• Inseguridad Ciudadana: ¿cuánto le cuesta a las empresas?

    El crimen organizado continúa en ascenso, causando efectos nocivos en el desempeño empresarial y económico del país. Ante esta problemática, las compañías se han visto obligadas a asumir costos adicionales para invertir en seguridad y poner a salvo sus negocios.

    9 de Octubre del 2023
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    Por Igor Ybáñez

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    A raíz de la expansión del crimen organizado en nuestro país, los empresarios y emprendedores se han visto obligados a asumir altos costos para implementar sistemas y contratar personal de vigilancia a fin de salvaguardar sus negocios. Sin embargo, estos gastos adicionales generan la caída de la rentabilidad de sus empresas; además, les resta productividad y competitividad.

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    Ante este contexto, Santiago Barranzuela, gerente de seguridad del Grupo EULEN Perú, reveló que, en el 2022 versus el 2019, las pequeñas y medianas empresas (pymes) incrementaron en un 25 % sus presupuestos para contratar servicios de seguridad; mientras que las grandes compañías invirtieron un 35% más.

    “Hasta antes de la pandemia, las empresas grandes eran las más usuales en requerir más servicios en seguridad. Sin embargo, ahora las pymes contratan servicios más desarrollados y más robustos en seguridad electrónica. En este sector (pymes), la oferta se ha incrementado debido a que los emprendedores se ven más amenazados por la delincuencia”, comentó el ejecutivo.

    Para proteger su patrimonio frente a la ola criminal, el representante de Grupo EULEN Perú señaló que los servicios de seguridad que más demandan las empresas son soluciones de plataformas electrónicas, tales como sistemas de circuitos cerrados de televisión, cámaras de monitoreo, sistemas de controles de acceso biométrico, chapas inteligentes, barras detectoras de metales y alarmas.

    Además, debido a la declaratoria de emergencia en algunos distritos de Lima Metropolitana, Barranzuela sostuvo que su compañía ha recibido más requerimientos de pequeñas y medianas empresas como farmacias, bodegas, panaderías, entre otras, para contratar agentes de vigilancia, así como reforzar sus sistemas de seguridad electrónica.

    En cuanto al gasto promedio anual que realizan las empresas por servicios de seguridad, el especialista indicó que una pequeña empresa invierte en promedio entre S/ 5 mil a S/ 8 mil en equipos básicos; mientras que una mediana empresa invierte alrededor de S/ 25 mil en equipos y sistemas. En tanto, una gran empresa invierte por encima de los S/ 60 mil. “El costo también depende de la complejidad y valoración del cliente en sistemas de seguridad”, añadió.

    Impacto en el PBI

    Recientemente, durante su exposición en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República (03.10.2023), el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, estimó que los costos para enfrentar la inseguridad ciudadana en el Perú representan más de un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI), en materia de presupuestos y mejora de infraestructura.

    “La delincuencia no solo afecta el bienestar de los ciudadanos, sino también impacta de forma negativa en el proceso de recuperación económica, pues genera sobrecostos empresariales y afecta el emprendimiento peruano”, afirmó el titular del MEF.

    En tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, durante su participación en el V Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y realizado el último 28 de septiembre, reveló que el costo de la inseguridad en nuestro país representa, aproximadamente, el 3 % del PBI, lo que equivale a S/ 27,000 millones anuales.

    También sostuvo que el nivel de informalidad laboral, que alcanza al 75 % de los trabajadores, genera condiciones de inseguridad y desprotección entre emprendedores y empresarios, quienes terminan siendo vulnerables a la extorsión en sus distintas modalidades.

    “La delincuencia y el crimen organizado afectan a las empresas restándoles activos, mercancías y efectivo, pueden generar pérdidas con desenlaces hasta de quiebre o cierre de los negocios, por ello nuestra lucha contra esos flagelos es prioritaria”, enfatizó Romero.

    Extorsiones y sicariato

    Año tras año la inseguridad ciudadana y empresarial en el Perú ha alcanzado un acelerado crecimiento a causa de las mayores incidencias relacionadas con el sicariato y las extorsiones. Estos problemas sociales se han agudizado cada vez más con la aparición de bandas criminales extranjeras que operan en las calles con mayor ferocidad y violencia.

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    Según el coronel Jorge Luis Carpio, jefe de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), las regiones de Lima, La Libertad y Piura concentran el 71 % de la incidencia de la extorsión en el territorio nacional. También reveló que la institución policial recibe por día entre 30 y 40 denuncias por este delito que afecta sobre todo a los empresarios y emprendedores.

    Una modalidad de delito que ha cobrado mayores víctimas durante el año pasado ha sido el crimen organizado y el sicariato. Según el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, el sicariato en el Perú ha aumentado en más de 50 % en el 2023 respecto al 2022, siendo la migración extranjera irregular un elemento causal relevante.

    En ese sentido, la autoridad policial precisó que el incremento de las extorsiones en nuestro país responde al aumento de la migración masiva de bandas criminales al Perú, especialmente de Venezuela y Colombia, tales como el “Tren de Aragua”, “Los gallegos”, entre otros, que son responsables del cobro de cupos y la trata de personas.

    Migración irregular

    En cuanto a la migración irregular y su impacto en la inseguridad ciudadana, el coronel, Olger Benavides Ponce de León, gerente general del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP, indicó que la migración es un fenómeno social que se ha agudizado en el Perú, debido a que los ciudadanos de otros países buscan mejores trabajos y condiciones de vida. Sin embargo, en dicho desplazamiento de extranjeros han llegado también delincuentes que han creado una escuela criminal que ataca con mayor crudeza.

    Asimismo, la autoridad policial indicó que, de la población de internos en los centros penitenciarios del país, el 5 % son de nacionalidad extranjera. “Eso nos hace pensar que el 95 % de reos son nacionales, pero la crudeza de los delincuentes foráneos ha incrementado la percepción de inseguridad ciudadana”, agregó.

    “Hoy tenemos un gran problema con los migrantes que han ingresado al país por lugares no permitidos, utilizando documentación con información falsa. Sabemos que la migración es un derecho fundamental de las personas, pero hay gente inescrupulosa que entra por nuestras fronteras burlando las zonas de control. Incluso, se ha detectado que hay tráfico ilícito de migrantes entre alianzas de grupos criminales”, comentó Benavides.

    A su turno, Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, sostuvo que la minería ilegal, sobre todo en la región de Madre de Dios, produce el tráfico de insumos químicos, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Este último ha aumentado durante los últimos por la diáspora de la población venezolana.

    “Los ciudadanos de nacionalidad venezolana que llegan al Perú se convierten en población vulnerable a las mafias. En el caso de las mujeres, muchas de ellas son víctimas de explotación sexual; mientras que otros son tentados a ser parte de bandas de tráfico de terrenos, tráfico de droga y tráfico de armas. Ante ello, debemos tener una política criminal seria basada en cuatro ejes: la prevención, la protección, la interdicción y la rehabilitación”, expresó el fiscal superior.

    Medidas preventivas

    Respecto a la prevención frente a la inseguridad ciudadana en el país, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, hizo hincapié en la importancia de diseñar programas sociales que respondan a las principales necesidades de la población, así como contar con un sistema penitenciario efectivo cuya finalidad sea la resocialización del individuo.

    “El problema de seguridad en nuestro país no solo es un tema de más patrulleros, más policías, de sacar militares a la calle o la construcción de más cárceles, sino que es un problema integral que tiene que ver con las brechas económicas y sociales, pues hay personas  que no tienen acceso a oportunidades de estudio o trabajo, o viven en un entorno violento”, dijo la abogada.

    Con referencia al programa de cárceles productivas, Pérez Tello precisó que está funcionando muy bien, por lo cual propuso que junto a la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se puedan concretar acciones para entender la problemática integral de la inseguridad y se ejecute un trabajo para la generación de empleo y mayores oportunidades de estudio para los jóvenes.

    Además, señaló que sin seguridad no hay inversión en el país. “Un país atractivo para las inversiones se debe trabajar en una política pública a fin de mejorar la seguridad ciudadana y, junto a ello, una política de resocialización en los centros penitenciarios”, remarcó la exministra de Justicia.

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    Por su parte, Nicolás Zevallos, consultor y experto en seguridad pública y criminología, comentó que cuando se invierte en prevención se evita daños en la sociedad, por eso a través del deporte se viene desarrollando programas con jóvenes y adolescentes para que participen en competencias sanas y donde se impulse los valores.

    Propuestas del gremio

    En relación con los aportes de la CCL para enfrentar los retos y oportunidades para una sociedad segura, el segundo vicepresidente del gremio empresarial, Hernán Lanzara, precisó que en el estudio ‘La inseguridad y los delitos patrimoniales en el Perú’, se planteó el objetivo de formular propuestas y acciones concretas que puedan realizarse desde los sectores público y privado, con el fin de poder reducir el impacto del delito patrimonial, mejorando la calidad de vida de todos los peruanos.

    “En este contexto, la CCL apuesta institucionalmente por ser un actor propositivo, entendiendo la seguridad ciudadana como uno de los asuntos de política en los que puede sumarse como aliado clave”, enfatizó Lanzara.

    En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, refirió que el tema de seguridad es un proceso integral y participativo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad. Es por ello que instó a los ciudadanos a tener una real participación en el tema de prevención y denuncia de la inseguridad y criminalidad.

    “Nos toca actuar dentro del espacio donde nos encontremos. No debemos ser ajenos a esta situación. Nos hemos acostumbrado solo a reclamar, pero no vemos cuál es nuestra real participación contra la criminalidad y su mitigación”, remarcó Conetta.

    A su turno, el miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Luis D’ Angelo, consideró urgente establecer medidas para frenar el actuar de las organizaciones criminales que azota a los empresarios y emprendedores de distintas regiones del país.

    Finalmente, Gladys Andrich, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, sostuvo que la educación es clave para hacer frente a la inseguridad ciudadana, así como apoyar a los adolescentes y jóvenes para que tengan la oportunidad de ser profesionales y usen sus talentos y capacidades, a fin de generar un cambio social en la comunidad.

     

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