• Elecciones 2021: Los planes de gobierno en materia económica

    La CCL recopiló las principales propuestas de siete candidatos a la presidencia de la República.

    8 de Marzo del 2021
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    A un mes de las elecciones presidenciales es importante conocer las principales propuestas en una coyuntura difícil, tanto en el aspecto sanitario como económico. Para el presente artículo se han considerado solo siete planes de gobierno: Acción Popular (AP), con Yonhy Lescano; Avanza País (AV), con Hernando de Soto; Fuerza Popular (FP), con Keiko Fujimori; Juntos por el Perú (JP), con Verónika Mendoza; Podemos Perú (PP), con Daniel Urresti; Renovación Popular (RP), con Rafael López Aliaga; y Victoria Nacional (VN), con George Forsyth.

     

    La elección de dichos partidos obedece a su posición en las recientes encuestas de opinión, dado que por espacio no es posible incluir las propuestas de los más de 20 candidatos a la presidencia de la República.

     

    Asimismo, si bien los planes de gobierno abarcan una diversidad de temas, también por razones de espacio se han seleccionado las propuestas relacionadas a cuatro aspectos: (a) Reorganización del Estado, (b) Fomento de la inversión privada, (c) Tributación y (d) Programas sociales.

     

    Reorganización del Estado

     

    Dentro de la estructura del Estado, el Poder Ejecutivo se soporta en la Presidencia del Consejo de Ministros y en 18 ministerios, los que, a su vez, agrupan a organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados, entre otros. Para tener una idea de su dimensión, en el 2021 el presupuesto asignado a este poder del Estado asciende a S/122.021 millones, significando el 63% del presupuesto público total.

     

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    Dentro de este monto, el 81% va destinado a gastos corrientes, de los cuales el 22% se destina a planillas, que incluye al personal administrativo, militar y policial, entre otros Podemos Perú es el partido que plantea varios cambios al respecto: (i) la creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas; (ii) convertir el MTC en el Ministerio de Conectividad, Logística y Movilidad Urbana; (iii) creación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a partir de la fusión de distintos viceministerios.

     

    Además, (iv) convertir el Ministerio de Economía y Finanzas en Ministerio de Hacienda; (v) creación de la Agencia Nacional de Salud fusionando por absorción el Digemid, Digesaa, SuSalud, Sanipes y Senasa; (vi) y la creación de la Agencia Nacional Reguladora de Servicios Públicos, integrando a Osiptel, Osinergmin, Sunass, Sutran y Ositran.

     

    Por su parte Victoria Nacional plantea la transformación del Minedu en Ministerio de Educación y Formación Profesional para el Empleo, la creación del Ministerio de Infraestructura sobre la base del MTC y que Ceplan se convierte en Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial.

     

    Mientras que, Renovación Popular apunta a reducir el número de ministerios para minimizar el sobredimensionamiento, burocracia estatal y elevados gastos corrientes. Por su parte, Acción Popular propone una reforma para mejorar los servicios que presta el Estado con todas estas instituciones, y una reducción de costos ineficientes, sin afectar a los trabajadores ni sus derechos laborales.

     

    Juntos por el Perú, considera la creación de una entidad autónoma a cargo de la Reforma de la Administración Pública como ente rector de la Secretaría de Gestión Pública, Servir, Ceplan, OSCE, Secretaría de Integridad y la Secretaría del Gobierno Digital.

     

    Fomento de la inversión privada

     

    La alta inversión es un prerrequisito para un crecimiento sostenido. Durante el 2020, la inversión privada se contrajo en 17,2%, pese al repunte de 9,4% en el IV trimestre. Sin embargo, la recuperación esperada para el 2021 se ve afectada por la incertidumbre que provocan los comicios presidenciales.

     

    En el caso de las Asociaciones Público-Privadas (APP), JP plantea que todas las concesiones serán por iniciativa pública y ya no privada, priorizando obras en fase de ejecución contractual (10), en fase de estructuración (5) y en fase de ejecución (2), entre otras. Por el contrario, AV, VN, RP, FP y PP exponen la importancia de las inversiones en APP y OxI proponiendo algunas mejoras.

     

    VN expone un sistema de priorización de proyectos elevando su Plan Maestro de Infraestructura 2021- 2051 y el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2021-2051. En tanto, RP y FP impulsan la inversión en gestión del agua, saneamiento y residuos sólidos.

     

    Para promover la inversión privada, VN, RP y PP coinciden en la eliminación de barreras burocráticas. En tanto, AV propone la eliminación de trabas, simplificación de trámites e implementación de mecanismos que necesitan las empresas tanto formales como informales, para proveer la infraestructura que requiere la ciudadanía.

     

    Además, establecer estándares de preparación de proyectos maduros antes de licitarlos como obras públicas o concursarlos como APP. De otro lado, PP propone que Fonafe sea gestionado como un holding con la venta del 30% de participación a socios internacionales para recibir un shock tecnológico, de innovación que asegure su rentabilidad y sustentabilidad.

     

    Tributación

     

    En 2020 los ingresos tributarios tuvieron una drástica caída, como el Impuesto a la Renta (-13,3%), IGV (-12,8%) y el ISC (-15,9%) y la base tributaria desaceleró su crecimiento hasta el 2,9%, la menor tasa en los últimos quince años. No obstante, desde antes de la crisis de la COVID19, el país ya estaba rezagado en presión tributaria en comparación a sus pares de la región como Colombia, Ecuador, Chile e, inclusive, al promedio de América Latina.

     

    Para mejorar este diagnóstico, los candidatos proponen que los ingresos tributarios dependan menos de los impuestos indirectos y en mayor medida de impuestos directos (VN y AV), simplificación de regímenes tributarios con una autoridad tributaria más amigable (VN, RP y FP) y reducción de exoneraciones tributarias (JP, RP).

     

    En el caso de PP, se propone que toda persona al cumplir mayoría de edad recibe su DNI, RUC y, además, una cuenta de detracciones. Se extiende el crédito fiscal del IGV a todas las personas jurídicas y naturales. Las primeras pueden compensar el crédito fiscal con sus compras, mientras que las personas naturales podrán recibir anotaciones del IGV en su cuenta de detracción personal.

     

    Otras medidas particulares son el impuesto a las grandes fortunas que superen a los US$ 100 millones, además de fortalecer el impuesto predial sobre las grandes propiedades (JP) y la reducción de la tasa de IGV (RP).

     

    Por su parte, AP plantea fortalecer la Sunat y darle mayores facultades para que se baje la evasión y elusión tributaria, evaluar las exoneraciones tributarias y dar incentivos tributarios a quienes contraten personas entre 55 y 65 años, así como masificar una cultura tributaria. AV someterá una propuesta de reforma tributaria a consulta nacional.

     

    Programas sociales

     

    El aumento súbito de la pobreza, que se estima en alrededor del 30% de la población, y la mayor desnutrición infantil son consecuencias de la crisis sanitaria y económica, y conforman la agenda de políticas públicas que los candidatos presidenciales deben formular.

     

    En ese sentido, se han identificado dos frentes sobre los cuales los siete planes de gobierno basan sus propuestas. El primero de ellos se sustenta en la continuidad y reforzamiento de los programas sociales de transferencia monetaria. Así, AV propone continuar programas de protección social incluyendo programas de creación de empleo.

     

    En la misma línea, JP busca reforzar el Programa Juntos, fortaleciendo de capacidades y articulando con otros programas sociales. Respecto a las filtraciones y deficiencias de los programas, FP, AP, VN y AV muestran similitudes en sus propuestas.

     

    FP plantea corregir deficiencias del Sisfoh generando indicadores de metas. RP, por su parte, propone combatir las duplicidades reduciendo costos administrativos y fijando políticas de compras eficientes. En tanto, VN propone hacer uso de big data para identificar a los beneficiarios.

     

    En cuanto a AV, propone centralizar los programas de protección social, a fin de aumentar su eficiencia y focalizando los beneficiarios a través de un número único de identificación. Una segunda dimensión de alto valor son los programas que garanticen la seguridad alimentaria. En este punto, se proponen medidas para repotenciar los comedores populares (FP).

     

    Otras medidas son potenciar los programas A Comer Pescado y De la Chacra a la Mesa (PP), mayores recursos y gerencia a los programas Juntos y Qali Warma, dotar a las postas médicas de recursos para que suministren paquetes de alimentos a los niños que se atiendan en dichos establecimientos (AP) y que los programas alimentarios se elaboren con productos nacionales (RP).

     

    Finalmente, hacemos referencia a la Remuneración Mínima Vital (RMV), donde solo dos candidatos sientan posición. VN propone la fijación de una RMV diferenciada, según tamaño de empresa, productividad sectorial y costo de vida regional; mientras que JP plantea un incremento periódico de la RMV con criterios técnicos y diálogo social.

     

    Puede conocer más propuestas económicas de los candidatos presidenciales señalados al inicio de este informe en el siguiente link: CUADRO_CANDIDATOS_IEDEP

     

     

     

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