Expertos en seguridad y lucha contra la corrupción identificaron que algunos de los principales motivos del aumento de la inseguridad y el crimen organizado en el país derivan de la insuficiente inversión para erradicar cultivos ilícitos de hojas de coca y la falta de un plan para prevenir el avance de organizaciones delictivas transfronterizas.

Además, estos especialistas coincidieron, a través de una mesa redonda, organizada por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en que estos problemas que afronta el país se deben por el ingreso de organizaciones criminales por las fronteras y la inacción del Estado que no cuenta con un plan integral para combatir actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.

En el marco de este evento, denominado ‘Desafíos de las Economías Criminales al Estado de Derecho: Perspectivas en América Latina y el Perú’, Hernán Lanzara, primer vicepresidente y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, indicó que el tráfico de estupefacientes, con un aumento del 76 % en la superficie cultivada de hoja de coca entre 2018 y 2022, y un incremento del 63 % en la producción de cocaína, plantea serios desafíos para la seguridad y gobernabilidad del país.

“Estos problemas se ven agravados por factores endógenos como la pobreza y la falta de oportunidades económicas legales, así como por factores exógenos como la alta demanda de oro, cocaína y otros recursos naturales en el mercado internacional. Estas economías criminales socavan el estado de derecho al debilitar las instituciones y fomentan la corrupción, pero, además, impactan negativamente al distorsionar el mercado y privar al Estado de ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos”, comentó el representante del gremio empresarial.

Asimismo, el primer vicepresidente de la CCL sostuvo que la minería ilegal se ha extendido a 25 millones de hectáreas en 21 regiones de Perú, devastando nuestra Amazonía y el medio ambiente, superando la producción formal en varios países de Sudamérica. “Esta actividad no solo degrada nuestra riqueza natural, sino que está inextricablemente ligada al narcotráfico, la trata de personas y otros delitos graves”, agregó.

Inversión insuficiente

El director de la CCL, Jaime García, indicó que el presupuesto público para financiar la lucha contra el narcotráfico en el Perú hoy es insuficiente. En ese sentido, advirtió que esta situación resulta preocupante debido a que se ha reducido la inversión para erradicar los cultivos ilícitos de hoja de coca, insumo que es trasladado para la elaboración de cocaína en la selva.

«El Estado comenzó a hacer una inversión importante en el 2006 cuando destinaba US$ 29 millones y su pico más alto fue de US$ 191 millones en el 2015. Pero en la medida que se ha vuelto a reducir esta inversión en la lucha contra las drogas, los cultivos ilícitos han vuelto a subir», dijo el representante de la CCL.

A su turno, José Ugaz, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, sostuvo que una de las principales características de la criminalidad organizada de hoy es que tiene el control físico territorial debido a su capacidad potencial armada y penetración que tiene en el Estado.

“Óscar Naranjo, uno de los policías más conocidos por la captura del narcotraficante Pablo Escobar, indicó que estas organizaciones generan efectos en la sociedad; uno de ellos es que imponen las reglas de comportamiento a los ciudadanos producto de las extorsiones y otras prácticas ilegales. También coaptan las instituciones y esto se ve claramente en el contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas, entre otros”, dijo Ugaz.

Criminalidad transfronteriza

Por su parte, Víctor Hugo Guerra, director legal para la Prevención del Comercio ilícito para Latinoamérica, indicó que el Perú se ha convertido en un mercado atractivo para comercios ilegales; y debido a las fronteras que comparte con Bolivia, Colombia y Ecuador, se han vuelto rutas para los carteles de drogas y el oro ilegal.

Al respecto, David Luna, director ejecutivo de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE), explicó que tanto en el Perú como en Ecuador han observado que la criminalidad ha ido avanzando debido a la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico. No obstante, recalcó que los gremios empresariales juegan un rol importante debido a que pueden estimar los costos significativos que genera la inseguridad en los mercados.

En este aspecto, Carlos Basombrío, exministro del Interior y experto en seguridad, sostuvo que la economía criminal más grande en el Perú es la minería ilegal, según un trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Esta economía criminal tiende a tener cada vez más participación de organizaciones criminales transnacionales”, añadió.

Para combatir estas economías criminales, Juan Carlos Buitrago, experto en seguridad nacional, resaltó el trabajo que vienen realizando los gremios empresariales como la CCL para prevenir el avance de las economías criminales y organizaciones delictivas transfronterizas. A su vez, Lanzara precisó que se requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción en todos sus niveles y promover el fortalecimiento de la formalidad.

Mesa redonda

En la mesa redonda, llevada a cabo en la CCL, también participaron especialistas, líderes de opinión, representantes de gremios empresariales, funcionarios y la sociedad civil. En ese marco, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, indicó que el problema de fondo en el país es la impunidad que genera más corrupción e inseguridad ciudadana. “El Perú se ubica en el puesto 121 en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo cual es un cartel de invitación para las economías ilegales”, acotó.

Finalmente, Sonia Medina, exprocuradora Antidrogas, indicó que, como ciudadana, las cifras expuestas por los especialistas son preocupantes debido a que el Perú podría convertirse en un ‘narcoestado’, debido a que sus huestes han entrado hasta en la actividad política.

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La delincuencia sigue en ascenso en el país. Así, según la Central Receptora de Alarmas de Verisure, en el último año, el 56 % de incidentes (saltos de alarma) ya se han dado en empresas, de este porcentaje el 42 % son por robos o intentos de hurto y el 21 % por disturbios fuera de sus locales.

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Frente a esta ola de asaltos, Daniel Dondero, gerente de Servicio al Cliente y Central Receptora de Alarmas de Verisure Perú, comenta que cada vez son más los negocios que optan por tener un sistema de vigilancia, que les brinde la tranquilidad para seguir operando.

“En nuestro caso, los negocios representan un 40 % de nuestra cartera actual, que asciende a casi 27 000 clientes”, añade.

Asimismo, el ejecutivo explica que la inversión en servicios de seguridad varía de acuerdo con diversos factores como el rubro de negocio, el tipo de local, entre otros.

“Nuestro portafolio de clientes está compuesto, mayoritariamente, por pymes y mypes, dentro las cuales tenemos, principalmente, restaurantes, bares, peluquerías, farmacias y almacenes”, detalla.

En esa línea, Dondero señala que desde el 2023 se registra un incremento significativo en la inversión en seguridad que realizan las empresas de los rubros de tecnología, farmacias y restaurantes con el fin de resguardar su patrimonio.

En cuanto al impacto de la inseguridad en la economía del país, el representante de Verisure menciona que se generaron pérdidas de hasta S/ 35 millones durante el 2023, con base en lo señalado por el sector empresarial. Además, refiere que según la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), se estima que la criminalidad le cuesta al Perú el 2,8 % de su PBI.

“Por esa razón, hoy muchos negocios optan por la adquisición de un sistema de seguridad, que les permita prevenir el ser víctimas de un robo y tener cuantiosas pérdidas”, indica Dondero.

Servicios de seguridad más demandados

El representante de Verisure sostiene que los empresarios suelen optar por sistemas ZeroVision, cuya demanda en el último año ha registrado un crecimiento del 20 %. Por otro lado, indica que las cámaras Arlo han tenido un crecimiento del 110 % en los últimos 12 meses.

 “A diferencia de otros sistemas de videovigilancia del mercado que solo incluyen una cámara para registro audiovisual. El sistema de alarma monitoreada se activa ante un salto de alarma y permite que expertos en seguridad de la Central Receptora de Alarmas accedan a las cámaras del negocio para conocer la situación y activar el protocolo para dar aviso a las autoridades y la activación del efecto ZeroVision”, detalla.

Analizando las inversiones del sector empresarial en servicios de alarmas, cámaras de videovigilancia, entre otras, Dondero señala que debido al complejo contexto del país respecto a la seguridad, se ha registrado un aumento de la inversión no solo en los locales puerta a calle sino también en los centros comerciales, donde se han visto durante este 2024, que algunas tiendas han sido víctimas de la delincuencia.

Impacto en la confianza de inversionistas

Por su parte, Noam López, investigador del Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica Pulso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y experto en temas de seguridad, refiere que un entorno inseguro reduce la confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, lo cual impacta significativa a la reactivación económica del país.

“A raíz de las necesidades de mayores medidas de seguridad por parte de las empresas se van elevando los costos operativos de los negocios, especialmente de las micro y pequeñas empresas como bodegas, restaurantes o talleres, ya que les cuesta mucho sobrevivir en su primer año de vida. Entonces, esto a la larga termina afectando al PBI”, señala el experto de la PUCP.

“Esta situación genera un clima de desconfianza que puede desincentivar la inversión, tanto nacional como de capital extranjero. Las empresas, al percibir un ambiente inseguro, pueden optar por no invertir o incluso retirarse del mercado, lo que a su vez afecta a la creación de nuevos empleos y el crecimiento económico”, precisa el especialista.

Además, López indica que el costo de que el país tenga una criminalidad alta o concentrada en ciertos lugares se va a reflejar en el aumento de gasto en servicios de seguridad privada, seguros y sistemas de protección que hoy en día tienen un uso muy intensivo de la tecnología como la informática. “A la larga, estos costos de las empresas recaen en los consumidores que terminan pagando precios más altos por un servicio o producto”, añade.

“Ante este problema social, las empresas también tienden a reducir sus inversiones y expansiones en zonas de alto riesgo, ya que no les va a convenir abrir locales, filiales, sedes de distribución o dentro de su cadena de valor o producción para que sean amenazados por la delincuencia. Además, a los empresarios no les conviene que estas operaciones se encuentren en zonas donde hay una alta concentración de homicidios y extorsión”, refiere López.

Impacto sobre la actividad productiva

En tanto, Wilmer Infante, director de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN), señala que la inseguridad ciudadana puede restar entre 1 % y 3 % al crecimiento económico anual del país, ya que afecta a importantes industrias como el turismo, debido a que la mala percepción por este flagelo social afecta negativamente en la llegada de los visitantes del exterior, lo cual impacta en la fuente de ingresos en divisas.

“La criminalidad genera miedo y ansiedad en la población, afectando su calidad de vida y su capacidad para desarrollar actividades económicas, por lo cual también se ve un deterioro en el bienestar de los ciudadanos. Esto también impacta significativamente en la producción y competitividad del Perú con otros países de la región”, menciona el experto.

En relación con las mypes, el especialista indica que se ven grandemente afectadas por la criminalidad, ya que son vulnerables a la extorsión y el de cobro de cupos. “Estos delitos muchas veces no se denuncian por miedo a represalias. Esto termina agobiando y agotando los recursos de estos pequeños empresarios que muchas veces no cuentan con los recursos para invertir en seguridad privada. Estos delitos afectan su rentabilidad, limitan su crecimiento y, en algunos casos, los obligan a cerrar sus negocios”, agrega.

La seguridad es vital para el desarrollo

Ante esta problemática de los negocios, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, sostiene que el tema de seguridad es vital para el desarrollo del país. “Todo esfuerzo que podamos hacer resulta inútil si no logramos controlar la delincuencia en el país”, acota.

“Esto afecta directamente a la ciudadanía en general; y en el caso de las empresas también. Entonces, si no se trabaja atendiendo este tema de las extorsiones, del crimen organizado, simplemente no se va a generar más puestos de trabajo, se retienen las inversiones, porque el clima de inseguridad te complica; incluso las inversiones extranjeras. Las empresas van donde haya más estabilidad política, económica, social y también seguridad”, expresa el líder empresarial.

Propuestas de solución

Para abordar la problemática de la inseguridad a fin de que las empresas tengan un mejor clima de negocios, el director de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN), precisa que es necesario implementar un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de las instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que entre ellas mejoren su capacidad de coordinación y su capacidad operativa.

Además, el experto considera que es fundamental fortalecer la prevención del delito con la implementación de programas sociales y educativos que aborden las causas de la delincuencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social.

“Otro tema importante es la reforma del sistema penitenciario con el propósito de mejorar las condiciones en los penales y promover la rehabilitación de los reclusos. Además, es fundamental fortalecer la cooperación internacional con otros países en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, enfatiza Infante.

Por su parte, el investigador de Pulso PUCP indica que una de las soluciones para combatir contra la inseguridad es el fortalecimiento la institución policial a través de una mejor formación y mejor generación de capacidades de los efectivos del orden.

“Esto ciertamente involucra mayor inversión en la parte de formación policial, pero también verificaría el tema de la carrera policial, de la alta rotación porque esta última afecta bastante en la especialización dentro de la Policía, y así también se buscaría fortalecimiento de la institución policial con buenos cuadros en la parte directiva. Esto en el caso de vicios de corrupción o delitos administrativos. Esto es un trabajo de largo plazo donde se tendría que tener la voluntad política”, refiere el catedrático.

Finalmente, López indica que hay mucho por hacer en coordinación interinstitucional, ya que las instituciones encargadas del orden puedan compartir información o trabajar con los mismos protocolos que se trabajan en Lima y en cualquier otra ciudad. “También, el uso de tecnología para la generación y análisis de datos es vital, así como la participación activa de la ciudadanía”, puntualiza.

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La economía ilegal tiene repercusiones en la vida política, económica y social en todo el mundo. Hoy en día, es difícil encontrar un país que no enfrente problemas de delincuencia organizada en su territorio. Si hace unas décadas se hablaba de crimen organizado en países como Italia, Colombia o Rusia, hoy esta realidad se ha diseminado por todo el mundo, sin excepción para naciones desarrolladas o emergentes.

Este es un problema que afecta a países de América Latina, incluido el Perú, ya que motiva el desarrollo de actividades ilícitas con efectos negativos en sus economías, lo que representa un desafío para el desarrollo socioeconómico de estas naciones.

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La economía ilegal en el Perú tiene profundas raíces que se remontan a décadas anteriores. Durante los años de crisis económica y social, la informalidad económica se convirtió en una estrategia de supervivencia para muchas personas y comunidades, especialmente en áreas urbanas marginales y regiones rurales con acceso limitado a oportunidades formales de empleo. Esta informalidad se manifestó en actividades como el comercio ambulatorio, la construcción informal y la prestación de servicios no regulados. Con el tiempo, ciertas formas de actividad informal evolucionaron hacia la ilegalidad, especialmente en sectores como la minería, la tala de árboles, el tráfico de drogas y la explotación de personas. Estas actividades ilegales no solo operan al margen de la ley, sino que también suelen estar asociadas con la violencia, la corrupción y la degradación ambiental.

Es importante aquí distinguir la diferencia entre economía informal e ilegal. La primera se refiere a actividades económicas que no están reguladas por el Gobierno o que operan fuera de los canales formales de la economía, pero no necesariamente violan la ley. Por el contrario, la economía ilegal se caracteriza por actividades que están expresamente prohibidas por la ley, operan en la clandestinidad y evaden impuestos y regulaciones gubernamentales.

Minería ilegal

La minería ilegal representa una seria amenaza para el desarrollo sostenible y la preservación ambiental en el Perú. Durante los años 80 y 90, la minería informal e ilegal comenzó a proliferar debido a la falta de regulación efectiva y la presencia de vastos recursos minerales en regiones de difícil acceso. La informalidad se convirtió en una práctica común entre comunidades locales, especialmente en zonas rurales donde la actividad minera formal era limitada. Sin embargo, en los últimos veinte años, la minería ilegal ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la demanda global de minerales como el oro, el cobre y el estaño. La falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales y la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales han facilitado la expansión de esta actividad ilícita.

Según el ‘MAAP # 197: Minería ilegal de oro en la Amazonía’, elaborado por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos y publicado en octubre de 2023, la minería aurífera sigue siendo el mayor problema que enfrentan los países amazónicos, ya que afecta a los bosques primarios y los ríos en áreas protegidas y tierras indígenas. Según el informe, se detectaron 58 sitios mineros activos, de los cuales se estima que 49 son ilegales y causan deforestación de bosques primarios y contaminación de ríos. La concentración minera ilegal ocasiona deforestación en el sur del Perú, en el este de Brasil y Ecuador, además de contaminar ríos en el norte del Perú, Colombia y Brasil. El mismo informe identifica 36 zonas de alta conflictividad, 16 en áreas protegidas y 20 en territorios indígenas en el Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Impacto de minería ilegal

El impacto de la economía ilegal es profundo y perjudicial para el desarrollo sostenible del país. Desde una perspectiva económica, la evasión fiscal y la competencia desleal con empresas formales afectan la recaudación de impuestos y la generación de empleo formal. Además, la economía ilegal socava la confianza en las instituciones estatales y alimenta la corrupción, lo que a su vez debilita el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Estos efectos son mayores si hablamos de la minería ilegal, ya que sus consecuencias se diseminan.

Los costos exactos de la economía ilegal son difíciles de determinar, debido a la naturaleza clandestina de muchas de estas actividades. A finales de 2022, se publicó el libro ‘Las economías criminales y su impacto en el Perú’, donde se indicaba que estas actividades movían alrededor de US$ 6 657 millones. Una reciente actualización del estudio señala que las economías ilegales generaron US$ 9 805 millones anuales, lo que equivale al 4 % del PBI. La minería ilegal del oro es la de mayor tamaño, ya que puede alcanzar los US$ 4 000 millones. Se trata de recursos que se pierden, ya que no se contabilizan ni en el cálculo del PBI del sector ni en la recaudación fiscal. Además, se pueden sumar otras actividades como la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas, que movieron US$ 1 300 millones y US$ 1 208 millones, respectivamente. Entretanto, actividades con menores ingresos son la tala ilegal de árboles (US$ 880 millones) y el contrabando (US$ 594 millones). En el ámbito ambiental, la minería ilegal conlleva la deforestación de grandes extensiones de bosques, la contaminación de ríos y suelos con mercurio y otros químicos tóxicos, y la pérdida de biodiversidad. Desde una perspectiva socioeconómica, la minería ilegal alimenta la informalidad laboral, la explotación de trabajadores, la corrupción y la inseguridad en las comunidades afectadas.

La batalla contra la economía ilegal representa un reto constante que demanda una colaboración internacional y el robustecimiento de las instituciones. Esto mejorará la capacidad gubernamental de supervisión y control sobre dichas actividades ilícitas. Es imperativo adoptar un enfoque holístico que no solo se enfoque en las manifestaciones de la ilegalidad, sino también en sus causas profundas. Invertir en el desarrollo del capital humano en áreas altamente vulnerables es crucial para disminuir la dependencia de la economía sumergida. Además, es esencial implementar un programa atractivo que facilite la formalización de los productores mineros, al permitirles operar dentro del marco legal.

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El alto grado de inseguridad generado por la violencia y la delincuencia en el país ha hecho que más empresas inviertan en servicios de seguridad para proteger sus negocios. Sin embargo, debido a las nuevas modalidades de robos, la tecnología desempeña un papel vital para generar entornos más seguros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el periodo de julio a diciembre de 2023, a nivel nacional urbano y en las principales ciudades de 20 000 a más habitantes, 9 de cada 1 000 personas reportaron haber sido víctimas de robo en negocios.

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Ante este escenario, Luis D’Angelo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indica que en la última década las empresas han duplicado sus presupuestos para adquirir servicios de seguridad para sus negocios.

“Cada vez las organizaciones toman más en serio la opinión de expertos sobre la gestión de seguridad. Es por ello que, en algunos casos, los porcentajes de sus presupuestos destinados a este servicio llegan en promedio a los dos dígitos”, comenta el representante de la CCL.

Asimismo, D’Angelo precisa que en el Perú los negocios formales que brindan servicio de seguridad solo son el 20 % de un universo de 600 empresas. A su vez, señala que el número de agentes de vigilancia es de alrededor de 100 000.

“La seguridad privada es un elemento importante que debería ser tomado en cuenta dentro de la política de seguridad ciudadana, ya que este sector tiene mucha información sobre las incidencias en negocios, y con la tecnología se podría reforzar esa labor”, sostiene el especialista.

Desafíos y tendencias

Frente a esta ola de inseguridad que afecta a los negocios y a los ciudadanos, Maricarmen Fedalto, presidenta ejecutiva para el Perú en G4S Security Services, manifiesta que algunas empresas de seguridad vienen mejorando los dispositivos que ofrecen a cada una de las industrias del país.

En ese sentido, explica que las empresas están usando tecnologías cada vez más avanzadas y sofisticadas, como cámaras de videovigilancia con mejor resolución y visibilidad para realizar monitoreo en los alrededores de los controles de acceso de los centros comerciales o tiendas de retail.

“Hoy en el mercado se está ofreciendo un servicio 360, que incluye soluciones de seguridad tecnológica y física a la vez. Esta es una buena opción donde las empresas están apuntando. No solamente dependen de tener vigilantes, sino también dispositivos tecnológicos bien elaborados”, precisa la especialista.

Para tomar acciones preventivas, Fedalto refiere que en los centros comerciales cada vez se está haciendo más frecuente el uso de los sistemas de seguridad biométricos que utilizan reconocimiento facial, con el fin de saber qué tipo de personas están entrando o saliendo de los establecimientos.

“Hoy vemos que estas tecnologías, dependiendo del diseño y el propósito, pueden abaratar los costos de las empresas en cuanto a seguridad. Por ejemplo, si tenemos vigilantes en zonas remotas, se podría sustituir ese servicio tradicional por cámaras especiales o drones”, comenta.

En tanto, el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Luis D’Angelo, precisa que, debido a las nuevas modalidades de robos en los negocios, hoy las empresas no solamente se apoyan en la seguridad humana, sino también en todo lo referido a seguridad digitalizada.

“Hoy la inteligencia artificial (IA) es una realidad y muchas empresas están apostando por ella. Los formatos digitales con IA analizan los peligros y construyen mapas para poder controlarlos y mitigarlos. Esta tecnología analítica es parte del futuro y son integrados a cámaras de video inteligente. Además, permite generar anillos de seguridad más consistentes en la organización”, explica.

Ciberseguridad

Otras de las amenazas a las que están expuestas las empresas locales y donde también se está viendo mayores incidencias en el país son los ataques cibernéticos de sustracción de información crítica de computadoras, sistemas electrónicos o servidores.

En ese sentido, Jimmy Armas, director de la Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información de la Escuela de Postgrado de la UPC, señala que uno de los ataques que tiene mayor impacto en las organizaciones es el ransomware, un código malicioso que impide la utilización de un equipo o sistema, y que se promete desbloquear luego del pago de una recompensa.

Ante ello, comenta que hoy las organizaciones prefieren tercerizar sus sistemas críticos en un servicio de cloud.

“En dicha nube estas empresas buscan proteger sus datos, utilizando diferentes tecnologías relacionadas con el cloud security”, describe el experto.

En esa línea, el especialista en ciberseguridad indica que hoy en día las empresas están desarrollando un conjunto de estrategias con las que buscan implementar dispositivos de reconocimiento biométrico para poder realizar operaciones bancarias, ya que las cuentas de los usuarios quedan expuestas cuando son víctimas del hampa. Armas también refiere que el déficit de profesionales en ciberseguridad aún es grande en el país y se necesita cubrir con urgencia estos perfiles.

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Con el fin de exigir al Poder Ejecutivo que priorice, dentro de su agenda, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, los gremios de empresarios y sindicatos de trabajadores de diversos sectores económicos del país exhortaron de manera conjunta al Ejecutivo a liderar acciones concretas contra la delincuencia.

En una conferencia de prensa conjunta bajo el lema ‘El Perú unido contra la delincuencia y por la paz’, los representantes de los gremios también presentaron propuestas de apoyo para frenar este flagelo social que afecta a todos los peruanos y, en particular, a los más pobres. Por la CCL participó Carlos García Jerí, gerente general de la institución.

Entre las propuestas, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) resalta que el sector privado tiene mucha disposición a intervenir a través del mecanismo de obras por impuestos (OxI) para la construcción y habilitación de infraestructura y servicios necesarios para enfrentar la criminalidad.

De ese modo, la CCL enfatiza que con el mecanismo OxI se puede renovar los sistemas de video vigilancia, construir e implementar comisarías e inclusive mejorar el sistema carcelario del país, entre otros aspectos.

Asimismo, los gremios de empresarios coincidieron en que se deben fortalecer los centros de flagrancia e incrementar su número, ya que se trata de un espacio de trabajo colaborativo entre jueces, fiscales y agentes de la Policía Nacional que puede descongestionar el sistema judicial y administrar justicia en un corto tiempo.

Por ejemplo, la Unidad de Flagrancia de Lima Centro, creada en setiembre de 2023, ha conseguido en seis meses 166 sentencias emitidas. En ese sentido, los gremios empresariales consideran que se les debe dotar de mayor presupuesto a estos centros para combatir eficazmente la inseguridad ciudadana.

Se necesita recuperar la confianza

En tanto, Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), sostuvo que este colectivo de empresarios y trabajadores busca ver el camino de salida ante la alta criminalidad en el país.

“El Gobierno no tiene una estrategia clara de lucha contra la delincuencia. Sus medidas no han sido efectivas. Y lo que vemos ahora es un país desarticulado, dividido y polarizado. Sin embargo, los empresarios y trabajadores necesitamos recuperar la confianza para que las inversiones lleguen al país”, comentó el representante de la SNI.

Por su parte, Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), indicó que se ha abandonado la inteligencia contra el crimen organizado, por lo cual la complejidad de los crímenes en el Perú ha aumentado. Por ello, propuso reforzar las labores de inteligencia contra la inseguridad ciudadana.

“Es una labor urgente que el Gobierno debe resolver. Es una condición indispensable para beneficiar a la población y sus medios de vida”, agregó.

A su turno Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), indicó que la Policía Nacional tiene Oficinas Regionales de Inteligencia, las cuales deberían coordinar mucho mejor con las direcciones de Investigación Criminal (Dirincri) de las diferentes regiones del país. En ese sentido, dijo que a estas divisiones especializadas se les deben aumentar el presupuesto para esta tarea.

Asimismo, Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), sostuvo que este espacio convocado entre empresarios y trabajadores es un llamado a la atención al Estado para empezar a coordinar acciones frente a la criminalidad.

“Estamos dando alternativas y propuestas; esperamos que el Ejecutivo y el Congreso se sienten en una mesa para resolver este problema”, anotó.

En la actividad también participó Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Costo de inseguridad

En relación a los índices delictivos, Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), señaló que, según datos del INEI, el 84,4 % de la población mayor de 15 años tiene una percepción de la existencia de inseguridad del país. Además, indicó que el 27,2 % de la población de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo entre julio y diciembre de 2023.

También el dirigente dijo que al menos 13 mil bodegueros en el país han sido blanco de extorsiones y robos, según cifras de la Asociación de Bodegueros del Perú. Y de acuerdo a la opinión de economistas, comentó que el costo de la inseguridad ciudadana en el Perú se estimaría en 3,09 % del PBI. Es decir, más de S/ 31,500 millones al año.

En la conferencia de prensa participaron también representantes de gremios sindicales como Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); Gílmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú (FETRIMAP); y Jimmy Lázaro, secretario de Organización de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines (FNT-CGTP-ABA).

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“Sin seguridad no hay inversión en el país”

La seguridad ciudadana no solo es vital para el bienestar de la población, sino también para fomentar la inversión extranjera y local en el país. También promueve el turismo, ya que, para los viajeros, además del atractivo del lugar, la seguridad es importante considerando que puede marcar la diferencia entre visitar o no un destino. Por otro lado, la inseguridad puede afectar negativamente la productividad y la eficiencia económica, generando sobrecostos para las empresas que deben enfrentar, por ejemplo, el crimen organizado.

Inseguridad según la ciudadanía

Según los datos más recientes de la sección “Seguridad Ciudadana” de la “Encuesta Nacional de Programas Presupuestales”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo mayo-octubre 2023, en el área urbana del país, aproximadamente el 27,8 % de la población, de 15 años en adelante, es decir casi tres de cada 10 peruanos, fue víctima de un delito en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento por segundo año consecutivo. Las regiones con los valores más altos de victimización son Tacna (36,1 %), Puno (35,3 %) y Lima Metropolitana (33,7 %).

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Los tipos de delitos más comunes incluyen, por cada 100 habitantes, robo de dinero (12); intento de robo de dinero, cartera, celular (5,8); estafa (6,1); robo de vehículo (2); intento de robo de vehículo (1,3); amenazas e intimidaciones (2,1); maltrato y ofensa sexual (2,4); y robo de negocio (0,9). Este último delito está asociado a la “victimización de empresas”, lo que, según la última estimación disponible, en el año 2014 alcanzó al 28,9 % de las compañías del país.

Lamentablemente, solo el 14,3 % de la población que fue víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia. Entre los principales motivos figuran que el 40,1 % de las víctimas considera que “es una pérdida de tiempo”, el 21,6 % porque “desconoce al delincuente” y el 10,1 % porque “desconfía de la policía”, entre otros motivos.

Ante esta realidad, el 50,8 % de la población declaró contar con vigilancia en su zona o barrio, lo que representa un aumento por segundo año consecutivo.

Otra consecuencia del incremento de los hechos delictivos es que la percepción de inseguridad de la población en los últimos doce meses alcanzó el 83,4 %. Las regiones con mayor percepción de inseguridad son Ucayali (93,4 %), Tacna (92,3 %) y Cusco (91 %).

Inseguridad según denuncias

En cuanto a las denuncias por delitos, el Ministerio del Interior (Mininter) reportó 401 994 entre enero y setiembre de 2023, con un probable aumento a más de 500 000, considerando las denuncias realizadas en el último trimestre del año pasado. Casi el 70 % de estas denuncias corresponden a delitos contra el patrimonio (hurto, robo, extorsión, delitos informáticos, etc.); seguido por delitos contra la seguridad pública (tráfico ilícito de drogas, etc.), con 12 %; contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidios, etc.), con 8 %; y contra la libertad (violación de domicilio, etc.), con 7 %.

De otro lado, el Mininter reveló que las denuncias por vehículos robados sumaron las 21 724 (de los cuales, solo 11 341 fueron recuperados), mientras que las denuncias de accidentes de tránsito fueron 65 551 y las de trata de personas, 261.

Ciberdelincuencia

La ciberdelincuencia, que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para cometer delitos como estafas, suplantación de identidad y fraudes, entre otros, ha aumentado significativamente, siendo considerada por el Foro Económico Mundial como el cuarto riesgo global más importante para el bienio 2024-2025.

En el país, las denuncias aumentaron de manera alarmante, pasando de 3 031 a 21 454 en el quinquenio 2018-2022, es decir, en cinco años se multiplicaron siete veces. Para 2023 se estima que se habría superado las 22 000 denuncias.

Presupuesto contra la inseguridad

Desde el año 2010 se viene asignando presupuesto público para la “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” (Programa Presupuestal 0030). Para 2024 se asignó 2,2 % más que 2023 alcanzando los S/ 5 128 millones, equivalente al 0,5 % del PBI. El 76 % de este presupuesto se destina al patrullaje por sector, de los cuales S/ 2 696 millones corresponden al patrullaje policial, S/ 1 200 millones al patrullaje de serenazgo y S/8,7 millones al mantenimiento de los vehículos.

Asimismo, el 15 % del presupuesto está destinado a las operaciones policiales para reducir delitos y faltas, de los cuales S/ 750 000 000 corresponden a operaciones policiales de las unidades especializadas, S/ 6 000 000 de las comisarías, y S/ 5 000 000 para el mantenimiento de vehículos.

De otro lado, para organizar a la comunidad a favor de la seguridad ciudadana se destinan S/ 91 000 000 (principalmente acciones preventivas), mientras que para el acondicionamiento básico de las comisarías corresponden S/ 40 000 000 (sistemas, infraestructura, mobiliario y equipamiento).

Además, S/ 219 000 000 (4 % del presupuesto) son destinados a proyectos de inversión, entre los que destacan el “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito y provincia de Arequipa”, por S/ 15 000 000 y la “Creación del servicio policial de la comisaría de la PNP de la región policial Lambayeque”.

En relación con el presupuesto asignado a las comisarías, cabe recordar que, según el último censo (2017), eran 1 495 establecimientos, de los cuales el 35,3 % no contaba con servicios básicos adecuados (agua, desagüe y electricidad permanente), el 7,6 % no disponía de ningún tipo de equipo de comunicación y el 35,8 % no tenía conexión propia y adecuada a internet.

Es importante mencionar que la ejecución del presupuesto no recae únicamente en el Mininter, que recibe el 73 % del mismo, sino también en los gobiernos locales, a los que se les asignó el 27 %; y, en menor medida, a los gobiernos regionales, que reciben el 0,2 %.

Entre las acciones que ejecutan los gobiernos locales figura el servicio de serenazgo. Cabe señalar que, según el Registro Nacional de Municipalidades 2023 (Renamu), de las 1 891 que existen en el país, 676 no cuentan con ningún efectivo de serenazgo. De otro lado, entre los distritos con más efectivos por cada mil habitantes están Santa María del Mar (58) y San Isidro (15). Entre los que cuentan con menos efectivos figuran La Victoria (1,5), San Juan de Lurigancho (0,6), San Martín de Porres (0,6).

Migración e inseguridad

En lo que se refiere a la infraestructura penitenciaria, hay 68 cárceles con capacidad para albergar a 41 019 internos. Sin embargo, la población recluida duplica dicha capacidad, pues hay 94 930 internos, entre procesados y sentenciados. Con estas cifras se tiene una tasa de sobrepoblación del 130 %.

De otro lado, lamentablemente, en el periodo 2017-2023, la población penitenciaria de procedencia extranjera casi se triplicó pasando de 1 624 a 4 559 reclusos, de los cuales 3 220 son venezolanos y 704, colombianos. La gran parte de ellos (43 %) se encuentran detenidos por delitos patrimoniales relacionados con el robo y hurto. Con esta cifra la población reclusa extranjera representa actualmente el 5 % de la población penitenciaria.

Definitivamente, esta situación nos lleva a reformular los estándares para construir y ampliar cárceles acordes con la realidad y los índices delictivos. En ese sentido, países como El Salvador han demostrado que una amplia y moderna infraestructura eleva el control desde las cárceles e impide que se imparta el terror y la violencia con mafias y pandillas que operan desde el interior de las cárceles.

Recomendaciones

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones para mejorar la seguridad ciudadana, se sugiere amplificar las políticas preventivas en zonas con mayor prevalencia delictiva, mejorar la coordinación entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP), impulsar los planes distritales de seguridad ciudadana, y mejorar la producción de datos que conecten las videocámaras con las centrales policiales.

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Inseguridad y restricciones afectan a actividades económicas

Al cierre del tercer trimestre de 2023, la población económicamente activa (PEA) en el Perú ascendió a 18 137 700 personas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De dicha cifra, el 81,5 % se encuentra en zonas urbanas y el 18,5 % en las rurales. La mayoría, un 47,9 %, se concentra entre los 25 y 44 años, le siguen la población mayor de 45 años (36,8 %) y los jóvenes entre 14 y 24 años (15,3 %).

El nivel de educación influye en las oportunidades laborales: el 19,4 % de la PEA tiene educación primaria, el 41,9 %, secundaria; el 17,6 %, superior no universitaria; y el 21 %, universitaria.

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Empleo formal privado

El trabajador formal es aquel que cuenta con derechos sociales como seguro social, vacaciones o aportes a su fondo de pensiones. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el empleo formal privado alcanzó en el último mes de noviembre los 4 226 229 trabajadores, siendo el sexto mes consecutivo del 2023 donde la tasa de crecimiento de este tipo de empleo disminuyó (en junio se registró 4.8 % y en noviembre, 0.5 % con respecto a los mismos meses del 2022).

Según la información disponible, entre agosto y noviembre pasado, el empleo formal privado cayó sostenidamente en el sector Agropecuario, superando incluso los 100 000 puestos de trabajo en los meses de octubre y noviembre. En el sector Construcción ocurrió algo similar, pues se registró caída del empleo formal desde junio de 2023 aunque en menor magnitud, no superando los 6 000 puestos de trabajo en los dos últimos meses.

Cabe señalar que, a noviembre de 2023, no se registraron nuevos puestos de trabajo en Pesca, Manufactura y Electricidad. En lo que se refiere a los sectores más dinámicos en generación de empleo, estos fueron Comercio (+22 000) y Servicios (+90 000).

Con respecto al ingreso promedio del trabajador, este se ubicó en S/ 2 700 y S/ 2 742 en los meses de octubre y noviembre pasado, lo que significó un incremento de 5,2 % y 6 % por encima de los niveles registrados en similares periodos del año 2022, respectivamente. Es importante destacar que dichos porcentajes superaron la inflación anualizada, con lo cual se logró mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. En este punto, cabe indicar que, desde abril de 2022, no se lograban incrementos en los ingresos reales debido sobre todo a la elevada inflación que afectó a la economía y al mercado laboral durante 2021 y 2022.

Empleo formal público

El empleo formal público en noviembre llegó a contar con 1 660 600 trabajadores. Entre enero y julio de 2023, los puestos de trabajo en este sector disminuyeron respecto al mismo periodo del 2022 y recién a partir de agosto del año pasado se incrementaron, así en noviembre crecieron en un 0,9 % en noviembre.

Si bien el número de trabajadores casi no ha variado durante el 2023, se estima una mejora en el ingreso promedio por empleado. En los meses de octubre y noviembre de 2023, los incrementos salariales fueron de 8,7 % y 12,6 %, respectivamente, frente a similares meses de 2022, y estas mejoras se observaron a lo largo de todo el año pasado.

Empleo informal

El trabajador informal es aquel que no cuenta con derechos sociales. Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) realizada por el INEI, la tasa de empleo informal fue de 71,9 %, lo que equivale a 12 483 566 trabajadores para el año móvil octubre 2022 – setiembre 2023.  Se observa un descenso en comparación con los periodos abril 2022 – marzo 2023 (73,5 %) y julio 2022 – junio 2023 (72,7%). Si se considerara solo el área urbana, la tasa de informalidad laboral es de 66,3 %, mientras que en el área rural es casi total con 94,6 %.

Cabe señalar que la informalidad es más pronunciada en mujeres (74,2 %) que en hombres (70 %) y en jóvenes de 14 a 24 años (85,4 %) con educación primaria (93,9 %) o secundaria (82,2 %).

Asimismo, se observa una mayor informalidad laboral en empresas de menor tamaño. Por ejemplo, el 88,8 % de la población ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores son informales. Dicho indicador baja a 50,3 % cuando nos referimos a empresas de entre 11 a 50 trabajadores y a 16,8 % en aquellas de más de 51 trabajadores.

Según la actividad económica, en los sectores primarios es donde se encuentra un mayor empleo informal, llegando al 91,5 % para las actividades de Agricultura, Pesca y Minería. Otros sectores con alta informalidad son la Construcción (80,6 %) y el Comercio (72,9 %).

Inseguridad ciudadana

El significativo número de trabajadores informales no solo genera tensiones sociales entre distintos grupos, sino que también contribuye al aumento de la inseguridad ciudadana. Aunque no se busca establecer una conexión directa entre informalidad laboral y delincuencia, es innegable que en los sectores donde predomina la informalidad, los índices de criminalidad suelen ser más elevados.

Entre los delitos que pueden proliferar en este contexto se incluyen el robo, la extorsión y la violencia, ya que las actividades no reguladas ni supervisadas proporcionan un terreno propicio para la práctica de ocupaciones ilícitas.

En el Perú y otros países de la región, se ha observado que la alta prevalencia de la informalidad crea un entorno favorable para el tráfico ilegal de mercancías y personas, provocando así graves consecuencias en la seguridad ciudadana. La falta de regulación y control en el ámbito informal facilita la operación de redes criminales, afectando negativamente la integridad y la tranquilidad de la sociedad.

Asimismo, en economías con alta informalidad, la corrupción tiende a proliferar como alternativa para evadir regulaciones y obtener beneficios indebidos. La escasa oferta de oportunidades dentro del lado formal de la economía, junto con la presencia masiva de trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad económica, puede ser explotada por parte de las organizaciones criminales. En última instancia, la seguridad ciudadana se ve amenazada por actividades informales vinculadas a la criminalidad. Por ende, abordar las causas subyacentes de la informalidad es esencial para garantizar la seguridad ciudadana y fomentar un entorno laboral equitativo y regulado.

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Como ciudadanos y empresarios consternados ante la violencia criminal y terrorista que enfrenta Ecuador, que ha obligado a su gobierno a declarar el estado de conflicto armado interno y tomar medidas radicales contra bandas criminales, algunas de las cuales ya actúan en el Perú, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresa lo siguiente:

1. Es urgente que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, así como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se declaren en sesión permanente e informen a la brevedad sus planes a corto plazo que muestren un trabajo articulado entre los diferentes poderes del Estado e instituciones.

2. El trabajo integrado de todas las unidades de inteligencia debe potenciar las operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta institución también debe contar con todos los recursos necesarios para su modernización y una adecuada capacidad de respuesta ante la acción criminal, lo que debe ir a la par de una campaña sostenida contra la corrupción y de fortalecimiento de la integridad.

3. Consideramos que se debe formular un plan sostenible que restrinja el ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales, refuerce el control migratorio en los puestos de fronteras y se autorice el fortalecimiento tecnológico para el control de toda la línea fronteriza. Asimismo, se debe evitar a toda costa que busquen nuevas rutas de salida de droga a través del Perú.

4. Los operadores de justicia deben contar con mejores medidas de seguridad, sobre todo aquellos que procesan y dictan sentencias contra los miembros de bandas conectadas al crimen organizado.

5. La situación de las cárceles peruanas obliga a revisar y replantear la situación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de los centros penitenciarios donde criminales y bandas siguen coordinando acciones delictivas. Se debe establecer un régimen especial de control y los miembros de bandas organizadas deben ser enviados prisiones de máxima seguridad.

6. Los gobiernos locales y regionales deben articular acciones con el Ejecutivo aplicando políticas con visión integral. Instamos a que se informe a la ciudadanía sobre el mapa de riesgos por distrito y las respectivas acciones que ejecuten, exponiendo indicadores que demuestren la efectividad y eficacia de las medidas y los avances en la lucha contra la delincuencia.

Consideramos que la creciente inseguridad ciudadana en el Perú y la participación de bandas internacionales en estos hechos delincuenciales, así como los riesgos que se han generado en el vecino país de Ecuador, hacen imperioso que desde la Presidencia de la República del Perú se asuma y transmita un claro y firme liderazgo en la lucha contra el crimen organizado y la toma de decisiones a favor del orden interno.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), liderada por su presidenta, Rosa Bueno de Lercari, se adhirió a la Marcha contra la delincuencia y por la paz, convocada por gremios de trabajadores y de empresarios porque “compartimos la consternación de la ciudadanía ante el avance de la delincuencia organizada”.

Al cierre de la movilización, Rosa Bueno expresó ante los dirigentes de los gremios y los trabajadores que “un país dividido es un país perdido. Queremos demostrar hoy que los empresarios y los trabajadores somos, ante todo, ciudadanos comprometidos con nuestro país, para sacarlo adelante”.

Asimismo, manifestó que “los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, frente al cual estamos, y la Fiscalía de la Nación deben unir esfuerzos para luchar realmente contra la delincuencia y devolver la seguridad y la paz que necesitamos todos los peruanos para trabajar y para hacer empresa. Creo que hoy estamos dando una lección de cómo debemos seguir en estos momentos complicados para el país».

La CCL tiene al ciudadano al centro de su trabajo y entre sus políticas públicas promueve la seguridad ciudadana que es fundamental “para el clima de paz y estabilidad que requieren las inversiones necesarias para generar empleo”.

Este gremio empresarial considera que “la inseguridad se debe combatir desde distintos frentes, con estrategias multisectoriales. La persecución del delito, sobre todo el de las bandas del crimen organizado, requiere integridad y compromiso de la Policía Nacional y de los operadores de justicia. Todos ellos deben tener mano firme con los delincuentes, desde su detención”.

Finalmente, la CCL opina que el presupuesto del combate al crimen debe ser detalladamente supervisado por la Contraloría y que periódicamente debería hacerse pública la ejecución del mismo.

En el marco del “VIII Foro Internacional Retail”, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), La Cámara conversó con el economista Carlos Parodi, docente principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), sobre el desempeño y perspectivas de la economía y el consumo para este y el próximo año.

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¿Cuál ha sido el desempeño del consumo privado en lo que va de 2023 y cómo podría cerrar el año este importante indicador económico?

Este año (con respecto al 2022), el consumo privado crecerá en torno al 0,3 %, (una cifra baja) si tomamos en cuenta que entre 2010 y 2019 creció un 5,1 % como promedio anual. Este resultado se entiende porque las empresas no venden como esperaban y el consumidor peruano tiene menos dinero para gastar. Cabe anotar que el consumo privado representa el 65 % de la demanda interna.

¿Hay expectativas de que el consumo privado pueda recuperarse durante 2024?

Depende de cuánto crezca la inversión privada. Me explico, para que el consumo privado aumente, los ciudadanos requieren tener más dinero para comprar. Ese dinero proviene del empleo, el que, a su vez, depende de alguien que contrate personas. Ese “alguien” se llama empresario, emprendedor o inversionista. Por eso, sin crecimiento no hay aumento del consumo.

¿Cómo influyen la baja confianza del consumidor y el deterioro de las expectativas empresariales en este indicador económico (consumo privado)?

Cuando las expectativas, que son creencias respecto del comportamiento futuro de la economía y la política, se encuentran en un terreno negativo o pesimista, los agentes económicos (consumidores y productores) postergan decisiones y, con ello, generan, primero, una desaceleración y, luego, una recesión. Se requiere, como consecuencia, un shock de expectativas.

¿Qué medidas se podrían impulsar para mejorar el desempeño del consumo privado y la inversión privada?

Falta mejorar el contexto dentro del cual los agentes económicos toman decisiones. Reglas simples, claras, así como objetivos del Gobierno que sean transparentes y fáciles de monitorear son las claves. La incertidumbre es veneno para la economía. Las medidas deben ser concretas y de rápida aplicación porque la primera tarea es salir de la recesión.

¿Por dónde tiene que moverse la inversión privada para revertir este escenario de recesión?

Del total de lo que se invierte en Perú, el 80 % es inversión privada y un 20 % es pública. Entonces, lo que hay que hacer es crear el entorno de confianza y estabilidad para que se comience a mover la aguja de la economía. En concreto, hay un paquete fuerte de obras que están paralizadas y estas tienen que reactivarse. En ese sentido, se debe seguir promoviendo la inversión minera, la inversión en construcción e infraestructura, y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes).

¿Cómo afecta la inseguridad ciudadana a las inversiones?

La inseguridad ahora es la principal razón por la cual poca gente está invirtiendo. Esperamos que el Gobierno pueda cambiar esta situación con mejores decisiones. Sabemos que el peruano es muy resiliente, muy emprendedor, pero tiene que tener seguridad para poder realizar sus actividades económicas. El emprendedor no puede invertir los ahorros de su vida y que se los roben en 10 minutos.

¿Cómo considera que cerrará la economía peruana este año ante un escenario de recesión y el riesgo de un fenómeno de El Niño fuerte?

El crecimiento girará en torno de 0 %. Necesitamos crecer un 4 % para crear empleo y bajar pobreza. En el caso de un fenómeno de El Niño fuerte se compromete el crecimiento de 2024, que, asumiendo un Niño moderado, se ubicaría entre 1 % y 2 %.

¿Desde cuándo la economía peruana podría experimentar una recuperación y revertir las cifras negativas?

Es difícil decirlo, pues depende de qué tan rápido cambien las expectativas. Una alternativa que puede desencadenar el proceso puede ser la puesta en marcha de un megaproyecto de similar magnitud al puerto de Chancay. La razón es que los capitales tienden a moverse en manada siguiendo al grande.

¿Cuándo consideraría que el Perú podría salir de la recesión?

Una vez que pasemos el problema del fenómeno de El Niño, que nos va a tomar todo el primer semestre de 2024, esperamos que en el segundo semestre la economía mejore, salvo que en el camino pase algo inesperado, que aún no lo sabemos. No obstante, es muy importante que los gobiernos nacionales, los municipios y todos estén unidos para llegar a acuerdos y hacer trabajos de prevención a fin de contrarrestar un eventual desastre natural.

¿Hay argumentos para que la economía pueda levantarse?

Hoy en día, la inflación en el país está bajando y es la menor de América Latina y el tipo de cambio se mantiene estable. El sistema financiero es muy sólido. Además, el Perú tiene una de las mayores reservas internacionales netas de la región. Al igual, tiene el menor déficit fiscal; pero, desgraciadamente, la economía se mide por resultados y el país está adoleciendo de eso en estos últimos años. Pero, hay que ser optimistas con el futuro del Perú.

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Temas enfocados en la gobernanza, la competitividad y el talento humano a fin de impulsar el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, fueron tratados durante el segundo día de la ‘XXII Expo Pyme 2023’.

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Uno de ellos fue la integridad en la empresa. De esa manera, Hernán Lanzara, segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), refirió que abordar el tema de la integridad y promoverla en las compañías es necesario y fundamental porque permite construir y mantener la confianza de los clientes, los empleados, los inversores y otros stakeholders.

«Cuando los empresarios actuamos con integridad, demostramos que somos dignos de confianza y estamos comprometidos con valores éticos lo que fortalece las relaciones comerciales a largo plazo. Además, incorporar la integridad en el ADN empresarial facilita a los negocios cumplir con las leyes y regulaciones, evitando problemas legales y sanciones», comentó el también presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la CCL.

No obstante, el representante del gremio empresarial sostuvo que la corrupción en nuestro país a menudo está arraigada en estructuras profundas y complejas. Añadió que esta situación socava la credibilidad y legitimidad de las instituciones, generando más pobreza, inequidad e injusticia, así como menos bienestar para los ciudadanos.

«La corrupción obstaculiza el desarrollo económico y social del país. Cuando hablamos de este tema tenemos ese sentimiento de que todo está perdido, pero creo que todos unidos podemos trabajar en la lucha contra este flagelo social. Desde el sector empresarial venimos avanzando en la promoción de la integridad con programas de prevención frente a la corrupción”, indicó Lanzara.

Aporte del gremio empresarial

Como aportes para el desarrollo del empresariado nacional, el segundo vicepresidente de la CCL resaltó que la visión del gremio empresarial es impulsar el fortalecimiento de la democracia, de la seguridad ciudadana, del acceso a la formalidad y del libre mercado con inclusión, los cuales tienen como ejes transversales la integridad y la innovación.

«Una cultura de integridad influye positivamente en la toma de decisiones de los empleados y en la forma que se comportan en el centro de trabajo; por otro lado, los empleados suelen preferir trabajar en empresas que valoran y promueven la integridad, los valores y la ética. Esto puede ayudar a atraer y retener el mejor talento. Asimismo, la integridad está estrechamente relacionada con la buena reputación de la empresa; y, de esta manera, puede atraer clientes leales y aumentar la demanda de los productos o servicios que las empresas ofrecen”, destacó Lanzara.

Por su parte, Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la CCL, reiteró que las micro, pequeñas y medianas empresas son el motor de desarrollo del país y que, en estos momentos, se necesita más que nunca trabajar en conjunto para poder revertir la complicada situación económica.

Seguridad para los negocios

En el panel sobre ‘Seguridad ciudadana y desarrollo productivo en los gobiernos locales’, Óscar Arriola, oficial general de la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó que, en los últimos años, en el país se ha elevado el nivel delictivo y criminal y la violencia, lo cual compromete al sector empresarial y a los ciudadanos.

“Hoy tenemos muchas denuncias por extorsión, sicariato, robos y secuestros; sin embargo, estamos trabajando con la Policía Nacional en la captura de los principales cabecillas de bandas nacionales y transnacionales a fin de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y que puedan realizar sus operaciones en un clima de paz”, resaltó Arriola.

En tanto, José Manuel Saavedra, presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe, comentó que el tema de la inseguridad es muy sensible para los ciudadanos, ya que están sometidos a constantes asaltos y extorsiones.

«Los primeros afectados son las pymes, impacta en sus inversiones y ganancias. En el Perú, casi el 40% de ciudadanos no hacen la denuncia. Es importante concientizar a la ciudadanía para que confíen en la Policía Nacional e informen cualquier atentado contra su vida”, exhortó el especialista.

A su turno, José Jaramillo Díaz, pastpresident del Capítulo 222 en American Society Industrial Security (ASIS Perú), recomendó a los ciudadanos crear comités de ayuda para apoyarse mutuamente en temas de seguridad y analizar los principales riesgos que enfrentan las comunidades frente a la delincuencia.

Talento humano

De otro lado, en el bloque del talento humano del ‘XXII Expo Pyme 2023’, Jorge Monsalve, CEO Fundador Co Cowch, y Rómulo Mucho Mamani, gestor de desarrollo en ‘Mucho por hacer’, expusieron sobre el desarrollo del talento en las mipymes y cómo forjar la comunicación, cultura y clima en el liderazgo empresarial.

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¿Cuál es la agenda pendiente del Gobierno en materia de seguridad ciudadana?

Considerando el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ya uno de cada cinco peruanos ha sido víctima de la delincuencia. Estos eventos son especialmente predominantes en departamentos como Piura, Lima y Ucayali. Dicho ello, podemos decir que la agenda es muy amplia, ya que es consecuencia de la inacción de años, de cambios permanentes en las autoridades y de no querer tomar al toro por las astas. Por lo tanto, la agenda pendiente es poder lograr que aumente la percepción de seguridad, que los ciudadanos puedan salir a la calle sin temor, que las empresas y los emprendedores no sean extorsionados y que se perciba que las malas acciones tienen consecuencias inmediatas.

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Ello implica una mejor articulación entre todos los actores, donde se involucren, de manera directa o indirecta, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las municipalidades, los gremios empresariales, la ciudadanía, entre otros; así como también incluye el realizar cambios en las normas y procedimientos. Todo bajo un liderazgo claro y organizado, con una estrategia sostenible que se comunique con claridad a la ciudadanía.

¿Cuál es su opinión sobre la ampliación del estado de emergencia en algunos distritos de Lima, con el fin de enfrentar la delincuencia?

 Un estado de emergencia genera opiniones encontradas. Lo primero que se debió hacer fue explicar claramente en qué consiste. No se trata de pedir que salgan los militares a las calles, pues su función no es perseguir a delincuentes, sino garantizar, entre otras cosas, la independencia, soberanía e integridad territorial del Perú.  Cualquier acción que disponga el Gobierno requiere del apoyo de todos. Por lo pronto, creemos que el estado de emergencia implementado en zonas específicas ha tenido buenos resultados, pues le ha permitido a la PNP realizar acciones eficaces, como la desarticulación de bandas criminales locales y la detención de delincuentes que cargaban armas de diverso calibre.

Si bien este trabajo de la Policía se da como parte de sus operativos, ha sido más eficaz en los distritos donde se ha aplicado el estado de emergencia, que son San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Las señales son buenas, pero el reto es aún grande.

El Consejo de Ministros aprobó un decreto legislativo que propone ampliar la sanción por el robo de teléfonos celulares, con una pena de hasta 20 años de prisión, ¿esta medida es suficiente para desincentivar este tipo de delito?

En lo personal, pienso que la intención es buena, pero me parece que tiene un carácter más efectista que práctico. Asumo que antes de proponerlo han realizado un análisis profundo. Las actuales penas no son disuasivas para los delincuentes, pues se han encontrado con un escenario de corrupción a nivel de las autoridades, lo que favorece la impunidad. ¿De qué sirve poder llegar a condenar a 20 años a un ladrón de celulares si a las 24 o 48 horas está en la calle nuevamente delinquiendo? Aquí hay un punto de discusión para los expertos en derecho penal relacionado con el tema de la proporcionalidad de la pena, pues hay delitos más graves con castigos menos severos.

Por tanto, creo que la medida por sí sola no es suficiente, por lo que debería haber cambios en los procedimientos de la administración de justicia. Pero, adicionalmente, las normas, por sí solas, no reducen delitos, también contribuye el que cada uno tome las medidas de prevención necesarias para evitar y/o reducir la probabilidad de ser víctima de un robo.

Asimismo, el referido decreto legislativo incorpora dos tipos de penas: la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado, ¿son acertadas estas especificaciones?

Así es, pues ambos son delitos. El primero, por la suplantación de la identidad de una persona para adquirir SIM cards con la complicidad de algunos trabajadores de los operadores; mientras que, en el otro caso, porque la venta de un bien robado es un delito. Se necesita, además, exigir la participación de los operadores para poder inhabilitar los teléfonos robados, así como regular la importación de equipos de dudosa procedencia y sancionar la posesión de equipos clonados.

Es importante también que, dentro de los objetivos de la PNP, se tenga mapeado intervenir los centros de venta donde se ofrecen equipos móviles hurtados, ya que esos puntos son claves dentro del comercio ilegal de celulares. Si se corta el flujo de comercio ilegal atacando las diferentes aristas, se estaría disminuyendo también el interés de los ladrones en cometer delitos.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL para optimizar la seguridad en el país y, por ende, que disminuya el robo de celulares, entre otros delitos?

La primera, y creemos la más importante, va dirigida a todos y es la prevención. Es muy común ver a gente caminando por la calle con el teléfono en la mano, concentrados en la pantalla y no en el entorno. Eso facilita la actividad de los delincuentes. Hay que evitar exponerse.

También es muy importante no tener miedo a denunciar, pues es la única manera de que las autoridades puedan saber de los delitos, ver la forma como se cometen, así como conocer las zonas y horas de mayor incidencia delictiva.

En relación con los delitos que más se están presentando, que son los patrimoniales, se debe establecer sanciones severas a la comercialización y tenencia ilegal de armas y explosivos; así como definir estrategias para luchar contra la criminalidad, donde se frene el uso de las motos para el robo y sicariato.

Asimismo, es indispensable mejorar la coordinación entre la PNP, la fiscalía y todos los encargados de salvaguardar la seguridad ciudadana para que coordinen esfuerzos y ejecuten medidas concretas que atiendan los principales problemas de seguridad ciudadana, aunque lo correcto sería que la labor investigativa regrese a la PNP con las mejoras en los procedimientos y en los controles que sean necesarios para evitar vacíos que permitan a los delincuentes poder salir en libertad, en cuestión de horas o días.

Y reitero lo que mencioné: se requiere hacer cambios sustanciales en las normas y procedimientos, todo bajo un liderazgo claro y organizado, con una estrategia sostenible que se comunique con claridad a los ciudadanos.

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Inseguridad y restricciones afectan a actividades económicas

En un esfuerzo por abordar el creciente problema del comercio ilegal de celulares y delitos relacionados en el Perú, se han introducido modificaciones al Código Penal, a través del Decreto Legislativo 1578, publicado el 18 de octubre de este año. Estas enmiendas tienen como objetivo reforzar la lucha contra estas actividades ilícitas que han estado afectando tanto a la sociedad como a la economía del país. En este artículo, examinaremos las principales modificaciones y sus implicaciones.

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Las modificaciones claves:

Robo de celulares: el hurto de equipos, terminales móviles, teléfonos celulares y dispositivos de telecomunicaciones ahora conlleva penas de prisión que van desde 12 a 20 años. En casos de robo agravado, que involucra explosivos o vehículos motorizados, las penas aumentan a un rango de 20 a 30 años. Si el robo se comete como parte de una organización criminal o resulta en muerte o lesiones graves, la pena se convierte en cadena perpetua.

Receptación: se incurre en receptación, cuando el agente pone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza, un bien o sus partes, de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. Aquellos que comercialicen bienes robados o sus partes, sabiendo o debiendo presumir que provienen de un delito, se enfrentarán a penas de prisión de dos a cuatro años y con 30 a 90 días-multa, además de la inhabilitación. Lo mismo se aplica a quienes proporcionan documentos para ocultar el origen ilícito de un bien.

Clonación o adulteración: la alteración o duplicación de números de líneas, identificadores de tarjetas SIM, identificadores de la Identidad Internacional del Abonado Móvil o del IME o MAC, y otros dispositivos similares, resultará en penas de prisión de cuatro a seis años con 60 a 365 días-multa.

Posesión ilegítima de SIM CARDS:

Proveer, comercializar o facilitar la adquisición de Tarjetas SIM activadas con intención delictiva conlleva penas de prisión de uno a cuatro años y la inhabilitación. La adquisición o posesión de Tarjetas SIM activadas con la finalidad de favorecer delitos resulta en penas de prisión de tres a seis años.

Comercialización con IMEI alterado, reemplazo o duplicado: El que tenga bajo su disposición, en exhibición para su distribución, o para la venta o comercialización, equipos terminales móviles, número de línea, o de serie electrónico o mecánico, o de IMEI lógico o físico, alterado, reemplazado, duplicado o de cualquier modo modificados, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, e inhabilitación.

El impacto económico de la inseguridad en el Perú

La inseguridad en el Perú representa un costo significativo para la economía, equivalente al 3 % del Producto Bruto Interno (PBI), según refirió el ministro del Interior, Vicente Romero, en el “V Foro internacional de seguridad ciudadana y empresarial” de la CCL, realizado el 28 de septiembre de este año.

Este alto costo ha llevado a empresarios y emprendedores a asumir gastos considerables para implementar medidas de seguridad y contratar personal de vigilancia para proteger sus negocios.

En este mismo sentido, en el 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) refirió que la delincuencia conlleva costos individuales y sociales como la pérdida de vidas, seguridad, propiedad, productividad. Y la delincuencia violenta es uno de los principales problemas de América Latina y el Caribe, ello porque la región tiene el 9 % de la población mundial y el 33 % de sus homicidios. 

Robos de celulares en el Perú

En agosto de 2023, el diario La República publicó que en el primer trimestre 2023 se cometieron 26 652 robos en el país, promediando 296 robos diarios. Respecto de cifras oficiales, el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el periodo de noviembre 2022 a abril 2023, da cuenta que, en dicho semestre a nivel nacional, 12 por cada 100 habitantes fueron víctimas de robo de dinero, cartera o celular.

Por otro lado, según la información publicada en junio de 2023 por el diario El Comercio, en Perú son robados 200 celulares por hora, esto es, 4,800 al día, lo cual arrojaría un total anual de más de 1 752 000 hurtos o robos de teléfonos móviles.  Esta información refleja que hay un alto porcentaje de delitos que no se denuncian.

Según el referido reporte del INEI, a nivel urbano, los hechos no han sido denunciados principalmente porque “es una pérdida de tiempo” (40,2 %) o porque se “desconoce al delincuente” (19 %).

El alto índice de delitos patrimoniales como robos o hurtos puede ser síntoma de una falencia en el sistema procesal penal que termina liberando a los delincuentes, o porque las penas no son lo suficientemente severas. Asimismo, se debería a que los malhechores cometen delitos porque no son denunciados, investigados o perseguidos judicialmente y/o por la poca presencia policial en las calles.

Opinión

Si bien consideramos que corresponde la modificación de los tipos penales y el aumento de penas en delitos contra el patrimonio, de manera proporcional a la peligrosidad y daño en la sociedad que producen, también somos conscientes de que el solo aumento de penas no es suficiente para frenar o disminuir la comisión de los delitos.  En ese sentido, se requiere una política pública integral, que acompañe la mejora en los procesos penales y la adecuada coordinación entre los distintos actores, Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público y Poder Judicial, de manera que se evite la liberación de los delincuentes y se realicen actuaciones céleres, respetando las garantías del debido proceso. 

Software smartphone Switch Kill: Si bien las penas se han elevado para el que vende, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza celulares o sus partes de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, así como para los que cometen el robo del dispositivo, no deja de ser menos cierto que el celular, aun robado, y circulando en un mercado informal, mantiene sus principales características y, por tanto, cuenta con un valor importante en el mercado negro.

Una alternativa para concluir con los delitos que involucran celulares inteligentes o smartphones es facilitar el uso de software que los haga inoperativos e inútiles para cualquier uso, como es el caso del software smartphone kill switch, que permite a sus propietarios inutilizar los dispositivos de forma remota, si se pierde o es robado, mediante un llamado “interruptor de la muerte”, con lo que podría disuadirse el robo. Desde 2015, la función se hizo obligatoria en California y Minnesota, sumándose posteriormente otros estados de los Estados Unidos.

La revista PC World desde 2014 daba cuenta de que Apple ya contaba con el software Smartphone kill switch y que Google lo implementaría al año siguiente. Su implementación se debió a los requerimientos a las empresas de telecomunicaciones de parte de los funcionarios de Estados Unidos, porque en esos últimos años el número de robos violentos de teléfonos inteligentes en las calles de las principales ciudades de ese país había ido en aumento y uno de cada tres robos involucraban estos celulares.

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“Perú es un país seguro para hacer negocios»

Cada año los ataques cibernéticos se incrementan en el Perú. Así, cuanto más aumente el nivel de transformación digital de las empresas y de la sociedad peruana, mayores serán también las amenazas que intentarán atacar las infraestructuras críticas que facilitan funciones y servicios esenciales para los ciudadanos en salud, seguridad, bienestar social, financiero y económico.

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Según el Índice de Ciberseguridad Nacional, el Perú mejoró su capacidad de protección de servicios digitales y de respuesta a incidentes del 2019 al 2022. Sin embargo, en nuestro país existen varios casos de ataques de ciberdelincuentes que vulneraron la seguridad de información de entidades públicas y privadas.

En 2018, el Banco de Crédito del Perú (BCP) sufrió un ciberataque por una falla de seguridad en sus sistemas que filtró datos de millones de sus clientes. Recién en 2019 se supo sobre este incidente, porque los datos de los clientes del BCP fueron publicados en la darknet o red oscura. Más adelante, en 2020, ocurrió la filtración de millones de registros de clientes de Cineplanet; entre los datos sustraídos, se encontraban números de tarjetas de crédito o débito e información personal.

Luego, en 2022, se materializó un ataque de ransomware contra la Dirección General de Inteligencia (Digimin), por el que se filtraron 9 gigabytes de datos en la darknet. Y, recientemente, este jueves 19 de octubre, el portal del Estado Peruano fue atacado por ciberdelincuentes. Estos reemplazaron páginas de su sitio web, con fotografías y enlaces sospechosos.

Frente a esta problemática, Raúl Díaz y Carlos Torres, docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, coincidieron en señalar que, aunque la implementación de un sistema de ciberseguridad adecuado requiere de una importante inversión, debe quedar claro que no contar con estos programas de protección digital puede generar costos mayores por diversos conceptos.

En ese sentido, los especialistas indicaron que, en el caso de un ciberataque, conocido como ransomware, en el que se “secuestra” la información de una organización, que se cifra en sus mismos lugares de almacenamiento y que no se “libera” sino hasta que se produzca el “rescate” mediante un pago en bitcoins, se incurre en una serie de costos.

“Las empresas u organizaciones incurren en costos de indisponibilidad de operación, de recuperación de información, de incumplimiento legal, de pérdida de reputación y de pérdida de clientes. De acuerdo a Ponemon Institute (2023), el costo promedio por un ataque de ransomware puede llegar a ser de US$ 5 millones”, comentaron los expertos en ciberseguridad.

Ciberdelitos más comunes

En cuanto a los delitos informáticos más comunes en nuestro país, Raúl Díaz, catedrático de la Universidad de Lima, informó que son el phishing, el robo de credenciales, la explotación de vulnerabilidades de día cero, la mala configuración de soluciones cloud, el SIM swapping y el robo de dispositivos móviles.

“Los ciberdelincuentes se especializan cada vez más en ataques de phishing muy personalizados para que las personas ingresen a páginas falsas y hagan operaciones financieras no autorizadas. Un ataque que ocurría hasta el año pasado y que disminuyó considerablemente era el de SIM swapping, que consistía en que el ciberdelincuente suplantaba tu identidad ante la empresa de telecomunicaciones y compraba un chip a tu nombre”, expresó.

Agregó que el delincuente obtenía las credenciales de banco de su víctima por phishing y, con esta información, el nuevo SIM, bloqueaba su celular y procedía a realizar varias transferencias de dinero, debido a que el token SMS ahora llegaba al teléfono móvil con el SIM que había obtenido el ciberdelincuente.

Otro caso es el de robo de celulares. Los ciberdelincuentes han aprendido a ingresar de manera no autorizada a las aplicaciones bancarias con el acceso físico al dispositivo móvil de la víctima.

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Consejos y recomendaciones

Ante la vulnerabilidad de los datos de emprendedores y de los ciudadanos, en general, especialistas de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), en el V Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), realizado el último 28 de septiembre, resaltaron que muchos de los ciberdelitos se pueden evitar con mecanismos de prevención.

Como medida de prevención, Giovanni Pichling, gerente de Seguridad Estratégica de Asbanc, sugirió a la ciudadanía que no ingresen a códigos QR sospechosos, ya que los ciberdelincuentes, a través de ellos, pueden acceder a información privada.

“Esta es una de las estrategias que usan los criminales para poder orientar nuestra navegación y hacer que bajemos software a nuestros teléfonos y computadoras a fin de entrar ilegalmente a nuestras bases de datos personales. Esto se puede ver, por ejemplo, en menús de restaurantes y otros negocios”, comentó el especialista en ciberseguridad.

Campaña de sensibilización

En tanto, Maurice Frayssinet, jefe de ciberseguridad y fraude de ASBANC, sostuvo que el malware es una pieza de código que se utiliza para extraer información sin que el usuario se dé cuenta.

“Este software malicioso, desde un mensaje SMS del celular, hace que se haga clic para reenviar al usuario a una página web sospechosa; sin embargo, la disfrazan sin que nadie la detecte y roban información”.

En este aspecto, el especialista recomendó colocar un antivirus al teléfono celular para evitar ataques de malware.

“Las personas solo colocan antivirus a sus computadoras, pero no lo hacen con el celular; y cuando empiezan a realizar transacciones desde el móvil, corren el riesgo de que sus cuentas bancarias sean hackeadas”.

Frayssinet también recomendó a los gremios empresariales unirse para compartir información y conocimiento sobre las nuevas modalidades de vulneración de los sistemas de seguridad, así como realizar campañas de educación en escuelas y universidades.

Además, el especialista reveló que cada día se crean millones de malware, que afectan a los bancos y a todo el sistema financiero.

“Los ciberdelincuentes exponen los procesos de seguridad de las organizaciones y cada vez se sofistican más, lo cual es peligroso”, anotó.

Por su parte, Carlos Torres, docente de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Lima, expresó que la concientización es una pieza fundamental de la ciberseguridad.

“Esta concientización debe ser capaz de prevenir a la población sobre el uso de Internet y los peligros potenciales que esto conlleva. Además, se debe educar sobre cuál es el buen uso de los canales digitales y cómo responder ante los ciberataques más comunes”.

Remarcó que esta tarea es significativa y debe iniciarse desde edades muy tempranas, ya que los niños y jóvenes emplean dispositivos digitales y pasan a estar expuestos prontamente.

“Del mismo modo, debe seguirse esta tarea para el caso de los adultos mayores, que no son nativos digitales y que tienen dificultades para familiarizarse y operar dispositivos digitales y sistemas informáticos”, dijo.

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Open Banking y sus riesgos

Si bien el Open Banking es una tendencia que se viene expandiendo y permite que los consumidores puedan compartir sus datos bancarios (previa autorización) con otros proveedores de servicios financieros como las fintechs y otros bancos, también puede dar lugar a nuevos riesgos y retos, entre los que se encuentran los relacionados con la seguridad de la información, pues el incremento en el volumen de flujos de datos puede incidir en un aumento de fraude, filtración o uso indebido de la información, afectando la privacidad de los clientes.

Frente a ello, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) remarcó que resulta relevante la incorporación de estándares de protección de la información, así como contar con mecanismos adecuados para la atención de consultas, solución de controversias de los usuarios y una clara delimitación de responsabilidades frente a transacciones erróneas o fraudulentas.

A ellos se pueden sumar otros tipos de riesgos como la ciberseguridad, privacidad y protección de los datos personales de los clientes. De esta manera, si las interfaces de programación de aplicaciones (API) no se gestionan de forma segura o no se supervisan adecuadamente, ello puede dar lugar a nuevos riesgos, poniendo en peligro la estabilidad de la estructura del mercado.

“Desde una perspectiva de protección del consumidor, el aumento del intercambio de datos y de los procesos de iniciación de pagos en el marco de un modelo de Open Banking también puede incrementar los riesgos de transacciones no autorizadas”, dijo la entidad.

Datos:

– Según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el país se registran más de 300 denuncias de delitos informáticos cada mes.

– De acuerdo a la PNP, en 2022 se denunciaron 2 382 casos de fraude informático, el delito informático más reportado en el Perú durante 2021.

– Según el Ponemon Institute (2023), el tiempo de identificación promedio de un incidente es de 204 días y el tiempo de contención después de la identificación es de 73 días. Los fraudes más importantes del Perú no se alejan de estos promedios.

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Ante el aumento de la inseguridad ciudadana en el país, el Gobierno decidió establecer la declaratoria de estado de emergencia en cuatro distritos de Lima y en Sullana (Piura). Si bien la medida ha tenido un mediano respaldo por parte de la población y de las empresas, aún persiste un descontento por los resultados que todavía no son contundentes y favorables.

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El costo de la inseguridad en nuestro país, según el Ministerio del Interior (Mininter), representa aproximadamente el 3 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a S/ 27 000 millones anuales, una cifra que puede seguir incrementándose si no se elabora adecuadamente un plan estratégico de seguridad que favorezca a la población en general, al empresariado y a los emprendimientos.

Pero, ¿cómo ha incidido la declaratoria de emergencia a las diferentes actividades económicas? Según el presidente de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rodolfo Ojeda, el estado de emergencia en Lima ha afectado a la fecha a 15 000 negocios (entre bares, discotecas, casinos y restaurantes), sobre todo aquellos que operan en horarios nocturnos, haciendo que sus ventas se reduzcan en el orden del 30 al 50%.

Pero el tema no solo es la afectación en las ventas, también existe el riesgo de que la fuerza laboral de estos negocios (100 000 trabajadores) disminuya, puesto que con menores ingresos los comercios no podrán mantener la planilla de sus trabajadores.

En ese sentido, Rodolfo Ojeda sostiene que el Gobierno debería replantear su estrategia contra la inseguridad ciudadana y desarrollar una “más inteligente y viable” que no afecte el pleno desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendimientos. Incluso, propuso incluir a otros distritos de Lima Metropolitana como Villa El Salvador y Los Olivos, los que a diario registran casos de extorsión, sicariato, robos a mano armada, entre otros delitos.

“Esta nueva estrategia debe ser analizada recogiendo las necesidades de cada región o localidad. Sobre todo, ahora que se aproxima la campaña navideña, la que representa para las pymes el 40 % de sus ingresos anuales y donde las familias se encuentran más expuestas ante la ola de criminalidad”, comenta.

Menor asistencia de público

Una parecida situación también la padecen las empresas del rubro del entretenimiento, sobre todo las discotecas y locales nocturnos del Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho, así lo manifiesta el presidente del Sector de Espectáculos de Entretenimiento, Culturales y Afines (Arena) de la CCL, Jorge Fernández, quien señala que el horario establecido por el estado de emergencia (de 12 a.m. a 4 a.m.) no les permite a estos negocios tener un adecuado desempeño de sus actividades, pues la asistencia del público se ve limitada.

No obstante, indica que, en el caso de los conciertos de gran envergadura, con asistencia de más de 10 000 espectadores, la declaratoria de emergencia no ha afectado sus fechas programadas.

“Para estos shows, como el concierto de The Weeknd en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los organizadores solo han ajustado el tema de horario, dado que el evento no debe durar más de la medianoche”, señala.

Sin embargo, para Jorge Fernández lo que sí preocupa a su sector es que algunos municipios de Lima mantengan la posición de limitar el desarrollo de eventos y megaconciertos, considerando que son pocos los recintos para recibir a artistas nacionales e internacionales.

Actualmente, los conciertos en Lima Metropolitana se desarrollan en locaciones como Arena 1, Multiespacio Costa 21 (ambos en la Costa Verde) y los estadios Nacional y de San Marcos, este último recientemente abierto al público por decisión de la Municipalidad de Lima.

Recuperar la confianza del turista

El estado de emergencia establecido por el Gobierno también genera preocupación al sector turismo, actividad económica que representa cerca del 4 % del PBI y genera US$ 4 300 millones en divisas, así como 1,3 millones de empleos directos e indirectos, según el BBVA Research.

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Al respecto, la presidenta del Gremio de Turismo de la CCL, Marienela Mendoza, afirma que la declaratoria de emergencia siempre va a afectar en pequeña o en gran medida, debido a que se corre el riesgo de que los gobiernos de los demás países activen sus alertas de viajes hacia el Perú, lo que puede desincentivar la llegada de turistas extranjeros.

Según proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), para este año se espera la llegada de 2,2 millones de turistas internacionales. No obstante, esta cifra aún está por debajo de los 4.4 millones que se alcanza antes de la pandemia.

Marienela Mendoza refiere que el turista no distingue si la declaratoria se da en un distrito específico, sino que tiende a generalizarlo. “Para ellos (la declaratoria) es sobre el país entero, pero desconocen que pueden visitarnos sin que esté en peligro su seguridad”, precisa.

Otra preocupación para el Gremio de Turismo de la CCL es que el estado de emergencia se extienda a otras regiones, dado que se ha registrado un incremento de la inseguridad ciudadana, especialmente en el norte del país, zona turística que tiene un mayor flujo de visitantes nacionales y extranjeros durante las temporadas de Semana Santa, Fiesta Patrias y fin de año.

Precisamente, conforme a las estadísticas de la Policía Nacional (PNP), solo en el tema de extorsión, La Libertad y Piura concentran el 71 % de la incidencia de este delito a nivel nacional, donde la institución policial recibe 30 a 40 denuncias diarias.

“Desde la pandemia hemos sido uno de los sectores más afectados y somos altamente sensibles ante cualquier problema social, político o natural. Por eso, es muy importante recuperar la confianza del turista para que acepte el mensaje de que el país no es un peligro”, resalta.

Para que las actividades turísticas no se detengan, Marienela Mendoza afirma que podrían impartirse otras medidas que puedan combatir la delincuencia, la inseguridad y el sicariato. Por ello, considera que debe haber un trabajo articulado entre la Policía Nacional y los municipios, coordinando con la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el fin de realizar un control migratorio minucioso de ciudadanos nacionales y extranjeros. Asimismo, trabajar estrechamente con el Poder Judicial y activar la Fiscalía de Turismo.

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Empecemos hablando de la seguridad, ¿qué distritos de Lima representan un riesgo para las pequeñas y medianas empresas (pymes)?

Si bien el estado de emergencia fue decretado en los distritos de Lince, Cercado de Lima, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, los niveles de inseguridad también se han incrementado en otros como Los Olivos y Villa El Salvador, por ejemplo. La Policía Nacional (PNP) hace un importante trabajo, pero no es suficiente. Lo más oportuno es ajustar las estrategias del Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior conforme a la realidad económica y social de los negocios y municipios.

Aquí lo importante es establecer un diálogo conjunto entre el Ejecutivo, las autoridades distritales y el sector empresarial para aplicar, de manera inteligente, lo concertado. Esas estrategias también deben ajustarse a la realidad de cada sector empresarial, sobre todo de las pymes, que son las que necesitan de mayores recursos.

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¿A cuánto asciende el número de negocios afectados desde la declaratoria de emergencia?

Los negocios más perjudicados pertenecen al rubro de servicios y comercio. Estimamos que son unos 15 000 negocios en estos cuatro distritos (en donde se decretó el estado de emergencia).

La afectación también apunta a sus ingresos, los cuales se han reducido entre 30 % y 50 % debido a las menores ventas por los cierres anticipados de los negocios que exige la norma, sobre todo para los rubros de discotecas, bares, casinos y restaurantes, los que congregan entre 60 000 y 100 000 trabajadores. Por esa situación, también existe el riesgo de que un buen porcentaje de esta fuerza laboral se pierda debido a la declaratoria de emergencia.

Si bien los empresarios aceptamos estas disposiciones, lo que exigimos es que haya un seguimiento exhaustivo de los resultados para poder restablecer el cauce normal de la convivencia sin inseguridad.

¿En cuánto se ha incrementado el presupuesto de las pymes para contar con mayor seguridad?

Esto varía según el tipo de empresa, sea micro, pequeña o mediana. Por ejemplo, las microempresas que pertenecen a un mercado de abastos, se agrupan para la contratación de un agente de seguridad, cuya cuota mensual fluctúa entre S/ 50 y S/ 500.

También se tiene un presupuesto anual para la adquisición de equipos básicos de seguridad que va de S/ 3 000 a S/ 9 000, destinados a la compra de cámaras de seguridad, cercos eléctricos, alarmas, sensores, servicio de monitoreo y programas de seguridad para evitar los ciberataques. Esto último se ha duplicado durante la pandemia, según un estudio realizado por IBM.

No obstante, se debe resaltar que no todas las micro y pequeñas empresas pueden contar con estos servicios de seguridad y vigilancia privada, pues es una inversión que, a veces, no pueden costear.

En este entorno complicado, ¿cuáles son las expectativas de ventas para fin de año?

Lamentablemente, no son buenas. Para las pymes es un año perdido desde el punto de vista económico. Esto, no solo porque vamos a crecer (la economía) por debajo del 1 % como proyecta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), sino porque el tema de la inseguridad sigue avanzando con extorsiones, asaltos y asesinatos que atentan contra ciudadanos, emprendedores y pequeños empresarios.

A ello se suma la presencia del fenómeno de El Niño, el cual se estima que será de fuerte intensidad en diciembre, sobre todo en el norte del país, donde los efectos climatológicos tendrían un mayor impacto por el exceso de lluvias y temperaturas altas. Incluso hay el riesgo de que El Niño pueda afectar el mes de enero de 2024 y, por ende, la campaña de verano.

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No olvidemos que estamos saliendo de una situación complicada, luego de tres años de pandemia donde todavía algunos negocios no han logrado restablecerse al 100 %. En términos generales, todos estos eventos generan incertidumbre a las pymes, teniendo en cuenta que se espera que este 2023 no sea bueno.

XXII EXPO PYME 2023

El próximo mes de noviembre se realizará la XXII Expo Pyme 2023, ¿cuáles son los puntos centrales en esta nueva edición?

La vigésimo segunda edición de la Expo Pyme, denominada “Construyamos un Perú mejor con empresas que tengan identidad y rostro humano”, se realizará los días 15 y 16 de ese mes en la sede de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y contará con cinco bloques de discusión.

El objetivo de este evento es resaltar los valores desde el rostro humano de la micro, pequeña y mediana empresa, de manera que se busque construir un país sólido, donde a la vez se logre crear mayores oportunidades para el trabajo y asistencia técnica que tanto necesitan las pymes.

¿Entre los bloques de discusión se tratará el tema de inseguridad y desarrollo económico?

Son temas que están en la agenda del sector empresarial, los cuales se abordarán en el bloque económico-político y de gobernanza y competitividad. Este último apunta al desarrollo productivo en los gobiernos locales.

Se busca también retomar el impulso económico, así como el crecimiento de las pymes, generadoras de riqueza y fuerza laboral. Este bloque también abordará la relevancia de promover la inversión privada y el empleo formal.

Así también se tratarán materias relacionadas con la legislación tributaria y laboral, donde nuestro sector requiere de normativas más amigables y flexibles para ser más competitivos tanto en el mercado interno como externo. El talento humano también  será clave en este evento.

Finalmente, la Expo Pyme 2023 contará con exhibición de stands de productos y servicios, talleres especializados, networking empresarial, entre otras actividades.

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“Sin seguridad no hay inversión en el país”

En los últimos años, la inseguridad y la violencia se ha acrecentado causando efectos nocivos en el desempeño empresarial y económico del país, lo que ha incidido negativamente en importantes actividades productivas y niveles de competitividad de las empresas, ocasionando, incluso, la interrupción de las operaciones comerciales, además de provocar la caída de ingresos y ganancias económicas.

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Así lo manifestó, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara, durante su discurso en el V Foro internacional de seguridad ciudadana y empresarial denominado “Enfrentando retos y oportunidades para una sociedad segura”, evento organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la institución gremial.

Sostuvo que, a consecuencia de la inseguridad, los empresarios y emprendedores del país se han visto obligados a asumir altos costos para implementar sistemas de seguridad y contratar personal de vigilancia a fin de salvaguardar sus negocios.

“Ante ese escenario, urge establecer una gestión efectiva en materia de seguridad ciudadana y empresarial, lo cual es crucial para proteger tanto a los empleados como a los activos de la empresa y emprendimientos, teniendo como resultado colectivo mantener el progreso económico del país”, resaltó Hernán Lanzara.

Afirmó que el tema de inseguridad ciudadana es una responsabilidad transversal que debe incluir a todos los sectores del país y, por ende, la lucha frontal contra este fenómeno debe partir desde una acción compartida y articulada.

“Por ello, este Foro constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso y esfuerzo que vienen realizando la Cámara de Comercio de Lima y su Comisión ad-hoc, en favor del desarrollo de nuestro país”, destacó el vicepresidente de la CCL.

Al inaugurar el evento, el ministro del Interior, Vicente Romero, refirió que el costo de la inseguridad en el Perú representa aproximadamente el 3 % del PBI peruano, lo que equivale a S/ 27 000 000 000 anuales.

Durante su ponencia, sostuvo que el nivel de informalidad laboral que alcanza al 75 % de los trabajadores también genera condiciones de inseguridad y desprotección entre emprendedores y empresarios, quienes terminan siendo vulnerables a la extorsión en sus distintas modalidades.

Por ello, el ministro Romero resaltó que su institución no cesará en su lucha frontal contra la criminalidad y otros flagelos que atentan contra la integridad de los ciudadanos y el pleno desarrollo de la actividad empresarial.

“Tenemos un plan en desarrollo integral, cumplimos procedimientos ante el Congreso con el pedido de facultades y hemos declarado estratégicamente en emergencia tres puntos del país, entre otras acciones. Nuestra preocupación la constituyen 34 millones de habitantes del país para brindarles una sociedad segura y paz social”, remarcó.

Real participación

En esa línea, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, refirió que el tema de seguridad es un proceso integral y participativo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad. Es por ello que instó a los ciudadanos a tener una real participación en el tema de prevención y denuncia contra la inseguridad y criminalidad.

“Nos toca actuar dentro del espacio donde nos encontremos; no debemos ser ajenos a esta situación. Nos hemos acostumbrado solo a reclamar, pero no vemos cuál es nuestra real participación contra la criminalidad y su mitigación”, declaró.

Cabe mencionar que, el V Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial contó con exposiciones de diferentes especialistas de los sectores público y privado y de las Fuerzas Policiales.

En esta edición se desarrollaron seis bloques de discusión, en los cuales se abordaron el accionar del crimen organizado, extorsiones, sicariato en el sector empresarial; así como las estrategias necesarias para su prevención. Otro punto resaltante fue el incremento de la migración y su impacto en la inseguridad ciudadana y el manejo penitenciario y resocialización como un tema de seguridad.

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Estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana

Actualmente los peruanos se encuentran sumergidos en una ola de delincuencia que ha generado mayor sensación de miedo, desamparo e inseguridad en la población.

Ante ese panorama, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) reveló que las importaciones de armas de fuego de uso civil han registrado un aumento tras la adquisición de 3.929 unidades, lo que evidencia un crecimiento de 55,8% entre enero y mayo del presente año frente al mismo periodo del 2021, el cual ha sido tomado como año base.

Precisamente, en los primeros cinco meses del presente año, de las 3.929 armas importadas, 3.327 son pistolas semiautomáticas y 602 son revólveres, valorizados en US$ 1,2 millones y US$ 148.228, respectivamente.  En tanto, entre enero y mayo del 2021 (año base), las importaciones de armas registraron un monto de 2.522 unidades (2.262 pistolas y 260 revólveres).

“El comportamiento de estas importaciones revela la necesidad de las organizaciones y ciudadanos de sentirse más seguros ante los altos niveles de inseguridad, no solo a nivel país, sino que es una situación lamentable que padecen diferentes países de la región”, manifestó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

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Añadió que, si se analiza el desempeño de las compras, considerando el año base 2021, las importaciones en el año 2022 registraron un incremento del 82,63% (4.606 unidades, de las cuales 4.242 fueron pistolas y 364 revólveres).

Cabe mencionar que los principales países proveedores de las pistolas semiautomáticas fueron Estados Unidos y Turquía, cada uno con el 27% de participación. En el caso de los revólveres, el principal proveedor fue Brasil.

Es oportuno mencionar que, según las estadísticas de la Policía Nacional del Perú (PNP), los incidentes de robos se han incrementado en los últimos años. Solo en el primer trimestre de este año, el número de casos fue de 26.652 robos (296 al día), cifra superior a los 12.462 incidentes de robo en el mismo periodo del 2021.

RETROCESOS EN IMPORTACIONES

Otros productos de seguridad también fueron analizados. No obstante, registraron retrocesos en sus adquisiciones desde el exterior, tanto en volumen como en valor.

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Es el caso de las cámaras de videovigilancia, cuyas importaciones registraron una caída estrepitosa de 96% a mayo de este año, tras adquirir solo 10.753 unidades, mientras que en similares meses del 2021 se compraron 263.766 unidades. En el periodo analizado de este año, el principal país proveedor de este producto fue China, con el 91% de participación.

Respecto a los videotimbres, entre enero y mayo del 2023 con respecto a similar periodo del 2021, también registraron una variación negativa de sus importaciones de 74%, tras la compra de 3.398 unidades (US$ 167.155) frente a las 12.936 (US$ 297.633) que se adquirieron en el similar periodo del 2021. El principal país proveedor de esta línea de producto nuevamente fue China, con el 99% de participación.

En tanto, las importaciones de gas pimienta reportaron 2.376 unidades (US$ 14.432) cifra mucho menor a las 3.147 (US$ 8.274) registradas en similar periodo de 2021 (24,50%). No obstante, si bien se adquirió menos unidades, el valor importado registra un crecimiento de 74,43%. El principal país proveedor de este producto fue Estados Unidos con el 95% de participación.

Tras la pandemia, ¿cuál es la situación de la seguridad empresarial en el Perú?

La seguridad ciudadana y empresarial se ha deteriorado desde la pandemia. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), en el Perú la población laboral ocupada se redujo 39,6%, lo que equivale a una pérdida de 6,7 millones de empleos en los primeros meses del covid-19. Como consecuencia, a los empresarios les está costando mucho recuperar sus niveles de ingresos de prepandemia.

Junto con el incremento del desempleo formal y la actividad informal, han aumentado los delitos patrimoniales. Ello ha hecho que las empresas, especialmente las micro y pequeñas empresas (mypes), se vean obligadas a aumentar su gasto en seguridad (por ejemplo, en cámaras, alarmas, vigilantes particulares, seguros, lo que no era muy común), así como en ciberseguridad (en empresas medianas y grandes, principalmente), ante el incremento de transacciones electrónicas durante y después de la pandemia. Todo esto afecta directamente la capacidad del sector empresarial de invertir en aumentar su oferta de productos o servicios, y perjudica su recuperación financiera.

¿Cuáles son los problemas más graves que enfrenta el sector empresarial?

En cuanto a seguridad, los problemas más graves son el robo y la extorsión. En relación con los robos, pueden ser de tipo presencial de mayor a menor escala (bienes o mercadería de propiedad de la empresa, así como robos a clientes en bodegas o restaurantes) o virtuales como los ciberdelitos, pues las transacciones online han subido de forma exponencial y tienen mayor tasa de crecimiento a nivel nacional.

En el caso de la extorsión, esta ha aumentado especialmente en las zonas de mayor comercio y afluencia de público. Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), las denuncias por extorsión entre enero y junio del 2022 superaron las 5.200 a nivel nacional, cifra mayor en 22,5% a la registrada en el 2021. La mayoría de las víctimas de extorsión deciden no denunciar, ya que temen por su integridad física, por lo que esta cifra es más elevada.

¿Qué empresas son las más afectadas?

Las mypes son el sector empresarial más afectado por las extorsiones, que son ejecutadas por delincuentes locales y extranjeros. Entre las modalidades de extorsión tenemos: cobro de cupos, chalequeo, cobro de cuotas, secuestro de vehículos y extorsión telefónica. El cobro de cupos es la modalidad más empleada y consiste en la entrega de dinero por seguridad o protección, especialmente en construcción civil. En caso de no realizarse este pago, las bandas criminales amenazan a los empresarios y atentan contra el negocio y los trabajadores.

¿En qué deben enfocarse las empresas para combatir la inseguridad?

Debemos considerar que el monto destinado para combatir la inseguridad ciudadana es del 6,1% del presupuesto del sector público (2023). Y debido a la falta de recursos y material logístico por parte de las autoridades públicas, las empresas han asumido el liderazgo de invertir sus recursos en seguridad ciudadana, enfocándose en identificar riesgos y tomar medidas orientadas a reducir la incidencia de delitos.

Una forma de saber cuán expuesta está una empresa es a través de una matriz de riesgos. Esta tiene por objetivo definir medidas de prevención y mitigación de los riesgos identificados, y debe ser actualizada constantemente. Por ejemplo, las empresas se están enfocando en ciberseguridad y seguridad electrónica. Pero también es necesario centrarse en capacitación del personal para prevenir que sean víctimas de delitos, pues no todas las organizaciones son conscientes de lo expuestas que están a la ingeniería social.

¿Cuál es la visión y misión de la CCL en seguridad empresarial?

La visión de la CCL es ser un gremio líder y un referente de la opinión empresarial. Por lo tanto, siendo la inseguridad un problema grave que afecta el desarrollo productivo y económico, estamos comprometidos en la lucha contra el crimen y la delincuencia.

Asimismo, la CCL, al congregar a más de 10.000 asociados, tiene la visión de convertirse en interlocutor clave entre el Estado y los empresarios en temas de seguridad ciudadana, para transmitir las necesidades del sector privado.

Por esta razón, la CCL tiene la misión de brindar todo el apoyo y soporte posibles en la prevención y respuesta a incidentes de seguridad hacia sus asociados y empresas en general, impulsando la cooperación entre empresas en la lucha contra el crimen organizado y el delito.

¿Qué acciones realiza y qué propuestas plantea la Comisión de Seguridad de la CCL para reducir la inseguridad?

La cooperación institucional y el trabajo conjunto son esenciales en la lucha contra la delincuencia. Por ello, la Comisión organiza y asiste a reuniones con entidades del Estado con la finalidad de brindar opinión, observaciones y propuestas en materia de seguridad ciudadana desde la perspectiva del sector privado.

Asimismo, colabora en la identificación de problemas y modalidades de delitos que más se manifiestan y afectan a los empresarios, con el objetivo de que el Ministerio del Interior y la PNP formulen políticas que respondan a estas problemáticas.

Además, la CCL con apoyo de la Comisión viene desarrollando el estudio “Inseguridad ciudadana y delitos patrimoniales en el Perú”, para analizar la situación actual,  con el objetivo de enfrentar  de manera efectiva el delito patrimonial.

Con ello, se busca formular una agenda de trabajo de la CCL para ejercer acciones estratégicas y hacer frente a los delitos patrimoniales desde el empresariado.

La Comisión también ha venido trabajando en la elaboración de un Informe sobre Seguridad Ciudadana para identificar los principales problemas de inseguridad en el Perú y formular propuestas al Estado.

Además, realiza acciones orientadas a la prevención del delito y la violencia mediante el Patronato Barrio Seguro, bajo la presidencia de Gladys Andrich, una de sus integrantes. El objetivo es contribuir, a través de becas de educación superior, al crecimiento sostenido de jóvenes que viven en zonas vulnerables denominadas “Barrios Seguros”.

¿La declaratoria del levantamiento del estado de emergencia tendrá un impacto importante en el sector turismo?

Si bien es un avance, estimamos una recuperación cíclica en relación a la llegada de turistas internacionales a nuestro país. No obstante, la evolución de la COVID-19 en la salud pública mantiene todavía en incertidumbre nuevos desafíos en el sector turismo que pueden afectar su sostenibilidad y resiliencia en el tiempo.

De manera inmediata, es necesario la adopción de medidas fiscales y monetarias urgentes que salvaguarden el empleo y mecanismos de supervivencia para las empresas del sector turismo.

¿Cuántos turistas extranjeros recibiría el Perú al cierre del 2022?

Se tiene la expectativa de llegar al millón y medio de turistas extranjeros. Ello significa que aún no llegaremos a niveles prepandemia. El principal factor que frena alcanzar los cuatro millones de turistas del exterior es la inseguridad, pues no solo afecta al turismo receptivo, sino al crecimiento del propio sector, así como de otros sectores económicos.

Por esa razón, los inversores y empresarios tienen temor a eventos imprevistos contra la integridad física del visitante. Otros factores son la inestabilidad política, las paralizaciones al interior del país, así como el cierre de aeropuertos por mantenimiento, la falta de tickets de ingreso a Machu Picchu y la informalidad, entre otros.

En relación al turismo interno, ¿Cuántos viajes se desarrollarían en este año?

Según PromPerú, en 2021 se realizaron 14,6 millones de viajes. Para este año se estima que los viajes al interior del país lleguen a los 24 millones. Ello generaría un movimiento económico interno de aproximadamente US$ 2.500 millones, monto que superaría los niveles prepandemia.

¿Qué destinos del país deberían impulsarse para dinamizar el turismo interno?

Tenemos en lista un importante número de destinos. Entre ellos el norte chico, que es muy apreciado. Un ejemplo de ello es Caral, reconocida como la ciudad más antigua de América y que cada año va registrando más visitantes. Así también tenemos distintas playas de la costa peruana brindan opciones para el turismo arqueológico, de naturaleza y de entretenimiento.

Si bien las playas de norte del país como Máncora y Zorritos son balnearios concurridos; también en la selva central se desarrollan múltiples actividades como turismo de naturaleza y visita a comunidades. Además, en cada destino es importante resaltar el tema de turismo gastronómico pues ahora el visitante es lo que más busca y disfruta.

¿Y para 2023 se mantendrá esta tendencia?

Así es. El turismo de naturaleza, como lo mencioné anteriormente, está ganando terreno. En esta actividad los visitantes buscan un contacto directo con la naturaleza (cerca de playas, ríos, o lagunas) que se complementan con actividades de aventura.

En Perú, se ha visto un incremento de la demanda por visitar las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Destinos como Piura y Tumbes muestran una ocupación hotelera casi normalizada y en algunos momentos, por encima de valores prepandemia. Paracas e Ica muestran también números casi estabilizados.

Respecto a su aporte económico, ¿el sector turismo podría llegar al 3,9% del PBI como en 2019?

Según estimaciones de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para 2022 se espera que el sector llegue a 2,5 % de PBI. Vemos que aún estamos lejos del 3,9% del crecimiento que se llegó en 2019.

Por tanto, para alcanzar a esos niveles se necesita concretar alianzas estratégicas con hoteles y restaurantes viendo la manera de impulsar promociones para que en temporadas bajas se puedan visitar a precio especiales.

Es vital la promoción de los destinos, con mayor presencia de publicidad en distintos medios de comunicación para que la población se anime a viajar por todo el territorio nacional. De igual manera impulsar la estrategia “El Perú primero” para la reactivación del turismo para así generar un impacto significativo.

¿Cuánto esperan gastar los peruanos en viajes al interior del país para las próximas celebraciones de fin de año?

Los peruanos gastarían un promedio de S/ 1.000 por persona en viajes nacionales. Estos gastos están destinados al transporte, alojamiento, ingreso a lugares a visitar y alimentación. Entre los destinos más solicitados a nivel nacional serán Paracas, Piura, Tumbes y Cusco y a nivel internacional están Cancún (México), Santa Martha, Cartagena y Medellín (Colombia) y Punta Cana (República Dominicana).

Por último, ¿Cuáles son sus expectativas para el sector el próximo año en un entorno de inestabilidad política?  

A la fecha aún no llegamos al 40% de recuperación de la demanda del turismo receptivo, en tanto, el turismo nacional está casi normalizado. Sin embargo, para ambos casos aún no superarán los niveles prepandemia en este año. Estimo que la recuperación del turismo interno se dará en 2023 y la del turismo receptivo no antes de 2025.

Además, el factor de inestabilidad política y la mala imagen exterior que se proyecta, sumados a los ya señalados, no contribuyen a una reactivación más rápida. Si no se logra reestablecer la paz interior e implementar campañas específicas de promoción, no creo que se vean resultados concretos en el corto plazo.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) demandó al presidente Pedro Castillo enfrentar con firmeza la crisis de inseguridad que azota al país, lo cual pasa por designar hoy mismo un ministro del Interior con autoridad, liderazgo y conocimiento del sector, así como al nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), pues es urgente proteger la vida de millones de ciudadanos y empresarios que están a merced de la delincuencia.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Teniente General (r) PNP Vicente Romero Fernández, advirtió que no se está tomando debida atención al hecho que el incremento de la incidencia delictiva en Lima, Callao y otras ciudades del país, “atenta contra la vida, la integridad y propiedad de personas y empresas, lo que dificulta el normal desarrollo de sus actividades”.

“Es muy grave lo que está ocurriendo. No ayuda en nada declarar en emergencia Lima y Callao sin un plan concreto de cómo las Fuerzas Armadas van a apoyar a la Policía Nacional. No conocemos si existe un planeamiento, metas ni protocolos y procedimientos de cómo se dará esta labor conjunta”, anotó Romero Fernández.

Añadió que hay formas de planificar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, de modo que su presencia sea favorable en el combate al crimen y se evite posibles excesos.

Consideró que quien sea designado como nuevo ministro del Interior debe ser una persona que conozca la realidad del país y de preferencia que conozca también el sector, pues no hay que olvidar que la Policía Nacional no solo es quien lucha contra la inseguridad ciudadana, sino también la que articula acciones con las autoridades de otros sectores, gobiernos regionales y municipales en esta tarea.

Romero Fernández cuestionó que no se haya designado hasta el momento a los generales de la PNP en sus nuevos cargos para el 2022, una tarea que siempre se hacía a fines de cada año, de modo que estos oficiales asumían sus funciones desde el 1 de enero.

“Asimismo, hay que considerar que hasta el momento han fallecido 782 policías, como consecuencia de la COVID-19 y hay una cantidad aún contagiada que no ha sido tomada en cuenta por el Estado”, subrayó.