Más seguridad con Obras por Impuestos. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, ha identificado un portafolio de 62 inversiones mediante Obras por Impuestos por S/ 2 695 millones para fortalecer la seguridad ciudadana a nivel nacional.

De este portafolio, destacan 18 proyectos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que requieren inversiones estimadas por S/ 1 422 millones mediante Obras por Impuestos. Se trata de iniciativas como mejoramiento de establecimientos penitenciarios en las regiones de Piura, La Libertad, Lima, Callao, Ica, Amazonas, Huánuco y Puno; así como adquisición de vehículos, inhibidores y otros equipos de seguridad penitenciaria.

El Ministerio del Interior (Mininter), por su parte, ha identificado 14 proyectos de Obras por Impuestos por S/ 476 millones en diversas partes del país. Este portafolio incluye proyectos de construcción de nuevas comisarías en Matarani (Arequipa), Totos (Ayacucho), Santa Lucía (San Martín), Uco (Ancash), San Ignacio (Cajamarca), Collique (Lima), Pichanaqui (Junín) y Cayma (Arequipa); así como oficina de criminalística, laboratorio forense, adquisición de equipos de comunicación y de patrullaje policial.

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En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha identificado 10 iniciativas OxI por S/ 382 millones enfocadas mejoramiento del servicio de defensa pública y acceso a la justicia en Ica, Arequipa, Tacna, Yurimaguas; así como proyectos de mejoramiento de servicios de reinserción social de adolescentes, entre otros.

La Sunarp ha identificado 4 proyectos OxI por S/ 99 millones que buscan el mejoramiento y ampliación de sus sedes regionales en Lambayeque, Lima, La Libertad e Ica. Además, la SUNAT tiene previsto ejecutar mediante Obras por Impuestos 4 proyectos por S/ 159 millones para mejorar puestos de control y centros de atención en las regiones de Loreto, Tacna, Madre de Dios y Puno.

Nuevas obras por impuestos.

Finalmente, los Gobiernos Regionales de Arequipa y San Martín han identificado tres proyectos OxI por S/ 80.6 millones para adquirir patrulleros y mejorar los servicios de seguridad ciudadana. De igual manera, los gobiernos locales de Tumbes, Ancash, Lima, Huancavelica, Junín, Apurímac, Cusco y Puno han previsto ejecutar, en conjunto, nueve inversiones mediante Obras por Impuestos por S/ 76 millones.

El director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, saludó que cada vez más entidades públicas deciden luchar contra la inseguridad ciudadana con el mecanismo de Obras por Impuestos y mostró su confianza en que las empresas privadas se sumarán en esta cruzada para fortalecer y garantizar la tranquilidad de las familias peruanas a nivel nacional.

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En medio de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana, el Congreso aprobó una ley que permitirá al personal de serenazgo usar pistolas eléctricas o armas de electrochoque como herramienta de defensa no letal. La norma fue respaldada en primera votación con 88 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.

En segunda votación fue aprobado con 90 votos a favor, cinco en contra cero abstenciones.

El cambio modifica la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal para incluir armas no letales entre los equipos permitidos, como respuesta a la falta de recursos con los que cuenta este personal para protegerse y proteger a los vecinos.

Estas armas emiten una descarga eléctrica que inmoviliza temporalmente a una persona, sin causar daño letal.

“Es absurdo que los serenos no puedan usar estas herramientas mientras enfrentan la delincuencia todos los días”, señaló la congresista Adriana Tudela, presidenta de la Comisión de Defensa.

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Capacitación y control

La norma también contempla que los serenos que usen estas armas reciban capacitación previa, y se evalúe el uso de cámaras corporales para garantizar un uso responsable y transparente del dispositivo, según propuso la congresista Ana Zegarra.

Además, se incluyó una disposición que exonera de responsabilidad penal a los serenos que, usando el arma de manera reglamentaria, causen daños en el cumplimiento de sus funciones.

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Inseguridad: el enemigo del crecimiento económico

Tras la reciente propuesta de la Defensoría del Pueblo, de restringir el uso de motocicletas entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que esta medida y en ese horario tendría un impacto significativo y negativo en el dinamismo de una amplia gama de servicios.

“Las motos son un eslabón crucial en la cadena de valor de sectores como el delivery de farmacias/boticas, restaurantes, supermercados, mensajería urgente y, en general, para la logística de última milla que opera en horarios extendidos para satisfacer las necesidades de los consumidores”, remarcó.

Destacó que los delivery en turno noche dependen de ese ingreso para el sustento de sus hogares y representa más del 40 % de los trabajadores como una actividad complementaria para sus ingresos.

Propuesta 

Para Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, esta medida busca prevenir delitos como el sicariato, la extorsión y el robo agravado, en los que es frecuente el uso de motos.

En ese sentido, indicó que los denominados “puntos pico” de criminalidad se concentran entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., y entre las 4:00 a.m. y 6:00 a.m., franjas en las que ocurren con mayor frecuencia los delitos mencionados.

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Reunión con motociclistas

La Comunidad Motera del Perú y de la Asociación de Motociclistas del Perú se reunieron con la Defensoría para dialogar sobre los alcances de la posible restricción. Se acordaron algunas medidas complementarias para evitar afectaciones injustas:

• Registro de acompañantes: Se desarrollará un sistema para identificar a los pasajeros, prohibiendo el traslado de personas con antecedentes.
• Empadronamiento de deliverys: El Ejecutivo creará un registro oficial para quienes trabajan en este rubro y otros que usen motos por motivos laborales.
• Placas con chip: Se impulsará el canje gratuito de placas actuales por unas con chip de seguridad para mejorar la fiscalización.

No habrá multas, pero sí control

Si bien las sanciones no implicarán multas, quienes incumplan la medida serán llevados a la comisaría más cercana para su identificación y verificación de antecedentes.

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1. Planes estratégicos para los Gremios

Elaboración de 16 Planes de Acción Estratégica para cada uno de los gremios de la CCL, los cuales se han presentado progresivamente a los respectivos gremios. Cada plan contempla acciones concretas enfocadas en el impulso de propuestas normativas y políticas que fortalezcan sus actividades económicas, así como la promoción de una participación activa en espacios claves del sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional.

2. Simplificación para los procedimientos de pago

Se sostuvo una reunión con el ministro de Salud junto al Gremio de Salud de la CCL, a quien se le expuso técnicamente la solución a la problemática relacionada con las demoras en los procedimientos de pago del Minsa a proveedores, que se estimaba que tuvieran una duración de 180 días.

Se instaló  la mesa de trabajo para dar seguimiento a la problemática. Donde participó el director ejecutivo de Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y del secretario general del Minsa, quienes informaron sobre las acciones emprendidas al respecto.

3. Lucha contra la inseguridad ciudadana

Mesas de Trabajo. La CCL reunió  a representantes del sector privado (gremios de empresas mypes y organizaciones sociales) y del sector público (Poder Legislativo, Poder Judicial, PNP, Fiscalía, INPE, gobiernos locales, entre otros). En ese sentido, en octubre y diciembre de 2024, se realizaron la I y II Mesa de Trabajo denominada “Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos”.

Coalición por la Seguridad Ciudadana. Integrada por 14 gremios de empresas mypes que agrupan a más de 500 000 empresarios de distintos sectores productivos, así como organizaciones sociales. Esta Coalición, bajo el liderazgo de la CCL, ha participado activamente en mesas de trabajo organizadas por el Congreso de la República y se ha generado espacio en diversos medios de comunicación, con el objetivo de visibilizar el trabajo articulado en materia de seguridad ciudadana. Es importante destacar que los integrantes de la Coalición han expresado su agradecimiento a la CCL por el trabajo técnico y búsqueda de soluciones para reducir la criminalidad.

Compromiso del Mininter. El 20 de febrero de 2025 la Coalición logró que el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se comprometiera a presentar planes de acción y articulación para fortalecer la seguridad de las mypes, lo que no cumplió, situación que fue difundida a los medios de comunicación y expuesta en el VI Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial.

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4. Diálogo estratégico con el Poder Legislativo

En lo que va de 2025, la CCL ha encabezado un proceso de diálogo estratégico con el Legislativo, tras sostener reuniones con 13 congresistas. Es importante resaltar la activa participación de los presidentes e integrantes de los gremios y comisiones de la CCL en estas sesiones, los cuales han abordado temas prioritarios de sus respectivas agendas gremiales.

5. Opiniones institucionales y propuestas normativas

La CCL ha elaborado y remitido más de 123 informes de opinión a proyectos de Ley y propuestas de modificación normativa en materia de reactivación económica, laboral, tributaria, seguridad ciudadana, salud, innovación tecnológica, inteligencia artificial (IA), sustancias químicas, zonas económicas especiales privadas, uso de cáñamo industrial, contrataciones públicas, entre otras, presentadas al Congreso de la República, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y diversas carteras ministeriales.

Principales observaciones y propuestas formuladas a diversos proyectos normativos:

Proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo 1570, sobre gestión integral de sustancias químicas, trabajado junto con el Gremio Químico.

Proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo 1599, sobre innovación tecnológica y sandbox, trabajado junto con el Gremio TIC.

Proyecto de Reglamento de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, trabajado junto con la Comisión de Contrataciones con el Estado y el Centro de Arbitraje de la CCL.

Proyecto de decreto supremo que modifica el Reglamento de Decreto Legislativo 1413, destinado a promover y facilitar el transporte marítimo de cabotaje de pasajeros y de carga, trabajado junto con el Gremio XCOM.

Proyecto de Reglamento de la Ley 31814, sobre el uso de la inteligencia artificial, trabajado junto con el Gremio TIC y la Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Proyecto para la nueva Ley General de Turismo trabajado con el Gremio de Turismo.

Entre los aportes más relevantes se encuentran:

Propuestas planteadas a la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) Privadas, trabajadas en coordinación con el Gremio XCOM y la Comisión Tributaria de la CCL.

Propuestas planteadas al Proyecto de Ley 3962/2022-CR, antecedente de la Ley 32195, Ley del Desarrollo Agrícola del Cáñamo para su Uso Industrial, trabajadas junto con el Gremio Copecoh.

Propuesta de reducción de feriados nacionales, y traslado de feriados a los días lunes.

Propuesta sobre ubicación de avisos y anuncios publicitarios, trabajada con el Gremio de Retail y Distribución.

Seis propuestas sobre seguridad ciudadana, trabajadas con la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial CCL.

Propuesta sobre modificación del Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de dominio, trabajada con la Comisión de Justicia.

6. Mesas de trabajo con el Ejecutivo

En mayo de 2024, la CCL presentó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el análisis y las observaciones al Proyecto de Ley 7752/2023-PE, que delega al Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de regulación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

La  CCL ha sostenido reuniones con 10 ministerios, con la participación activa de Comsalud, Servicios, TIC, Cope, Copecoh, Indumentaria, Protec y Educación. Las reuniones se realizaron con las carteras de los Ministerios de Salud, Cultura, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Producción, del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Educación, del Interior, Justicia y Derechos Humanos.

10 mesas de trabajo con los ministerios de Salud, del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, y Educación, para desarrollar las propuestas planteadas en las agendas de trabajo.

Mesas de trabajo en el Ministerio de Salud: para la simplificación administrativa en los procedimientos de pago de medicamentos e insumos médicos.

Mesas de trabajo en el Ministerio del Ambiente:

Mesa de trabajo sobre actualización del Decreto Supremo 009-2019-MINAM, sobre gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE- Salud y Electrodomésticos).

Mesa de trabajo sobre el Proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo 1570, Ley de Gestión Integral de Sustancias Químicas.

Mesa de trabajo para la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos biológicos (reciclaje de plásticos y gestión de regalías de recursos genéticos).

Mesas de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego:

Mesa de trabajo para el impulso del algodón orgánico regenerativo.

Mesa de trabajo para la reglamentación de la Ley del Cáñamo Industrial.

Mesa de trabajo para la formalización de la pequeña agricultura y el comercio informal de productos fitosanitarios.

Mesas de trabajo en el Ministerio de Educación:

Mesa de trabajo para el fortalecimiento de la educación temprana.

Mesa de trabajo para el impulso de la formación ocupacional.

Mesa de trabajo para el desarrollo del perfil docente.

15 mesas ejecutivas del MEF

Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Pesca.

Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía Peruana, cuya sesión se realizó en las instalaciones de la CCL.

Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Acuícola.

Reunión del Grupo de Trabajo de Acceso e Infraestructura, en el marco de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía Peruana.

Reunión de trabajo previa a la Mesa Ejecutiva para la Transformación Productiva en Cadenas de Valor Priorizadas.

Reunión subgrupo fibra de algodón de la Mesa Ejecutiva para el desarrollo textil.

* En el Consejo Directivo del mes de marzo, el ministro de Economía anunció la creación de la Mesa Ejecutiva de Exportación de Servicios.

7. Programas para jóvenes

Semillero CCL

En septiembre de 2024, la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL inauguró la II edición del proyecto “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos”, donde se escogieron a 60 alumnos destacados de más de 450 postulantes.

 Generación F

En abril de 2024, la CCL presentó a un grupo de 50 jóvenes que fueron seleccionados para ser parte del programa “Generación F”, que promueve la formación en liderazgo empresarial. Estos son jóvenes líderes dotados de pasión, compromiso y capacidad para impulsar el desarrollo del país.

8. Eventos estratégicos de posicionamiento

Mayo 2024

XXI Foro Internacional de Puertos: “Importancia De La Multimodalidad En El Transporte De Mercancías”.

Junio 2024

XXIII EXPOPYME 2024 – “Oportunidades globales, pymes sostenibles: el camino hacia el éxito”.

Julio 2024

XII Simposio Internacional de Arbitraje.

Agosto 2024

IX Foro Internacional de Educación.

Octubre 2024

XX Edición del Premio Anual al Periodismo “Ramón Remolina Serrano”, que reconoció el esfuerzo y trabajo de la prensa nacional y la investigación periodística en el país. En este evento fueron galardonados los periodistas de Radio Programas del Perú (RPP), Latina Televisión, el diario Gestión y América Televisión.

IV Foro Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizado por la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.

VIII Foro Internacional de Valoración Aduanera.

IX Foro Internacional Retail: Innovar, integra y transformar.

XVIII edición de la ‘Convención Internacional de Productos para la Salud y Ciencias Afines – TECNOSALUD 2024’.

Noviembre 2024

Seminario “Guía sobre productos y servicios inmobiliarios”, llevado a cabo por el Gremio de Servicios (Sector Bienes Raíces) en colaboración con Indecopi.

VI Foro & Expo de Gastronomía Anemia y Malnutrición.

XXIV EXPO PYME, se realizó la presentación “Regulaciones 360: Transformando normativas en oportunidades”.

‘XI Edición del Foro Expo & Rueda de Negocios Internacional de Franquicias’.

VIII Foro Internacional de Servicios 2024.

Diciembre 2024

XXII edición de la Encuesta Anual de Ejecutivos (EAE-2024) .

Marzo 2025

VI Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial: “Seguridad, un compromiso de todos”, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, con el objetivo de analizar las tendencias, los desafíos y las soluciones frente al crimen organizado y la delincuencia.

XXII Foro Internacional de la Mujer Empresaria y Emprendedora 2025: ‘Mujeres que Impactan: Fortaleciendo el Liderazgo con Claridad y Firmeza’

Premio Avonni-CCL 2025.

Estudio de Inteligencia Comercial del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH).

9. Convenio con la Municipalidad de Chancay y Consejo Consultivo

El 24 de enero de 2024, la CCL suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Chancay, a fin de brindar capacitación para potenciar las capacidades de los empresarios de la zona de influencia de Chancay.

Desde enero de 2025, la CCL forma parte del Consejo Consultivo de Chancay, cuyo propósito es constituir un espacio de análisis, diálogo y propuestas estratégicas para gestionar transformaciones claves en diversos ámbitos del distrito. En ese sentido, la CCL participa activamente en las sesiones del Consejo, brindando soporte técnico en cuatro ejes prioritarios: vía de Evitamiento, Zona Económica Especial Privada, ordenamiento urbano, y seguridad ciudadana en Chancay.

10. Convenios de cooperación y reuniones estratégicas de relacionamiento

Durante el periodo 2024-2025, la CCL ha fortalecido su red de colaboración institucional a través de la suscripción de convenios orientados a promover el desarrollo económico, social y empresarial del país, así como el relacionamiento institucional y cooperación con diversas entidades. Entre los principales podemos destacar:

1)           CCL-CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico)

Convenio para entrenar a gremios y asociados en el uso del Observatorio Nacional de Prospectiva, con el fin de promover una cultura de planeamiento estratégico en el sector empresarial.

2)           CCL-ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura)

Convenio en proceso final de revisión para dar acceso a oportunidades de infraestructura priorizadas bajo mecanismos como Obras por Impuestos (OxI), con el objetivo de promover la inversión privada en infraestructura pública.

3)           CCL-Fundación Peruana de Cáncer (FPC)

Cooperación institucional para difundir programas de salud oncológica, con apoyo del Gremio Copecoh.

4)           Reuniones diplomáticas y de cooperación

Con embajadas de Japón, Costa Rica, El Salvador, Austria, Arabia Saudita, Colombia y la Cámara de Comercio de Santiago.

5)           CAF y el BID

Se presentaron propuestas conjuntas para estudios en:

1. a) Sistema penitenciario nacional: modernización, reducción del hacinamiento y mejoras de reinserción laboral.
2. b) Sistema de compras de EsSalud: evaluación técnica del proceso logístico de adquisición de medicamentos. En ambos casos, se discutieron mecanismos de cooperación técnica y financiamiento conjunto.

6)           Fundación Hanns-Seidel-Stiftung

Coordinación para desarrollar estudios sobre el sistema de justicia y gobernabilidad.

11. Participación de la CCL en eventos nacionales e internacionales

Mayo 2024

La CCL participó en el 52.º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO), realizado en México. Durante este encuentro internacional, se destacó el rol de las empresas peruanas en la adopción de tres acciones clave para mitigar el impacto ambiental y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Octubre 2024

La CCL participó en la V Rueda de Negocios Sostenibles, organizada por la CCL, SNI, el Ministerio de la Producción (Produce) y la Unión Europea, y realizado en el marco del VII Foro Internacional de Economía Circular.

Noviembre 2024

La CCL tuvo una destacada participación en el APEC CEO Summit 2024. Además, brindó diversas entrevistas a medios nacionales e internacionales.

En el “Foro Informalidad versus competitividad: El camino hacia el progreso sostenible”, organizado por la Comisión de Competitividad de la CCL, en que se presentaron propuestas laboral, tributaria y política con el objetivo de reducir la informalidad y generar competitividad.

Diciembre 2024

La CCL participó en la promulgación de la Ley para el uso industrial del cáñamo que impulsará el sector cosmético en el Perú. El presidente de la CCL, Roberto De La Tore, presente en el acto realizado en el Poder Legislativo, señaló que esta es una excelente oportunidad para que el Perú desarrolle, industrialice y comercialice el cáñamo y el cannabidiol.

Febrero 2025

La CCL participó en la II y III Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana, así como en el Foro Internacional “Unidos contra el crimen: estrategias para un Perú seguro”, organizados por la Presidencia del Congreso de la República. En estos espacios, la CCL, junto con la Coalición por la Seguridad Ciudadana, presentó recomendaciones concretas para enfrentar la criminalidad y fortalecer la seguridad en el país.

Marzo 2025

La CCL participó en la Mesa Técnica sobre la nueva Ley General de Turismo en el Congreso de la República del Perú. En la misma, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore,  expresó su apoyo a los dos proyectos de ley que se vienen discutiendo en la comisión, así como su respaldo a las propuestas y sugerencias a la cartera de Comercio Exterior.

12. Impulso al comercio exterior

• Dashboard Gremial de Comercio Exterior

Tableros de control en coordinación con los gremios XCOM, Cope, Comsalud y Construcción e Ingeniería.

• Participación en foros de APEC y Alianza del Pacífico

CEO Summit APEC, Cumbre Empresarial y eventos sobre integración comercial y logística portuaria.

• Facilitación de Comercio Temporal (ATA Carnet)

Apoyo directo en el relacionamiento con Aduanas, para la implementación del sistema ATA Carnet.

• Ingreso a la Red GDI-PartNIR del MIIT de China

Incorporación de la CCL a dicho foro internacional, conjuntamente con Perucámaras.

• Estudios sectoriales

 > Textil: impacto de políticas de Estados Unidos y estrategias frente al nearshoring.

> Cacao: producción, exportación y sustitución de cultivos ilícitos.

> TLC: comparativo de reglas de origen y oportunidades con Estados Unidos, México y Canadá.

• Informes económicos del IEDEP

Boletines quincenales sobre el tipo de cambio, inflación, fondos de pensiones y desempeño macroeconómico. Presentación en eventos gremiales.

13. Distinciones

La CCL, reconocida en el ámbito ambiental, recibió el Premio Huella de Carbono a la Sostenibilidad Ambiental, Nivel 4, el máximo reconocimiento otorgado por el Ministerio del Ambiente, por su destacada contribución a la reducción de emisiones de CO₂ y su compromiso con el desarrollo sostenible del país.

La Presidencia del Consejo de Ministros reconoció a la CCL por su labor en la promoción de una cultura de integridad y en la lucha contra la corrupción. La distinción fue entregada al primer vicepresidente de la institución y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, en reconocimiento a iniciativas emblemáticas como el “Semillero de formación de futuros funcionarios y servidores públicos” y los aportes realizados durante la Semana de la Integridad, desarrollada en diciembre de 2024.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria y expresidenta de la CCL fue reconocida en el Congreso de la República por su valiosa contribución al desarrollo de las empresarias peruanas.

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Roberto De La Tore: «Somos el primer gremio empresarial en ser carbono neutral reconocido por el Minam»

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) instaló, el último 25  de marzo, su Comisión de Justicia, Constitución y Política, presidida por el jurista y catedrático Javier de Belaunde López de Romaña, e integrada por prestigiosos especialistas del derecho en el Perú.

El presidente de la CCL, Roberto De La Tore, señaló que este grupo de trabajo pondrá en agenda y contribuirá en temas nacionales relacionados con la administración de justicia, la reforma del sistema penitenciario, entre otros.

“La justicia es la base del crecimiento y desarrollo del país, ya que sin estabilidad jurídica no hay inversiones. Por ello, es fundamental contar con una comisión sólida, que brinde soporte al Comité Ejecutivo de la CCL, con el fin de trabajar en asuntos clave en beneficio de los ciudadanos”, enfatizó el líder empresarial.

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Asimismo, De La Tore mencionó que en la CCL se vienen desarrollando normativas de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, informalidad, educación, salud y justicia.

El presidente de la CCL comentó que el gremio empresarial ha incorporado una Dirección de Normatividad y Políticas Públicas para ayudar a darle forma a las ideas y propuestas que su institución presenta a diferentes instancias del Estado.

Participación en mesa técnica de nueva Ley General de Turismo

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) participó el 24 de marzo  pasado,  en la Mesa Técnica sobre la nueva Ley General de Turismo en el Congreso de la República del Perú. En la misma, Roberto De La Tore, presidente de la CCL, señaló que el Perú ocupa el puesto 62 de 119 países en el índice de desarrollo de viajes y turismo 2024 del Foro Económico Mundial, por las bajas calificaciones en infraestructura. “Debemos trabajar en infraestructura y conectividad”, agregó.

Asimismo, el presidente de la CCL expresó su apoyo a los dos proyectos de ley que se vienen discutiendo en la comisión, así como su respaldo a las propuestas y sugerencias a la cartera de Comercio Exterior. A su turno, Gabriela Fiorini, vicepresidenta del Gremio de Turismo de la CCL, resaltó la necesidad de una nueva Ley General de Turismo, ya que el sector sigue siendo de los más rezagados tras la pandemia, pese a los recursos turísticos con los que cuenta el país.

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CCL presenta en foro internacional recomendaciones para derrotar criminalidad

“En la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estamos convencidos de que, si actuamos con firmeza e inteligencia, los peruanos lograremos derrotar la criminalidad y retomar el rumbo de desarrollo y progreso que todos deseamos para el país”, afirmó el presidente de la CCL, Roberto De La Tore.

Durante su participación en el reciente Foro Internacional ‘Unidos contra el crimen: Estrategias para un Perú seguro’, organizado por la Presidencia del Congreso de la República, el líder empresarial presentó las recomendaciones a las que arribó la Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por la CCL, gremios del sector Mipyme y organizaciones sociales que reúnen a más de 500 000 micro y pequeños empresarios de sectores productivos (transporte, bodegas, peluquerías y centros de belleza, ferreterías, panaderías, farmacias y boticas, empresarios de Gamarra y el conglomerado Amazonas, entre otros), así como organizaciones sociales como comedores populares y ollas comunes.

RECOMENDACIONES DE LA COALICIÓN

Entre las ideas resaltan la declaración de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), que permitiría la reducción de los obstáculos burocráticos para la adquisición de equipamiento; la modificación del Decreto Legislativo 1179 para autorizar el uso de recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal y del Fondo de Compensación Regional; la contratación de personal retirado con experiencia; la centralización de observatorios de criminalidad y la implementación de canales digitales para facilitar a los ciudadanos presentar sus denuncias.

Conjuntamente con el presidente de la CCL, participaron el ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro; el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana; el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez; así como el experto colombiano Víctor Hugo Guerra.

El presidente del Poder Legislativo anunció que a fines de marzo se realizará el segundo pleno de seguridad ciudadana, con el objetivo de debatir los proyectos de ley sobre la materia, que recogerán los aportes presentados.

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La Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y los representantes de gremios de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y organizaciones sociales del país, logró que el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, se comprometa a presentar un Plan de Acción Específico, por sectores económicos, para fortalecer la seguridad de las mipymes de transportistas, bodegueros, peluquerías, ferreterías, panaderías, farmacias, y otros negocios, así como elaborar un Plan de Articulación Interinstitucional con el Poder Judicial, Ministerio Público, el Instituto Penitenciario del Perú (INPE), el Congreso de la República, entre otros.

PLAN DE ACCIÓN PARA SEGURIDAD DE MIPYMES

El 20 de febrero, los miembros gremiales emplazaron al ministro del Interior a adoptar acciones concretas ante la grave situación que enfrentan más de 500 000 empresas y organizaciones representadas por la Coalición.

“Necesitamos acciones concretas de carácter extraordinario ante una situación extrema que hoy viven miles de empresas, en su mayoría familiares. Los negocios siguen siendo extorsionados, cada día cierra una bodega, y los transportistas y dueños de salones de belleza continúan siendo asesinados por el cobro de un cupo. La delincuencia se ha convertido en uno de los peores enemigos de la recuperación económica”, afirmó el presidente de la CCL, Roberto De La Tore.

PLAN DE ARTICULACIÓN

Una segunda acción urgente que exigieron a l Ministerio del Interior fue diseñar un Plan de Articulación Interinstitucional entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado.

“La criminalidad no puede abordarse con esfuerzos aislados. La articulación entre todos los actores es la piedra angular para combatirla. Invocamos a todas las entidades, sobre todo al Poder Ejecutivo y la Fiscalía, a trabajar juntos”, enfatizó el líder empresarial.

En la reunión también intervinieron los representantes que forman parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, quienes exigieron al ministro del Interior poner en marcha estas acciones, con el fin de que se haga frente a la violencia criminal en la que viven día a día miles de microempresarios.

MESAS DE TRABAJO: Comprometidos por la Seguridad Ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos.

PRIMERA MESA DE TRABAJO

El 28 de octubre de 2024, en la sede institucional de la CCL, se realizó la I Mesa de Trabajo ‘Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos’, con la participación de representantes de diversos gremios, representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE y la PNP, para evaluar soluciones al problema de la criminalidad. En la reunión, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y voceros parlamentarios expusieron la problemática de la criminalidad en el país.

SEGUNDA MESA DE TRABAJO

El 10 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la II Mesa de Trabajo ‘Comprometidos por la seguridad ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos’, en la que el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, y los miembros de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, elaboraron una agenda prioritaria con sugerencias para el Congreso de la República y otras autoridades, entre las que se encuentran el centralizar los registros digitales y observatorios de criminalidad que existen en el Estado.

¿QUÉ ES LA COALICIÓN?

Producto de dos mesas de trabajo, realizadas en la Cámara de Comercio de Lima, se conformó la Coalición por la Seguridad Ciudadana, integrada por los representantes de los gremios de mipymes de los sectores económicos d e transportistas, bodegueros, peluquerías, ferreterías, panaderías, farmacias, empresarios de Gamarra y el conglomerado Amazonas, así como asociaciones de trabajadores de mercados, comedores populares y ollas comunes, donde se plantearon ideas que fueron expuestas ante el Congreso y autoridades del Poder Ejecutivo.

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Américo Chávez, secretario general de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra

“La inseguridad ciudadana ha tenido un impacto negativo en los negocios formales del emporio comercial. Según los comerciantes, la presencia del comercio ambulatorio, en su mayoría controlado por mafias que cobran cupos, ha ocupado los espacios públicos y bloqueado accesos claves para los clientes. Para luchar contra esta problemática, agradecemos a la Cámara de Comercio de Lima, a través de su presidente Roberto De La Tore, por juntarnos en una Coalición”.

Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú

“Los bodegueros no pueden acceder a créditos formales debido a las amenazas constantes de los extorsionadores. En 2023, a causa de esta problemática, cerraron aproximadamente 2 300 bodegas y, para este año, es posible que la cifra se incremente, ya que los índices de criminalidad son más agresivos. Para nosotros, es un tema importante que la Coalición, liderada por la CCL, se preocupe por plantear ideas en favor de la seguridad”.

Carlos Tarazona, presidente de la Cámara Ferretera del Perú

“Las ferreterías juegan un papel crucial en el país, ya que dinamizan el sector de la construcción y el mantenimiento de viviendas. En el Perú, existen cerca de 70 000 ferreterías. Sin embargo, cientos de estos negocios han quebrado por el crimen organizado, debido a que nuestra capacidad financiera es endeble. Gracias al acuerdo promovido por la Coalición y la CCL, y suscrito por el titular del Ministerio del Interior, esperamos que se mejore la seguridad ciudadana, especialmente para las mypes”.

Rosa Castillo, coordinadora nacional de la Asociación de Clubes de Madres y Comedores Populares del Perú

“A nivel nacional somos alrededor de 14 000 comedores populares que atienden a un promedio de 1 000 000 de beneficiarios diarios. Sin embargo, a pesar de ser organizaciones sociales, hoy somos víctimas de la delincuencia y la extorsión. Quiero agradecer al empresariado peruano, que a través de la presidencia de la CCL viene promoviendo la Coalición por la Seguridad Ciudadana”.

Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería

“El flagelo de la extorsión viene perjudicando aproximadamente a 4 500 panaderías, que son obligadas a pagar semanalmente hasta S/1 500. Las panaderías ubicadas en zonas de mayor extorsión prefieren cumplir con el pago de cupos antes de registrar su denuncia a la PNP. Con la Coalición por la Seguridad Ciudadana se ha logrado un compromiso firmado por el ministro del Interior para que en los próximos días exponga un plan de lucha contra la delincuencia”.

Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza

“La delincuencia ha afectado gravemente al sector, al punto de que muchos negocios han cerrado por temor a las represalias contra sus dueños y familias, que en su mayoría prefieren no hacer la denuncia. Para enfrentar este problema, debemos implementar estrategias eficientes y eficaces, donde los sectores público y privado trabajen unidos. Para ellos venimos trabajando con la CCL para plantear sugerencias para la protección de nuestros negocios”.

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“En la Cámara de Comercio de Lima estamos convencidos de que, si actuamos con firmeza e inteligencia, los peruanos lograremos derrotar la criminalidad y retomar el rumbo de desarrollo y progreso que todos deseamos para el país”, afirmó el presidente de la CCL, Roberto De La Tore.

Durante su participación en el Foro Internacional ‘Unidos contra el crimen: Estrategias para un Perú seguro’, el líder empresarial presentó las propuestas a las que arribó la Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por 14 gremios que reúnen a más de medio millón de micro y pequeños empresarios de diferentes sectores productivos, así como organizaciones sociales.

Entre las propuestas resaltan la declaración de emergencia de la Policía Nacional, reduciendo los obstáculos burocráticos para la adquisición de equipamiento, así como la contratación de personal retirado con experiencia; modificar el Decreto Legislativo 1179 para autorizar el uso de recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal y del Fondo de Compensación Regional; creación de unidades de flagrancia; centralización de observatorios de criminalidad e implementación de canales digitales para facilitar a los ciudadanos presentar sus denuncias.

De La Tore destacó que la Coalición por la Seguridad Ciudadana, en reunión con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acordó que, a mediados de marzo, ese despacho presentará dos planes de acción específicos con el objetivo de mejorar la seguridad a las MIPYMES en el corto plazo.

El primer plan es para fortalecer las MIPYMES y las organizaciones sociales. El segundo consiste en un plan de articulación interinstitucional con el Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, Congreso de la República y otros actores responsables de administrar justicia.

Reiteró que la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales enemigos de la reactivación económica, al restarle competitividad y productividad a las empresas, grandes, medianas, pequeñas, incluso individuales.

El evento también contó con la participación del ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro; el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana; así como el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez; y el experto internacional Víctor Hugo Guerra.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, concluyó el foro anunciando que, con los aportes recibidos, se realizará un pleno de seguridad a fines de marzo, para debatir y aprobar los proyectos de ley sobre la materia.

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El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, advirtió que el aumento de la criminalidad está reduciendo la productividad y competitividad de las empresas de nuestro país, por lo que consideró que la “inseguridad ciudadana” se ha convertido en uno de los principales enemigos para la recuperación económica.

“No es posible que, en lugar de invertir en sus negocios para generar más puestos de trabajo, las empresas deban destinar recursos a servicios de seguridad privada, que pueden representar hasta el 10 % de sus ingresos, o lo peor es destinar recursos para el pago de cupos”, cuestionó el líder empresarial tras su participación en la III Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana, organizada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.

En la cita, como en las dos primeras mesas de trabajo, intervinieron los representantes que forman parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por los principales gremios de transporte, bodegas, peluquerías y centros de belleza, ferreterías, panaderías, farmacias y boticas, empresarios de Gamarra y el conglomerado Amazonas, que representa a más de medio millón de micro y pequeños empresarios, así como las asociaciones de trabajadores de mercados, comedores populares y ollas comunes.

Ante el avance del crimen organizado que genera zozobra en el país, el representante de la CCL solicitó al Congreso de la República convocar a un segundo pleno legislativo sobre seguridad para legislar sobre las iniciativas presentadas por los gremios y asociaciones mencionadas durante las dos mesas de trabajo, denominadas ‘Comprometidos por la Seguridad Ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos’, convocadas por la CCL.

“En estas mesas de trabajo, con la participación activa de los gremios y asociaciones empresariales, se formularon planteamientos que se han presentado al presidente del Congreso y a los voceros parlamentarios para que los puedan considerar en sus proyectos de ley. Es importante destacar que en ambas mesas se contó con el aporte del presidente del Congreso y parlamentarios, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y autoridades locales”, comentó el empresario.

INVERTIR EN SEGURIDAD ES INVERTIR EN LIBERTAD

El presidente de la CCL exhortó al Congreso de la República a legislar de manera objetiva, priorizando la seguridad ciudadana como pilar fundamental para garantizar la libertad y el desarrollo de nuestra sociedad. “Invertir en seguridad es invertir en libertad”, destacó De La Tore. Sin embargo, cuestionó la ausencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en las mesas de trabajo convocadas por los gremios y asociaciones empresariales y el Legislativo.

“La ausencia del ministro del Interior nos genera una grave preocupación sobre su compromiso para dar soluciones a las mipymes que son víctimas diarias de la delincuencia y del crimen organizado”, señaló el líder empresarial.

Asimismo, De La Tore indicó que el sector privado está de acuerdo en que debe restablecerse la norma de detención preliminar en casos de flagrancia. “Solicitamos al Congreso convocar a un segundo pleno para legislar sobre seguridad”, añadió.

PROPUESTAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El presidente de la CCL presentó algunas iniciativas elaboradas con la participación de los gremios, asociaciones y programas sociales en las dos mesas de trabajo: (1) modificaciones normativas para permitir las denuncias digitales, (2) implementar un sistema integrado de información de seguridad ciudadana, (3) incorporar a personal policial y licenciados de las fuerzas armadas en situación de retiro con el fin de reducir el déficit de personal de Policía Nacional del Perú, (4) modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que se plantea incorporar al Conasec al presidente de la República y al presidente del Congreso, a los gremios empresariales y a la sociedad civil, (5) dotar de recursos logísticos a la PNP, considerando la posibilidad de usar un porcentaje del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), y (6) implementar nuevas unidades de flagrancia e infraestructura penitenciaria a través de los mecanismos obras por impuestos y asociaciones público-privadas.

En tanto, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, destacó que las dos mesas de trabajo organizadas por la CCL están dando resultados concretos con la elaboración de proyectos de ley. Estos incluyen la creación de unidades de flagrancia, una ley que modifica y fortalece la capacidad operativa del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y una ley que declara en emergencia a la PNP.

Finalmente, el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter), Erik Caso Giraldo, anunció que el jueves 20 de febrero se realizará una reunión con la CCL y los gremios de empresarios y asociaciones, en la que se discutirán las propuestas articuladas por el sector privado.

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CCL: “aprobación de Ley de Unidad de Flagrancia dará mayor confianza ciudadana en las instituciones”

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó y llevó a cabo recientemente la II Mesa de trabajo “Comprometidos por la Seguridad Ciudadana: Enfrentando juntos los retos y desafíos”. En el encuentro, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, consideró como “buena noticia” que el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, haya anunciado que próximamente en el Pleno del Poder Legislativo se aprobará la Ley de la Unidad de Flagrancia.

“Esta ley contribuirá en la lucha contra la delincuencia, de manera que el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú podrán articular sus esfuerzos para atrapar a un delincuente en 48 horas. Además, estas acciones darán mayor confianza a la ciudadanía en las instituciones en materia de seguridad”, enfatizó el presidente de la CCL tras presidir esta reunión de trabajo.

Entre las conclusiones de la mesa de trabajo, De La Tore destacó que la ley de flagrancia permitirá implementar la logística y laboratorios necesarios para combatir el crimen organizado a nivel nacional. También subrayó la importancia de crear un Sistema Integrado de Reportes y Denuncias Digitales para obtener información en tiempo real sobre delitos e identificar zonas de alta incidencia delictiva y modalidades de extorsión a empresarios.

Proponen creación de centro de competitividad para reducir informalidad

La informalidad afecta a una parte significativa de la población trabajadora del país, especialmente a las microempresas. Esta situación perpetúa la falta de acceso a sistemas de protección social, limita la productividad y genera desigualdades económicas.

Ante esta grave problemática, la Cámara de Comercio de Lima propuso la formación de un Centro de Competitividad del sector privado, que  desempeñe un papel fundamental en la reducción de la informalidad en el país, actuando como un puente entre las empresas informales y las herramientas necesarias para formalizarse, durante el “Foro Informalidad versus competitividad: El camino hacia el progreso sostenible”, organizado por la Comisión de Competitividad del gremio empresarial.

Se  detalló que el rol del referido Centro de Competitividad, se enfocaría en áreas como el de redes de apoyo empresarial (mentoría empresarial, clúster sectoriales, comunidad empresarial que incentiva la formalización, asesoría legal y tributaria); la promoción de innovación y competitividad (diagnóstico empresarial, transferencia tecnológica); y en la representatividad (intermediación con el Gobierno, generación de datos de fuente primaria, sensibilizar con campañas sobre los beneficios de la formalización).

CCL impulsa desarrollo de zonas francas e industria maquiladora 

Con el propósito de facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia legislativa entre los países miembros del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), representantes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se reunieron en el mes de octubre, con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y altos funcionarios de este bloque económico.

En dicho encuentro, el segundo vicepresidente de la CCL, Leonardo López, destacó la necesidad que el Congreso de la República debata y apruebe el proyecto de Ley de Zonas Francas Especiales y el proyecto de Ley sobre el Régimen de Elaboración, Manufactura, Maquila y Almacenamiento -REMA- de cara a la APEC Perú 2024, cuyo lema es ‘Empoderar, Incluir y Crecer’.

“El presidente del Congreso se comprometió a concretar ambos proyectos de ley. Estas iniciativas buscan crear las condiciones para que el Perú, aprovechando su ubicación geográfica, así como la infraestructura logística que viene implementando, se convierta en un centro de desarrollo y encadenamiento industrial en América del Sur”, destacó el directivo de la CCL.

Cámara de Comercio de Lima exige al gobierno estrategia integral contra la criminalidad

La CCL, en el mes de septiembre, en atención al alarmante incremento de hechos delictivos en nuestro país, exigió al Gobierno una estrategia integral para resolver el problema de la inseguridad ciudadana y solicitó que se destine el presupuesto necesario a la lucha contra la criminalidad en el país.

El gremio empresarial consideró que la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, no es suficiente, debido a que esta medida debe ir acompañada de acciones concretas y articuladas con las actuales autoridades regionales y locales para desplegar una lucha frontal contra el crimen organizado, bandas criminales y la delincuencia que aqueja a nuestro país.

Saludó la creación del Grupo Gorex, pero, ante el incremento descontrolado de la delincuencia, refirió que el país no necesita que se expongan las fotos de los efectivos, sino el resultado de sus acciones y eso se logra con trabajo en las calles. Los nombres, las etiquetas y las puestas en escenas no van a devolverle al país la tranquilidad que la población requiere.

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Inestabilidad versus optimismo empresarial

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La XXII Encuesta Anual de Ejecutivos 2024 (EAE2024) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), realizada a sus asociados y que es publicada en esta edición, no hace más que reafirmar lo que hace varios meses venimos alertando sobre los factores que afectan seriamente la confianza y el optimismo de los empresarios y emprendedores del país: la inseguridad ciudadana y la inestabilidad política. Si bien el 72 % de los empresarios son optimistas respecto a las perspectivas de los negocios en 2025, y que en gran medida se basan en la recuperación de la economía peruana de este año, un 92 % consideran que la incertidumbre política y la inseguridad ciudadana son los principales factores que pondrían en riesgo los negocios.

Es indudable que el crecimiento económico de 3 % que se obtendría al cierre de 2024 es aún insuficiente frente a las necesidades del país de mayor recaudación tributaria, generación de empleo y reducción de la pobreza. Los empresarios expresan que la inestabilidad política, la inseguridad y la extorsión, así como la inestabilidad económica, son las tres principales causas del bajo crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

En el marco de la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la CCL ha reiterado algunas medidas urgentes:

1. Presupuesto: declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional del Perú por un plazo de 90 días, a fin de dotar de la infraestructura, equipamiento y otros recursos prioritarios para luchar contra la criminalidad. Se propone autorizar el uso de los recursos de canon y sobrecanon en materia de seguridad.

2. Estrategias para el fortalecimiento del sistema de inteligencia policial: en atención al déficit de personal policial, se propone crear un Cuerpo de Reserva Policial con efectivos en situación de retiro.

3. Articulación multisectorial: implementar una articulación interinstitucional del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Incorporar al presidente de la república como miembro del Conasec y aumentar a seis las reuniones de este consejo.

4. Integración de nuevas tecnologías para la gestión de denuncias e información: se propone crear el Sistema Integrado de Canales Digitales para el reporte de ocurrencias y denuncias digitales policiales.

5. Unidades de flagrancia: se requiere la aprobación del Proyecto de Ley de Unidades de Flagrancia, el cual se encuentra en manos del Congreso de la República y que debería contar con recursos financieros para sus operaciones.

6. Creación de un Sistema Nacional de Gestión de Denuncias contra la extorsión para los emprendedores y las micro y pequeñas empresas.

7. Creación de un Sistema Integrado de Información en Seguridad Ciudadana, con la participación de las instituciones públicas, dependencias y organismos adscritos al Ministerio del Interior.

El año 2025 es preelectoral y puede verse afectado por las promesas de los más de 69 partidos políticos que podrían tener candidatos a las elecciones presidenciales de 2026. Frente a la inestabilidad política, la CCL ha presentado algunas propuestas que buscan fortalecer nuestra democracia, con el objetivo de construir un país justo y equitativo, donde se respete el Estado de derecho y sus líderes representen valores éticos y de integridad. Entre ellas está el elevar la valla del 10 % al 25 % de participación de afiliados en las elecciones internas de las agrupaciones inscritas, con la finalidad de que los candidatos tengan mayor representatividad al momento de ser elegidos y durante su gestión.

Otra medida es facilitar la formación de alianzas electorales, para lo cual se debe dejar sin efecto la exigencia de requerir el 1 % adicional de votos a las organizaciones políticas que decidan ir en alianzas en las próximas elecciones presidenciales. Esto nos permitirá evitar la dispersión de candidatos, la confusión ciudadana y que agrupaciones con bajo respaldo popular pasen a la segunda vuelta como ha ocurrido en las últimas elecciones, por lo que la gran mayoría de ciudadanos no se sienten representados por las autoridades electas.

Los empresarios somos optimistas, pero es necesario que las autoridades den señales claras frente a la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana, porque es la única manera de atraer la inversión privada para la generación de empleo.

Los peruanos no debemos contentarnos con haber inaugurado recientemente el puerto de Chancay. Por el contrario, el Perú está obligado a tener varios megaproyectos de esa magnitud en forma simultánea y permanente, con el objetivo de cerrar las grandes brechas de pobreza e infraestructura que separan al país.

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¿Cuál es el balance de su gestión frente a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL?

Durante mi gestión, la Comisión se viene manteniendo activa en varios temas coyunturales; es así que hemos elaborado diversos pronunciamientos e informes, entre los cuales se encuentran los Proyectos de Ley 1337, 2361 y 2599/2021-CR, que modifican la Ley 31297, de Servicio de Serenazgo Municipal, que autoriza el uso de armas no letales; y el Proyecto de Ley 5633/2023-PE, norma que incorpora la Categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana.

¿Qué propuestas de políticas públicas se lograron concretar durante su gestión?

En julio de 2023, se presentaron propuestas de políticas públicas para que sean abordadas en el mensaje presidencial y sean consideradas como parte de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, en noviembre de ese año, se concluyó con la actualización de la primera edición del libro ‘Seguridad ciudadana: pilar fundamental para el desarrollo del país’, publicación que contiene sugerencias y propuestas para optimizar la actuación y respuesta del Estado respecto a la inseguridad ciudadana en el país.

De otro lado, en septiembre de 2023 se organizó el V Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial ‘Enfrentando retos y oportunidades para una sociedad segura’, que contó con más de 300 participantes, así como diversos expertos del sector público, privado y la academia. Además, en el mencionado foro desarrollamos los ejes temáticos de la inseguridad empresarial; el crimen organizado, extorsiones, sicariato y estrategias para su prevención; la migración y su impacto en la inseguridad ciudadana; el uso de la tecnología, un arma de doble filo; el manejo penitenciario y la resocialización como un tema de seguridad; y la prevención, propuestas y acciones para cambios sociales frente a la inseguridad ciudadana.

Por otro lado, participamos en la mesa de trabajo para el estudio ‘La inseguridad y los delitos patrimoniales en el Perú’, desarrollado por la Cámara de Comercio de Lima. De igual modo, representamos a la CCL en el Comité contra la Delincuencia y por la Paz.

¿Cómo ha sido el afianzamiento de las relaciones entre el Estado y el sector empresarial durante su gestión?

En el primer semestre de 2023, la Comisión participó en reuniones convocadas por el Ministerio de Interior (Mininter), donde se abordaron temas sobre seguridad ciudadana y empresarial. En ese contexto, se realizó un desayuno de trabajo en la sede de la CCL, a cargo del coronel PNP Raúl Arellano, quien presentó su plan de trabajo de la División Policial Oeste, el cual comprende la estrategia del sector para enfrentar a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. También participamos en la reunión informativa para promover la participación del sector privado en el Sistema Nacional de Seguridad.

Asimismo, la Comisión prestó apoyo técnico e institucional para la promoción y fortalecimiento del ‘Patronato Barrio Seguro’, iniciativa del sector privado en alianza con el Gobierno en el marco de la estrategia multisectorial ‘Barrio Seguro’. Se logró así la promoción y contribución activa para el desarrollo de un programa sostenible mediante el otorgamiento de becas de estudio con apoyo socioemocional a jóvenes de zonas vulnerables.

La Comisión también participó en la promoción del VII Concurso Nacional ‘Mi Comisaría, mi orgullo’, donde fui jurado en mi condición de presidente de la Comisión. Esta actividad busca identificar, reconocer y premiar las iniciativas de las comisarías enmarcadas en brindar un servicio de calidad y eficiente a la ciudadanía.

Además, en septiembre de 2023, se sostuvo una reunión con el viceministro de Seguridad Pública para comentar sobre la estrategia ‘Juntos por la seguridad ciudadana’, promovida por dicho despacho.

¿Qué aportes ha logrado la Comisión para fortalecer la seguridad ciudadana de los empresarios y luchar contra el crimen organizado?

La Comisión viene colaborando activamente en las propuestas de políticas públicas que la CCL desarrolló y que están enfocadas en seguridad ciudadana y empresarial. En diciembre, la Comisión participó en la ‘Marcha contra la delincuencia y por la paz’.

También participamos activamente en la emisión de opiniones respecto a propuestas normativas que no fortalecen la seguridad ciudadana.

Por otro lado, realizamos una visita a Securitas, donde nos mostraron su centro de operaciones (SOC – Securitas Operation Center) y nos explicaron la plataforma de alta tecnología que usan en seguridad.

Agradezco a la Presidencia de la CCL por la confianza brindada y a todos los miembros de la Comisión por su respaldo, apoyo y participación activa en este periodo. ¡Sigamos trabajando para construir un país más seguro!

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PRONUNCIAMIENTO

Decisiones del Congreso de la República ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado

1. Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país rechazamos el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.

2. Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.

3. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.

4. Asimismo, estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.

5. Llamamos al Congreso de la República a que considere estas observaciones en la segunda votación del referido proyecto. Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten su posición frente a las citadas modificaciones que, de prosperar, harán que los peruanos estemos más expuestos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció en contra del dictamen del proyecto de ley 5981/2023-CR presentado por el Congreso de la República, aprobado en primera votación, que propone modificar artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, advirtiendo que la iniciativa pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país y el pleno desarrollo de las inversiones. 

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Al analizar el dictamen, se observa que la modificatoria considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los seis años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción. 

El gremio empresarial también cuestionó otras disposiciones del dictamen como el allanamiento a las propiedades, el cual debe darse con la presencia del imputado y de su abogado. Ello implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones, facilitando así el eventual encubrimiento de información y elemento de prueba para la investigación.  

Asimismo, consideró como grave que se ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto. 

Comisión de Seguridad Ciudadana

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, expresó su preocupación al afirmar que, si el dictamen es aprobado, muchos de los delitos que hoy están tipificados en el Código Penal, dejarían de ser analizados bajo la perspectiva de crimen organizado.  

Para Giovanni Conetta, la norma “es una clara amenaza para la actividad empresarial y laboral, afectando también a la dinámica de las inversiones y el clima de negocios”. Supone además una clara afectación a la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y las economías ilegales; así como obstrucción a las funciones y las diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. 

Indicó que las empresas consideran diferentes aspectos para invertir en el país, siendo uno de ellos la seguridad jurídica, legal y social.

“En lugares de alta incidencia delictiva y la falta del imperio de la ley, los capitales extranjeros optarán por otros mercados más estables”, comentó. 

Sostuvo que actualmente no se han logrado avances significativos para reducir los niveles de delincuencia pese a la voluntad e iniciativa por parte del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional, instituciones que requieren de mayores recursos. 

Ciudadanos más expuestos a delincuencia

Ante estas observaciones que generan preocupación, la Cámara de Comercio de Lima invocó al Congreso de la República a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sentar su posición frente a esas modificaciones que, de prosperar, harán que los ciudadanos estén más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores. 

Así también, la CCL exhortó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) a sostener prontamente reuniones con los diferentes gremios empresariales para trabajar y definir una política clara contra el crimen organizado. 

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1. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que la aprobación, en primera votación en el Congreso de la República, del dictamen que propone modificaciones en artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.

2. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.

3. Asimismo, rechazamos que los allanamientos deban darse con la presencia del interesado y de su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones y facilitar el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.

4. También consideramos grave que se ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto.

5. Invocamos al Congreso de la República a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sentar su posición frente a esas modificaciones que, de prosperar, harán que los ciudadanos estemos más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó, el último 21 de mayo, al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, su análisis y comentarios al Proyecto de Ley 7752/2023-PE, que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de regulación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

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Durante la cita en la que participaron otros gremios empresariales, Jaime García Díaz, director de la CCL, entregó propuestas que la Cámara considera relevantes en los ejes de reactivación económica, sistema tributario, contrataciones del Estado, salud y arbitraje.

Reactivación

En materia de reactivación económica, la CCL propone que se mantenga un manejo fiscal prudente, impulsar reformas que mejoren los resultados y la ejecución de la inversión pública, apoyos financieros, capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la creación de zonas francas privadas. Asimismo, sugiere impulsar los proyectos de inversión pública y privada, especialmente en el sector minero, y la ejecución de proyectos con mayor presupuesto a nivel nacional y regional.

Estas medidas buscan no solo una recuperación a corto plazo, sino también establecer las bases para un crecimiento económico sostenible. Por ello, van en línea con los objetivos de buscar el incremento efectivo de la inversión pública en sectores claves como Construcción, Comunicaciones, Infraestructura, entre otros; la atracción de inversiones mediante un marco legal y fiscal estable; la creación de empleos formales; y la protección del ingreso familiar.

Ámbito tributario

En materia tributaria, la CCL plantea continuar con la simplificación de trámites burocráticos y el impulso de la digitalización de procesos,  que se instaure un régimen de fraccionamiento especial para el pago de la deuda tributaria, y se establezca la tributación de las pequeñas empresas sobre la base de utilidades y no solo sobre ingresos. Además, sugiere el apoyo a diversas iniciativas legislativas que incentiven la exportación de servicios en sectores estratégicos, como el régimen de exportación de la fabricación y maquila.

Seguridad ciudadana

En seguridad ciudadana, propone la creación de una Secretaría o Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, que pretende mejorar la ejecución de políticas y proyectos de seguridad, a fin de promover la articulación entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil.

“Planteamos intervenciones focalizadas contra las economías ilegales e ilícitas, la creación de una Unidad de Información en materia de extorsión en el sector aduanero, construcción y comercial, en donde se recopile la clasificación sistemática de la información procedente de las extorsiones. Todas estas acciones buscan disminuir los altos índices de criminalidad y de extorsión”, señaló García Díaz.

El director de la CCL, Jaime García, y Jaime Salomón, de la Asociación Defensoría del Productor Agrario (ADPA) en reunión en la PCM.

Ámbito laboral

En materia laboral, el gremio empresarial propone fortalecer los espacios de amplio debate de la agenda normativa laboral, que consideren la participación activa de los trabajadores y empresarios, tal como el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

“Esta medida permitirá lograr soluciones concertadas en dicha materia, al dotarla de la legitimidad social, principalmente en temas de interés general como la tercerización laboral, las relaciones colectivas del trabajo, la remuneración mínima vital, el proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo, la gestión y nueva gobernanza de EsSalud, entre otros”, indicó García Díaz.

Contrataciones públicas

Respecto a la Ley General de Contrataciones Públicas, plantea reevaluar los artículos 74 y 86 de la autógrafa de ley que modifica la normativa vigente, por lo cual sugiere eliminar la exigencia de la contracautela en todos los casos, sin excepción, y que se garantice que toda apelación sea resuelta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Salud

En el sector Salud, la CCL propone el cumplimiento estricto de la Ley de Contrataciones Públicas y el reconocimiento del pago parcial de compromisos contractuales en situaciones que lo ameriten. Esto teniendo en cuenta que el suministro de medicamentos e insumos médicos enfrenta problemas significativos debido al incumplimiento de compromisos contractuales por parte de las entidades públicas del sector para con sus proveedores.

Arbitraje

En relación con el arbitraje, la CCL se aúna a la preocupación ante la proliferación de centros de arbitraje creados sin mayor rigurosidad y que en algunos casos incurren en prácticas indebidas. Propone establecer normas específicas para los arbitrajes en los que participa el Estado peruano, y que podrían contener un acápite relativo a la creación de estos centros.

Finalmente, solicitó la reactivación efectiva de las mesas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por ser un valioso espacio que ha sido esencial para la resolución de problemas operativos y vitales en diversos sectores. Señala que se considera necesario que, como sector privado, se cuente con este espacio abierto de manera técnica y permanente, independientemente de quién esté liderando la gestión del MEF.

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La seguridad ciudadana no solo es vital para el bienestar de la población, sino también para fomentar la inversión extranjera y local en el país. También promueve el turismo, ya que, para los viajeros, además del atractivo del lugar, la seguridad es importante considerando que puede marcar la diferencia entre visitar o no un destino. Por otro lado, la inseguridad puede afectar negativamente la productividad y la eficiencia económica, generando sobrecostos para las empresas que deben enfrentar, por ejemplo, el crimen organizado.

Inseguridad según la ciudadanía

Según los datos más recientes de la sección “Seguridad Ciudadana” de la “Encuesta Nacional de Programas Presupuestales”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo mayo-octubre 2023, en el área urbana del país, aproximadamente el 27,8 % de la población, de 15 años en adelante, es decir casi tres de cada 10 peruanos, fue víctima de un delito en los últimos 12 meses, lo que representa un incremento por segundo año consecutivo. Las regiones con los valores más altos de victimización son Tacna (36,1 %), Puno (35,3 %) y Lima Metropolitana (33,7 %).

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Los tipos de delitos más comunes incluyen, por cada 100 habitantes, robo de dinero (12); intento de robo de dinero, cartera, celular (5,8); estafa (6,1); robo de vehículo (2); intento de robo de vehículo (1,3); amenazas e intimidaciones (2,1); maltrato y ofensa sexual (2,4); y robo de negocio (0,9). Este último delito está asociado a la “victimización de empresas”, lo que, según la última estimación disponible, en el año 2014 alcanzó al 28,9 % de las compañías del país.

Lamentablemente, solo el 14,3 % de la población que fue víctima de algún hecho delictivo realizó la denuncia. Entre los principales motivos figuran que el 40,1 % de las víctimas considera que “es una pérdida de tiempo”, el 21,6 % porque “desconoce al delincuente” y el 10,1 % porque “desconfía de la policía”, entre otros motivos.

Ante esta realidad, el 50,8 % de la población declaró contar con vigilancia en su zona o barrio, lo que representa un aumento por segundo año consecutivo.

Otra consecuencia del incremento de los hechos delictivos es que la percepción de inseguridad de la población en los últimos doce meses alcanzó el 83,4 %. Las regiones con mayor percepción de inseguridad son Ucayali (93,4 %), Tacna (92,3 %) y Cusco (91 %).

Inseguridad según denuncias

En cuanto a las denuncias por delitos, el Ministerio del Interior (Mininter) reportó 401 994 entre enero y setiembre de 2023, con un probable aumento a más de 500 000, considerando las denuncias realizadas en el último trimestre del año pasado. Casi el 70 % de estas denuncias corresponden a delitos contra el patrimonio (hurto, robo, extorsión, delitos informáticos, etc.); seguido por delitos contra la seguridad pública (tráfico ilícito de drogas, etc.), con 12 %; contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidios, etc.), con 8 %; y contra la libertad (violación de domicilio, etc.), con 7 %.

De otro lado, el Mininter reveló que las denuncias por vehículos robados sumaron las 21 724 (de los cuales, solo 11 341 fueron recuperados), mientras que las denuncias de accidentes de tránsito fueron 65 551 y las de trata de personas, 261.

Ciberdelincuencia

La ciberdelincuencia, que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para cometer delitos como estafas, suplantación de identidad y fraudes, entre otros, ha aumentado significativamente, siendo considerada por el Foro Económico Mundial como el cuarto riesgo global más importante para el bienio 2024-2025.

En el país, las denuncias aumentaron de manera alarmante, pasando de 3 031 a 21 454 en el quinquenio 2018-2022, es decir, en cinco años se multiplicaron siete veces. Para 2023 se estima que se habría superado las 22 000 denuncias.

Presupuesto contra la inseguridad

Desde el año 2010 se viene asignando presupuesto público para la “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” (Programa Presupuestal 0030). Para 2024 se asignó 2,2 % más que 2023 alcanzando los S/ 5 128 millones, equivalente al 0,5 % del PBI. El 76 % de este presupuesto se destina al patrullaje por sector, de los cuales S/ 2 696 millones corresponden al patrullaje policial, S/ 1 200 millones al patrullaje de serenazgo y S/8,7 millones al mantenimiento de los vehículos.

Asimismo, el 15 % del presupuesto está destinado a las operaciones policiales para reducir delitos y faltas, de los cuales S/ 750 000 000 corresponden a operaciones policiales de las unidades especializadas, S/ 6 000 000 de las comisarías, y S/ 5 000 000 para el mantenimiento de vehículos.

De otro lado, para organizar a la comunidad a favor de la seguridad ciudadana se destinan S/ 91 000 000 (principalmente acciones preventivas), mientras que para el acondicionamiento básico de las comisarías corresponden S/ 40 000 000 (sistemas, infraestructura, mobiliario y equipamiento).

Además, S/ 219 000 000 (4 % del presupuesto) son destinados a proyectos de inversión, entre los que destacan el “Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en el distrito y provincia de Arequipa”, por S/ 15 000 000 y la “Creación del servicio policial de la comisaría de la PNP de la región policial Lambayeque”.

En relación con el presupuesto asignado a las comisarías, cabe recordar que, según el último censo (2017), eran 1 495 establecimientos, de los cuales el 35,3 % no contaba con servicios básicos adecuados (agua, desagüe y electricidad permanente), el 7,6 % no disponía de ningún tipo de equipo de comunicación y el 35,8 % no tenía conexión propia y adecuada a internet.

Es importante mencionar que la ejecución del presupuesto no recae únicamente en el Mininter, que recibe el 73 % del mismo, sino también en los gobiernos locales, a los que se les asignó el 27 %; y, en menor medida, a los gobiernos regionales, que reciben el 0,2 %.

Entre las acciones que ejecutan los gobiernos locales figura el servicio de serenazgo. Cabe señalar que, según el Registro Nacional de Municipalidades 2023 (Renamu), de las 1 891 que existen en el país, 676 no cuentan con ningún efectivo de serenazgo. De otro lado, entre los distritos con más efectivos por cada mil habitantes están Santa María del Mar (58) y San Isidro (15). Entre los que cuentan con menos efectivos figuran La Victoria (1,5), San Juan de Lurigancho (0,6), San Martín de Porres (0,6).

Migración e inseguridad

En lo que se refiere a la infraestructura penitenciaria, hay 68 cárceles con capacidad para albergar a 41 019 internos. Sin embargo, la población recluida duplica dicha capacidad, pues hay 94 930 internos, entre procesados y sentenciados. Con estas cifras se tiene una tasa de sobrepoblación del 130 %.

De otro lado, lamentablemente, en el periodo 2017-2023, la población penitenciaria de procedencia extranjera casi se triplicó pasando de 1 624 a 4 559 reclusos, de los cuales 3 220 son venezolanos y 704, colombianos. La gran parte de ellos (43 %) se encuentran detenidos por delitos patrimoniales relacionados con el robo y hurto. Con esta cifra la población reclusa extranjera representa actualmente el 5 % de la población penitenciaria.

Definitivamente, esta situación nos lleva a reformular los estándares para construir y ampliar cárceles acordes con la realidad y los índices delictivos. En ese sentido, países como El Salvador han demostrado que una amplia y moderna infraestructura eleva el control desde las cárceles e impide que se imparta el terror y la violencia con mafias y pandillas que operan desde el interior de las cárceles.

Recomendaciones

Finalmente, en cuanto a las recomendaciones para mejorar la seguridad ciudadana, se sugiere amplificar las políticas preventivas en zonas con mayor prevalencia delictiva, mejorar la coordinación entre el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP), impulsar los planes distritales de seguridad ciudadana, y mejorar la producción de datos que conecten las videocámaras con las centrales policiales.

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El Patronato Barrio Seguro, una iniciativa del sector privado en alianza con el Gobierno, celebra su cuarto aniversario con un legado de trabajo incansable para brindar mejores oportunidades de desarrollo y educación a la juventud que reside en territorios focalizados de Lima y Callao donde se implementa la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro (EMBS) del Ministerio del Interior.

Desde sus inicios, este proyecto ha venido desplegando esfuerzos en diversas áreas para fortalecer la convivencia y promover un entorno más seguro y próspero para todos.

En febrero del 2020 se instala oficialmente el Patronato Barrio Seguro, dando inicio a un programa integral de educación técnica superior que busca atender a jóvenes en situación vulnerable de algunos distritos de Lima y el Callao, los que son beneficiados con becas para estudiar carreras técnicas en instituciones de reconocido prestigio.

Cabe precisar que Patronato Barrio Seguro, bajo la presidencia de Gladys Andrich durante cuatro años consecutivos, es una iniciativa sin fines de lucro del sector privado que cuenta con el apoyo de cinco organizaciones fundadoras y benefactoras: Cámara de Comercio de Lima (CCL), ASIS Perú, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA, Telefónica del Perú, Entel Perú y como empresa benefactora Hytera.

En su cuarto aniversario, el Patronato Barrio Seguro reafirma su compromiso con la seguridad, la educación y el bienestar de las comunidades. Asimismo, mira hacia un futuro lleno de retos y oportunidades para transformar positivamente la realidad de miles de personas en todo el país.

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Con el fin de difundir  las propuestas de políticas públicas de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), basados en cuatro ejes estratégicos como son: el libre mercado con inclusión, el fortalecimiento de la democracia, aumento de la formalidad  y seguridad ciudadana , el  integrante de la Comisión de Seguridad de la CCL, Jaime García, y el Jefe de Análisis Legal y de  Políticas Públicas de la CCL, Adolfo Pulgar, participaron en  el  “Il Encuentro de Empresarios Exitosos 2023” organizado por  la Cámara  de Comercio de Ayacucho (CCA).

Libre mercado con inclusión

En el referido encuentro, que se realizó recientemente ( 25 de agosto) en el auditorio Jorge Añaños  de la CCA  en Ayacucho, Adolfo Pulgar, resaltó, que  en línea con la  propuesta de política pública de la CCL de defensa del libre mercado con inclusión,  se ha presentado el libro “Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993”, que ha tenido  mucha acogida en la Feria del Libro de Lima (FIL), y en el cual se busca desmitificar los mitos bastante extendidos sobre el contenido del capítulo económico de la Carta Magna.

Destacó que en el modelo de economía social de mercado acogido por la Constitución Económica de 1993 se fomenta la libre iniciativa privada y la libertad de empresa con los límites previstos en la ley y se atribuye al Estado la obligación de cumplir un rol asistencial para la prestación de servicios de educación, salud, seguridad, entre otros.

“Realmente el modelo de economía social de mercado en el país ha demostrado que ha sido bueno no solo por los indicadores socioeconómicos sino por los avances que se han dado en infraestructura y en cobertura de servicios como telecomunicaciones, entre otros”, indicó.

En ese marco, señaló que en la región Ayacucho se tiene un gran potencial para el desarrollo de proyectos de inversión mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, puesto que el tope para ejecutar estos proyectos en el 2022 fue de S/ 355 000 000.” De manera que se pueda replicar la experiencia en la ejecución del proyecto de la Alameda Valdelirios en otros proyectos de seguridad ciudadana o educación”, dijo

Fortalecimiento de la democracia

Con respecto al fortalecimiento de la democracia, el jefe de Análisis Legal y de Políticas Públicas de la CCL, indicó que la CCL plantea el retorno a la bicameralidad, buscando se mejore la calidad de las leyes y teniendo en cuenta que el Congreso de la República tiene una baja representatividad y es que “un solo congresista representa a 250 000 habitantes, por ello no representa ni refleja a la población”, mencionó.

Asimismo, resaltó que el Perú merece mejores candidatos, por ello la CCL ha propuesto establecer requisitos de idoneidad para los cargos de elección popular.

Aumento de la formalidad

En cuanto al aumento de la formalidad, refirió que el estado debe generar incentivos laborales y tributarios para el empleador, el trabajador y el consumidor.  En el caso del empleador y el trabajador, los referidos incentivos se deben dar en busca de que se formalicen y del consumidor para que busque adquirir productos y servicios formales; esto entre otras medidas.

Seguridad Ciudadana

En seguridad ciudadana, el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Jaime García, destacó que la Cámara de Comercio de Lima, propone tres ejes de acción, como son: la prevención de factores de riesgo en niños, niñas y adolescentes; capacidades del personal policial para la atención a la ciudadanía y mejoramiento de espacios en comisarías.

«Por ejemplo, en busca de que los jóvenes no caigan en las garras de la delincuencia, promovemos “Patronato Barrio Seguro”, que busca la formación académica y de valores en jóvenes de zonas vulnerables; entre otras acciones, detalló

Otra de las acciones que desarrolla la CCL, es el foro de ciberseguridad, teniendo en cuenta, resaltó, que el tema es importante no solo para las empresas sino para los ciudadanos en general que están expuestos a los ciberdelitos al ser víctimas de robos de celular o de tarjetas.

Pero, además, dio a conocer que la CCL ha tenido reuniones con ministros, comisarios y alcaldes.

Y es que señaló, que estas acciones que desarrolla la CCL son necesarias teniendo en cuenta que, la situación de inseguridad en el país se viene agravando.

“Estamos yendo en una dirección cada día más complicada. Sino hacemos nada el deterioro en el país (de la seguridad) puede llegar   a ser similar a la de países como Ecuador y Colombia donde los niveles de violencia son altos y se escapan de las manos de las autoridades” advirtió.

Y es que señaló, que en base a encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), realizada   entre noviembre del   2022 a abril del 2023, el 25 % de   los peruanos (Perú Urbano) ha sido víctima de un hecho delictivo y la tendencia es creciente, teniendo en cuenta que el año anterior el porcentaje era del 21,1% y en el 2020 de 18.5 %

Pero asimismo en los últimos seis meses ya el 10,5 % de los peruanos   ha sufrido más de un hecho delictivo.

Siendo uno de los principales delitos el robo de dinero, carteras, celulares, seguido de la estafa, entre otros.  Solo en Lima se roban tres mil celulares al día, resaltó.

“Pese a la situación de inseguridad, el 40 % de población no denuncia ningún tipo de robo y   al no hacerse la denuncia no se tiene la información para prevenir próximos   delitos. Y ¿por qué no se denuncia?, porque se considera que no vale la pena, o no hay confianza en la policía”, indicó.

Pero además a esta “preocupante situación” se suma   que año tras año se viene percibiendo menor   presencia policial   en   el país. Así en el 2020, el 31,7 % de la población decía que contaba con presencia policial en   su lugar de vivienda o trabajo, pero este año solo dice lo mismo   el 25,4 %. Pero también  se percibe la disminución de la presencia de Serenazgo posiblemente por cuestiones presupuestales, señaló.

Además, el 80% de la población considera que en los próximos 12 meses será víctima de asalto (probable o muy probable), principalmente de robo de celular, cartera, entre otros.

Economías ilícitas en regiones

En el caso de las regiones, Jaime García, también director de la CCL, refirió que el deterioro en el tema de seguridad se da por las economías ilícitas, así en caso de la región Ayacucho se tiene los problemas del narcotráfico y los remanentes terroristas. “El peligro está en que las economías ilícitas buscan tener representación política y cambiar las leyes, esto va generando un panorama más complicado. Si Ayacucho quiere atraer inversión extranjera para desarrollar su región debe resolver los problemas de seguridad. Y el narcotráfico y los remanentes terroristas son temas pendientes”, indicó.

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Las acciones en materia de seguridad anunciadas por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su mensaje del 28 de julio último deben ir acompañadas de una inmediata transferencia de recursos significativos al Ministerio del Interior (Mininter) para que se puedan potenciar comisarías, modernizar el equipamiento policial y, por consiguiente, reforzar las labores de seguridad ciudadana.

Así lo señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Giovanni Conetta, quien precisó que “no se puede esperar de la Policía Nacional resultados diferentes en la prevención de delitos y combate a la delincuencia organizada sin la urgente asignación de los recursos necesarios”.

Agregó que “se puede agilizar la ejecución de proyectos de comisarías mediante mecanismos de Obras por Impuestos y Proyectos en Activos”.

Conetta consideró necesario – también – que en la estrategia del Gobierno en temas de seguridad se incorpore tanto la creación de indicadores clave de rendimiento (KPI) para hacer un seguimiento adecuado de los resultados de las acciones anunciadas y poder mejorar o corregir cuando corresponda, así como implementar políticas y medidas para fortalecer la ciberseguridad y combatir los ciberdelitos, que no fueron parte del discurso presidencial.

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“Para combatir y reducir la delincuencia, las políticas en seguridad deben tener un enfoque integral y de sostenibilidad”, subrayó el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

Por otro lado, manifestó que los casos de violencia extrema en la comisión de delitos de robo de celulares y extorsión -principalmente ejecutados con modelos y organizaciones extranjeras- afecta gravemente la sensación de seguridad de los ciudadanos y empresas, que pierden competitividad. En tal sentido, solicitó al Gobierno adoptar medidas de implementación inmediata para garantizar la integridad y seguridad de todos los peruanos.

Finalmente, refirió que “la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL saluda la estrategia impulsada por la gestión actual del Ministerio de Interior, colocando a la seguridad ciudadana como tema de gran relevancia y haciendo frente a los casos de violencia extrema, instando a las autoridades a adoptar acciones de ejecución inmediata y exhortando a los empresarios y a los ciudadanos a tener conductas y medidas preventivas y denunciar los delitos para abordar la seguridad con un enfoque de corresponsabilidad”.

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y existe mucha expectativa sobre los temas que deberá priorizar el próximo alcalde de Lima durante su gestión en cinco aspectos clave: desarrollo urbano, infraestructura, tránsito, lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana. Al respecto conversamos con representantes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Desarrollo Urbano

Para impulsar el desarrollo urbano y mejorar la infraestructura en Lima lo más importante es llevar a cabo una adecuada planificación, sostiene el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Miguel Honores.

“Necesitamos autoridades que hagan mejor gestión. Lima ha crecido desordenadamente y es preciso que se trabaje de manera planificada y que este trabajo trascienda un periodo de gobierno municipal”, refiere.

Al respecto, Honores explica que es necesario planificar el crecimiento de Lima considerando el aumento de la demanda de servicios ya que varios distritos están creciendo a muy buen ritmo como Lince, La Victoria, y Magdalena, entre otros. Sin embargo, esta expansión de la ciudad capital no ha previsto espacios públicos para áreas verdes, recreación, construcción de locales comunales ni espacios para vías, lo cual, se debe, entre otras razones, a intereses políticos y personales.

El presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de a CCL señala que, para planificar, primero se debe identificar las áreas de crecimiento poblacional y la demanda de servicios. “Debemos determinar qué zonas de los distritos crecen más para proveerles los servicios adecuados. Hasta la fecha se trabaja desarticuladamente. No hay trazabilidad para generar un desarrollo sostenible”, advierte. Añade que la planificación debe considerar también vías adecuadas y edificios sostenibles con tendencias de construcción modernas, zonificación, y gestión de residuos, entre otros.

De otro lado, con respecto a la propuesta del actual alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, para reducir la conformación de Lima de 42 a 5 grandes distritos, Honores indica que con esta iniciativa se centralizaría la toma de decisiones y que podría funcionar con una adecuada planificación.

“Al 2026, espero que exista un órgano de planificación de crecimiento sostenido de la ciudad y que se estén haciendo los primeros edificios dentro del marco de esta planificación”, puntualiza el experto de la CCL.

Infraestructura

Existen varios proyectos de infraestructura pendientes en la capital. Uno de ellos es la Línea 2 del Metro de Lima, una de las principales obras que está atrasada y que se espera concluir en 2026 pero, probablemente, se siga dilatando. Este proyecto, que aliviaría y descongestionaría el transporte, aún está en proceso de construcción porque parte de un modelo de contrato en el que el Estado participa en gestiones que toman mucho tiempo como la liberación de predios.

“Esto nos está generando un problema. Hay zonas donde se han terminado las obras, pero no liberan espacios de tránsito principalmente en la Carretera Central, lo que ocasiona que los autos se desvíen por la autopista Ramiro Prialé. A ello, se suma la construcción del Puente Huaycoloro”, comenta Honores.

Otra obra pendiente es el Anillo Periférico, que aliviaría mucho la carga vehicular de norte a sur. Además, las autoridades de Lima y Callao deben dar pronta solución a la congestión del tráfico para llegar y salir del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para lo cual sería importante mejorar la Av. Elmer Faucett y continuar con la Línea Amarilla.

Asimismo, es necesario impulsar la construcción de la Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima. “Las autoridades locales y regionales tienen que presionar al gobierno central para que inicien estos proyectos”, advierte Miguel Honores, quien destaca que otra gran obra para Lima es la proyección de la Vía Expresa hacia la Panamericana Sur que descongestionaría la zona de Barranco, Surco, la Av. Javier Prado y la Vía Evitamiento. “Si bien algunos proyectos no están en la jurisdicción del Gobierno Municipal de Lima ni del Gobierno Regional, estos pueden presionar al Gobierno central para impulsarlos”, resalta.

Tránsito

El problema del tránsito en Lima es crítico. El presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la CCL, Thomas Duncan, sostiene que se está alcanzando velocidades muy bajas de desplazamiento vehicular que van entre 12 y 16 km/h, lo que ocasiona pérdidas de horas hombre, consumo innecesario de combustible, contaminación, estrés y deterioro de la calidad de vida.

“Por ello, el candidato que gane las elecciones a la Alcaldía de Lima debe de realizar obras eficientes, con compromiso en el impacto del medio ambiente y que garanticen el cumplimiento de las normas de diseño vigentes y los estándares de sostenibilidad e inclusividad para solucionar del tráfico en Lima”, indica.

Duncan afirma que la solución del problema del tránsito requiere abordar diferentes aspectos como: (¡) la masificación del transporte público de calidad, (ii) la ejecución de obras viales menores y de bajo presupuesto, (iii) la semaforización automática y con control centralizado, (iv) la recuperación de espacio público de calzadas y bermas y (v) el rediseño urbanístico.

Sobre el primer punto, explica que se debe promover el uso del transporte masivo de calidad (metros y corredores viales segregados), invirtiéndose en infraestructura con verdadera decisión política. Paralelamente al desarrollo del transporte masivo se debe ir restringiendo el transporte informal (colectivos, moto-taxis, motos lineales y otros).

En el segundo aspecto, Duncan afirma que es necesario coordinar con las municipalidades provinciales y distritales la ejecución de obras viales menores (señalización, mejoras de veredas y cruces peatonales, instalación de elementos encausadores de tránsito, etc.). Estas obras, de bajo costo y bien trabajadas por expertos en diseño vial, advierte, son muy efectivas para mejorar el tránsito y especialmente la seguridad.

Tercero, la ciudad de Lima/Callao requiere tener unas 2.000 intersecciones debidamente semaforizadas, con equipos modernos (inteligentes y de bajo consumo de energía), instalados previo estudio técnico (medición de flujos) realizado por expertos. “Todo este sistema de semaforización debe ser monitoreado y controlado desde una gran central de operaciones”, explica Duncan.

En cuarto lugar, el representante de la CCL afirma que es urgente recuperar el espacio público, especialmente para el peatón. “Los vehículos causan congestión no solo cuando circulan sino cuando están estacionados o abandonados en espacio público no diseñado para tal fin. También se debe recuperar espacio público (especialmente bermas u otros retiros) tomados para otros fines (comerciales, vivienda, postes, etc.). Sería conveniente promover inversión privada, mediante APPs, para construir playas de estacionamiento subterráneas debajo de parques o espacios cercanos a polos de actividad económica”, manifiesta.

Por último, Duncan señala que los nuevos conceptos urbanísticos contemplan, para las zonas de alta densidad de vivienda, el diseño de pequeños o medianos centros de multiservicios concentrados y planificados (tiendas de comestibles, farmacias, bancos, ferreterías, etc.), pues, de esta manera, se evitan desplazamientos largos para asuntos del día a días.

“Este conjunto de acciones no son fácil de ejecutar. Se requiere gran decisión política, concertar con la población y contar con los recursos necesarios. Algunas acciones son de corto plazo y otras son de más largo plazo, pero hay que comenzar ya de manera ordenada y sistemática para ver los resultados en algunos años. De lo contrario, estamos sentenciados a ser, en poco tiempo, una de las ciudades capital más caóticas del mundo”, puntualiza.

Lucha contra la corrupción

Sin duda la corrupción es uno de los principales problemas del país. Cientos de autoridades regionales y locales han sido procesadas y sancionadas por actos delincuenciales. Según cifras de Proética, en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía entre marzo y agosto del 2020 se registraron 1.497 casos de corrupción vinculados a instituciones públicas, de los cuales casi 900 corresponden a municipalidades provinciales y distritales. De estas investigaciones, 250 involucran a presidentes regionales o a sus consejos.

Asimismo, según el Grupo Liber, existen 577 investigaciones fiscales activas en contra de los actuales 25 gobernadores regionales.

“La corrupción no solo perjudica a la población porque distrae recursos destinados a obras públicas y deja quebrados a los gobiernos municipales y regionales, sino que afecta la credibilidad y se pierde la confianza ciudadana”, asevera el presidente de la Comisión de Integridad de la CCL, Hernán Lanzara.

Los principales casos de corrupción en los gobiernos regionales y municipales se dan en el ámbito de la contratación y ejecución de obras públicas, el tráfico de terrenos y en la concesión de licencias de construcción y de licencias de funcionamiento. Estos últimos debido a una excesiva reglamentación y burocracia. “La excesiva regulación es caldo de cultivo o tierra fértil para estos casos. Esto va minando la institucionalidad y credibilidad”, advierte Lanzara.

Agrega que otro gran problema es la falta de personal capacitado y con formación moral. Por eso, asegura que es evidente la importancia de la meritocracia y de empoderamiento de instituciones como la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para proveer de funcionarios íntegros y probos.

Lanzara sostiene, además, que los gobiernos regionales deberían contar con un Comité de Integridad que ayude a generar las políticas e implementar las ordenanzas y regulaciones que puedan contribuir a una gestión íntegra. “Las nuevas autoridades deben establecer un compromiso por la integridad y generar espacios de diálogo con la comunidad para que puedan conocer cómo avanza la gestión y ejecución de los fondos”, manifiesta.

Asimismo, señala que debe procurarse una mayor cercanía con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), la Contraloría y otras instituciones que supervisan la gestión de gobiernos regionales y locales en lo que se refiere a la administración de los fondos, sobre todo los que están destinados a paliar necesidades de salud y alimentación.

Además, destaca que existe una serie de iniciativas de la sociedad civil que hace una labor de supervisión y vigilancia. “Si los ciudadanos hacen uso de estos mecanismos la incidencia de la corrupción sería menor”.

Finalmente, Lanzara enfatiza el compromiso de la CCL de generar una cultura de integridad y propiciar una pronta mejora de los índices de percepción de corrupción ya que actualmente nos encontramos en niveles preocupantes. “Esto depende de nosotros y, principalmente, de las autoridades del Gobierno, que deben dar muestra de compromiso con la transparencia, y de una manifiesta acción contra la corrupción”, puntualiza.

Seguridad Ciudadana

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero, afirma que el alcalde es el responsable político y el gran articulador de la seguridad ciudadana en su distrito, así como el promotor principal de la prevención de la delincuencia o prevención primaria, mejorando las condiciones de convivencia y seguridad en barrios vulnerables a la violencia y al crimen; así como de la prevención de delitos o prevención secundaria, apoyando a la policía en el control del delito en las calles; además de contribuir con la prevención desde la rehabilitación y resocialización o prevención terciaria, cuando los sentenciados cumplen carcelería, al darles oportunidades de trabajo, en concordancia con la Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la 27972 Ley orgánica de Municipalidades (Art.36 y 86).

“El liderazgo del alcalde es de fundamental para la vida y protección de los ciudadanos. Un alcalde debe conocer las necesidades de su distrito y estar imbuido del tema socioeconómico, principalmente de los lugares más vulnerables al crimen, delincuencia y violencia”, expresa.

En ese sentido, asegura que, en seguridad ciudadana, tampoco se puede dejar de lado la violencia en los hogares, porque la familia es la estructura más importante para cualquier Estado, además de ser un tema de salud pública y muchas veces ahí es donde nace el gran problema de las desavenencias sociales y se traduce en feminicidios y otros delitos.  expresa.

Respecto a la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana, asegura que ya se está implementando en una primera etapa, y servirá como hoja de ruta para la lucha contra la delincuencia y la violencia. Esta política se orienta principalmente en fortalecer servicios como la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro y el programa Vecindario Seguro.

“Esta estrategia está orientada a buscar una sana convivencia de estos barrios a través de diversos sectores involucrados, que aportan para poder mejorar estos espacios donde se manifiestan alta violencia, consumo de droga, ingesta de alcohol, deserción escolar, pandillaje, y falta de oportunidades para el trabajo”, anota.

“El programa de Vecindario Seguro, es una línea de acción de vigilancia por sectores, que desarrolla la Policía, para el control del delito, liderado por el comisario con apoyo del alcalde distrital, de la sociedad civil, seguridad privada y fundamentalmente de las juntas vecinales”.

Del mismo modo, Romero destaca que el alcalde debe tener en cuenta que la seguridad es un derecho, un bien público, y que la persona debe ser el centro de atención como elemento fundamental para el desarrollo humano, que busca bienestar y prosperidad, brindándole una protección adecuada a la vida, integridad física, patrimonio y a la recreación de las familias, partiendo desde el ornato, limpieza, salubridad y seguridad.

“Escuché algunas declaraciones de los candidatos al sillón municipal, pero no hay nada nuevo, y de lo que se trata es de hacer un trabajo diferente y sostenido desde ahora”, recalca.

Sobre el papel del Serenazgo de Lima, manifiesta que ha demostrado ser en el tiempo un gran apoyo y aliado de la Policía Nacional, pero falta aún elaborar su reglamentación, protocolos y procedimientos de actuación y así precisar cuál es su verdadero rol.

Finalmente, resalta la gran iniciativa privada cuyo aporte se está dando desde la CCL, con la última incorporación de 10 jóvenes de barrios vulnerables a la violencia y al crimen que han sido beneficiados con 10 becas de estudio en institutos superiores a través del “Patronato Barrio Seguro”, para darles la oportunidad de una mejor educación y mejorar las condiciones de vida.

Presentación de propuestas para Lima de los candidatos a la alcaldía

Este 8 de setiembre de 2022, los siete candidatos a la Alcaldía de Lima tendrán la oportunidad de exponer sus planes de gobierno y su visión de la capital al 2026, en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En la cita, denominada “Presentación de propuestas para Lima de los candidatos a la alcaldía”, los postulantes darán a conocer sus planes de gobierno municipal en torno a cinco ejes temáticos: desarrollo urbano, infraestructura, tránsito, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Siguiendo con las reuniones iniciadas con las instituciones más representativas del país, la semana que pasó nos reunimos con la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien está dando importantes pasos para lograr mayor transparencia y agilidad en los procesos judiciales.

En la Cámara de Comercio de Lima compartimos agenda con el Poder Judicial en materia de celeridad y transparencia de procesos. A través de los arbitrajes que administramos también colaboramos con la justicia. En el 2017 implementamos el Faro de la Transparencia, el cual permite a la comunidad arbitral obtener información sobre Tribunales Arbitrales, sanciones recibidas por los árbitros, laudos anulados y, en caso de arbitrajes del Estado, acceso al laudo completo.

En esta misma línea, el Poder Judicial implementó el Casillero Judicial – Conoce a tu Juez, el cual permite conocer el trabajo de los jueces al publicar –en un sistema amigable– no solo las sentencias, sino, además, su productividad. Al hacerlo, la ciudadanía podrá tener información no solo cualitativa, sino cuantitativa sobre el trabajo que se desarrolla en los despachos judiciales.

Considerando que la transparencia es el mejor antídoto para la corrupción, saludamos la decisión del Poder Judicial de poner reflectores en los procesos judiciales y aconsejamos complementar la información anterior con la publicación de las sanciones impuestas a los jueces por la Oficina de Control de la Magistratura. Esto permitirá que la ciudadanía tome conocimiento, no solo sobre la capacidad profesional de los jueces, sino sobre lo más importante: su integridad.

Otra buena noticia es el inicio de operaciones de la Unidad de Flagrancia. Esta permitirá que los jueces dicten sentencias en dos o tres días a los detenidos en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. El costo del proceso sería aproximadamente de S/ 1.600. Hoy la duración promedio del juicio es de 11 meses y a un costo aproximado de S/ 12.000.

Esta herramienta contribuirá para mantener la seguridad ciudadana, que se ve afectada por los cientos de delitos patrimoniales que sufren los ciudadanos y quedan impunes por la lentitud actual de la administración de justicia

Finalmente, debemos señalar que el expediente electrónico está avanzando. Actualmente, se tramitan 354.396 procesos bajo este formato, en 23 cortes superiores. Además, vía la Mesa de Partes Electrónica, los usuarios litigantes presentaron 1’808.867 escritos, facilitando su acceso a la justicia.

Dichas cifras demuestran la voluntad de gestionar y hacer cambios reales en beneficio del ciudadano. La transformación digital permitirá disminuir los tiempos en los procesos.

Los cambios que gestiona el Poder Judicial tienen como centro al ciudadano. La transparencia y la digitalización son armas poderosas para desterrar la corrupción y favorecer la celeridad, lo cual permitirá que el ciudadano pueda sentir que sí se puede acceder a la justicia en nuestro país.

Desde la Cámara de Comercio de Lima, nuestro compromiso implica levantar la voz para denunciar la falta de transparencia. Tal es el caso de Pedro Castillo, quien declara públicamente que ayudará a esclarecer las denuncias en su contra, que profundizan la crisis política que vivimos y, sin embargo, no recibe a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. También levantaremos nuestra voz para felicitar y visibilizar las cosas buenas que hacen los otros poderes del Estado.

Necesitamos buenas noticias, ¿cuándo el Ejecutivo empezará a dárnoslas?

¿Que necesitan actualmente las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para afianzar sus actividades y tareas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la violencia y el delito? Creo que existe una sola respuesta y es que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana (JVSC) sean reconocidas por el Estado como la mejor alternativa que tienen la PNP y los Gobiernos locales para contribuir a la reducción del delito en las zonas urbanas del país.

Sin embargo, para alcanzar este objetivo, es necesario diseñar estrategias y desarrollar actividades operativas en los ámbitos del Ministerio del Interior (Mininter), PNP, Autoridades Judiciales y Gobiernos Locales, para fortalecer el accionar policial, como afianzar el trabajo de las JVSC.

Las principales estrategias y acciones que considero deberían ejecutarse a corto plazo para reducir el delito en el marco de los alcances del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), son las siguientes:

En el ámbito policial

1. Efectiva racionalización y asignación de recursos humanos y logísticos a la base de la organización política que son los distritos, derivando a las unidades preventivas y de investigación básica-Comisarias y Depincris-, personal policial y medios procedentes de las unidades administrativas, de asesoramiento, de apoyo y de seguridad de personalidades.

2. Mayor presupuesto para la seguridad ciudadana, que debería ser asignado a las Regiones Políticas para que sean distribuidas de inmediato a los órganos ejecutivos, con el fin de evitar casos de corrupción de funcionarios o mal uso de los recursos públicos, y sean adecuadamente utilizadas por los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana.

Sería necesario la conformación de Comités de Fiscalización con participación de líderes vecinales, para velar por el uso transparente y efectivo de los fondos, exigiendo rendición de cuentas.

3. Retomar la importancia de las Comisarías como la primera línea de contacto y atención de la Policía Nacional con la población, con infraestructuras amplias y bien equipadas que acojan con comodidad al personal policial y a los ciudadanos que acuden a dichas dependencias, fortaleciendo la política de Estado de mejorar la “Prevención Primaria de la Seguridad, la Salud y la Educación” mediante estrategias integrales en el marco de la “Seguridad Humana”.

Para este propósito es necesario impulsar políticas desde la base de la estructura social donde se ubican los sectores menos favorecidos, potenciando el accionar de las Comisarías, junto con el de las Postas Medicas y los centros educativos.

4. Intensa capacitación del personal policial y de los servicios de serenazgo en los alcances del concepto y praxis de la Policía Comunitaria, que en términos generales se refiere a una filosofía de trabajo. Es decir, una manera de pesar, sentir y de obrar que deben tener y practicar los policías que trabajan en unidades policiales cercanas a los ciudadanos, y que se manifiesta en el buen trato y en el eficiente servicio a las personas.

5. Selección de los Comisarios y Jefes de las Oficinas de Participación Ciudadana de las comisarias, que deben tener el perfil de Policías Comunitarios, interiorizando actitudes y conductas de apego al trabajo y atención a los ciudadanos, cualquiera sea el estrato socio económico de donde presten servicio.

6. Rápida respuesta de la Policía frente a los requerimientos ciudadanos. Para lograr este objetivo es necesario que las Comisarias tengan suficientes efectivos y medios debidamente distribuidos, para que acudan de inmediato al incidente, dividiendo la demarcación territorial por áreas, sectores y cuadrantes.

Esto permitará formular Mapas del Delito, y puedan contar con el apoyo de los servicios de Serenazgo en el marco del programa “Patrullaje Integrado”, comandados directamente por los comisarios (Ley 27933-SINASEC).

7. Uso de tecnologías para fortalecer la seguridad ciudadana. Sería necesario que la Central 105 se configure como un Centro de Comando Integrado, para concentrar información muy valiosa que proporcionen las cámaras de video vigilancia.

Los softwares instalados en este Centro posibilitarían visualizar mapas de patrullaje para hacer más eficiente la gestión de patrulleros y evaluar su desempeño. Asimismo, se haría viable la identificación automática de los días, horas y zonas de mayor incidencia delictiva.

Se tiene conocimiento de la próxima implementación de una “Proyecto 911- Creación de un sistema de atención de Emergencias, Urgencias e Información en Lima Metropolitana y Callao” mediante un numero único 911 a cargo de Pronatel del Ministerio de Transportes, que unificará las líneas del 105 de la Policía Nacional, el 106 de los Bomberos, el 116 de SAMU del Minsa, y la línea 100 de atención a la violencia contra las mujeres del MIMP.

Cualquiera sea el sector que lo desarrolle, lo importante es que se ejecute lo más pronto posible, para contrarrestar con eficacia la lucha contra el delito, en particular el ciberdelito, que ha tenido un notable incremento en estos últimos meses.

8. Contar con un eficaz sistema de inteligencia para la seguridad ciudadana que actúe antes que se produzca el hecho delictivo. Este objetivo se puede lograr contando con una eficiente producción de inteligencia predictiva que se adelante a los hechos logrando la captura de los implicados, con personal especializado, y sobre todo, fortaleciendo la “Red de Información Comunitaria”, capacitando en esta materia a los líderes de las JVSC en aspectos de búsqueda de información y la forma cómo canalizarla al sistema de inteligencia policial.

En el ámbito de las Juntas Vecinales 

1. Promover la organización y participación de la mayor parte de los vecinos en seguridad ciudadana, para lo cual es necesario que los promotores de la OPC de las Comisarias desarrollen una intensa campaña para que los ciudadanos se organicen en Juntas Vecinales.

2. Estandarizar la comunicación a distancia, entre vecinos, Comisarías y Serenazgo, como:

• Uso de redes sociales mediante aplicativos como WhatsApp;
• Empleo de “Celulares RPM” para comunicaciones reservadas con la Policía y el Serenazgo;
• Uso del silbato entre los vecinos ante cualquier emergencia, mediante señales claramente establecidas tocando simultáneamente sus silbatos, para evitar se produzca el delito;
• Afianzar el programa “Botón de pánico”, del MP, para que las mujeres víctimas de violencia física puedan pedir auxilio accionando desde sus celulares con solo una pulsión;
• Uso de la “Alerta Amber” para casos de niños y adolescentes extraviados;
• Uso del programa “Alerta Roja”, previo convenio con las operadoras de celulares, para que el 105 comunique hechos delictivos graves y puedan ser conocidos en tiempo real por los subscriptores, para su ubicación y captura por la Policía Nacional;
• Puesta en ejecución de medidas de autoprotección (cercos, sistemas de v/vigilancia, etc.);
• Instalación en puntos críticos de su cuadra o manzana de cámaras de video/vigilancia y/o alarmas vecinales, con apoyo de los municipios y la empresa privada, debidamente enlazadas con las comisarias, municipios y la central de video vigilancia 105.

3. Establecer en todas las Comisarías el “Servicio de Denuncia Policial Digital”, que permite a los ciudadanos denunciar a través de internet sobre la pérdida de sus documentos. Sería fundamental ampliar este servicio para todas las denuncias por delitos menores, a fin de que los agraviados presenten sus denuncias por internet sin necesidad de apersonarse a las Comisarías, con lo que se lograría reducir la “cifra negra” de delitos no denunciados.

4. En todas estas acciones de seguridad ciudadana a nivel local, la responsabilidad política es del Alcalde como Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana; y, la responsabilidad operativa del Comisario, como representante del poder de policía del Estado.

“Mano firme” para sancionar a delincuentes de la calle

La “Mano Firme” es la aplicación de la Ley con energía y decisión en el marco de la Ley y respeto a los DD.HH. En el ámbito de la delincuencia común significa una lucha sostenida contra la impunidad del delito menor enfatizando las acciones preventivas y correctivas.

Todo ello dentro de una política de reinserción, evitando que algunos Fiscales y Jueces liberen con rapidez a delincuentes autores de delitos comunes, aduciendo “falta de pruebas”, o escasa capacidad de los Centros Penales y Centros Juveniles para albergar a delincuentes de la calle.

Sería crucial una reunión al más alto nivel para evitar estas decisiones judiciales y buscar alternativas para reducir el hacinamiento en los establecimientos penales y centros juveniles.

Preservar el Estado de Derecho

Mediante el fortalecimiento del Principio de Autoridad del Estado para cuyo efecto es necesario otorgar plena validez y vigencia a la “Ley de Protección Policial”, promulgada por la Ley 31012, que tiene por objeto otorgar defensa legal al personal de la Policía Nacional, que al ejercer el derecho a su legítima defensa y de la sociedad hace uso de sus armas en forma reglamentaria.

En estas circunstancias, el principio de razonabilidad o proporcionalidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, en razón de que, en el derecho de legítima defensa, el policía tiene que hacer uso de su arma de fuego en forma reglamentaria, cuando su vida o de la potencial víctima se encuentre en peligro inminente, dentro del marco de la ley y los derechos humanos.

Trabajo integrado

Los Alcaldes, Comisarios, Autoridades Judiciales y del Ministerio Publico y los integrantes de las JVSC, deben trabajar todos en forma integrada y sin criterios personales, políticos, ni institucionales.

Es conveniente que el Ministro del Interior y el Presidente del AMPE formen Equipos de Trabajo para que, se formulen Protocolos y Guías de Procedimientos sobre las actividades y tareas específicas que tienen que cumplir en forma integral y estandarizada las Municipalidades, la PNP, los sectores integrantes de los Comités Locales de Seguridad Ciudadana y la Comunidad organizada en JVSC.

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizará el IV Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial que congregará al sector público y privado, así como de la comunidad académica y la ciudadanía en general.

El evento que será de manera virtual, se llevará a cabo el lunes 25 y martes 26 de abril y será transmitido vía Zoom, a través del Facebook Live y Youtube del gremio empresarial.

El IV Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial contará con expertos nacionales e internacionales en esta materia.

Las palabras de inicio estarán a cargo del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, y del presidente de la Comsión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero.

En el primer bloque: Avances y desafíos en la seguridad ciudadana destacan el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Jorge Muñoz; el ex gobernador de Ica, Fernando Cillóniz; y el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío.

En el segundo bloque: La articulación entre los actores y responsables de la seguridad ciudadana, estará como expositor el ex ministro del Interior, Jose Luis Pérez. Mientras que en el panel participará la presidenta del Poder Judicial, Elva Barrios; y el jefe de la Unidad de Estadística del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Marcos Luján.

Políticas públicas

Sobre el tema Políticas públicas, justicia y seguridad ciudadana: metas y prioridades, estará como expositora la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA); Nataly Ponce; mientras que el panel estará integrado por el viceminsito de la Despacho Veceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Pedro Vilca; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavish.

Respecto a Crimen organizado y su impacto en la economía, se contará con la presencia del gerente de Operaciones de Asbanc, Giovanni Pichling; y el investigador asociado del IDE-PUCP, Jaime García.

En el bloque de cierre, denominado Experiencias sobre seguridad ciudadana en las principales ciudades de la región, se contará con el ministro del Interior de Colombia, Danie Placios; el ex minsitro del Interior de Ecuadro, César Navas; y el director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Claudio Gonzáles.

Finalmente, también se contará con la presencia de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

A su entender, ¿cuáles son las principales razones de las recientes protestas sociales en el Perú?

Por la experiencia que he tenido, muchas protestas sociales o conflictos sociales se desencadenan como consecuencia de las demandas sociales, que cuando son presentadas al Poder Ejecutivo no son atendidas a tiempo. Normalmente, los ciudadanos presentan su reclamo y después de tres meses a veces los llaman para poder entablar un diálogo.

Este proceso de diálogo demora entre ocho meses o tal vez más porque depende de la negociación, las discusiones y acuerdos a que puedan llegar. Pero si los reclamos sociales no son atendidos a tiempo, los manifestantes salen a protestar contra determinada entidad o el Poder Ejecutivo.

El derecho a la protesta es válido y está amparado en la Constitución Política del Perú. Estas protestas sociales deben desarrollarse en forma pacífica sin afectar el derecho de las personas. Sin embargo, las últimas manifestaciones de los días pasados 4, 5 y 6 de abril fueron muy violentas causando situaciones muy graves, como atentar contra la vida e integridad de las personas, bienes públicos y privados, afectando la tranquilidad y la economía del país.

Las razones de las protestas son reclamos no atendidos a tiempo, porque no hubo ni hay gestión adecuada de los organismos del Estado a través de las oficinas de prevención de conflictos y gobernabilidad. Además, se han tomado malas decisiones en el Poder Ejecutivo, incluso algunas declaraciones del Presidente de la República Pedro Castillo agravaron el problema.

En segundo lugar, se adopta una medida de inmovilidad en Lima y Callao, para prevenir posibles saqueos, que no ameritaba porque no había ninguna motivación ni justificación legal, que desencadenaron en protestas sociales que originaron grandes pérdidas económicas y laborales. Y seguimos aun con este problema latente.

¿Cuál sería el impacto en las regiones que han sido las más afectadas?

El impacto causado son las pérdidas millonarias del sector privado y público, así como los ciudadanos de a pie que dejaron de percibir sus ingresos para sobrevivir, además el malestar causado en la población por las medidas de media noche, sin criterio y ningún plan comunicacional sobre la inmovilización social, que finalmente causaron manifestaciones violentas, trágicas y con daños y pérdidas irreparables, lo que ha dado lugar a aumentar la desconfianza en las autoridades de turno.

Creo que el gobierno debe tomar otro tipo de decisiones y hacer un ajuste en el tratamiento de estos reclamos y reenfocar sus mecanismos de respuesta ante cualquier eventualidad que se pueda producir entendiendo que sigue latente el problema.

El Estado peruano tiene una estructura organizacional y una plataforma logística a través de las Fuerzas del Orden (FF.OO.), compuestas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional, para poder dar seguridad en forma favorable a los ciudadanos cuándo hay indicativos de que el tema social se puede desbordar.

Un claro ejemplo sería en los años 80 y 90, cuando las Fuerzas del Orden (FFOO) enfrentaron a Sendero Luminoso. Ellos tienen sus planes de contingencia para poder mantener y restablecer el orden interno,  con repartición de tareas. Para este tipo de situaciones las FF.AA. se encargan de preservar la seguridad de  todos los servicios estratégicos, servicios esenciales, agua, luz, comunicaciones, los edificios públicos y comerciales y puntos críticos de la ciudad; mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encarga del orden público en las manifestaciones y de la seguridad ciudadana.

Esos planes están vigentes, no entiendo porque no sé ejecutaron. Habría que ver qué pasó y por qué no se tomaron en cuenta como en anteriores oportunidades, donde se brindaron  manejos adecuados de seguridad y conflictividad. Estos planes están previstos a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  Se pudo amortiguar los efectos.

Ante la situación actual, ¿qué acciones se pueden tomar desde el Gobierno?

Habría que dar algunas recomendaciones en función de algunas acciones a tomar en cuenta, desde el gobierno, primero a través de un plan comunicacional dirigido a la población en general de no caer en falsas alarmas. De cinco informaciones cuatro son falsas. Además, ser más objetivo en función de los hechos y recordar a los ciudadanos que hay autoridades que son responsables sobre el manejo de la seguridad nacional.

La segunda recomendación es para el Poder Ejecutivo y los responsables de las oficinas de prevención de conflictos y gobernabilidad. No deben esperar que estos reclamos sociales se conviertan en una explosión social, el diálogo es el mejor instrumento para las discusiones y negociaciones y para lograr acuerdos.

Una tercera recomendación es para los representantes de las organizaciones sociales que plantean reclamos. Es cierto que la protesta es un derecho y está amparado por la Constitución, pero sus manifestaciones deben ser pacíficas y llevarse a cabo en espacios donde no afecten el ejercicio de las libertades y derechos de los demás.

Una cuarta recomendación es para los gobiernos regionales y locales, ellos siempre deben ser promotores del diálogo con su comunidad. Sin embargo, ellos están en modo de observadores y algunos inclusive participan del lado de la oposición. Quiero recordarles que son parte de la estructura del Estado, han sido elegidos por el pueblo y están investidos de autoridad y responsabilidad para ser parte de la solución de los reclamos.

¿Cómo puede apoyar el sector privado en la seguridad y orden interno?

Hay que tener en cuenta que los reclamos de los ciudadanos y de la comunidad nunca van a dejar de existir. Por lo tanto las protestas sociales es una permanente porque hay muchas brechas sociales que no son atendidas, hay desigualdades, además tenemos aún un sistema democrático débil.

Los reclamos siempre se traducen en marchas, manifestaciones y estas se tornan en conflictos sociales con bloqueos de vías, vandalismo, daños a la propiedad y muchas veces generan pérdidas humanas, contra la integridad física, perdidas laborales, incertidumbre, temor, además de afectar al sector público y privado en función de horas hombre que se dejan de trabajar, finalmente atentan contra el desarrollo económico, social y debilita la gobernabilidad y democracia del país.

Tomando el comportamiento de los individuos que se manifiestan en protestas sociales que causan violencia, daños y crimen y socavan la confianza de las instituciones públicas y donde el sector privado lo identifica como un importante escollo para hacer negocios e invertir, si bien es cierto que los gobiernos tiene la primera responsabilidad de resolver el problema, pero el sector privado juega un papel fundamental al contribuir:

Primero, a fortalecer las economías locales para hacerlas más resistentes a la violencia, generando más oportunidades de empleo y sensibilizando a la población sobre el rol de los empleadores en el desarrollo del país.

Segundo, el sector privado puede generar espacios de dialogo entre todas las partes interesadas de la sociedad, para desarrollar planes estratégicos que promuevan la participación ciudadana.

Tercero, generar alianzas públicas y privadas que puedan ser una fuente innovadora social, como el caso del Programa de Barrio Seguro que lidera la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde se busca disminuir la reincidencia entre los jóvenes en actos antisociales al mejorar las oportunidades de empleo a través de becas.

¿Qué retos debemos afrontar como país?

Entre los retos a seguir, es que los representantes de los poderes del Estado deban retomar el manejo y conducción del país para lograr el crecimiento y desarrollo del país, en función de la necesidad de todos los ciudadanos (costo de vida, educación, salud y seguridad).

Primero convocar a todas las fuerzas políticas y que sus mejores cuadros deban administrar y gestionar las diferentes responsabilidades que el estado tiene a través del gobierno de turno, para retomar la confianza y credibilidad en sus autoridades. Segundo promover la inversión privada y pública para dinamizar la economía.

Tercero, en el caso específico de la conflictividad social, tener una adecuada y oportuna gestión y tratamiento a los reclamos sociales, a través del dialogo y el uso adecuado de las herramientas legales y de la plataforma organizacional que tiene el Estado para la prevención y control de los disturbios violentos a través de las fuerzas del orden (FF.AA. y PNP).

Y cuarto generar y seguir construyendo confianza y credibilidad en todos los peruanos desde los gobiernos de turno, necesitamos hoy más que nunca estar unidos, para poder afrontar los efectos de la pandemia y la de la guerra de Rusia y Ucrania.

¿Qué opinión le merece las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en un medio colombiano?

Respecto a estas declaraciones de Aníbal Torres donde acusa a la Policía Nacional de ser una institución ineficiente, primero quiero decir que rechazo contundentemente esas declaraciones tan desatinadas y fuera de contexto que reflejan el desconocimiento del premier y que ha causado tanta vergüenza como representante del gobierno lo que ha provocado malestar y ha afectado la moral al interior de la Policía.

Una de las muchas acciones de capacidad de nuestra Policía Nacional fue la desarticulación de la estructura de Sendero Luminoso y del MRTA, gracias a ellos ahora los peruanos vivimos en democracia. Reitero la incapacidad que ha mostrado el premier ante las protestas sociales, cuando los reclamos no fueron atendidos y menos escuchados en su momento, segundo cuando se produce el conflicto social adopta medidas incoherentes como la inmovilización social, cuyo resultado fue más bien pérdidas económicas, pérdidas de vidas, saqueos, vandalismo, daños a la propiedad privada y consecuentemente ha originado caos. Quiero recordarle al premier que la Policía Nacional siempre ha puesto orden, pone orden y seguirá poniendo orden.

El problema hoy pasa por un tema de gobernabilidad que es más político que otra cosa, tenemos que convocar a todas las fuerzas políticas, a la gente más capaz y trabajar para todos los peruanos.

Cualquier agrupación o partido político que llegue al gobierno debe trabajar en función de país, no sigamos dividiendo a los peruanos, al contrario aprovechemos nuestras ventajas competitivas, geográficas y económicas, agreguemos nuestra oferta turística y gastronómica, diversidad cultural y exportaciones mineras y seguir promoviendo el desarrollo económico y social del país. Invoco al premier a construir confianza y credibilidad en los ciudadanos, es una acción urgente de este gobierno.

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL organiza este 25 y 26 de abril el IV Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial 2022: “La seguridad pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo», que se realizará vía Zoom, Facebook Live CCL y YouTube. 

¿Cuál es el plan de trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial?

Para lo que resta del año queremos trabajar las siguientes metas: La primera es la elaboración de propuestas sobre orden y seguridad ciudadana, orientadas a la prevención, investigación y control del delito en el país.

Entre las principales propuestas está la de afianzar el enfoque de género orientado a la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres, niños, niñas y adolescentes; el uso de las tecnologías de la información; retomar la importancia de las comisarías como la primera línea de contacto y atención de la policía con la población, entre otras.

El próximo mes buscaremos reunirnos con el Ministerio del Interior para presentar dichas propuestas. Como segunda meta, generamos un espacio de diálogo entre la Comisión y los quince gremios de la CCL, con la finalidad de recibir, a través de sus exposiciones, las inquietudes y preocupaciones en los temas que aquejan a su respectivo sector, relacionado al ámbito de la seguridad.

Al término de las exposiciones se analizarán las soluciones que serán vertidas en un informe para presentar y gestionar ante las autoridades competentes.

La tercera meta es la realización del IV Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial, espacio democrático donde los distintos sectores de la sociedad, la empresa privada y la administración pública pueden identificar, discutir y evaluar medidas de solución frente a la inseguridad ciudadana.

En la pandemia, la inseguridad ciudadana se incrementó. ¿Qué se debe hacer desde el empresariado?

Primero me remito a los índices de victimización del INEI, donde se muestra que este índice bajó de 40% en el 2010 a un 23,4% en el 2020, llegando a un 19% a julio del 2021. Esta rebaja en la victimización obedeció a las restricciones y al toque de queda por la COVID-19.

Sin embargo, esta situación generó una crisis económica y social, reforzada por la incertidumbre política, lo que ha contribuido a agudizar los factores de riesgo.

El sector empresarial, para ayudar y fortalecer la seguridad ciudadana, cuenta con iniciativas como la del Patronato Barrio Seguro, que es un modelo social de ayuda que debe ser empoderado y fortalecido para ser replicado a nivel nacional.

Una segunda acción es la instalación de cámaras de videovigilancia que el sector privado pueda promover en todas las rutas de desplazamiento para el traslado de carga desde los terminales portuarios y aéreos hasta los centros de almacenaje y de distribución.

Ello contribuiría a la seguridad ciudadana con triple beneficio, tanto para el empresariado, los ciudadanos y fortalecería a los gobiernos locales.

La tercera es formular un convenio entre el gremio de transportistas de la CCL con la Policía de Carreteras a nivel nacional, tomando la referencia y modelo del convenio de Asbanc y las Águilas Negras de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ha sido un éxito y un referente en la región.

¿Es necesario un trabajo conjunto entre sector privado y público?

Quiero partir del costo que representa el crimen y la violencia y que genera pagos de seguridad privada, pérdidas, daños personales y materiales y, por ende, afecta a las inversiones que generan oportunidades y empleo.

Hoy en día, el sector privado juega un papel fundamental en la prevención de la seguridad ciudadana, promoviendo oportunidades de trabajo, espacios de diálogo con la sociedad, fortaleciendo las economías locales, sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno nacional, regional y local. Por lo tanto, es imprescindible el trabajo en conjunto.

El Gobierno anunció que fortalecerá la PNP. ¿Qué opina al respecto?

Ojalá que este anuncio se haga realidad ante tanta incertidumbre política que atraviesa el país.

Ya se tiene el Plan de Fortalecimiento y Modernización de la PNP que consigna ejes estratégicos referentes al personal, infraestructura, equipamiento, TICs, imagen e institucionalidad. Inclusive existe la aprobación de S/ 350 millones para la primera fase de implementación. Pero para efectivizar dicha propuesta se necesita decisión política, presupuesto adicional y gestión eficiente.

¿La política multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 qué debería contener?

Se debe revisar y modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) para que sea más efectiva la actuación y responsabilidad de los involucrados en las acciones de prevención y el control del delito bajo un solo liderazgo, con dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Además, incorporar bajo este mismo paraguas, la gestión de los programas sociales de prevención de las diferentes entidades del Estado, ante la duplicidad de programas que generan pérdidas de recursos humanos y financieros.

También es importante que se revise la normatividad de los actores de apoyo a la seguridad ciudadana en lo urbano (serenazgo, juntas vecinales y seguridad privada) y en el sector rural, a las rondas campesinas y comités de autodefensa; y trabajar bajo una sola norma, manteniendo las responsabilidades y actuación de cada uno dentro de su ámbito territorial.

Para analizar la situación de seguridad en el país y presentar soluciones en un mediano y largo plazo, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó el III Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Durante el evento, el presidente de la CCL, Peter Anders, recordó que antes de la llegada de la COVID19, el país ya tenía serios problemas para enfrentar la creciente ola delictiva.

“Hoy, con nuestra Policía Nacional afectada por la pandemia y con limitados recursos para hacer frente a la serie de delitos, el Perú requiere de forma urgente encontrar estrategias para luchar contra este grave problema”, advirtió.

Asimismo, señaló que la crisis sanitaria está impactando en todos los ámbitos de la sociedad y el tema de seguridad no ha sido la excepción, pues en los últimos meses se ha incrementado de manera sistemática afectando a los ciudadanos en general.

Lucha contra la delincuencia

A su turno, el ministro del Interior, César Gentille, quien inauguró el evento, indicó que a través del comando institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) vienen realizando diferentes operativos para optimizar la lucha contra la delincuencia común y el crimen.

Además, anunció que junto a la PNP han ampliado los lugares de denuncias por desaparición de personas. En ese sentido, los ciudadanos pueden reportar sus casos a las comisarías básicas y de familia, al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Asimismo, informó que han lanzado el aplicativo Alerta mujer, salvando vidas que permitirá una respuesta oportuna y especializada. Señaló que la Fase 1 de la implementación de este aplicativo durará 30 días a través de una marcha blanca en las comisarías de Sol de Oro (Los Olivos), Santa Elizabeth (San Juan de Lurigancho) y Las Praderas (La Molina).

Disminuir la victimización

Por su parte, durante su exposición, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que casi el 40% de las denuncias por delitos en el Perú se registran en la capital. Además, refirió que distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos y el Cercado presentan mayor porcentaje de delitos.

También sostuvo que el 85,7% de la población limeña se siente insegura y que el 28,4% de la población capitalina ha sido víctima de un delito entre marzo y agosto pasado. En ese mismo periodo, 17 de cada 100 habitantes fueron víctimas de robo de dinero, cartera o celular. En tanto, dijo que la tasa de homicidios en el Perú es de 7,7 por cada 100.000 habitantes.

Fortalecimiento de la seguridad

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Nataly Ponce, manifestó que es importante fortalecer la seguridad a través del trato humano que permita entender los límites del uso de la fuerza, el cumplimiento de la ley y de los derechos de las personas.

“Hoy más que nunca es necesario articular, tener una cooperación público-privada, incluyendo a la comunidad, sociedad civil y a los organismos internacionales, no hay espacio para la fragmentación ni confrontación”, destacó.

Asimismo, mencionó que los esfuerzos en materia de seguridad deben incluir la reducción de las brechas tecnológicas.

De otro lado, la experta internacional en seguridad Liza Zúñiga, quien disertó sobre la Modernización Policial en América Latina al 2030, sostuvo que una reforma policial implica transformar valores, culturas, políticas y prácticas de las organizaciones policiales, de manera que cumplan su deber con respeto a los valores democráticos, derechos humanos y el estado de derecho.

En ese sentido, explicó que una policía democrática y profesional debe tener un enfoque de seguridad centrado en las personas y debe proteger los derechos humanos de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

Patronato barrio seguro

Por otra parte, la presidenta del Patronato Barrio Seguro, Gladys Andrich, recordó que este patronato es una política de estado liderada por el Ministerio del Interior que busca mejorar las condiciones de seguridad con patrullajes y presencia de la PNP; en lo social, con espacios seguros insertando actividades educativas y recreativas; y en lo comunitario, apoyados con juntas vecinales.

Principales conclusiones

Durante los dos días del III Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? se presentaron 18 destacados expositores, entre ellos máximas autoridades.

Al finalizar el evento, Nataly Ponce, en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, se encargó de brindar las conclusiones de este importante evento.

En ese sentido, destacó la participación de Lucía Dammert, experta internacional en seguridad, quien planteó entre sus diversas propuestas fortalecer la cooperación de seguridad en todos los niveles del Estado, público y privado.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL resaltó la propuesta del exministro del Interior, Vicente Romero, en el sentido de fortalecer la PNP y cerrar todas las brechas en materia de tecnología y uso de los sistemas informáticos.

Además, indicó que Jaime García, investigador asociado del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), manifestó que es urgente hacer un cambio de estrategia de trabajo en la lucha contra las drogas en el VRAEM, bajo el marco de desarrollo de la lucha antiterrorista.

De otro lado, Ponce resaltó la presentación del jefe de la División de Alta Tecnología de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dinincri), Orlando Mendieta, quien anotó que el delito informático en el Perú ocupa el tercer lugar después del robo y hurto agravado. Por ello dijo que es importante crear una cultura de prevención en materia de delitos informáticos.

A su vez, el coronel de la PNP, Marco Antonio Conde reiteró que la pandemia ha traído nuevas modalidades delictivas, como, por ejemplo, el incremento en los delitos informáticos, estafas y el aumento de nuevas modalidades de robo agravado.

De otro lado, el exdirector de Participación Ciudadana de la PNP, Enrique Yépez, advirtió que la PNP y los gobiernos locales, a través de las redes digitales, pueden impulsar programas buscando nuevas formas de relacionamientos con las comunidades.

Por su parte, el investigador de GRADE, Wilson Hernández explicó que con la reactivación de la economía, también se reactivó la delincuencia, pues “los delincuentes han recuperado y aumentado la frecuencia de sus hechos delictivos, diversificándolos y ampliándolos”.

A su vez, la exviceministra de la Mujer, Nancy Tolentino, planteó el trabajo colaborativo entre los estamentos del Estado para enfrentar y desarrollar estrategias que fortalezcan el papel de la mujer como sujeto de derecho.

Finalmente, Arturo Huaytalla, en representación del Ministerio de Justicia, señaló que en el Perú hay más de 862.000 ciudadanos venezolanos. En tal sentido, enfatizó que hay una percepción del pueblo peruano de que estas personas están involucradas en hechos delictivos.

No obstante, refirió que esta apreciación no necesariamente condice con los datos respecto a que la gran masa de la población venezolana no delinque, ya que solo el 3% de la población penitenciaria proviene de grupos extranjeros.

Roberto De La Tore, vicepresidente del Patronato Barrio Seguro, dio detalles de la puesta en marcha de esta iniciativa, que busca incentivar la seguridad ciudadana, y cómo se viene desarrollando en varios distritos de Lima y Callao, y, próximamente, en interior del país. Asimismo, dio detalles de los criterio y requisitos que se toman en cuenta para calificar a este programa social.

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«La Cámara de Comercio de Lima tiene una Comisión de Seguridad Ciudadana, y en reuniones con el ministerio del Interior, nos hicieron una propuesta multisectorial, llamada Barrio Seguro, la que nos pareció muy interesante porque tenía un enfoque de prevención», señaló de la Tore.

El vicepresidente del Patronato Barrio Seguro indicó además: «Consideramos que la mejor manera de contribuir con la seguridad ciudadana es con el tema de la prevención. Aquí pensamos cómo podíamos aportar dentro de esta estrategia multisectorial, que tiene 3 ejes:  un eje policial, un eje social y un eje comunitario; y dentro del eje social, hay programas sectoriales para disminuir los factores de riesgo. Dijimos ok, trabajemos ahí».

Conoce más a detalle del Patronato Barrio Seguro en la siguiente entrevista realizada a su vicepresidente, Roberto De La Tore, en exclusiva para la revista digital La Cámara.