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Recaudación se fortalece por recuperación económica

En un contexto de pandemia, donde las necesidades de gastos público superan los exiguos ingresos recaudados, las economías vienen evaluando reformas tributarias con el objetivo de obtener mayores ingresos.

 

En Estados Unidos, por ejemplo, se propone incrementar las tasas impositivas de los hogares con ingresos más altos y de quienes ganen más de US$1 millón al año por concepto de ganancias de capital y transacciones bursátiles.

 

Por su parte, en Colombia se intentó aprobar la Ley de Solidaridad Sostenible, incluyendo –entre otras medidas– un gravamen al Impuesto al Valor Agregado, lo que desencadenó protestas sociales.

 

Asimismo, por iniciativa del Grupo de los Siete (G7) se impondrá –entre otras medidas– un impuesto global mínimo del 15% a las multinacionales con el fin de evitar que desvíen sus fondos a paraísos fiscales. Dicha propuesta fue ratificada y aceptada por la mayoría de países a nivel mundial.

 

El Perú no es ajeno a esta realidad y, si bien los ingresos se vienen recuperando al primer semestre de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bosqueja nuevas fuentes de recaudación a ser aplicadas a partir de 2022.

 

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Por tipo de impuesto

 

La recaudación por impuestos en el primer semestre del año ha tenido un comportamiento favorable, recuperándose no solo respecto al 2020, sino superando los montos registrados en 2019. En total ascendió a S/ 67.800 millones, significando un incremento de 42,8% y 13,8% con respecto a similar periodo del 2020 y 2019, respectivamente.

 

Las categorías que más incidieron en esta importante recuperación fueron el IGV interno, el IGV a las importaciones, las Regularizaciones del IR en el marco de la reactivación económica y el término de las medidas de aplazamiento tributario aplicadas en 2020.

 

Así, la recaudación por IR sumó S/ 29.000 millones, un incremento del 31,5% y 14,9% respecto al primer semestre del 2020 y 2019, respectivamente. Estos avances favorables se explican por la Campaña de Regularización del Impuesto a la Renta 2020.

 

En ese sentido, el IR a Personas Jurídicas y Personas Naturales se incrementó en 16,6% (2,2% y 14,2%, respectivamente con respecto al 2019), mientras que Regularizaciones aumentaron en 115,8% respecto a 2020 y 31,8% respecto a 2019.

 

De otro lado, los ingresos por IGV sumaron S/ 36.100 millones, cifra mayor en 42,3% y 15,5% respecto al primer semestre del 2020 y 2019, respectivamente. Tanto el IGV Interno y como el IGV a las Importaciones se incrementaron en 38,2% y 48,2% respectivamente el comparación a similar periodo del 2020.

 

Del mismo modo, el IGV Interno creció 9,2% con respecto al 2019, mientras que el IGV a las Importaciones hizo lo propio en 25%. Cabe señalar que el aumento significativo de este último habría presionado a la depreciación de la moneda nacional en el primer semestre.

 

Por su parte, el ISC alcanzó S/ 4.300 millones, un crecimiento de 34,7% con respecto al primer semestre del 2020 (6,2% con respecto al primer semestre del 2019).

 

Este crecimiento tiene sustento con los aumentos respectivos de recaudación de ISC a Combustibles en 30,8% y a Otros productos en 37,6% respecto al 2020.

 

Finalmente, los denominados Otros ingresos tributarios captaron S/ 5.592 millones, incrementándose en 70,8% (S/ 5.600 millones) respecto al primer semestre 2020 y 7,1% respecto al 2019.

 

 

Según sectores

 

El crecimiento del PBI de 19,7% en los cinco primeros meses del año ha influido positivamente en la recaudación, pues a medida que los sectores económicos se recuperan también lo hacen los impuestos recaudados por la Sunat.

 

Así lo demuestran los resultados al primer semestre que registran una mayor recaudación en los siete sectores económicos.

 

Comparados con el primer semestre 2020, los mayores avances provienen de los sectores extractivos de minería e hidrocarburos y pesca, los que registraron aumentos de 144% y 211%, recaudando S/ 812 y S/ 1.564 millones, respectivamente.

 

Le siguen comercio (S/ 9.649 millones) y construcción (S/ 3.661 millones). Ambas elevaron su recaudación en torno al 57%. Continúa manufactura con 47%, es decir, S/ 9.071 millones al cierre de junio. Por su parte, el sector agropecuario registró un crecimiento de 41%.

 

De otro lado, actividades más golpeadas como otros servicios emprendieron una modesta recuperación de 7%, representando la tasa más baja pese a ser el sector que mayor recaudación de impuestos internos genera al fisco, S/ 24.482 millones para el presente semestre.

 

Sin embargo, pese al lento despegue, las actividades formales de otros servicios dan señales de recuperación. Entre estas se encuentran el subsector de transporte, con un incremento de 22% en su recaudación durante el primer semestre. Le siguen los subsectores generación de energía eléctrica, con 13%; y telecomunicaciones, con 28%.

 

Todos los subsectores son nombrados según su importancia en el peso de la recaudación y su tasa de crecimiento obtenida en el primer semestre 2021-2020. En el caso de manufactura, el incremento vendría de los subsectores alimentos y bebidas (39%), productos químicos (52%) y refinación de petróleo (26%).

 

Por otro lado, es importante destacar que, en junio de 2021, la cifra de contribuyentes llegó a los 10,7 millones de inscritos, lo que desde la óptica de la crisis significa, 1,2 millones más respecto a junio de 2019.

 

Asimismo, según tipo de contribuyente, el 72% son personas naturales sin empresa, el 20% son personas naturales con empresa unipersonal, el 3% sociedad anónima y el 4% restante a otros.

 

 

Perspectiva postpandemia

 

Considerando que una las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el fin de la pandemia es que esta concluiría a mediados de 2022, es importante que el Gobierno vislumbre el escenario de las fuentes de recaudación.

 

Para el MEF, los ingresos del Gobierno general ascenderían al 20,3% del PBI en 2022, al 20,5% en 2023 y al 20,7% en 2024, asumiendo la normalización del crecimiento económico y de los precios de exportación, así como mayores pagos a cuenta y regularización del IR de megaproyectos mineros.

 

De igual manera, la entidad plantea que aún hay espacio para incrementar la recaudación fiscal a partir de:

(i) optimización de regímenes tributarios empresariales,

(ii) incremento de la progresividad del IR de personas naturales,

(iii) mejorar el sistema de detracciones del IGV y la regulación a servicios digitales,

(iv) perfeccionar el ISC de los productos que generan externalidades negativas,

(v) fortalecimiento del impuesto predial, y

(vi) continuar con la racionalización de los beneficios tributarios. Todo este paquete de medidas representaría el 1,2% del PBI.

 

Es importante también poner en perspectiva las revisiones del régimen tributario minero propuesto por el equipo técnico del nuevo Gobierno.

 

A juzgar por la historia reciente, desde 2011, cuando inició la aplicación del Impuesto Especial a la Minería, las Regalías Mineras de la Ley 29788 y el Gravamen Especial a la Minería se añadió a los ingresos fiscales alrededor de 0,2% del PBI, cifra que significó alrededor de S/ 1.323 millones adicionales cada año.

 

No obstante, es importante que las autoridades tengan muy en cuenta que los próximos cambios no afecten los incentivos a nuevas inversiones en el sector; y que también consideren que la mejor forma de aumentar las arcas fiscales, sin hacer que los que ya tributan tributen más, pasa por reducir la informalidad para aumentar la base tributaria y promover el pago de deudas tributarias a través de la condonación de moras.

 

Sobre este último punto, según un estudio de Macroconsult, la deuda tributaria total en disputa supera los S/ 118.000 millones. El 76% de dicha cifra corresponde a intereses. Del monto total, habría oportunidad de cobrar unos S/12.000 millones de forma rápida vía una ley de sinceramiento de deudas.

 

Otro punto muy importante que deben tener en cuenta las autoridades para aumentar el nivel de la recaudación es combatir la evasión fiscal.

 

Según el MEF, en el 2019, la evasión tributaria representó el 34% de la recaudación potencial por IGV y el 50% en el caso del impuesto a la renta. Ello se logra aumentando la fiscalización de Sunat, cruzando información financiera y elevando las sanciones.

 




El sector turismo necesita mayor impulso

En el 2020, el arribo de turistas internacionales cayó 74% a nivel mundial, según el estudio “COVID-19 and Tourism – an update”, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Además, señalan que la caída fue mucho mayor en países en desarrollo como Perú, donde alcanzó -79%.

 

De otro lado, calculan que por cada dólar de ventas del sector turismo se generan US$ 2,5 en el PBI real; por tanto, estiman que las pérdidas económicas mundiales en 2021 podrían oscilar entre US$ 1,7 billones y US$ 2,4 billones en comparación a los niveles prepandemia.

 

En ese contexto, en este informe el IEDEP cuantifica la importancia, evolución y avances del sector turismo con base en cifras de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

 

Además de caracterizar el perfil socioeconómico del trabajador del sector con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI.

 

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A nivel nacional

 

Desde 1995 hasta 2019 la entrada de turistas al país creció en 820% hasta alcanzar los 4,4 millones de personas, generando que el ingreso de divisas por este concepto crezca en 1.018% hasta sumar US$ 4.787 millones (SNM y BCRP, 2020).

 

En tanto, en el periodo 2011-2019 las ventas de la actividad económica turismo y hotelería crecieron anualmente 13,1% en promedio (Sunat, 2021). Por su parte, en el lapso de los años 2008-2019 el PBI de alojamiento y restaurantes creció 5,7% en promedio anual (INEI, 2021).

 

En el 2020, la crisis de la COVID-19 estuvo marcada por el aislamiento poblacional, restricción de aforos y cierre parcial de fronteras. En consecuencia, las ventas de turismo y hotelería se redujeron en 51,3%, mientras que el PBI de alojamiento cayó en 73,8% y el de restaurantes en 47%.

 

En restaurantes se identificaron fuertes caídas en sus componentes: grupo de restaurantes (-48,2%), otras actividades de servicio de comidas (-30,7%), actividades de servicio de bebidas (-55,3%) y suministro de comidas por encargo (-93,3%).

 

En el 2021, algunos indicadores muestran que la caída del sector se está desacelerando debido a la flexibilización de restricciones según el nivel de alerta en las provincias.

 

Así, en los cuatro primeros meses del año se registró que las ventas de turismo y hotelería variaron en -16%, a su vez el PBI de alojamiento en -76,8% y el de restaurantes en -1,3%.

 

En cuanto a restaurantes ya se identifican recuperaciones en ciertos componentes como otras actividades de servicio de comidas (+16,7%) y suministro de comidas por encargo (+92,8%), además de moderación en las caídas de grupo de restaurantes (-6,5%) y servicio de bebidas (-16,1%).

 

 

Perfil del trabajador del sector

 

En la ENAHO 2020 se seleccionaron aquellos trabajadores que formaban parte de las actividades económicas detalladas en el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a las Mype del Sector Turismo (FAE-Turismo) aprobado en agosto de 2020.

 

De esta forma se consideran dentro del sector turismo: establecimiento de hospedaje; agencias de viajes y turismo; guiado turístico; restaurantes; actividades de esparcimiento; organización de congresos, convenciones y eventos; transporte interprovincial terrestre de pasajeros; transporte turístico; producción de artesanía; y comercialización de artesanía.

 

En el 2020 la población ocupada en el sector se redujo en 27,4% hasta conformar 2,3 millones de personas. De acuerdo con su tipo de ocupación, el 62% de la población ocupada del sector son independientes, el 31,5% son dependientes y el 6,5% son trabajadores familiares no remunerados (quienes apoyan en emprendimientos del hogar sin recibir pago monetario alguno).

 

La participación de mujeres en la población ocupada del sector alcanza el 46,2%, los jóvenes de 14 a 45 años son del 66% y la de los informales llega hasta el 83,4%.

 

Los resultados hallados coinciden con lo señalado por la UNCTAD con respecto a que el sector tiene una particular importancia socioeconómica debido a que da empleo a muchas mujeres y personas jóvenes además de proveer sustento a trabajadores informales en países en desarrollo.

 

Las características educativas varían entre los trabajadores informales y formales: en el primer grupo solo el 23% alcanzó educación superior, mientras que en los formales el 54%. Esto se traduce en los ingresos de ambos tipos de trabajadores.

 

En el primer caso, el ingreso laboral promedio mensual asciende a S/875; en cambio los formales reciben S/1.772. En materia de salud, el 43,3% de los trabajadores del sector padecen de alguna enfermedad crónica.

 

 

A nivel regional

 

El único dato disponible sobre la actividad económica turística a nivel regional es el subsector alojamiento y restaurantes (INEI, 2021). Las regiones donde este subsector tuvo mayor aporte en el PBI 2020 fueron Lima (2,7%), Ucayali (2,3%), Cusco (2,2%), Madre de Dios (2,1%) y Loreto (2%).

 

Por el contrario, las regiones donde tuvo menor participación fueron Apurímac (0,5%), Huancavelica (0,5%), Tacna (0,7%), Ayacucho (0,7%) y Moquegua (0,7%). Cabe precisar que, debido a la contracción del subsector, su participación en la economía nacional se habría reducido de 3% en 2019 a 2% en 2020.

 

Sobre el empleo a nivel de regiones es posible construir cifras para el sector turismo con base en la Enaho y siguiendo las actividades detalladas en el FAE-Turismo. Al respecto, se observó que la participación del sector en la población ocupada nacional se redujo de 18,5% a 15,4% durante el 2020.

 

Las regiones donde el turismo genera más empleo respecto a su población ocupada fueron Tumbes (25,2%), Ucayali (20,8%), Lima (20,8%) e Ica (18,7%). Por el contrario, las regiones con una baja participación fueron Huancavelica (5,2%), Apurímac (6,6%), Amazonas (5,9%) y Pasco (8%).

 

 

Conclusiones

 

El sector turismo fue duramente golpeado a nivel mundial debido a las restricciones motivadas por la crisis de la COVID-19. Perú no fue la excepción, en el 2020 las ventas de turismo y hotelería fueron las de mayor caída (-51,3%) en comparación al resto de actividades.

 

Igualmente, el PBI de alojamiento y restaurantes fue el de mayor contracción (-50,5%) en comparación a los demás subsectores.

 

En 2021 ya se avizoran signos de recuperación en algunos rubros asociados a restaurantes. De otro lado, el sector tiene una importante participación del empleo nacional (con matices entre regiones), ocupando a mujeres y jóvenes, aunque en su mayoría informales con bajo nivel educativo.

 

En ese marco, el FAE-Turismo, según sus últimas modificaciones, disponía de un fondo de S/ 200 millones (podía ampliarse hasta S/ 600 millones) para financiar el capital de trabajo de las mypes con préstamos que iban de hasta S/ 90.000 con una cobertura del 98% y entre S/ 90.000 y S/ 750.000 con cobertura de 95%, y que podían ser pagados hasta en 60 meses con periodo de gracia de hasta 18 meses y una tasa de interés promedio superior al 10%.

 

Con base en la Enaho 2019 se estima que los recursos del fondo solo cubrirían un mes de la planilla de los dependientes (S/ 638,7 millones). Sin embargo, quedarían sin financiamiento los independientes formales (S/ 488,3 millones) y más aún los informales (S/ 2.478 millones).

 

Por tanto, urge continuar acompañando a las empresas y negocios del sector con financiamiento y flexibilizando restricciones en la medida que el proceso de vacunación avanza en el país y en el mundo.

 

 

 




Modelo de Sustitución de Importaciones ya fracasó en América Latina

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue la cuna del Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que empezó a formarse como propuesta de un modelo económico a partir de los años cincuenta. En esos años, América Latina era una región caracterizada por sus exportaciones primario-exportadoras (minería, agricultura y ganadería).

 

Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, sufre las consecuencias de la Gran Depresión de EE.UU. y, tras la Segunda Guerra Mundial, enfrenta una menor oferta de bienes industrializados proveniente de los países desarrollados y, además, un menor precio por la materia prima que América Latina (AL) producía y vendía a los primeros, fenómeno conocido como deterioro de los términos de intercambio.

 

Este no era un problema coyuntural, sino más bien estructural, que afectaba a los países en desarrollo frente a los países desarrollados.

 

Las desventajas en el comercio exterior afectarían la balanza de pagos y repercutirían en las finanzas públicas, obligando a los gobiernos a aplicar políticas contractivas de demanda, desincentivando la inversión y afectando así las posibilidades de crecimiento económico, convirtiéndose todo esto en un círculo vicioso para las economías de AL.

 

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Bajo estas condiciones, los Estados de AL plantean cambiar las estructuras económicas de sus países y modificar el patrón de crecimiento de una economía primario-exportadora a un modelo de ISI.

 

Proceso

 

Raúl Prebisch y la CEPAL, al plantear la ISI, buscaban disminuir los distintos bienes importados por productos elaborados en el país. Este proceso de industrialización se desarrollaría por etapas, empezando con bienes de consumo no duraderos, para luego saltar a las industrias de bienes duraderos y de capital.

 

Se empezaba con productos que ya tuvieran una demanda segura y sean más fáciles de producir en el país, y, posteriormente, se sustituirían los productos más complejos.

 

Llevar a la práctica este modelo de desarrollo desde adentro significaba tener una alta participación del Estado para la protección y fomento de las actividades productivas; una economía cerrada con altos aranceles para restringir las importaciones solo a las necesarias, mientras estas no podían ser reemplazadas; además de una alta disponibilidad de crédito.

 

Hay que tener presente que la vulnerabilidad externa como freno al crecimiento, e incluso como una de las causas de la inflación, exigía que las economías estén cerradas no solo al comercio, sino también a la movilidad de capitales.

 

 

Resultados en Latam

 

Este modelo de industrialización por etapas empezó a desnudar sus fallas a partir de los años setenta del siglo pasado. La información disponible en los organismos internacionales empieza en la década del ochenta para Latinoamérica.

 

Hay que tener presente que la fecha de inicio de la Sustitución de Importaciones (ISI) varía entre países, pero para los años ochenta se podía observar los resultados en la región a través de indicadores como el bienestar económico, medido por el PBI per cápita.

 

Asimismo, se observa que en 1981 el ingreso per cápita apenas llegaba a US$ 5.015 y un promedio para el primer quinquenio 1981-1985 de US$ 5.624, siguiendo la metodología de la paridad de poder de compra.

 

 

 

Por esos años algunos países ya implementaban otros modelos de desarrollo, mientras que los que persistían tenían una industria de baja competitividad protegidas por el Estado, incapaces de sustituir importaciones, generar exportaciones y divisas, y engendrando desequilibrios macroeconómicos que estallaron con el incremento de la tasa de interés internacional y la crisis de la deuda externa.

 

Otro indicador que muestra el impacto y las consecuencias de la Sustitución de Importaciones (ISI) sobre la economía es la inflación. Entre 1982 y 1990 la tasa de inflación de AL pasó de 81,7% a 357%. Hay que recorder que la causa de la inflación, según la interpretación de la ISI, provenía de la vulnerabilidad externa, dejando en un segundo plano a la emisión de dinero.

 

El descontrol en el manejo monetario, la necesidad de financiar actividades productivas, a través de la banca estatal, y de cubrir el déficit fiscal por el exceso de gasto público fueron determinantes para el aumento de la inflación en la región. Tal como fueron los resultados en AL, la economía peruana no se escapó de ellos.

 

 

 

El crecimiento económico mostró una tendencia decreciente empezando entre 1951-1960 con 5,5% promedio anual, para luego entre 1961- 1970 registrar 5,3%, y caer hasta 3,7% en el periodo 1971-1980 y a -1,0% de 1981-1990, llamada la década perdida.

 

En el caso de la inflación replicó el comportamiento de la región partiendo de niveles de 7,8% promedio anual entre 1951-1960 para luego incrementarse hasta 332,1% en la década 1981-1990.

 

El bajo bienestar económico y la elevada inflación, que es el peor impuesto que golpea a la población de menores recursos, llevó al cambio de modelo económico.

 

Apertura económica

 

La aplicación en AL del modelo propuesto por el Consenso de Washington contemplaba distintas reformas entre las que se puede citar, la disciplina fiscal y el reordenamiento de las prioridades del gasto público, la liberalización del comercio e inversión extranjera directa, tipo de cambio competitivo, privatizaciones, desregulación y derechos de propiedad.

 

 

 

Los resultados de mejora en AL, a raíz de la adopción del modelo de apertura económica, son fácilmente comprobables. Tomando como fecha de corte el año 2000, observamos que el PBI per cápita de AL llegó a US$ 9.167, lo que significó un incremento de 82,8% respecto a 1981. En cuanto al 2019, la mejora llegó a 223,1%.

 

Respecto a la estabilidad de precios, la inflación promedio fue de 6,1% bajando en 75,5 puntos porcentuales respecto a 1982. En el caso peruano, el cambio de modelo económico posibilitó incrementar el bienestar económico en 45,7% entre 1981 y 2000. Al 2020, la mejora en bienestar llegó a 280,6%.

 

De igual manera, se logró bajar sostenidamente la inflación hasta ubicarla en 2,4% y 2,9% en los periodos 2001-2010 y 2011-2019, respectivamente.

 

Frente al fracaso de la Sustitución de Importaciones (ISI), se ha buscado tomar como referencia otras experiencias como Corea y Taiwán, en donde la estrategia de desarrollo sí fue bien aplicada y el Estado intervino bien, ejemplos en donde no se habría incorporado el Consenso Washington.

 

Sin embargo, como señala J. Williamson sumando a Hong Kong, en estos países se encuentran patrones similares que pueden explicar su éxito económico, como el alto nivel de ahorro, tipos de cambio competitivos, prudencia fiscal y alto nivel de educación. Características que los alejan más de un modelo de ISI.




PBI debe crecer a altas tasas para masificar bienestar económico

El crecimiento del PBI per cápita expresado como el ratio entre el PBI de un país y el tamaño de su población, es condición necesaria para el desarrollo económico de un país.

 

Tal es así, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo incluye como uno de los tres componentes con los que elabora su Índice de Desarrollo Humano (IDH), sumando la esperanza de vida al nacer y la tasa de matrícula primaria, secundaria y terciaria.

 

Entre el 2010 y 2019 el país de la región con mayor avance en el IDH fue Perú, logrando pasar del puesto 92° al puesto 79°. Esto le ha permitido ser considerado como el país con mayor Desarrollo Económico Alto en la región, superando a Colombia (83°), Brasil (84°), Ecuador (86°), Paraguay (103°), Bolivia (107°) y Venezuela (113°).

 

Los países que lideran el IDH y clasifican como Desarrollo Económico Muy Alto se encuentran Chile (43°), Argentina (46°) y Uruguay (55°).

 

Inversión pública dormida supera los US$ 6.000 millones

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Por tanto, resulta impostergable retomar un extenso periodo de crecimiento económico que coadyuve a mejorar el PBI per cápita del país más aun considerando que la crisis de la COVID-19 retrocedió dicho indicador a niveles del año 2016, señaló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)  de la CCL.

 

Esta mejora, acompañada de políticas públicas dirigidas a los sectores de educación y salud, base del capital humano de una sociedad, elevará el IDH comparable con países de Desarrollo Económico Muy Alto.

 

 

PBI per cápita 2020

 

La caída severa del bienestar en la población mundial es una de las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19. El bienestar económico, medido por el PBI per cápita en dólares bajo la metodología de la paridad de poder de compra (PPP por su sigla en inglés), disminuyó, en el caso de Perú, en 10,9% y, en promedio, en América del Sur, en 8,8%.

 

En el 2020, Chile es el país con mayor PBI per cápita en la región, el cual asciende a US$ 23.366 (PPP), seguidos por Uruguay y Argentina con US$ 22.459 y US$ 20.751, respectivamente. Además, estos dos últimos representan el 96% y 89%, respectivamente, del bienestar económico chileno.

 

En el caso de Perú, el nivel de PBI per cápita fue de US$ 11.781, el 50,8% del PBI per cápita chileno. En tanto, los países más rezagados en la región fueron Ecuador, Bolivia y Venezuela con el 47,1%, 35,7% y 22,2%, respectivamente.

 

 

 

Escenarios de crecimiento

 

La aspiración que debemos tener como país es alcanzar un mayor bienestar para toda la población, reduciendo la pobreza monetaria, eliminando la pobreza extrema y creando mayor empleo adecuado; esto solo se logrará con una alta tasa de crecimiento económico.

 

Tomando como referencia o punto de partida el año 2020, hemos realizado las estimaciones de cuánto debe crecer el PBI peruano anualmente para aspirar a ser el país con mayor bienestar económico de la región, es decir, superar a Chile, asumiendo que este país mantiene su tasa de crecimiento promedio anual registrada entre los años 2010-2019 de 3,4%.

 

En ese sentido, si Perú mantiene el mismo crecimiento del PBI real promedio de 4,5% del periodo 2010- 2019, en 20 años llegaríamos a US$ 27.310, lo que representaría 60% del nivel de bienestar económico del líder. Sin duda, insuficiente para cubrir adecuadamente las necesidades del país.

 

Por otro lado, con un crecimiento de 5,2% anual nos acercaríamos a representar el 70% del bienestar económico de nuestro vecino del sur.

 

En tanto, un crecimiento más ambicioso de 7% promedio anual, incluso menor a la tasa promedio lograda por el Perú en el periodo 2005- 2013 (sin considerar el 2009) de 7,3%, permitiría que el PBI per cápita se ubicara por encima de US$ 44.251 en el 2040, con lo cual, a partir del siguiente año, Perú sería el país con el mayor bienestar económico de América del Sur.

 

Crecimiento y empleo

 

Uno de los círculos virtuosos del crecimiento económico es la generación de puestos de trabajo.

 

En Perú, durante el periodo 2005- 2019 alrededor de 269.000 personas se sumaban cada año a la Población Económicamente Activa (PEA), a la vez que la población ocupada crecía en 272.000 personas, permitiendo reducir la tasa de desempleo de 5,4% en 2005 al 3,9% en 2019. No obstante, en 2020, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, la tasa de desempleo se elevó hasta 7,4%.

 

En ese sentido, con base en los tres escenarios de crecimiento del PBI real considerados previamente, se puede bosquejar cómo evolucionará la tasa de desempleo hacia el año 2041.

 

Para ello, a partir de data histórica, se asume que la PEA crece 1,3% anualmente y que la elasticidad empleo-producto es de 0,23 (es decir que, por cada punto porcentual de crecimiento del PBI, el aumento de la población ocupada es de 0,23 puntos porcentuales).

 

Los resultados indican que, si PBI real creciera 4,5%, entonces la tasa de desempleo llegaría al 12% en 2041, un intermedio entre las tasas prepandemia de España (15,3%) y Colombia (10,5%).

 

En tanto, si el crecimiento fuese de 5,2%, la tasa de desempleo ascendería a 9%, ubicándose en el intervalo entre Italia (9,9%) y Uruguay (8,9%). Por su parte, si el crecimiento fuese de 7%, en consecuencia, el país equipararía los niveles de desempleo de economías como Singapur y Suiza (2,3%).

 

Crecimiento y pobreza

 

Según el Banco Mundial (2013), el crecimiento económico en los países de América Latina y el Caribe explicó el 66% de la reducción de la pobreza y el 74% de la expansión de la clase media en la década del 2000, dejando como segundo factor explicativo a la reducción de la desigualdad.

 

En el Perú, se ha podido comprobar dicha afirmación, pues la pobreza pasó de representar el 42,5% de la población en 2008 al 20,2% en 2019, es decir, más de 5,4 millones de personas dejaron de ser pobres. La crisis sanitaria actual elevó la pobreza hasta el 30,2% durante el 2020.

 

En esa dirección, a partir de los tres escenarios de crecimiento del PBI real planteados anteriormente, se puede estimar hasta cuánto podría reducirse la pobreza en los próximos veinte años.

 

 

Para ello, con base en data histórica, se asume un aumento de la población peruana de 1,3% anual y una elasticidad pobreza-producto de -1,1 (en otras palabras, por cada punto porcentual de crecimiento del PBI, la reducción de la pobreza ascendería a 1,1 puntos porcentuales).

 

Los cálculos obtenidos muestran que si el PBI real creciera 4,5% ergo, la tasa de pobreza se reduciría hasta el 8%, similar a la que tuvo Uruguay en 2018 (8,1%).

 

Entretanto, si el crecimiento fuese de 5,2%, el resultado sería un nivel de pobreza de 6% muy cercano al de Malasia (5,6%). Por su parte, si el crecimiento fuese de 7%, el país tendría una de las tasas de pobreza (4%) más bajas del mundo.

 

Para hacer efectivo, el IEDEP propone un programa económico que otorgue prioridad a cinco temas centrales: (i) estabilidad macroeconómica; (ii) institucionalidad; (iii) inversión; (iv) productividad; y, (v) exportaciones.

 

Los dos primeros considerados como los cimientos del crecimiento y los tres restantes son los motores del crecimiento, con base en los cuales se puede aspirar alcanzar tasas altas de manera sostenida. Este es precisamente el Programa Económico 2021-2026 propuesto por el IEDEP.

 

 




Inversión pública dormida supera los US$ 6.000 millones

El bajo nivel de ejecución de los presupuestos de inversión pública en los tres niveles de gobierno es bastante conocido. Al 10 de mayo de 2021, el Gobierno Nacional (GN) ha ejecutado el 19,7%, los Gobiernos Regionales (GR) el 18,8% y los Gobiernos Locales (GL) el 22,5%. Por tanto, es de esperar que existan excesos en los plazos de ejecución de las obras públicas, a las que el IEDEP denomina “inversiones dormidas”.

 

Metodología

 

Con el objetivo de cuantificarlas según sectores, regiones y nivel de gobierno, se toman como fuentes la información proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha de corte a marzo 2021; y la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2022-2024 de los ministerios Transportes y Comunicaciones (MTC), Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

 

Se consideró, además, un tipo de cambio de S/ 3,57 por dólar. Con base en esas fuentes, se consideran inversiones dormidas aquellas con un costo superior a los US$ 10 millones, con nivel de avance financiero inferior al 90% (para asegurar que el avance físico sea menor al 100%) y en las cuales el tiempo transcurrido desde el inicio de su ejecución hasta hoy supera al tiempo consignado en los estudios técnicos.

 

A diferencia de ediciones anteriores, el análisis se centra exclusivamente en la fase de ejecución, ya no desde la pre inversión.

 

▶ Medidas urgentes para reactivar la economía

▶ Los planes de Fuerza Popular y Perú Libre

▶ Manufactura y construcción muestran progresiva recuperación

 

 

Resultados generales

 

Son 122 obras valorizadas en US$ 9.047 millones que debieron culminarse en 2,1 años. Sin embargo, su ejecución se ha extendido en 1,3 años adicionales. La ejecución financiera alcanzada por este grupo promedia el 32%, significando una inversión pendiente de US$ 6.065 millones. A continuación, se exponen los resultados desagregados.

 

Transporte

 

Se registran 64 proyectos dormidos (45 de carreteras) que en promedio debieron culminarse en 2,4 años. No obstante, vienen tomando 1,5 años adicionales debido a un magro avance financiero de solo 35%, que representa US$ 3.499 millones pendientes de ejecución.

 

Un caso emblemático es el proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey – Aija – Recuay”, ubicado en Áncash, con una inversión de US$ 42 millones, que debió culminarse en 1,3 años. No obstante, lleva 12,6 años adicionales como consecuencia de su bajo de nivel de ejecución financiera de 47%.

 

En relación al financiamiento de las obras dormidas, se verifica que 14 de ellas no figuran en la PMI 2022- 2024 del MTC, corriendo el riesgo de no recibir presupuesto durante ese periodo para su culminación.

 

Salud

 

En este sector crucial para continuar enfrentando la crisis sanitaria, hay 20 proyectos con estas características que en promedio debieron culminarse en 2,1 años. Sin embargo, vienen tomando 1,3 años adicionales como consecuencia de un avance financiero de 34% que equivale a US$ 896 millones por desembolsar.

 

Otro caso simbólico es el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital regional Manuel Núñez Butrón”, ubicado en Puno, valorizado en US$ 110 millones y con avance financiero de 31%, que debió terminarse en dos años, pero lleva 2,9 años adicionales. Lo positivo en este sector es que las obras dormidas sí figuran en la PMI 2022-2024 del sector salud lo que aseguraría el financiamiento para ese periodo.

 

 

Saneamiento

 

Figuran 20 megaproyectos dormidos que en promedio debieron culminarse en 1,2 años. Sin embargo, vienen tomando 0,9 años adicionales y alcanzando un avance de solo 6%. Ello significa US$ 592 millones pendientes de ejecución.

 

Un caso representativo es el proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba”, ubicado en la región San Martín, cuyo costo asciende a US$ 20 millones y registra un avance financiero de 37%.

 

Se espera que se culmine en 1,4 años, pero lleva 2,1 años adicionales a los programados. Actualmente, la obra se encuentra en proceso de arbitraje. En relación al financiamiento de las obras dormidas, se verifica que 9 de ellas no figuran en la PMI 2022 – 2024 del MVCS, corriendo el riesgo de no recibir presupuesto durante ese periodo para su culminación.

 

Irrigación

 

La inversión pública en Irrigación presenta ocho proyectos que en promedio debieron culminarse en 1,2 años, pero llevan 0,9 años adicionales alcanzando un avance de 5,9%, que significan US$ 790 millones por invertir.

 

Como ejemplo se tiene el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Tullpacancha, en los distritos de Churcampa, La Merced y San Miguel de Mayocc, de la provincia de Churcampa”, ubicado en Huancavelica, con un costo de US$ 41 millones y avance financiero de 1%.

 

La obra debía ser culminada en menos de un año, pero lleva 1,1 años adicionales encontrándose en elaboración de expediente técnico.

 

En relación al financiamiento de las obras dormidas, se verifica que tres de ellas no figuran en la PMI 2022-2024 del Midagri, corriendo el riesgo de no recibir presupuesto durante ese periodo para su culminación.

 

Otros sectores

 

También figuran 10 proyectos en los sectores Tecnologías de Información y Comunicaciones (4), Defensa ribereña (4), Turismo (1) y Educación (1). Las obras en debieron culminarse en un promedio de 2,1 años, pero llevan 0,9 años adicionales alcanzando un avance de solo 59% representando US$ 288 millones por ejecutar.

 

Ubicación y nivel de gobierno

 

Respecto a su ubicación, 15 obras dormidas se localizan en más de una región. En Puno, son 10; en Lima, son nueve; en Arequipa y Junín, son ocho cada uno; en Áncash, Loreto, Piura y Cajamarca, son seis cada uno; en Cusco y Apurímac, son cinco cada uno; en Ayacucho, Lambayeque, San Martín, Ica y Huánuco, son cuatro cada uno; en Ucayali, Tacna, Pasco y La Libertad, son tres cada uno; en Amazonas y Huancavelica, son dos cada uno; y en Tumbes y Madre de Dios, son uno cada uno.

 

En cuanto a los niveles de gobierno, las inversiones dormidas representan el 34% de las obras que están a cargo de Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) de alguna entidad del GN, el 43% de las obras que están a cargo de UEI de los GR, y el 23% de los proyectos a cargo de UEI de los GL.

 

Conclusiones

 

Los bajos niveles de ejecución del presupuesto de inversión pública en los tres niveles de gobierno generan una extensión en los plazos de ejecución de las obras públicas dando origen a las inversiones dormidas. Como se expuso, este problema está extendido en todos los sectores, niveles de gobierno y regiones.

 

Su ejecución con celeridad inyectaría más de US$ 6.000 millones a la economía, con el consecuente impacto social que trae la inversión en infraestructura.

 

 




Medidas urgentes para reactivar la economía

La economía peruana tuvo un ciclo expansivo entre los años 2002 y 2013, periodo de doce años en donde se logró un crecimiento promedio anual de 6,1%. A partir de ese año hasta la fecha el Perú siguió creciendo, pero a un ritmo marcadamente decreciente, y entre los años 2014 y 2019 lo hizo por debajo del 4,4%.

 

Las bajas tasas de crecimiento y la performance negativa del 2020 en el PBI (-11,1%) han afectado el empleo e ingresos de los hogares, principal mecanismo para la reducción de la pobreza, el cual es complementado con los programas sociales.

 

Estos resultados muestran la urgente necesidad de reactivar la economía para alcanzar el nivel de producción pre pandemia y luego recuperar tasas de crecimiento sustentadas en un producto potencial de al menos 5% anual.

 

Los planes de Fuerza Popular y Perú Libre

▶ Manufactura y construcción muestran progresiva recuperación

▶ El bienestar económico en el Perú cayó drásticamente en el 2020

 

Para enfrentar este reto se requiere un programa económico que otorgue prioridad a cinco temas centrales: (i) la estabilidad macroeconómica; (ii) las instituciones; (iii) la inversión; (iv) la productividad; y, (v) las exportaciones.

 

Los dos primeros deben considerarse como los cimientos y los tres restantes como los motores del crecimiento.

 

 

Estabilidad macroeconómica

 

El país lleva 30 años bajo una misma orientación de política monetaria, cambiaria y fiscal dirigida a respetar los fundamentos macroeconómicos, lo que ha propiciado que el Perú alcance una estabilidad macroeconómica que debemos preservar.  Sin embargo, la evolución reciente determina retos para recuperarla.

 

Primero, es necesario que el BCR mantenga su autonomía, cumpliendo con su finalidad única de preservar la estabilidad monetaria. El rango meta de inflación (1%-3%) se ha cumplido en los últimos cuatro años.

 

Segundo, es indispensable recuperar la sostenibilidad de las cuentas fiscales, golpeada coyunturalmente por la crisis sanitaria, llegando a un déficit fiscal para el año 2020 de 8,9% del PBI, nivel que no se registraba desde 1990.

 

El tercer aspecto se refiere a la deuda pública que en el año 2019 fue de 26,8% del PBI incrementándose hasta 35% del PBI en el 2020. Sin duda, existirán presiones para un mayor endeudamiento por la magnitud de la crisis.

 

No obstante, la recuperación del crecimiento y la mejora en los términos de intercambio facilitará la reducción del déficit fiscal y, paulatinamente, del ratio de endeudamiento público.

 

Institucionalidad

 

Fortalecer las instituciones es fundamental para consolidar tanto la democracia, aún incipiente, como la economía social de mercado establecida como sistema económico por la Constitución.

 

Por institucionalidad nos referimos esencialmente al imperio de la ley, el estado de derecho y la estabilidad jurídica; a los títulos de propiedad y los derechos de autor; a la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar y competir sin limitaciones ni restricciones, salvo lo impuesto por las normas legales vigentes; a la ausencia de corrupción e inseguridad; y, al derecho de que la información sea universal, transparente y oportuna.

 

Es clave para impulsar dos de los motores del crecimiento económico, la inversión y la productividad. Esenciales para no afectar los costos de producción y transacción, así como el ingreso y salida de las empresas del mercado.

 

En ese sentido, juegan un rol determinante los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 

Por ello, consideramos de suma importancia que, sin perjuicio de la acción individual que cada uno de ellos acometa en esta dirección, se conforme un Consejo de Estado que se aboque exclusivamente a este tema, que pueda vincular sus acciones, presidido por el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado e integrado por el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Congreso, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal de la Nación y el Contralor de la República.

 

Inversión

 

La inversión privada (IP) después de un crecimiento observado en los años 2017 (0,2%), 2018 (4,5%) y 2019 (4,0%) tuvo una caída del 17,2% para el 2020, a consecuencia de la inmovilización social obligatoria y por la desconfianza empresarial provocada por la COVID-19.

 

La involución de la IP y la inversión extranjera directa (IED) impacta negativamente en el crecimiento económico, el empleo y la capacidad de reducir la pobreza del país. La inversión pública también ha seguido una trayectoria similar, en cinco de los últimos siete años registró caídas y para el año 2020 se contrajo en 17,7%.

 

Esta situación obedece a la falta de ejecución del gobierno y al no destrabe de los proyectos.

 

Hace unos meses se hizo un estudio a partir de la información del MEF donde se seleccionaron proyectos con un costo superior a los S/ 100 millones (megaproyectos), que llevan más de cinco años en ejecución.

 

Se encontró 181 proyectos por un monto contratado de S/ 86.466 millones que llevan en promedio 8,9 años y que en ese tiempo han alcanzado un grado de ejecución presupuestal promedio de apenas el 48,4%, es decir, acumulan una ejecución pendiente de S/ 35.100 millones.

 

En este contexto, hay dos aspectos centrales que deben orientar la acción del sector público en sus tres niveles. Por un lado, buscar la simplificación y automatización de los procesos utilizando la tecnología digital, como el camino más directo para eliminar muchas de las trabas y barreras burocráticas que existen.

 

Por otro lado, incidir en una mayor y mejor calificación de los empleados estatales, dentro de un concepto llamado “meritocracia”.

 

En el tema del ambiente de negocios es indispensable considerar el impacto negativo sobre la inversión que generan los conflictos sociales. Hasta marzo 2021 se registraron 194 conflictos sociales, de los cuales 143 son calificados como activos, mientras los 51 restantes como latentes.

 

Del total de conflictos, 125 están vinculados a problemas socios ambientales, relacionados en su mayoría al sector minero (80). El grueso de estos conflictos sociales se ubica en regiones con problemas de pobreza, con ausencias agudas de servicios públicos e infraestructura.

 

Se requiere menos Estado en la economía, pero más presencia en los lugares apartados y en pobreza, brindando los servicios señalados.

 

Productividad total de factores

 

La productividad es la clave para lograr un crecimiento alto y de manera sostenida, a través de la contribución que hacen tanto el factor trabajo (productividad laboral) y el capital (productividad del capital) al proceso productivo, como en especial la pertinente de todo aquello que, con excepción del trabajo y el capital, directa e indirectamente interviene en dicho proceso y que se conoce como productividad total de factores (PTF).

 

Para el BCRP las reformas estructurales aplicadas a inicios de los años noventa han contribuido significativamente al crecimiento potencial entre 1990 y 2010, las que sumadas al super ciclo de los commodities impactó de manera significativa en el crecimiento potencial hasta los primeros años de la década de 2010, gracias a la mayor acumulación de capital.

 

Sin embargo, preocupa la tendencia de la PTF, pues durante la década anterior la contribución ha sido decreciente, de 0,6 p.p. al PBI durante el quinquenio 2011-2015 y de apenas 0,2 p.p. al 2016-2020. En este contexto, la pregunta relevante es ¿por qué está sucediendo esto y qué hacer?

 

Para encontrar una respuesta a lo que viene afectando a la economía peruana es importante analizar el Reporte de Competitividad Global (RCG) del World Economic Forum que, a través de doce pilares, examina en detalle la evolución de la competitividad para un número significativo de países.

 

El Perú se ubicó en 65° entre 141 países en el RCG 2019, destacándose en pilares como Estabilidad macroeconómica (1°, junto con 33 países), Salud (19°), Tamaño de mercado (49°) y Sistema financiero (67°).

 

La buena posición en Salud se debe a que el RCG evalúa la expectativa de vida saludable, la cual en el Perú es 70,3 años y le permite estar bien ubicado.

 

Empero, en los RCG de años anteriores y en los dos últimos publicados en los años 2018 y 2019 se identifican las mismas desventajas competitivas: Instituciones (94°), Infraestructura (88°), Adopción de TICs (98°), Dinamismo de negocios (97°) y Capacidad de innovación (90°).

 

Los diversos pilares del RCG pueden agruparse en cuatro componentes centrales para incrementar la productividad competitividad de un país: innovación, capital humano, eficiencia e infraestructura.

 

La innovación, vista como creación de nuevas tecnologías, productos y procesos, mantiene como principal problemática el bajo gasto en Investigación y Desarrollo (I&D), tanto del sector privado como público, la carencia de científicos e instituciones científicas y la limitada coordinación entre estas instituciones y la empresa privada. Además de una falta de cultura empresarial hacia la innovación.

 

En cuanto al componente del capital humano, invariablemente van juntos la educación y la salud, esta última tanto en lo pertinente a la prevención, que es considerada vital y que involucra menos recursos, como sin duda a la provisión adecuada de servicios y atención de la salud a toda la población urbano y rural.

 

La COVID-19 ha exhibido la falta de infraestructura sanitaria, equipos para funciones básicas y profesionales de la salud, una brecha que nos ha costado miles de vidas.

 

La educación, tanto escolar, técnica como universitaria, es esencial pues a través de ella se explica el desarrollo de conocimientos y nuevas técnicas de los trabajadores.

 

En cuanto a la extensión del ámbito o cobertura de la educación (cantidad) se ha tenido un avance significativo, pero no se puede afirmar lo mismo en lo correspondiente a la calidad de la educación, donde hay mucho por recorrer.

 

Se necesitan mayores recursos e incremento en la calidad de la educación para cerrar la brecha urbana–rural. De lo mencionado se desprende que una de las formas de incrementar la productividad, basada en este caso en la educación, capacitación y entrenamiento de los trabajadores, es dándoles a conocer las nuevas técnicas y los conocimientos de avanzada.

 

Además, la capacitación laboral es muy escasa, un bajo porcentaje de los trabajadores de Lima han recibido capacitación por parte de su empresa. Por tanto, se deberían implementar programas de coinversión de tal manera que se logren compartir los costos y beneficios en capacitaciones entre el interesado, la empresa y el Estado.

 

El tercer componente es la eficiencia, la cual se refiere a la distribución y uso eficaz de los recursos productivos que facilitan los procesos de cambio: transformación estructural , renovación y formalización de empresas.

 

Para esto, además de la educación y capacitación de los trabajadores, hay que buscar flexibilizar la legislación laboral (reforma laboral), aliviar la carga tributaria (reforma tributaria), eliminar trabas y barreras burocráticas y mejorar la oferta de servicios públicos para lograr que la formalidad sea más atractiva.

 

Finalmente, en cuanto al cuarto componente referente a infraestructura física, es indispensable atenderlo para aspirar a aumentar progresivamente la productividad y competitividad, una brecha que se estima supera los US$100.000 millones.

 

La carencia de infraestructura se debe a la falta de una acción efectiva conjunta del sector público y privado vía mecanismos modernos de ejecución como son las concesiones, las asociaciones públicas-privadas (APP), los acuerdos gobierno a gobierno (G2G) y las obras por impuestos (OxI), que requieren procesos simples y dinámica de toma de decisiones a nivel nacional, regional y local.

 

Exportaciones

 

El tercer motor del crecimiento es el comportamiento de las exportaciones, pues es importante revaluar la trascendencia del mundo como mercado para economías pequeñas como la peruana. En el periodo 2013-2015, las exportaciones se redujeron en 19,7% con lo cual dejaron de ingresar divisas por US$ 8.446 millones.

 

Después de ese bache, las exportaciones peruanas se recuperaron sostenidamente hasta llegar a los US$ 47.688 millones en 2019 y afectadas por el menor crecimiento mundial se redujeron a US$ 42.413 millones en el 2020.

 

La agenda pro exportadora debe poner énfasis en que se concrete el incremento de la productividad total de factores, pues es el elemento central para aumentar la competitividad de los agentes económicos en general y de los exportadores en particular; dar especial atención a la inversión en infraestructura de transporte;

 

Además, buscar diversificar la cartera de productos exportables otorgando singular atención a involucrarse en las cadenas de producción internacional y en la exportación de servicios; e incorporar más mercados y concretar nuevos TLC.

 

Pero fundamentalmente, capitalizar las oportunidades que ofrecen estos últimos con base en un seguimiento, evaluación y esfuerzo conjunto del sector público y privado; y, estar atentos a la evolución del tipo de cambio real (TCR), determinante de la competitividad y rentabilidad de los exportadores, particularmente por la tendencia que tendrá el dólar y la tasa de interés de Estados Unidos.

 

 

 

 

 




Los planes de Fuerza Popular y Perú Libre

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales nos presenta dos candidatos: Keiko Fujimori por Fuerza Popular (FP) y Pedro Castillo por Perú Libre (PL), ambos con programas de gobierno diametralmente opuestos. Bajo la difícil coyuntura económica y crisis sanitaria severa, consideramos necesario presentar ambas propuestas en aspectos relevantes para el sector empresarial que nos den luces sobre las medidas que se aplicarían en nuestro país a partir de julio de 2021.

 

Régimen económico

 

Fuerza Popular (FP) plantea mantener el régimen económico vigente, establecido en la Constitución Política de Perú de 1993, es decir, una economía social de mercado donde la iniciativa privada es libre. A su vez, en este marco, el rol del Estado se circunscribe en áreas de promoción del empleo, salud, educación, servicios públicos e infraestructura.

 

Según FP, en su eventual gobierno, el Estado realizará subsidiariamente actividad empresarial, además de facilitar y vigilar la libre competencia, así como garantizar y otorgar seguridades contractuales.

 

Manufactura y construcción muestran progresiva recuperación

▶ El bienestar económico en el Perú cayó drásticamente en el 2020

▶ Proyectos de infraestructura de transporte: El gran reto del próximo gobierno

 

Por su parte, Perú Libre propone ejercer un régimen económico denominado “economía popular con mercado”, tomando como referencia las experiencias boliviana y ecuatoriana.

 

En este modelo, el Estado asume un rol diametralmente opuesto al establecido en la Constitución Política del Perú de 1993, pues se convierte en planificador, empresario, industrializador, nacionalizador, y redistribuidor de riqueza. Incluso, se considera a la Constitución del Perú de 1979 como conservadora y defensora de la oligarquía empresarial, en donde se reservaba al Estado una ventana para salvaguardar algunos intereses.

 

Inversión privada

 

La inversión privada ha significado alrededor del 20% del PBI en la última década y necesitamos alcanzar un mayor índice para lograr un crecimiento económico sostenido. Según el IEDEP, Perú dispone de una cuantiosa cartera de inversión de la cual forman parte los capitales privados a través de concesiones en los sectores minería, hidrocarburos, electricidad y transporte.

 

En este último sector existen 31 contratos que en los próximos años tienen compromisos de inversión por US$ 6.984 millones. Con respecto a la inversión, FP plantea inicialmente –en el corto plazo– un clima propicio a través de un plan de acción.

 

Asimismo, promoverá el mecanismo de Asociaciones Público Privadas y Obras por Impuestos, especialmente en los sectores agua, saneamiento, turismo y energía limpia. Por su parte, PL considera a Proinversión como un organismo perverso. Además, hace mención a las inversiones en el sector transporte bajo la modalidad de concesión indicando que serán revisadas.

 

Inversión Pública

 

Desde el año 2007, el presupuesto de inversión pública se ha ido descentralizando hacia los gobiernos subnacionales. Sin embargo, los niveles de ejecución de estos últimos han sido bastante bajos, alrededor del 60% para los gobiernos locales y 64% para los gobiernos regionales.

 

En ese sentido, Fuerza Popular plantea que la inversión pública en infraestructura debe ser gestionada por unidades ejecutoras y programas especializados en cada uno de los sectores. En cambio, el partido Perú Libre aboga porque la inversión pública se concentre en las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.

 

Sistema Tributario

 

A marzo de 2021, la base tributaria asciende a 10,6 millones de contribuyentes, siendo el 0,15% los principales contribuyentes, en tanto dentro de los restantes destacan los trabajadores independientes con una participación del 79%. ¿Cómo mejorar la recaudación y a la vez ampliar esta base?

 

FP propone un sistema tributario pensado en el contribuyente, con tributos mínimos, transparentes, no arbitrarios y sencillos. Para ello, plantea orientar la gobernanza de Sunat hacia la formalización y no solo en la maximización de la recaudación.

 

Por su parte, PL elevaría el impuesto a la renta empresarial al 70% u 80% de las utilidades, además eliminaría exoneraciones y convenios de estabilidad tributaria. Incluso, alega a favor de la descentralización tributaria, es decir, que los gobiernos subnacionales podrán gravar y recaudar tributos.

 

Pensiones

 

El número de afiliados activos al Sistema Privado de Pensiones (SPP) asciende a 7,8 millones de trabajadores y la cartera administrada por las AFP es de US$ 44.548 millones, un equivalente al 22,9% del PBI. Se trata de fondos privados que corren el riesgo de ser expropiados.

 

En paralelo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) administra los recursos de alrededor de 4,5 millones de afiliados activos en el SNP. FP propone una reforma del sistema previsional a través de mayores mecanismos que aseguren pensiones dignas, creación de instrumentos financieros para que el afiliado acceda a sus fondos sin perder el derecho a una jubilación, y contribución solidaria de los grandes ahorristas hacia aquellos con menos recursos.

 

Mientras que PL propone fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones y eliminar paulatinamente el Sistema Privado de Pensiones al que considera una forma de esclavitud moderna.

 

Formalización

 

FP apuesta por crear la Comisión Nacional para la Formalización (Conafor) que estará conformada por entidades de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil y gremios empresariales. Entre sus funciones estará elaborar un plan nacional para la formalización.

 

Por el lado de PL, se apunta a formalizar al empresariado peruano con la finalidad de que se desarrolle e inserte al Estado. Cita como ejemplo que las empresas en selva (madereras), sierra (textiles) y costa (pesqueras) deben ser aprovechadas para, con el potencial captado de las experiencias de sus actores directos, poder reemplazar paulatinamente al empresariado extranjero.

 

Remuneraciones

 

Desde abril de 2018 la remuneración mínima asciende a S/ 930. Al respecto, el partido de la candidata Keiko Fujimori no sienta posición sobre el tema. Por su parte, el partido que representa Pedro Castillo considera que urge una política clara sobre remuneraciones en consenso entre el gobierno, colegios profesionales y trabajadores.

 

Se considera que las ganancias de una empresa no son producto del trabajo individual, sino del trabajo colectivo. Hace referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien planteó que los sueldos de los empresarios deberán ser múltiplos de las remuneraciones de los obreros, de tal forma que pagará a su obrero menos calificado no menos de veinte veces su propio sueldo.

 

Déficit fiscal y deuda pública

 

En la historia económica peruana, los años de menor crecimiento económico están asociados a elevados déficits fiscales, tal como ocurrió durante la década de los 80. La estabilidad macroeconómica es un fundamento esencial para buscar un crecimiento sostenido.

 

FP devolvería al Banco Central de Reserva del Perú el papel de supervisor de las reglas fiscales. En tanto, PL propone un Estado sin deuda externa y superávit fiscal con base en los ingresos generados luego de obtener la soberanía de los recursos.

 

Programas sociales

 

En el periodo 2016-2021 los programas sociales adscritos al Midis (Juntos, Cuna Más, Qali Warma, Foncodes, Pensión 65, Contigo y País) han recibido, en promedio, un presupuesto superior a los S/ 4.000 millones. Para FP, los desembolsos en esta materia deben ser considerados inversión social.

 

En ese sentido propone ampliar la cobertura de Cuna Más, fortalecer el Vaso de Leche y Comedores Populares, garantizar que los beneficiarios de Qali Warma reciban alimentación en un contexto de educación a distancia, perfeccionar la cobertura de Pensión 65, continuar con los programas del Ministerio de Trabajo que buscan capacitar y promover empleos dignos, y fortalecer Foncodes, buscando la generación oportunidades económicas para hogares pobres.

 

Por el lado de PL, no se identifican propuestas puntuales.

 

Barreras burocráticas

 

Indecopi reporta que en 2020 fueron eliminadas más de 4.600 barreras burocráticas en 89 entidades públicas. ¿Qué plantean los candidatos al respecto? FP implementaría la interoperabilidad de los sistemas de diversas entidades públicas, evitando incluir cobros innecesarios y pérdida de tiempo cuando la información se encuentre en el propio Estado.

 

PL plantea que las actividades que son competencia de las regiones y provincias deben ser totalmente descentralizadas con la finalidad de eliminar trabas burocráticas.

 

Conclusiones y recomendaciones

 

Se identifican medidas opuestas debido a que ambos partidos toman como base modelos económicos distintos. Por un lado, FP, la economía social de mercado y, por el otro, PL, una economía popular con mercado. En el primero de estos regímenes, el sector privado tiene un rol protagónico pues, por ejemplo, participa invirtiendo en los sectores energía, minería, transporte y sectores diversos.

 

En cambio, en el segundo régimen el papel principal lo desempeña el Estado a través de empresas públicas. A estas alturas de las elecciones, es importante que ambos partidos expliquen cómo plasmarán sus propuestas, pues en ambos casos son bastante generales.

 

En el caso de FP es esencial conocer cómo promoverá la inversión privada, cómo logrará que las entidades públicas ejecuten sus presupuestos de inversión, cuáles son esos instrumentos alternativos que mejorarán el sistema previsional, cuál es su posición respecto a la remuneración mínima vital, y qué metas de déficit fiscal y deuda pública espera al culminar su gestión.




Manufactura y construcción muestran progresiva recuperación

La actividad económica de transformación es aquella que modifica productos obtenidos de materias primas para la satisfacción de necesidades de una sociedad. Son dos sectores económicos los que se incluyen en la actividad de transformación, Manufactura y Construcción, que en conjunto aportaron el 18,2% del PBI en el 2020.

 

El sector manufactura

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) clasifica al sector manufactura en dos grandes grupos: (i) el subsector fabril primario, que representa el 24,5% del total del sector; y (ii) el sector fabril no primario, que representa el 75,5% restante, compuesto por bienes de capital, de consumo e intermedios.

 

La Manufactura es el sector con la mayor participación en el PBI y que alcanzó el 12,5% en el 2020. Asimismo, concentra el 14,4% del empleo formal, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Dicho sector tuvo, en el 2020, la mayor caída (-13,4%) en cien años, solo superada por las registradas durante la hiperinflación de 1989 (-15,7%) y el Fenómeno del Niño de 1983 (-18,1%).

 

El bienestar económico en el Perú cayó drásticamente en el 2020

▶ Proyectos de infraestructura de transporte: El gran reto del próximo gobierno

▶ Sector servicios aún está lejos de la recuperación

 

Tras la profunda contracción del segundo trimestre del 2020 ocasionada por las medidas extremas de contención de la pandemia, el sector Manufactura logró registrar dos meses consecutivos de crecimiento desde que empezó esta crisis. En diciembre del 2020 registró un alza del 9,2%; mientras que en enero del 2021 fue de 7,0%.

 

Ello explicado por el subsector primario, específicamente por el importante aumento de la industria procesadora de pescado. Sin embargo, en el mes de febrero volvió a caer en 1,3%.

 

Subsectores en expansión y recesión

 

La industria manufacturera incluye nueve actividades específicas siendo las más importantes las industrias alimenticia, química, metálicas básicas, y textil y del cuero.

 

Considerando la información disponible para el trimestre diciembre 2020 a febrero 2021, se observa que la manufactura primaria ha crecido en 18,6%, registrando un crecimiento exponencial en la producción de harina y aceite de pescado (158,4%) y la de conservas y productos congelados de pescado (25,7%).

 

En lo que respecta a la manufactura no primaria, los rubros que han mostrado una importante recuperación en el trimestre analizado son cerveza y malta (27,5%), muebles (41,4%), fibras artificiales (29,6%) y cuerdas, cordeles y redes (18,1%).

 

No obstante, mientras la manufactura primaria muestra un crecimiento de 18,6% en el trimestre analizado, la manufactura no primaria tuvo una contracción de 1,1%. Las mayores caídas se encuentran en la producción de cuero (-56,1%), calzado (-38,7%), actividades de impresión (-29,2%) y tejidos y artículos de punto (-27,9%).

 

Primer trimestre en positivo

 

En marzo del 2020, la caída de la manufactura llegó al 32,2% producto de las medidas de confinamiento total aplicadas desde la segunda quincena de dicho mes. Pese a la caída de febrero en 2021, el IEDEP proyecta un crecimiento del sector de 9,2% para el primer trimestre del 2021, en parte por un efecto de rebote estadístico por la performance de marzo del año pasado.

 

Refuerza esta proyección la recuperación en la recaudación tributaria, la cual se incrementó en términos reales en febrero (13,1%) y marzo (10,5%).

 

Dentro de la manufactura primaria, por ejemplo, destacan los mayores tributos internos captados de la producción de azúcar (214,2%) y, en la manufactura no primaria, la recaudación proveniente de actividades como textil, cuero y calzado creció en 79,2%, mientras que la de productos químicos, caucho y plástico aumentó en 41,6%.

 

A esto se suma el mayor crédito dirigido al sector. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la expansión del crédito del sistema financiero a la manufactura al mes de febrero llegó a 9,7%. Los préstamos se concentran en un 95,6% en la banca múltiple y un 3,1% a través de las cajas municipales.

 

Sector construcción

 

El sector Construcción aportó el 5,7% del PBI 2020 y tuvo seis meses consecutivos de caída debido a las medidas de contención contra la COVID-19.

 

Los resultados no pudieron ser peores en el 2020: marzo (-46,3%), abril (-89,7%), mayo (-66,4%) y junio (-44,6%). No obstante, a partir de setiembre se empezaron a registrar tasas positivas de crecimiento hasta llegar a un 15,2% en enero y 14,3% en febrero del 2021.

 

El mayor consumo interno de cemento dentro del plan de reactivación económica y la mayor inversión pública en todos sus niveles de gobierno son los factores que han impulsado a dicho sector. Así, durante el primer trimestre del presente año se observó un fuerte impulso de la inversión pública nacional (75,1%), regional (17,1%) y local (56,3%).

 

Esta rápida recuperación ha permitido que en Lima Metropolitana el empleo en el sector Construcción se incremente en 4,8% durante el primer trimestre del presente año, siendo la única actividad económica en donde creció el empleo. Las cifras a nivel nacional al último trimestre del año pasado contabilizan también una expansión en el empleo de 1%.

 

Trimestre positivo para la construcción

 

La proyección de crecimiento del sector Construcción para el primer trimestre del presente año es de 41,3%, como ya se ha explicado por un rebote estadístico tomando en cuenta la drástica caída del sector desde marzo del 2020. Hay que tomar en cuenta que el crédito dirigido a dicho sector se ha incrementado en 43,9% con cifras a febrero 2021 según la SBS.

 

Al igual que lo visto en Manufactura, el crédito a la Construcción se concentra en la banca múltiple (88,2%) y cajas municipales (8,7%). Además, se observa una fuerte expansión del crédito al sector en el último año por parte de las cajas rurales (48,8%) así como de la banca múltiple (45,0%) y cajas municipales (44,6%).

 

Por otra parte, la recaudación tributaria aportada por el sector ha logrado un incremento en términos reales en los meses de febrero (3,0%) y marzo (58,5%), luego de doce meses de caída desde marzo de 2020.

 

 




El bienestar económico en el Perú cayó drásticamente en el 2020

El producto per cápita es una medida práctica de bienestar económico. Se calcula a partir del Producto Bruto Interno (PBI) y la población de un país. El PBI expresa el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos durante un año en un país.

 

Podemos observar a nivel mundial que los dos países con mayor PBI son Estados Unidos y China, donde el nivel de producto del segundo representa alrededor del 70% del primero. Sin embargo, si queremos comparar bienestar económico, es más adecuado estimar el PBI per cápita, en donde encontramos que el correspondiente a China representa apenas el 17% de Estados Unidos.

 

Para fines de este artículo, se ha estimado el producto per cápita de cada departamento del Perú medido en dólares de paridad de poder de compra (PPC) para el 2020, con el fin de identificar los países en el mundo con similar nivel de bienestar económico. Además, se hizo una comparación 2019-2020 para cuantificar en que departamentos fue mayor el impacto de la crisis sanitaria.

 

Comparación con el resto del mundo

 

El nivel de bienestar económico de cada departamento del Perú se ha medido por el PBI per cápita expresado en dólares de paridad de poder de compra (PPC) y se ha comparado con los registrados en 194 países del mundo a partir de la información del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2020. Todos los montos en dólares citados están expresados en paridad de poder de compra.

 

Proyectos de infraestructura de transporte: El gran reto del próximo gobierno

▶ Sector servicios aún está lejos de la recuperación

▶ Cartera de inversión minera y energética supera los US$ 25.000 millones al 2025

 

Los países con mayor PBI per cápita son Luxemburgo (US$ 118.002), Singapur (US$ 97.057) e Irlanda (US$ 94.392). En el Perú, los cinco departamentos con mayor bienestar económico se ubicarían entre las posiciones 59º y 100º en el mundo. Moquegua es de lejos el departamento con mayor PBI per cápita (US$ 25.163), con un nivel comparable al registrado en Trinidad y Tobago, que se ubica en la posición 59º en el mundo.

 

Lima, Ica, Tacna y Arequipa son los siguientes departamentos con mayor bienestar económico, pero lejos del nivel de Moquegua, siendo el 58,8%, 58,2%, 56,4% y 50,6%, respectivamente de dicha región. En comparación a los 194 países evaluados, Lima tiene un nivel de bienestar similar a Brasil (85º), Ica al de Surinam (86º), Tacna a Albania (90º) y Arequipa a Egipto (99º).

 

Luego se tienen un bloque de nueve departamentos con un PBI per cápita que fluctúa entre US$ 8.000 y US$ 12.000, ubicándolos entre la posición 100º y 124º. En este grupo se tienen a Apurímac (US$ 11.410) y Pasco (US$ 11.106) con un nivel de bienestar similar a Kosovo (108º) y Algeria (109º), respectivamente; y por encima de departamentos como Cusco (US$ 9.221) y La Libertad (US$ 8.893).

 

Hay que entender que dicha diferencia se explica porque la población de Apurímac y Pasco son la quinta parte que la existente en La Libertad y Cusco. Hay 10 departamentos con un PBI per cápita que los ubica entre las posiciones 126º y 140º en bienestar económico.

 

En este bloque el más rezagado es San Martín (US$ 5.290) con un PBI per cápita similar al de Bangladesh (140º). Luego se tiene a Ucayali (US$ 5.706), con un PBI per cápita similar al de Ghana (134º); y a Loreto (US$ 5.802), comparable con el de Mauritania (133º).

 

Cabe señalar que Bangladesh fue considerada hace unas décadas como una de las economías menos desarrolladas del mundo, pero ha logrado revertir esa tendencia gracias a la mejora en su competitividad. Ghana y Mauritania aún se mantienen como economías cuya principal actividad económica es la agricultura. Otros departamentos para destacar son Cajamarca (US$ 6.611) y Ayacucho (US$ 6.628), con niveles similares de bienestar a Tonga (130º) y Angola (127º).

 

La evolución y mejora en los índices de bienestar encontrados dependen fundamentalmente de la recuperación del crecimiento económico, los cuales deben apuntar a ser los más homogéneos para ir cerrando brechas entre los departamentos del país. Al 2020, se observa que siete regiones tienen la cuarta o quinta parte del bienestar económico de Moquegua.

 

Departamentos más afectados

 

En el 2020, el único departamento que logró mantener su bienestar económico, es decir, su PBI per cápita, fue Moquegua, incrementándose en 0,1%. Los altos crecimientos de los sectores Agropecuario (10,5%), Minería e hidrocarburos (10,8%) y Manufactura (4,2%) fueron los que contribuyeron a ello.

 

Los departamentos menos afectados, además de Moquegua, fueron Tacna (-2,5%) y Amazonas (-4,3%). En el caso de Tacna, los sectores Minería (8,8%) y Telecomunicaciones (7,4%) lograron amortiguar la caída del bienestar económico. En cambio, 15 regiones vieron reducido su bienestar por encima del 10% debido a la COVID-19 y a las medidas de confinamiento aplicadas, sobre todo durante el segundo trimestre 2020.

 

Los casos más severos se identificaron en Madre de Dios (-26,3%), Pasco (-18,4%), Arequipa (-17,2%) y Ucayali (-15,4%). El sector minería e hidrocarburos fue el de mayor caída en Madre de Dios (-55,7%), el segundo en Pasco (-24,8%), y el tercero en Arequipa (-22,45) y Ucayali (-34,1%). Transporte, Construcción y Comercio fueron otros sectores afectados por las medidas de confinamiento total y parcial.

 

En promedio, entre las cuatro regiones mencionadas las caídas fueron de -26,1%, -25,3% y -15,3%, respectivamente. En el caso de Lima, la caída del bienestar llegó al 14,2% con sectores que fueron afectados drásticamente como Transporte y almacenamiento (-28,5%), Comercio (-16,2%) y Manufactura (-16,1%).

 

Por la severidad de los resultados del 2020, el IEDEP estima que alrededor de quince departamentos del Perú no lograrían recuperar su nivel de bienestar pre pandemia en el presente año 2021.




Proyectos de infraestructura de transporte: El gran reto del próximo gobierno

Los organismos internacionales coinciden en que los servicios provistos por la infraestructura de transporte conforman la columna vertebral del desarrollo económico, la competitividad de los negocios y el crecimiento inclusivo. Por ello, grandes economías vienen aplicando planes de estímulo impulsando programas de reconstrucción y modernización de infraestructura.

 

Es el caso de Estados Unidos. Su cartera de transporte, a realizarse en un periodo de 8 años, asciende al 33% del total de recursos, constituyéndose en una fuente importante de empleo bien remunerado para la modernización de más de 32.000 kilómetros de rutas y reparación de 10.000 puentes e inversiones en aeropuertos, por un valor de US$ 2 billones.

 

No obstante, en el caso peruano no basta con desarrollar un mayor número de proyectos viales, ferroviarios y aéreos, sino que implica reformar la manera de planificar, desarrollar y operar la nueva infraestructura, y como hacer más sostenible la ya existente.

 

Inversión pública tradicional

 

Un alto porcentaje de la infraestructura pública es canalizada a través del sistema Invierte.pe, donde las entidades de los tres niveles de gobierno materializan sus proyectos priorizados en las Programaciones Multianuales de Inversiones apoyándose en la Ley de Contrataciones del Estado.

 

Sector servicios aún está lejos de la recuperación

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Con base en el portal Consulta Amigable del MEF y la Programación Multianual de Inversiones del MTC, el IEDEP seleccionó proyectos con costo superior a los US$ 10 millones y avance inferior al 70%, identificando un total de 260 obras con US$ 43.596 millones pendientes de ejecución, que se podrían desembolsar en el próximo gobierno.

 

Estás obras se ubican principalmente en Lima (18), Cusco (17), Junín (15), Piura (12) y más de una región (48). Entre las obras con mayores montos pendientes de inversión figuran la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Cerro de Pasco-Tingo María (US$ 569 millones), la Construcción de la segunda calzada de la ruta PE-1N tramo Lambayeque-Piura (US$ 568 millones) y la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera ruta N° PE-08 Ciudad de Dios-Cajamarca (US$ 448 millones).

 

Asociación Público Privada (APP)

 

Esta modalidad permite al Estado construir y operar la infraestructura apoyado en el sector privado, que financia total o parcialmente las obras y asume riesgos que pueden gestionar mejor que el Estado. Este mecanismo alivia las presiones sobre el presupuesto público que debe priorizar los recursos a la emergencia sanitaria.

 

Según el IEDEP, los proyectos con mayores posibilidades de ser adjudicados vía APP en el periodo 2021-2026 son seis, valorizados en US$ 4.628 millones. Cuatro de los proyectos ya figuran en la cartera de Proinversión. Empezando por el Anillo Vial Periférico (US$ 1965 millones) y el Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 520 millones).

 

Ambos proyectos de iniciativas privadas serán concesionados por 30 años y se encuentran en fase de Estructuración esperando recibir la Declaratoria de Interés este año. La diferencia entre ambos es que el primero será cofinanciado (el Estado aporta recursos públicos) y el segundo autofinanciado. También figura la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 709 millones) y el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 263 millones).

 

Ambos proyectos son iniciativas estatales y serán cofinanciadas por el Estado. El primer proyecto, que será concesionado por 25 años, se encuentra en etapa de Estructuración esperando ser adjudicado en 2022. El segundo proyecto será concesionado por 30 años, encontrándose en fase de Transacción y esperando ser adjudicado este año.

 

Dos de los proyectos aún no conforman la cartera Proinversión, pues están en etapa de maduración. Se trata del Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 731 millones) y el Terminal Portuario de Lambayeque (US$ 440 millones). Ambos son iniciativas estatales.

 

Inversión pública con G2G

 

Para la etapa constructiva, paralelamente a las APP, el Gobierno puede firmar con algún gobierno extranjero un contrato Estado a Estado (G2G) a través del cual este último le proveerá de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) especializada en determinada infraestructura.

 

Entre sus principales funciones destaca el revisar los estudios preliminares hasta convertirlos en expedientes técnicos y licitar internacionalmente la construcción de la obra. Un proyecto emblemático bajo este esquema es la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (US$ 682 millones) para el cual en 2019 se firmó un contrato G2G con Corea del Sur.

 

Asimismo, recientemente se firmó uno similar con Francia para la asesoría en la Construcción de la Carretera Central (US$ 3.241 millones). La Línea 3 (US$ 6.537 millones) y la Línea 4 (US$ 3.499 millones) del Metro de Lima también podrían seguir el mismo sendero.

 

Infraestructura concesionada

 

El siguiente gobierno recibirá 29 obras concesionadas a privados (16 carreteras, ocho puertos, tres aeropuertos y dos ferrocarriles), cuya inversión pendiente suma US$ 6.984 millones. 

 

Según su financiamiento, 14 son autosostenibles y las restantes cofinanciadas. El reto para las nuevas autoridades será generar las condiciones para que las obras en etapa constructiva no tengan obstáculos en su ejecución y para que las obras en etapa de operación continúen con sus planes de inversiones.

 

En especial destacan seis obras, que representan el 89% de la inversión pendiente. La Línea 2 del Metro de Lima y Callao (US$ 3.477 millones), con un avance financiero del 35%; la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 1.516 millones), con avance del 33%; y el Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao (US$ 473 millones), con avance del 47,2%. 

 

Además, la Autopista del Sol Trujillo-Sullana (US$ 256 millones), con avance del 48%; Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao-Zona Sur (US$ 255 millones), con avance del 59,4%; y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (US$ 234 millones), con avance del 13,3%.

 

Inversión privada

 

El proyecto más relevante es el Terminal Portuario Multipropósito Chancay (US$ 3.000 millones), ubicado en Lima y operado por Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. A la fecha, su primera etapa, valorizada en US$ 1.300 millones, recibió la habilitación por parte de la Autoridad Portuaria Nacional.

 

Se estima que el proyecto concluya en 2023. La ejecución de estos 300 megaproyectos de Transporte representa una oportunidad para las empresas que aspiren a ser constructores de estas obras o convertirse en proveedores de bienes y servicios de estas.

 

En ese sentido, a fines de abril el IEDEP pondrá a la venta su Reporte Cartera de Proyectos de Inversión en Transporte – Edición 2021, donde se presentará información detallada y poniendo especial énfasis en la información que permitirá al cliente contactar con los operadores o entidades a cargo de estas obras.

 

 




Cartera de inversión minera y energética supera los US$ 25.000 millones al 2025

En el 2020, pese a la crisis generalizada provocada por la pandemia de la COVID-19, en donde el PBI de los sectores minería e hidrocarburos y electricidad, gas y agua cayeron en 13,2% y 6,1%, respectivamente; ambos sectores contribuyeron en la recaudación fiscal.

 

La minería aportó S/ 5.908 millones en ingresos tributarios y S/ 1.219 millones en ingresos no tributarios (regalías, nuevas regalías y gravamen especial); mientras que los sectores electricidad (incluida agua) e hidrocarburos aportaron ingresos por S/ 4.190 millones y S/1.754 millones, respectivamente.

 

Estos montos alcanzan para financiar el presupuesto público de inversión 2021 de las funciones Educación (S/ 6,261 millones), Salud (S/ 4,208 millones), Orden Público – Seguridad (S/ 2,194 millones) y Comunicaciones (S/ 426 millones). De ahí la importancia de que el próximo Gobierno, dentro de la etapa de reactivación económica, genere un entorno favorable para la ejecución de los proyectos minero-energéticos.

 

Minería

 

En enero del 2021, la inversión minera moderó su caída hasta los -11,7% inclusive la infraestructura minera creció en 22,1%. Para seguir impulsando esta recuperación se dispone de una cartera de 60 proyectos de exploración valorizados en US$ 506 millones y 46 proyectos de explotación por US$ 56.158 millones, según reporta el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

 

En el 2020 se crearon más de 235.000 empresas en el Perú

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Respecto a los proyectos exploratorios, el 31,6% del monto total se encuentra en evaluación del instrumento de gestión ambiental, 26,9% en evaluación de autorización de exploración y 41,5% ejecutando o por ejecutar la exploración.

 

En referencia al mineral explotado, 35,1% de los proyectos corresponden a oro, 30,7% a cobre, 20,1% a plata, 12,2% a zinc, 1,2% a estaño y 0,8% a plomo. Por su ubicación geográfica, el 31,4% se localiza en la macro región norte, el 31,4% en la macro región centro y el 37,2% en la macro región sur. Según los principales países inversionistas en los proyectos, destacan Canadá (26,2%), Perú (30%) y Brasil (12,6%).

 

En cuanto a los proyectos de explotación, el 91% del monto son proyectos nuevos y la diferencia son proyectos de ampliación o reposición. Según el principal mineral a extraer, el 68% son proyectos de cobre, 14% de oro, 9% de hierro, 4% de fosfato, 3% de zinc, 2% de uranio/litio y 1% de plata. Por su parte, las regiones con mayor participación son Cajamarca (31,9%), Apurímac (18,2%) y Moquegua (11,4%).

 

Entre los principales países inversionistas destacan Reino Unido (21,5%), China (18,6%) y Canadá (15,3%). Con relación a las etapas de los proyectos de explotación, el 48% está en prefactibilidad, el 30% en factibilidad, el 7% en ingeniería de detalle y el 15% en construcción.

 

En esta última etapa figuran los proyectos Ampliación Santa María, Ampliación Toromocho, Ariana, Mina Justa y Quellaveco. Asimismo, existen 13 proyectos con potencial de iniciar construcción en el periodo 2021-2025 que inyectarían a la economía US$ 11.753 millones por inversiones.

 

 

Electricidad

 

La cartera del sector electricidad está conformada por 44 proyectos valorizados en US$ 8.499 millones. Comprenden 32 centrales hidroeléctricas, por US$ 7.185 millones; dos centrales eólicas, por US$ 52 millones; y diez líneas de transmisión, por US$ 1.263 millones, según cifras de Osinergmin.

 

Nueve de los proyectos se ubican en más de una región, por un valor de US$ 4.606 millones; seis en Junín, por US$ 1.026 millones; tres en Arequipa, por US$ 861 millones; y cinco en Huánuco, por US$ 550 millones. Asimismo, entre los países inversionistas destacan Brasil, con tres proyectos por US$ 2.553 millones; y Perú, con 14 proyectos por US$ 2.551 millones.

 

Se debe advertir que es lamentable que 30 de estas obras cuantificadas en US$ 2.794 millones aún no sean puestos en operación comercial, pese a que el compromiso era que ingresen a más tardar en 2020. No obstante, se puede destacar que existen 14 proyectos con potencial de iniciar operaciones en el periodo 2021-2024 que alcanzan los US$ 5.706 millones.

 

Adicionalmente, en el 2021 se espera que Proinversión adjudique dos proyectos de electricidad por US$ 211 millones, uno de ellos comprendido en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). De esta manera, quedarían en espera siete proyectos del PNIC que significan inversiones por US$ 3.412 millones.

 

A todo esto, se suma el Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo 2021-2025 aprobado por Osinergmin por más de US$ 160 millones. En conjunto, son US$ 9.489 millones de inversiones en el sector electricidad.

 

 

Hidrocarburos

 

En el segmento upstream (exploración y explotación), se identifican 37 proyectos, de los cuales 25 son de explotación y 12 de exploración, según Perupetro. Dichos proyectos en conjunto representan una inversión de US$ 14.821 millones.

 

En lo que respecta a su localización, 14 proyectos están ubicados en Piura, por US$ 2.702 millones; dos en Cusco por US$ 4.643 millones; cuatro en Tumbes, por US$ 4.376 millones; y cinco en Loreto, por US$ 4,251 millones.

 

En cuanto a los principales países inversionistas, destacan China (US$ 5.927 millones), Australia (US$ 3.000 millones), Francia (US$ 2.985 millones), Estados Unidos (US$ 2.134 millones) y España (US$ 1.128 millones). Dentro de los 25 contratos de explotación, 13 fueron suscritos en el periodo 1991-1999, en tanto los 12 restantes en el periodo 2000-2015.

 

Siete de estos contratos vencerán en el periodo 2021-2026 por lo que el siguiente Gobierno tendrá que prever su inmediata renovación o convocar a una licitación para que la producción e inversión no se detenga.

 

En el segmento downstream (refinamiento, procesamiento y distribución), destacan las inversiones de Petroperú en la Refinería de Talara, por más de US$ 4.900 millones, con un avance superior al 90%; así como los proyectos Plantas de venta Ninacaca y Puerto Maldonado, por US$ 25 millones; y el Nuevo Terminal de Ilo, por US$ 45 millones. Así también, continuarán las inversiones de las seis concesiones para distribución de gas en distintas regiones del Perú.

 

En este sector, el reto del próximo Gobierno será promover las adjudicaciones a través de Proinversión de dos proyectos comprendidos en el PNIC: (i) en 2021 el de Masificación del Uso de Gas Natural para el Centro y Sur del Perú, valorizado en US$ 200 millones; y (ii) el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País, costeado en US$ 3.942 millones.

 

Es ampliamente conocido el encadenamiento productivo que generan los sectores mencionados. Por esa razón, en abril el IEDEP lanzará la edición 2021 de su reporte Cartera de Proyectos de Inversión en Energía & Minería, en el cual los clientes dispondrán de los contactos de los operadores de megaproyectos para que apunten a ser sus proveedores de bienes y servicios.

 




Consumo privado en Perú crecería 0,9% en primer trimestre

El consumo privado es el componente del gasto más importante de un país y, en el caso de la economía peruana, representa el 65% del PBI. Durante el 2020 y como resultado de las políticas de contención ante la pandemia, el consumo privado se redujo drásticamente en todos los países de la región.

 

Así, en Perú la caída fue de 8,7%; en Argentina, de 12,6%; Colombia, de 6,3%; México, de 10,1%; y Chile, de 8,6%. En el Perú, el consumo privado cayó en los cuatro trimestres del 2020: -1,7%, -22,1%, -9,0% y -1,5%, respectivamente, y sus principales determinantes como el ingreso laboral, número de empleos, crédito de consumo, importaciones de bienes de consumo, marcaron estos resultados.

 

Además, hay que reconocer que como resultado de la crisis sanitaria la pirámide de ingresos del Perú ha retornado a su forma tradicional, es decir, triangular. El crecimiento sostenido de años anteriores había logrado hacer crecer la clase media llegando a superar el 40% de la población, ensanchando la pirámide y reduciéndola en su base por la menor pobreza.

 

En la actual coyuntura, la reducción de la clase media y el aumento de la población vulnerable y en pobreza explica también la caída del consumo privado.

 

 

Masa salarial

 

La masa salarial del sector formal resulta del producto del ingreso promedio laboral por el número de trabajadores del sector formal. En su evolución mensual se observan picos importantes en los meses de marzo, julio y diciembre correspondientes a bonificaciones por escolaridad, fiestas patrias y fiestas de fin de año.

 

La masa salarial del sector formal luego de un crecimiento de 4,3% durante el primer trimestre 2020, registró una caída sostenida en los tres trimestres siguientes, -11,5%, -7,7% y -1,8%, respectivamente. Las cifras disponibles a diciembre 2020 muestran que el empleo formal llegó a 3’518.640 trabajadores, según el MTPE, y aún no recupera su nivel pre-pandemia, pues todavía se tienen 99.953 puestos de trabajo menos respecto al mes de febrero 2020.

 

Entretanto, el ingreso promedio de un trabajador formal en dicho mes ascendió a S/ 2.685 y, excluyendo los periodos en que se reciben bonificaciones o aguinaldos, en el resto de los meses mostró una caída hasta setiembre a partir del cual se ha mantenido en un promedio de S/ 2.435. La evolución descrita de la masa salarial explica la caída del consumo privado durante los meses de confinamiento y paulatina reanudación de actividades.

 

 

Créditos de consumo

 

El crédito de consumo es el que va dirigido a los hogares y a través del cual se puede financiar el gasto de los hogares. Según la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el crédito de consumo cerró el 2020 con una caída de 7,1%.

 

Esta tendencia ha sido más notoria en el crédito canalizado a través de las tarjetas de crédito, el cual se contrajo en 19,8%, afectado por la caída del empleo e ingresos en los hogares, las expectativas desfavorables tanto por parte de las entidades financieras como de las mismas personas ante las medidas de confinamiento, lo que condujo a que sean más conservadoras en el uso de las tarjetas de crédito.

 

A pesar de todo lo dicho, la morosidad de las tarjetas de crédito pasó de 4,2% a 11,1% entre 2019 y 2020. A esto se suma que durante la reanudación de actividades en la fase 3 y 4, sectores como comercio retail, restaurantes, hoteles y otros servicios han operado de forma parcial o simplemente no lo están haciendo, reduciendo las posibilidades de consumo de la población.

 

Un comportamiento distinto se observó en el crédito hipotecario a las familias el cual creció a una tasa de 4,3% alcanzando los S/ 53.635 millones, aunque a una menor tasa respecto a años anteriores. Las bajas tasas de interés han impulsado la demanda de estos créditos.

 

 

Importaciones de bienes de consumo

 

Las importaciones de bienes de consumo se clasifican en bienes no duraderos (62,3%) y duraderos (37,7%). Las importaciones totales cayeron en 8,9%, sobre todo por la disminución de los bienes duraderos que se contrajeron en 21,2%. Los bienes no duraderos, entre los que destaca alimentos, medicamentos, prendas de vestir, calzado y juguetes, tuvieron un mínimo crecimiento de 0,5%.

 

Entre marzo y agosto del 2020, fue un periodo de caída drástica, sobre todo de la importación de bienes de consumo duraderos (-44,1%), segmento en el que se incluyen electrodomésticos de línea blanca y marrón, motos y bicicletas. Esta menor importación repercutió en la evolución del consumo privado, así como del PBI del sector comercio que llegó a caer 65,4%, 49,6% y 28,0% en los meses de abril, mayo y junio, respectivamente.

 

De acuerdo con las estadísticas de Sunat, las ventas totales del sector retail cayeron durante el 2020 en 2,7% respecto al 2019. Otros sectores altamente correlacionados con el consume privado son el Transporte y almacenamiento, Alojamiento y restaurantes y Telecomunicaciones. Los dos primeros cayeron también en 26,8% y 50,2% respectivamente. Solo Telecomunicaciones llegó a alcanzar un crecimiento de 4,9%.

 

Proyección para el 2021

 

La recuperación paulatina del empleo formal, la reanudación parcial de actividades y la mayor confianza de los consumidores contribuirá a mejorar la performance del consumo privado. Se proyecta para este primer trimestre 2021 un crecimiento de 0,9%, rompiendo así cuatro trimestres de caídas consecutivas.

 

Las perspectivas para el resto del año son positivas, tomando en cuenta la mayor inversión pública y privada y, simultáneamente, el dinamismo de sectores como Construcción, Manufactura y Minería, que han seguido operando en lo que va del año. Acabado el proceso de elecciones presidenciales, y con un crecimiento económico sostenido, se debe recuperar el tamaño de la clase media, que es un determinante fundamental del consumo privado.

 

 




Obras por Impuestos han disminuido a pesar de sus beneficios

En tiempos de crisis se necesita un manejo eficiente de los escasos recursos públicos. En esa dirección, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) crea sinergias entre los gobiernos subnacionales y las universidades públicas con las empresas privadas para la construcción de distintos tipos de obras públicas como centros educativos y de salud, hospitales, carreteras, caminos vecinales, obras de agua y saneamiento entre otras, generando empleo y beneficiando a las ciudades.

 

Este mecanismo, a diferencia de una obra pública tradicional, busca reducir los plazos de ejecución y garantizar la calidad de la infraestructura y servicios públicos construidos bajo la responsabilidad del sector privado, señala el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

 

OxI, un éxito regional

 

Este esquema de fomento a la inversión creado hace trece años en el Perú a través de la Ley N ° 29230 y replicado en algunos países de la región, ha acumulado a enero del presente año una inversión total de S/ 5.434 millones con la participación de 118 empresas y se logró beneficiar a 16 millones de personas con las obras.

 

El sector minería a través de 27 empresas tiene la mayor participación en OxI con el 44,2% de la inversión total, seguido de Servicios financieros (19 empresas) con una participación del 28,4% y Telecomunicaciones (4 empresas) con 10,3%.

 

Cuatro regiones en Perú recuperan el nivel de empleo prepandemia

El comportamiento de los activos de refugio durante la pandemia

 

 

En lo que respecta al área de influencia cinco regiones sobresalen al concentrar el 57% del monto total invertido, Áncash (S/ 921 millones), Arequipa (S/ 710 millones), Piura (S/ 651 millones), Cusco (S/ 430 millones) e Ica (S/ 374 millones). Además, entre el 2018 y 2020 se han logrado incorporar por primera vez a Tumbes, Apurímac y San Martín.

 

Desde su creación, el mecanismo de OxI, se ha ido modificando, tanto la ley como el reglamento, para promover un mayor uso, simplificación de procesos, facilitar la iniciativa privada para la propuesta de proyectos, lo que ocasionó que se amplíe su uso.

 

Por ejemplo, a fines del 2014 se autorizó este mecanismo en el campo de la salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad. En todos estos años los sectores receptores de las OxI más importantes son transporte (32%), educación (27%), saneamiento (14%) y salud (10%).

 

 

Impacto de la pandemia

 

Sin embargo, la difícil situación derivada de la crisis sanitaria redujo entre el 2019 y 2020 el número de empresas participantes de 18 a 13 y las inversiones de S/ 569 millones a S/ 242,7 millones. Durante el 2020, los 23 proyectos ejecutados mediante OxI se concentraron en dos sectores, siete en educación y seis en transporte con inversiones de S/ 83,2 millones cada uno.

 

Luego, cinco proyectos en mejoramiento de riego, dos en seguridad y uno en pesca, saneamiento y salud. En total se estima en 355.820 la población beneficiada, señala el IEDEP.

 

Freno a la inversión

 

Después de un auge explosivo en el bienio 2016-2017, se observó un fuerte retroceso en el 2018 de 46,2% en las OxI y una ligera recuperación en 2019 (7,6%). Dicha evolución refleja un agotamiento en este mecanismo de promoción de la inversión que se percibe desde el año 2018 y que no se puede explicar por la crisis sanitaria.

 

Hay que recordar que un atractivo de las OxI es que este tipo de obras no afecta los presupuestos de los gobiernos regionales, locales y universidades públicas porque pagan el financiamiento de la obra sin intereses a cuenta de sus recursos futuros de canon, sobrecanon y regalías hasta diez años después de culminada la obra.

 

En el caso de las universidades públicas, en el 2013 fueron incorporadas al mecanismo de OxI aquellas que reciban recursos por la explotación de los recursos naturales de la zona. Sin embargo, su participación ha sido mínima, apenas tres de Arequipa, Huancavelica e Ica y recién desde el año 2018. Esto podría reflejar poca capacidad para identificar necesidades de inversión que sin duda son muchas o un desconocimiento de la ley.

 

Para las empresas, las OxI son un mecanismo que fomenta la responsabilidad social corporativa mejorando su reputación, a la vez que adelantan el pago de Impuesto a la Renta al ejecutar la inversión.

 

Una vez culminada la obra y obteniendo la conformidad de la entidad supervisora y del gobierno subnacional o universidad según corresponda, la empresa recibirá un certificado por parte del Gobierno nacional (CIPGN), regional o local (CIPRL), con el cual se reconoce el monto invertido por la empresa que aplica al Impuesto a la Renta del año siguiente.

 

Sin embargo, a pesar de que están fijados los plazos que involucran todo el proceso, por ejemplo, no se cumple con la entrega de los certificados correspondientes, principal incentivo de las empresas para participar en las OxI. Se suman las dificultades en la firma de los convenios con los Gobiernos regionales y locales que, por su complejidad, implican costo y tiempo adicionales para las empresas.

 

Asimismo, existe un desconocimiento de los gobiernos subnacionales sobre todo en el cambio de autoridades, lo que termina produciendo trabas burocráticas. Es importante reconocer que la baja capacitación de los funcionarios públicos y el poco conocimiento del mecanismo de OxI dificultan la identificación de proyectos prioritarios para la localidad y por tanto el apoyo para su rápida ejecución.

 

Cartera de proyectos 2021

 

Existen cuatro regiones que en los trece años no han acumulado inversiones por más de S/ 50 millones y dos que no han recibido nada, Madre de Dios y Amazonas. Finalmente, la cartera de proyectos OxI 2021 asciende a S/ 4.483 millones con un total de 370 proyectos.

 

De acuerdo con Proinversión, el 31% se destina a educación, 21% al sector agropecuario, 20% a saneamiento, 5% a transporte entre los sectores con más importancia.

 

Existen más de 15.000 empresas, entre grandes y medianas, que podrían participar en OxI, pero, sin duda, se necesitan superar esas trabas y demoras en las fases de priorización y ejecución de obras, así como una mayor capacitación de los gobiernos subnacionales para así impulsar y mantener de forma sostenida este mecanismo importante de inversión y generación de empleo.

 

 




Cartera de proyectos de Obras por Impuestos asciende a S/ 4.483 millones en 2021

La cartera de proyectos Obras por Impuestos (OxI) para el 2021 asciende a S/ 4.483 millones con un total de 370 proyectos, señaló el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

 

Del total, el 31% se destina a educación, 21% al sector agropecuario, 20% a saneamiento, 5% a transporte, siendo los sectores con más importancia, según data de Proinversión.

 

Trabas burocráticas

 

Existen más de 15.000 empresas, entre grandes y medianas, que podrían participar en OxI, pero se necesitan superar las trabas burocráticas existentes y demoras en las fases de priorización y ejecución de obras, así como una mayor capacitación de los gobiernos subnacionales para así impulsar y mantener de forma sostenida este mecanismo importante de inversión y generación de empleo.

 

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A pesar de que están fijados los plazos que involucran todo el proceso de Obras por Impuestos, por ejemplo, no se cumple con la entrega de los certificados correspondientes, principal incentivo de las empresas para participar en las OxI.

 

A ello se suman las dificultades en la firma de los convenios con los Gobiernos regionales y locales que, por su complejidad, implican costo y tiempo adicionales para las empresas.  Además, existe un desconocimiento de los gobiernos subnacionales sobre todo en el cambio de autoridades, lo que termina produciendo trabas burocráticas.

 

Así pues, existen cuatro regiones que en los trece años no han acumulado inversiones por más de S/ 50 millones y dos que no han recibido nada, Madre de Dios y Amazonas.

 

La baja capacitación de los funcionarios públicos y el poco conocimiento del mecanismo de OxI dificultan también la identificación de proyectos prioritarios para la localidad y por tanto el apoyo para su rápida ejecución.

 

 

 




Morosidad de créditos de consumo subió a 5,79% por pandemia

La fuerte recesión y las medidas de contención de la pandemia afectaron el empleo e ingresos de los hogares y las ventas de las empresas, restando así las posibilidades de pago de ambos agentes económicos, explicó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.

 

Los créditos de consumo pasaron de una tasa de morosidad de 3,41% en marzo a 5,79% en noviembre de 2020, siendo los directamente afectados por la crisis económica y que ha significado una drástica caída en el empleo a nivel nacional.

 

La tasa de cartera atrasada del total de créditos del sistema financiero entre el nivel registrado en noviembre y el nivel pre pandemia (marzo) se incrementó en apenas en 0,49 puntos porcentuales (p.p.), llegando a 4,21%.

 

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Crédito a empresas

 

En el crédito a empresas se observa una disminución en la tasa de morosidad, como es el caso de la gran empresa (0,14 p.p.), mediana empresa (2,86 p.p.), pequeña (1,14 p.p.) y microempresa (0,56 p.p.).  Solo la cartera corporativa aumentó su morosidad de 0,08% a 0,68%.

 

En el caso de la banca múltiple, la cartera atrasada llega a 5,87%, una tasa más alta se observa en financieras (9,11%) y baja en las cajas municipales (3,06%).

 

La más alta morosidad se encuentra en las tarjetas de crédito, llegando al 9,83% contra un 4,60% en marzo, con registros similares en la banca múltiple (9,64%), pero de 14,07% en financieras. Y en los créditos hipotecarios dicha tasa se ubicó en 3,68%, ligeramente superior al 3,13%, previo a la pandemia.

 

 

Por sectores

Entre los periodos previos al inicio de la pandemia y los datos disponibles a octubre se observa que las tasas de morosidad de los créditos empresariales, clasificados por sector económico, no han variado significativamente.

 

El sector Agropecuario tiene la mayor morosidad, la cual se redujo de 9,0% a 7,9%. Construcción, otro sector con alta morosidad, disminuyó de 8,4% a 6,4%. Los sectores que han visto elevada su cartera atrasada son Electricidad y agua de 0,1% a 4,6% y Manufactura de 2,5% a 2,7%.

 

Por regiones

Cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al mes de octubre indican que las regiones con mayor tasa de morosidad promedio son Tumbes (9,9%) y San Martín (9,2%), sobre todo porque son las regiones que registran la mayor morosidad con la banca múltiple.

 

Existen otras regiones con una morosidad alta con cajas municipales, como es el caso de Tumbes (13,2%), Lambayeque (12,5%) y Ancash (11,1%). En el caso de cajas rurales, las tasas son altísimas en San Martín (39,1%), Cusco (35,9%), Huancavelica (32,2%) y Huánuco (30,4%).

 

Las medidas de apoyo financiero como Reactiva Perú, FAE-Mype y las reprogramaciones de deuda realizadas por las mismas entidades financieras han permitido aliviar la carga financiera a las empresas, evitando una elevada morosidad en los créditos.

 

En lo que se refiere a los créditos a hogares, el impacto si se ha reflejado en parte por la fuerte caída en el empleo.

 




CCL: Economía peruana crecería 9,5% en el 2021

Luego de un 2020 negativo afectado por la pandemia, la economía peruana crecería 9,5% en el 2021 liderando de esta manera la región, pero sin recuperar aún la caída del año previo, proyectó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (IEDEP).

 

Según Bloomberg, la mediana de las proyecciones de crecimiento para el primer trimestre 2021 se ubica en 0,1% entretanto para el segundo trimestre en 32,9%.

 

Recuperación de la demanda

 

La normalización de las actividades económicas influyó en la recuperación paulatina de la actividad económica y empleo en el país. Con ello, el mayor ingreso de los hogares y la confianza empresarial impulsarán la demanda interna con lo que se espera para el 2021 un crecimiento de 8,6% aunque menor a la caída del 2020 (-10,6%).

 

CCL: Economía peruana cerraría el año con contracción de 11,7%

Economía peruana muestra clara recuperación

 

Por el lado del sector privado, el consumo se incrementaría en 8,8% y la inversión en 18,2%, que a pesar de ser tasas importantes no logran revertir la caída del año precedente. Sin embargo, al representar alrededor del 80% del PBI serán determinantes para la recuperación económica del 2021.

 

Por el lado del componente público del gasto, el consumo continuará con su trayectoria de crecimiento de 5,2% con base al mayor gasto en salud sobre todo para enfrentar la pandemia, en educación y los programas de compras del gobierno para apoyo a las mypes.

 

 

Cabe señalar que el presupuesto público 2021 aprobado a fines del mes de noviembre destina el 17,9% a educación y el 11,4% a salud. En el caso de la inversión pública se proyecta un incremento de 13,4% luego de una profunda caída de 16,3% en el año 2020.

 

Asimismo, el 26% del presupuesto 2021 se destinará a gasto de capital, concentrado en 65,2% en el gobierno nacional y el resto para los gobiernos subnacionales. Es importante resaltar que el programa Arranca Perú contempla recursos para inversiones en el sector transporte y comunicaciones, agricultura y educación.

 

Según el reciente Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los términos de intercambio mejorarían en 5,3% durante el 2021, con una mejora de los precios de exportación de 9,3%.

 

A esto se suma la recuperación de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y China, con una expansión de su PBI en 3,7% y 7,9%, respectivamente. En este escenario, las exportaciones e importaciones peruanas experimentarán un crecimiento importante durante el año que comienza.

 

América Latina

 

El año 2020 fue negativo para América Latina y el Caribe afectada por la pandemia y los extensos periodos de cuarentena que en promedio abarcaron los cuatro meses; y que fluctuaron entre los dos meses y medio, como en Sao Paulo, en Brasil; y los casi cinco meses, en Ecuador.

 

Estos largos periodos de confinamiento y de freno en casi la totalidad de actividades productivas, excepto las esenciales, condujeron a la caída del Producto Bruto Interno (PBI) de la región en un 7,7%. Además, hay que precisar que desde el 2014 las tasas de crecimiento de la región son bastante bajas, sin poder superar el 1,1%.

 

Explicado por un efecto de rebote estadístico, el año 2021 será de recuperación económica, sobre todo a partir del segundo trimestre, periodo en que se inició el confinamiento y que redujo drásticamente el PBI en países como Perú (-30,2%), México (-18,7%), Colombia (-15,7%), Chile (-14,1%) y Brasil (-11,4%).

 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el crecimiento para América Latina y el Caribe llegaría a 3,7% este año, recuperándose un 44% de la pérdida del PBI 2020.

 




Construcción se expandirá 19,4% este año liderando crecimiento económico

Durante el 2021, la recuperación de la demanda interna de Perú impulsará la mayoría de los sectores productivos. La mayor inversión privada y pública llevaría a que el sector construcción lidere el crecimiento con una expansión de 19,4%, estimó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (IEDEP).

 

Cabe indicar que según las proyecciones del IEDEP, la economía peruana crecería 9,5% en el 2021 liderando de esta manera la región, pero sin recuperar aún la caída del año previo.

 

El segundo sector de mayor crecimiento sería la Manufactura, con una tasa de 14,3%, consecuencia de la reanudación de actividades, así como de una mayor demanda mundial.

 

Asimismo, el mayor empleo, ingreso familiar y recuperación del consumo privado llevará a un repunte del Producto Bruto Interno (PBI) del sector Comercio (13,9%), sector que mayor empleo genera después de la Agricultura y Servicios.

 

CCL: Economía peruana crecería 9,5% en el 2021

CCL: Economía peruana cerraría el año con contracción de 11,7%

 

Se proyecta también una expansión de 10,4% en el PBI de Minería e Hidrocarburos, tomando en cuenta la normalización de ambas actividades y la ejecución de importantes inversiones postergadas durante el 2020.

 

 

Por otra parte, el sector Servicios fue uno de los de menor caída (-9,3%) durante el 2020, porque involucra algunas de las actividades esenciales como los subsectores Financiero, Telecomunicaciones y Gobierno y que no pararon a lo largo del año.

 

Por tanto, el efecto de rebote estadístico será menor en comparación al resto de sectores productivos, proyectándose para el 2021 un crecimiento de 9,2% para el sector Servicios. Cabe señalar que dicha tasa es muy importante pues es el sector que más empleo genera a nivel nacional.

 

La actividad Agropecuaria crecería en 3,9% con un efecto positivo en la economía rural donde es la principal fuente de empleo. Por otro lado, sectores con baja participación en el PBI total como Pesca y Electricidad y agua alcanzarían tasas de 11,6% y 10,5%, respectivamente.

 

Proyecciones para América del Sur

 

Según The LatinFocus Consensus Forecast, durante el 2021 el PBI mundial crecería en 4,9% y los países que destacarán por su recuperación en la actividad productiva son Chile (4,9%), Colombia (4,8%), Argentina (4,7%) y Bolivia (4,7%).

 

En el caso de Venezuela, que acumuló una caída de 57,7% en su PBI en los tres últimos años, se proyecta para el 2021 una caída de 2,0%. Otros países de la región se ubicarían por encima del 3% como son los casos de Uruguay (3,8%), Ecuador (3,8%) y Brasil (3,5%).

 

Factores de riesgo

 

Es importante precisar que las proyecciones del PBI presentadas en este informe –todas positivas en comparación a la performance del 2020–, están supeditadas al control de la pandemia; a evitar una segunda ola de contagios, que nos obligue nuevamente a políticas de confinamiento; y a la llegada pronta de las vacunas.

 

Recordemos que la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 afectó simultáneamente la oferta y demanda provocando la fuerte caída del PBI y de desencadenarse un escenario similar al ocurrido en 2020 la economía llegaría a una nueva recesión.




CCL: Economía peruana cerraría el año con contracción de 11,7%

El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú cerraría el 2020 con una caída de 11,7% respecto al 2019, por efectos de la pandemia provocada por la COVID-19, siendo el primer resultado negativo del presente siglo y solo superada por la recesión de -12,3% en 1989 en los últimos setenta años, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL (IEDEP).

 

La economía peruana y mundial en el 2020 fueron afectadas duramente por las medidas de contención para frenar la pandemia. Nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China registrarían una variación en su producto de -3,4% y 1,7%, respectivamente, lo que afectó nuestras exportaciones equivalentes a alrededor del 24% del PBI.

 

En esta situación, las medidas de política económica, tanto monetaria como fiscal, implementadas por el Gobierno como las de soporte económico para hogares y empresas y la reanudación paulatina de actividades condujeron a la recuperación del empleo y el ingreso familiar, propiciando una más rápida reactivación de la economía peruana.

 

PBI cayó 3,79% en octubre siendo su menor reducción del año

FMI prevé caída del PBI de Perú en 13,9% en 2020 y crecimiento de 7,3% el 2021

 

Recuperación

De esta manera, se cierra el año 2020 con crecimiento en los sectores Agropecuario (1,1%) y Pesca (1,9%), y con caídas de un dígito en Electricidad y agua (-5,7%) y Servicios (-9,3%). Los sectores más afectados son Minería e hidrocarburos (-12,5%), Manufactura (-13,8%), Construcción (-16,7%) y Comercio (-15,6%).

 

 

Los componentes del gasto agregado mostraron similar evolución, solo el consumo público logró un crecimiento de 3,2%, agregado que incluye la compra de bienes, servicios, así como las transferencias o subsidios que otorga el gobierno.

 

Entretanto, el resto de los componentes mostró resultados negativos. La inversión privada y pública cayeron en 21,1% y 16,3%, respectivamente, y para el consumo privado, que equivale a alrededor del 65% del PBI, se proyecta una caída de 10,1%.

 

El desempeño del PBI 2020 muestra que la mayor contracción de la actividad económica ocurrió en el segundo trimestre del año, con una caída de -29,8%. La parálisis de la economía peruana fue tan alta que superó la de otros países como México (-18,7%), Colombia (-15,7%), Chile (-14 ,1%), Brasil (-11,4%) y Argentina (-5,4%). Ni siquiera el shock antiinflacionario de agosto de 1990, cuando el PBI del tercer y cuarto trimestre de dicho año registraron -15,9% y -16,4%, respectivamente, redujo tanto la actividad económica.

 

 

Mayor caída

El segundo trimestre fue el de mayor caída por la crisis sanitaria. El PBI de los sectores más afectados por las medidas de confinamiento fueron aquellos intensivos en mano de obra como Construcción (-66,4%), Comercio (-46,8%) y Manufactura (-34,6%), además de Minería e Hidrocarburos (-34,1%). En este periodo la población ocupada tanto formal como informal en Lima Metropolitana se redujo de 4,9 a 2,2 millones, una caída en 55,1%.

 

A nivel nacional el empleo pasó de 17 a 10,3 millones, reduciéndose en 39,6%. En dicho trimestre las caídas del empleo llegaron a tasas no antes registradas: Construcción (-67,9%), Manufactura (-58,2%), Comercio (-54,5%) y Servicios (-56,6%). El impacto fue transversal a todo tamaño de empresa, de 1 a 10 trabajadores (-37,1%), de 11 a 50 trabajadores (-57,8%) y de 51 a más trabajadores (-41,0%).

 

La caída generalizada en el empleo, y, por tanto, en el ingreso familiar, afectó la demanda interna, traduciéndose en una caída del consumo privado en 22,1%. Paralizada la economía, la inversión privada y pública se redujeron en 60,2% y 70,7%, respectivamente.

 

Al ser una crisis mundial, esta afectó también el volumen del comercio de bienes y servicios peruanos, reflejándose en menores exportaciones (-41,6%) e importaciones (-30,4%). En conclusión, los resultados del segundo trimestre definen la magnitud de la caída del PBI en el 2020.

 

Reanudación de actividades

A medida que se fueron reanudando las actividades económicas bajo protocolos de seguridad a través de las fases 1 (mayo), 2 (junio), 3 (julio) y la recientemente completada 4 se favoreció la operación parcial de las empresas, reduciéndose paulatinamente la caída en el nivel de actividad económica registrada en el segundo trimestre.

 

A esto hay que sumar la reducción, por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), de la tasa de referencia a niveles mínimos de 0,25% desde el mes de abril; y el Programa Reactiva Perú, dirigido a asegurar la continuidad de la cadena de pagos y defender el empleo formal.

 

Durante el segundo trimestre, periodo de mayor severidad de la crisis, el empleo formal cayó 12,1% en mayo y 11,2% en junio. El último dato correspondiente a octubre señala que la caída fue de 7,1%. Por otra parte, mientras la caída del PBI en abril y mayo fue de 40,5% y 32,8%, en setiembre y octubre dichas tasas se redujeron a 7,0% y 3,8%, respectivamente, reflejando claramente la recuperación económica.

 

A pesar de la profundidad de la crisis, dos sectores económicos, Financiero y seguros y Administración pública, registraron crecimiento desde inicios de la pandemia a la fecha. Telecomunicaciones, luego de dos caídas mínimas en abril (-1,6%) y mayo (-0,3%), también mostró resultados positivos en los siguientes meses.

 

El empleo nacional para el  trimestre julio-agosto-setiembre 2020, respecto a similar trimestre del año anterior, evidencia una menor caída respecto a meses anteriores como es el caso de Manufactura (-19,3%) y Construcción (-11,8%). Cabe señalar que la reanudación de actividades aún es limitada por los riesgos de contagio, lo que viene afectando a sectores como Comercio (-29,7%) y Servicios (-30,6%), donde el empleo aún no se recupera lo suficiente.

 

Con este desempeño, la caída del PBI en el tercer trimestre fue de 9,4% y de la demanda interna de 8,5%. De otro lado, se amortiguó la contracción del consumo privado (-9,7%) e inversión privada (-7,1%). Para el cuarto trimestre del 2020 se estiman resultados positivos en sectores como Electricidad y agua (1,4%) y Construcción (10,3%) que se sumarán al Agropecuario (1,9%) y Pesca (29,9%).

 

Otros sectores aún tendrán menores caídas como Minería e hidrocarburos (-1,5%), Manufactura (-2,2%) y Comercio (-2,1%).




Flujos de comercio y de capitales se redujeron a raíz de la crisis

La crisis sanitaria ha traído una mejora en el balance entre las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en la mayoría de países de la región, con la excepción de Bolivia, Uruguay y Venezuela.

 

En el 2020, respecto al 2019, la Cuenta Corriente (CC) de la Balanza de Pagos mostraría un menor déficit en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú, e incluso pasaría de un déficit a un superávit como se proyecta en Argentina.

 

Estos resultados son consecuencia de la caída drástica del nivel de actividad económica (PBI) que ha reducido simultáneamente las importaciones en los países de la región.

 

En el caso peruano, el balance en el comercio de bienes muestra un superávit promedio entre el 2017 y 2019 de US$ 6.837 millones. No obstante, para el 2020, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) proyecta un superávit de US$ 7.368 millones debido a la caída de las importaciones en US$ 9.058 millones.

 

Entretanto, las exportaciones disminuirían en US$ 8.304 millones.

 

Cabe señalar que el déficit en la balanza de servicios se incrementaría de US$ 3.114 a US$ 3.970 por la drástica caída del sector turismo. Con ello, la Cuenta Corriente cerraría con un déficit mínimo de 0,1% del PBI, el más bajo registrado desde el año 2008.

 

Un patrón similar se observa en América Latina, pues según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), para el presente año el valor de las exportaciones caería en 23%; 11 de dichos puntos se explican por menores precios y 12 puntos por un menor volumen.

 

Mientras que el valor de las importaciones disminuiría en 25%, con lo cual el balance comercial de la región sería positivo, como consecuencia de la caída en el PBI de los países.

 

Cuenta financiera

 

La Cuenta Financiera (CF) de la Balanza de Pagos registra los flujos de capitales de largo plazo, privados y públicos, así como los de corto plazo. En el 2019, la CF ascendió a US$ 11.726 millones, un alto superávit, solo superado por el obtenido en el año 2010, a causa de una fuerte entrada de capitales captados tanto del sector privado como público.

 

 

Dicho superávit permitió compensar el déficit en CC de US$ 3.531 millones y, finalmente, acumular reservas internacionales (RIN) por US$ 8.195 millones.

 

La mayor inversión extranjera directa (IED) originada en los sectores como energía, minería y servicios, la inversión de cartera por la colocación neta de bonos en el exterior y la entrada de capitales proveniente de la CF pública, gracias a la colocación de bonos soberanos, fueron los principales determinantes de dicho superávit.

 

Sin embargo, el panorama cambió este año, sobre todo durante los primeros meses de la crisis sanitaria, lo que produjo una fuerte salida de capitales de las economías emergentes, revirtiéndose todos los factores que impulsaron la CF en 2019.

 

En ese contexto, las proyecciones del BCR para el 2020 muestran una CF del sector privado negativa (-US$ 135 millones) por una menor inversión extranjera directa y un menor endeudamiento privado en el exterior.

 

Por el lado de la CF pública, las necesidades de financiamiento para el sector público llevaron a que durante el primer semestre del año ingresen US$ 4.077 millones a través de la colocación de bonos globales, proyectándose para fin de año un superávit de US$ 7.390 millones.

 

Con los resultados expuestos, la Balanza de Pagos cerraría el año con un superávit y, por tanto, una ganancia de RIN de US$ 7.100 millones, acumulándose un stock por encima de los US$ 75.000 millones (38% del PBI). Con ello, Perú es el país en la región con el mayor nivel de RIN respecto al PBI, seguido de Uruguay (30,3%) y Brasil (24,8%).

 

Financiamiento externo

 

A pesar de los resultados positivos para el presente año en las cuentas externas, es importante reconocer que estos son consecuencia de la marcada recesión económica y el mayor endeudamiento público, ambos plenamente justificados por la crisis sanitaria mundial.

 

El nivel de deuda pública de la región se estima que se habría incrementado en alrededor del 25%,respecto al año 2019. Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), países como Argentina y Paraguay elevaron su deuda pública en 35%. Entretanto, Bolivia y Brasil lo hicieron ligeramente por encima de 10%.

 

 

Según la Cepal, entre el 26 de marzo y el 24 de junio 2020 la emisión de bonos soberanos ascendió US$ 24,8 mil millones, correspondiendo a México el mayor monto (US$ 6.000 millones) y al Perú la menor tasa de interés (2,7%).

 

En el primer semestre del año, la emisión total de bonos ascendió a US$ 88.691 millones, un incremento del 67% respecto a similar periodo del 2019.

 

 

El mayor monto correspondió a las emisiones soberanas (43% del total), seguida de las cuasi soberanas –es decir aquellas realizadas por empresas públicas–, con 22%, el sector corporativo (20%), bancario (12%) y supranacional (3%).

 

Es importante advertir que aún se mantiene la incertidumbre en la duración de la crisis y en el impacto en la actividad económica y el margen de recuperación para el 2021 a nivel mundial.

 

Para el IEDEP, el Perú necesita financiar la Cuenta Corriente (CC) con una entrada de capitales privados que vayan de la mano con una recuperación del PBI y, por tanto, de la recaudación tributaria para restar necesidades de financiamiento del sector público.

 

Necesitamos preservar como país la baja inflación, el equilibrio externo, recuperar el equilibrio fiscal, es decir, todo aquello que nos ha permitido convertir a la estabilidad macroeconómica en un pilar reconocido de nuestra competitividad.

 

Así como buscar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa como zonas económicas especiales correctamente diseñadas, un mejor capital humano, adecuado clima de inversiones, una estabilidad jurídica y una política que garantice la permanencia de dichas inversiones en el país.




La COVID-19 impactó en las utilidades de empresas públicas

Bajo una economía social de mercado, tal como lo señala la Constitución Política del Perú, el Estado orienta el desarrollo del país actuando en áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. El pluralismo económico se muestra en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

 

En este contexto, el Estado puede realizar actividad empresarial bajo el principio de subsidiariedad, por razón de alto interés público o conveniencia nacional.

 

En otro extremo tenemos el caso de China, que tiene aproximadamente 150.000 empresas estatales en todos los sectores económicos, las que aportan entre el 30% y 40% del PBI y concentran el 20% del empleo.

 

En la actualidad el Perú cuenta con 34 empresas públicas (EEPP) agrupadas bajo la Corporación Fonafe en los sectores: electricidad (16), infraestructura y transporte y comunicaciones (5), hidrocarburos y remediación (2), diversas (6), financieras (4) y EsSalud.

 

Durante el año 2019, las empresas estatales aportaron el 2,2% del PBI, ejecutaron el 3,3% de la inversión pública y demandaron el 0,14% de la PEA. Además, tuvieron una participación en el mercado de producción eléctrica del 20% y del 64% de clientes en el mercado de distribución eléctrica y agua.

 

Además, alcanzaron importantes indicadores en la prestación de servicios financieros, con un total de S/ 20.406 millones en cartera de créditos entre el Banco de la Nación, Cofide y Agrobanco.

 

Asimismo, 23 de estas compañías participan en el ranking de las 500 mayores empresas del país elaborado por América Economía en 2020. EsSalud (7°) y el Banco de la Nación (51°) son las mejores posicionadas, también destaca Electroperú (75°).

 

El sector electricidad sobresale con una mayor presencia en número de empresas ranqueadas con once empresas listadas en las Top 500.

 

 

Tomando en cuenta la importancia de las EEPP se ha realizado una evaluación del impacto de la crisis sanitaria actual, a partir de la información de Fonafe hasta agosto pasado. Al igual que lo sucedido en las empresas privadas, la recesión económica, producto de las medidas sanitarias, afectó los indicadores financieros de las EEPP.

 

En el informe de Gestión Presupuestal a agosto del presente año se observa que la caída en ventas de bienes y servicios redujeron los ingresos operativos en 19,6%. Del total de ingresos el 60% se concentra en cinco empresas, Banco de la Nación con el 14%, Electroperú (13%), Perupetro (13%), Sedapal (12%) y Fonafe (8%).

 

Los ingresos de las EEPP se vieron más afectados en algunas de ellas, como es el caso de Perúpetro, por la reducción de sus ingresos por regalías y venta de hidrocarburos ante la menor producción; Sedapal, por menor cobranza y el fraccionamiento en el pago de los recibos de agua potable y alcantarillado; y Corpac debido al menor movimiento aerocomercial en los servicios aeroportuarios y de aeronavegación.

 

En cuanto a los egresos operativos, estos ascendieron a S/ 8.434 millones, creciendo 2,3% respecto a lo presupuestado. Son cinco empresas las que concentran más del 50% de dichos egresos, Electroperú (15%), Banco de la Nación (13%), Sedapal (13%), Hidrandina (7%) y Electronoroeste (5%).

 

En lo que respecta a las inversiones de las 34 EEPP, estas alcanzaron al mes de agosto los S/ 367 millones, una caída de 52,9% respecto a lo presupuestado. Sedapal, con un marco de S/ 231 millones, ha tenido que reprogramar las inversiones debido a la emergencia sanitaria, alcanzando ejecutar S/ 177 millones.

 

Por su parte, Corpac realizó inversiones por S/ 24 millones (-67,1%), debido al retraso en la adquisición de radioenlaces digitales de microondas, radar transportable, entre otros.
Hidrandina ejecutó S/ 21 millones (-69,1%) por retrasos en la obtención de viabilidades, valorizaciones, suscripción de contratos, según informó Fonafe.

 

A pesar de la difícil coyuntura se logró un resultado económico positivo de S/ 798 millones, aunque muy por debajo de los S/ 1.855 millones considerados en el marco presupuestal.

 

Rentabilidad a la baja

 

En el 2019, la utilidad neta de la corporación alcanzó los S/ 2.636 millones con un crecimiento de 24% en comparación al año anterior. El aporte de las EEPP financieras a este resultado representó el 40%, mientras que el resto corresponde a las no financieras. En tanto, el aporte según entidades se concentró en el Banco de la Nación (41%), Electroperú (15%) y Sedapal (15%).

 

Por su parte, según sector gubernamental a los que se encuentran adscritas o son afines, destacan el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con 42,3%, el Ministerio de Energía y Minas (42%) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (16%).

 

Es importante señalar que al mes de agosto del 2020, la utilidad neta de 21 empresas de la corporación Fonafe se redujo hasta alcanzar los S/ 1.340 millones, es decir, una caída interanual del 25,5%.

 

 

Las empresas que tuvieron mayor incidencia en este resultado fueron el Banco de la Nación (-26,7%), debido a los menores ingresos por servicios financieros como servicio de caja, cobro de tributos, menores comisiones ONP, Programa Juntos y Pensión 65.

 

En el caso de Sedapal, la caída fue de 38,7% debido a los menores ingresos por la venta de agua potable y alcantarillado, menor servicio de agua subterráneas, menor recuperación de provisiones para litigio y menor ganancia por diferencial cambiario.

 

También influyeron negativamente los resultados de Corpac (-206,7%), como ya se ha dicho, por la disminución del movimiento aerocomercial y los ingresos por concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por el cierre temporal de los aeropuertos a nivel nacional; y SIMA Perú (-514,3%) ante las menores ventas de mantenimiento preventivo, correctivo o averías en el casco de las embarcaciones pesqueras nacionales y extranjeras en su línea de negocio de reparaciones navales particulares, por la paralización de actividades.

 

Si bien en el periodo 2016-2019 la utilidad neta del Fonafe fue positiva en cada año; empresas como Agrobanco, Activos Mineros y Enapu registraron pérdidas sostenidas por S/668 millones, S/219 millones y S/85 millones, respectivamente.

 

Asimismo, aunque de forma intermitente, las empresas Enaco, FAME, Egemsa y SIMA Iquitos registraron al menos un resultado negativo durante dicho lapso.

 

Es importante poner atención en esta lista de empresas, debido a que en la medida que la pérdida se haga cuantiosa el Tesoro Público necesitará inyectar capital para mantenerlas con vida, tal y como ya hizo con Agrobanco en 2017 (S/ 150 millones), 2018 (S/ 80 millones) y 2020 (S/ 70 millones).

 

La Constitución es clara en el rol del estado en la economía. El reto es mejorar la gestión de las EEPP como parte del proceso de ser un país con mayor competitividad y productividad.

 

Tenemos el caso de Petroperú con la modernización de la refinería de Talara, que necesita de aproximadamente US$ 1.000 millones para su culminación y cuya rentabilidad es discutible. Hay que recordar que el Congreso la excluyó en 2006 del ámbito de Fonafe.

 

Por otra parte, también merecen atención las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que operan a nivel nacional, pues al estar bajo la administración de los gobiernos locales quedan sujetas a un manejo político.




La crisis generada por la COVID-19 afectaría el capital humano

Según el Banco Mundial (BM) el capital humano comprende los conocimientos, habilidades y salud que una persona acumula a lo largo de su vida y que le permiten realizar su potencial productivo.

 

Por tanto, un mayor capital humano está asociado a mayores ganancias para las personas y los países, convirtiéndose en un driver del crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza.

 

Por dicha importancia, el BM elabora su Índice de Capital Humano (ICH), el cual mide la productividad que un niño nacido puede alcanzar a los 18 años, dados los riesgos de mala salud y educación que prevalecen en su país.

 

Este índice que fluctúa entre 0 y 1 incorpora indicadores de salud (supervivencia infantil, retraso en el crecimiento y tasa de supervivencia de adultos) y de escolarización (años previstos de escolaridad y calificaciones en exámenes internacionales).

 

Sin duda, varios de estos indicadores quedan afectados ante la crisis sanitaria actual.

 

A nivel global, antes de la crisis de la COVID-19, se obtuvo que un niño podía esperar alcanzar un promedio del 56% de su productividad potencial como futuro trabajador; advirtiendo, además, que la actual crisis no solo afectaría a la generación actual, sino también futura.

 

El ICH para Perú puntúa 0,61, es decir, que un niño nacido hoy puede alcanzar el 61% de su productividad potencial cuando crezca si goza de buena educación y salud.

 

Este resultado representa un importante avance en comparación al 2018 (0,59) y de 2010 (0,55), ubicándolo por encima del promedio de América Latina y el Caribe (0,56).

 

A nivel desagregado, los indicadores peruanos revelan que 99 de cada 100 niños nacidos en Perú viven más de cinco años y que un niño que inicia clases a los cuatro años puede esperar completar 13 años de estudio hasta antes de cumplir 18 años de edad.

 

 

Asimismo, la puntuación en exámenes internacionales alcanza 415, siendo el máximo puntaje 625 y el mínimo 300; el 89% de las personas mayores de quince años vivirían por encima de los 60 años; y 88 de 100 niños no tienen retraso en el crecimiento.

 

En comparación a países de la Alianza del Pacífico, los ICH de Chile, México y Colombia son: 0,65, 0,61 y 0,60, respectivamente.

 

Si bien Perú ha dado importantes avances no es motivo de complacencia pues, con su actual ICH, se ubicó en el puesto 65° de un total de 174 países evaluados.

 

Tiempos de pandemia

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el segundo trimestre del 2020, las tasas netas de asistencia escolar en el Perú (clases a distancia) se redujeron en los tres niveles comprendidos en la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria), en comparación a similar trimestre del año anterior.

 

Así, a nivel inicial, el 81,2% de los niños de tres a cinco años recibió clases a distancia, cifra menor en 14,1 puntos porcentuales (p.p.); mientras que a nivel primario, el 94,2% de los estudiantes de seis a 11 años de edad recibió el servicio educativo, lo que significa una reducción de 3,5 p.p..

 

En el caso de educación secundaria, el 82,1% de adolescentes de 12 a 16 años de edad recibió clases, lo que equivale a 6,1 p.p. menos.

 

En general, los medios más usados por los estudiantes para conectarse a clases varía según su área de residencia: la televisión lidera en el área urbana con 60,7% versus 40,3% en el área rural, mientras que la radio lidera en el área rural (45,2% versus 9,9%).

 

Asimismo, la computadora o tablet se utiliza más en el área urbana (38,3% versus 12,5%) al igual que el WhatsApp (38,3% versus 30%). Otros medios como el correo electrónico y las llamadas telefónicas son más usados en el área rural (30,7% versus 16,4%).

 

Población de entre 17 y 29 años

 

El IEDEP considera importante aproximarse al impacto de la crisis de la COVID-19 en la población entre 17 y 29 años de edad.

 

Para ello, usó los datos provistos por la Encuesta Nacional de Hogares al segundo trimestre del 2020, estimando que el 26% de dicho grupo estuvo matriculado en algún centro o programa educativo, una cantidad menor en 7 p.p.,en comparación a similar periodo del año anterior, e incluso por debajo del promedio de los últimos cinco años.

 

De igual manera, cuando se verifica si los que no están matriculados al menos se capacitaron en los últimos doce meses, resulta que solo un 16% lo hizo, también la tasa más baja de los últimos cinco años.

 

Por ende, se espera mayor proactividad para atender a este segmento de la población, ya que desde el inicio del estado de emergencia se observan pocas medidas a su favor. Recién en septiembre se transfirieron S/ 30,6 millones para adquirir módems para estudiantes y docentes, así como S/ 43,2 millones a favor de 34 universidades públicas para financiar el mantenimiento de infraestructura y acciones en materia de cierre de brecha digital.

 

 

Cifras en salud

 

En el segundo trimestre del 2020 se observa que la población que afirmó padecer de alguna enfermedad o malestar crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, entre otros) alcanzó el 18,5%, superior en 5,3 p.p., en comparación a similar trimestre del año anterior.

 

Al revisar este indicador, según área de residencia, se observa una mayor incidencia en el área urbana (20,5%), mayor en 5,6 p.p. a la del año pasado, entretanto en el área rural (10,7%), fue superior en 3,6 p.p.

 

Por otro lado, en medio de las medidas de confinamiento y la priorización del Primer Nivel de Atención de Salud para la emergencia sanitaria, cuando se le consulta a la población si buscó atención para sus enfermedades, síntomas, recaídas o accidentes, el 80,6% refiere no haberla buscado, significando un incremento de 21,2 p.p. en comparación al año anterior; y, entre quienes sí la buscaron, el lugar predilecto fue la farmacia o botica.

 

En ese sentido, resulta imperativo “reactivar” la atención para enfermedades crónicas, pues su grado de mortalidad es elevado.

 

Recursos públicos

 

Debido a la crisis sanitaria el avance del presupuesto de inversión en educación y salud se han visto afectados. Así, al 7 de octubre se ha ejecutado el 55,2% y 57,9% del presupuesto anual, respectivamente.

 

Para el 2021 se proyecta que el presupuesto en apoyo al capital humano en conjunto sumaría S/53.655 millones, es decir, el 29,3% del presupuesto total, lo que representa alrededor del 7% del PBI.

 

Además de los recursos públicos asignados se necesita una mayor efectividad en el gasto. Solo como ejemplo, en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2019, periodo previo a la crisis, apenas el 34% de estudiantes que cursaban el cuarto grado de educación primaria logró en forma satisfactoria los aprendizajes esperados en matemática.

 

En lectura el desempeño se alcanzó el 34,5%.

 

En cuanto a indicadores nutricionales, la sierra es el área con mayor prevalencia de la anemia, que es un factor de alteración en el desarrollo cognitivo durante el periodo crítico de crecimiento. Le siguen, la selva, con 34,5%; Lima Metropolitana, con 21,7%; y el resto de la costa, con 25,1%.

 

La situación de riesgo latente de pérdida de potencial humano es mucho más severa en el interior de las regiones.

 

En Puno la tasa de anemia en niños alcanza el 58,6% de su población infante, sumándose seis regiones con tasas superiores al 40% como Ucayali (42,8%), Madre de Dios (43,2%), Loreto (41,4%), Junín (42,4%), Huancavelica (45,3%) y Cusco (46,5%).




Inflación, tipo de cambio y tasas de interés en tiempos de la COVID-19

El impacto de la COVID-19 a nivel económico ha sido devastador para hogares y empresas. En ese sentido, las cifras del PBI nacional al mes de julio y del empleo en Lima Metropolitana al mes de agosto son muestra de la magnitud de la crisis.

 

No obstante, según lo observado en los meses recientes, a medida que se han reanudado las actividades productivas, se fue recuperando el nivel de actividad económica.

 

Sin embargo, las consecuencias de la crisis han sido distintas en precios clave de la economía, tales como la inflación, tipo de cambio y las tasas de interés, los cuales analizamos a continuación.

 

Inflación

 

La inflación del mes de septiembre fue de 0,14%, llegando así a una inflación acumulada para el periodo enero-septiembre de 1,38%, y con una tasa promedio anual de 0,15%.

 

Para los doce últimos meses (octubre 2019-septiembre 2020), la inflación se ubicó en 1,82%. Con ello se mantiene la tasa anualizada de inflación por debajo del 2% como ocurre desde septiembre del año 2019, dentro del rango meta del Banco Central e Reserva del Perú (BCRP).

 

La crisis sanitaria ha impactado levemente en los precios de algunos productos, específicamente en el grupo de consumo cuidado y conservación de la salud, que registra una inflación acumulada de 2,94% para los primeros nueve meses del año.

 

El freno de la economía predominó más sobre los precios, observándose en lo que va del año inflaciones bajas en grupos de consumo como transportes y comunicaciones (-0,20%) y vestido y calzado (0,02%).

 

Este último registró en abril una inflación negativa de -0,04% y, entre mayo y septiembre, una inflación mensual de 0%.

 

En lo que se refiere a subgrupos de consumo, los más inflacionarios han sido azúcar (19,1%), pescados y mariscos (9,59%), carnes y preparados de carnes (6,49%), productos medicinales y farmacéuticos (4,61%), servicios de esparcimiento y cultura, (4,53%) y tabaco (8,62%).

 

 

Según LatinFocus, la mayoría de países de la región tendrían una inflación por debajo del 3% debido a la recesión generalizada por la crisis sanitaria. El Perú cerraría el año con una inflación entre 1,7% y 1,9%.

 

Otras economías que antes de la crisis ya registraban fuertes desequilibrios macroeconómicos alcanzarían inflaciones altas como Venezuela (2.685%), Argentina (38,7%) y, en menor, medida Uruguay (9,2%), debido a la depreciación de sus monedas.

 

Tipo de cambio

 

El tipo de cambio bancario venta sol por dólar ha mostrado una tendencia estable desde el inicio de la crisis, al experimentar la menor volatilidad entre los países de la región a pesar de la incertidumbre generalizada en los mercados financieros internacionales.

 

Desde el 20 de julio, el tipo de cambio fluctúa entre S/ 3,50 y S/ 3,59 por dólar y la depreciación del sol frente a la divisa norteamericana, en lo que va del año hasta el 29 de septiembre, es de 8,4%, superando al peso chileno (5,3%) y guaraní paraguayo (8,3%), pero por debajo de las depreciaciones del peso uruguayo (14,2%), peso mexicano (19,9%), peso argentino (27,1%) y real brasileño (39,8%).

 

El BCRP señala en su Reporte de Inflación de septiembre que ha intervenido en el mercado cambiario mediante la subasta de swaps cambiarios y la colocación de certificado de depósitos reajustables, para amortiguar las presiones al alza sobre el sol.

 

Si bien la incertidumbre aún persiste, el hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara el 16 de septiembre que continuará con su política monetaria de tasa de interés cercana a cero hasta fines de 2023, ha restado presiones al alza en el tipo de cambio.

 

El control de la tasa de inflación por debajo del objetivo del 2% permite que la FED señale que su meta será ahora que los precios crezcan moderadamente por encima de la inflación meta durante cierto tiempo, para que la inflación se ubique en un promedio de 2%.

 

Tasas de interés

 

La política monetaria en el mundo ha llevado a la baja las tasas de interés, incluso las tasas de referencia con niveles reales negativos.

 

Paralelamente los bancos centrales han aumentado la liquidez sea a través de la disminución de las tasas de encaje y sobre todo por los préstamos con garantía estatal como es el caso de Reactiva Perú y FAE-Mype.

 

 

Al 23 de setiembre, la tasa de interés activa se mantiene en niveles por debajo de su promedio histórico de los últimos diez años. Desde abril del presente año, la tasa activa por créditos a microempresas y pequeñas empresas han disminuido en 16,8 y 34,6 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente.

 

Sí es importante advertir que en el mes de septiembre, respecto a agosto, dichas tasas de interés se han elevado de 4,44% a 8,18%, para el caso de microempresas; y de 3,29% a 5,35%, para pequeñas empresas.

 

Esto también se refleja en la baja demanda de créditos con garantías de 95% y 98% por parte de las entidades financieras que participan en las subastas de repos de cartera de Reactiva Perú y que van dirigidos a mypes. En el caso de créditos a empresas de mayor tamaño la tasa de interés se ubica en el rango de 2,65% y 3,81%.

 

 

Un caso totalmente diferente es la evolución de las tasas de interés de créditos a hogares.

 

En el caso de los créditos hipotecarios se observa una mínima reducción de abril a septiembre, de 7,76% a 6,74%. Pero en lo que se refiere a los créditos de consumo, las tasas de interés se mantienen excesivamente altas a pesar de la reducción de 46,85% a 38,48%.

 

Si bien la economía muestra una etapa de recuperación en el nivel de producto, aún no salimos de la recesión y el riesgo de una mayor tasa de morosidad de muchos créditos, tanto para hogares como para pequeñas y microempresas.

 

Por eso, el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el gobierno para la reprogramación de créditos a hogares (consumo e hipotecario) y a mypes con garantía estatal, lo que llevaría a una disminución de su costo financiero.




Nuevas formas de hacer negocios en la “nueva normalidad”

Con el fin de dar a conocer las nuevas oportunidades de negocio para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en esta “nueva normalidad”, originada por la COVID-19, el Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó la XVI Expo Pyme: Pymes sin Fronteras, en la que se resaltó la importancia que tiene la capacitación como herramienta para el desarrollo empresarial.

 

En ese sentido, la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, señaló que la “nueva normalidad” pospandemia exige a las compañías adaptarse para poder mantener la producción de bienes y alcanzar las metas en los tiempos previstos, a fin de atender las necesidades de la población.

 

“Nos encontramos, por tanto, en la antesala de una nueva era, en la que sin dejar de atender la creciente producción de bienes tangibles, se priorizará la producción y la exportación de servicios”, subrayó Torriani.

 

Yolanda Torriani indicó que, indudablemente, uno de los desafíos es la necesidad de fortalecer el plano colaborativo, es decir, el trabajo en equipo, enfatizando la importancia de preservar el recurso humano como el activo más valioso de la empresa.

 

A su turno, el presidente del COPE, Jorge Ochoa, sostuvo que en la “nueva normalidad” las empresas buscan aumentar sus ventas, financiar óptimamente sus operaciones, transformar las oportunidades en soluciones de negocios, y mejorar su competitividad a través del uso de herramientas tecnológicas.

 

Pero, lamentablemente, aún hay empresas que no han llegado a ser lo suficientemente competitivas y productivas. “Por ello, es necesario buscar nuevas oportunidades como empresarios de clase mundial”, precisó Ochoa.

 

Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, a cargo de la conferencia magistral denominada Promoción de las empresas peruanas en mercados globalizados, señaló que el Perú es por tradición un país con alto potencial innovador.

 

“En nuestro país los pequeños y medianos empresarios constituyen el conjunto más importante de compañías que, hasta antes de la COVID-19 representaban el 99,5% de los más de 2 millones de empresas formales que existen en el Perú, las cuales generan empleo para casi el 60% de la población económicamente activa ocupada a nivel nacional”, subrayó Mario López.

 

En ese sentido, el canciller Mario López comentó que, en el marco de esta “nueva normalidad”, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha trazado un plan de acciones prioritarias con proyección hacia julio del 2021, enmarcado en objetivos establecidos a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

 

Entre las acciones de este plan están la lucha contra la pandemia, la reactivación y el desarrollo económico y social, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción.

 

CAF reestructura organización

 

Durante su ponencia denominada Organismos Multilaterales: ¿Cómo apoyan a las mypes peruanas?, el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza, anunció que la entidad está realizando un cambio en su estructura organizacional para abordar el problema de desarrollo de los países latinoamericanos afectados por la pandemia.

 

“El enfoque que hemos dado al sector dentro de CAF, que engloba a toda nuestra actuación y no solamente a las mipymes, ha sido identificar las necesidades de desarrollo en cada uno de los países, entendiendo que cada nación está en una etapa distinta en su proceso de desarrollo económico, y eso nos ha obligado a reestructurarnos hacia adentro, enfocándonos no en productos, sino fundamentalmente en el cliente”, aseguró.

 

Además, el presidente ejecutivo de CAF señaló que han tomado la decisión de abocarse a desarrollar nuevos instrumentos para el apoyo directo a las mipymes. Así, indicó que son fundamentales las alianzas estratégicas que deben tener con bancos de desarrollo y con gremios como la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

 

Demanda de recursos humanos

 

De otro lado, durante la conferencia magistral sobre Exportación de servicios en un mundo globalizado, el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), Javier Peña Capobianco, mencionó que dentro de la inversión extranjera directa a nivel global, casi el 60% corresponde al sector servicios, el cual genera el 50% del empleo.

 

Por ello, Capobianco precisó que es necesario generar un ecosistema integral donde se unan gobierno y empresa privada, para que encuentren oportunidades de desarrollo en el ámbito de los servicios, que cada vez se vuelven más importantes dentro de la economía de un país.

 

“Hay mucha demanda de recursos humanos en empresas de tecnología y de procesos de negocio. Durante la pandemia los niveles de contrataciones de estas compañías no han caído ni se ha despedido gente, sino que estas han logrado crecer”, destacó el secretario general de ALES.

 

Por su parte, el gerente de inversión y financiamiento de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) de Chile, Luis Felipe Oliva Díaz, explicó que esta agencia está enfocada en el desarrollo e innovación de las pymes y, con el fin de apoyar y potenciar su diversificación productiva, ha otorgado créditos por más de US$ 3.200 millones a más de 100.000 empresas, cubriendo aproximadamente el 11% de todo el crédito al segmento de las mipymes en Chile.

 

La última conferencia internacional estuvo a cargo del CEO global y director ejecutivo de ToJoy, Mr. Ge Jun, quien aseguró que mientras las empresas utilicen más elementos científicos lograrán atraer a numerosos consumidores.

 

En ese sentido, explicó que es necesario aprovechar las oportunidades que nos está dejando la COVID-19 con la finalidad de generar nuevos recursos para las compañías.

 

El evento también contó con las exposiciones magistrales del viceministro de Mype e Industria, Wilson Falen; el representante del Ministerio de Salud, Salomón Durand; el coach profesional ejecutivo acreditado por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizativo (AECOP) y por el Consejo Europeo de Mentoring y Coaching (EMCC), Antonio Grande Amarilla; y el director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano (CEC), Luis Fernando Gómez.




Conoce el índice de percepción de corrupción en el Perú

La corrupción se constituye en una fuerte restricción para la mejora de la productividad – competitividad de los países. Al respecto, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima refiere que sus efectos microeconómicos en el ambiente de negocios; en la decisión de inversión o de tributar y su impacto macroeconómico en el volumen y la calidad del gasto público; y desigualdad del ingreso y riesgo país van minando la confianza en las instituciones, provocando una inestabilidad política y económica que es muy difícil de resolver en el corto plazo.

 

Es por ello que Transparencia Internacional publica desde 1995 el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual mide las percepciones sobre corrupción en el sector público.

 

Crédito a empresas crece 5%

Inversión pública per cápita alcanza menor nivel

Inversión pública “dormida” suma S/35.100 millones

 

Recientemente se publicó la edición IPC 2019, donde se observa que el Perú logró mejorar cuatro posiciones respecto al 2018, ubicándose en la posición 101° entre un total de 180 países. En dicho índice se evalúa los niveles de corrupción en el sector público empleándose para el caso de Perú ocho encuestas:

 

  • El Índice de Transformación, de la Fundación Bertelsmann (IT-FB)
  • Servicio de Riesgo País, de The Economist Intelligence Unit (RP-EIU)
  • Condiciones Comerciales e Indicadores de Riesgo, de Global Insight (IR-GI);
  • La Encuesta de Opinión Ejecutiva, elaborada por el IMD World Competitiveness Center (EOE-IMD);
  • La Guía Internacional de Riesgo País, elaborada por PRS Group International (RP-PRS);
  • La Encuesta de Opinión Ejecutiva, realizada por el World Economic Forum (EOE-WEF);
  • El Índice de Estado de Derecho, de World Justice Project (ED-WJP)
  • El Índice Variedades, de Democracia (V-DEM).

 

Los datos obtenidos se estandarizan en una escala de 0 a 100, donde 0 equivale al nivel más alto y 100 implica el nivel más bajo de percepción de corrupción.

 

En el año 2019 los países percibidos como menos corruptos fueron Nueva Zelanda y Dinamarca, ambos con 87 puntos y compartiendo el primer lugar, seguidos de Finlandia (86 puntos y 3° lugar). En el caso de las diez economías de América del Sur, siete mejoraron su performance respecto al 2018 destacándose los avances de Ecuador en 21 posiciones y ubicándose en el 93°, Argentina en 19 posiciones (al 66°) y Bolivia en 9 posiciones (al 123°). En lo que respecta a los retrocesos en el IPC-2019, Brasil retrocedió una posición (al 106°), entretanto Paraguay y Venezuela se rezagaron en cinco posiciones, al 137° y 173°, respectivamente. A nivel global, solo la tercera parte, es decir 60 países, mejoraron su puntaje respecto al IPC 2018; 52 lo mantuvieron y 71 lo empeoraron.

 

Logra mejores resultados

En tanto, el Perú obtuvo un puntaje de 36 y ocupó el puesto 101°, mejorando un punto y ascendiendo cuatro posiciones respecto a los resultados de 2018. De las ocho encuestas consideradas para determinar el IPC 2019, se mejoró el puntaje en tres de ellas, en otras tres se mantuvo el mismo puntaje y se retrocedió en las dos restantes. Los resultados alcanzados en el último año superan los obtenidos en el IPC 2018 en donde no se registró ninguna mejora respecto al año 2017.

 

Se logró los mayores avances en la encuesta del IT-FB, donde se evalúa si el gobierno sanciona a los funcionarios públicos y en qué medida el gobierno logra contener con éxito la corrupción. El Perú mejoró en cuatro puntos hasta llegar a 49 y ubicarse en la posición 25° entre 137 países, por encima del resultado 2018, 26° de 129 países.

 

En la EOZE-WEF se evalúa si las empresas deben entregar pagos adicionales para fines vinculados a sus negocios como exportaciones, pagos de impuestos, adjudicación de contratos públicos, entre otros. Además, se consulta si en el país se desvían fondos públicos a empresas, individuos o grupos. En este caso se obtuvo una importante mejora en puntaje de 23 a 26 lo que posibilitó ascender del 120° hasta el 117° entre 134 países.

 

El ED-WJP es la tercera encuesta donde se logró mejorar el puntaje. Aquí se analiza el grado de respeto del Estado de derecho analizando en distintos niveles de gobierno si los funcionarios aprovechan su función pública para beneficio propio. El Perú mejoró su puntaje de 30 a 32 ubicándose 87° de 123 países.

 

Luego se tiene el RP-EIU 2019 donde se estudia aspectos institucionales como la existencia de mecanismos de rendición de cuentas de fondos públicos, la independencia del poder judicial y, por otra parte problemas de corrupción como el uso de fondos públicos para fines personales o partidistas por parte de funcionarios del gobierno y el uso de sobornos para la adjudicación de contratos, entre otros. En este caso se mantuvo el puntaje de 37 similar a lo alcanzado en los últimos cuatro años y conservando la posición 55° entre 131 países.

 

Otra encuesta importante es la RP-PRS en la cual se valora la corrupción en el sistema político, casos de corrupción financiera que enfrentan las empresas como son exigencias de pagos especiales y sobornos o de corrupción real como casos de nepotismo, intercambio de favores, financiamiento clandestino de partidos políticos, etc. En el último periodo, el Perú mantuvo el puntaje de 41, pero se retrocedió una posición de 56° al 57° entre 140 economías.

 

La encuesta IR-GI evalúa el riesgo de que las personas/empresas enfrenten sobornos u otras prácticas corruptas para llevar a cabo actividades comerciales. Para el año 2019 se sostuvo el puntaje de 35 lo que nos significó retroceder en cinco posiciones hasta el puesto 91.

 

El resultado más negativo lo obtenemos en la EOE-IMD, de la cual se extrae la sección correspondiente al marco institucional y se pregunta a líderes empresariales séniores: soborno y corrupción ¿existen o no?

 

Nueva Zelanda y Dinamarca son los países con menor percepción de corrupción

Lamentablemente el puntaje obtenido cayó de 25 a 24, tendencia que se observa desde el 2015. En este último año, hemos retrocedido del 58° al 62° de un total de 63 países.

 

Finalmente, el V-DEM toma un conjunto de datos multidimensional que refleja la complejidad del concepto de democracia como sistema de gobierno. Se pregunta por la corrupción política que afecta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este caso, el Perú ha visto retroceder su puntaje de 46 a 44 y su ubicación de 69° a 76°.

 

En suma, los resultados analizados revelan una mejora en la percepción acerca de la corrupción en el país. Los puntajes lo demuestran; sin embargo, los esfuerzos realizados no son suficientes para alcanzar un nivel que nos ubique al menos por encima del promedio de los países de la región.Las encuestas del IMD y WEF, donde estamos peor evaluados, muestran la percepción que ante una economía plagada de trabas y regulaciones, sería el soborno o el pago no documentado una salida para seguir operando en los mercados. Una profunda desregulación y eliminación de trabas contribuiría a minimizar los costos de transacción de las empresas y mejorar nuestros índices de corrupción.