• Inseguridad ciudadana en el Perú: cifras impactantes y soluciones urgentes

    La delincuencia continúa aumentando en el país. Descubre las estadísticas más recientes de este flagelo y los recursos con los que las autoridades están enfrentando este desafío creciente.

    18 de Febrero del 2024
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    Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima

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    La seguridad ciudadana no solo es vital para el bienestar de la población, sino también para fomentar la inversión extranjera y local en el país. También promueve el turismo, ya que, para los viajeros, además del atractivo del lugar, la seguridad es importante considerando que puede marcar la diferencia entre visitar o no un destino. Por otro lado, la inseguridad puede afectar negativamente la productividad y la eficiencia económica, generando sobrecostos para las empresas que deben enfrentar, por ejemplo, el crimen organizado.

    Inseguridad según la ciudadanía

    Según los datos más recientes de la sección “Seguridad Ciudadana” de la “Encuesta Nacional de Programas Presupuestales”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo mayo-octubre 2023, en el área urbana del país, aproximadamente el 27,8 % de la población, de 15 años en adelante, es decir casi tres de cada 10 peruanos, fue víctima de un delito en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento por segundo año consecutivo. Las regiones con los valores más altos de victimización son Tacna (36,1 %), Puno (35,3 %) y Lima Metropolitana (33,7 %).

    Los tipos de delitos más comunes incluyen, por cada 100 habitantes, robo de dinero (12); intento de robo de dinero, cartera, celular (5,8); estafa (6,1); robo de vehículo (2); intento de robo de vehículo (1,3); amenazas e intimidaciones (2,1); maltrato y ofensa sexual (2,4); y robo de negocio (0,9). Este último delito está asociado a la “victimización de empresas”, lo que, según la última estimación disponible, en el año 2014 alcanzó al 28,9 % de las compañías del país.

    Lamentablemente, solo el 14,3 % de la población que fue víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia. Entre los principales motivos figuran que el 40,1 % de las víctimas considera que “es una pérdida de tiempo”, el 21,6 % porque “desconoce al delincuente” y el 10,1 % porque “desconfía de la policía”, entre otros motivos.

    Ante esta realidad, el 50,8 % de la población declaró contar con vigilancia en su zona o barrio, lo que representa un aumento por segundo año consecutivo.

    Otra consecuencia del incremento de los hechos delictivos es que la percepción de inseguridad de la población en los últimos doce meses alcanzó el 83,4 %. Las regiones con mayor percepción de inseguridad son Ucayali (93,4 %), Tacna (92,3 %) y Cusco (91 %).

    Inseguridad según denuncias

    En cuanto a las denuncias por delitos, el Ministerio del Interior (Mininter) reportó 401 994 entre enero y setiembre de 2023, con un probable aumento a más de 500 000, considerando las denuncias realizadas en el último trimestre del año pasado. Casi el 70 % de estas denuncias corresponden a delitos contra el patrimonio (hurto, robo, extorsión, delitos informáticos, etc.); seguido por delitos contra la seguridad pública (tráfico ilícito de drogas, etc.), con 12 %; contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidios, etc.), con 8 %; y contra la libertad (violación de domicilio, etc.), con 7 %.

    De otro lado, el Mininter reveló que las denuncias por vehículos robados sumaron las 21 724 (de los cuales, solo 11 341 fueron recuperados), mientras que las denuncias de accidentes de tránsito fueron 65 551 y las de trata de personas, 261.

    Ciberdelincuencia

    La ciberdelincuencia, que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para cometer delitos como estafas, suplantación de identidad y fraudes, entre otros, ha aumentado significativamente, siendo considerada por el Foro Económico Mundial como el cuarto riesgo global más importante para el bienio 2024-2025.

    En el país, las denuncias aumentaron de manera alarmante, pasando de 3 031 a 21 454 en el quinquenio 2018-2022, es decir, en cinco años se multiplicaron siete veces. Para 2023 se estima que se habría superado las 22 000 denuncias.

     

     

    Presupuesto contra la inseguridad

    Desde el año 2010 se viene asignando presupuesto público para la “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” (Programa Presupuestal 0030). Para 2024 se asignó 2,2 % más que 2023 alcanzando los S/ 5 128 millones, equivalente al 0,5 % del PBI. El 76 % de este presupuesto se destina al patrullaje por sector, de los cuales S/ 2 696 millones corresponden al patrullaje policial, S/ 1 200 millones al patrullaje de serenazgo y S/8,7 millones al mantenimiento de los vehículos.

    Asimismo, el 15 % del presupuesto está destinado a las operaciones policiales para reducir delitos y faltas, de los cuales S/ 750 000 000 corresponden a operaciones policiales de las unidades especializadas, S/ 6 000 000 de las comisarías, y S/ 5 000 000 para el mantenimiento de vehículos.

    De otro lado, para organizar a la comunidad a favor de la seguridad ciudadana se destinan S/ 91 000 000 (principalmente acciones preventivas), mientras que para el acondicionamiento básico de las comisarías corresponden S/ 40 000 000 (sistemas, infraestructura, mobiliario y equipamiento).

    Además, S/ 219 000 000 (4 % del presupuesto) son destinados a proyectos de inversión, entre los que destacan el “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito y provincia de Arequipa”, por S/ 15 000 000 y la “Creación del servicio policial de la comisaría de la PNP de la región policial Lambayeque”.

    En relación con el presupuesto asignado a las comisarías, cabe recordar que, según el último censo (2017), eran 1 495 establecimientos, de los cuales el 35,3 % no contaba con servicios básicos adecuados (agua, desagüe y electricidad permanente), el 7,6 % no disponía de ningún tipo de equipo de comunicación y el 35,8 % no tenía conexión propia y adecuada a internet.

    Es importante mencionar que la ejecución del presupuesto no recae únicamente en el Mininter, que recibe el 73 % del mismo, sino también en los gobiernos locales, a los que se les asignó el 27 %; y, en menor medida, a los gobiernos regionales, que reciben el 0,2 %.

    Entre las acciones que ejecutan los gobiernos locales figura el servicio de serenazgo. Cabe señalar que, según el Registro Nacional de Municipalidades 2023 (Renamu), de las 1 891 que existen en el país, 676 no cuentan con ningún efectivo de serenazgo. De otro lado, entre los distritos con más efectivos por cada mil habitantes están Santa María del Mar (58) y San Isidro (15). Entre los que cuentan con menos efectivos figuran La Victoria (1,5), San Juan de Lurigancho (0,6), San Martín de Porres (0,6).

    Migración e inseguridad

    En lo que se refiere a la infraestructura penitenciaria, hay 68 cárceles con capacidad para albergar a 41 019 internos. Sin embargo, la población recluida duplica dicha capacidad, pues hay 94 930 internos, entre procesados y sentenciados. Con estas cifras se tiene una tasa de sobrepoblación del 130 %.

    De otro lado, lamentablemente, en el periodo 2017-2023, la población penitenciaria de procedencia extranjera casi se triplicó pasando de 1 624 a 4 559 reclusos, de los cuales 3 220 son venezolanos y 704, colombianos. La gran parte de ellos (43 %) se encuentran detenidos por delitos patrimoniales relacionados con el robo y hurto. Con esta cifra la población reclusa extranjera representa actualmente el 5 % de la población penitenciaria.

     

     

    Definitivamente, esta situación nos lleva a reformular los estándares para construir y ampliar cárceles acordes con la realidad y los índices delictivos. En ese sentido, países como El Salvador han demostrado que una amplia y moderna infraestructura eleva el control desde las cárceles e impide que se imparta el terror y la violencia con mafias y pandillas que operan desde el interior de las cárceles.

    Recomendaciones

    Finalmente, en cuanto a las recomendaciones para mejorar la seguridad ciudadana, se sugiere amplificar las políticas preventivas en zonas con mayor prevalencia delictiva, mejorar la coordinación entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP), impulsar los planes distritales de seguridad ciudadana, y mejorar la producción de datos que conecten las videocámaras con las centrales policiales.

     

     

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