemas de monitoreo independiente que han reducido los casos de acoso en más del 50 %. Ello demuestra que aquellas organizaciones que construyen modelos de gestión equitativo tienen menores niveles de HSL y mejores rendimientos productivos, volviendo a las empresas más rentables.

Por tanto, es imperativo tener un compromiso activo y continuo sobre el tema de acoso para poder crear entornos más justos, seguros e inclusivos donde todos tengan la oportunidad de prosperar sin miedo a ser marginados o acosados.

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Conozca las obligaciones del empleador en relación al hostigamiento sexual laboral

El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, saludó que una importante parte del articulado de la recientemente aprobada Ley General de Contrataciones Públicas haya recogido aportes que instituciones como la CCL hicieron para avanzar en la promoción de mecanismos de transparencia y garantizar la libre competencia en las contrataciones del Estado.

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Subrayó que la Cámara propone que se adopten mecanismos robustos que incrementen la participación de más postores y se implementen salvaguardas efectivas contra la corrupción.

Sin embargo, expresó su preocupación por la inclusión de una disposición que no contribuye a la lucha por la transparencia y la integridad en las contrataciones del Estado.

“Este nuevo marco legislativo -que deroga la Ley 30225- contiene una disposición que constituye una amenaza y que inclusive podría facilitar la corrupción y disminuir la competencia en el sector público”, advirtió Barrios respecto a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas que fue aprobada en el Congreso de la República, con 91 votos a favor, el pasado viernes 10 de mayo.

“Se impone barreras desproporcionadas a los contratistas, particularmente a través del controversial artículo 86°, el cual les exige el pago de una contracautela elevada para solicitar medidas cautelares en disputas contractuales. Esta es un 10 % adicional al 10 % del monto del contrato que ya se da como fianza de fiel cumplimiento. Esa es una exigencia que consideramos no solo inconstitucional, sino también un obstáculo directo a la justicia y a la libre competencia”, sostuvo el abogado y líder gremial.

Finalmente, Barrios instó a las autoridades a prestar atención a la cuestionada disposición y espera que el Ejecutivo la observe con el fin de garantizar que se fomente una verdadera transparencia en la contratación pública.

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“Rechazamos la corrupción venga de donde venga”

El segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de este gremio empresarial, Hernán Lanzara Lostaunau, fue elegido como presidente del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en Perú, para el periodo 2024-2025. En la vicepresidencia lo acompaña Rafael Fernández Stoll, vicepresidente de Proética

La Alliance for Integrity es una iniciativa global que apoya a las empresas comprometidas a combatir la corrupción de forma colectiva, para lo que ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento (compliance) de las compañías y de sus cadenas de suministro.

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Adicionalmente, contribuye a la mejora de las condiciones macro para impulsar el diálogo entre el sector público y el privado. La iniciativa se desarrolla en el Perú de manera conjunta con el Proyecto Construyendo Gobernanza con Integridad, de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ.

Respecto a su elección, Lanzara Lostaunau destacó que este es un reconocimiento a la Cámara de Comercio de Lima y a la labor que se realiza desde la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción con el fin de instaurar una cultura de integridad en el sector empresarial y en el país, que permita prevenir los actos de corrupción, promover la transparencia en la gestión pública y actuar con una visión ética.

Agregó que esta designación implica una gran responsabilidad personal e institucional, por lo que asume el cargo que deja Óscar Caipo con la voluntad de que “el trabajo conjunto con las demás entidades que integran el consejo deje huella en la complicada tarea de reducir y erradicar la corrupción en el país”.

“La lucha contra la corrupción en nuestro país es una tarea de larga data, que tiene que enfrentar distintas aristas, así como buscar diálogos y consensos entre los distintos actores del quehacer nacional, es decir, la academia, el empresariado, la sociedad civil y el sector público”, expresó.

Nueva etapa de Alliance for Integrity en el Perú

En cuanto a la principal tarea del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en Perú, adelantó que, durante su gestión, se enfocará en asesorar y apoyar el plan de acción que desarrolla el recientemente formado Hub Nacional de Alliance for Integrity que va a estar a cargo de la asociación Empresarios por la Integridad.

“De esta manera, se inicia una nueva etapa en el Perú, conformándose un área de ejecución que va a estar alojada en Empresarios por la Integridad. El rol de las 14 instituciones que integramos el consejo consultivo en el país va a ser el de asesorar, concertar  y buscar  espacios de diálogo y de opinión para que el plan que presente Alliance for Integrity en el Perú pueda llevarse a cabo, sobre todo ahora que también se ha invitado a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros para que se incorpore en calidad de experto observador”, anotó.

Aporte de la CCL

“Esperamos que, así como venimos haciendo propuestas en otros ámbitos de políticas públicas, la CCL pueda contribuir a mejorar las condiciones de la integridad en nuestro país. Estoy seguro de que, además de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, también harán lo propio las comisiones de Justicia y de Contrataciones del Estado porque están vinculadas al tema”, remarcó.  

Finalmente, Hernán Lanzara recordó que la CCL forma parte del Consejo Consultivo de Alliance for Integrity en Perú desde diciembre 2022 y, desde entonces, han trabajado con las distintas organizaciones que integran este foro, tales como Empresarios por la Integridad, Proética, la Universidad del Pacífico, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara Peruano-Alemana, entre otras instituciones, que tienen el acompañamiento y soporte del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

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Los jóvenes egresados del proyecto ‘Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos’, organizado por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), iniciaron las visitas guiadas a las principales instituciones públicas del país a fin de conocer cómo funcionan y cómo se viene aplicando el Modelo de Integridad Pública como herramienta de gestión para combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento de la administración pública.

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En esta oportunidad, los jóvenes universitarios en compañía de Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, iniciaron su visita en la sede institucional del proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario, donde hicieron un recorrido por las instalaciones y conocieron los proyectos que se realizan en infraestructura educativa a nivel nacional.

El recibimiento a los estudiantes estuvo a cargo de Álvaro Estrada, director ejecutivo de Escuelas Bicentenario, quien destacó que es un gran reconocimiento para su institución haber sido elegidos para el desarrollo de esta etapa del programa Semillero:

“Es un honor para nosotros ser un modelo para la nueva generación de funcionarios públicos que tendrán la responsabilidad de conducir los organismos del Estado en nuestro país”.

Por su parte, Sara Farfán, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), destacó esta iniciativa en la que los jóvenes del programa Semillero visitarán diversas instituciones públicas, del 29 de enero al 2 de febrero, para conocer el Estado por dentro.

“Necesitamos no solamente profesionales competentes, sino que entiendan que su labor va a dejar huella sobre todo si se desarrolla con integridad”.

En la actividad, también estuvieron presentes Fernando Hurtado, subsecretario de Gestión Estratégica de Integridad Pública de la PCM; Hugo Gómez, coordinador legal de Escuelas Bicentenario; César Rojas, director de la Unidad Funcional de Infraestructura Pública de Escuelas Bicentenario; y Karla García, directora de la Unidad de Recursos Humanos y encargada de la Oficialía de Integridad de Escuelas Bicentenario.

La Cámara conversó con la embajadora Ana Rosa Valdivieso, alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre los avances y desafíos que tiene el Perú para lograr su integración a este importante organismo internacional. La funcionaria los expuso en el III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los días 27 y 28 de noviembre pasado.

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¿Cómo va el avance del Perú en su proceso de adhesión a la OCDE?

Nuestro país ha emprendido un trabajo sin precedentes de cooperación y coordinación interinstitucional desde que fue invitado para iniciar el proceso de incorporación a la OCDE, el 25 de enero de 2022. Luego del trabajo multisectorial de autoevaluación contenido en el Memorando Inicial, entregado el pasado 7 de junio, para determinar el grado de adecuación a los estándares de la OCDE, a la fecha estamos en una fase de dar información. Esta es la etapa de resolución de cuestionarios remitidos por los comités de la OCDE que evaluarán la incorporación del Perú.

Como parte del proceso de adhesión, cada uno de los 24 comités evaluadores de la OCDE analizará y revisará la información que obtengan de los cuestionarios. De esto dependerá el envío de misiones de investigación y posteriores recomendaciones o propuestas de reformas.

¿Qué falta para acercarnos más al objetivo de incorporarnos a esta organización internacional?

El Perú busca mejorar sus políticas públicas, elevar sus estándares y en ese camino estamos avanzando a través de la articulación del Estado y la cooperación de los sectores público y privado para la atención de las recomendaciones formuladas por la OCDE. De acuerdo con la información que recabe la organización y las recomendaciones o propuestas de reformas que plantee, nuestro país deberá realizar reformas en legislación, políticas y prácticas en las diversas temáticas que abordan los comités evaluadores de la OCDE, tales como medio ambiente, integridad y lucha anticorrupción, políticas laborales y sociales, salud, educación, gobernanza pública, entre otros temas clave vinculados al desarrollo inclusivo y sostenible.

Cabe destacar que la OCDE presentó, en septiembre de este año, el Estudio Económico del Perú, el cual revela que en las dos últimas décadas se han logrado avances significativos en la reducción de la pobreza y en la mejora de los niveles de vida gracias a un sólido marco macroeconómico, aunque advierte que son necesarias reformas estructurales para crecer de forma sostenida. Por ello, impulsar la productividad, la competencia y la inversión y mejorar la recaudación fiscal, así como la lucha contra la corrupción, el acceso a una educación de calidad y promover la formalización son algunos de los ajustes necesarios para alcanzar los altos estándares que exige la OCDE.

¿Han estimado cuándo podría el Perú adherirse a la OCDE?

Existe un esfuerzo nacional desplegado en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y el objetivo es lograr una futura membresía en el menor tiempo posible. Algunos países de la región se han demorado seis años o más. Se trata de un proceso muy dinámico cuyo plazo dependerá, tanto del avance del país en respuesta a los requerimientos de la OCDE, como del cronograma de la organización que, de manera excepcional, está evaluando a cinco países al mismo tiempo (Perú, Brasil, Bulgaria, Croacia y Rumanía).

¿Cómo vienen avanzando con las recomendaciones formuladas por la OCDE al Perú para mejorar nuestras políticas públicas?

A razón de las recomendaciones de la OCDE y su Estudio Económico del Perú, está en revisión el proyecto de un nuevo sistema de pensiones, que busca ser fiscalmente sostenible, garantizar una pensión mínima y generar incentivos, por ejemplo, para el ahorro voluntario. Esta propuesta ha sido consensuada entre el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, hay una agenda para avanzar en la reforma del servicio civil, puesto que, para alcanzar los estándares de desarrollo que promueve la OCDE, es necesario fortalecer la gestión pública a través de la profesionalización de funcionarios, procesos meritocráticos de contratación, mejores condiciones remunerativas y beneficios sociales. En esa línea, se están dando pasos para el tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil, como ya ha ocurrido con 15 de las 184 entidades que componen el Poder Ejecutivo, lo cual se complementará con el ingreso del recurso humano a través de un proceso de competencia.

El camino del Perú hacia la OCDE demanda reformas sustanciales en gobernanza para, por ejemplo, luchar contra la informalidad, incrementar la recaudación fiscal y garantizar la protección social. No obstante, desde el Gobierno se ha destacado que muchas de las recomendaciones están en la agenda de esta gestión.

¿Cuál es el papel del sector privado para conseguir la adhesión del Perú a la OCDE?

El proceso de adhesión va más allá del cumplimiento de los requisitos técnicos, también contempla el lograr una efectiva implementación de normas, políticas públicas y buenas prácticas que fomenten el desarrollo inclusivo, equitativo, sostenible y resiliente. En este contexto, para lograr la adhesión a la OCDE es necesario el involucramiento de los poderes del Estado, del sector privado, de los distintos niveles de Gobierno, de la sociedad civil y la academia.

Específicamente, la colaboración del sector privado implica una comunicación y consulta frecuente, puesto que, desde su experiencia empresarial y análisis del contexto actual, puede complementar y fortalecer la función del Estado en el diseño y validación de políticas referidas a empleo, formalización, producción, inversión, impuestos y lucha contra la corrupción, entre otros ámbitos. Lo que se espera de la articulación entre el Estado y el sector privado es lograr el desarrollo económico y social para los ciudadanos.

¿En qué aspectos políticos y sociales beneficiaría a nuestro país el ser parte de la OCDE?

Ser parte del “club de las buenas prácticas” implica tener acceso a soluciones basadas en evidencia, gracias a que la OCDE produce datos e indicadores que permiten predecir tendencias a fin de formular, implementar y monitorear políticas públicas. De esa manera, países miembros de la organización han afrontado con éxito retos sociales, económicos y medioambientales. De lograr una membresía en la OCDE, el Perú podrá recibir asesoramiento en, por ejemplo, lucha contra la corrupción, protección del medio ambiente y equidad de género, temas que a su vez son transversales a las reformas que se deberán realizar para la adhesión.

Asimismo, ser parte de la organización reforzará la imagen de nuestro país como un socio confiable y ello abrirá las puertas a inversiones sostenibles, lo que se traducirá en mejor calidad de vida para los ciudadanos. Por otro lado, ser parte de la OCDE permitirá a nuestro país involucrarse activamente en asuntos cruciales de la agenda global, como gestión ambiental, ciencia, tecnología e innovación.

¿La constante crisis política y los casos de corrupción de funcionarios públicos en nuestro país podrían obstaculizar el ingreso a la OCDE?

En el Perú se vienen fortaleciendo las medidas preventivas anticorrupción, que promueven la integridad y la ética en las instituciones públicas. Ello no excluye la implementación de reformas complementarias en áreas clave como justicia, servicio civil, contratación pública, gobernanza de infraestructura, transparencia regulatoria y promoción de la formalización.

Es fundamental una disuasión eficaz de la corrupción para cimentar bases sólidas y desterrar prácticas corruptas, que impiden el desarrollo y desalientan la confianza en las instituciones. Desde el Gobierno y con el apoyo de todos los actores de la sociedad se debe propiciar un clima de confianza y reglas claras que contribuyan con el proceso de adhesión.

¿Cuál es su opinión respecto a que se fomenten espacios de diálogo como el III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, organizado por CCL?

Espacios de diálogo como el III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción permiten vincular a los individuos con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno, en un tema fundamental como es la lucha anticorrupción. Esta participación ciudadana fortalece también la gobernabilidad democrática. Además, la promoción de una cultura de integridad y ética en el sector privado tendrá una incidencia en la reducción de los riesgos de corrupción en la interacción con la administración pública.

Asimismo, existen iniciativas privadas como Alliance for Integrity promovida por el sector empresarial y el gobierno alemán, que busca impulsar y promover la integridad entre las empresas, sus socios comerciales, entre ellos la CCL y otros actores relevantes en el sistema económico. En 2022 instalaron su Consejo Consultivo en el Perú a fin de facilitar el intercambio de experiencias y generación de propuestas y soluciones para mejorar la integridad, con énfasis en el sector empresarial.

Desde el Estado también se promueven estos espacios, tal es el caso de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que facilita la articulación y coordinación entre instituciones públicas, privadas y la sociedad civil a fin de proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

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La corrupción es un mal endémico que afecta el crecimiento económico de nuestro país, debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y causa pobreza y desigualdad. Para luchar contra este fenómeno social, la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) culminó con la primera edición del proyecto ‘Semillero para futuros servidores públicos’ y entregó certificados a 25 estudiantes universitarios.

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Conscientes de cómo la corrupción afecta a las poblaciones más vulnerables del Perú e impulsados por su ímpetu para hacerle frente a esta problemática, estos universitarios que cursan sus últimos años de estudios se prepararon intensamente en el referido programa, que busca fortalecer sus capacidades futuras si deciden trabajar en la administración pública.

Durante la ceremonia de clausura, la presidenta de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, animó a los estudiantes a seguir el camino de la integridad para contribuir con el fortalecimiento de las instituciones del país.

“Lamentablemente, hoy estamos viviendo dolorosos capítulos en la historia de corrupción del país. Este mal pareciera no tener fin y los costos son altísimos. Sin embargo, luchar contra este problema social es una tarea de todos. Y, justamente, este semillero para futuros funcionarios públicos aporta en la construcción de una cultura de integridad, mediante la formación de jóvenes interesados en hacer un cambio real del Perú”, remarcó la lideresa de la CCL.

Nueva convocatoria

A su vez, Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, comentó que en enero de 2024, desarrollarán para los estudiantes del referido proyecto una pasantía en instituciones públicas, con el apoyo de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como de algunas empresas asociadas a la CCL.

Además, señaló que en el primer semestre del próximo año lanzarán una nueva convocatoria del proyecto ‘Semillero para futuros servidores públicos’

Desde la perspectiva del sector público, la secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán, indicó que el proyecto Semillero, impulsado por la Cámara de Comercio de Lima, es innovador porque permitirá tener mejores funcionarios en la administración pública en el futuro.

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Una firme condena a todo acto de corrupción expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, en la inauguración del ‘III Foro Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción’, realizado el 27 y el 28 de noviembre últimos.

“Vivimos, lamentable y dolorosamente, un nuevo capítulo de esta historia sin fin que solo atrasa a nuestro país, y, ante ello, como presidenta de este gremio empresarial, solo puedo decir que rechazamos todo acto de corrupción y toda irregularidad venga de donde venga”, enfatizó la representante de la CCL en el referido foro organizado por la Comisión  de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL.

Asimismo, Bueno de Lercari dijo que las estadísticas revelan la magnitud del problema que enfrentamos en la actualidad. En ese sentido, recordó que, según una encuesta de Proética, 9 de cada 10 peruanos perciben que la corrupción afecta su vida cotidiana e impacta negativamente en la economía familiar, las oportunidades laborales y la confianza en las instituciones públicas.

“No hay que ser indiferentes”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción y segundo vicepresidente de la CCL, Hernán Lanzara, señaló que las recientes denuncias surgidas en nuestro país y que vinculan a altas autoridades en supuestos hechos de corrupción, lamentablemente, nos recuerdan hechos del pasado.

“Estas situaciones nos llevan a reafirmarnos en el compromiso que hemos asumido desde la CCL para promover espacios de reflexión y acción a favor de la integridad y la lucha contra la corrupción”, afirmó.

“Estos hechos e indicios, que esperamos sean investigados de acuerdo a ley y con todas las garantías procesales, se suman a un devenir de irregularidades y delitos que se han venido acumulando y que, a veces, nos hacen temer si nos estamos volviendo indiferentes o si nos vamos a dar por vencidos. Esto definitivamente no”, expresó Lanzara.

A su turno, la embajadora Ana Rosa Valdivieso, alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseveró que la lucha contra la corrupción es prioritaria en el camino que se ha trazado el Perú para adherirse a dicha organización,

También participaron en el referido foro el exprocurador anticorrupción, José Ugaz; la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; entre otras personalidades.

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La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, afirmó que es preocupante que cada vez se esté desmantelando más el sistema que ayudó en el trabajo anticorrupción al país, lo cual no solo afecta a la sociedad sino también al sistema político, durante su intervención en el marco del III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, organizado por el gremio empresarial.

«Como autocrítica desde el sector empresarial quisiera expresar que siempre se tuvo como mantra que la política va por un lado y la economía por el otro, y lo que tuvimos como resultado es que la política se envileció de manera inversamente proporcional al crecimiento económico que, desgraciadamente, no fue un desarrollo real para todos los ciudadanos de nuestro país», sostuvo la representante de la CCL.

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Como medida para hacer frente a la corrupción, la líder empresarial comentó que en el 2022 la CCL presentó una agenda de desarrollo del Perú que está basada en el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento del libre mercado con inclusión, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el acceso de la formalidad, con dos ejes transversales la integridad y la transformación digital.

«Desde la CCL hemos decidido hacer política porque antes de empresarios somos ciudadanos y nos duele lo que ocurre en el país; por eso, presentamos esta agenda con propuestas de políticas públicas. Con estas iniciativas queremos llegar al ciudadano de a pie porque de ellos depende cambiar la situación y también de nosotros como empresarios», aseveró Bueno de Lercari.

Asimismo, la presidenta de la CCL remarcó que se tiene que hacer un trabajo político a todo nivel, en el cual estén involucrados los jóvenes, las mujeres y las pequeñas empresas. «En el gremio empresarial estamos generando un programa de jóvenes líderes a fin de empoderarlos y que sean agentes de cambio en la sociedad», explicó.

Generación de confianza

En el espacio de diálogo también participó José Ugaz, exprocurador anticorrupción, quien señaló que la corrupción no solo es un fenómeno económico o que tiene características morales, sino también es un fenómeno que impacta en la gobernabilidad, atenta contra la democracia y el desarrollo del país.

“Respecto de los empresarios y la clase política hay un elemento fundamental y es la desconfianza. La gran mayoría de peruanos no confía en el sector privado y en la clase política, pero algo está pasando. Ahora, como empresarios estamos haciendo un mea culpa de lo que hemos dejado de hacer y estamos cuestionando la arremetida del poder político. Esto abre una luz de esperanza para recuperar la confianza de los ciudadanos», dijo Ugaz.

A su turno, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, indicó que uno de los retos para recuperar la confianza de los ciudadanos es enfrentar la falta de legitimad absoluta de los poderes del Estado y el intento de desmontar el sistema de justicia del país que costó tanto hacer que llegara a más ciudadanos. “Así como somos el cuarto país más desigual del mundo, nuestra mayor desigualdad la percibimos en el acceso a la justicia”, añadió.

Por su parte, Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, sostuvo que la institución que lidera está tratando de incorporar grupos que no están claramente representados como mujeres, jóvenes y pueblos amazónicos. En ese sentido, comentó que están proponiendo llevar el Acuerdo Nacional a las regiones del país para escucharnos y aprender a dialogar entre ciudadanos.

En tanto, Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil, quien analizó el caso ‘Lava Jato: una operación anticorrupción sin precedentes’, expresó que el desafío de los países de la región es tener una ciudadanía más consciente, educada, libre, activa y unida en la defensa de sus derechos e intereses.

Conclusiones

En el bloque de conclusiones del III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, Guillermo Miranda, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la corrupción de la CCL, sustentó que es fundamental que los empresarios lideren con el ejemplo e incorporen herramientas de prevención contra la corrupción en sus organizaciones. En esa labor, también consideró que la adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una gran oportunidad.

Asimismo, el representante de la CCL dijo que, para recuperar la confianza en las instituciones, se requiere una estrategia de shock contra la corrupción en el sector público. En ese trabajo, Miranda dijo que también es necesario profesionalizar a los funcionarios que participan en contrataciones del Estado. Además, señaló que es necesario poner en valor el gobierno digital y crear una veeduría ciudadana en torno a las obras públicas.

En la clausura del foro, Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, indicó que las conclusiones del foro se transmitirán a distintas instancias para transformarlas y convertirlas en propuestas reales para el país.

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Una firme condena a todo acto de corrupción expresó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, en la inauguración del III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizado por el gremio empresarial.

«Vivimos, lamentable y dolorosamente, un nuevo capítulo de esta historia sin fin que solo atrasa a nuestro país, y ante ello, como presidenta de este gremio empresarial, solo puedo decir que rechazamos todo acto de corrupción y toda irregularidad venga de donde venga», enfatizó la representante de la CCL.

Asimismo, Bueno de Lercari dijo que las estadísticas revelan la magnitud del problema que enfrentamos en la actualidad. En ese sentido, recordó que, según una encuesta de Proética, 9 de cada 10 peruanos perciben que la corrupción afecta su vida cotidiana, impactando negativamente en la economía familiar, las oportunidades laborales y la confianza en las instituciones públicas.

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Del mismo modo, la líder del gremio empresarial indicó que más de la mitad de la población considera que la corrupción obstaculiza el crecimiento económico y aumenta la pobreza y la desigualdad.

Para hacerle frente a la corrupción, la presidenta gremial remarcó que la integridad es uno de los ejes transversales que la CCL trabaja de manera permanente en todas sus actividades y que debería ser incluida en todas las instituciones empresariales y gubernamentales del país. “Recuperar la integridad es tarea de todos”, enfatizó.

“Devolver la integridad y desterrar la corrupción de nuestras instituciones requiere que estemos todos unidos. Solo así encontraremos la fortaleza necesaria para superar los desafíos que esta tarea exige. Construir un futuro sólido y afrontar unidos las adversidades que amenacen la integridad de nuestra sociedad”, sostuvo Bueno de Lercari.

«No hay que ser indiferentes»

Por su parte, Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la corrupción y segundo vicepresidente de la CCL, señaló que las preocupantes noticias surgidas en nuestro país, lamentablemente, nos recuerdan hechos del pasado. “Estas situaciones nos llevan a reafirmarnos en el compromiso que hemos asumido desde la CCL para promover espacios de reflexión y acción a favor de la integridad y la lucha contra la corrupción”, afirmó.

“Estos hechos e indicios que esperamos sean investigados de acuerdo a ley y con todas las garantías procesales se suman a un devenir de irregularidades y delitos que se han venido acumulando y que, a veces, nos hacen temer si nos estamos volviendo indiferentes o si nos vamos a dar por vencidos. Esto definitivamente no”, expresó Lanzara.

En el foro también participó la embajadora Ana Rosa Valdivieso, alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien aseveró que la lucha contra la corrupción es prioritaria en el camino que se ha trazado el Perú para adherirse a dicha organización internacional, ya que es transversal a todas las reformas sustanciales que se deberán realizar en el país.

“El estudio económico del Perú, elaborado por la OCDE y presentado en septiembre de este año, recoge cifras de la Contraloría General de la República que alertan sobre la pérdida de cerca del 3 % del PBI debido a la corrupción; es decir, alrededor del 14 % del gasto público total. De esta manera, sectores esenciales como salud, educación, vivienda o trabajo se ven afectados debido al desvío de fondos por corrupción y esto perjudica directamente a los más vulnerables”, comentó la diplomática.

Este martes 28 de noviembre, continuará el III Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, donde participarán Luis Miguel Castilla, exministro de Economía; Fernando Cillóniz, exgobernador regional de Ica; Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN); José Ugaz, abogado y exprocurador anticorrupción; Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, y Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia.

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Temas enfocados en la gobernanza, la competitividad y el talento humano a fin de impulsar el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, fueron tratados durante el segundo día de la ‘XXII Expo Pyme 2023’.

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Uno de ellos fue la integridad en la empresa. De esa manera, Hernán Lanzara, segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), refirió que abordar el tema de la integridad y promoverla en las compañías es necesario y fundamental porque permite construir y mantener la confianza de los clientes, los empleados, los inversores y otros stakeholders.

«Cuando los empresarios actuamos con integridad, demostramos que somos dignos de confianza y estamos comprometidos con valores éticos lo que fortalece las relaciones comerciales a largo plazo. Además, incorporar la integridad en el ADN empresarial facilita a los negocios cumplir con las leyes y regulaciones, evitando problemas legales y sanciones», comentó el también presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL.

No obstante, el representante del gremio empresarial sostuvo que la corrupción en nuestro país a menudo está arraigada en estructuras profundas y complejas. Añadió que esta situación socava la credibilidad y legitimidad de las instituciones, generando más pobreza, inequidad e injusticia, así como menos bienestar para los ciudadanos.

«La corrupción obstaculiza el desarrollo económico y social del país. Cuando hablamos de este tema tenemos ese sentimiento de que todo está perdido, pero creo que todos unidos podemos trabajar en la lucha contra este flagelo social. Desde el sector empresarial venimos avanzando en la promoción de la integridad con programas de prevención frente a la corrupción”, indicó Lanzara.

Aporte del gremio empresarial

Como aportes para el desarrollo del empresariado nacional, el segundo vicepresidente de la CCL resaltó que la visión del gremio empresarial es impulsar el fortalecimiento de la democracia, de la seguridad ciudadana, del acceso a la formalidad y del libre mercado con inclusión, los cuales tienen como ejes transversales la integridad y la innovación.

«Una cultura de integridad influye positivamente en la toma de decisiones de los empleados y en la forma que se comportan en el centro de trabajo; por otro lado, los empleados suelen preferir trabajar en empresas que valoran y promueven la integridad, los valores y la ética. Esto puede ayudar a atraer y retener el mejor talento. Asimismo, la integridad está estrechamente relacionada con la buena reputación de la empresa; y, de esta manera, puede atraer clientes leales y aumentar la demanda de los productos o servicios que las empresas ofrecen”, destacó Lanzara.

Por su parte, Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL, reiteró que las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor de desarrollo del país y que, en estos momentos, se necesita más que nunca trabajar en conjunto para poder revertir la complicada situación económica.

Seguridad para los negocios

En el panel sobre ‘Seguridad ciudadana y desarrollo productivo en los gobiernos locales’, Óscar Arriola, oficial general de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó que, en los últimos años, en el país se ha elevado el nivel delictivo y criminal y la violencia, lo cual compromete al sector empresarial y a los ciudadanos.

“Hoy tenemos muchas denuncias por extorsión, sicariato, robos y secuestros; sin embargo, estamos trabajando con la Policía Nacional en la captura de los principales cabecillas de bandas nacionales y transnacionales a fin de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y que puedan realizar sus operaciones en un clima de paz”, resaltó Arriola.

En tanto, José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe, comentó que el tema de la inseguridad es muy sensible para los ciudadanos, ya que están sometidos a constantes asaltos y extorsiones.

«Los primeros afectados son las pymes, impacta en sus inversiones y ganancias. En el Perú, casi el 40% de ciudadanos no hacen la denuncia. Es importante concientizar a la ciudadanía para que confíen en la Policía Nacional e informen cualquier atentado contra su vida”, exhortó el especialista.

A su turno, José Jaramillo Díaz, pastpresident del Capítulo 222 en American Society Industrial Security (ASIS Perú), recomendó a los ciudadanos crear comités de ayuda para apoyarse mutuamente en temas de seguridad y analizar los principales riesgos que enfrentan las comunidades frente a la delincuencia.

Talento humano

De otro lado, en el bloque del talento humano del ‘XXII Expo Pyme 2023’, Jorge Monsalve, CEO Fundador Co Cowch, y Rómulo Mucho Mamani, gestor de desarrollo en ‘Mucho por hacer’, expusieron sobre el desarrollo del talento en las mipymes y cómo forjar la comunicación, cultura y clima en el liderazgo empresarial.

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Un Modelo de Prevención, Programa de Cumplimiento Normativo o Sistema de Compliance, más que sistemas para prevenir delitos y cumplimiento de normas y políticas en las instituciones, son una “cultura del trabajo”, en donde la integridad, los valores y la ética están siempre presentes en todas las actividades, procesos y en el día a día de los colaboradores de la empresa; quienes, desempeñándose siempre con transparencia y honestidad, contribuyen en el ADN de la empresa.

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Hay que recordar que la principal función del Compliance es mantener la ética organizacional y la integridad corporativa; aportando tranquilidad, seguridad y confianza a todos los que forman parte de la empresa, así como a los clientes y socios comerciales. Para ello identifica y evalúa los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establece políticas y normas que permitan que los mismos no se conviertan en un problema futuro.

El objetivo de continuidad de la empresa refuerza la idea que los Sistemas Compliance y Modelos de Prevención le aportan un mejor posicionamiento en el mercado y ventaja competitiva.

Para conocer más sobre el tema, conversamos con Martin Mariscal Lahusen, Oficial de Integridad y Cumplimiento en Volkswagen México y vicepresidente de Sustentabilidad en el Consejo de AMEXICOM-Asociación Mexicana de Integridad y Compliance y quien estará presente como expositor en el “VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción” a realizarse del 19 al 21 de septiembre del 2023 en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Martin abordará el tema “El Compliance Officer que la empresa necesita: un enfoque innovador”.

¿Cómo apoya Volkswagen de México a los esfuerzos que realizan sus autoridades para combatir la corrupción en dicho país?

En Volkswagen de México apoyamos el fortalecimiento del marco normativo en materia de combate a la corrupción. Ya no solo los funcionarios públicos y las autoridades son susceptibles de sanciones por actos corruptos o peculado, sino que ahora tanto individuos como empresas enfrentan consecuencias penales en caso de que se identifiquen actos de corrupción o soborno.

Aunado a ello, se ha edificado un sistema federal de lucha en contra de la corrupción, en el que se encuentran conectadas diversas autoridades y legislaciones vinculadas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Esta práctica se ha replicado en todas las entidades federativas y se han creado gremios de participación ciudadana, los mismos que observan el actuar de las autoridades y dependencias públicas.

¿Cómo ve el avance en el sector empresarial mexicano en la implementación de los Sistemas de Cumplimiento e Integridad, como una respuesta para combatir la corrupción y otros delitos?

Como armadora y como actor relevante en la industria y sector empresarial de México, asumimos el rol que nos toca en el combate a la corrupción. Por lo tanto, además de cumplir con el marco legal, hemos fortalecido nuestras políticas para combatir la corrupción y prevenir conflictos de interés.

Sin asumir en esta repuesta la voz de la comunidad empresarial en su totalidad, me atrevería a decir que vemos que este tipo de buenas prácticas son cada vez más comunes en los negocios que se llevan a cabo en nuestro país.

Dicho lo anterior, es oportuno reconocer que la existencia de programas de Integridad y Cumplimiento todavía está condicionada por el tamaño y el giro de las empresas. Tal es el caso de las corporaciones grandes, transnacionales o aquellas relacionadas con la Bolsa de Valores o el sector financiero en las que es común encontrar programas sólidos. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas (PYMES), así como las empresas familiares a menudo carecen o empiezan a desarrollar programas de Integridad y Cumplimiento acordes a su operación.

En aras de cerrar esas brechas, observamos diversas iniciativas en diferentes cámaras y asociaciones para ayudar a este tipo de empresas a crear iniciativas de combate a la corrupción y así edificar las bases de un programa de Integridad y Cumplimiento.

¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas tras el caso del «dieselgate» de Volkswagen?

Para quienes formamos parte del Grupo Volkswagen, este tema representó un parteaguas en materia de Integridad y Cumplimiento.

Un aprendizaje que nos llevó a cuestionar muchas cosas dentro de nuestra cultura corporativa. Principalmente, que la integridad y el cumplimiento no sólo deben de constituir las bases de un programa, sino que deben de ser la base de nuestra cultura corporativa. Aunado a esto, nos hizo reflexionar sobre la importancia de alzar la voz y señalar cuando observamos que algo se está realizando fuera de la norma y de nuestros principios.

También nos llevó a dar un paso muy importante para medir el riesgo de nuestras decisiones y asumir la responsabilidad de nuestros actos. No sólo en los de éxito, sino también en los errores.

Sin embargo, la lección más valiosa que nos dejó este asunto fue que cuando se establecen metas, los medios sí importan. Es decir, que no alcanzamos los resultados a costa de lo que sea.

Señale las fortalezas y los puntos más relevantes del “Sistema de Integridad y Cumplimiento” en Volkswagen?

El Sistema de Integridad y Cumplimiento en Volkswagen de México se deriva de los principios que guían a nivel global al Grupo Volkswagen. En este marco, nuestras acciones diarias se sustentan en tres pilares fundamentales: la prevención, la detección y la respuesta.

Buscamos continuamente construir una cultura corporativa basada en el actuar correcto y por el bien común de la empresa, así como de sus grupos de interés. Trabajamos fuertemente en que la Integridad y el Cumplimiento sean elementos vivos, a través de acciones constantes de comunicación, de capacitación e integrados en la estrategia de la empresa.

Aunado a lo anterior, nos acercamos a las áreas operativas para conocer su propósito y objetivos de negocio y, con ello, entender dónde pueden estar los riesgos de corrupción, conflictos de interés, fraude, lavado de dinero o de otras posibles conductas inadecuadas para así definir en conjunto los controles robustos y prevenir así que sucedan.

Pero, en lo personal, considero que la principal fortaleza que tenemos en el Sistema de Integridad y Cumplimiento de Volkswagen de México es que sabemos que para que el marco definido dentro del Grupo VW sea eficiente, debe de ser adaptado a la cultura de nuestro país. En México decimos “tropicalizado”, cuando nos referimos a que los conceptos sean claros y familiares para nuestro equipo. Esto nos lleva usar la cultura mexicana como base para generar acciones de comunicación, capacitación y concientización más entendibles y generando mayor identidad, con impactos más profundos.

¿Cómo contribuye la Movilidad Sustentable de Volkswagen, como empresa socialmente responsable? ¿Cómo se practica la “Industria Limpia” dentro del Grupo VW?

La contribución de Volkswagen de México juega un papel contundente para poder trascender responsablemente como sociedad. No solo porque nuestra prioridad estratégica es brindar movilidad sostenible para el presente y las futuras generaciones, sino también porque como empresa líder, tenemos el talento y los recursos para inspirar a otros y abrir brechas para abordar los retos globales como lo es el cambio climático.

Como ejemplo de ello, tenemos múltiples iniciativas orientadas las tres perspectivas A (Ambiente) S (Sociedad) y G (Gobernanza). En materia de medio ambiente contamos con un Sistema de Gestión Ambiental y Eficiencia Energética que contempla, entre otras acciones, el uso de energías limpias para nuestros procesos de producción; la disposición de nuestros residuos bajo un enfoque de circularidad, la optimización en el manejo del agua. Pero, además, contribuimos a la conservación de ecosistemas naturales tanto en Puebla como en Guanajuato. Este año, por ejemplo, hemos cumplido un objetivo estratégico de plantar 1 millón de árboles en la República Mexicana.

En materia social, realizamos esfuerzos para priorizar el bienestar de nuestros colaboradores y promover el respeto, equidad e igualdad de oportunidades; pero también emprendemos proyectos de vinculación con la comunidad para mejorar la calidad de vida en las localidades vecinas a nuestras fábricas, en cuanto alimentación, educación, y desarrollo de la niñez, entre otros.

Finalmente, en materia de gobernanza, estamos trabajando sobre una cultura corporativa basada en la integridad y cumplimiento, así como en el desarrollo de una cadena de valor con el mismo espíritu sostenible.  El concepto de Industria limpia, no sólo lo dimensionamos como una convicción en la reducción de la huella ambiental y el cumplimiento legal, sino también como un eslabón más para lograr impactos positivos en nuestra sociedad.

Con todo esto buscamos que Volkswagen de México sea un referente en la sostenibilidad para construir un mejor hoy y, sobre todo, un mejor mañana.

Como vicepresidente de Sustentabilidad en el Consejo de AMEXICOM-Asociación Mexicana de Integridad y Compliance de México, ¿cómo impulsan desde la asociación a que las empresas sean más sustentables y sostenibles? 

Al igual que en la materia de Integridad y Cumplimiento, vemos que algunas empresas grandes ya tienen programas e iniciativas muy robustas de sostenibilidad. Sin embargo, es en las medianas y pequeñas empresas que este concepto aún no se ha identificado como una prioridad estratégica.

Es por ello que, desde AMEXICOM, hemos visto la oportunidad de construir programas de formación y desarrollo vinculados con universidades e instituciones de educación superior, dirigidos a profesionistas y estudiantes, para así apoyarlos a crear programas de sostenibilidad en sus corporaciones o negocios.

Sabemos que, compartiendo buenas prácticas, experiencias y ejemplos de la vida real, podemos ayudar a reducir los obstáculos que pueden encontrar en sus giros y construir una mejor comunidad.

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Los canales de denuncias constituyen una herramienta muy importante en la lucha contra la corrupción para la detección temprana de conductas irregulares en el seno de una empresa u organización. Pero de nada sirve contar con esta herramienta de recepción y registro de posibles irregularidades si no se cuenta con una adecuada metodología para atenderlas, teniendo como base los principios de la confidencialidad, competencia y profesionalidad, objetividad e imparcialidad, y legalidad.

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La investigación interna es el proceso profesional de obtención y aportación de información y pruebas, recabadas de forma legal, con el fin de establecer los hechos y acreditar posibles actos delictivos o incumplimientos ocurridos por el personal de la empresa u organización en relación con una supuesta o presunta irregularidad, mala conducta o incumplimiento (como soborno, actividades fraudulentas, acoso, violencia o discriminación); que permitan a esta su defensa legal, la toma de decisiones o la protección de sus intereses.

Es por ello que conversamos sobre el tema con Pablo E. Gil de Montes, director ejecutivo de las oficinas de Washington D.C., Miami y Latinoamérica en Gryphon Strategies, empresa líder en campos como las investigaciones y la inteligencia comercial. Pablo Gil cuenta con 17 años de experiencia trabajando en la gestión de todas las etapas de descubrimiento de medios probatorios electrónicos e investigación relacionados con fraude financiero, soborno, corrupción y prácticas antimonopolio a nivel multijurisdiccional. El entrevistado estará presente en el “VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción” a realizarse del 19 al 21 de septiembre del 2023 en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

¿Cuál es la importancia que tiene la auditoría forense para detectar y abordar irregularidades internas en la empresa?

Las auditorías y el constante monitoreo son fundamentales para tener un programa de compliance efectivo. El monitoreo tiene que ser constante y la auditoría tiene que darse de una manera periódica. El término “forense” procede del latín “fórum” que implica el lugar en donde se daban los juicios de valor por expertos. Este término es también utilizado para implicar el paso del tiempo en la recopilación de pruebas. Yo usualmente prefiero evitarlo, ya que para algunas personas puede dar una connotación negativa/criminal o lo que debería ser un ejercicio constante y sensible a los riesgos específicos de cada organización. La auditoría es de vital importancia para identificar comportamientos riesgosos y faltas al programa de compliance dentro de una organización. Tanto las auditorías como los monitoreos sirven para mejorar e implementar planes de acción a fin de remediar problemas. De nada sirve identificar problemas, si es que estos no van a ser remediados oportunamente.

¿Cómo se puede realizar una investigación efectiva, sin afectar las leyes constitucionales, laborales y sobre todo aquellas vinculadas a la protección de datos?

Primero que todo tiene que existir el claro entendimiento, tanto del empleador como del empleado, de que todas las actividades relacionadas al ejercicio regular del negocio y los datos relacionados a este son de propiedad de la empresa u organización. Es por eso que el empleador tiene que educar al empleado y comunicarle fehacientemente de estas consideraciones, a fin de que no se tenga una expectativa de privacidad en relación con los datos generados en esta actividad. El empleado debe tener clara la división del mundo privado con el mundo laboral y que estos no se deberían mezclar con respecto al acceso a correos electrónicos, chats, etc. Resulta irónico, que alrededor del mundo, el propietario de un iPhone, usualmente sin saberlo, acepta todos los términos contractuales al descargar el aplicativo y que al hacer esto están dándole acceso ilimitado de sus datos personales a estas compañías; y, por otro lado, existe una sensibilidad en nuestros países cuando se trata de investigaciones basadas en indicios de actos ilícitos. Vengo trabajando en investigaciones internas relacionadas al FCPA desde el año 2007, en esos tiempos la tecnología de e-discovery no era avanzada como lo es ahora, y en las investigaciones usualmente se mezclaban correos electrónicos con datos y actividades personales, etc. Ahora, con el uso de la tecnología actual y programas como “predictive coding” se puede garantizar que solo los datos relacionados al tema en investigación sean accedidos y revisados.

¿Considera que los resultados de una investigación interna podrían ser utilizados como estrategia procesal de la empresa, ante la eventual comisión de un delito que implica la responsabilidad penal corporativa?

La principal meta de una investigación interna es obtener el conocimiento real de lo sucedido y luego sirva para actuar de acuerdo a esta información. Es decir, la información sirve para remediar un problema, como por ejemplo, si existen actores que tienen que ser sancionados o retirados de la organización, etc. Luego, se pueden evaluar las estrategias a seguir de acuerdo con posibles riesgos externos relacionados a la investigación. Usualmente, cuando se les demuestra a las autoridades que se ha realizado una investigación independiente y exhaustiva, los resultados de esta sirven como atenuantes y hasta motivos para otorgar créditos en el supuesto de una sanción económica. En una investigación interna también se logra acceder a medios probatorios que las autoridades ya tengan en su poder y que se puedan utilizar en contra de la compañía. Estos medios probatorios son de vital importancia, ya que en base a ellos los equipos legales pueden establecer sus estrategias de defensa, etc.

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¿Cuál es el aporte de la tecnología y los medios probatorios electrónicos en las investigaciones de irregularidades?

Es importante resaltar que todo lo relacionado con tecnología, análisis de datos, etc. Solo es efectivo en directa relación al ser humano interpretándolos. Es decir, la tecnología sola no es la solución; especialmente cuando hablamos de riesgos humanos que requieren soluciones humanas. Sin embargo, en línea con lo dicho anteriormente, la tecnología ha sido fundamental en el mundo de las investigaciones.  Con el paso de los años la tecnología nos ha ayudado a ser más eficientes y a tener un mejor enfoque en nuestras investigaciones. Ahora, también es verdad que, a mayor utilización de correos electrónicos, teléfonos inteligentes y chats, estos datos a analizar en una investigación han crecido exponencialmente.  Lo que hace unos años, al iniciar una investigación, se decía que uno tenía que enfocarse en el “paper trail” ahora se ha cambiado al “data trail”. En el mundo del compliance, resulta casi imposible realizar una investigación exhaustiva y honesta si no se cuenta con el acceso a los datos electrónicos. Esto lo tiene claro el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al demandar que una investigación sea “thorough” y no superficial o parcial.

¿Nos podrías dar tus apreciaciones sobre la reciente publicación del estándar internacional ISO/TS 37008 sobre investigaciones internas de organizaciones, y qué debemos considerar al momento de su aplicación?

Estos estándares suman y ayudan; sin embargo, es importante que no vuelva la “Iso-dependencia” como sucedió con la certificación ISO 37001, en donde muchas compañías en Latinoamérica recurrieron a esta como un ejercicio de “check the box” sin que sus programas de compliance sean lo suficientemente robustos.  El ISO 37008 da lineamientos importantes con respecto a las mejores prácticas internacionales en investigaciones internas.  Ahora bien, estos lineamientos tienen que ser aplicados de acuerdo con la realidad de cada empresa para que estos sean efectivos. Hace algún tiempo escribí un artículo en donde explicaba que la labor fundamental de un Chief Compliance Officer, es que su programa de compliance sea honesto, real y defendible, en vez de ser un simple programa de “cumpli-miento” es decir “cumplo y miento”.

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En los últimos años el deterioro de la gestión pública ha afectado las bases de la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Además, ha originado que cada vez haya más pérdida de credibilidad y confianza en el Estado y en las autoridades.

Según un reporte de la Contraloría General de la República, durante el 2022 la corrupción en el Perú ha ocasionado un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56 % (S/ 13 721 millones) fue originado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguidos por el Gobierno Nacional, con el 44 % (S/ 10 696 millones).

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“Es lamentable esta situación que, además, pone en tela de juicio la capacidad del Estado para gestionar el país. Con este dinero bien invertido y sin corrupción se hubieran hecho más obras públicas en colegios, hospitales, carreteras, antenas para llevar internet o conductos para llevar electricidad y agua potable a las poblaciones más necesitadas”, señaló Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), elaborado también por la Contraloría General de la República y donde se evaluó a 2 815 entidades públicas en el 2022, reveló que el top 10 de instituciones públicas con mayores niveles de corrupción está encabezado por el Gobierno Regional de Áncash; seguido del Gobierno Regional de Piura; el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); los Gobiernos Regionales de Junín, Puno y Loreto; la Municipalidad Provincial de Trujillo; la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Municipalidad Metropolitana de Lima; y el Gobierno Regional de Tumbes.

Ante dicho resultado, Lanzara mostró su preocupación de que, a lo largo y ancho del país, se identifiquen una gran cantidad de denuncias por actos de corrupción e inconducta funcional, las que incluso han alcanzado a universidades. “Este ranking puede resultar incómodo para las instituciones, pero también es un reto y un compromiso para ellas el llegar a revertir esta situación”, añadió.

Mejores servidores públicos

Con el fin de hacerle frente a esta problemática, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL sostuvo que es fundamental promover la meritocracia en la gestión pública, ya que garantizará a mediano y largo plazo contar con funcionarios idóneos, capacitados y calificados que tomarán decisiones en beneficio de la población.

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“De esta forma se evitaría que factores externos a la experiencia profesional del funcionario público, como contactos, inconducta funcional, presiones, entre otros, pudiesen influenciar en la designación de los puestos públicos, lo cual es muy usual en las distintas administraciones de todo nivel, desde el Gobierno Central hasta los gobiernos regionales y locales”, argumentó Hernán Lanzara.

Además, indicó que un sistema regido por la meritocracia asegura la continuidad de la administración pública. También disminuye los constantes cambios y designaciones que ocurren cuando entra una nueva gestión o administración.

Semillero para futuros servidores públicos

Con el propósito de animar a los jóvenes estudiantes universitarios que se encuentran en el quinto superior a participar en la administración pública como futuros servidores públicos, la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL lanzó el programa piloto “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”.

Esta iniciativa busca sensibilizar a estos jóvenes universitarios mediante jornadas de información, análisis y capacitación. Asimismo, mediante la producción académica se les motiva a reflexionar sobre los problemas de la gestión pública de nuestro país e impartir conocimientos sobre compliance público y privado, gobernanza corporativa, políticas públicas en materia de transparencia y acceso a la información, entre otros aspectos.

Los objetivos del proyecto son contribuir a la formación de futuros funcionarios y servidores públicos de nuestro país, para que fortalezcan las instituciones públicas, incidiendo en sus capacidades, competencias y formación ética; contrarrestar la corrupción; y promover la eficiencia en el gasto público con un enfoque de derechos humanos.

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Además, se busca fortalecer las condiciones de empleabilidad de los jóvenes universitarios (como certificaciones y producción intelectual), y realizar convenios o alianzas estratégicas con entidades del Estado para que puedan evaluar e incorporar gradualmente a dichos jóvenes, mediante pasantías.

Modalidad de estudio

Las clases serán dictadas –de manera híbrida– por destacados especialistas de reconocida trayectoria profesional y académica. Durante las sesiones del “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”, un grupo de estudiantes asistirán a la sede institucional de la CCL a fin de participar de manera presencial.

Al mismo tiempo, otro grupo de estudiantes que no residan en Lima, y que tengan dificultades para asistir a las clases presencialmente, podrán participar de las mismas sesiones de forma virtual y sincrónica a través de las plataformas digitales.

Duración del programa

El referido programa tiene una duración de 24 horas divididas en 12 sesiones, y se realizará desde el 19 de septiembre hasta el 26 de octubre del presente año. Las clases se desarrollarán los días martes y jueves, en el horario de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. El curso es totalmente gratuito y cuenta con vacantes limitadas.

Los participantes seleccionados son estudiantes del penúltimo y último año de estudios de las carreras profesionales de Derecho, Ciencia Política, Sociología, Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración y Gestión Pública. Además, pertenecen al quinto superior, y debieron presentar una carta de presentación y una carta de recomendación de un docente de su facultad.

Para mayor información, contactarse con jsequeiros@camaralima.org.pe.

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¿Cuál es el avance de la Secretaría de Integridad Pública en el trabajo de evaluación para la implementación del Modelo de Integridad?

En junio pasado cerramos la primera parte del proceso de evaluación del Índice de Capacidad Preventiva. A diciembre de 2022, se evaluaron los avances de 182 entidades respecto a la implementación del Modelo de Integridad que tiene nueve componentes, entre ellos la implementación de canales de denuncias, la gestión de riesgos y la adecuación normativa. En su conjunto, estos componentes deberían fortalecer la cultura de integridad de una entidad pública.

Asimismo, este año hemos cerrado el proceso de presentación de su autoevaluación. Estas entidades resuelven un cuestionario y registran una serie de documentos que son las evidencias que refuerzan las respuestas que han brindado a este cuestionario. Son 152 aspectos evaluados. Una vez que ellos cierran esta autoevaluación, hacemos la revisión y esperamos tener listo nuestro informe de cierre de la evaluación del primer semestre, este mes. Aproximadamente 190 entidades ya pasaron este proceso de evaluación.

¿Cómo impacta el Modelo Integridad en las entidades públicas y cuántas ya fueron evaluadas?

Impacta positivamente porque estas entidades del sector público, es decir, el Ejecutivo, organismos autónomos, Gobiernos regionales y Gobiernos locales, que se suman a este esfuerzo para la evaluación de diciembre, son la línea base sobre la que el Perú viene trabajando para prevenir y activamente ser parte del esfuerzo de la prevención en la lucha contra la corrupción. Creemos que ya el número de entidades que están en este momento implementando y acogiendo el modelo ya tienen un compromiso expresado. Estas entidades vienen siendo evaluadas desde el 2021 y año a año el número ha ido creciendo. Eso significa que el modelo está teniendo receptividad.

Este escenario se hace cada vez más retador, ya que cada año se suman otras entidades públicas. En 2021 fueron 150 entidades y en 2022, 182. Si bien es cierto, que en junio estamos cerrando con más de 190, para el segundo semestre se han sumado gobiernos locales, Diris y hospitales. En ese sentido, esperamos cerrar 2023 con más de 290 entidades públicas en el esfuerzo de asumir la cultura de integridad.

Desde nuestra institución lo que queremos es ir poco a poco haciendo que en las entidades públicas se interiorice que la mejor lucha contra la corrupción es el trabajo preventivo. En este proceso de mejora continua al que nosotros apelamos con el Modelo Integridad, lo que estamos buscando es que la entidad entienda que, mientras más trabajemos en hacer una adecuada gestión de riesgos y en identificar los posibles riesgos de corrupción, podremos buscar acciones para mitigarlo.

¿Cuánto contribuye esta iniciativa en el cumplimiento de compromisos internacionales de nuestro país?

Nosotros creemos que, en los espacios internacionales, ya sean en los espacios de la Organización de Estados Americanos (OEA); de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la OCAT; de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Foro Anticorrupción o la Red Latinoamericana de Integridad que somos parte.

Lo que se está tomando en consideración es que, a partir del estudio que la OCDE le hizo al Perú en 2017 y luego en 2021, y en el que hicieron muchas recomendaciones sobre cómo abordar, a partir de la Integridad, la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos acogido esas recomendaciones en el Modelo de Integridad en nuestro país.  Entonces, sí, es muy importante sostener este avance.

En ese sentido, la Secretaría de Integridad Pública tiene un reto mayúsculo que no es solamente sostener la continuidad de las entidades que han apostado por ser parte de esa línea de base del país, sino, además, continuar sumando a más entidades públicas en ese esfuerzo.

¿Cómo se vienen trabajando estas acciones de lucha contra la corrupción desde el sector privado?

Si algo ha cambiado en los últimos años es que el sector privado ya no solo es el auditor y crítico de la administración pública. Y es que, los últimos sucesos de corrupción que han implicado a grandes empresas, tales como el soborno transnacional y la corrupción organizada, invitaron al sector privado a reflexionar y a mirar hacia adentro.

Desde ese autoanálisis han decidido tomar distancia de la corrupción y han implementado modelos de compliance en su gestión, los que incluso estaban un poco más avanzados que el compliance público; y han sido un referente e insumo para nosotros. Desde esos puntos comunes se ha encontrado una sinergia con el sector privado y la voluntad de trabajar en la lucha contra la corrupción.

¿Coméntenos sobre la reunión que sostuvieron la Secretaría de Integridad Pública de la PCM y la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)?

La CCL nos facilita este espacio para compartir estos temas de compliance y lucha contra la corrupción con sus agremiados. Además, encontramos puntos de trabajo y una agenda común que tenemos con el país. También en estos espacios el sector privado nos puede contar sus experiencias, esfuerzos y el y trabajo que viene desplegando  para convertirse en un agente de cambio.

¿Cómo está ayudando la implementación del compliance en los países que lo están adoptando?

La World Compliance Association está en 19 países en el mundo y sí hemos apreciado un cambio muy importante en los últimos años, pues los estados están ejerciendo su actividad, no solo exclusivamente como vigilantes que castigan cuando se hace algo mal, sino que también realizan una tarea de ayudar, de colaborar con las autoridades, empresas y particulares, a generar y crear mejores entornos.

Hay un cambio de colaboración entre el estado, las autoridades, el sector empresarial y el público en el que se percibe una preocupación muy evidente por la ética y no solo por el crecimiento económico. La ética y la integridad son muy relevantes porque dan contestación a esa aspiración final de desarrollar ámbitos donde las personas tengan como fin último llegar a la felicidad.

En el ámbito corporativo, las empresas buscan esa felicidad en un resultado económico óptimo y sostenible, que les permite cumplir con sus obligaciones y objetivos éticos mediante la satisfacción de clientes, proveedores y empleados.

Detrás de esta búsqueda, que hemos llamado la “ética aplicada”, se deja ver, por un lado, la necesidad de las personas de cumplir con nuestros objetivos vitales y, por otro, la colaboración del estado para asegurar entornos que permitan a sus ciudadanos desarrollarse como seres humanos en un ambiente transparente y ético.

Ésta es la parte más relevante en la implementación del compliance, en el sentido de que los estados se involucran para lograr un entorno más ético que vuelve a las empresas más competitivas.

¿Cómo analiza el desarrollo del compliance en el Perú?

El Perú lleva unos años promocionando la ética pública y privada. Como  otros países de América y el mundo, ha tenido malas experiencias, pero ha decidido, a través de algunas iniciativas legislativas, promocionar el uso de la ética y la integridad. Entre otras, el Perú empezó sus prácticas de compliance en el ámbito de la contratación pública, tomando en cuenta a las empresas que tuvieran iniciativas en esta materia y valorándolas con una mejor puntuación. Con eso, el sector público mandaba un mensaje importante al sector privado: “la ética me importa”.

Desde entonces, el Perú ha fomentado desde hace muchos años iniciativas muy buenas que están recibiendo frutos y tienen cierto retorno de la inversión, ya que se valora más la competitividad de las empresas éticas.

¿Hay algún ranking de la región que nos muestre cómo está el Perú en cuanto al cumplimiento de compliance?

Anualmente se publican muchísimos rankings de entidades públicas y privadas. Por ejemplo, en el “Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional”, el Perú figura a la mitad de la tabla, en el puesto 105; Colombia, por ejemplo, está en el puesto 87 y Chile en el 27.

Debemos tener en cuenta que el referido índice no mide un dato objetivo, sino que transmite la percepción a través de una metodología de evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios. Lo llamativo es que prácticamente todos los índices obtienen resultados similares: por ejemplo, el World Justice Project sitúa al Perú en la casilla 90 y a Colombia y Chile en los puestos 91 y 33 respectivamente.

Lo cierto es que, a lo largo de los años, estos índices nos han permitido comprobar cómo le está yendo a un estado, y sobre todo cuál es la percepción que tenemos como ciudadanos de cuáles son los problemas que enfrentamos y, más relevante aún, cómo percibimos los esfuerzos de nuestro país y de nuestros gobernantes en materias como la lucha contra la corrupción.

¿Cómo percibe la comunidad internacional al Perú?

Aunque el Perú ha tenido cambios de gobierno,  lo que podría llegar a afectar  su imagen internacional y la evaluación del riesgo país por parte de empresas, la percepción generalizada es que se trata de un país estable en el que se puede hacer negocios.

Tengamos en cuenta que los cambios de gobiernos no dejan de ser cambios de personas y terminan por afectar positiva o negativamente de acuerdo a la reputación, los antecedentes y la percepción de los mercados respecto de sus primeras decisiones. Dicho esto, no soy capaz de dar un dato real del comportamiento de la comunidad internacional con respecto al Perú, si bien los hechos muestran que es un país seguro para hacer negocios en el que se siguen valorando mucho la ética y el cumplimiento.

¿De qué manera impacta la corrupción en la economía de un país?

Fundamentalmente en la pobreza. Hay una línea clara que une la corrupción con la pobreza. Aquellos países que tienen índices muy bajos de corrupción son los que están luchando eficazmente contra la pobreza y la desigualdad.

Hay que tener en cuenta que la corrupción viene asociada a conceptos como la impunidad y la falta de transparencia, por lo que estado que no dispone de legislaciones que castigan de forma eficaz la corrupción pública y privada y fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, no mitiga la desigualdad ni la pobreza incrementando la impunidad. El ciudadano percibe que no hay castigo contra actuaciones corruptas, así que se perpetúa ese círculo vicioso que termina por afectar gravísimamente a las personas y más aún al más vulnerable.

Por ponerlo en un ejemplo: una empresa que gana un contrato público para la construcción de un hospital y ha ganado mediante prácticas corruptas, terminará por deducir  esa cantidad de la calidad del producto y finalmente construirá un peor hospital, que se traducirá en un mal servicio para los ciudadanos.

Por lo tanto, al final esa corrupción sistémica afecta finalmente a las personas. La mayor o menos corrupción siempre impacta en la riqueza y en la pobreza de las personas.

El cohecho y delitos como el soborno son recurrentes en el Perú. ¿Qué acciones deben tomarse para reducir los niveles de corrupción?

Fundamentalmente hay dos formas de mitigar la corrupción: la transparencia y la rendición de cuentas.

Hay estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que señalan cómo la ausencia de transparencia acaba por favorecer a la corrupción.

En el momento en que los estados deciden invertir en transparencia y en tecnología asociada a la transparencia, la corrupción disminuye porque dispondremos de la totalidad de la información del estudio de necesidad, el pliego, las condiciones de contratación, las propuestas y a adjudicación y, además, los servidores públicos responsables de cada fase del proceso.

Por ello, es importante que los países creen portales de transparencia pública, para revisar quiénes están ganando los proyectos, por qué, cómo lo hacen y que los criterios sean transparentes y que se puedan comprobar los conflictos de interés entre los empleados públicos y los responsables de las empresas privadas.

Con respecto a la rendición de cuentas, tomemos el ejemplo de la empresa privada en la que los cargos de dirección tienen que mandar reportes mensuales, semanales o diarios dando cuenta de los resultados.

La rendición de cuentas permite comprobar el estado del cumplimiento de los objetivos y favorece la toma de decisiones. En el ámbito público es importante que los ciudadanos conozcan qué hacen los gobernantes y a qué destinan los presupuestos y puedan tomar las decisiones correspondientes en el siguiente período legislativo.

Finalmente es importante fomentar la cultura de cumplimiento dando formación y concienciación a todos los niveles y exigiendo resultados concretos en las conductas de las personas. Los países que ahora tienen éxito en este tema son los que invierten tiempo y recursos en la formación en integridad en los servidores públicos y en las empresas que prestan servicios al sector público, ofreciendo normas claras de conductas exigidas y esperadas.

¿Qué beneficios trae un programa de compliance para una empresa?

El compliance debe suponer un retorno de la inversión e impactar de manera positiva al balance económico de una empresa.

El reto del compliance es que se vea reflejado en la cuenta de resultados, puesto que ninguna empresa puede permitirse el lujo de tener un área o una inversión que no ayude al negocio, e incluso que use conceptos abstractos de medición de la eficacia que no tenga en cuenta los objetivos económicos de la compañía. Por eso, siempre decimos que la gestión de riesgos del compliance está orientada a ofrecer información económica concreta para que la empresa sepa cuál es el costo de no cumplir.

«Aspiramos que la percepción de la corrupción deje de ser el principal problema del país y que no nos tome mucho tiempo en combatirla», destacó Sara Farfán, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante la inauguración del encuentro internacional de Compliance, que tuvo como tema central: «El Cohecho Transnacional en el Perú: Retos y desafíos».

En este espacio de debate, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en conjunto con el Observatorio Compliance de la World Compliance Association-Perú y la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, la funcionaria de alto nivel gubernamental informó a la comunidad jurídica y al público, los esfuerzos realizados por el Perú para adecuar su ordenamiento jurídico y capacidad operativa en el combate contra la corrupción nacional y transnacional.

Además, Farfán recalcó el esfuerzo del sector privado para impulsar la adopción del sistema de gestión antisoborno 37001 y del modelo de prevención establecido en la Ley 30424, así como la aprobación de códigos de ética y/o conducta a nivel de gremios empresariales y en especial la difusión de la Convención Anticohecho y los alcances del delito de cohecho transnacional.

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«Reconocemos de manera especial las actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios empresariales que fueron muy útiles al momento de efectuar el reporte correspondiente al Grupo de Trabajo Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)», indicó la representante de la PCM.

LABOR DE LA CCL

En tanto, José Reaño, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL y socio en Rodrigo, Elías & Medrano Abogado, en su mensaje de bienvenida, resaltó que la Cámara de Comercio de Lima tiene como política, objetivo, propósito y compromiso promover una Cultura de Integridad en toda la institución, que impregne transversalmente todas sus actividades y sea interiorizada por todos sus directivos, empleados y colaboradores.

«El gremio empresarial comparte la Cultura de Integridad mediante la aplicación de buenas prácticas, el cumplimiento de su código de ética, sus valores corporativos, y el principio de estricto cumplimiento normativo de su Modelo de Prevención de delitos acorde a la Ley 30424-Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas actualmente modificada con la Ley 31740», señaló el abogado especialista en temas de compliance.

Asimismo, Reaño anunció que, con el objetivo de contribuir a la incorporación de talento bueno e íntegro a la administración pública, la CCL ha lanzado el programa ‘Semillero para futuros funcionarios públicos’, que se llevará a cabo entre septiembre y octubre de este año, en el que los mejores estudiantes universitarios tendrán oportunidad de formarse en los temas más relevantes de la función pública con destacados profesionales y académicos.

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Por su parte, Yusith Vega, Compliance Officer de la CCL, miembro del Comité Observatorio Compliance WCA Perú y miembro de la Comisión de integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, expresó que estos espacios de discusión que promueve la Comisión tiene la finalidad de sensibilizar al sector empresarial y la ciudadanía sobre temas de integridad y lucha contra la corrupción.

MECANISMOS PARA COMBATIR EL COHECHO

Entre los principales expositores del evento estuvo presente Carlos Villena, coordinador de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, quien sustentó el tema sobre la ‘Importancia y actividades del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE para combatir el Cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales’.

El funcionario gubernamental indicó que el delito de cohecho transnacional tiene varios años en el Código Penal de nuestro país, desde su antecedente que devino de la suscripción del Tratado Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pero lo más recurrente en el Perú son los delitos comunes como el peculado, el cohecho activo y pasivo, negociación incompatible, entre otros, que forman parte de los delitos contra la administración pública.

«Sin embargo, dado al acercamiento a los espacios internacionales anticorrupción como son el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia en el marco del foro APEC que el próximo año estamos presidiendo como parte de la labor del Perú como país anfitrión, y el acercamiento en el marco de la vinculación con la OCDE ha traído a nuestro país un conjunto de temáticas que no eran abordadas con suficiente amplitud, y uno de ellos es el tema del cohecho transnacional», expresó Villena.

GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA

A su turno, Liliana Calderón, Counsel en Benites, Vargas & Ugaz y presidenta del Observatorio Compliance de WCA Perú, quien expuso el tema sobre ¿Cómo sanciona nuestra legislación nacional el cohecho transnacional?, advirtió que el cohecho activo transnacional representa una amenaza para la competitividad de los países, ya que impide que los negocios y las transacciones internacionales se lleven a cabo en condiciones equitativas.

«Estamos hablando de la necesidad de tener que desenvolvernos en un ambiente de confianza, en el que las reglas de la competencia sean transparentes y que garanticen la competitividad de todos aquellos actores que participan en ese relacionamiento comercial; así como poder garantizar la confianza en los Gobiernos, en las empresas y en los mercados», sostuvo la especialista.

Del mismo modo, Néstor Aparicio, director de la World Compliance Association Internacional, quien disertó el tema sobre los ‘Avances de la lucha contra el Cohecho Transnacional en Europa y resto del mundo’, alertó que el cohecho transnacional distorsiona la competencia y crea un clima de negocios incierto.

«Las empresas que no pueden competir en este terreno de juego desigual pueden ser eliminadas del mercado y los consumidores pueden verse obligados a pagar precios más altos y obtener productos y servicios de menor calidad. Luego, esto acaba socavando la confianza en las instituciones y puede causar revueltas y descontento social. En ese sentido, la sociedad civil debe trabajar para exigir transparencia y responsabilidad a los funcionarios públicos y empresas», subrayó el especialista.

PANEL DE DEBATE

Al término del encuentro internacional de compliance se realizó un panel de debate sobre la ‘Legislación Peruana sobre el Cohecho Transnacional, Retos y desafíos’ que estuvo moderado por Emma Canchari, socia del área de Compliance – DS Casahierro Abogados y miembro del Comité Observatorio Compliance WCA Perú, en el cual participaron Patricia Pérez, fiscal adjunta Superior Anticorrupción de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público; Karin Fernandez, socia senior en estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados y Carlos Hermoza, oficial de Ética y Cumplimiento Latam – Grupo OHLA y miembro del Comité Observatorio Compliance WCA Perú.

En las palabras de cierre de este espacio de discusión, Mónica Huertas, presidente de la World Compliance Association Capítulo Perú, destacó la participación de funcionarios gubernamentales de alto nivel, representantes del Ministerio Público y expertos nacionales e internacionales en temas de compliance que abordaron sobre la legislación peruana en esta materia, así como los avances de la lucha contra el cohecho en el resto del mundo.

El Perú a través de la Ley N°30424 (publicada el 21 de abril de 2016 y con entrada en vigencia el 1 de julio de 2017) y su reglamento Decreto Supremo N’ 002-2019-JUS (publicada el 9 de enero de 2019), establecieron la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por diversos delitos, entre ellos, el delito de cohecho activo trasnacional prevista en el artículo 397-A del Código Penal.

Sin embargo, de las evaluaciones en Fase 1 y 2 efectuadas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dicho espacio internacional ha expresado la necesidad que nuestro país efectúe reformas normativas vinculadas a la responsabilidad de las personas jurídicas.

Es por ello que se publicó el sábado 13 de mayo la Ley N°31740 que modifica la Ley N° 30424, ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, con lo cual se busca fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo; recogiendo las recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE con lo cual permitirá al Perú avanzar en el cumplimiento del compromiso en implementar progresivamente la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

¿Por qué es importante para el sector empresarial el Modelo de Prevención que promueve la Ley 30424, hoy modificada por la Ley N°31740, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas en el proceso penal?

De acuerdo a nuestra legislación, un Modelo de prevención es un sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos de prevención, vigilancia y control, implementados voluntariamente por la persona jurídica, destinados a mitigar razonablemente los riesgos de comisión de delitos y a promover la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas.

Un Modelo de Prevención, Programa de Cumplimiento Normativo o Sistema de Compliance, más que sistemas para prevenir delitos y cumplimiento de normas y políticas en las empresas, es una “cultura del trabajo”, en donde la integridad, los valores y la ética están siempre presentes en todas las actividades, procesos y forma de trabajo de los colaboradores de la empresa, quienes, trabajando siempre con transparencia y honestidad, contribuyen en el ADN de la empresa.

Hay que recordar que la principal función del Compliance es mantener la ética organizacional y la integridad corporativa; aportando tranquilidad, seguridad y confianza a todos los que forman parte de la empresa, así como a los clientes y socios comerciales. Para ello identifica y evalúa los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establece políticas y normas que permitan que los mismos no se conviertan en un problema futuro.

Yusith Vega, Oficial de Cumplimiento de la CCL

¿Cuáles son los principales cambios que considera la Ley N°31740, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas en el proceso penal?

a. Establece que la denominación de la Ley N° 30424 se modifique al siguiente título: “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal”.

b. Se amplía el catálogo de delitos por los que se puede atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas nacionales y extranjeras en el proceso penal por los delitos previstos en los artículos:

• 199 (Contabilidad Paralela), Art.226 (Atentados contra Monumentos Arqueológicos), Art.228 (Extracción Ilegal de bienes culturales), Art. 384, Art.397, Art.397-A, Art.398 y Art.400 del Código Penal.
• 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5 (Omisión de comunicación de operaciones sospechosas) y Art.6 (Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información a la autoridad competente en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de Lavado de Activos) del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado.
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la Ley 28008, Ley de los delitos aduaneros.
• 1, 2, 4, 5, 5-A, 5-B, 5-C y 5-D del Decreto Legislativo 813, Ley Penal Tributaria, delitos tributarios.
• 2, 3, 4, 4-A, 5, 6, 6-A, 6-B y 8 del Decreto Ley 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

c. Se precisa que el ámbito de aplicación de la ley se extiende a las Personas Jurídicas Extranjeras que realicen o desarrollen sus actividades, directa o indirectamente, en el territorio nacional, a través de cualquier modalidad societaria, contractual o empresarial, siempre que cometan alguno de los delitos establecidos en la ley.

d. Se modifican las consecuencias jurídicas, en relación al eximente y circunstancias atenuantes, estableciéndose la inaplicabilidad de la eximente de responsabilidad para la persona jurídica si es que el delito fuese cometido por socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados, con capacidad de control de la persona jurídica. En estos casos, el juez únicamente impondrá una multa, la que podrá ser reducida hasta en un noventa por ciento (90%).

e. La emisión de los informes técnicos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre el análisis de la adecuada implementación y funcionamiento del modelo de prevención, estos ya no serán vinculantes para la Fiscalía, pasando a ostentar la condición de pericia institucional, por lo que será valorado por el fiscal y el juez junto con los demás elementos probatorios incorporados en la investigación o el proceso penal.

f. La ley ha añadido que, al momento de elaborar el informe técnico, la SMV deberá tener en cuenta los estándares internacionales sobre el modelo de prevención y las buenas prácticas en el gobierno corporativo.

g. Fortalece el intercambio de información entre autoridades, cuando el delito cometido por la persona jurídica sea lavado de activos o financiamiento del terrorismo, en donde la SMV y las entidades supervisoras competentes en materia de prevención, pueden intercambiar información referida al modelo de prevención y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT), con la finalidad de elaborar el informe técnico.

h. En relación a las multas; el Juez impondrá la multa de forma motivada y atendiendo 9 (nueve) criterios establecidos en el Art. 7º de la ley.

La Ley N°31740, señala que el poder ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en un plazo no mayor a 60 días calendario, adecuara el reglamento de la Ley 30424, aprobado por DS 002-2019-JUS.  Es recomendable esperar dicha normativa para aclarar y/o complementar algunos puntos que han generado comentarios positivos de algunos especialistas, así como otras cuestionables.

Finalmente se señala también, que el artículo 1 de la Ley 30424, modificado por el artículo 1 de la nueva ley N°31740, entrará en vigencia a los seis (6) meses de su publicación; plazo que tendrán las empresas que cuentan con el Modelo de Prevención implementado o tienen un mayor deber de implementar el Modelo de prevención, adecuarse a los nuevos requisitos exigidos por nuestra legislación.

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El presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y segundo vicepresidente del gremio empresarial, Hernán Lanzara Lostaunau, aseveró que es importante reforzar las políticas de cumplimiento en el sector empresarial.

“Es necesario tener presente que el riesgo de la corrupción es la mayor debilidad y vulnerabilidad de una empresa”, señaló durante la clausura del taller internacional “Los Sistemas de Cumplimiento como herramientas para prevenir a las pymes de la corrupción y otros delitos”, organizado por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.

Indicó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la base más importante del gremio empresarial, que cuenta con más de 10.000 asociados. “Las pymes son las unidades de dónde tiene que surgir el cambio para mejorar el entorno ético de nuestros negocios”, afirmó.

En ese sentido, Lanzara formuló una invitación para que  las pymes se sumen a la tarea de construir una cultura de ética y buenas prácticas en los negocios, con el fin de  «que contribuyan a generar un cambio en nuestro país, erradiquen la corrupción y así se alcance  la meta de tener un Perú íntegro». 

Debida diligencia

Por su parte, el Chief Compliance Officer de Cosapi, Fredy Guerra Rojas, indicó que las organizaciones deben establecer un nivel adecuado de controles de debida diligencia, puesto que los activos más importantes que tienen son su reputación y sus colaboradores.

“Depende de nosotros ver en qué nivel estamos de debida diligencia, cuán dispuestos estamos a asumir riesgos contratando clientes o proveedores. Sino contamos con algún control mínimo para determinar qué haremos, puede ocurrir algún acto que pueda vulnerar nuestra reputación u organización”, dijo.

En ese sentido resaltó, que las empresas desde las grandes hasta las pequeñas, deben contribuir a establecer una cultura de cumplimiento. “Todas las organizaciones debemos aspirar a ser baluartes que ayuden a decantar la cultura de ética y cumplimiento en nuestra sociedad”, enfatizó.

Asimismo, refirió que las pymes son el motor de la economía peruana, «siendo estrellas en ascenso no pueden darse el lujo de poder inmiscuirse o involucrarse en alguna situación que vaya a truncar su ascenso».

Guerra Rojas, explicó que la debida diligencia es el proceso a través del cual se hace un análisis más exhaustivo o se trata de conocer mejor a todas las partes con las que puede interactuar una empresa, trabajadores, proveedores, clientes, entre otros.

Entre los principales riesgos que enfrenta una empresa está el operacional, financiero y reputacional.

Chief Compliance Officer de Cosapi, Fredy Guerra Rojas.

Matriz de Riesgo

A su turno, la socia del área de Compliance DS Casahierro Abogados, Emma Canchari Palomino, señaló que la Matriz de Riesgos es la columna vertebral del Sistema de Cumplimiento. Explicó que la Matriz de Riesgos es una herramienta que permite visualizar los riesgos a los que está expuesta una empresa u organización, así como a cuantificarlos y definir los controles requeridos para mitigar su probabilidad de ocurrencia o su impacto.

Para elaborar una Matriz de Riesgos, es necesario tener conocimiento de la organización y saber qué es lo que necesita, identificar las áreas o funcionarios de la empresa para prevenir la materialización del riesgo.

«Por ejemplo, hay que  identificar qué colaboradores están más expuestos a un riesgo de corrupción, probablemente los que tienen mayor interacción porque en esta interacción puede surgir surge una oportunidad de sobornos», dijo.

Para elaborar una Matriz de Riesgos también se debe identificar los controles para la prevención o mitigación de un riesgo, y determinar cómo influyen y su impacto.

Asimismo, es importante realizar un análisis del contexto de la organización, en ese sentido, revisar y analizar la información del modelo de negocio y de la estructura organizativa de la compañía, agregó.

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“Los sistemas de cumplimiento actúan como escudos protectores contra la corrupción”

El presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL y segundo vicepresidente del gremio empresarial, Hernán Lanzara Lostaunau; el Chief Compliance Officer de Cosapi, Fredy Guerra Rojas; y el Oficial de Cumplimiento de la CCL, Yusith Vega.

Canales de Denuncia

Por su parte, el Oficial de Cumplimiento de la CCL, Yusith Vega, resaltó que los Canales de Denuncia son mecanismos de alerta temprana de irregularidades que pueden existir en las empresas.

“Estas denuncias son importantes en un Programa de Integridad o Sistema de Cumplimiento y, para que funcionen, deben ser de fácil acceso, y brindar confianza, imparcialidad y sobre todo protección a las partes interesadas.”, acotó.

Refirió que las empresas pueden usar un Canal de Denuncias usando como guía el estándar internacional la “ISO 37002 – Directrices para los Sistemas de Gestión de Denuncias”; documento que proporciona orientación a las organizaciones para de manera voluntaria, establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de denuncias eficiente y eficaz, basándose en los principios de confianza, imparcialidad y protección.

Vega señaló que la administración del Canal de Denuncias está a cargo del oficial de cumplimiento, que tendrá como responsabilidades recibir las denuncias, atender a los denunciados, analizar la viabilidad de la denuncia, efectuar las investigaciones correspondientes y concluir.

Con toda la información validada de los hechos se encargará de elaborar los informes cuyas conclusiones estarán a disposición de la Alta Dirección o del máximo órgano de la empresa, para que tomen las acciones que estimen conveniente.

Finalmente, entre los tipos de canales de denuncias, mencionó: el correo electrónico, un buzón físico, una línea telefónica directa o una oficina privada para recibir denuncias presenciales o todas en su conjunto.

El presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y segundo vicepresidente del gremio empresarial, Hernán Lanzara Lostaunau, aseguró que la aplicación de sistemas de cumplimiento ( compliance) se han convertido en una herramienta esencial para el crecimiento y la supervivencia de las pymes ( pequeñas y medianas empresas)  en un entorno empresarial cada vez más ético y regulado.

“Los sistemas de cumplimiento aseguran que las pymes cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables a la industria. El incumplimiento puede tener consecuencias devastadoras, como sanciones legales y multas, que podrían poner en peligro la existencia misma de la empresa. Es responsabilidad de todos nosotros garantizar que nuestras acciones estén alineadas con las normas legales establecidas”, subrayó durante la inauguración del taller internacional “Los Sistemas de Cumplimiento como herramientas para prevenir a las pymes de la corrupción y otros delitos”, evento organizado por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.

Explicó que estos sistemas actúan como escudos protectores contra la corrupción, al establecer medidas y controles internos rigurosos que ayudan a prevenir y detectar actos faltos de ética, como sobornos y fraudes.

“Al promover una cultura de integridad, donde se espera que cada empleado cumpla con altos estándares éticos, estamos construyendo una base sólida para el éxito a largo plazo de nuestras pymes”, destacó.

En ese sentido, refirió que la CCL tiene un especial interés en el cumplimiento normativo, dado que cuenta con más de 10.000 asociados, siendo el 75% de ellos pequeñas y medianas empresas. “La diversidad de sectores económicos en los cuales se desenvuelven los asociados de la CCL nos obliga a fijar posiciones técnicas, transversales y transparentes que busquen el beneficio de la sociedad en su conjunto”, añadió.

Recordó que la CCL viene aplicando las buenas prácticas del código de ética, y los valores corporativos, cumpliendo el marco normativo del Modelo de Prevención de Delitos, de acuerdo a la Ley 30424, de responsabilidad administrativa de personas jurídicas.

“Este modelo nos permite promover la integridad y transparencia en todas nuestras actividades y servicios, convirtiéndonos en un referente para nuestros miles de asociados y el sector empresarial en general. Además, nos ayuda a proteger a la institución y a todos los que formamos parte de ella, evitando sanciones administrativas y penales”, recalcó.

Cabe precisar, que el fin de semana se publicó la Ley Nº 31740, «norma que modifica la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en busca de fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo”.

EXACERBACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Por su parte, el viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción (Produce), Javier Dávila, dijo que lamentablemente en los últimos años, se ha visto con bastante desánimo, la exacerbación de la corrupción, lo que ha llevado a que los últimos cinco presidentes del Perú estén o hayan estado involucrados en procesos de corrupción.

Pero pese esta situación negativa, el viceministro Dávila, refirió que se tiene a tres presidentes en prisión, situación que en otros países no ocurre. “Entonces no todo está perdido en el Perú, con nuestros altibajos algo está funcionando bien”, destacó.

Aseguró que es momento de revalorar la forma de hacer negocios acordes con las condiciones de mercado, vinculándolos a valores y a conceptos de integridad. “Mucho hablamos de los actos de corrupción y nos olvidamos que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor y lamentablemente el corruptor está en el lado de las empresas”, lamentó.

Por ello, sostuvo que  Produce está muy preocupado en trabajar la integridad y recuperar la institucionalidad en base de valores y sí se hace de la mano del sector privado empresarial y el estado, vamos a ir cambiando el país.

“Quiero felicitar a la CCL por haber venido trabajando hace un buen tiempo no solamente con discursos, sino también con la práctica en generar un espacio de integridad de compliance. Creo que ese es un paso importante, que busca un liderazgo gremial en un tema absolutamente relevante para el país”, destacó.

MIGAJAS Y SOBRAS DE LA CORRUPCIÓN

La conferencia magistral estuvo a cargo del CEO INTEDYA Internacional de España, Iván Martínez, quien comentó sobre la importancia de los valores, la ética empresarial y el compliance en el fortalecimiento de las pymes.

En tal sentido, precisó que la integridad y la ética son sin duda  los elementos más necesarios para el desarrollo económico y social de Perú y de cualquier nación. Explicó que este tema para las pequeñas y medianas empresas, en el caso de nuestro país, es complicado por los niveles de corrupción que  hay .

“Una pequeña y mediana empresa tiene el reto y la obligación de tener una conducta ética y ejemplar, pero también tiene la obligación de facturar, de vender, de pagar su salario, de cubrir los gastos de la familia. Y en un entorno como el que tenemos no es sencillo, inclusive a veces yo me encuentro con muchísimas pymes que están medianamente satisfechas con la corrupción porque se benefician de alguna manera de esta”, subrayó.

Para cambiar eso, el especialista indicó que las pymes tendrían que ser las grandes impulsoras de la lucha contra la corrupción, porque aunque parezca que este mal les está  beneficiando, no deben tener ninguna duda de que están recogiendo  las migajas y sobras de esta problemática.

¿QUÉ ES UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS?  

Para el oficial de Ética y Cumplimiento de Latam – Grupo OHLA, Carlos Hermoza,  un modelo de prevención  de delitos, es un instrumento de gestión que garantiza el cumplimiento normativo, implementado voluntariamente por la persona jurídica,  y que  tiene como destino  el  mitigar razonablemente los riesgos de comisión de delitos, además promueve la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas.

Explicó que los beneficios de que una pyme cuente con un sistema de prevención de delitos le va permitir promover estándares éticos; mejores prácticas internacionales y nacionales en materia de anticorrupción; cultura de cumplimiento; prevenir conductas delictivas por parte de la empresa y sus integrantes.

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COMPLIANCE EN EMPRESAS FAMILIARES

El consultor senior del Centro de Empresas Familiares y Gobierno Corporativo de la CCL, Jorge Peralta, aseguró que adoptar compliance dentro de una empresa familiar es muy complicado por el componente emocional y consanguíneo que se tiene.

Indicó que por esto,  es importante impulsar la cultura del compliance en la empresa familiar,  y para ello precisó que se tiene que constituir y poner en valor en  el  consejo familiar de  esta, el  contar con un espacio de debate y consenso que sea útil para formular y responder preguntas amplias sobre problemas y riesgos ocasionados por las conductas disfuncionales de los miembros,  el cómo esto afecta a la comunicación, el compromiso y los planes de futuro.

Además, dijo que es primordial transformar  el referido consejo de familia, llevándola más allá de una reunión informativa y convirtiéndola  en un espacio de debate «a profundidad» sobre los temas vinculados a la propiedad, el riesgo moral y legal, la sostenibilidad y futuro de la empresa familiar.

Para implementarlo, mencionó que se debe incluir en la agenda anual del consejo, los aspectos que preocupan a la familia, en cuanto como las conductas disfuncionales observadas y su impacto en los asuntos vinculados a la propiedad y al negocio.

ROL DE LOS GREMIOS EMPRESARIALES EN EL COMPLIANCE

En el taller “Las Pymes y el compliance: Rol de los gremios empresariales”, el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL, Rodolfo Ojeda, aseguró que el gremio que preside tiene la responsabilidad de transmitir y demostrar a los asociados que el desarrollo de  un negocio  tiene que hacerse a través de  valores.

Explicó, que estos valores se van adquiriendo desde el  seno familiar y se deben cultivar y trascender al tema de la educación a nivel de colegio, formación universitaria, “desde ahí tenemos que formar al futuro empresario, es una situación que es muy importante y necesaria para nuestro país”, subrayó.

Por su parte, el presidente del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la Sociedad Nacional de Industrias, José Antonio Valcárcel, señaló que es fundamental el compliance a nivel de empresas y de gremio, porque  las ayuda en su proceso de crecimiento y consolidación.

“Las empresas tienen que convivir al interior con gente que no se sabe con qué valores llegan y con qué expectativas de satisfacer sus necesidades económicas tienen. Por esto para nosotros es importantísimo transmitir esas experiencias y que lleguen a nuestros asociados”, puntualizó.

¿Cómo van los sistemas de cumplimiento para evitar la corrupción en las pymes?

Hoy en día es muy importante tener en consideración que la gran mayoría de empresas de nuestro país son pequeñas y medianas. Por ese motivo, no podemos ser ajenos a que el compliance se deje de aplicar, porque consideramos que estas empresas son el motor de nuestra economía y debemos protegerlas y darles suficientes herramientas que contribuyan a la prevención de delitos de riesgos de corrupción.

Debemos precisar además, que en el Perú existe la Ley Nº 30424,  de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas del Perú y que alcanza también a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Esta ley nos informa acerca de cómo implementar un sistema de cumplimiento en las pymes y cómo debe ser aplicado al sistema de cumplimiento diseñado de acuerdo con las condiciones y características y realidad propia de cada empresa.

¿Por qué es tan importante tener estos modelos prevención y qué les permite?

Es muy importante contar con un modelo de prevención de delitos porque permite a las empresas integrar el comportamiento ético y asegurar el buen comportamiento de las personas a lo largo de sus actividades; además de  permitirle contar con una norma técnica para controlar los riesgos que se puedan presentar en materia de corrupción y otros delitos.

¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas si implementan este tipo de sistemas?

Generarán mayor confianza en sus grupos de interés. Entendamos a los grupos de interés como los clientes con los que se relacionan, sus socios de negocios, sus consumidores, sus trabajadores, porque, finalmente, el compliance te permite tener una mayor confianza en tu negocio.

¿Cuánto puede invertir una empresa en promedio para implementar estos sistemas de prevención?

Es preciso señalar que el compliance no debe ser percibido como un gasto, sino como una inversión a futuro y a largo plazo. Naturalmente no es un costo barato el que se va a invertir, pero esto está hecho en función al tamaño, realidad y necesidad de cada empresa. Existen en el mercado muchos consultores con distintos precios.

Sin embargo, lo importante es que la inversión que se realice efectivamente se aplique en el día a día de la propia organización. Solo así se evitarán la imposición de multas millonarias y de sanciones legales y regulatorias que podrían acarrear el fin de las operaciones de una empresa.

¿Es complicado implementar este sistema de prevención para las pymes? ¿Cuáles son los principales pasos?

No es complicado. Sin embargo, es vital que exista el compromiso de la propia organización al más alto nivel, es decir, desde las cabezas, los gerentes y administradores de que realmente quieran concientizarse en implementar buenas prácticas que les permitan anticiparse a situaciones de riesgos, a fin de promover un estándar ético y tener una cultura de cumplimiento dentro de la empresa y mitigar cualquier tipo de riesgo penal para proteger la reputación propia de la empresa.

¿Cuál es el primer paso que las empresas deberían seguir para implementar los sistemas de cumplimiento?

Considero muy importante que las empresas analicen el contexto interno y externo que tienen en sus operaciones. Esto les va a permitir identificar riesgos oportunamente, implementar un sistema de cumplimiento que se ajuste a sus necesidades y que cuenten con herramientas de control prácticas y necesarias en función al tipo de riesgo al que afrontan.

Es importante tomar en consideración el tamaño, naturaleza, características, estructura propia de la empresa durante sus operaciones; además, de las condiciones sociales, culturales y ubicación geográfica.

¿Desde cuándo están se implementan los sistemas de cumplimiento en el Perú?

Los modelos de prevención en el Perú empezaron a implementarse junto con la publicación de la Ley 30424 en el año 2016. Posteriormente, esta se modificó en 2017, entró en vigencia en 2018 y se publicó el reglamento en 2019. Es decir, que el marco normativo de los sistemas de prevención en el Perú es muy reciente y novedoso, pero ello no quita que tengamos mucha buena práctica internacional que es tomada de referencia por las empresas peruanas.

¿Qué organismo verifica el funcionamiento de estos sistemas de cumplimiento?

Hoy en día, el único ente responsable de emitir un informe técnico sobre el funcionamiento de un sistema de cumplimiento en el Perú es la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la que, a solicitud del fiscal a cargo de una investigación penal, realiza este informe a fin de verificar si se cumplen o no los elementos mínimos de un modelo de prevención dentro de una empresa.

¿Hay una norma que obligue a las empresas a implementar estos modelos de prevención?

De momento la implementación de modelos de prevención de delitos en el Perú es voluntaria. Pero,  esto no quita que cada vez más, pequeñas, medianas y grandes empresas estén empezando a poner en práctica elementos mínimos de prevención con la única intención de prevenir riesgos, sanciones, multas, investigaciones y generar tranquilidad con las personas que se relacionan.

Por último, ¿cuáles son las consecuencias para una empresa al no implementar este tipo de sistemas?

Es muy importante señalar las consecuencias de no contar con un modelo de prevención. Independientemente al riesgo legal o sanciones que nos pueda aplicar la propia norma en el Perú, tenemos el riesgo reputacional, que ocasiona la pérdida de confianza en los clientes, en el mercado, en los consumidores, en los propios empleados y claramente en la imagen de la empresa en su sector.

El Perú vive constantemente una coyuntura en la cual la corrupción tiene un papel gravitante. ¿Cuáles considera que son las causas principales de la corrupción y por qué se encuentra tan presente en nuestra cultura?

Según los recientes sondeos realizados en el país, un mayoritario sector de la ciudadanía señala a la corrupción como uno de los principales problemas del Perú, apenas superado por la inseguridad ciudadana. Y también se destaca, por primera vez, cómo esta lacra social afecta directamente la vida cotidiana, con un impacto negativo en la economía familiar, reduciendo las oportunidades de obtener empleo, afectando la calidad de los servicios públicos, generando mayor pobreza, consolidando la desigualdad social en el país y afectando el desarrollo económico.

Y no podría ser de otra manera, cuando se estima en más de S/ 24.000 millones las pérdidas por corrupción en el ejercicio 2021, lo que afectó directamente a casi 10 millones de peruanos.

Según la Encuesta Nacional de Hogares 2022 del INEI, las instituciones en las que menos confía la sociedad son los partidos políticos, con un 92,7%. Le siguen el Congreso de la República, con 89,9%, y en tercer puesto se ubican los gobiernos regionales, con un 80,5%. ¿Por qué cree que los representantes de la población tienen tan poca confianza?

Efectivamente, las innumerables denuncias y los procesos sobre actos de corrupción en los que han incurrido autoridades y funcionarios de distinto nivel, principalmente a lo largo de la última década (al 2021 se registraron más de 52.000 casos en investigación), han hecho perder la confianza en los políticos.

Según una reciente encuesta de Proética, un 32% de los encuestados señala que la corrupción ha generado una pérdida de confianza en los políticos; un 29% afirma que reduce su confianza en el Estado; y un 17%, en la política en general. Esto es muy grave, porque dinamita, como efecto colateral, la institucionalidad en el país. Otra razón importante es que los partidos y agrupaciones políticas no han hecho un trabajo eficaz para garantizar a la población un comportamiento ético en sus partidarios que llegan a ocupar cargos en el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos regionales y locales. Diariamente nos enfrentamos a fallas de gestión, bajos niveles de transparencia y acceso a la información pública, débil liderazgo en integridad y alta tolerancia hacia prácticas indebidas.

¿Considera que los actos de microcorrupción, como las coimas a los policías de tránsito, el pago por los cupos para atención médica o la falsificación de firmas que algunos hijos hacen en los colegios, son igual de importantes de corregir como los millonarios escándalos de corrupción de grandes empresas o del Estado?

Absolutamente. En nuestra sociedad, y me refiero a todo el país, existe una amplia tolerancia a estas conductas y actos considerados mínimos, que muchas veces son calificados de “viveza criolla” y son celebrados por familiares y amigos, como el saltarse las colas, viajar sin pagar pasaje o no pedir factura para evitar el pago del IGV. Esta conducta, que se gesta en el hogar y luego trasciende a la escuela y otros espacios, resquebraja la cimentación de los valores en los niños, futuros ciudadanos.

Es así como hay un 12% de peruanos que señala que ha entregado alguna coima, regalo o propina en los últimos doce meses. Este porcentaje significa dos millones de peruanos y, como ya señalaste en una pregunta, lamentablemente, la Policía es una de las receptoras de estas dádivas. ¿Qué aducen estas personas? Que si uno no paga, no funciona y, también, que así se evitan una sanción mayor.

Otra cifra que revelan los estudios es que un 19% de los encuestados afirma haber solicitado un favor para conseguir un trabajo o facilitar un trámite en el sector público, vale decir, tres millones de peruanos.

El problema de la corrupción en el Perú entonces es parte de la cultura. ¿Cuáles serían las medidas más efectivas para mejorar esta situación?

Es parte de la cultura, dices bien; y la gran mayoría de las personas, cuando son preguntadas, identifica que las coimas o que un funcionario o autoridad beneficie a los que lo apoyaron en campaña como actos de corrupción. Es interesante conocer que cuatro de cada cinco peruanos considera que los peruanos somos corruptos, pero solo uno de cada 10 considera que sus amigos o familiares lo sean, y solo el 6% se considera a sí mismo como persona corrupta.

Dicho esto, ¿qué medidas deben tomarse para generar un cambio y adoptar una cultura de integridad a todo nivel en el país? Pues hay que realizar un trabajo en diferentes frentes, como reforzar los conceptos contenidos en el currículo con participación de los padres o apoderados; implementar sistemas y oficinas de integridad a nivel de los gobiernos nacional, regional y local; implementar estándares de integridad en contrataciones, entre otros.

En realidad, estamos ante una severa crisis de ausencia de valores, pues existe una gran insensibilidad, deshonestidad y falta de respeto hacia nosotros mismos, hacia la sociedad y hacia las instituciones.

¿Qué hace la Comisión de la Integridad y Lucha Anticorrupción para fomentar los valores éticos en el comercio?

Venimos promoviendo el establecimiento de mecanismos de control y aseguramiento de un desempeño ético e íntegro; la adopción de códigos de conducta y declaración jurada de intereses; y la implementación de modelos de prevención o cumplimiento. Estamos poniendo el mayor énfasis en las medianas y pequeñas empresas, ya que estos mecanismos no solo deben implementarse en las grandes empresas, sino que todas deben asumir el compromiso de adoptar una conducta empresarial ajustada a las normas legales y a los valores del ejercicio ético de su actividad. No hay excepciones ni excusas.

Próximamente desarrollaremos un taller dirigido a las pymes sobre como prevenir la corrupción en sus organizaciones. Asimismo, estamos trabajando en un Semillero para futuros funcionarios públicos, dirigido a los mejores estudiantes de los últimos años de formación profesional. Este es parte de nuestro aporte para generar una cultura de integridad.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos (LA) y/o del financiamiento del terrorismo (FT); así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

Es por ello que conversamos con el Dr. Sergio Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, para que nos cuente el avance del Perú en la lucha contra el delito de lavado de activos, así como la implementación de las recomendaciones del Grupo contra el Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE en relación al soborno internacional, temas de vital importancia para lucha contra la corrupción en nuestro país.

¿Cuál es el avance de nuestro país en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos?

El país cuenta con una Política Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) vigente. A la fecha, y teniendo en consideración que las problemáticas de LA y FT son distintas y que la última Evaluación Nacional de Riesgos sólo abordó el LA (2021), se viene elaborando en forma participativa una Política Nacional sobre LA, conforme a los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y con la asistencia metodológica de la Cooperación Alemana, cuya conclusión está prevista para el último trimestre del presente año.

Paralelamente, se está elaborando una Evaluación Nacional de Riesgos que comprenda al FT y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPDAM). Luego de la conclusión de este diagnóstico, se tiene previsto iniciar la elaboración de la Política contra el FT y el FPDAM.

Por otro lado, conforme a la información estadística actualizada a febrero de 2023, la UIF en el periodo comprendido entre el año 2014 y febrero de 2023, ha recibido 116,709 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)[1] por parte de sus sujetos obligados.

En el mismo periodo, los Informes de Inteligencia Financiera (IIF)[2] emitidos por la UIF al Ministerio Público han involucrado en total US$ 12,908 millones, conforme se detalla a continuación:

En materia de congelamiento administrativo de fondos u otros activos, la UIF, en el periodo antes mencionado, ha obtenido la convalidación judicial de 109 casos de LA, por un monto total de US$ 74 millones. Cabe señalar que los casos de congelamiento de fondos que presentan como posible delito precedente el delito contra la administración pública, concentran el 49% del monto total de fondos congelados que fueron convalidados judicialmente.

En el ámbito de sanción del LA, según el III Informe de Sentencias de LA  2012-2020 en el Perú, elaborado por la UIF, se han registrado en el citado periodo 140 sentencias condenatorias firmes de LA.

Del total de 140 sentencias de LA, solo en 122 se identifican delitos precedentes y los 18 restantes pertenecen principalmente a la modalidad de transporte de dinero al interior del país o transfronterizo de origen ilícito. En las 122 sentencias se identifican 137 delitos precedentes, conforme al siguiente detalle: delitos contra la salud pública (53, 38.7%), delitos contra el patrimonio (35, 25.5%), delitos contra la administración pública (20, 14.6%), delitos contra la fe pública (14, 10.2%), delitos ambientales (5, 3.6%), delitos tributarios (4, 2.9%) y delitos aduaneros (2, 1.5%).

Finalmente, se registró una sentencia (0.7%) por cada uno de los siguientes tipos: delitos contra el Estado y la defensa nacional; delitos contra el orden financiero y monetario; delitos contra la libertad; y delitos de terrorismo. En las sentencias de LA con delitos contra la administración pública (20), el cohecho activo específico presenta la mayor incidencia con 30% (6), seguido por el cohecho pasivo específico con 25% (5) y la colusión, el enriquecimiento ilícito y el fraude procesal, cada uno con 15% (3); mientras que en las sentencias con delitos contra la fe pública (14), la falsedad ideológica se presentó en el 50% de sentencias (7) y la falsificación de documentos en el 50% restante (7).

Finalmente, un gran avance en la lucha contra el LA se dio con el Decreto Legislativo N.°1373, vigente desde el 2019, que reguló el proceso de extinción de dominio y creó un subsistema con jueces, fiscales y policías especializados. Este sistema ha permitido afectar los activos de los criminales en aquellos casos donde se comprueba, entre otros, que exista un incremento patrimonial no justificado por considerar que provienen de actividades lícitas, como en los casos relacionados con delitos de LA o corrupción. Cabe destacar que la UIF, desde enero del año 2019 a marzo de 2023, ha enviado a las Fiscalías de Extinción de Dominio un total 191 comunicaciones de inteligencia, de las cuales 178 fueron remitidas de manera espontánea y 13 a solicitud.

¿Nos puede comentar cómo enfrentan las autoridades de otros países los riesgos que representa el soborno transnacional y cuál es el nivel de cumplimiento que registran en sus políticas y acciones definidas en su estrategia nacional anticorrupción? ¿Cómo se encuentra el Perú frente a otras naciones?

Un gran avance en los países de la región ha sido tipificar en su normativa penal el delito de soborno transnacional y a su vez regular la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas ya sea en la vía penal, civil o administrativa, exigiendo la adopción de un Modelo de Prevención de Delitos. Países como Argentina, Chile, Ecuador y Panamá han optado por regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas mientras que países como Brasil y Colombia, una responsabilidad administrativa.

En el caso de Perú, la Ley N.°30424 regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que en el fondo es una responsabilidad autónoma de carácter penal, dado que son los fiscales y jueces penales los competentes para investigar y sancionar, respectivamente. Los delitos comprendidos en la ley son: LA, FT, corrupción (cohecho activo, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, colusión y tráfico de influencias). Asimismo, se prevé la compatibilidad del Modelo de Prevención de Delitos, previsto en la Ley No. 30424, con el sistema de prevención del LA/FT (SPLAFT), regulado en la Ley No. 27693.

¿Cuáles son los avances en la implementación de las recomendaciones efectuadas por la OCDE a través de su Convención para Combatir el Cohecho Transnacional, relacionadas a tener en cuenta sistemáticamente el soborno transnacional al realizar evaluaciones de riesgo de lavado de activos en el futuro?

Como parte de las recomendaciones del Grupo contra el Soborno en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE en su Informe Fase 2 (30 de junio del 2021), se recomendó a la UIF tomar en cuenta el soborno internacional al realizar evaluaciones de riesgo de LA en el futuro.

Al respecto, cabe indicar que en la Evaluación Nacional de Riesgos de LA 2021 se recogen los resultados del mencionado informe y se identifican y valora 23 amenazas y 66 vulnerabilidades que afectan la lucha contra el LA en el Perú. El resultado de dicha valoración indica que las principales amenazas para el LA en el Perú son: la minería ilegal, los delitos contra la administración pública, el tráfico ilícito de droga, los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio.

De la misma manera, las principales vulnerabilidades son: la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos, la existencia de corrupción en los operadores de justicia y la existencia de condiciones que facilitan la corrupción pública, entre ellas la tolerancia.  Cabe precisar que en las próximas evaluaciones de riesgos de LA se analizará en específico el soborno transnacional asociado al LA.

¿Cree Ud. que existe conciencia sobre el deber de los funcionarios públicos y sobre todo del sector empresarial para denunciar especialmente el soborno transnacional? ¿Es suficiente la legislación peruana para proteger a los denunciantes que dan a conocer sobornos en el extranjero? ¿Se conocen los mecanismos que ofrece el estado a ser utilizados para este fin?

En los últimos años, ha aumentado el nivel de conciencia sobre el deber de los funcionarios públicos y del sector empresarial para denunciar al soborno transnacional. Desde la UIF, en el marco del Programa Master Plan SBS y contando con el apoyo de la Cooperación Suiza – SECO, nos encontramos en proceso de diseño de dos cursos virtuales asincrónicos denominados “¿Cómo evitar el uso de las personas jurídicas en el LA/FT y otros delitos?” y “Marco Internacional LA/FT y otros delitos precedentes”.

Estos cursos están dirigidos al sector empresarial, específicamente a los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y así como a los funcionarios públicos, y tiene por propósito, entre otros, crear conciencia sobre el soborno transnacional, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (OECD, 1997) y la normativa internacional.

¿Qué otra medida requiere nuestra legislación para hacer frente a este tipo de delitos?

Una medida a considerar es evaluar la ampliación del listado de delitos, previstos en la Ley N.°30424 que generan la responsabilidad penal de la persona jurídica, de modo tal que se incluya a delitos que tengan especial relevancia o incidencia en el país, tales como delitos tributarios, financiamiento prohibido de organizaciones políticas, corrupción en el ámbito privado, contaminación al medio ambiente, minería ilegal, entre otros.

Si bien se ha logrado avanzar en la concientización a nivel de todos los sectores de ciudadanía, sobre la importancia de lucha contra este tipo de delitos. ¿Qué medidas aún se requieren para que podamos evitar que se incremente, o evitar que se incrementen, este tipo de actos delictivos?

Como se ha indicado anteriormente, si bien se han registrado avances en concientizar tanto a los funcionarios como en el sector empresarial en la promoción de la integridad y la tolerancia cero a la corrupción, aún hay acciones que reforzar para lograr empoderar a la ciudadanía en la formulación de sus denuncias. Ello demanda campañas de concienciación y requiere de un trabajo conjunto entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil.

Desde la UIF, ¿Cómo ve la participación del sector empresarial en apoyo a las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción y otros delitos?

El sector empresarial apoya activamente al Estado en la lucha contra la corrupción y el LA, entre otros delitos. Así, en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), participa la Cámara de Comercio de Lima, la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias. Por su parte, en el ámbito específico del LA y FT que es de competencia de la UIF, se advierte que hay una participación activa de diversos gremios de los sectores financiero y no financiero. Así, por ejemplo, ASBANC, ASOMIF, APESEG, entre otros, han participado en la elaboración de la Evaluación Nacional de riesgos de lavados de activos (ENR LA 2021), y lo vienen haciendo en el proceso de formulación de la Política Nacional contra el LA.

[1] Documento elaborado y comunicado por el sujeto obligado o por un organismo supervisor a la UIF cuando se detecten indicios de LA o del FT. El ROS es un documento de trabajo reservado únicamente para el uso de la UIF en el inicio del tratamiento y análisis de la información contenida en dichos reportes y que luego del análisis e investigación respectiva, se tramitará al Ministerio Público en los casos en que se presuma haya vinculación con actividades de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.

[2] Documento de inteligencia financiera, con carácter confidencial y reservado, que emite la UIF luego del análisis e investigación de los ROS recibidos de los sujetos obligados y/o de la información que obra en las bases de datos de la SBS, en el que concluye que el caso materia de análisis e investigación se presume vinculado a actividades de LA, sus delitos precedentes o de FT. No tiene valor probatorio y no puede ser utilizado como elemento indiciario o medio de prueba en ninguna investigación o proceso judicial, administrativo y/o disciplinario, a excepción de los anexos que lo sustentan, siempre y cuando se cuente con autorización expresa de la UIF para su empleo total o parcial.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional que asiste a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad de una economía globalizada. La Organización ofrece una plataforma para que los gobiernos de países miembros y socios comparen experiencias de políticas públicas, busquen respuestas a problemas comunes, identifiquen mejores prácticas y coordinen las políticas nacionales e internacionales.

Asimismo, es una organización multidisciplinaria que estudia todas políticas públicas desde medio ambiente y agricultura, hasta biotecnología y política fiscal. Los instrumentos legales y estándares emanados por los más de 200 órganos de la OCDE están apoyados por análisis empíricos, datos y revisión entre pares.

Es por ello que conversamos con la Dra. Sara Evelyn Farfán Cuba, Secretaria de Integridad Pública (e) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que nos de mayores alcances de los avances de nuestro país para formar parte de este importante organismo internacional.

¿Por qué es importante para el Perú formar parte de la OCDE y cómo nos benefician sus programas y políticas para la lucha contra la corrupción?

El proceso de adhesión del Perú a la OCDE tiene un impacto trascendental pues a través de los informes de evaluación, estudios técnicos, eventos y actividades, nuestro país ha podido incorporar de manera progresiva estándares internacionales en diversas áreas y temáticas.

En el caso de la lucha contra la corrupción, el Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú (2016) es uno de los documentos técnicos más importantes que permitió la incorporación del enfoque de integridad en nuestra legislación y en la gestión pública nacional. Así se evidenció con la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. Nº 092-2017-PCM), la creación de la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros (2018) y el marco normativo emitido en materia de conflictos de intereses, protección al denunciante, gestión de intereses, registros de visitas en línea, gestión de riesgos a la integridad pública, entre otros.

Adicionalmente, la implementación de los parámetros de la OCDE también permitió el desarrollo del Modelo de Integridad para las entidades del sector público establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. Nº 044-2018-PCM), que orienta a las entidades del Estado en la implementación de una estructura de prevención de la corrupción.

Coméntenos sobre la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” de la OCDE.

Es uno de los instrumentos legales más importantes de la OCDE, el Perú la ratificó por Decreto Supremo N 011-2018-RE y está vigente desde el 27 de julio de 2018. La Convención busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas naturales y personas jurídicas que encubran o participen en un acto de esta naturaleza.

En ese marco, requiere que las leyes anticohecho se apliquen no sólo a particulares, sino también a las personas jurídicas, para que estas asuman responsabilidad ante las leyes de los actos de corrupción que se lleven a cabo para su beneficio.

Además, los Estados miembros tienen la obligación de tipificar el cohecho internacional y se comprometen a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para el delito de soborno extranjero.

La Convención también exige eliminar la deducción fiscal de los pagos de soborno, incluir jurisdicción sobre actos de corrupción cometidos en el país y en el extranjero y tomar medidas para garantizar que las decisiones para investigar o juzgar los casos de cohecho no estén influenciadas por consideraciones de interés económico. Asimismo, se deben prohibir las prácticas de contabilidad y auditoría que facilitan el ocultamiento de actos de corrupción.

Por lo tanto, la “Convención Anticohecho de la OCDE” es el instrumento internacional que aborda con mayor detalle el delito de cohecho trasnacional, tanto su alcance en materia penal como en sus aspectos tributarios, contables, cooperación internacional, entre otros, por lo que es un referente imprescindible en el derecho comparado.

¿Cómo se manifiesta el delito de cohecho (soborno) transnacional y cómo castiga nuestra legislación estos ilícitos?

El delito de cohecho activo trasnacional se encuentra tipificado en el artículo 397º del Código Penal, sancionando a la persona natural o representante de persona jurídica que ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente un soborno a un funcionario o servidor público extranjero con la finalidad de que realice u omita actos propios de su cargo, en violación o no a sus obligaciones, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales

Es de precisar que para su configuración es indiferente si el beneficio indebido redunda en provecho del autor o de otra persona, además que el delito se encuentra dentro del ámbito de la Ley 30424 sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas.

Está sancionado con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años, imponiéndose adicionalmente la pena de multa y la inhabilitación.

¿Qué acciones recomendaría al sector empresarial que comercia e invierte en el extranjero y poder evitar verse comprometido en delitos de cohecho internacional?

En las evaluaciones realizadas al Perú por el Grupo de Trabajo sobre cohecho en Transacciones Comerciales, se hace énfasis en la necesidad que el sector empresarial difunda la Convención Anticohecho de la OCDE, con la finalidad que conozcan el impacto, el alcance y las consecuencias del delito de cohecho trasnacional.

Asimismo, exhorta a las empresas que respondan de manera activa y efectiva a los informes de un auditor externo sobre presuntos actos de cohecho internacional. También alientan a la implementación de controles internos adecuados, programas de ética y cumplimiento con el fin de prevenir y detectar el soborno trasnacional, además que las empresas tengan en cuenta dicho delito en la identificación de sus riesgos asociados a corrupción.

Desde la Secretaria de Integridad Pública de la PCM, ¿cómo ve la participación del sector empresarial en apoyo al Estado en la lucha contra la corrupción?

La promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción es un esfuerzo conjunto del sector público, sector empresarial, sociedad civil y ciudadanía, pues un alto estándar de actuación ética e integra es exigible a los funcionarios y servidores públicos, pero también a las empresas y sus representantes.

Por eso resulta importante la labor del sector empresarial en apoyar los esfuerzos que se realizan desde el Estado en materia anticorrupción, y a su vez, sensibilizar a las empresas en la necesidad de evitar se originen riegos de corrupción en la interacción con la administración pública. Además, fomentando la denuncia de todo acto de corrupción ante las autoridades, sea que involucre a un servidor público, un ciudadano o inclusive a una persona jurídica.

Una muestra clara de ese compromiso, es la participación de representantes del sector privado en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, siendo uno de ellos la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, aseguró que para luchar contra la corrupción se requiere de herramientas fundamentales como la digitalización y la transparencia.

Así lo manifestó la líder empresarial en el II Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, evento que se extenderá hasta el 30 de noviembre y que es organizado por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.

“Para la CCL, la lucha contra la corrupción es nuestra bandera institucional, la misma que corroe las bases de la institucionalidad y la democracia. Por ello, este foro es de suma importancia no solo porque fomenta el debate, sino que permite hacer diagnósticos adecuados a fin de buscar soluciones eficaces y eficientes”, manifestó Rosa Bueno.

En ese sentido, añadió que la CCL tiene entre sus principales objetivos el promover la integridad y transparencia a través de todas sus actividades, procurando ser un referente ante las empresas asociadas y el sector empresarial en general.

Debate democrático

En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, José Ávila Herrera, saludó esta iniciativa de la CCL, puesto que contribuye al debate democrático, eje central de una comunidad política.

“Con este II Foro, la CCL hace una gran contribución a la democracia, porque de no existir estos espacios públicos, la democracia se vuelve ‘a la calle’ y ello es peligroso”, manifestó.

Del mismo modo, destacó el tema de integridad como eje central del foro, que representa un abordaje oportuno en esta crisis coyuntural.

“La integridad es el valor político más importante de la democracia, la misma que debe estar dentro de las convicciones de los ciudadanos, de las empresas y del Estado, pues ser íntegros es la única manera de cambiar al país. Ese es el gran reto que hoy propone la CCL”, precisó José Ávila Herrera.

Cultura de integridad

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que el gremio empresarial está sumamente comprometido con la promoción de una cultura de integridad y ética.

“Este encuentro, que se realiza por segundo año consecutivo, constituye para la CCL una nueva oportunidad para reafirmar este compromiso, así como los esfuerzos y acciones que desplegamos para erradicar este flagelo”, remarcó.

Más adelante enfatizó sobre las pérdidas económicas que generan los actos de corrupción e inconducta funcional que, según la Contraloría de la República, se estiman en más de S/ 24.000 millones en el 2021, lo cual representa el 13,6% del presupuesto nacional ejecutado.

“Ante estas reveladoras cifras, estamos más que conscientes del enorme daño que genera la corrupción en nuestro país; porque socava las bases de la democracia, desincentiva la inversión y genera más pobreza”, anotó.

Más adelante, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano -en su conferencia magistral- citó los distintos casos de corrupción que padeció el país, manifestando que en todos esos años el sistema de justicia peruana no ha podido responder de manera adecuada por una serie de factores, entre ellos la presencia de la corrupción.

“A nivel internacional, el Estado peruano litiga en situación de total desventaja, pues no cuenta con el apoyo de abogados especialistas ni recursos económicos, y al final el corrupto, que cuenta buenos letrados, termina bloqueando la acción de la justicia”, afirmó.

Enfatizó que existe por parte del ministerio de Justicia una persistente inacción debido a que no hay un seguimiento público de los procesos ni la suficiente transparencia para conocer cabalmente el desarrollo de todos los juicios que presenta el Estado peruano.

Tecnología y participación de la ciudadanía

Cabe mencionar que el referido encuentro se inició con el bloque denominado “Poder Ejecutivo, Constitución y Transparencia”, moderado por la jefa de Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de gestión Pública de la Universidad del Pacifico, Alexandra Ames.

En este espacio se abordaron los diversos desafíos existentes en el ámbito estatal, así también se resaltó la importancia de generar un Estado transparente, descentralizado y moderno, comprometido con el desarrollo nacional y de la ciudadanía.

Al respecto, la miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Producción (ITP), Maité Vizcarra; y el presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, Gabriel Ortiz de Zevallos, coincidieron en la necesidad de involucrar a la tecnología y la ciudadanía para evaluar si el aparato estatal hace una buena labor en su lucha contra la corrupción.

En relación a las normas constitucionales, el socio del Estudio Echecopar y asociado a Baker & Mckenzie International, Samuel Abad; consideró que la actual Constitución no se ajusta a las necesidades de los ciudadanos y del país.

“A lo largo de la historia peruana, no hemos tenido una Carta Magna ‘a la medida’, pues actualmente tenemos una Constitución que ya no responde a la realidad; por ello, hoy es oportuno revisarla”, comentó.

Más adelante, en el segundo bloque “Función Legislativa y Lucha contra la Corrupción” se abordó el rol que viene cumpliendo el Poder Legislativo y si este es efectivo para contrarrestar la referida problemática, con especial énfasis en la labor de las comisiones investigadoras, pero también en el perfil de quienes acceden al Congreso de la República.

Aquí participaron el analista político, Gonzalo Banda; la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; y el excongresista Alberto de Belaunde, siendo moderadora la adjunta para la Prevención Contra la Corrupción y Políticas de Integridad de la Defensoría del Pueblo, Susana Silva.

Posteriormente, en el bloque “Crisis Alimentaria y Gestión Transparente” se identificaron los desafíos de la gestión pública frente a la crisis alimentaria y cómo evitar nuevas modalidades de corrupción en un contexto de emergencia, como fue el caso de la pandemia de la COVID 19.

Dicho panel estuvo conformado por la coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas, Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Mónica Muñoz-Najar; el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas; y el exgobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz, siendo moderadora la conductora del bloque económico TDT Nativa, Cristina Luna.

Esta semana ha visitado el país una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de analizar nuestra compleja situación política. Momento oportuno para recordar que ninguna solución permanente vendrá de la OEA o de cualquier otra instancia internacional si no somos nosotros, a nivel interno, quienes realizamos una completa reforma política que incluya modificaciones constitucionales. Y el actual Congreso tiene todas las facultades para llevarla a cabo.

Con un elenco político cuyo lema es “nos quedamos todos”, un presidente de la República con serios cuestionamientos y acusaciones, ministros que raramente duran más de dos trimestres, un Parlamento fragmentado en trece bancadas, paupérrimas aprobaciones ciudadanas del Ejecutivo y Legislativo y alta conflictividad social, pensar que la misión de la OEA significará alguna solución es caer en el autoengaño.

Un panorama como ese solo dará más impulso a la espiral perversa en que estamos atrapados desde hace años, para beneplácito de la corrupción.

Por eso necesitamos ver más allá de esta visita y definir puntos de coincidencia a partir del debate, del sano intercambio de puntos de vista. Por ejemplo, poner sobre la mesa qué tipo de democracia queremos tener: si presidencialista o parlamentarista, cómo elegir autoridades o cuál es la responsabilidad del presidente de la República.

Para mirar el futuro, necesitamos también analizar el pasado, evaluar de qué manera nos afectan decisiones como aquella de impedir la reelección inmediata de congresistas –una práctica constitucional histórica que había permitido la formación de carreras políticas–, supresión que, aunque facilitó la presencia de nuevos actores en la escena política, abrió una caja de pandora que día a día nos horroriza.

Hemos reiterado la importancia de que la Cámara de Comercio de Lima comparta propuestas para el fortalecimiento de la democracia, pues convivir con un sistema político enfermo y débil favorece que la corrupción se empodere. Pretender que se haga negocios en tales condiciones es equivalente a pedir a un médico que trabaje en una sala de operaciones contaminada.

Por eso, en armonía con esa voluntad de aportar soluciones, la Comisión de Justicia, Constitución y Política de la CCL, expuso en su primera sesión la semana pasada los primeros avances de las investigaciones que venimos realizando en torno de estos temas.

Como ciudadanos, nuestro primer objetivo debería ser que, en las próximas elecciones, no nos veamos obligados de nuevo a elegir entre el malo y el menos malo, por personas incapaces o por quienes su integridad esté seriamente cuestionada. Durante años, hemos confiado a los partidos políticos la misión de autorregularse y filtrar la idoneidad de los aspirantes a candidatos, pero nos han fallado terriblemente.

Los empresarios no debemos persistir en hacer lo de siempre, dado que si queremos resultados distintos debemos obrar de manera distinta; ello significa que debemos enfocarnos en aportar en las políticas públicas y en debates fundamentales como el de reforma política, libre mercado, seguridad y acceso a la formalidad. En resumen, debemos tomar el destino en nuestras manos y aportar a la agenda de desarrollo de nuestro país. Necesitamos involucrarnos. Los invito a hacerlo.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción y la visita al Perú de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), organiza este 29 y 30 de noviembre, el II Foro Internacional de Integridad y Lucha con la Corrupción, evento que congregará a destacados ponentes del sector público y privado, así como la academia.

Cabe mencionar que el referido encuentro, que contará con unos 30 expositores, se llevará a cabo de manera presencial y virtual y será transmitido vía Zoom a través del Facebook Live del gremio empresarial.

El objetivo es generar un espacio de intercambio de propuestas y promover el diálogo por la integridad auspiciando un escenario democrático donde los distintos sectores de la sociedad, la empresa privada y la administración pública puedan identificar, discutir y evaluar medidas de solución frente a la corrupción.

Asimismo, se busca fortalecer la integridad en la gestión de los programas que se están estableciendo de respuesta y de impulso económico en relación a las secuelas que está dejando la Covid-19 y la crisis alimentaria.

El II Foro Internacional de Integridad y Lucha con la Corrupción será inaugurado por la presidente de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, quien estará acompañada por el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, encargado de iniciar el encuentro, y el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, José Ávila.

Entre los principales expositores figuran el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien ofrecerá una conferencia magistral. Más adelante el socio del Estudio Echecopar y asociado a Baker & Mckenzie International, Samuel Abad; la miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Producción (ITP), Maité Vizcarra; y el presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, Gabriel Ortiz de Zevallos, disertarán sobre “Poder Ejecutivo, Constitución y Transparencia”.

También se cuenta con la participación del analista político, Gonzalo Banda; la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; y el excongresista Alberto de Belaunde, quienes debatirán sobre “La función legislativa y la lucha contra la corrupción”.

Asimismo, estarán presentes la coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas, Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Mónica Muñoz-Najar; el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas; y el exgobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz; quienes abordarán el tema “Crisis alimentaria y gestión transparente”.

En la segunda jornada, se contará con la presencia del investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, Javier Fuenzalida; el expresidente de Servir, Juan Carlos Cortés; y la presidente ejecutiva de G4S Security Services, Maricarmen Fedalto; quienes debatirán sobre “Meritocracia y carrera pública”.

Finalmente, participarán, entre otros destacados expositores, el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta; y la presidente del Consejo directivo de Proética, Carmen McEvoy, quien dará una conferencia magistral.

Si bien la corrupción se ha convertido en un grave problema para los países del mundo afectando economías, familias, además de socavar democracias, en Perú su tolerancia todavía es elevada. Conforme a la XII Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción, de Proética, y encargada a Ipsos Perú, el 13% de peruanos tendría una alta tolerancia a la corrupción y un 55% una tolerancia media, es decir, que el 68% es tolerante frente a este flagelo, mientras un tercio la rechaza totalmente.

Cabe precisar que el estudio de Proética encuestó a peruanos hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles económicos, residentes del ámbito urbano y macrorregiones del país.

Cabe señalar que el 15% de los encuestados considera que si un funcionario corrupto hace buenas obras no debería ser sancionado. Asimismo, el 8% señala que es necesario algo de corrupción para poder facilitar el crecimiento de la economía y el desarrollo, mientras que un 6% piensa que es necesario algo de corrupción para agilizar trámites, y que es mejor quedarse callado ante un caso de corrupción.

El estudio también revela que la corrupción, junto con la delincuencia, son los principales problemas percibidos por los peruanos desde hace más de una década, la misma que es percibida en mayor medida en el sur y oriente del país.

Del mismo modo, más peruanos consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que en 2019 la proporción eran siete de cada diez, pero para este año se ha elevado a ocho de cada diez. Además, la mitad de los encuestados considera que la corrupción aumentará en los siguientes cinco años.

Ante estos resultados, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara, consideró que la encuesta de este año, comparado con ediciones anteriores, revela un notable deterioro de percepciones y actitudes de la ciudadanía ha la prensa de investigación; incluso que alcanzan al Gobierno central y al entorno del presidente Pedro Castillo.

Lanzara expresó que la ciudadanía tiene cierta intolerancia con aquellas conductas que pueden calificarse como “gran corrupción”, la que se vincula con autoridades y corporaciones. En ese sentido, afirmó que en ningún caso se da un rechazo mayoritario y, más bien, sigue prevaleciendo una actitud ambigua, sobre todo con la denominada “pequeña corrupción”, la que se relaciona con el pago de propinas para evitar multas o para agilizar un trámite.

“Tal vez una respuesta al por qué somos así radica en que nuestra sociedad es muy desconfiada, frustrada y eso genera permisibilidad y tolerancia. Por ello, para construir un Perú íntegro es necesario desterrarla, pues la misma se traduce en complicidad”, manifestó.

El estudio de Proética revela también que, por primera vez, desde el 2004, el Gobierno central es percibido como una de las instituciones más corruptas (42%), siendo superado por el Congreso (60%), mientras que el Poder Judicial (34%) se ubica en el puesto tres.

Si bien puede parecer contradictorio, los peruanos también consideraron que algunas de estas instituciones deberían ser las más oportunas para luchar contra la corrupción. Es el caso del Poder Judicial, donde un tercio de los encuestados opina que la institución debería liderar estas acciones seguida de la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República. Estas cifras se han duplicado respecto a la última medición realizada en 2017.

Sobre el desempeño de las instituciones contra la corrupción, el Congreso reporta la peor calificación (83% lo evalúa mal o muy mal), seguido del Gobierno central (73%). Le siguen los partidos políticos, movimientos regionales y los gobiernos regionales. Además, para cuatro de cada cinco peruanos, el gobierno del presidente Castillo es ineficaz para luchar contra esta problemática.

¿Cómo combatirla?

Hernán Lanzara explicó que nuestro país cuenta con un marco normativo e instituciones para llevar adelante la ejecución de controles y persecución de actos delictivos. Sin embargo, resalta que lo que más necesita es voluntad política para llevar adelante una acción decidida contra este flagelo; donde las entidades responsables de la fiscalización, control, investigación y procesamiento de los casos sean diligentes y a la vez emitan de manera oportuna informes y sentencias.

Asimismo, instó a trabajar concertadamente entre todos los actores en el contexto nacional para generar una educación en valores y cultura de integridad.

Eje transversal

En esa línea, el director del Gremio de Educación de la CCL, Juan Lazarte, sostuvo que desde el sector educación se debe estructurar un eje transversal que aborde el rescate de valores, en donde deben involucrarse los padres de familia y la sociedad civil a fin de robustecer los valores en los niños y adolescentes. “Un ciudadano ejemplar no nace, se hace”, comentó.

Sostuvo que en los últimos años la escuela, principalmente pública, ha sufrido un deterioro alarmante en su calidad donde la corrupción pareciera haber perforado también a esta instancia.

“La escuela debería ser el eje transformador, pero bajo un modelo de Nueva Escuela, con docentes probos y honestos, directores eficientes y un sistema limpio y transparente, pero mientras eso no suceda seguiremos en la misma línea de colisión. Por ello, la educación en valores es un concepto crítico de cara a reducir y eliminar la corrupción imperante”, subrayó.

En ese contexto, resaltó que se debe impulsar un trabajo articulado y amplio para dar lecciones básicas relacionadas a la convivencia y al progreso social, como el respeto, la empatía, la igualdad, la solidaridad y el pensamiento crítico.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que, según cifras del Banco Mundial (BM), un país pierde alrededor del 15% de su producto bruto interno (PBI) por impacto de la corrupción. Además, estima que a nivel mundial, por concepto de sobornos, se paga anualmente más de un billón de dólares.

“Debido al flagelo de la corrupción, los países desarrollados pierden al año entre US$ 20.000 a US$ 40.000 millones, montos que pueden servir para invertir en salud, educación, infraestructura y servicios”, manifestó la Oficial de la Subdivisión de Lucha Anticorrupción y delitos económicos de la UNODC en Viena, Cristina Ritter, durante su participación en el VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, evento organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Precisamente, según un reporte del organismo internacional ONE, ese dinero que proviene de la corrupción podría invertirse en fondos de salud pudiendo salvar a 4,3 millones de personas a lo largo de 10 años.

De igual manera de usar esos montos en fondos de educación podría beneficiar a 10 millones de niños al año.

En ese sentido, expresó que la lucha contra la corrupción y los delitos económicos debe ser un tema prioritario para las naciones, empresas e instituciones. Por ello, instó a los países, especialmente los de América Latina, implementar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC en sus siglas en ingles), instrumento de carácter internacional jurídicamente vinculante destinado a combatir el flagelo de la corrupción en todo el mundo, el cual está constituido por cuatro pilares: prevención, recuperación de activos, penalización y aplicación de la ley y cooperación internacional.

Precisó que la corrupción no solo pone en peligro la estabilidad y seguridad de las sociedades, las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, el desarrollo sostenible y el estado de derecho, sino que constituye también “un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella”.

La importancia de aplicar buenas prácticas internacionales

En esa línea, el vicepresidente Internacional de la WCA, Iván Martínez López, destacó la importancia de la aplicación de estándares y de buenas prácticas internacionales en la prevención de la corrupción como una de las herramientas más eficaces para terminar con una de los mayores problemas que impiden el desarrollo social y económico del país.

“Si bien se han realizado diversos esfuerzos de parte de las naciones, empresas privadas e instituciones, y considerando que hoy el país vive un momento terrible de inestabilidad, todavía nos falta mucho camino por recorrer para lograr una sociedad realmente ética, justa e igualitaria”, comentó.

Asimismo, Iván Martínez destacó que, pese al actual incertidumbre que existe en el país, las empresas del sector privado están realizando un gran esfuerzo para aplicar las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de la corrupción.

“No en vano el Perú es uno de los países a nivel mundial con mayor número de empresas que han implementado y certificado este tipo de medidas”, expresó.

En sentido consideró que este VI Congreso se mantiene como un espacio importante en el contexto latinoamericano, el cual muestra los avances logrados por el Perú en materia de lucha contra la corrupción.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que el gremio empresarial está sumamente comprometido con la promoción de una cultura de integridad y ética. Así también, apuestan por el cumplimiento como conducta de prevención y supervisión empresarial a fin de evitar los actos de falta de integridad.

Sostuvo de otro lado, que el entorno normativo y el nivel de discrecionalidad de las autoridades y de los organismos regulatorios es abundante y complejo para las empresas, lo que con frecuencia traba la fluidez de la actividad privada y de las inversiones, “Ello propicia oportunidad para actos de corrupción, generando, por ende, más pobreza y retraso en nuestro país”, señaló Hernán Lanzara.

Periodismo de investigación contra la corrupción

De igual manera se contó, por primera vez en este Congreso, la presencia de destacados periodistas de investigación los que disertaron sobre la situación actual de la lucha anticorrupción en Latinoamérica, siendo moderador el consultor en comunicaciones y exdirector general de América Economía, Fernando Chevarría.

En este bloque participaron la directora del programa Panorama en Panamericana Televisión, Rosana Cueva; la jefa de la Unidad de Investigación de Grupo El Comercio, Graciela Villasís; y el jefe de la Unidad de Investigación en Latina Televisión, Christopher Acosta, quienes por más de dos décadas han destapado distintos actos de corrupción en diferentes gobiernos, ámbito estatal y empresarial.

Entre ellos destacan los casos Lava Jato y Ecoteva. El primero relacionado al pago de coimas a funcionarios públicos para obtener licitaciones de obras públicas, mientras el segundo se menciona el delito de lavado de activos que involucra al expresidente Alejandro Toledo.

“El caso Lava Jato es un tema inédito de gran escala en temas de corrupción que tuvo sus inicios en Brasil y que logró expandirse a toda Latinoamérica llegando a Perú. Esto tuvo un impacto significativo en nuestro país haciendo que muchas empresas aceptaran sus delitos para posteriormente acogerse a la colaboración eficaz y pagar una reparación civil”, manifestó la periodista Graciela Villasis.

En ese sentido, dijo que los periodistas tienen el deber de no dejar de lado un caso de corrupción que todavía no ha sido concluida. “Pese al tema de coyuntura es nuestra responsabilidad poner estos temas en agenda, dándoles una cobertura mediática para evitar que esta no se caiga (archive)”, señaló.

Por su parte, Rosana Cueva celebró este tipo de encuentros relacionados a la lucha contra la corrupción, tarea que no solo compete a las autoridades sino a la ciudadanía. De igual manera resaltó la importancia que a nivel empresarial se viene afianzando la tendencia del compliance año tras año, pues el comportamiento ético es importante para coadyuvar esta lucha contra la corrupción, flagelo que todavía se mantiene enquistada en diferentes niveles de gobierno.

“Como periodistas debemos tener un compromiso con la fiscalización del poder. No debemos caer en esta suerte de embelesamiento con respecto a algunos mandatarios y estar siempre pendientes de los indicios de la falta de transparencia que pudieran darse”, sentenció Rosana Cueva.

En sentido, mencionó que la situación del actual gobierno del presidente Castillo es un reto para la prensa nacional por la cantidad de casos de corrupción que se vienen destapando. “La ciudadanía tiene la percepción que, pese a los indicios de corrupción instalada en Palacio de Gobierno aquí no pasa nada”, comentó.

Puntualizó que, si el periodismo pretende luchar contra la corrupción, este no puede ser irresponsable; por el contrario, debe ser muy riguroso donde también se apliquen estándares de buenas prácticas, donde a la vez el investigador sea respetuoso de la dignidad de las personas, porque “una vez que esta se mancha es sumamente difícil recuperarla”.

Uso de incentivos en compliance

En relación al uso de incentivos en los programas de compliance, el senior Advisor at Compliance Strategists, Joseph Murphy, indicó que toda institución u organización en Estados Unidos debe aplicar este sistema, el mismo que debe estar relacionado a algo positivo mas no premiar a las personas por hacer su trabajo.

“Podemos dar incentivos por el liderazgo dentro del área de cumplimiento donde muchas empresas vienen aplicándolo. Este sistema debe estar bien diseñado a fin de potenciar el programa de compliance y fomentar una cultura de ética en la organización”, manifestó el experto.

Indicó que los miembros de las organizaciones casi siempre se oponen o se resisten a un sistema de incentivos en programas de cumplimiento y ética porque su evaluación es subjetiva. “Todas las evaluaciones del personal son difíciles, pero ello no es excusa para no hacerlo”, sostuvo Joseph Murphy.

Cabe mencionar que este Congreso Internacional Compliance y Lucha Anticorrupción se realiza del 19 al 22 de setiembre con el desarrollo de talleres y diferentes ponencias donde participan destacados expertos nacionales y extranjeros.

A propósito de las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022, un tema que se mantiene en la agenda es la lucha contra la corrupción, la que parece imposible erradicar en el sector público, pero necesita ser estudiada para conocer cómo atacarla.

Por ello, Lorena Elías, investigadora del Instituto de Ética y Desarrollo (IED) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), explica cómo se genera la corrupción en el Estado, los factores que predisponen a este fenómeno, y brinda algunas recomendaciones y los principales hallazgos en sus libros “Municipalidad y lucha contra la corrupción: el caso Lima Norte” y “Municipalidad y contrataciones públicas: el caso de las 8 UIT en Lima Sur”.

Según Lorena Elías, los factores que originan la corrupción son la falta de claridad en el propósito que persiguen las instituciones públicas, el bajo ejercicio de transparencia, la alta discrecionalidad de funcionarios y autoridades y la impunidad ante los delitos.

También resalta otros factores como los frágiles canales de denuncia, el desinterés de las autoridades electas por la promoción de la integridad, la poca eficiencia en la gestión pública, el desconocimiento de los procesos por parte de los servidores públicos y la reducida vigilancia ciudadana.

Otros factores

Asimismo, la experta asegura que la crisis de representación política y la fragmentación del tejido social colaboran a que las redes de corrupción se fortalezcan en las instituciones públicas porque a las autoridades no les interesa rendir cuentas a las organizaciones por las que fueron elegidas y estas últimas no tienen legitimidad para evaluar y sancionar el desempeño de ellas.

Además, señala, como segundo punto, el hecho de que los actores de la sociedad civil están situados en frentes distantes que les impide colaborar para vigilar y denunciar riesgos en las gestiones públicas.

Incluso, subraya que la perspectiva ética no es un elemento determinante en la gestión de las autoridades y de los servidores públicos.

¿Cómo luchar contra la corrupción en el corto tiempo?

Tras su importante diagnóstico, Lorena Elías brinda recomendaciones sobre cómo luchar contra la corrupción en el corto tiempo:

1. Implementar las oficinas de integridad para que articulen el proceso de integridad en las municipalidades.
2. Instalar las comisiones locales anticorrupción (promovidas por la CAN).
3. Incorporar el servicio civil (SERVIR) en las municipalidades.
4. Fortalecer las herramientas de los concejos municipales para una mejor fiscalización.
5. Mejorar la transparencia y el acceso a la información pública.
6. Publicar las declaraciones juradas de intereses actualizadas.
7. Fortalecer la relación entre el Órgano de Control Institucional (OCI), procuraduría y concejo municipal, así como animar las veedurías ciudadanas locales.
8. En el caso de las contrataciones menores o iguales a 8 UIT (S/ 36.800), se debe promover que las municipalidades cuenten con directivas para este tipo de contrataciones.

Elías advierte que, si bien existen mecanismos de control y supervisión, como la Contraloría de la República y la Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), estos no cuentan con los recursos suficientes para hacer un seguimiento detallado.

Por ello, recalca que es importante la vigilancia y la denuncia ciudadana para atender los riesgos específicos existentes en las contrataciones públicas.

De otro lado, recalca que se debe poner especial atención al hecho de que las municipalidades visibilicen su plan anual de contrataciones, actualicen la información de los procesos de contratación en los portales de transparencia de la municipalidad y del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), ejecuten los impedimentos para contratar con el Estado, y verifiquen la certificación de los técnicos y/o profesionales encargados de los procesos de contratación en la institución.

Cambios normativos recomendados

Si bien queda claro de que se necesitan cambios normativos para luchar contra la corrupción, Elías refiere que el problema no es la norma en sí, sino su implementación y ejecución, debido a que muchas leyes nacen “muertas” por falta de presupuesto y otras no se instituyen por falta de interés. Al respecto, recomienda algunas medidas:

• Se debe dejar sin efecto que la designación y la remuneración de los procuradores públicos municipales estén a cargo del alcalde y la municipalidad, respectivamente. Lo mismo sucedía con los jefes de OCI que, actualmente, son responsabilidad de la Contraloría.
• Se deberían determinar otras estrategias tecnológicas para cumplimentar la información de los supuestos excluidos en el Seace, como la descripción del contrato, el resultado, así como que las entidades puedan publicitar estas convocatorias a través de la misma plataforma para darle un alcance nacional (como con las licitaciones públicas).
• Se pueden evaluar las capacidades y recursos con que cuentan los concejos municipales para realizar labores de legislación y fiscalización, y promover acuerdos internos.

Estudios

Sobre el estudio “Municipalidad y lucha contra la corrupción: el caso de Lima Norte”

En este libro, Lorena Elías identifica las situaciones adversas en la gestión municipal que pueden ser susceptibles de corrupción: mal uso de los recursos (pago a través de cheques, retención de dietas a los regidores para pagos partidarios), incumplimiento de las normas (vehículos municipales sin SOAT), contratación y ejecución de obras dirigidas, entre otros. Además, en el caso de los funcionarios públicos, en ocasiones, impera el desconocimiento y la falta de responsabilidad que terminan siendo observados y sancionados administrativa y penalmente.

Sobre el estudio Municipalidad y contrataciones públicas: el caso de las 8 UIT en Lima Sur

Lorena Elías explica que si bien las contrataciones menores o iguales a 8 UIT (supuesto excluido) expresan flexibilidad en una administración pública donde normalmente la flexibilidad escasea, las municipalidades de Lima Sur presentan “reiterancias” en las órdenes de compras y servicios por este tipo de contratación. Asimismo, la mayoría de los proveedores contratados por montos iguales o menores a 8 UIT brindan servicios y no bienes, que, en muchas ocasiones, son contrataciones de personal administrativo, en su mayoría, por períodos cortos que podrían indicar dificultades en la planificación y ejecución de los servicios municipales.

A poco menos de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, los siete candidatos a la Alcaldía de Lima tendrán la oportunidad de exponer sus planes de gobierno y su visión de la capital al 2026, en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para este jueves 8 de setiembre.

En la cita, denominada “Presentación de propuestas para Lima de los candidatos a la alcaldía”, los postulantes darán a conocer sus planes de gobierno municipal en torno a cinco ejes temáticos: desarrollo urbano, infraestructura, tránsito, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Con el objetivo de que los electores tengan acceso a información relevante al momento de elegir al próximo alcalde de Lima Metropolitana, la CCL invitó directamente a cada uno de los siete candidatos y se contactó con sus jefes de campaña y equipos de comunicación en reiteradas ocasiones.

Hasta el momento, seis de ellos han confirmado su participación en el evento, el cual será transmitido por Canal N y las redes sociales del gremio empresarial.

La presentación será inaugurada por la presidente de la CCL, Rosa Bueno de Lercari.

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y existe mucha expectativa sobre los temas que deberá priorizar el próximo alcalde de Lima durante su gestión en cinco aspectos clave: desarrollo urbano, infraestructura, tránsito, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana. Al respecto conversamos con representantes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Desarrollo Urbano

Para impulsar el desarrollo urbano y mejorar la infraestructura en Lima lo más importante es llevar a cabo una adecuada planificación, sostiene el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Miguel Honores.

“Necesitamos autoridades que hagan mejor gestión. Lima ha crecido desordenadamente y es preciso que se trabaje de manera planificada y que este trabajo trascienda un periodo de gobierno municipal”, refiere.

Al respecto, Honores explica que es necesario planificar el crecimiento de Lima considerando el aumento de la demanda de servicios ya que varios distritos están creciendo a muy buen ritmo como Lince, La Victoria, y Magdalena, entre otros. Sin embargo, esta expansión de la ciudad capital no ha previsto espacios públicos para áreas verdes, recreación, construcción de locales comunales ni espacios para vías, lo cual, se debe, entre otras razones, a intereses políticos y personales.

El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de a CCL señala que, para planificar, primero se debe identificar las áreas de crecimiento poblacional y la demanda de servicios. “Debemos determinar qué zonas de los distritos crecen más para proveerles los servicios adecuados. Hasta la fecha se trabaja desarticuladamente. No hay trazabilidad para generar un desarrollo sostenible”, advierte. Añade que la planificación debe considerar también vías adecuadas y edificios sostenibles con tendencias de construcción modernas, zonificación, y gestión de residuos, entre otros.

De otro lado, con respecto a la propuesta del actual alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, para reducir la conformación de Lima de 42 a 5 grandes distritos, Honores indica que con esta iniciativa se centralizaría la toma de decisiones y que podría funcionar con una adecuada planificación.

“Al 2026, espero que exista un órgano de planificación de crecimiento sostenido de la ciudad y que se estén haciendo los primeros edificios dentro del marco de esta planificación”, puntualiza el experto de la CCL.

Infraestructura

Existen varios proyectos de infraestructura pendientes en la capital. Uno de ellos es la Línea 2 del Metro de Lima, una de las principales obras que está atrasada y que se espera concluir en 2026 pero, probablemente, se siga dilatando. Este proyecto, que aliviaría y descongestionaría el transporte, aún está en proceso de construcción porque parte de un modelo de contrato en el que el Estado participa en gestiones que toman mucho tiempo como la liberación de predios.

“Esto nos está generando un problema. Hay zonas donde se han terminado las obras, pero no liberan espacios de tránsito principalmente en la Carretera Central, lo que ocasiona que los autos se desvíen por la autopista Ramiro Prialé. A ello, se suma la construcción del Puente Huaycoloro”, comenta Honores.

Otra obra pendiente es el Anillo Periférico, que aliviaría mucho la carga vehicular de norte a sur. Además, las autoridades de Lima y Callao deben dar pronta solución a la congestión del tráfico para llegar y salir del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para lo cual sería importante mejorar la Av. Elmer Faucett y continuar con la Línea Amarilla.

Asimismo, es necesario impulsar la construcción de la Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima. “Las autoridades locales y regionales tienen que presionar al gobierno central para que inicien estos proyectos”, advierte Miguel Honores, quien destaca que otra gran obra para Lima es la proyección de la Vía Expresa hacia la Panamericana Sur que descongestionaría la zona de Barranco, Surco, la Av. Javier Prado y la Vía Evitamiento. “Si bien algunos proyectos no están en la jurisdicción del Gobierno Municipal de Lima ni del Gobierno Regional, estos pueden presionar al Gobierno central para impulsarlos”, resalta.

Tránsito

El problema del tránsito en Lima es crítico. El presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la CCL, Thomas Duncan, sostiene que se está alcanzando velocidades muy bajas de desplazamiento vehicular que van entre 12 y 16 km/h, lo que ocasiona pérdidas de horas hombre, consumo innecesario de combustible, contaminación, estrés y deterioro de la calidad de vida.

“Por ello, el candidato que gane las elecciones a la Alcaldía de Lima debe de realizar obras eficientes, con compromiso en el impacto del medio ambiente y que garanticen el cumplimiento de las normas de diseño vigentes y los estándares de sostenibilidad e inclusividad para solucionar del tráfico en Lima”, indica.

Duncan afirma que la solución del problema del tránsito requiere abordar diferentes aspectos como: (¡) la masificación del transporte público de calidad, (ii) la ejecución de obras viales menores y de bajo presupuesto, (iii) la semaforización automática y con control centralizado, (iv) la recuperación de espacio público de calzadas y bermas y (v) el rediseño urbanístico.

Sobre el primer punto, explica que se debe promover el uso del transporte masivo de calidad (metros y corredores viales segregados), invirtiéndose en infraestructura con verdadera decisión política. Paralelamente al desarrollo del transporte masivo se debe ir restringiendo el transporte informal (colectivos, moto-taxis, motos lineales y otros).

En el segundo aspecto, Duncan afirma que es necesario coordinar con las municipalidades provinciales y distritales la ejecución de obras viales menores (señalización, mejoras de veredas y cruces peatonales, instalación de elementos encausadores de tránsito, etc.). Estas obras, de bajo costo y bien trabajadas por expertos en diseño vial, advierte, son muy efectivas para mejorar el tránsito y especialmente la seguridad.

Tercero, la ciudad de Lima/Callao requiere tener unas 2.000 intersecciones debidamente semaforizadas, con equipos modernos (inteligentes y de bajo consumo de energía), instalados previo estudio técnico (medición de flujos) realizado por expertos. “Todo este sistema de semaforización debe ser monitoreado y controlado desde una gran central de operaciones”, explica Duncan.

En cuarto lugar, el representante de la CCL afirma que es urgente recuperar el espacio público, especialmente para el peatón. “Los vehículos causan congestión no solo cuando circulan sino cuando están estacionados o abandonados en espacio público no diseñado para tal fin. También se debe recuperar espacio público (especialmente bermas u otros retiros) tomados para otros fines (comerciales, vivienda, postes, etc.). Sería conveniente promover inversión privada, mediante APPs, para construir playas de estacionamiento subterráneas debajo de parques o espacios cercanos a polos de actividad económica”, manifiesta.

Por último, Duncan señala que los nuevos conceptos urbanísticos contemplan, para las zonas de alta densidad de vivienda, el diseño de pequeños o medianos centros de multiservicios concentrados y planificados (tiendas de comestibles, farmacias, bancos, ferreterías, etc.), pues, de esta manera, se evitan desplazamientos largos para asuntos del día a días.

“Este conjunto de acciones no son fácil de ejecutar. Se requiere gran decisión política, concertar con la población y contar con los recursos necesarios. Algunas acciones son de corto plazo y otras son de más largo plazo, pero hay que comenzar ya de manera ordenada y sistemática para ver los resultados en algunos años. De lo contrario, estamos sentenciados a ser, en poco tiempo, una de las ciudades capital más caóticas del mundo”, puntualiza.

Lucha contra la corrupción

Sin duda la corrupción es uno de los principales problemas del país. Cientos de autoridades regionales y locales han sido procesadas y sancionadas por actos delincuenciales. Según cifras de Proética, en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía entre marzo y agosto del 2020 se registraron 1.497 casos de corrupción vinculados a instituciones públicas, de los cuales casi 900 corresponden a municipalidades provinciales y distritales. De estas investigaciones, 250 involucran a presidentes regionales o a sus consejos.

Asimismo, según el Grupo Liber, existen 577 investigaciones fiscales activas en contra de los actuales 25 gobernadores regionales.

“La corrupción no solo perjudica a la población porque distrae recursos destinados a obras públicas y deja quebrados a los gobiernos municipales y regionales, sino que afecta la credibilidad y se pierde la confianza ciudadana”, asevera el presidente de la Comisión de Integridad de la CCL, Hernán Lanzara.

Los principales casos de corrupción en los gobiernos regionales y municipales se dan en el ámbito de la contratación y ejecución de obras públicas, el tráfico de terrenos y en la concesión de licencias de construcción y de licencias de funcionamiento. Estos últimos debido a una excesiva reglamentación y burocracia. “La excesiva regulación es caldo de cultivo o tierra fértil para estos casos. Esto va minando la institucionalidad y credibilidad”, advierte Lanzara.

Agrega que otro gran problema es la falta de personal capacitado y con formación moral. Por eso, asegura que es evidente la importancia de la meritocracia y de empoderamiento de instituciones como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para proveer de funcionarios íntegros y probos.

Lanzara sostiene, además, que los gobiernos regionales deberían contar con un Comité de Integridad que ayude a generar las políticas e implementar las ordenanzas y regulaciones que puedan contribuir a una gestión íntegra. “Las nuevas autoridades deben establecer un compromiso por la integridad y generar espacios de diálogo con la comunidad para que puedan conocer cómo avanza la gestión y ejecución de los fondos”, manifiesta.

Asimismo, señala que debe procurarse una mayor cercanía con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Contraloría y otras instituciones que supervisan la gestión de gobiernos regionales y locales en lo que se refiere a la administración de los fondos, sobre todo los que están destinados a paliar necesidades de salud y alimentación.

Además, destaca que existe una serie de iniciativas de la sociedad civil que hace una labor de supervisión y vigilancia. “Si los ciudadanos hacen uso de estos mecanismos la incidencia de la corrupción sería menor”.

Finalmente, Lanzara enfatiza el compromiso de la CCL de generar una cultura de integridad y propiciar una pronta mejora de los índices de percepción de corrupción ya que actualmente nos encontramos en niveles preocupantes. “Esto depende de nosotros y, principalmente, de las autoridades del Gobierno, que deben dar muestra de compromiso con la transparencia, y de una manifiesta acción contra la corrupción”, puntualiza.

Seguridad Ciudadana

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero, afirma que el alcalde es el responsable político y el gran articulador de la seguridad ciudadana en su distrito, así como el promotor principal de la prevención de la delincuencia o prevención primaria, mejorando las condiciones de convivencia y seguridad en barrios vulnerables a la violencia y al crimen; así como de la prevención de delitos o prevención secundaria, apoyando a la policía en el control del delito en las calles; además de contribuir con la prevención desde la rehabilitación y resocialización o prevención terciaria, cuando los sentenciados cumplen carcelería, al darles oportunidades de trabajo, en concordancia con la Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la 27972 Ley orgánica de Municipalidades (Art.36 y 86).

“El liderazgo del alcalde es de fundamental para la vida y protección de los ciudadanos. Un alcalde debe conocer las necesidades de su distrito y estar imbuido del tema socioeconómico, principalmente de los lugares más vulnerables al crimen, delincuencia y violencia”, expresa.

En ese sentido, asegura que, en seguridad ciudadana, tampoco se puede dejar de lado la violencia en los hogares, porque la familia es la estructura más importante para cualquier Estado, además de ser un tema de salud pública y muchas veces ahí es donde nace el gran problema de las desavenencias sociales y se traduce en feminicidios y otros delitos.  expresa.

Respecto a la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, asegura que ya se está implementando en una primera etapa, y servirá como hoja de ruta para la lucha contra la delincuencia y la violencia. Esta política se orienta principalmente en fortalecer servicios como la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro y el programa Vecindario Seguro.

“Esta estrategia está orientada a buscar una sana convivencia de estos barrios a través de diversos sectores involucrados, que aportan para poder mejorar estos espacios donde se manifiestan alta violencia, consumo de droga, ingesta de alcohol, deserción escolar, pandillaje, y falta de oportunidades para el trabajo”, anota.

“El programa de Vecindario Seguro, es una línea de acción de vigilancia por sectores, que desarrolla la Policía, para el control del delito, liderado por el comisario con apoyo del alcalde distrital, de la sociedad civil, seguridad privada y fundamentalmente de las juntas vecinales”.

Del mismo modo, Romero destaca que el alcalde debe tener en cuenta que la seguridad es un derecho, un bien público, y que la persona debe ser el centro de atención como elemento fundamental para el desarrollo humano, que busca bienestar y prosperidad, brindándole una protección adecuada a la vida, integridad física, patrimonio y a la recreación de las familias, partiendo desde el ornato, limpieza, salubridad y seguridad.

“Escuché algunas declaraciones de los candidatos al sillón municipal, pero no hay nada nuevo, y de lo que se trata es de hacer un trabajo diferente y sostenido desde ahora”, recalca.

Sobre el papel del Serenazgo de Lima, manifiesta que ha demostrado ser en el tiempo un gran apoyo y aliado de la Policía Nacional, pero falta aún elaborar su reglamentación, protocolos y procedimientos de actuación y así precisar cuál es su verdadero rol.

Finalmente, resalta la gran iniciativa privada cuyo aporte se está dando desde la CCL, con la última incorporación de 10 jóvenes de barrios vulnerables a la violencia y al crimen que han sido beneficiados con 10 becas de estudio en institutos superiores a través del “Patronato Barrio Seguro”, para darles la oportunidad de una mejor educación y mejorar las condiciones de vida.

Presentación de propuestas para Lima de los candidatos a la alcaldía

Este 8 de setiembre de 2022, los siete candidatos a la Alcaldía de Lima tendrán la oportunidad de exponer sus planes de gobierno y su visión de la capital al 2026, en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En la cita, denominada “Presentación de propuestas para Lima de los candidatos a la alcaldía”, los postulantes darán a conocer sus planes de gobierno municipal en torno a cinco ejes temáticos: desarrollo urbano, infraestructura, tránsito, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Sí, estimados lectores, solo 29 de las 1.892 líneas que llenaron las 86 páginas de su Mensaje a la Nación dedicó el presidente Castillo, este 28 de julio, al tema más álgido y escandaloso que enfrenta su gobierno: las reiteradas denuncias por corrupción en los que se encuentra involucrado tanto él como su entorno más cercano, y distintos funcionarios de su gobierno. Veintinueve líneas de generalidades y lugares comunes.

Frente a la expectativa creada por la discusión en los medios y en distintos espacios de debate y diálogo nacional sobre esta crítica coyuntura que socava la institucionalidad y democracia, el reclamado deslinde del Jefe de Estado con la corrupción como muestra de su compromiso por conducir un gobierno transparente, integro y autocrítico, que empodere los organismos de fiscalización y lucha contra la corrupción, no se produjo, dando así un portazo en la cara a la ciudadanía y foros de análisis, como la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que me honro en presidir.

Con inalterable seño, aún frente al accidentado final de su intervención ante el Congreso, el presidente hizo derroche de cifras, datos y supuestos logros de su gestión, pero ni una sola línea respecto a dotar las procuradurías anticorrupción, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y los organismos de supervisión de compras y contrataciones, de la autonomía funcional que la actual crisis de integridad demanda. Un desperdicio de oportunidad.

Frente a los innumerables casos de designación de funcionarios con pobres calificaciones o con denuncias por falta de probidad, la decisión de instaurar de manera irrestricta la meritocracia para acceder a la función pública, el destierro del nepotismo y favoritismo político, y el potenciamiento del rol de SERVIR para el establecimiento de una cultura de integridad en la administración pública, brillaron por su ausencia.

Extrañamos proclame el establecimiento de una incorruptible labor de control a nivel nacional en la gestión de los fondos públicos, principalmente aquellos destinados a la atención de las necesidades sanitarias y de alimentación frente a la crítica coyuntura actual, e implementar, al cien por ciento, las oficinas de integridad en el sector público y la adoptación de la rendición de cuentas como garantía de transparencia frente a la ciudadanía.

No se dignó a dedicar tiempo en su dilatado discurso para referirse a generar una Cultura de Valores e Integridad, algo profundamente decepcionante tratándose de un maestro. En un país donde los índices de percepción de corrupción nos ubican en la posición 105 entre 180 países, esta omisión dice mucho sobre la prioridad que el actual régimen otorga a la lucha contra la corrupción.

Finalmente, más allá de señalar que su gobierno sufre desde antes de haber tomado posesión del sillón presidencial de una campaña en su contra, no se comprometió a colaborar efectivamente con la justicia para esclarecer su vinculación en los actos de corrupción denunciados, tampoco a impedir que se haga uso de la estructura del estado para blindar a los funcionarios públicos denunciados por corrupción.

En resumen, veintinueve líneas casi en blanco.

Esta columna fue publicada en el diario Expreso el 6 de agosto de 2022.

¿Cuáles han sido los avances concretos en el Perú en la lucha contra la corrupción?

En los últimos años hay muy pocos avances en la lucha contra la corrupción pues no se ha logrado detenerla o reducirla. La corrupción sistemática afecta a nuestro Estado en distintos niveles e instancias.

Incluso, en estos dos años de pandemia por la COVID-19, la Contraloría General de la República y la Fiscalía han reportado numerosos casos de corrupción, en distintas instituciones, en el uso de los recursos destinados a enfrentarla.

Los pocos avances que se han observado en estos años se han producido en dos ámbitos: en el marco legal y en la investigación de líderes políticos y el caso Lava Jato.

Sobre el primero, hoy contamos con un marco legal mucho más detallado en el ámbito penal (penas efectivas, muerte civil para los condenados, imprescriptibilidad de estos delitos), de prevención (pues contamos con una Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción y normas de transparencia) y de control de la corrupción (fortalecimiento de la labor de la Contraloría). Pero, estos avances normativos aún no se traducen en una reducción efectiva de los casos de corrupción.

Por otro lado, las investigaciones a líderes políticos en el marco de Lava Jato, el más grande caso de corrupción de América Latina, sin duda ha sido un avance muy importante que ha significado tener a varios de nuestros ex presidentes de la República y líderes y lideresas políticos procesados por delitos vinculados a la corrupción y el lavado de activos.

Pero han pasado más de cuatro años desde el inicio de estas investigaciones y aún están pendientes los juicios que permitan conocer el resultado final de estos procesos y si la justicia llegará a condenarlos.

Hay un sector de la población que percibe que la Fiscalía tiene un sesgo político en sus acciones. ¿Está de acuerdo con esto o considera que la actuación de la Fiscalía muestra neutralidad?

Siempre habrá comentarios contra la labor de la Fiscalía en las investigaciones que lleva a cabo. En especial, cuando tiene que investigar a altas autoridades tendrá que fundamentar su intervención y cuidar las pruebas que acrediten los hechos.

Creo que tener investigados a líderes políticos y ex presidentes de distintas tiendas políticas da cuenta de un trabajo imparcial que ha avanzado con sus dificultades y que está tomando mucho tiempo.

Por ello, creo que lo que debemos exigir a la Fiscalía es imparcialidad, cumplimiento del debido proceso y de los plazos razonables. Esto último significa que no se dilaten más los procesos.

¿Cómo combatir la corrupción en la población si esta observa que la máxima autoridad del país no se muestra abierta en la práctica a las investigaciones?

Toda autoridad, y más aún el presidente de la República, debe colaborar con la justicia y ser el primer interesado en que los hechos que lo involucran se aclaren. Lo contrario significa que la ciudadanía seguirá desconfiando de sus autoridades.

La actitud poco transparente del Presidente en el “caso Sarratea” no ayudan a una investigación clara de los graves hechos que se señalan, y no se condice con su discurso de lucha contra la corrupción que repite permanentemente.

¿Cuál debe ser la agenda de los próximos dos años respecto de la lucha contra la corrupción en país, considerando sobre todo que ya vienen elecciones regionales y municipales y un buen número de autoridades subnacionales se encuentra inmersa en casos de corrupción?

Tres puntos me parecen centrales para una agenda mínima en la lucha contra la corrupción:

1. Impedir que las redes de corrupción financien las campañas electorales de los candidatos a los gobiernos regionales y municipios. El marco legal existe (no financiamiento privado de las campañas electorales), lo que tenemos que hacer es controlar que no se produzca este financiamiento tan frecuente en las regiones y que es el origen de gestiones corruptas. El Congreso y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) deberían coordinar acciones para cuidar este tema y evitar la captura de las nuevas autoridades regionales y locales por quienes financian campañas electorales con el único fin de mantener las mafias de corrupción que operan al interior de varias regiones.

2. Un segundo tema es fortalecer los mecanismos de control y fiscalización y los mecanismos de denuncia de corrupción. No hay forma de luchar contra la corrupción si no tenemos autoridades de control y vigilancia fortalecidas en su autonomía y trabajando de manera coordinada. Me refiero a la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF). Estas instancias deben ser fortalecidas en su autonomía y recursos y trabajar de manera conjunta, colaborativa y de cara a la ciudadanía. Seguir trabajando cada uno por su lado no producirá resultados en la lucha contra la corrupción. En el fortalecimiento de la denuncia los gremios empresariales tienen un rol importante para canalizar las denuncias que realicen sus agremiados.

3. Un tercer tema, para estos dos años, es la conclusión de las investigaciones penales por el caso Lava Jato y el avance de otras investigaciones que involucran a altas autoridades. Necesitamos dar una señal muy clara a la ciudadanía: que la justicia sanciona a los líderes que se corrompieron. Lo contrario sería una gran decepción para la ciudadanía y alimentaría el círculo de la corrupción.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) manifestó que la designación del nuevo gabinete ministerial encabezado por el congresista Héctor Valer e integrado por personajes de dudosa integridad moral e intelectual, evidencia el poco respeto que el presidente Pedro Castillo tiene por el destino del Perú y de los peruanos.

“La situación de anarquía, incertidumbre, descontrol, inseguridad, desinstitucionalización, resquebrajamiento democrático y corrupción campeante a la que ha sido llevado el país durante estos primeros meses de gobierno, es inaceptable, imperdonable e improrrogable”, manifestó el presidente del gremio empresarial, Peter Anders.

Aseveró que no es posible soportar más que el Perú siga siendo manejado como la presa capturada por quienes pretenden hacer del pillaje y la incompetencia una forma de gobernar.

En tal sentido, hizo un llamado al jefe del Estado para que para que reflexione y no siga jugando con el presente y el futuro de nuestra patria.

“Tome de una vez por todas una decisión reflexiva, valiente, firme, patriótica, decente. Esto no puede seguir así. Hay que ponerle punto final”, expresó Anders dirigiéndose al presidente Castillo, al tiempo de advertir la agudización de la crisis en que está sumido el país desde el pasado 28 de julio en que asumió el poder.

El presidente de la CCL cuestionó que antes de ofrecerles el cargo, ninguno de los asesores del gobierno ni el propio Castillo se haya tomado la molestia de revisar los antecedes de los integrantes del gabinete ministerial, comenzando por quien lo lidera, pues como se ha hecho público, sobre ellos pesan graves acusaciones de violencia física y familiar, incumplimiento del pago por contratos de alquiler y acumulación de deudas tributarias, además de no contar con la necesaria preparación académica y experiencia profesional.

“Cualquiera que haya tenido que contratar un trabajador, lo mínimo que le solicita es un currículum vitae documentado, en el que es indispensable presentar certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales, además de acreditar que se encuentra capacitado para ocupar el puesto, sea desde el más humilde hasta el de mayor responsabilidad”, comentó Anders.

También criticó que, a las terribles secuelas de la pandemia del coronavirus en la vida y bienestar de millones de personas, así como a la crisis económica y la subsecuente falta de empleo, quiebra de empresas y desconfianza de los inversionistas, se haya sumado el hecho que la población se encuentre a merced de la delincuencia que a toda hora atenta contra su vida y sus propiedades.

“Ahora se pretende con una declaratoria de estado de emergencia solo en Lima y Callao, como si el resto del país no fuera territorio capturado por el hampa, trasladar esta responsabilidad a las Fuerzas Armadas, sin un plan que determine cómo y dónde apoyarán a la Policía Nacional”, puntualizó.

Mientras esto ocurre –agregó– la economía está en caída libre, como lo demuestra el hecho que el Fondo Monetario Internacional haya rebajado su proyección de crecimiento para este año de 4,6% a 2,8%, lo cual se traducirá en más desempleo y más pobreza. Por si fuera poco, las proyecciones de crecimiento de la inversión privada –la que vía impuestos genera recursos al fisco y crea empleo formal– se ubican en 0%.

Anders demandó que los responsables de llevarnos a esta situación no queden impunes, para lo cual deben utilizarse todas las armas que garantizan la democracia y el estado de derecho.

“Pero quienes apoyaron y se sumaron entusiastas a esta aventura a cambio de granjerías propias, así como de contratos, consultorías y puestos de trabajo para sus familias, amigos o camaradas del partido político, tendrán también que asumir su responsabilidad, en principio, ante la sociedad y luego ante la ley”, aseveró el dirigente empresarial.

Transparencia Internacional es una organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Desde 1995, publica anualmente el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)”, que otorga una puntuación y clasifica alrededor de 180 países y territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público.

Se trata de un índice compuesto por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción, a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el BID, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgos, entre otras; empleando una escala de cero a cien, donde el cero representa a un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente. El IPC de Transparencia Internacional, es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo.

► Urge impulsar canales de denuncia y meritocracia como mecanismos para erradicar corrupción

► Yusith Vega: Los canales de denuncia en los sistemas de compliance

Índice de Percepción de la Corrupción año 2021

Tras 02 años de la pandemia de Covid-19 el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)” se encuentra estancado en todo el mundo. 131 países de los 180 evaluados por Transparencia Internacional, no han registrado ningún avance significativo en materia de lucha contra la corrupción en la última década y 27 países se encuentran en el nivel más bajo de su trayectoria, es decir con índices superiores de corrupción; todo ello en medio de un entorno de incertidumbre, inestabilidad política y económica, de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia.

En muchos países, se ha aprovechado la pandemia de Covid-19 para recortar libertades básicas y esquivar frenos y contrapesos importantes.

La corrupción en el mundo

Los resultados del informe de Transparencia Internacional muestran que los países que protegen de manera adecuada las libertades civiles y políticas suelen controlar mejor la corrupción. Queda demostrado que las libertades fundamentales de asociación y expresión son esenciales en la lucha frontal contra la corrupción.

Con 88/100 puntos cada una, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda lideran el IPC 2021 como “los países de menos corrupción” en el mundo; siendo 66/100 la puntuación media de la región de Europa Occidental y Unión Europea a la que pertenecen. Cabe señalar que Europa cuenta con 14 de los 20 países menos corruptos.

En el extremo opuesto se encuentran Venezuela, Somalia, Siria y Sudán del Sur, con 14, 13, 13 y 11/100 puntos respectivamente; siendo de 43/100 la puntuación media del Continente Americano (para el caso de Venezuela), y de 33/100 que es la puntuación media de la región de África Subsahariana, para Somalia y Sudán del Sur y de 39/100 que es la puntuación media de la región Oriente Medio y Norte de África que le corresponde para el territorio de Siria. Estos países, con una puntuación muy baja se consideran más corruptos y, en general, se caracterizan por la impunidad de la corrupción, la mala gobernabilidad y por tener sus instituciones débiles.

Perú en el IPC 2021

Nuestro país se ubica con 36/100 puntos en la tabla, disminuyendo 2 puntos con respecto al IPC del año 2020. El Perú se encuentra por debajo del promedio regional americano que es de 43/100.

A la situación de corrupción sistémica que aqueja nuestro país históricamente, se suma la inestabilidad política que ha sido constante en estos últimos años, dentro de la cual la corrupción y la presencia de intereses en todos los niveles del estado han tenido un papel protagónico, así como las grandes sospechas e investigaciones en curso de mal uso de los recursos públicos para enfrentar la COVID-19.

En el resto de nuestro continente, el índice de países con menos corrupción es liderado por Canadá con 74/100 y Uruguay con 73/100 puntos cada uno, ambos muy por encima del promedio regional americano que es de 43/100.  Mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela con 20, 20 y 14/100 puntos respectivamente, se ubican como los países con un alto índice de corrupción en nuestro Continente.

¿Qué hacer ante estos resultados?

Transparencia Internacional hace un llamado a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos, y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.

Como país, debemos contar con una política de Estado firme y decisiva al respecto y en base a ello, debemos fortalecer el trabajo articulado entre gremios empresariales, el sector público, la academia y la sociedad civil, ya que nos permitirá seguir sumando esfuerzos que contribuyan a promover una cultura de integridad y ética en nuestra sociedad a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

La lucha contra la corrupción en el país requiere impulsar los canales de denuncia donde se proteja a los denunciantes, así como promover la meritocracia como mecanismo obligatorio en el sector público.

Esta fue de una de las conclusiones del I Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, en el cual las empresas y el sector público analizaron las acciones que urgen para revertir el impacto de la corrupción en la sociedad y la economía.

En este encuentro también se mencionó la importancia de fomentar la transparencia en las organizaciones para evitar los conflictos de intereses, siendo un reto para las instituciones públicas alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de sus recursos.

Del mismo modo, se recomendó implementar protocolos y mecanismos de prevención y de integridad, así como establecer un código de ética donde se marque los valores y principios de la organización.

Otro punto importante que consideraron es continuar con el trabajo articulado entre gremios empresariales, el sector público y la sociedad civil, donde se convoque al privado para que apoye en una mejor gestión en temas de contrataciones y otros.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, añadió que, hoy en una crisis sanitaria, se requieren de estas acciones para luchar frontalmente contra la corrupción, pues en el 2020  las pérdidas económicas de este flagelo llegaron aproximadamente a los S/ 22.000 millones

“El Estado, el sector privado y los gremios empresariales deben trabajar de manera unida para transformar al Perú en un país justo, equitativo y con mejores oportunidades”, sostuvo.

Peter Anders añadió que entre los problemas que contribuyen a la corrupción, están el actual sistema de leyes y las excesivas regulaciones que, además de incrementar la burocracia abultando la planilla del Estado, generan engorrosos trámites para aquellos que buscan crear emprendimientos.

Generar una cultura de integridad 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, sostuvo que para combatir la corrupción “hoy es necesario el compromiso y la acción decidida de todos los sectores para afianzar y sentar las bases para el tercer centenario”.

Recordó que hay más de 1,400 investigaciones fiscales contra autoridades regionales y locales por malos manejos de los fondos destinados a paliar la pandemia y en ese sentido demandó a las autoridades correspondientes celeridad en los procesos y las sanciones ejemplarizadoras, pues justicia que tarda no es justicia.

“Esta problemática envilece a la sociedad, corroe la democracia, arrebata un mejor futuro y oportunidades para los menos favorecidos, condenando al país a un mayor retraso. Por ello, hoy por hoy, es sustancial contar con medidas fundamentales para generar una cultura de integridad”, remarcó.

Añadió que, desde la Cámara de Comercio de Lima, se está trabajando de manera conjunta con el sector público, facilitando mecanismos de apoyo para que las empresas implementen programas de compliance con mayor impacto social. De igual manera, el gremio empresarial participa activamente en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN aportando en las diversas políticas públicas para la lucha frontal contra la corrupción.

Los gremios empresariales como la CCL, la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industria, presididos por Peter Anders, Óscar Caipo y Ricardo Márquez, respectivamente, coincidieron que, en esta coyuntura, el sector privado debe reafirmar su compromiso con el desarrollo del país, mostrando a la vez una conducta íntegra y ejemplar, que no sea por miedo a la ley, sino por convicción.

Cabe anotar que en este evento también participaron el primer vicepresidente de la CCL, Alberto Ego- Aguirre; el exprocurador Anticorrupción, Amado Enco; la expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Sofía Prudencio; el secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eloy Munive; entre otros.

La Cámara de Comercio de Lima, a través de su Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizó el I Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, evento virtual que se desarrolló el 7 de diciembre vía la plataforma Facebook Live del gremio empresarial.

El encuentro fue inaugurado por el presidente de la CCL, Peter Anders, quien advirtió que, durante la crisis sanitaria y económica generada por la COVID- 19, la corrupción nunca dejó de operar.

Anders precisó que, en el 2020, la corrupción dejó un daño patrimonial al Estado peruano de S/ 22.000 millones, según cifras presentadas por la Contraloría General de la República en su Informe Ejecutivo Semestral de Gestión.

«Con ese monto se pudo haber mejorado la calidad de vida de millones de peruanos mediante obras de mejoramiento de agua, alcantarillado y electricidad, logrando a la vez una mejor conectividad con proyectos de instalación de banda ancha”, resaltó.

Peter Anders: “Hay que fortalecer los pilares de la educación y la familia”

El presidente de la CCL manifestó que para desterrar la corrupción es sumamente importante fortalecer los pilares de la educación y la familia, para que la niñez -desde un comienzo- pueda asumir los valores éticos y morales.

De igual manera sostuvo que “el Estado, el sector privado y los gremios empresariales deben trabajar unidos para transformar al Perú en un país justo, equitativo y con mejores oportunidades».

Hernán Lanzara: “La corrupción condena al país a un mayor retraso”

Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que este foro tiene como objetivo identificar soluciones concretas a través del trabajo concertado entre las entidades públicas, sector privado y la sociedad civil, a fin de hacer frente a la corrupción y generar una cultura de integridad que ayude a erradicarla.

“Este flagelo envilece a la sociedad, corroe la democracia, arrebata un mejor futuro y oportunidades para los menos favorecidos, condenando al país a un mayor retraso”, advirtió.

Por ello, resaltó que, desde la CCL, se está trabajando de manera conjunta con el sector público, facilitando mecanismos de apoyo para que las empresas implementen programas de Compliance con el menor impacto económico y mayor impacto social.

Sin buenos resultados

Durante su exposición en el primer bloque, el exprocurador Anticorrupción, Amado Enco, manifestó que el país ha fracasado en aplicar un sistema anticorrupción donde no se han podido alcanzar buenos resultados, donde los casos relacionados al tema de corrupción se han evidenciado aún más en esta crisis sanitaria, específicamente en el sector público.

“En esta coyuntura pandémica existió un relajamiento de los procedimientos administrativos y la disposición de recursos públicos, lo que abrió paso a una serie de actos de corrupción, asociados fundamentalmente con la apropiación indebida de fondos conocido como el delito de peculado” precisó.

Por su parte, el jefe de la Oficina de América Latina de Basel Institute on Governance, Óscar Solorzano, indicó que, pese a los casos registrados de corrupción, lo importante para combatirla es establecer mecanismos de prevención, mediante la mejora de reglas de integridad, fortalecimiento de capacidades y comportamientos del funcionario público.

Del mismo modo, la expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Sofía Prudencio, manifestó que para luchar contra la corrupción se debe tener una perspectiva sistémica, atacando exclusivamente las causas estructurales que la generan.

“Hay que buscar un equilibrio en atacar duramente la corrupción y sancionar ejemplarmente a los que trasgredan los valores de integridad y transparencia. Así también, se debe trabajar en cómo proteger al funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, precisó.

En tanto, el profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, Jordi Gimeno Bevia, comentó sobre la importancia de la directiva Whistleblowing (canales de denuncia) que entra en vigencia en toda Europa el 19 de diciembre.

Sector empresarial

Más adelante, en el segundo bloque del evento, los gremios empresariales abordaron el tema “Concertación contra la Corrupción; propuestas del sector privado”. Participaron el presidente de la CCL, Peter Anders;  el presidente de la Confiep, Óscar Caipo; y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez; quienes coincidieron que en esta coyuntura, el sector empresarial debe estar más comprometido con el desarrollo nacional, mostrando a la vez una conducta íntegra y ejemplar, no por miedo a  la ley o sanción, sino que esta sea por convicción.

Así también disertaron sobre los diversos mecanismos y protocolos implementados en sus instituciones que buscan erradicar la corrupción, que en el caso de la CCL, también cuenta con programas de sensibilización enfocadas a empresas asociadas y formación de especialistas en Compliance.

En adición, Peter Anders dijo que la CCL participa activamente en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN aportando en las diversas políticas públicas para la lucha frontal contra la corrupción. De igual manera, sostuvo que la CCL predica con el ejemplo al contar con un Modelo de Prevención de acuerdo a la Ley 30424 el cual se encuentra certificado para verificar su eficiencia y eficacia.

Finalmente, los panelistas coincidieron en señalar que el empresariado tiene la responsabilidad de evitar que los casos de corrupción vengan desde el sector privado hacia el sector público o viceversa. Igualmente se resaltó la protección que se les debe dar a los informantes de denuncias o irregularidades.

¿Cuáles son los objetivos del I Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL?

El evento tiene como objetivo tratar de encontrar algunas respuestas y acciones concretas para hacer frente a la corrupción desde el sector empresarial junto al sector público y privado, así como la academia.

Según estimados de las Naciones Unidas, la corrupción le cuesta al mundo US$ 3,6 billones. En el Índice de Percepción de Corrupción, de Transparencia Internacional, el Perú se encuentra en el puesto 94 de 180 países, una posición que no ha variado prácticamente en los últimos años.

Cabe señalar que la media mundial de este Índice es de 43 puntos y nuestro país tiene 38 puntos, considerando que cero corresponde a corrupción elevada y 100 a corrupción inexistente.

Además, a nivel global se han identificado una serie de casos de corrupción por la pandemia y el Perú no es ajeno a ello, pues se han visto actos de poca transparencia en las adquisiciones que se han realizado bajo los regímenes de emergencia. Sobre estos y otros puntos trataremos en este foro.

¿Quiénes son los principales ponentes del foro?

El sector privado ha sido convocado porque consideramos que es importante su presencia. Como anfitrión del evento estará el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, además del presidente de la Confiep, Oscar Caipo; y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez; quienes participaran en el panel Concertación contra la corrupción. Propuestas del sector privado.

Para desarrollar el tema Corrupción y estado de emergencia sanitaria y por desastres naturales estará el ex procurador anticorrupción, Amado Enco.

En este bloque participarán el jefe de la Oficina de América Latina de Basel Institute on Governance, Oscar Solórzano; el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Jordi Jimeno; y la expresidenta de OSCE, Sofía Prudencio.

En el bloque Corrupción, servicios públicos y meritocracia se tendrá como expositor a Manuel Monteagudo, del Banco Central de Reserva, que es un caso importante de isla de integridad en la administración pública.

Sobre el tema de meritocracia estará el expresidente de Servir, Juan Carlos Cortés; y sobre corrupción pública el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.

En el bloque de cierre, denominado Estrategias para la implementación del objetivo de desarrollo sostenible ODS 16: Corrupción, integridad y transparencia, contaremos con la especialista en anticorrupción y transparencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Saskia Núñez; y en el panel participarán el secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eloy Munive; Punto Focal Paraguay de Alliance for Integrity, Adriana Gómez; y el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta. Finalmente, también se contará con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

¿Cómo combatir la corrupción desde el sector público y privado?

Desde el lado del Ejecutivo debe existir un compromiso de voluntad política de hacerle frente a la corrupción. La corrupción en el Perú es un problema endémico.

Si bien el Gobierno actual no es el que la ha generado, en estos primeros 100 días de gobierno poco se ha hecho en materia de transparencia en lo que se refiere al manejo administrativo de las agendas del presidente y de las personas que fueron convocadas y que han tenido que alejarse, precisamente porque han sido involucradas en casos de corrupción.

Entonces, tiene que haber voluntad política y una decisión de empoderar a las instituciones. Y, desde el sector privado, tiene que haber un trabajo mucho más concertado.

Hay distintas iniciativas. Varias organizaciones venimos trabajando en colaboración con el Gobierno, el Estado y con ONG como Proética y Transparencia, que también están muy preocupadas por la integridad.

¿Qué efectos negativos trae la corrupción?

Para comenzar, empobrece a la población. Los recursos que generalmente son afectados por hechos de corrupción son obras públicas, desde carreteras que conectan a las poblaciones, hospitales y escuelas.

Estas obras necesitan una serie de adquisiciones y equipamientos que deberían ponerse al servicio de la población menos favorecida.

Sin embargo, ello no sucede porque estos fondos están llegando las arcas de gente indeseable, entonces faltan recursos para desarrollar estas obras.

Además, también genera esos espacios de círculos de poder para facilitar y asignar obras a través de pagos ilegales. Definitivamente, la corrupción, además de producir un empobrecimiento de la condición humana, no solo por el lado de no tener acceso a los bienes que se deberían proveer a los ciudadanos, sino también a sus valores; propicia el empoderamiento de quienes hacen las cosas mal.

El presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, Hernán Lanzara Lostaunau, participó en el Ciclo de Conferencias: «Integridad Ética y Corrupción en la Función Pública» organizado por la Comisión de Integridad Judicial y la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), evento virtual que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre.

Durante su exposición, Lanzara Lostaunau, sostuvo que la corrupción se ha convertido en un grave problema para las naciones, pues corroe los principios éticos y morales de una sociedad, y drena los cimientos de la economía y de la democracia.

“Solo una acción decidida y concertada de todos los estamentos: Sector público, privado y sociedad civil, podrá echar a andar la gran tarea para revertir este endémico mal, donde la educación y prevención, junto con políticas adecuadas y sistemas de control y sanción profesionales e intachables juegan un rol primordial”, remarcó.

Hernán Lanzara expresó que en nuestro país, pese a  los esfuerzos, nos mantenemos en el grupo de economías con una elevada percepción de corrupción. Conforme a Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, nuestro país solo mejoró 2 puntos con respecto al año 2019, a diferencia de otras economías como Dinamarca y Nueva Zelanda las que lideraron dicho ranking como países menos corruptos.

En otro momento mencionó que, esta problemática no es ajena a la población, la misma que desconfía de sus instituciones, por ejemplo, en el caso del sistema judicial, la encuesta del INEI (2020), refleja que el 73% de los peruanos desconfía del Ministerio Público, un 82,5%del Poder Judicial y un 71.2%  de la Procuraduría Anticorrupción.

“Ello nos muestra que no se han dado cambios sustanciales respecto a los bajos niveles de confianza de la ciudadanía respecto a anteriores mediciones”, expresó.

Igualmente enfatizó sobre las pérdidas económicas que genera el flagelo de la corrupción. Según el informe de la Contraloría General de la República, se habría perdido en el 2019 alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado mientras en el 2020 las pérdidas sumaron los S/ 23.000 millones.

Instituciones investigadas

Lanzara Lostaunau mencionó que durante la crisis sanitaria, generada por la pandemia de la COVID-19, el 22.5% de los recursos que el Ejecutivo había otorgado para establecer acciones en beneficio de la población se encuentra comprometido en actos de corrupción.

Señaló que las fiscalías anticorrupción del país abrieron 1,497 investigaciones entre marzo y  agosto del 2020, siendo las municipalidades provinciales y distritales las que encabezan la lista de denuncias con 889 casos.

Aportes de la CCL

Comprometida con una acción por el cambio, la Cámara de Comercio de Lima ha realizado diversas acciones que buscan impulsar un país libre de corrupción. Una de ellas es haber suscrito en el año 2021 con la Presidencia del Consejo de Ministros, un compromiso de integridad para garantizar la transparencia y la simplificación de los procesos en el sector público.

Igualmente, desde el 2013, el gremio empresarial es miembro activo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), espacio donde apoya con aportes técnicos en la elaboración de documentos normativos y estudios, así como en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaboración de opiniones e informes sobre las regulaciones y sobre Integridad Pública preparados para la OCDE.

Así también, como última actividad, ha colaborado activamente con la delegación peruana ante la Reunión de la Asamblea General de la Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada entre los días 2 y 4 de junio en Nueva York.

En esa línea se suscribió, junto con otras instituciones nacionales e internacionales, una Declaración propuesta por la UNCAC-Coalition, la Coalición de entidades de la sociedad civil a nivel global que promueve la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, reclamando una acción decidida de los Estados miembros en el seguimiento y sanción de los casos de falta de integridad en procesos de adquisición en el marco de estados de emergencia.

Importantes iniciativas

A ello se suma dos importantes actividades que actualmente promueve la Cámara de Comercio de Lima: los Modelos de Prevención y el Faro de Transparencia.

Sobre el Modelo de Prevención peruano, relacionado a la Ley 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, este es un sistema ordenando de normas, mecanismos, y procedimientos de prevención, vigilancias y control.

Explicó que estos modelos son implementados de manera voluntaria por las empresas y que están destinados a mitigar razonablemente los riesgos de comisión de delitos. Así también promueven la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas.

“Estos sistemas están diseñados especialmente para las organizaciones en función a su naturaleza, características y riesgos identificados”, indicó.

Precisamente, para predicar con el ejemplo, Lanzara Lostaunau destacó que la CCL logró en el 2020, la certificación de su propio Modelo de Prevención de Delitos otorgado por la World Compliance Association (WCA) – Perú.

La segunda iniciativa, creada en el 2019 por el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la CCL, es una plataforma digital denominada Faro de Transparencia, que permite mejorar la calidad de la información en el mercado arbitral, brindando a los usuarios un mayor control sobre los casos administrados por la institución.

“Con esta información, los usuarios pueden tomar mejores decisiones respecto a sus procesos arbitrales”, remarcó.

Cabe anotar que en este importante evento también participaron el ministro de Justicia, Aníbal Torres; el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, Gladys Echaíz de Núñez, la Integrante de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán; el secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eloy Munive Pariona; entre otros destacados exponentes.

La World Compliance Association (WCA) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizaron el V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, evento virtual que se llevó a cabo entre los días 18 y 21 de octubre a través de la plataforma Zoom.

Este importante espacio congregó a profesionales nacionales y extranjeros de primer nivel, los que, desde su experiencia, contribuyeron en enmarcar el tema de la lucha contra la corrupción en una política gubernamental.

En el primer día del encuentro se desarrolló el bloque Integridad y lucha anticorrupción, tema moderado por la directora académica de la WCA, Rosana Madrid.

Aquí se contó con la participación del vicepresidente de la WCA, Iván Martínez, quien destacó los avances del Perú en la lucha contra la corrupción, específicamente el trabajo realizado por la Contraloría General de la República, mediante diversas acciones de control y difusión.

“Según la encuesta ISO 2020, el Perú se muestra como el segundo país del mundo que cuenta con más certificaciones anticorrupción, importante evidencia para la toma de conciencia y la lucha contra este flagelo”, remarcó Martínez.

 Yusith Vega: El compliance, decisión estratégica para las organizaciones

Asimismo, dijo que si las empresas aplicaran un buen modelo de gestión de denuncias se evitarían millonarias pérdidas económicas, tema que continúa pendiente en las políticas anticorrupción de los países de la región.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, resaltó el esfuerzo y compromiso del gremio empresarial al desarrollar estos espacios, considerando al V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción como un importante referente a nivel nacional e internacional.

Lanzara enfatizó que la corrupción, entendida como el mal uso de los recursos públicos, perjudica no solo al crecimiento de las naciones y consecuentemente su desarrollo, sino, además, debilita los cimientos de la democracia y menoscaba los valores éticos de la sociedad.

Pérdidas económicas

En tanto, el contralor general de la República, Nelson Shack, sostuvo que durante el 2020, año de la crisis sanitaria, la corrupción y la inconducta funcional generaron al país pérdidas económicas que superaron los S/ 22.000 millones, cifra equivalente al 2% del PBI y al 12% del presupuesto público.

Por ello, como un esfuerzo para cuantificar la lucha anticorrupción, Shack anunció que para fines del 2021, la Contraloría emitirá alrededor de 27.000 informes de control, cifra que busca superar lo registrado en años anteriores.

Entre otros anuncios, Nelson Shack comunicó que, a fin de año, la institución que representa –bajo una estrategia de control concurrente– realizará una auditoría sobre el proceso de compras de vacunas, específicamente de las primeras adquisiciones de las dosis de Sinopharm, en el marco del estado de emergencia nacional sanitaria.

Por su parte, el representante de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eloy Munive, explicó que el Modelo de Integridad del sector público, conformado por nueve pilares, se ha implementado en base al modelo privado, los que, debidamente articulados, contribuirán a mejorar la gestión pública.

En el sistema judicial

Los casos de corrupción también han tenido una sonada presencia en el sistema judicial. Durante su ponencia, el fiscal Supremo Titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal, Pablo Sánchez Velarde, quien se encargó de las investigaciones de la presunta organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, indicó que es importante que la Fiscalía siga manteniendo su autonomía e independencia.

“Hoy es primordial definir y ejecutar una política de prevención no solo a nivel judicial, sino en temas relacionados a contrataciones y educación. Asimismo, contar con el apoyo de la sociedad y de la prensa de investigación”, refirió.

A su turno, el presidente de la Academia de la Magistratura, Carlos Arias, enfatizó que la corrupción no solo vulnera el derecho de las personas, sino que genera un alto riesgo para la subsistencia del estado de derecho, del sistema democrático y para la protección de los derechos humanos.

Dicho esto, sostuvo “que es imprescindible tomar conciencia del impacto de la integridad académica en el comportamiento de un magistrado, importante herramienta para promover la ética”.

Posteriormente, el asesor Nacional Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Juan Martín Ortiz, expuso sobre la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), documento que establece estándares, políticas, procesos y prácticas comunes para respaldar las iniciativas contra la corrupción.

Durante su ponencia, Ortiz hizo especial énfasis al art. 5 del capítulo II sobre Medidas Preventivas, referente a las políticas y prácticas anticorrupción, que los países –conforme a su reordenamiento jurídico– que deberán aplicar y fomentar con acciones y políticas coordinadas, a fin de combatir la corrupción de forma preventiva, así como propiciar la transparencia y la participación ciudadana.

El segundo día del Congreso, tuvo como moderador al director de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de CCL, Omar Cárdenas, quien inició el bloque con la participación del director de Ética y Compliance Latinoamérica en UBER, Carlos García.

El experto indicó que para establecer un programa de compliance las organizaciones no solo deben enfocarse en el tema anticorrupción.

“Hay diferentes aristas que las empresas deben enfrentar y mitigar como son el fraude, conflicto de interés, lavado de dinero, entre otros. Por ello, elaborar un sistema de compliance siempre debe apuntar a atacar a estos posibles riesgos, y su implementación debe hacerse de la manera más práctica”, señaló.

A su vez, el socio principal del Estudio Muñiz, Mauricio Olaya, advirtió que, en América Latina, el cumplimento del compliance es concebido, a nivel corporativo y empresarial, como una obligación, lo que dificulta su avance.

“Las empresas, indistintamente de su actividad y tamaño, deben convencerse de que el cumplimiento normativo del compliance es fundamental, a fin de que sean consecuentes con sus valores, propósitos, principios y reputación”, afirmó.

Criptoactivos

El tema de los criptoactivos, activos virtuales que no han sido emitidos por un banco central o una autoridad pública, también fue motivo de debate durante el evento. Al respecto, el presidente de la Asociación Peruana de Compliance, Carlos Caro, refirió que en Perú y América Latina no existe una regulación con respecto a su uso.

Como se sabe, las criptomonedas se emiten y se comercializan dentro de una plataforma blockchain (cadenas de bloques) y su valor puede generar ingresos, sea para venta o intercambio de bienes o servicios mediante el pago de bitcoin (moneda virtual).

En ese sentido, Caro indicó que estas transacciones se realizan de manera anónima por lo que representan un riesgo, pudiendo generar actividades delictivas como fraude, estafa piramidal o lavado de activos, entre otros.

Al respecto, el superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, informó que dicha institución viene trabajando en un diagnóstico sobre el uso de las monedas virtuales.

“Conforme a la legislación peruana, las plataformas de administración de activos virtuales también serían incorporadas en la obligación de reportar sobre presuntos casos de operaciones sospechosas”, manifestó.

De otro lado, la presidenta de la WCA, Capítulo Perú, Mónica Huertas, tuvo la responsabilidad de moderar la tercera fecha del Congreso, en la cual, la superintendente adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Mercados de Valores (SMV), Liliana Gil, precisó que si bien la mayoría de las sociedades peruanas han implementado un Código de Ética, todavía un 12% se resiste a implementarla.

“Las sociedades olvidan que esta herramienta es sumamente importante, porque al implementarla de manera adecuada se pueden adoptar medidas preventivas y tener un mejor manejo de presentarse un conflicto”, manifestó.

Pymes sin compliance

A su vez, la regional manager Latin America para el Proyecto Global Alliance for Integrity (Argentina), Carolina Echevarría, dijo que se ha identificado que en la región existe un alto nivel de pymes que no cuentan con un programa de Cumplimiento.

“Si estas organizaciones no adoptan estos programas, es muy probable que desaparezcan del mercado”, advirtió.

Por su parte, el secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, Jesús Espinoza, expresó que la implementación de los programas de compliance debe considerarse como la primera línea de defensa para evitar que las empresas incurran en conductas anticompetitivas.

“Las empresas deben seguir apostando por estos programas de cumplimento en materia de libre competencia. Ello no debe ser visto como un costo, sino como una inversión”, anotó.

En la última fecha del Congreso el oficial de Cumplimiento de la CCL, Yusith Vega, presentó a la ex responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona (España), Noelia Romero, quien enfatizó que los sistemas de compliance ya están presentes en el sector deportivo.

“Desde el 2016, la FIFA y la Liga Española exigen a los equipos profesionales de primera división a contar con un programa de compliance penal, requisito para que puedan jugar en cada temporada”, aseveró.

El secretario general de ISO, Sergio Mujica, desarrolló el tema de las normas internacionales como apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Señaló que la ISO está comprometida a crear y utilizar normas para promover sociedades pacíficas e inclusivas, siendo la buena gobernanza clave para conseguirlo.

“Las normas anticorrupción y compliance, buscan reconstruir la confianza; pues sin ella se encarecen los procesos y hace ineficiente todas nuestras actividades, por lo tanto, el construir confianza es invertir en la competitividad de los países y sus organizaciones”, remarcó.

Cabe anotar que el Congreso fue clausurado por la presidenta de la WCA Capítulo Perú, Mónica Huertas, luego de realizarse la firma de convenio entre la Asociación Gremial de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales del Perú (EPEI-Perú) y WCA Perú.

Así también, se realizaron ocho talleres especializados en torno a las normas de cumplimiento.

El pasado 17 de junio de 2021, el Grupo de Trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conformado por 44 países, completó la Fase 2 de su evaluación sobre la implementación en el Perú de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Conforme a los procedimientos establecidos, en junio de 2022 el Perú deberá informar oralmente al Grupo de Trabajo sobre las medidas adoptadas para aplicar las principales recomendaciones formuladas y, en junio de 2023, deberá presentar un informe escrito sobre la aplicación de todas las recomendaciones.

Lucha contra corrupción

Como conclusión fundamental, el Grupo de Trabajo destaca la importancia que se concede en el Perú a la lucha anticorrupción a nivel nacional; sin embargo, considera que las partes interesadas peruanas no tienen conocimiento, en general, del delito de cohecho transnacional a pesar de que muchas empresas operan a nivel internacional y se encuentran, por lo tanto, expuesta a este tipo de riesgos.

En tal sentido, el Grupo de Trabajo de la OCDE insta a concientizar urgentemente a las autoridades y al sector privado sobre dicha figura legal, precisando que resulta esencial una mayor comunicación y difusión de estos temas, a fin de aumentar la aplicación y cumplimiento de la normatividad anticorrupción en el Perú.

Respecto a la legislación en materia de responsabilidad corporativa por delitos de corrupción, entre las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE destaca la necesidad de promulgar una legislación para aclarar a qué entidades se aplica la responsabilidad sucesora después de una escisión corporativa, así como sugiere eliminar los efectos eximentes del Programa de Compliance cuando quien comete, autoriza o dirige la práctica de soborno es un alto funcionario de la estructura corporativa de la organización empresarial.

Más allá de las reformas legislativas que pudieran implementarse para dar cumplimiento a estas observaciones, la vigencia real de una cultura de integridad requiere de su interiorización por parte de todos los actores del sistema.

Rol de la CAN

Por ello, urge una redefinición del rol asignado a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), a fin de empoderarla y transformarla en una suerte de think tank de políticas anticorrupción con rango de Organismo Técnico Especializado, dotándola de autonomía, presupuesto, capacidad operativa y permanencia de sus miembros, entre los que debería incorporarse con carácter pleno a los gremios empresariales.

La construcción de una cultura de integridad requiere del consenso y compromiso de los principales actores del sector público y privado, lo que solamente puede lograrse haciéndolos partícipes activos en el proceso de adecuación a los estándares que en materia anticorrupción exige la OCDE.

El Ejecutivo creará un grupo de trabajo para la lucha anticorrupción, anunció el primer ministro Guido Bellido.

«Se creará un Grupo de Trabajo Especializado para que formule propuestas de mejora para el fortalecimiento de dicha coordinación operativa en el corto plazo y un Proyecto de Ley que afiance normativamente dicho objetivo antes de julio del próximo año», indicó.

Señaló que se fortalecerá la capacidad de investigación y persecución de la corrupción vinculada al crimen organizado.

«La corrupción es un flagelo, desangra las arcas públicas y corroe las instituciones, además de que disminuye la confianza de la ciudadanía, quien resulta la principal afectada», sostuvo, durante su presentación ante el Congreso de la República para pedir el voto de confianza.

El combate de la corrupción es también una lucha contra la impunidad, la cual se expresa en los altos niveles de desconfianza ciudadana respecto a la posibilidad de revertir este grave problema en los próximos años. «Recordemos que nuestro ordenamiento facilita las prácticas corruptas», dijo.

Por ello, se presentará un proyecto de ley para el fortalecimiento de la articulación operativa para el combate de la corrupción vinculada al crimen organizado, aquél que corroe el sistema y afecta derechos, debilitando la creación de valor público en el país.

Indicó que se hará una coordinación operativa que deberá involucrar a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría General de la República y las Procuradurías Especializadas.

Soborno nacional y transnacional

Del mismo modo, Bellido anunció que se presentará un proyecto de ley para fortalecer el combate del soborno nacional y transnacional, así como la responsabilidad de las personas jurídicas, a través de reformas normativas de impacto penal, procesal penal, tributarias, administrativas, entre otras de importancia.

«Debemos evitar que nuestras empresas actúen dentro y fuera del Perú como lo hicieron algunas empresas extranjeras en nuestro país, comprando voluntades, influencias y perjudicando la buena marcha de la Administración pública, desviándola de su fin último que es garantizar el interés público, hacia intereses privados», recalcó,

Dicha iniciativa implica, entre otros aspectos, la modificación de la Ley N°30424, a fin de asegurar su uso efectivo por los operadores de justicia en la lucha contra la corrupción y otros delitos cometidos por empresas y organizaciones con un objetivo ilícito.

Además, se hará para mejorar el marco normativo conforme a los parámetros internacionales de las Naciones Unidas y la OCDE, que permita fortalecer la actuación de los procuradores, jueces y fiscales.

Asimismo, la identificación de actos de corrupción en las contrataciones del Estado, específicamente en la contratación de obras de gran envergadura, ha propiciado que la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Asociaciones Público Privadas prevean cláusulas anticorrupción en los contratos que celebre la entidad con los proveedores, contratistas y empresas privadas en general.

«Sin embargo, dicha figura legal no se aplica a todo tipo de contrato estatal. Por ello, se requiere asegurar que todos los contratos que suscriba el Estado con las empresas, proveedores y locadores de servicio, independientemente de la cuantía del mismo, cuenten con cláusulas anticorrupción, a fin de que se le apliquen las consecuencias jurídicas que correspondan», remarcó.

La corrupción constituye un grave problema para los países, produciendo barreras para el desarrollo, generando pobreza, desigualdad, desconfianza e incertidumbre en la ciudadanía.

Los estragos que genera este fenómeno no solo se presentan al interior de un país. La creciente interconexión entre Estados, empresas y otros actores del sector privado han hecho evidente que los alcances de la corrupción transciendan fronteras, presentándose así el soborno transnacional, el ocultamiento del dinero mal habido en bancos extranjeros y lavado de activos mediante compras trans-territoriales, entre otros.

Es en las situaciones donde prima la incertidumbre, producto de una crisis económica, política, social o de salud, como la que estamos viviendo por la COVID-19, que trajo consigo innumerables cambios organizacionales, de hábitos y también muchos riesgos. Uno de ellos fue el aumento de la corrupción por la flexibilidad de controles y las malas conductas.

Afortunadamente, la ética y el compliance señalan el camino que las empresas deben seguir para responder asertivamente en una crisis y así proteger su reputación, inversión y a todos sus colaboradores.

Cada vez más las empresas, como las organizaciones públicas, se están dando cuenta que llevar a cabo actuaciones corruptas es una estrategia poco sostenible y muy costosa a mediano y largo plazo.

Los costos legales, penales y pérdidas económicas asociados a este tipo de actividades, a la larga, superan los beneficios que estas organizaciones pueden percibir a corto plazo.

Por este motivo, todas las organizaciones, sea cual sea tu tamaño y tipo, que busquen su desarrollo y crecimiento a largo plazo, se ven obligadas a centrar sus esfuerzos en la erradicación interna de la corrupción, sea cual sea su forma. Ahí es donde el compliance y los Modelos de Prevención se convierten en sus aliados.

¿Qué es el compliance y por qué es importante?

Nuestra legislación define al compliance como un “sistema ordenado de normas, mecanismos y procedimientos de prevención, vigilancia y control, implementados voluntariamente por la persona jurídica, destinados a mitigar razonablemente los riesgos de comisión de delitos y a promover la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas”.

Nuestro marco regulatorio es cada vez más exigente en las obligaciones que deben cumplir las empresas. Es en ese sentido, que el compliance ayudará a las empresas a identificar todas sus obligaciones a cumplir, identificar los riesgos por su incumplimiento y las posibles sanciones.

Sobre todo ayudará a las empresas a promover una Cultura de Cumplimiento en la institución, entendida como la extensión de la integridad en todas sus actividades y entre todos sus directivos, empleados, colaboradores y partes interesadas; mediante la aplicación de buenas prácticas, el cumplimiento de su código de ética, sus valores corporativos, y el principio de estricto cumplimiento normativo de su Modelo de Prevención o su programa de compliance.

¿Qué beneficios trae a mi empresa implementar un programa de compliance?

Las empresas cuentan con varios instrumentos de gestión para implantar un programa de compliance que les permita trabajar de manera ordenada y transparente. Para ello cuentan con el Modelo de Prevención detallado en la Ley 30424 – Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las personas jurídicas, ampliaciones y su reglamento.

Este modelo unifica el componente del PLAFT (Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo) con el componente Anticorrupción que, adicionalmente, considera los delitos de cohecho, colusión y tráfico de influencias.

Además, las empresas cuentan con la norma internacional Antisoborno ISO 37001:2016, la cual facilita una guía para la construcción de un sistema de gestión diseñado para ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y enfrentar al soborno y cumplir con las leyes antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades.

Finalmente, se cuenta con la reciente norma ISO 37301:2021 Sistema de Gestión de Cumplimiento, mediante la cual ayuda a la empresa a identificar todas las obligaciones de compliance que la organización tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir.

Entre los principales beneficios que trae consigo la implementación de sistemas de compliance en las empresas tenemos:

1.- Permite instaurar una cultura de cumplimiento ético normativo, promoviendo la integridad y transparencia en todas las actividades que realiza.

2.- Ayuda a identificar riegos y posibles consecuencias de incumplimiento.

3.- Ayuda a definir nuevos controles y validar los existentes.

4.- Ayuda a definir responsables de procesos y establecer sus funciones.

5.- Sirve como atenuante de responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica en caso de la comisión de delitos en la empresa.

6.- Sirve como eximente de responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica, en caso de la comisión de delitos en la empresa.

7.- Genera mayor confianza a los socios comerciales o grupos de interés.

8.- Se integra muy bien a la organización de la empresa y con otros sistemas de gestión que tenga implementado o desee implementar.

Líneas de defensa

Tres líneas de defensa de la empresa para una efectiva gestión y control de sus riesgos.

Un programa de compliance distingue tres líneas de gestión del riesgo, control y supervisión permanente.

1ra. línea de defensa: Gestión operativa de la persona jurídica.- La conforman las gerencias y jefaturas de cada área operativa y sus empleados. Son el primer frente de guerra con el riesgo, serán las trincheras en esta primera línea de defensa, quienes se responsabilizan de la correcta implantación de los controles o acciones de tratamiento definidas en el modelo de prevención.

2da línea de defensa: Gestión del riesgo y cumplimiento.- Contempla las funciones de supervisión de riesgos, controles y cumplimiento de políticas y procedimientos establecidas por la empresa; abordando los diferentes riesgos transversales a la organización y específicos de las áreas operativas.

El oficial de cumplimiento es el responsable en esta segunda línea de defensa de la persona jurídica, reportando al más alto nivel de la persona jurídica para tomar acciones correctivas o de mejora inmediata sobre el Modelo de Prevención.

3ra línea de defensa: Auditoría Interna.- Proporciona garantía sobre la eficacia y eficiencia de la gestión de riesgos y los controles internos, incluyendo la manera en que las dos primeras líneas de defensa logran sus objetivos.

La función de auditoría interna generalmente audita una vez al año, salvo que haya habido cambios sustanciales en la organización; mientras que la labor de supervisión del oficial de cumplimiento es permanente y constante.

Existe una 4ta. Línea de defensa denominada: Auditoria Externa, en la cual se encuentran los reguladores; las autoridades de control con capacidad de supervisión; la administración de justicia, peritos, inspectores; quienes ofrecen garantías sobre el cumplimiento de las leyes y obligaciones específicas.

La función de auditoría externa no está bajo el control de la persona jurídica y por ello se considera también dentro de una cuarta línea de defensa.

La interacción de la función de la auditoría interna, auditoría externa y de los órganos supervisores mejoran y complementan la labor de aseguramiento de la eficacia del modelo de prevención o programa de cumplimiento.

Con todo lo señalado, concluimos que los Modelos de Prevención o Programas de Cumplimiento facilitan las herramientas necesarias en una institución pública o empresa privada de todo nivel y de diferentes sectores económicos, para desarrollar una nueva cultura de hacer negocios, basada en la integridad y el cumplimiento de su marco normativo.

Si desea mayor información sobre los programas de compliance, escríbanos al e-mail: compliance-ccl@camaralima.org.pe.

La inseguridad ciudadana y la corrupción son dos de los problemas que más preocupan a la sociedad, pues frenan el avance del país en el camino hacia el desarrollo.

Para el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Vicente Romero, una de las primeras acciones del siguiente Gobierno debería ser el incorporar a la seguridad dentro del fortalecimiento de políticas públicas desde el nivel primario de la estructura social del Estado, poniendo como prioridad a las poblaciones menos favorecidas.

“Así como se busca potenciar en salud a los Centros de Salud y a las Postas Médicas, y en educación a la etapa pre-escolar y escolar; en el ámbito de seguridad se debería considerar potenciar a las comisarías (prevención e investigación) como la primera línea de atención ciudadana en prevención y control del delito”, explica.

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Asimismo, señala que es importante potenciar las capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales a nivel provincial y distrital, mediante una agresiva capacitación. Precisa que también se deben mejorar los niveles de articulación entre los diferentes actores de la seguridad ciudadana; revisando previamente los componentes como: la normatividad vigente, instituciones, capital humano, planes y programas.

Además, añade que es primordial fortalecer la formación profesional de la Policía y para ello se debe trabajar en la moral y dignidad del personal, así como en modernizar la institución.

“Es fundamental promover la eficiencia en la aplicación de justicia y del sistema penitenciario, a través de la reducción de las barreras que aún persisten al impartir justicia, apuntando a la judicialización del crimen, desterrar la corrupción e impunidad, y racionalizar el uso de la detención preventiva empleando otros mecanismos alternos a la prisión”, subraya.

Zonas estigmatizadas

Vicente Romero sostiene que se deben dar acciones inmediatas para fortalecer la prevención social en zonas estigmatizadas o de alto riesgo, con foco en la erradicación de la violencia contra las mujeres y jóvenes, contrarrestar los factores de riesgo ante la pérdida del valor social en hogares disfuncionales.

“Se deben dar continuidad a los modelos de prevención situacional y social, es decir, Vecindario Seguro y Barrio Seguro, respectivamente, en territorios focalizados y de alta peligrosidad, con la finalidad de mejorar las condiciones de seguridad ciudadana; prevenir y controlar el delito, violencia y crimen; y lograr una convivencia pacífica”, detalla.

Por último, indica que es urgente combatir sostenidamente el narcotráfico a nivel macro y micro de forma permanente, porque desestabiliza el clima de seguridad.

Política de cero corrupción

Por su parte, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, afirma que lo primero que debe hacer el nuevo Gobierno es adoptar una política de “cero corrupción”.

“Bajo esta premisa hay que revisar la Política Nacional de Integridad y Lucha Anticorrupción, la cual existe, pero necesita ajustes; y tratar de implementar las observaciones de los organismos internacionales. Esto debe iniciar desde el primer día el nuevo gobierno”, detalla.

Afirma que lo segundo es fortalecer los sistemas de auditoría y la capacidad de la investigación y administración de justicia, es decir, Contraloría y otras instancias. Así, de manera técnica, deben cumplir su rol sin trabar e inmovilizar a los funcionarios públicos e instituciones.

Además, aclara que es importante potenciar las secretarías regionales de integridad porque ellas van a hacer el control in situ en las regiones, pues muchos de los problemas que se han detectado, principalmente, se dan en dichas zonas. Por otro lado, indica que se necesita profesionalizar el servicio civil para que no haya más funcionarios parientes o designados por los partidos políticos.

“El ingreso a un cargo público tiene que ser en función de la meritocracia, SERVIR está para eso. Debe contratarse personal ético, idóneo y adecuado para cada posición, no funcionarios corruptos que han sido condenados. Y, por otro lado, encontrar a gente con mayores capacidades”, asegura.

Información pública

Lanzara sostiene, además, que el próximo Gobierno debe fortalecer la transparencia y acceso a la información pública, anota que los ciudadanos, instituciones, gremios y todos en general deben tener este acceso.

En esa misma línea, sugiere que es necesario empoderar a la Comisión de Alto Nivel de Corrupción, de la cual forma parte la CCL, entre otras instituciones privada y públicas.

“Ellos son quienes representan a los ciudadanos, para promover acciones de vigilancia y colaboración. La lucha anticorrupción no es solo tarea del Gobierno, Fiscalía o Contraloría, sino de todos. Las distintas entidades de la sociedad deben tomar un rol más activo”, asevera.

Parece increíble, pero es muy difícil escoger un tema para escribir sobre la integridad y lucha contra la corrupción, pues hay mucho por decir. La explicación es sencilla, pero la solución es compleja. Se trata de una lacra social que ha invadido e inundado todos los estratos y actividades de la sociedad.

Brevemente haremos un repaso de las distintas situaciones de corrupción, muchas de las cuales ameritan un artículo en cada caso. Usualmente, se menciona la corrupción en actos en los que intervienen políticos y funcionarios públicos, como si entre privados no hubiera corrupción.

Es cierto que los más graves o notorios son entre funcionarios públicos y privados, pero también se dan sólo entre privados. El diccionario de la Real Academia Española (RAE) indica que la palabra corrupto o corrupta es un derivado del latín corruptus y significa:

1. adj. Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. U.t.c.s.

Considero incompleto este concepto; para mí es corrupto tanto el que recibe una coima, como el que la paga. Para que haya corrupción se requiere que sea de los dos lados.

2. adj. desuso. Dañado, perverso, torcido.

Importantes adjetivos en desuso: El corrupto daña y es perverso, torcido.

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Factores Humanos

Hay factores humanos y estructurales que alimentan la corrupción. Entre ellos, tenemos los siguientes:

– La pérdida de principios y valores, los cuales son los cimientos de una persona, una familia, una sociedad, pueden ser fortalecidos, pero no debilitados, porque si no todo se derrumba. Por tanto, los valores y principios son innegociables, inmodificables, sólo perfectibles.

– Los criterios cuantitativos para medir el éxito, menospreciando los cualitativos. En el mundo de hoy, una persona, empresa o sociedad se considera más exitosa en tanto más bienes posea, no importando muchas veces si han sido logrados ilegal o ilícitamente. Los grupos sociales se forman por criterio económico por encima de otros criterios.

– La muy débil formación personal. Es mayor el interés por poseer que por desarrollarse como persona. Además, las débiles personalidad y autoestima conllevan a buscar exhibir éxitos para lograr reconocimiento de otras personas, en lugar de la satisfacción propia por el desarrollo personal. Esto le ocurre a los padres de familia y a los hijos.

– Ocultar ingresos o falsear información para pagar menos impuestos.

Factores estructurales

Entre los factores estructurales de la corrupción, tenemos a los siguientes:

– Negociaciones competitivas a nivel privado, en las que interesa cuánto gana uno y no cuánto pierde el otro. Es decir, aprovecharse del otro lo máximo posible. Esto lleva a que el otro busque, a su vez, lograr la “revancha” con una contraprestación poco seria.

– No hay consciencia para que la sociedad camine bien. Se requiere que en su conjunto marchen adecuadamente y en equipo el grande, el mediano y el pequeño. Un ejemplo que siempre pongo a mis alumnos es: ¿Qué es más importante en un vehículo? La respuesta usual es el motor, la caja de cambios, etc.

Mi respuesta es todo. Yo puedo tener el vehículo más grande y amplio, con un gran motor, excelente caja de cambios, etc., pero si me fallan los cuatro simples pernitos de una llanta, se me sale la llanta y el vehículo no podrá seguir andando.

– La creencia de que el Estado no está para facilitar la inversión privada, sino para suplantar las decisiones del sector privado o no público, y limitar a este la libre iniciativa y sobrerregular su funcionamiento. Este exceso de controles crea corrupción porque para salir adelante, el privado utiliza la corrupción.

– Ante un indebido aprovechamiento por un particular, presuponer que todos los ciudadanos o empresarios actúan de igual forma y poner candados que a su vez limitan las actividades y fomentan la corrupción.

– La presunción de que todo funcionario público es corrupto y sancionar el uso racional y fundamentado del criterio. Por ese motivo, se ponen también controles que favorecen la corrupción, o los funcionarios, por temor a tomar decisiones, traban al desarrollo de proyectos que beneficiarían a la sociedad.

– Llegar a ser funcionario no para servir sino para servirse. Entender la elección o designación como un poder y no como un mandato. Para luchar contra la corrupción, se requiere un cambio de actitud.

A nivel humano

– Creencia y práctica de valores y principios. Desde pequeños hacer prevalecer la moral y la ética, tanto en el hogar como, complementariamente, en el colegio, en el trabajo, el ejercicio de la profesión, etc. Enseñar con el ejemplo.

– Desarrollo de las llamadas “habilidades blandas” desde pequeño (no sé por qué se les llama así), tales como empatía (ponerse en el lugar del otro), capacidad de expresarse y escuchar (dialogar), solidaridad, trabajo en equipo, confianza en sí mismo (autoafirmación), orden, trabajo, disciplina, entre otros.

– La Integridad, que significa coherencia entre lo que se predica y se hace, a nivel privado y público; así como actuar moral y éticamente en todos los aspectos de la vida como son el hogar, el trabajo, la docencia, etc.

A nivel estructural

– Entre privados, buscar el beneficio mutuo.

– A nivel público y privado, establecer el Buen Gobierno Corporativo e institucionalizar el Compliance.

– En la contratación pública (como señala la ley respectiva), adquirir bienes o contratar servicios, el Estado, y proveer bienes y servicios, el privado, para beneficio del ciudadano, en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de entrega.

En ese sentido, es muy importante aplicar, tanto a contratantes como a proveedores, los siguientes principios:

• Moralidad: Sin corruptelas.
• Libre competencia: Que todos puedan competir o Imparcialidad: Que gane la mejor propuesta para la ciudadanía.
• Eficiencia: Procesos ágiles y adecuados.
• Economía: El mejor precio acorde con la mejor calidad y oportunidad de entrega.
• Transparencia: Que no haya nada bajo la mesa. Publicación de los Términos de Referencia (TDR) antes del proceso, sobre todo en los procesos más grandes.
• Vigencia tecnológica: Que lo que se solicita y ofrece sea lo que realmente se necesita y de la mejor calidad.
• Que en las adquisiciones y contrataciones más grandes, los TDR sean evaluados previamente por algún órgano distinto o independiente de la institución adquirente o contratante.
• Trato justo e igualitario: No discriminar en la calificación.

Como se ve, la integridad y lucha contra la corrupción es tarea de todos, a nivel público y privado. Es para mí muy grato integrar la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), porque es una entidad comprometida no solo con los empresarios, sino –sobre todo– con el Perú; convencida que, con integridad y sin corrupción, será factible lograr un país que crezca y se desarrolle en paz, para beneficio de todos.

Ahora que es evidente que vivimos la segunda ola del coronavirus ante las escenas de dolor, desesperación y muerte frente al colapso de los sistemas sanitario y económico, es oportuno reflexionar sobre la naturaleza de este virus –del que aún sabemos poco– y su semejanza con otro grave mal que nos aqueja: la corrupción.

1. La corrupción, como la COVID-19, mata, enferma, impide la educación adecuada de centenares de miles de niños, adolescentes y jóvenes, profundiza la extrema pobreza e incrementa la inequidad, dejando a millones sin empleo y condenándolos al hambre. 

Según un estudio de la Contraloría, la pérdida por corrupción en el 2019 ascendió a S/ 23.297 millones, monto que equivale al 3% del PBI. Con esos recursos se hubiera podido aliviar el 88% de la brecha de infraestructura en salud, construyendo 230 centros de salud y 116 hospitales de segundo y tercer nivel.

En educación, con el 24,5% de lo robado en el 2019, se podría cubrir el 100% de la brecha de infraestructura de largo plazo (S/ 5.917 millones), escolarizando a 90.456 alumnos de inicial o 79.021 de secundaria.

▶César García Novoa: Sunat, los intereses moratorios y el caso Paramonga

▶Jorge Guillén: Retiro de fondos de ONP

En los primeros meses de la pandemia, unos tres millones de peruanos han vuelto a la pobreza gracias a la precariedad de nuestra economía y a la falta de oportunidades de empleo formal y estable, problemas en parte fomentados por la gran corrupción que corroe nuestro camino al desarrollo.

2. La corrupción, como el virus, si bien no discrimina entre sus víctimas (ni edad, ni género, ni clase social), siempre termina golpeando con gran intensidad a los más vulnerables.

3. La corrupción, como el coronavirus, muta constantemente haciendo más perniciosos sus efectos y más difícil su control.

4. La corrupción al igual que la COVID-19, no tiene cura, es muy difícil de prevenir, y solo se puede controlar encontrando la vacuna. Hoy, que nos aqueja la angustia de no contar con las vacunas a tiempo, y que surgen dudas sobre su efectividad ante las nuevas mutaciones, somos conscientes de la importancia de contar con el antídoto necesario para poder frenar un mal devastador por el grave daño social e inestabilidad que acarrea.

A diferencia del virus, para vacunarnos contra la corrupción no necesitamos pagar fortunas a ciertos laboratorios, ni competir con otros países, ni esperar que se descubran nuevas fórmulas.

El mejor anticuerpo se desarrolla con la mezcla de un conjunto de medidas como la transparencia, el acceso a la información, un sistema de compras e inversión pública adecuado, claridad en el financiamiento de la política, la creación de conciencia ciudadana, formación de una cultura de integridad que involucre a todos los sectores sociales, la sanción legal y social oportuna y severa, entre otras que ya se conocen y que solo requieren de voluntad política para ser implementadas.

En vísperas de una elección, una vacuna decisiva para curarnos en salud es estar bien informados y no votar por aquellos que nos mienten, que tienen prontuario, que buscan su beneficio personal valiéndose del populismo y la demagogia, y que no tienen interés en el bien común para todos los peruanos.

En ese sentido, el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, Jorge Ochoa, asegura que  existen muchas dificultades que se deben atender urgentemente como la alta informalidad de las empresas, la poca asociatividad, el bajo acceso a la tecnología, el  financiamiento a nuevos mercados y el limitado acceso a compras estatales, además de la rigidez tributaria y laboral.

Para solucionar estos problemas, Ochoa señala que los mayores esfuerzos deben centrarse en una verdadera reforma laboral que incorpore a los ciudadanos al trabajo formal disminuyendo la rigidez y sobrecostos que afectan la competitividad de las empresas; y, en el caso tributario, simplificar las normas de cumplimiento eliminando los regímenes innecesarios y la lucha frontal contra el contrabando.

Asimismo, en el caso del acceso a financiamiento, Jorge Ochoa señala que el Gobierno debe implementar nuevos instrumentos financieros que faciliten la viabilidad de los negocios a tasas razonables; y fomentar el sistema de garantías que minimicen los riesgos de las mipymes frente al sistema financiero.

Para el también presidente de la Comisión de Trabas Burocráticas de la CCL, Jorge Ochoa, es importante disminuir radicalmente todas las trabas y barreras burocráticas que afectan la competitividad de las empresas.

“(Se debe) agilizar la gestión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en la eliminación de barreras burocráticas y empoderar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la eliminación de trámites innecesarios y mejora permanente de la calidad regulatoria de las normas”, resalta.

Asimismo, señala que los resultados obtenidos por Indecopi en la eliminación de estas barreras no tienen el impacto esperado y se observan demoras y trámites burocráticos que deben ser destrabados y agilizados urgentemente.

“Adicionalmente, en los últimos cinco años, la PCM no obtuvo resultados satisfactorios en mejorar la calidad regulatoria de las normas y disminuir el exceso de procedimientos y trámites que afectan las actividades de las empresas y las personas,”, subraya.

Reactivación más aliviada

Por su parte, la presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la CCL, Leslie Passalacqua, afirma que lo más urgente en este momento es atender el pedido que hizo el gremio para bajar el Impuesto General a las Ventas (IGV) por todo el 2021 a las empresas formales de retail  y demás sectores, para que puedan lograr una reactivación más aliviada.

“El 2021 toca ver la sostenibilidad de las empresas que ya tienen pérdidas y empiezan a asumir las obligaciones financieras que tuvieron en el periodo de gracia”, refiere.

Al respecto, Passalacqua indica que una de las medidas concretas que debería atender el Gobierno es revisar en detalle las exigencias de las municipalidades y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a fin de que las normas sean uniformes para todos los malls y tiendas con puerta a la calle, y no poner trabas burocráticas, ya que con los gastos de reapertura y de protocolos es complicado tener distintos requisitos por cada distrito o provincia.

“Estamos pidiendo al Gobierno aumentar el aforo de las tiendas por la Campaña de Navidad al 60%, sin incluir el personal de tiendas, para poder reactivar el empleo y recuperar las ventas en una campaña que solo venderá el 60% con respecto a lo registrado en el 2019”, precisa.

Acceder al régimen agrario

De otro lado, el presidente del Gremio de Indumentaria de la CCL, Luis Antonio Aspíllaga,  señala que el Perú es el único país donde no se ha unido el sector textil-confecciones con el Gobierno para asegurar su competitividad, así como lo han hecho países de Centroamérica y Asia.

“No olvidemos que después de la agricultura, el sector textil confecciones es el que genera más puestos de trabajo y emplea en su mayoría a las mujeres”, detalla.

Aspíllaga explica que son un sector mixto, que atiende tanto al mercado local y al de exportación, dando trabajo a miles de micro, medianas y grandes exportadoras. De igual manera, subraya que el Perú cuenta con una gran infraestructura textil para abastecer la demanda interna y de exportación a los mejores mercados sin necesidad de inversiones adicionales.

“Concretamente lo que pedimos es que nos permitan acceder al régimen agrario donde hemos visto cómo las exportaciones de ese rubro se han multiplicado por diez”, puntualiza.

Seguimiento a actos de corrupción

La corrupción es un mal que no solo vulnera el patrimonio público, sino que también debilita la democracia, la confianza en la administración pública e imposibilita el acceso equitativo de la población menos favorecida a los servicios esenciales, atentando contra su derecho a la vida y la salud.

Así lo asegura el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara. En ese sentido, precisa que la prevención y seguimiento de actos de corrupción es trascendental frente a la pandemia.

“El anterior Gobierno ha anunciado una inversión de S/ 20.000 millones en salud, la que se ejecuta, prioritariamente, a través de adquisiciones directas, hay que seguir de cerca estas operaciones, pero también todos los demás procesos”, agrega.

Lanzara sostiene que lo vivido durante la pandemia revela que nuestra administración sigue adoleciendo fundamentalmente de procedimientos y mecanismos transparentes y diligentes, así como de funcionarios competentes para atender desastres de esta naturaleza, que más allá de no dar una respuesta oportuna, han permitido situaciones donde no se ha hecho un uso eficiente, cuando no transparente, de los recursos.

Por ello, afirma que el nuevo Gobierno debe iniciar la implementación en las entidades del Estado de programas de cumplimiento principalmente en aquellas que están expuestas, reduciendo los riesgos de ilícitos.

Finalmente, manifiesta que, rápidamente, deben darse muestras inequívocas en el Ejecutivo y Legislativo desmantelando esquemas de protección a los involucrados y sentenciados en denuncias por corrupción. “Hay que enviar mensajes claros a la ciudadanía e iniciar un cambio cultural con miras al Bicentenario”, concluye.

Reducción de Tramitología

Para el presidente del Gremio de Comercio Exterior de la CCL, Juan Antonio Morales, la perversa tramitología, la normatividad excesiva y de complejo cumplimiento, además de una actitud coercitiva y sesgadamente fiscalizadora por gran parte de las autoridades centrales y regionales, alientan la corrupción y propician el alejamiento y el desapego del empresario a su compromiso natural con el desarrollo del país, generando falta de eficiencia y de productividad.

“La pandemia de la COVID-19, ha generado una crisis internacional sin  precedentes, que potencian el desempleo, la corrupción y la informalidad, restringiendo los mercados del exterior para nuestros productos. Estas son parte de las dificultades que este y el nuevo Gobierno deben atender”, puntualiza.

Morales sostiene que el sector privado es quien genera valor en una economía sana y que el sector público, en su calidad de socio del 30% de todos los emprendimientos legítimos, tiene la obligación de acompañarlos y apoyarlos. “Ante esta circunstancia, nuestro Gremio de Comercio Exterior, que comprende pesca, agricultura, manufactura, logística y moda, propone una alza del Drawbank para apoyar a exportadores; medidas transversales para mejorar la competitividad, así como profundizar la digitalización de toda la cadena de trámites para facilitar el comercio exterior (logística)”, asevera.

Activación de proyectos mineros

Por su parte, el presidente del Gremio de Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas de la CCL, Carlos Calderón, anota que entre las principales dificultades que se tienen es la falta de estabilidad política y jurídica, lo que ocasiona el temor de los inversionistas privados, tanto extranjeros como locales, para desarrollar proyectos importantes en el país.

“Otro factor negativo es la alta informalidad laboral y económica que se incrementa progresivamente y más ahora como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, además de las barreras burocráticas que aún perduran”, refiere.

Asimismo, menciona que un factor importante y negativo en el desarrollo de las actividades de los asociados a este gremio es el incumplimiento por parte de las diferentes entidades estatales y algunas empresas privadas en honrar los plazos de pago acordado por las ventas de equipos o servicios suministrados, que afecta directamente en los flujos de caja de las  empresas.

En esa línea, sugiere que las medidas inmediatas y concretas que debería implementar el nuevo Gobierno se resumen en la activación de proyectos mineros que están en stand by por regulaciones del Estado.

Finalmente, el presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la CCL, Javier Butrón, recalca que la tarea del nuevo gobierno en el tema de salud es mejorar la detención en el proceso y monitoreo de la COVID-19, con procedimientos ágiles de reacción para desarrollar cuarentenas focalizadas.

Además de mantener el soporte de Reactiva Perú, buscando que sea más dinámico, pues aún a la fecha hay empresas que no logran el desembolso por trámites internos largos.

Recientemente, la investigadora asociada del Idehpucp, Dra. Marcela Huaita Alegre, presentó el libro “Género y corrupción: Una mirada a los impactos diferenciados de la corrupción en el Perú”.

¿Cómo se interrelacionan los conceptos de género y corrupción?

La preocupación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp) fue evaluar el impacto de la corrupción entre hombres y mujeres. Así, a través de una investigación exploratoria –y en base a las encuestas anticorrupción de Proética– se ha identificado a la administración de justicia como un sector que es percibido por la ciudadanía como uno de los de mayor corrupción.

Así, iniciamos esta investigación viendo primero cuál era el vínculo que había entre estos dos temas: corrupción y género. En términos generales, se observa que hay un impacto mayor de la corrupción que afecta a las mujeres, en tanto ellas se encuentran en los sectores de mayor detrimento económico, o con menos posibilidad de acceder a servicios. Por ello, la situación de corrupción puede generar una barrera adicional. Asimismo, analizamos el vínculo entre género y administración de justicia, en donde se observa que las mujeres aún no acceden a las más altas posiciones en el Poder Judicial; pero también la creación de vínculos de subordinación o su ubicación en puestos de menor jerarquía o determinada especialización (familia).

También hemos visto que cuando se discuten temas de integridad de las mujeres, hay estereotipos de género que se mezclan, o situaciones que afectan la sanción que pueden tener determinados agresores sexuales. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, del audio del exjuez César Hinostroza quien negoció la pena de un violador de una niña de 11 años. En esa medida, pensamos que esto grafica una situación que no es exclusiva de Hinostroza, sino que afecta al Poder Judicial en su conjunto.

¿Una idiosincrasia?

Más bien una normalización de estos estereotipos de género porque Hinostroza no podía sacar dicha sentencia él solo. Fueron varios jueces los que estuvieron implicados en esa decisión, y no necesariamente por dinero sino por una situación de normalización de la agresión.

¿Qué está pendiente?

El esfuerzo por la sistematización nos ha permitido conocer que de todos los casos solo en uno se destituyó al magistrado y se dio una sanción ejemplar. En los demás no se sancionó a los involucrados o se dieron sanciones administrativas leves, tanto así que estas personas solo han cambiado de cargo (de fiscal a juez o viceversa), o de espacio geográfico, pero siguen en la administración de justicia. Esto tiene que llevar a una reflexión por parte del Poder Judicial para que se tomen medidas más fuertes en términos de sanciones.

¿En qué sentido?

Primero, hay que lograr que las denuncias sean efectivas, porque la mayoría de denuncias de este tipo, se archivan. También, dado que hay tipos penales previstos para situaciones de corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, entre otras, estas conductas deben sancionarse por los canales que corresponden en la administración de justicia y no permitir que sean tipificadas de una manera diferente o sólo se den sanciones administrativas. Si bien creemos que la administración de justicia tiene un rol importante, también claramente se trata de que nuestra sociedad esté alerta y que podamos identificar estos casos y tipificarlos como delitos de corrupción.

¿Qué más recomendaría?

Hay una tensión normativa entre un tipo penal que se ha creado hace poco que es el chantaje sexual respecto de situaciones donde los favores sexuales son una moneda de cambio de corrupción y que para nosotros estarían configurando un delito más agravado que sería el de cohecho. Sin embargo, habría una cierta sobreposición entre este tipo penal –chantaje sexual– con el de cohecho que tiene sanción más grave. Pensamos que ahí también hay una tarea por hacer de establecer claramente que cuando estas conductas son practicadas por funcionarios públicos tienen que ser canalizadas por la vía del cohecho.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la mujer?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha continuado una línea importante en relación con la transversalización del enfoque de género. Así, se ha avanzado en que es obligatorio que todas las instituciones públicas –sean locales, regionales o nacionales– tengan una comisión de género al interior de la propia institución para que pueda hacerse esta transversalización efectiva.
La política nacional de igualdad de género que se ha aprobado con este gobierno y el plan para su implementación, son hitos importantes.

Así, tenemos un funcionario público que está reflexionando y que está organizándose para que desde sus propias líneas de trabajo se pueda transversalizar el enfoque de género con mandatos claros como la política nacional que es de obligatorio cumplimiento, pero no solo de los sectores públicos sino también de las instituciones privadas. Creo que es un panorama importante que cada vez disminuya las barreas que en algunos sectores se han forjado. Esperamos que nuestra sociedad pueda alentar estos esfuerzos porque son sumamente importantes para el futuro del país.

Según la reciente encuesta de Transparencia Internacional, el Perú avanzó cuatro posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, ubicándose en el puesto 101 de 180 países. Si bien se logró mejorar en algunos puestos, aún nuestro país se encuentra por debajo del promedio de la región.

Esto nos lleva a reflexionar sobre qué se está haciendo y qué más se necesita hacer para combatir la corrupción, sobre todo tras los casos ocurridos en los últimos años, tales como Lava Jato o el Club de la Construcción, por citar solo dos ejemplos,  los cuales han ocasionado graves consecuencias para la sociedad y la economía.

► Susana Silva Hasembank: “Plantearemos iniciativas legislativas al Congreso”

► Manuel Romero Caro: “Se debe atacar corrupción en megaproyectos”

► Elecciones congresales 2020: el nuevo panorama político

Para tratar esta problemática, La Cámara entrevistó a tres expertos en el tema: el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL, Manuel Romero Caro; la secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Susana Silva Hasembank; y al director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ex defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna; quienes plantearon y detallaron las acciones concretas que se podrían incluir dentro de la agenda del país y en los distintos niveles de la sociedad.

En ese sentido, coincidieron en que es clave culminar las reformas políticas, electorales y de la administración de la justicia para empoderar a las instituciones. Además, recalcaron que todo ello debería trabajarse desde el Congreso electo. Y, si bien el tiempo es corto, existen una serie de iniciativas que el Ejecutivo enviará al Legislativo para agilizar este proceso, en el que también es importante contar con la participación de todos los actores, el sector público, privado y la sociedad civil. A continuación sus puntos de vista.

La corrupción se constituye en una fuerte restricción para la mejora de la productividad – competitividad de los países. Al respecto, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima refiere que sus efectos microeconómicos en el ambiente de negocios; en la decisión de inversión o de tributar y su impacto macroeconómico en el volumen y la calidad del gasto público; y desigualdad del ingreso y riesgo país van minando la confianza en las instituciones, provocando una inestabilidad política y económica que es muy difícil de resolver en el corto plazo.

Es por ello que Transparencia Internacional publica desde 1995 el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual mide las percepciones sobre corrupción en el sector público.

► Crédito a empresas crece 5%

► Inversión pública per cápita alcanza menor nivel

► Inversión pública “dormida” suma S/35.100 millones

Recientemente se publicó la edición IPC 2019, donde se observa que el Perú logró mejorar cuatro posiciones respecto al 2018, ubicándose en la posición 101° entre un total de 180 países. En dicho índice se evalúa los niveles de corrupción en el sector público empleándose para el caso de Perú ocho encuestas:

• El Índice de Transformación, de la Fundación Bertelsmann (IT-FB)
• Servicio de Riesgo País, de The Economist Intelligence Unit (RP-EIU)
• Condiciones Comerciales e Indicadores de Riesgo, de Global Insight (IR-GI);
• La Encuesta de Opinión Ejecutiva, elaborada por el IMD World Competitiveness Center (EOE-IMD);
• La Guía Internacional de Riesgo País, elaborada por PRS Group International (RP-PRS);
• La Encuesta de Opinión Ejecutiva, realizada por el World Economic Forum (EOE-WEF);
• El Índice de Estado de Derecho, de World Justice Project (ED-WJP)
• El Índice Variedades, de Democracia (V-DEM).

Los datos obtenidos se estandarizan en una escala de 0 a 100, donde 0 equivale al nivel más alto y 100 implica el nivel más bajo de percepción de corrupción.

En el año 2019 los países percibidos como menos corruptos fueron Nueva Zelanda y Dinamarca, ambos con 87 puntos y compartiendo el primer lugar, seguidos de Finlandia (86 puntos y 3° lugar). En el caso de las diez economías de América del Sur, siete mejoraron su performance respecto al 2018 destacándose los avances de Ecuador en 21 posiciones y ubicándose en el 93°, Argentina en 19 posiciones (al 66°) y Bolivia en 9 posiciones (al 123°). En lo que respecta a los retrocesos en el IPC-2019, Brasil retrocedió una posición (al 106°), entretanto Paraguay y Venezuela se rezagaron en cinco posiciones, al 137° y 173°, respectivamente. A nivel global, solo la tercera parte, es decir 60 países, mejoraron su puntaje respecto al IPC 2018; 52 lo mantuvieron y 71 lo empeoraron.

Logra mejores resultados

En tanto, el Perú obtuvo un puntaje de 36 y ocupó el puesto 101°, mejorando un punto y ascendiendo cuatro posiciones respecto a los resultados de 2018. De las ocho encuestas consideradas para determinar el IPC 2019, se mejoró el puntaje en tres de ellas, en otras tres se mantuvo el mismo puntaje y se retrocedió en las dos restantes. Los resultados alcanzados en el último año superan los obtenidos en el IPC 2018 en donde no se registró ninguna mejora respecto al año 2017.

Se logró los mayores avances en la encuesta del IT-FB, donde se evalúa si el gobierno sanciona a los funcionarios públicos y en qué medida el gobierno logra contener con éxito la corrupción. El Perú mejoró en cuatro puntos hasta llegar a 49 y ubicarse en la posición 25° entre 137 países, por encima del resultado 2018, 26° de 129 países.

En la EOZE-WEF se evalúa si las empresas deben entregar pagos adicionales para fines vinculados a sus negocios como exportaciones, pagos de impuestos, adjudicación de contratos públicos, entre otros. Además, se consulta si en el país se desvían fondos públicos a empresas, individuos o grupos. En este caso se obtuvo una importante mejora en puntaje de 23 a 26 lo que posibilitó ascender del 120° hasta el 117° entre 134 países.

El ED-WJP es la tercera encuesta donde se logró mejorar el puntaje. Aquí se analiza el grado de respeto del Estado de derecho analizando en distintos niveles de gobierno si los funcionarios aprovechan su función pública para beneficio propio. El Perú mejoró su puntaje de 30 a 32 ubicándose 87° de 123 países.

Luego se tiene el RP-EIU 2019 donde se estudia aspectos institucionales como la existencia de mecanismos de rendición de cuentas de fondos públicos, la independencia del poder judicial y, por otra parte problemas de corrupción como el uso de fondos públicos para fines personales o partidistas por parte de funcionarios del gobierno y el uso de sobornos para la adjudicación de contratos, entre otros. En este caso se mantuvo el puntaje de 37 similar a lo alcanzado en los últimos cuatro años y conservando la posición 55° entre 131 países.

Otra encuesta importante es la RP-PRS en la cual se valora la corrupción en el sistema político, casos de corrupción financiera que enfrentan las empresas como son exigencias de pagos especiales y sobornos o de corrupción real como casos de nepotismo, intercambio de favores, financiamiento clandestino de partidos políticos, etc. En el último periodo, el Perú mantuvo el puntaje de 41, pero se retrocedió una posición de 56° al 57° entre 140 economías.

La encuesta IR-GI evalúa el riesgo de que las personas/empresas enfrenten sobornos u otras prácticas corruptas para llevar a cabo actividades comerciales. Para el año 2019 se sostuvo el puntaje de 35 lo que nos significó retroceder en cinco posiciones hasta el puesto 91.

El resultado más negativo lo obtenemos en la EOE-IMD, de la cual se extrae la sección correspondiente al marco institucional y se pregunta a líderes empresariales séniores: soborno y corrupción ¿existen o no?

Nueva Zelanda y Dinamarca son los países con menor percepción de corrupción

Lamentablemente el puntaje obtenido cayó de 25 a 24, tendencia que se observa desde el 2015. En este último año, hemos retrocedido del 58° al 62° de un total de 63 países.

Finalmente, el V-DEM toma un conjunto de datos multidimensional que refleja la complejidad del concepto de democracia como sistema de gobierno. Se pregunta por la corrupción política que afecta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este caso, el Perú ha visto retroceder su puntaje de 46 a 44 y su ubicación de 69° a 76°.

En suma, los resultados analizados revelan una mejora en la percepción acerca de la corrupción en el país. Los puntajes lo demuestran; sin embargo, los esfuerzos realizados no son suficientes para alcanzar un nivel que nos ubique al menos por encima del promedio de los países de la región.Las encuestas del IMD y WEF, donde estamos peor evaluados, muestran la percepción que ante una economía plagada de trabas y regulaciones, sería el soborno o el pago no documentado una salida para seguir operando en los mercados. Una profunda desregulación y eliminación de trabas contribuiría a minimizar los costos de transacción de las empresas y mejorar nuestros índices de corrupción.

Uno de los principales objetivos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es apoyar al Estado a erradicar la corrupción, colusión, lavado de activos y demás delitos que producen barreras para el desarrollo, generando pobreza, desigualdad y –lo más grave–, una creciente desconfianza en la ciudadanía. Por ello, la CCL participa activamente en diferentes campos de acción con el fin de generar conciencia sobre la integridad y la ética; valores que son posibles desarrollar para construir juntos un país mejor.

A nivel institucional, integramos la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), en donde nuestra Presidenta junto a representantes de otras instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, buscan articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

En el aspecto técnico, nuestro Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial tiene la Vicepresidencia del Comité Técnico de Normalización de Gestión de la Calidad para promover la Integridad (Anticorrupción) en el INACAL; contribuyendo en la elaboración de Normas Técnicas Peruanas que faciliten la implantación de modelos de prevención y sistemas de gestión Anticorrupción en las empresas y organizaciones.

A nivel formativo, la CCL desarrolla desde el 2017 cursos de capacitación para formar especialistas y auditores que apoyen en comprender, diseñar, implementar y supervisar modelos de prevención de delitos y Sistemas de Gestión Anticorrupción en empresas e instituciones, con el objetivo de prevenir, detectar y mitigar posibles conductas ilícitas en las empresas. También contamos con un convenio con la World Compliance Association (WCA), una de las asociaciones más importantes de Europa formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. Además, con la WCA realizamos en el 2018 y 2019 congresos internacionales que reunieron a expertos internacionales y nacionales, conocedores del compliance y modelos de prevención de delitos; con la finalidad de difundir mecanismos y experiencias aplicadas en otras partes del mundo para combatir la corrupción.

Finalmente, la CCL se encuentra en la etapa final para la implementación del modelo de prevención de delitos que señala la Ley 30424, el mismo que nos permitirá promover la integridad y transparencia en todas las actividades que realizamos y servicios que brindamos para, así, ser referente ante nuestros asociados y sector empresarial y, en segundo lugar, proteger a la institución y a todos los que formamos parte de ella de sanciones administrativas y penales, al contar con un sistema ordenado de normas y procedimientos de prevención y control, modelo que podrá ser compartido con nuestras empresas asociadas dentro de nuestro portafolio de servicios.

Para el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, el próximo Congreso debe trabajar en mejorar la credibilidad de la institución y luchar contra la corrupción.

¿Cuáles son las conclusiones de la última encuesta sobre corrupción elaborada por Proética?

Uno de los puntos más resaltantes de la XI Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2019 es el crecimiento de la preocupación de los peruanos por la corrupción como un problema del país, la misma que se ubica en segundo lugar después de la inseguridad.

Sin embargo, al mismo tiempo, seguimos registrando una elevada tolerancia frente a la corrupción. Uno esperaría un rechazo tajante a que, por ejemplo, un congresista apruebe leyes a favor de una empresa que lo financió por lo bajo; pero en el estudio se observó que la mayoría muestra una actitud ambigua, como si fuera normal y eso es preocupante porque indica una subjetividad social muy sólida.

Otro dato son las denuncias por actos de corrupción. Este año registramos que 13% de peruanos pagó una coima, y de ese grupo solo 7% denunció el hecho, debido a la certeza de que denunciar no sirve para nada.

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Queda claro que se requiere de una política pública para tratar el tema de la corrupción

Sin duda la política pública es el principal instrumento. Cabe indicar que durante varios años el Perú no ha tenido una política anticorrupción; pero desde hace dos años ya contamos con una política de integridad y un plan (2018-2021) para implementarla.

Diseñar normas y regulaciones es importante, pero estas fracasan si no hay responsables claros ni recursos. En el Perú se creó la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en abril de 2018, que tiene rectoría sobre esta política, pero en la práctica todavía tiene que afirmar su legitimidad fuera del Poder Ejecutivo.

En cuanto a recursos, la lucha anticorrupción nunca se ha visto como una inversión, sino como un gasto; cuando se entienda que ella da retornos, se podrá convencer al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para empezar a invertir en esta materia.

¿Hay experiencias sobre retornos?

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que una plataforma de transparencia de inversión pública en Colombia mejoró dramáticamente la eficiencia en el avance físico de obras públicas. En Ucrania, el nuevo sistema electrónico de contratación, basado en el principio de transparencia, redujo en 35% las licitaciones con un solo postor.

Aquí en el Perú, realizamos un estudio a 200 obras ejecutadas por municipios distritales, en el que monitoreamos 100 de ellos. Al final del proceso, apreciamos que en los municipios intervenidos las obras costaron entre 20% y 50% menos en promedio frente a las no intervenidas.

En enero serán las elecciones para el nuevo Congreso y más de 230 candidatos presentan denuncias. ¿Cómo evitar que esto pase?

Primero, hay una responsabilidad inmediata e inicial de los propios partidos. Es clave exigir más prolijidad con sus filtros.

Un segundo nivel tiene que ver con los propios votantes y ahí ya es la cosa más complicada porque estamos frente a una campaña muy corta, muy poco interesante y con el número de candidatos será difícil investigar la vida de todos; pero el trabajo de los medios de comunicación evidenciando vicios e incoherencias en las hojas de vida de los candidatos y echando luz sobre quiénes los financian ayuda bastante.

Asimismo, se trata de un congreso complementario y que urge reorganizarse hacia adentro. Los congresistas tienen que devolver algo de credibilidad a la institución, para lo cual la agenda consiste en revertir los blindajes que se dieron; continuar con la reforma política-judicial; y reorganizar sus mecanismos de autocontrol, como es el caso de la Comisión de Ética, la cual se volvió un mecanismo de control político contra los propios congresistas.

Por ello, considero que es una oportunidad para pensar en incorporar a agentes externos que no tengan nada que ver con la dinámica parlamentaria para que sean miembros de la comisión.

¿Qué planes tiene Proética para el próximo año?

Vamos a seguir trabajando en las dos grandes líneas que tenemos, que es el seguimiento de casos de gran corrupción, como el caso Lava Jato, pero también otros casos que son menos conocidos pero que tienen impactos sobre Derechos Humanos, Economía local, afectación del medioambiente y corrupción.

La otra gran línea tiene que ver con seguir una suerte de “evangelización” con ciudadanos voluntarios a nivel local para que se informen un poco más sobre los mecanismos que existen para poder controlar a sus autoridades y puedan usarlos en el ejercicio local de la vigilancia ciudadana y que ayuden a revertir la sensación de falta de transparencia a nivel más cercano del Estado y de la gente.