Los Días de los Defensores de la Democracia son fechas que rinden homenaje a todas aquellas personas que fallecieron o quedaron heridas en la lucha contra las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Dichas fechas conmemorativas son el 22 de abril (por la Operación Chavín de Huántar) y el 12 de septiembre (por el día en que se capturó al líder senderista Abimael Guzmán).

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En el 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, a través de la Ley Nº 29031, se estableció el Día de los Defensores de la Democracia para rendir homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional del Perú (PNP), Comités de Autodefensa (CAD) y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo, así como a todos aquellos que prestaron eminentes servicios a la nación en la lucha contra la subversión.

Además, mediante la referida ley se estableció la creación de la condecoración ‘Medalla al Defensor de la Democracia’, así como la formación de un Consejo de Condecoración encargado de otorgar esta distinción.

¿Por qué se conmemora 2 veces al año?

Algunos años después, en 2011, se estableció el 22 de abril, fecha en la que se ejecutó la Operación Chavín de Huántar que rescató a los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón, como el Día de los Defensores de la Democracia a través del Decreto Supremo Nº 026-2011-PCM.3​4​.

Sin embargo, en el 2012, se publicó la Ley Nº 29960 que modificó la Ley Nº 29031 en la que se establece como Días de los Defensores de la Democracia los días 22 de abril y 12 de septiembre.

El decreto dispone que el 22 de abril de cada año, las instituciones a nivel nacional, así como las embajadas y consulados, deben llevar a cabo actividades conmemorativas. Estas actividades tienen como objetivo rendir homenaje y destacar las virtudes de los peruanos que lucharon contra el terrorismo, con la finalidad de preservar y fortalecer el sistema democrático y el estado de derecho.

Defensa de la democracia

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) tiene como uno de sus pilares el fortalecimiento de la democracia. En este contexto, es importante mencionar que la defensa y promoción de la democracia también tienen un impacto directo en el entorno empresarial y el desarrollo de los negocios.

La CCL sostiene que los empresarios desempeñan un papel clave en el fortalecimiento de la democracia, no solo a través de su participación en la vida política y el cumplimiento de las leyes, sino también fomentando prácticas empresariales éticas, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, y contribuyendo al desarrollo sostenible y equitativo del país.

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CCL: Las instituciones deben favorecer un crecimiento en democracia

La Cámara de Comercio de Lima, organización empresarial próxima a cumplir 136 años de fundación, hace un llamado en defensa de la democracia y sus instituciones.

La crisis que vive el país exige que todas las personas e instituciones involucradas en estos hechos actúen de acuerdo a derecho. Por ello, exhortamos a la presidenta a que cumpla con lo ofrecido y que responda con celeridad a los requerimientos del Ministerio Público y del Poder Judicial, y a ambas instituciones a que procedan con la proporcionalidad debida, de acuerdo a los procedimientos establecidos para la alta investidura de la Presidencia de la República.

Aclarar las denuncias y facilitar las investigaciones reducirá la crisis política que debilita nuestra democracia, afecta nuestro desarrollo económico y social, genera inestabilidad y daña la imagen internacional de nuestro país.

El Pleno del Congreso de la República aprobó recientemente, en segunda votación, el dictamen que aborda diversos proyectos de ley que proponían modificar la Constitución Política para restablecer el sistema bicameral en el país, reintroduciéndose el Senado y la Cámara de Diputados.

Como se recordará, esta reforma constitucional había sido aprobada en primera votación en noviembre del año 2023. Según lo establecido en el artículo 206 de la Constitución Política, su efectividad requería una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria sucesiva, la cual fue llevada a cabo en la primera semana de marzo de 2024. Dado que se trata de una reforma constitucional, esta norma no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, por lo que su promulgación es inminente en los próximos días.

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Con el propósito de dar a conocer los diversos aspectos contenidos en esta reforma constitucional, a continuación, sintetizamos sus principales alcances:

Conformación del Congreso

El Congreso de la República estará compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados.

Conformación del Senado

El Senado estará conformado por un mínimo de 60 senadores, elegidos por cinco años. Se asegurará que haya un representante por cada circunscripción electoral; los restantes serán elegidos por distrito único electoral nacional. El número de senadores puede aumentar mediante ley orgánica.

Conformación de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados estará compuesta por un mínimo de 130 diputados, elegidos por un periodo de cinco años. El número de diputados puede aumentar mediante ley orgánica en relación con el incremento poblacional.

Presidencia del Congreso

La presidencia del Congreso será alternada entre los presidentes de cada cámara.

Requisitos para ser senador

Para ser senador se requiere ser peruano de nacimiento, tener 45 años cumplidos al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado y gozar del derecho de sufragio.

Requisitos para ser diputado

Para ser diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.

Reelección

Los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo.

Atribuciones de la Cámara de Diputados

Corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a diferentes funcionarios por infracción de la Constitución y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones hasta cinco años después de haber cesado. Los funcionarios que pueden ser acusados incluyen al presidente de la República, senadores, diputados, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, defensor del Pueblo y al contralor general.

Atribuciones del Senado

Corresponde al Senado suspender o inhabilitar al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función.

Atribuciones del Congreso

El Congreso tiene atribuciones como dar leyes, velar por el respeto de la Constitución, aprobar el Presupuesto, autorizar empréstitos, ejercer el derecho de amnistía, aprobar las leyes de demarcación territorial, aprobar o modificar su reglamento, entre otras.

Tratados internacionales

Los tratados deben ser aprobados por el Senado.

Ley del Presupuesto

El proyecto de presupuesto es remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, el cual es estudiado y dictaminado por una comisión bicameral para su debate y votación.

Leyes tributarias

Las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su aprobación requiere de la votación de más de la mitad del número legal de miembros de cada cámara.

El tratamiento tributario selectivo y temporal para determinada zona del país requiere de la aprobación en cada cámara por los dos tercios del número legal de sus miembros.

Contralor general

Es designado por el Senado, a propuesta del Poder Ejecutivo, por un periodo de siete años.

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Poder Ejecutivo designa a cuatro de los siete miembros, incluyendo al presidente del BCRP. El Senado ratifica al presidente y elige a los tres restantes.

Superintendente SBS

El Poder Ejecutivo designa al superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). El Senado lo ratifica.

Formación de leyes

Toda ley debe ser votada en su respectiva cámara y aprobada por ambas. Es decir, aprobada la propuesta de ley por la Cámara de Diputados, su presidente da cuenta al titular del Senado, el cual la somete a revisión. El Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa de ley al presidente de la República para su promulgación.  Si el proyecto de ley es rechazado por la Cámara de Diputados, este se archiva. Igualmente, si la propuesta es rechazada por el Senado, esta se archiva.

Decretos de Urgencia

El presidente de la República puede dictar medidas extraordinarias con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Senado, el cual puede modificarlos o derogarlos siguiendo el procedimiento establecido en su reglamento.

Exposición de PCM ante Cámara de Diputados

El presidente del Consejo de Ministros debe concurrir a la Cámara de Diputados dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas de su gestión. Esta exposición no da lugar al planteamiento de cuestión de confianza.

Voto de censura

La Cámara de Diputados puede hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última se plantea solo por iniciativa ministerial.

Cuestión de confianza

El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante la Cámara de Diputados una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.

Disolución de la Cámara de Diputados

El presidente de la República puede disolver la Cámara de Diputados si esta ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. No puede disolverse la Cámara de Diputados en el último año de su mandato. Disuelta la Cámara de Diputados, se mantiene en funciones el Senado, el cual no puede ser disuelto. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario.

Opinión de la CCL

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) espera que esta reforma constitucional contribuya a mejorar la representación de los electores a través de la combinación de criterios diferentes de elecciones en distintas circunscripciones, además de mejorar la elaboración y deliberación de los proyectos de ley que se formulen. Nuestro país requiere de profundas reformas políticas que le permitan recuperar la institucionalidad, la capacidad de hacer política en favor del bien común, luchar contra la corrupción y retomar la senda del crecimiento y el desarrollo.

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Cámara de Comercio de Lima saluda aprobación de reformas políticas

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) saluda la aprobación en el Congreso de la República del retorno a la bicameralidad, la reelección inmediata y la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria, tres de las cinco propuestas de reformas políticas priorizadas y promovidas por nuestra institución.

Con ello, a partir de las próximas elecciones generales, el Congreso de la República tendrá dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados. Contar con dos cámaras legislativas contribuirá a que mejore el debate y la reflexión antes de aprobar una ley.

La CCL invoca a las bancadas a aprobar el proyecto de ley sobre la idoneidad para que los candidatos por elección popular no tengan sentencias por graves delitos. Por ello, también insistimos en que se requiere incorporar a la legislación de elecciones internas de los partidos una fórmula que logre la reducción de organizaciones políticas que se presenten a la elección general evitando la atomización de propuestas.

Con la aprobación y puesta en vigencia de estas cinco propuestas, estamos seguros de que se contribuirá a fortalecer la institucionalidad democrática, una causa que la CCL ha hecho suya en los últimos años.

¿En qué contexto surge la idea para realizar el libro ‘Cómo salir de la crisis política: Propuestas para una reforma’?

El libro es el resultado de un proceso que se inicia en conversaciones con miembros de la directiva de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sobre la reforma política como una de las propuestas de políticas públicas que promueve el gremio empresarial. Entonces, con mucho entusiasmo y esperanza, me sumé a esta iniciativa pues creo a que es muy importante que los empresarios miren la agenda sobre los problemas que aquejan al país de manera integral.

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¿Cuál fue la finalidad del estudio previo que hizo la CCL para hacer realidad la publicación de esta obra?

Luego del paper que preparé para el debate, tuvimos varias mesas de trabajo con distintas personalidades que seleccionó el gremio empresarial, a fin de exponer y escuchar comentarios sobre las propuestas de reforma política. Esto fue un proceso muy enriquecedor. Hay un interés ciudadano sobre cómo mejorar la política. Las reformas propuestas inciden en el ámbito nacional.

¿Cuáles son los principales aportes de esta publicación para promover el debate nacional en cuanto a la reforma política?

Cuando se busca impulsar una reforma política o un diseño de política pública, el primer paso es hacer un diagnóstico, una línea de base, conocer los antecedentes. En el caso de una reforma política, vimos cuáles habían sido los procesos de cambios que se habían intentado materializar anteriormente. En el Perú se ha hablado de reforma política desde hace 30 años y seguimos pensando en el tema justamente porque los indicadores de nuestra democracia no han mejorado. No creo que sea un tema que se pueda adjudicar a la reforma política en general porque no hemos tenido aún una mirada integral y las reformas no han tenido el mismo objetivo.

En ese sentido, las reformas abordan cinco ejes: partidos políticos, Congreso, Poder Ejecutivo, relaciones entre poderes y órganos constitucionalmente autónomos. Sin embargo, las reformas propuestas los partidos son las más limitadas porque, a diferencia de las reformas en el sistema electoral o en el sistema de gobierno, los partidos no se pueden transformar por ley. Es decir, ninguna reforma normativa va a crear un sistema de partidos institucionalizado o reducir opciones programáticas o lograr que sean verdaderamente representativos. Entonces, de lo que se trata es generar incentivos para mejorar la oferta de candidatos.

¿Qué se necesita para trabajar en una verdadera reforma política?

Mirar el diagnóstico y, a partir de allí, señalar cuáles son los objetivos de una reforma. Nosotros pensamos en un tema de gobernabilidad democrática, darle al país predictibilidad y una estabilidad que no solamente sea atractiva para la inversión, sino también para que los jóvenes y sus familias vean en el Perú un país en desarrollo, y en el cual se puede apostar para un lugar donde vivir mejor.

¿Considera que es transcendental que aparezcan obras como esta en tiempos de crisis política y social en nuestro país?

En el mundo entero las crisis pueden verse siempre como un síntoma de problemas estructurales y un momento también para pensar en reformas. Cuando se analizan las reformas en América Latina, muchas de ellas se han dado en momentos difíciles, y el Perú tiene una prolongada crisis. No obstante, debemos señalar que, a pesar de ello, vivimos el ciclo democrático más largo de nuestra historia. Sin embargo, en el país existen necesidades insatisfechas, por lo cual hay un desencanto e insatisfacción por la democracia.

¿Cuáles serían las consecuencias si los ciudadanos tienen un desencanto por la democracia?

Los indicadores de Idea Internacional, Barómetro de las Américas y Latinobarómetro coinciden en mostrar dos cosas. Primero, que hay un tema de retrocesos o lo que se ha denominado la erosión de la democracia en el mundo; pero, también en este punto, el Perú aparece rezagado cuando se trata de hablar de satisfacción o apoyo a la democracia.

Según un informe The Economist, el Perú pasó de ser una democracia imperfecta a un régimen híbrido, el Barómetro de las Américas destaca que hay una mayor tolerancia hacia los golpes de Estado. Esas son señales preocupantes porque en ese clima cualquier líder populista de derecha o izquierda puede aparecer en un proceso electoral. Por ello, es necesario comenzar a sentarnos en una mesa para mirar qué tipo de reformas se pueden hacer en nuestro país, siempre considerando que el límite de las reformas normativas no reemplaza a los actores políticos y su compromiso con la democracia, el respeto a los derechos de las personas y el control entre poderes que lo garanticen.

Hoy los ciudadanos también se preguntan: ¿cómo podemos recuperar la estabilidad del país o cómo podemos ser una democracia viable en estos tiempos de crisis?

Uno de los pasos es el fortalecimiento institucional con organizaciones gubernamentales más sólidas y previsibles. Tenemos la oportunidad, primero, de que no se filtre la corrupción; y, segundo de, que pueda haber una mayor estabilidad para retener a nuestros jóvenes. Según la encuesta de ‘Game Changers’ de Ipsos, cuando se pregunta qué le preocupa al mundo, aparecen una serie de respuestas vinculadas al crimen organizado y la corrupción en el país. No obstante, la más preocupante es cuando se preguntó: ¿está usted de acuerdo con la dirección que ha tomado su país? Allí, el Perú aparece al final de la tabla, pues el 90 % de los encuestados se siente frustrado respecto de la dirección que toma el país. Ello no tiene que ver directamente con una coyuntura, sino que es una tendencia que viene mostrándose hace años.

Durante la presentación del libro señaló que hay una gran preocupación debido a que en el país no hay un mínimo acuerdo para vivir en un sistema democrático, lo cual es riesgoso porque nos llevaría a tener liderazgos populistas. ¿Cuál es su percepción sobre nuestro futuro democrático?

Creo que el acuerdo básico tiene que atravesar por construir soluciones en un sistema democrático que respete las libertades, la separación de poderes, el control entre poderes del Estado y cerrar el paso a alternativas antidemocráticas, corruptas o mafiosas. También, necesitamos sentarnos a conversar, escuchándonos y evitando la descalificación mediante etiquetas. Creo que la respuesta a este tema es que, si queremos un futuro democrático en el país, tenemos que ponernos de acuerdo en aspectos básicos, un acuerdo mínimo que incluya a quienes quieren vivir en ese clima.

¿Cuál es su opinión con respecto a que los gremios empresariales, tales como la CCL, se estén involucrando en las discusiones sobre las reformas sustanciales en el país?

Como ha señalado la presidenta de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, y como hemos escuchado a los directivos, antes que empresarios son ciudadanos y creo que nadie quiere un país muy pobre. Es necesario buscar el desarrollo de nuestro país de manera conjunta. En ese sentido, involucrarse en ello es una buena noticia porque el país requiere de liderazgos que se den tanto en la empresa como en el resto del sector privado, así como en el sector público, en la política y en la academia. Además, la idea de abordar la reforma política, la seguridad ciudadana, los temas de la informalidad, un clima adecuado para la inversión y va a generar un crecimiento para todos y reducir las brechas existentes en el país que muchas veces generan el descontento con el sistema.

¿Hay algún plan para concretar las propuestas surgidas de este libro? Por ejemplo, crear políticas públicas con diversas instituciones a fin de mejorar la política de nuestro país.

Este proceso de diálogo que tiene como resultado el libro es una buena práctica, y esa práctica sería muy importante poder replicarla porque pone estos temas en debate a nivel nacional y en las ojalá en cámaras regionales. Es un excelente inicio para debatir la construcción de políticas y encontrar liderazgos. Pero es necesario tener claro que ninguna reforma normativa y ninguna de las políticas del país va a ser suficiente si no encontramos un compromiso democrático de parte de los ciudadanos y actores políticos en general.

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La crisis política se ha convertido en un mal endémico en el Perú. Seis presidentes en cinco años, inestabilidad e incertidumbre. La sensación general de los ciudadanos es de caída libre. A raíz de esta turbulencia, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo recuperamos la estabilidad? o ¿cómo volvemos a ser una democracia viable?

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Ante este problema de gobernabilidad, la politóloga y abogada Milagros Campos presentó el libro ‘¿Cómo salir de la crisis política?: Propuestas para una reforma’ (Debate, 2023) en la 44.ª Feria del Libro Ricardo Palma. Esta publicación que ha sido promovida por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) busca fomentar el debate ciudadano sobre las reformas sustanciales que necesita el país.

En la obra, la especialista en ciencias políticas aborda problemas institucionales y muestra las características de nuestra democracia y del ejercicio de la política. Hecho el diagnóstico, propone las reformas necesarias para alcanzar la ansiada y saludable gobernabilidad en nuestro país.

Ante diversas figuras de las ciencias políticas, la economía y la política que se hicieron presentes en el auditorio Pilar Dughi, Campos describió el riguroso proceso de trabajo para hacer realidad la publicación, el que comenzó redactando un paper sobre un documento de análisis que hizo un grupo de trabajo de la CCL acerca de la reforma política, haciéndole una actualización a partir de la crisis política que se desarrollaba en el país.

Durante su intervención, la autora del libro afirmó que en la actualidad hay un desencanto ciudadano, por lo cual se busca una democracia más efectiva en el país. Ante ese desafío, se plantea diseñar una democracia que respete las libertades, la inversión, la igualdad y la calidad de vida de las personas.

“Cuando tenemos un país inestable e instituciones debilitadas no se puede trabajar en políticas públicas que se supone que son aquellas que van a mejorar la calidad de vida de la gente. Esto no nos permite mirar a largo plazo en nuestro desarrollo. Además, una gran preocupación es que, si no tenemos el más mínimo acuerdo para vivir en un sistema democrático, creo que vamos a tener problemas en el futuro con la posibilidad de tener liderazgos populistas”, comentó la abogada constitucionalista.

Asimismo, la politóloga destacó la preocupación del gremio empresarial para involucrarse en la discusión de la reforma política.

“Me parece importante que la CCL, aparte de promover sus intereses gremiales, también comience a mirar los problemas y la agenda del país. Es así que nos muestra una clase empresarial que es la que necesita nuestro país”, añadió.

Agenda país

En tanto, Rosa Bueno de Lercari, presidenta de la CCL, indicó que este trabajo está cimentado en el pilar de fortalecimiento de la democracia que impulsa el gremio empresarial que ella lidera.

“Esto es parte de la agenda de desarrollo del país que también incluye el fortalecimiento del libre mercado con inclusión, la seguridad ciudadana y el acceso a la formalidad”, adicionó.

Además, la líder gremial comentó que, durante el proceso de edición del libro, su contenido fue socializado en mesas de trabajo con politólogos, abogados, empresarios y organizaciones no gubernamentales para enriquecerlo y también para fomentar la discusión pública sobre la reforma política con conocimiento de causa.

“De 15 propuestas trabajadas en esta investigación se dio prioridad a 5; y las más importantes para nosotros son aquellas que buscan devolver la idoneidad y desterrar la corrupción de la política. Además, en ese esfuerzo el tema de la integridad es importante para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por ese motivo, hoy presentamos esta publicación que ha sido editada con un lenguaje muy amigable para que pueda ser entendido por todos los ciudadanos”, expresó Bueno de Lercari.

Además, Bueno de Lercari destacó que esta obra de consulta imprescindible para todo ciudadano permite dar herramientas para el debate nacional sobre la reforma política en el Perú.

Reforma integral

Por su parte, Marisol Pérez Tello, abogada y exministra de Justicia, quien participó como panelista, dijo que este libro habla sobre la necesidad de un buen diagnóstico y una reforma integral del sistema político.

“Las reformas políticas en el país han sido siempre parciales y como parches que terminan perjudicando mucho más de lo que benefician al país”, agregó.

En tanto, el abogado y periodista Augusto Townsend destacó que el sector empresarial representado por la CCL se haya involucrado en la discusión sobre la reforma política.

“Ningún sector debe estar ajeno a esta discusión, en particular el sector empresarial. De hecho, no todos vamos a tener opiniones iguales en estos temas, pero que se esté haciendo una propuesta es saludable para el país”, enfatizó.

¿Cuál es el precio del libro de Milagros Campos?

El libro ‘¿Cómo salir de la crisis política?: Propuestas para una reforma’ , editado por Penguin Random House, está a la venta en las librerías El Virrey, SBS, Estruendomudo, Crisol, Íbero y Buscalibre a un precio de S/ 59.

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Con el propósito de generar espacios de diálogo sobre el Capítulo Económico de la Constitución de 1993, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) junto al Frente Crítico Universitario organizaron el conversatorio «Constitución económica, informalidad y oportunidades en el Perú».

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En un diálogo reflexivo con jóvenes universitarios, el jefe de Políticas Públicas del gremio empresarial, Adolfo Pulgar Soarez, señaló que en el modelo de economía social de mercado acogido por la Constitución de 1993 se fomenta la libre iniciativa privada y libertad de empresa y, por tanto, propicia el emprendimiento y la innovación.

Ante un concurrido auditorio de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el experto en políticas públicas remarcó que la actual Carta Magna atribuye al Estado la obligación de cumplir un rol asistencial para la prestación de servicios de educación, salud, seguridad y desarrollar actividades empresariales estatatales de forma residual, cuando la oferta privada no atienda un servicio esencial a población y no en aventuras estatales.

Asimismo, Pulgar Soarez sostuvo que la CCL está dejando un legado de propuestas de políticas públicas en cuatro ejes estratégicos: el fortalecimiento de la democracia, la seguridad ciudadana, el aumento de la formalidad y el libre mercado con inclusión.

«En la historia y por tanto en el ADN de la Cámara de Comercio de Lima es participar en políticas públicas en beneficio de la sociedad. Es por ello, que somos un gremio que defendemos el libre mercado con inlclusión, fomentamos la formalidad y la generación de trabajo digno», comentó el representante del gremio empresarial.

Ejes estratégicos

En relación al eje estratégico del fortalecimiento de la democracia, el abogado explicó que desde la CCL se viene proponiendo dentro de la reforma política: mejorar la representatividad, requisitos de idoneidad para acceder al cargo y preferir la experiencia en el Congreso. Así como generar un proceso más reflexivo en la aprobación de las leyes.

Respecto al eje de la formalidad laboral, el especialista manifestó que más del 70% de la población económicamente activa no cotizan a un fondo de pensiones y siete de cada diez personas trabajan en la informalidad en el Perú y agregó que nuestro país junto a Bolivia tienen los mayores niveles de informalidad en la región. Aumentar la formalidad debe ser un objetivo inmediato.

En el eje de libre mercado con inclusión mencionó que la actividad estatal arriesga recursos públicos que pueden ser priorizados y destinados a cumplir fines esenciales. Mencionó que entre 1970 y 2021 las empresas estatales arrojaron pérdidas alrededor de los US$ 10 mil millones y que en el tercer trimestre de 2023, Petroperú ha solicitado al Gobierno Nacional, entre otros, una línea de de crédito S/ 500 millones, garantía del Estado US$ 1,000 millones y aportes de capital S/ 5,774 millones y la Refinería de Talara terminó costando más del doble de lo presupuestado en el 2014, hasta los US$ 5,700 millones. “El estado como empresario no tiene incentivos para estructurar proyectos con objetivos sostenibles en el tiempo, ni operar con rentabilidad, eficiencia o con buen gobierno corporativo”, enfatizó.

Libertad de elegir

En tanto, el catedrático universitario y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Chanamé, indicó que en anteriores constituciones se tenía un orden económico incorrecto, ya que, el consumidor solo podía comprar entre dos marcas de zapatos o lapiceros; y no tenía esa libertad de elegir entre otras miles de marcas como al día de hoy.

«En mi generación, a mi niñez, se le arrebató la libertad económica. Sin embargo, ahora contamos con un Modelo Económico que permite el libre mercado y fomenta la libertad de elección. Y el libro ‘Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993’, escrito por Andrés Calderón, nos ayuda a entender la lógica de la economía”, destacó el docente universitario.

Verdades y mitos de la constitución

Por su parte, el abogado Andrés Calderón, autor del libro ‘Verdades y mitos de la Constitución Económica de 1993‘, promovido por la CCL, resaltó que el actual Modelo Económico promueve la libre competencia a las empresas; sin embargo, prohíbe el abuso de posicionamiento de dominio y concentración en el mercado (cárteles). Además, agregó que la Carta Magna otorga mayor protección a los consumidores.

“Con la CCL hemos trabajado propuestas para aportar al debate público con respecto a la Constitución Económica de 1993. Previamente hemos encontrado que hay más de 200 proyectos que plantean reformarla y muchos de sus fundamentos se basaban en información o datos incorrectos. En ese, sentido, en el libro se aborda con conceptos básicos el entendimiento del actual Modelo Económico que ha aportado al crecimiento del país”, dijo Calderón.

También, el abogado comentó que una de las bondades de la Constitución es que le ha otorgado autonomía al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en su rol de política monetaria; así como a otras instituciones como la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) y a la Contraloría General de la República (CGRP). Además, resaltó que en la actual Carta Magna se considera a la salud y la educación como un derecho fundamental para el ciudadano.

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Ante los recientes acontecimientos de la coyuntura nacional, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, remarcó que desde el empresariado coinciden que defender la democracia es fundamental para el desarrollo del país, ya que se necesita un ambiente de negocios que genere confianza y credibilidad para las inversiones.

«Sin democracia y sin seguridad ciudadana no se puede desarrollar un ambiente propicio para los negocios en el país. En estos momentos, el Perú necesita unidad y dar señales de confianza para retomar el camino de crecimiento que necesitamos para luchar contra la pobreza», sostuvo la representante del gremio empresarial en el programa televisivo ‘Octavo Mandamiento’ de Canal N.

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Asimismo, Bueno de Lercari señaló que dentro de las propuestas de desarrollo del país basado en cuatro pilares de la CCL se encuentra el fortalecimiento de la democracia.

En ese sentido, comentó que se ha planteado el retorno de la bicameralidad, debido a que se necesita mayor reflexión en las actuaciones del Congreso de la República.

“El Parlamento necesita de una Cámara Alta que podría ayudar a dar mayor profundidad en el análisis de un proyecto de ley. Además, en ese esfuerzo se podría levantar la calidad de las normas en este país. Otra de las propuestas es la reelección que permitiría que la política sea una carrera. Esta iniciativa contribuirá a que los políticos tengan que rendir cuentas al país”, dijo la presidenta de la CCL.

Sector educativo

En cuanto a la ley promulgada por el Congreso que tiene como fin reincorporar en sus puestos a 14 mil maestros que carecen de título pedagógico y que fueron cesados por no cumplir con la evaluación requerida, la líder del gremio empresarial manifestó que es inadmisible que con esta norma se pretenda restituir a docentes que no cumplen con la meritrocia.

«Uno de los fundamentos importantes para crecer y desarrollarnos como país es la educación. Es por ello que necesitamos maestros que cumplan con los estándares de calidad en beneficio de nuestros hijos. Estamos seguros que el Ejecutivo va a observar esta ley que tanto daño puede hacerle a la educación en nuestro país”, señaló.

En relación al Parlamento que busca destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante el inicio de procesos de ‘control político’, Rosa Bueno comentó que no está en tela de juicio la labor de los congresistas para investigar a funcionarios públicos, sino que esas herramientas de control tienen que realizarse de manera responsable y razonable a fin de que se mantenga el equilibrio de poderes.

Fenómeno de El Niño

Respecto al fenómeno de El Niño, la presidenta de la CCL indicó que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para dar mayor claridad sobre cuál va a ser el plan de prevención contra el impacto de este evento climático.

“Nosotros también vamos a hacer propuestas desde el sector privado para trabajar y acelerar proyectos que no avanzan con el mecanismo de obras por impuestos. La verdad es que la tramitología es mucha y El Niño no espera”, enfatizó.

Además, la representante de la CCL dijo que el presupuesto asignado para prevenir los daños que pudiera ocasionar el fenómeno de El Niño se ha ejecutado solo el 5.8 %, porcentaje insuficiente. “Sin embargo, la presidenta de la República en conferencia de prensa señaló que se va a gastar el 100% del presupuesto, lo cual saludamos, pero se necesita una respuesta rápida para estar preparados de sus impactos”, finalizó.

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En los últimos años el deterioro de la gestión pública ha afectado las bases de la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Además, ha originado que cada vez haya más pérdida de credibilidad y confianza en el Estado y en las autoridades.

Según un reporte de la Contraloría General de la República, durante el 2022 la corrupción en el Perú ha ocasionado un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56 % (S/ 13 721 millones) fue originado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguidos por el Gobierno Nacional, con el 44 % (S/ 10 696 millones).

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“Es lamentable esta situación que, además, pone en tela de juicio la capacidad del Estado para gestionar el país. Con este dinero bien invertido y sin corrupción se hubieran hecho más obras públicas en colegios, hospitales, carreteras, antenas para llevar internet o conductos para llevar electricidad y agua potable a las poblaciones más necesitadas”, señaló Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), elaborado también por la Contraloría General de la República y donde se evaluó a 2 815 entidades públicas en el 2022, reveló que el top 10 de instituciones públicas con mayores niveles de corrupción está encabezado por el Gobierno Regional de Áncash; seguido del Gobierno Regional de Piura; el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); los Gobiernos Regionales de Junín, Puno y Loreto; la Municipalidad Provincial de Trujillo; la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Municipalidad Metropolitana de Lima; y el Gobierno Regional de Tumbes.

Ante dicho resultado, Lanzara mostró su preocupación de que, a lo largo y ancho del país, se identifiquen una gran cantidad de denuncias por actos de corrupción e inconducta funcional, las que incluso han alcanzado a universidades. “Este ranking puede resultar incómodo para las instituciones, pero también es un reto y un compromiso para ellas el llegar a revertir esta situación”, añadió.

Mejores servidores públicos

Con el fin de hacerle frente a esta problemática, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL sostuvo que es fundamental promover la meritocracia en la gestión pública, ya que garantizará a mediano y largo plazo contar con funcionarios idóneos, capacitados y calificados que tomarán decisiones en beneficio de la población.

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“De esta forma se evitaría que factores externos a la experiencia profesional del funcionario público, como contactos, inconducta funcional, presiones, entre otros, pudiesen influenciar en la designación de los puestos públicos, lo cual es muy usual en las distintas administraciones de todo nivel, desde el Gobierno Central hasta los gobiernos regionales y locales”, argumentó Hernán Lanzara.

Además, indicó que un sistema regido por la meritocracia asegura la continuidad de la administración pública. También disminuye los constantes cambios y designaciones que ocurren cuando entra una nueva gestión o administración.

Semillero para futuros servidores públicos

Con el propósito de animar a los jóvenes estudiantes universitarios que se encuentran en el quinto superior a participar en la administración pública como futuros servidores públicos, la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL lanzó el programa piloto “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”.

Esta iniciativa busca sensibilizar a estos jóvenes universitarios mediante jornadas de información, análisis y capacitación. Asimismo, mediante la producción académica se les motiva a reflexionar sobre los problemas de la gestión pública de nuestro país e impartir conocimientos sobre compliance público y privado, gobernanza corporativa, políticas públicas en materia de transparencia y acceso a la información, entre otros aspectos.

Los objetivos del proyecto son contribuir a la formación de futuros funcionarios y servidores públicos de nuestro país, para que fortalezcan las instituciones públicas, incidiendo en sus capacidades, competencias y formación ética; contrarrestar la corrupción; y promover la eficiencia en el gasto público con un enfoque de derechos humanos.

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Además, se busca fortalecer las condiciones de empleabilidad de los jóvenes universitarios (como certificaciones y producción intelectual), y realizar convenios o alianzas estratégicas con entidades del Estado para que puedan evaluar e incorporar gradualmente a dichos jóvenes, mediante pasantías.

Modalidad de estudio

Las clases serán dictadas –de manera híbrida– por destacados especialistas de reconocida trayectoria profesional y académica. Durante las sesiones del “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”, un grupo de estudiantes asistirán a la sede institucional de la CCL a fin de participar de manera presencial.

Al mismo tiempo, otro grupo de estudiantes que no residan en Lima, y que tengan dificultades para asistir a las clases presencialmente, podrán participar de las mismas sesiones de forma virtual y sincrónica a través de las plataformas digitales.

Duración del programa

El referido programa tiene una duración de 24 horas divididas en 12 sesiones, y se realizará desde el 19 de septiembre hasta el 26 de octubre del presente año. Las clases se desarrollarán los días martes y jueves, en el horario de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. El curso es totalmente gratuito y cuenta con vacantes limitadas.

Los participantes seleccionados son estudiantes del penúltimo y último año de estudios de las carreras profesionales de Derecho, Ciencia Política, Sociología, Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración y Gestión Pública. Además, pertenecen al quinto superior, y debieron presentar una carta de presentación y una carta de recomendación de un docente de su facultad.

Para mayor información, contactarse con jsequeiros@camaralima.org.pe.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el Instituto de Estudios Atlántico organizaron el Foro: Instituciones democráticas y crecimiento económico. Durante las palabras de bienvenida, la presidenta de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, señaló que este foro es importante porque las instituciones democráticas colaboran con el crecimiento de los países.

“La democracia no promueve, per se, el progreso económico, social y político en un país, pero es poco probable lograrlo sin ello. La democracia permite construir instituciones fuertes sobre las cuales el desarrollo económico puede ser sostenible: Nuestra convicción es que hay un círculo virtuoso entre democracia y crecimiento económico”, explicó.

Rosa Bueno afirmó que las instituciones deben favorecer un crecimiento en democracia, ello rescatando los valores de integridad y desterrando la corrupción para lograr no solo crecimiento sino desarrollo.

“Desde las CCL consideramos que seguir asumiendo la teoría de cuerdas separadas, es un error. No podemos promover el desarrollo de la libre empresa y hacer respetar los legítimos derechos de las empresas, sin instituciones adecuadas. Tampoco podemos facilitar oportunidades de negocio en medio del caos social”, subrayó.

Instituciones democráticas

La presidenta de la CCL, Rosa Bueno de Lercari junto al expresidente del Gobierno Español, José María Aznar, participaron del panel: La importancia de las instituciones democráticas para el progreso.

En ese sentido, Bueno de Lercari afirmó que los empresarios han empezado a mirar con más detenimiento el tema de la política porque el valor de la democracia les permite construir instituciones fuertes que ayuden a preservar el crecimiento económico.

Por ello, recordó que la CCL decidió participar en la política a través de la presentación de propuestas de políticas públicas como el fortalecimiento de la democracia; el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; el acceso a la formalidad y el fortalecimiento del libre mercado.

“Entendimos que no puede haber un ambiente de negocios adecuado si el tema democrático no funciona. El problema político que tiene el Perú es el descontento social y que ha generado que sectores importantes se hayan quedado rezagados”, explicó.

Por su parte, el expresidente del Gobierno Español, José María Aznar, aseguró que en el mundo como en Latinoamérica o Iberoamérica se vivieron momentos con muy buenas décadas de expansión que contribuyeron al crecimiento económico que determinó la creación de la clase media que ha sido muy importante para los países.

Sin embargo, mencionó que ahora estas clases medias están buscando futuro provocando nuevas situaciones que producen expectativas no satisfechas y estas expectativas no satisfechas, han sido especialmente negativas.

“La pandemia ha supuesto un salto atrás dramático para la fortaleza y estabilidad de estos países ya que la clase media hace de las naciones países viables. Un país no puede solventar su futuro sin una agenda razonable y esta ola que se está viviendo (socialismo) no es ajena a los problemas del mundo, pero esto se suma a los problemas domésticos de cada país”, explicó.

Precisó además que la democracia y la Libertad “son dos criaturas muy frágiles” que se deben cuidar todos los días sin darlas por asumidas.

Recuperación del turismo

En el foro se desarrolló un panel especial de turismo denominado ¿Cómo recuperar el turismo? En dicha mesa el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero, manifestó que, si bien este sector es uno de los más golpeados por la pandemia, se empiezan a recibir informaciones positivas en la reactivación económica del país y este sector, con el anuncio de nuevas inversiones.

“Estamos comenzando a recibir informaciones positivas, tenemos que capitalizarlas y salir afuera a promover”, afirmó. Refirió que ya se siente que el país empieza a salir del problema de las manifestaciones que interrumpieron las actividades económicas en diversas partes. Asimismo, destacó el anuncio de inversión del grupo Accor para la construcción de un hotel en el norte del Perú.

El ministro Helguero señaló que el Perú saldrá adelante con un programa con fuerza y variado, con promociones y participación en diferentes ferias internacionales, y también con el impulso al turismo interno. “El mercado interno es importante para nosotros y vamos a seguir impulsando el mercado interno, tenemos diferentes campañas”, afirmó.

Por su parte, el CEO de Casa Andina Hoteles, Juan Stoessel, destacó que el Perú es tan maravilloso para los turistas extranjeros, que a pesar de todo lo sucedido, tienen interés en venir a visitarlo.

Señaló que muchos de los “travel warnings” emitidos por 27 países sobre el Perú, están desactualizados, porque ya se pueden visitar lugares como Machu Picchu que recibe más de 1.500 visitantes diarios, en su mayoría peruanos en estas primeras semanas de reapertura.

A su turno, la presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leoni Roca, señaló que lamentablemente el país no ha enfrentado de la mejor forma el tema turístico. Precisó este sector se debe trabajar como un paquete de servicios públicos donde se incorporen los sectores conexos que ayuden a brindar un mejor servicio a los visitantes mejorando la infraestructura aeroportuaria.

Para el consultor español del sector Turismo, Víctor Gorga es importante que cada país trabaje con datos turísticos, pero con un horizonte más adelantado que lleve a la diversificación productos y lo más importante dijo que la confianza en cada país es “la moneda de cambio”.

Infraestructura y vivienda para el desarrollo

En el panel Infraestructura y vivienda para el desarrollo participaron el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, el gerente general de los Portales, Guillermo Velaochaga y el ejecutivo senior sector privado de la CAF, César Vargas.

Durante su participación en la mesa, el ministro Navarro reconoció que existe un déficit importante de viviendas, lo que impulsa la ocupación informal. Explicó que el país tiene acumulado un millón y medio de déficit de viviendas, sin embargo, dijo que año a año la necesidad de vivienda es de alrededor de 140.000.

Sostuvo que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 10 años es tener entre 70.000 a 80.000 viviendas que son insuficientes para cubrir la demanda. Ante esta realidad, dije que el Ministerio de Vivienda está impulsando programas de vivienda con un nuevo enfoque no solamente en la búsqueda de nuevo suelo, sino para generar programas de densificación que permita poder organizar el territorio de manera adecuada.

Convenio marco de colaboración

Finalmente, la CCL y el Instituto de Estudios Atlántico firmaron un convenio marco de colaboración para llevar a cabo de manera conjunta actividades de difusión y formación académica en los ámbitos de la gestión de negocios, la cultura, las ideas políticas y la gestión pública en el Perú.

Hasta el 2021, nuestro país calificaba como democracia defectuosa; pero en el 2022, descendió a un régimen híbrido. El intento de cierre del Congreso  con el autogolpe del siete  de diciembre, la destitución del expresidente y las protestas sociales, son las causas de estos resultados.

La Carta fundacional de las Naciones Unidas de 1945, no incluyó la palabra democracia; pero el organismo señala que las palabras iniciales “Nosotros los pueblos” reflejan el principio fundamental democrático de que la voluntad de la población es la fuente de legitimidad de los estados soberanos; y por consiguiente, de las Naciones Unidas en su totalidad. Pero, en la práctica no existe un consenso sobre cómo definir democracia, siendo muchas veces tratada como sinónimo de libertad.

Se puede aspirar a identificar características básicas donde se logre el mayor consenso. En esa dirección, se considera a la democracia como un gobierno basado en el gobierno de la mayoría y el consentimiento de los gobernados, con la existencia de elecciones libres y justas, la protección de los derechos de las minorías y el respeto de los derechos humanos básicos. La democracia puede verse como un conjunto de prácticas y principios que institucionalizan y protegen la libertad.

Índice de Democracia

The Economist Intelligence (EIU) va más allá y busca medir la democracia. Dicha institución afirma que las medidas de democracia, que reflejan el estado de las libertades políticas y las libertades civiles, no son lo suficientemente amplias. La libertad es un componente esencial de la democracia, pero no en sí mismo, suficiente. En las medidas existentes, los elementos de participación política y funcionamiento del gobierno se tienen en cuenta solo de manera marginal y formal.

Por esta razón, EIU elabora anualmente el Índice de Democracia (ID) y para el 2022 calificó el estado de la democracia en 167 países del mundo. El ID se calcula desde el 2006 y basa su estudio en 60 indicadores agrupados en cinco categorías: (i) Proceso electoral y pluralismo; (ii) Libertades civiles; (iii) Funcionamiento del gobierno; (iv) Participación política; y (v) Cultura política. Promediando los valores en una escala de 0 al 10. Así, EIU pretende determinar el rango de democracia, ubicando a los países en uno de cuatro regímenes: Democracia plena (8 y 10 puntos), Democracia defectuosa (6 y 8 puntos), Régimen híbrido (4 y 6 puntos) y Autoritario (0 y 4 puntos).

Para la elaboración del estudio se emplean diferentes fuentes como evaluaciones de expertos y encuestas de opinión pública, principalmente la Encuesta Mundial de Valores, Euro barómetro, Barómetro Asiático, Barómetro de América Latina, Afro barómetro, entre otras encuestas nacionales.

Lo interesante de los resultados obtenidos a través del estudio, es que muestran que aquellos países en los que rige una democracia plena alcanzan un mayor bienestar económico, medido por el PBI per cápita en dólares de paridad de poder de compra. Esto no solo se ve en el resultado promedio de los países, sino también en el rango mínimo y máximo resultante. En el caso de los países con democracia plena, el PBI per cápita promedio es de US$ 53.185, y el intervalo en que fluctúa dicho indicador en los 24 países considerados se ubica entre los US$ 21.107 y US$ 120.326. Aquí destacan países como Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Luxemburgo y los sudamericanos Uruguay y Chile.

Los 47 países clasificados con una democracia defectuosa tienen un PBI per cápita promedio de US$ 23.887 con un mínimo de US$ 2.573 y un máximo de US$ 111.690 que corresponde a Singapur, la segunda economía con mayor producto por habitante. Otros países en este grupo son Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana.

Perú, junto con 33 países, es considerado como un régimen híbrido, y en este régimen el PBI per cápita promedio es de US$ 9.728.  Por su alto bienestar económico destacan Hong Kong y países  latinoamericanos como Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Bolivia.

Luego se tiene el régimen autoritario, conformado por 51 países con un PBI per cápita promedio de US$ 13.192 y que fluctúan entre US$ 925 y US$ 96.605. En este grupo destaca Qatar, por ser la cuarta economía con mayor PBI per cápita del mundo. Entre otros países, se tiene a China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, y un importante bloque de países africanos.

Perú bajó su clasificación

Según EIU, Latinoamérica como región, experimentó en el 2022 su séptimo año consecutivo de retroceso en el Índice de Democracia, con un puntaje promedio de 5,79, por debajo del 5,83 del 2021. Este resultado, se da a pesar de la mejora en los puntajes relacionados con el fin del confinamiento y restricciones provocados por la lucha contra la pandemia y que venía afectando libertades civiles. No obstante, estas fueron contrarrestadas por una fuerte caída en los puntajes en un pequeño grupo de países como Haití, El Salvador y México.

En el caso peruano, hasta el 2021 calificaba como democracia defectuosa pero en el 2022 descendió a un régimen híbrido. El intento de cierre del Congreso con el autogolpe del 7 de diciembre, la destitución del expresidente por parte del Parlamento, y las protestas sociales, son las causas de estos resultados. Según EIU, desde el 2016, el país refleja un entorno político cada vez más inestable que ha llevado a seis presidentes a llegar al poder y tener tres congresos diferentes en ese mismo lapso. Los puntajes obtenidos en cultura política se encuentran entre los más bajos de la región, Perú tiene 3,13, seguido de México y Ecuador, ambos con 1,88, lo que refleja una polarización extrema.

Hay una baja capacidad del estado, a través de su gobierno nacional y subnacional, para responder a los problemas que afectan a la población y la desconfianza de ellos hacia sus instituciones ha sido un proceso sostenido durante los últimos años.

EIU advierte en su estudio, que durante el mandato del expresidente Pedro Castillo, la capacidad estatal se debilitó considerablemente debido a más de 80 cambios ministeriales durante su breve período en el cargo y el nombramiento de muchos ministros que carecían de experiencia relevante. Este legado pesará en la economía del Perú, así como en la calidad de su gobernabilidad y democracia, por muchos años más.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, formuló un llamado al fortalecimiento de la democracia y la búsqueda de la paz social con el fin de contribuir con el desarrollo del país, pues consideró que no habrá reactivación económica en el Perú si no se restablece el orden interno. Esto se dio durante una reunión de trabajo con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la sede de Palacio de Gobierno.

“Exhortamos a las autoridades, fuerzas del orden y a todos los ciudadanos de bien a realizar los esfuerzos necesarios para restablecer la paz social, los que deben realizarse en estricto cumplimiento de las leyes y la Constitución”,  indicó  tras resaltar que la CCL representa a miles de empresas y cientos de trabajadores que forman parte del pueblo productivo, quienes requieren paz social para seguir trabajando.

Además  invocó a la población a deponer las acciones violentas y fuera de la ley manteniendo sus protestas de manera pacífica, teniendo en cuenta a  las familias  que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, producto de los lamentables actos violentos acaecidos.

Propuestas

En la referida reunión, la líder empresarial también presentó una serie de propuestas de reformas políticas que contribuirán a consolidar la democracia peruana e impulsar la reactivación económica.

Bueno de Lercari precisó que la propuesta de la CCL para el fortalecimiento de la democracia, presentada recientemente ante la Comisión de Constitución el Congreso de la República, forma parte de 15 propuestas del gremio empresarial  relacionadas a la reformas políticas,  De  las cuales han priorizado cinco, que están vinculadas a generar mayor representatividad, impulsar la integridad y desterrar la corrupción en la política peruana ( ver página 10).

Otro planteamiento está enfocado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, debido a que el gremio empresarial considera que sin una democracia sólida y sin seguridad en el Perú  “no es posible tener un clima de negocios adecuado”.

El acceso a la formalidad es otro punto que presentó la CCL, considerando que nuestro país comprende altos márgenes de informalidad, que de no revertirse, “será muy difícil lograr la inclusión necesaria para cerrar las brechas de desigualdad existente entre los peruanos”.

Por último, enfatizó sobre el fortalecimiento de libre mercado con inclusión.

“Estas cuatro propuestas presentadas están apoyadas en dos ejes transversales: integridad y digitalización”, sostuvo.

Asimismo, Rosa Bueno de Lercari, refirió que en la cita participó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien les informó que están destinando  S/3,000 millones  adicionales para reactivar la economía, de los cuales  S/ 500 millones irán al sector Turismo y S/ 1.000 millones para  la agricultura. Indicó que el MEF también está trabajando en las demandas provenientes de las regiones.

Ante lo expuesto, la CCL mostró su disposición a contribuir con el desarrollo del Perú. En ese sentido, apoyó la agenda planteada por el gobierno en materia económica que tiene como objetivo mejorar la economía familiar, sectorial y regional.

Demanda de regiones

Asimismo, Rosa Bueno de Lercari transmitió a la Presidenta de la República los pedidos realizados por los presidentes de las Cámaras de Comercio de la Macro Región Sur, teniendo en cuenta que la CCL es socio fundador de PerúCámaras que agrupa a casi 50 cámaras regionales.

Entre estos pedidos, está el tema de fortalecer  y promover el  turismo, actividad económica que tiene un peso de 3,9% en el PBI y que es generador de empleo y bienestar.

Cabe señalar que regiones como Cusco y Puno, tienen a cientos de empresarios en este sector.

Es así, indicó, que el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John Santos, ha solicitado acciones que protejan el corredor turístico; y se priorice, en el presupuesto, la ejecución de proyectos turísticos.

Y dio a conocer que el presidente de la Cámara de Comercio de Juliaca, Isaac Aparrigue, les ha señalado su preocupación por el alto grado de informalidad en su región (90%), lo que impide el desarrollo en la zona, punto que viene trabajando la Cámara de Comercio de Lima dentro de las propuestas presentadas

“Desde la CCL, transmitimos su preocupación de priorizar proyectos de desarrollo, tales como la hidroeléctrica de Inambiri, el Puerto Seco Huaynarroque, la refinería y fábrica de batería, así como la autopista Juliaca – Arequipa”, indicó.

De esta manera, resaltó, la CCL se pone a disposición del desarrollo del Perú, en beneficio de toda la población, y apoya la agenda planteada por el gobierno en materia económica que tiene como objetivo mejorar la economía familiar, sectorial y regional.

“Queremos exhortar a todos los actores sociales a buscar la paz social y retomar la agenda de desarrollo del país”, destacó.

Enla cita participaron también el vicepresidente de la CCL, Jorge von Wedemeyer y la directora del gremio empresarial, Rocío Lockett.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, formuló un llamado al fortalecimiento de la democracia y la búsqueda de la paz social a fin de contribuir con el desarrollo del país, pues consideró que no habrá reactivación económica en el Perú si no se restablece el orden interno.

Ello se dio durante una reunión de trabajo con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la sede de Palacio de Gobierno, en el cual la líder empresarial presentó una serie de propuestas de reformas políticas que contribuirán a consolidar la democracia peruana e impulsar la reactivación económica.

En la cita participaron también el vicepresidente de la CCL, Jorge Von Wedemeyer y la directora del gremio empresarial, Rocío Lokket.

Bueno de Lercari precisó que la propuesta de la CCL para el fortalecimiento de la democracia, presentada recientemente ante la Comisión de Constitución el Congreso de la República, forma parte de 15 propuestas de la CCL relacionadas a la reforma política.

Otro planteamiento está enfocado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El gremio empresarial considera que sin una democracia sólida y sin seguridad “no es posible tener un clima de negocios adecuado”.

El acceso a la formalidad es otro punto que presentó la CCL, considerando que nuestro país comprende altos márgenes de informalidad, que, de no revertirse, “será muy difícil lograr la inclusión necesaria para cerrar las brechas de desigualdad existente entre los peruanos”. Por último, enfatizó sobre el fortalecimiento de libre mercado con inclusión.

“Estas cuatro propuestas presentadas están apoyadas en dos ejes transversales: integridad y digitalización”, sostuvo.

Asimismo, refirió que en la cita participó el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien les informó que están destinando S/ 3.000 millones adicionales para reactivar la economía, de los cuales S/ 500 millones irán al sector Turismo y S/ 1.000 millones para agricultura. Indicó que el MEF también está trabajando en las demandas provenientes de las regiones.

Ante lo expuesto, la Cámara de Comercio de Lima mostró su disposición a contribuir con el desarrollo del Perú. En ese sentido, apoyó la agenda planteada por el gobierno en materia económica que tiene como objetivo mejorar la economía familiar, sectorial y regional.

Demanda de regiones

Rosa Bueno de Lercari expuso ante la presidenta Dina Boluarte las demandas de los presidentes de las cámaras de comercio de la Macro Región Sur.

Entre esos pedidos está el tema del turismo, actividad económica que tiene un peso de 3,9% en el PBI, y que es generador de empleo y bienestar. Regiones como Cusco y Puno, tienen a cientos de empresarios en este sector.

Es así que el presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, John Santos, ha solicitado acciones que protejan el corredor turístico y se priorice, en el presupuesto, la ejecución de proyectos turísticos.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Juliaca, Isaac Aparrigue, comentó el alto grado de informalidad en su región (90%) lo que impide el desarrollo en la zona, punto que viene trabajando la Cámara de Comercio de Lima dentro de las propuestas presentadas

“Desde la CCL, transmitimos su preocupación de priorizar proyectos de desarrollo, tales como la hidroeléctrica de Inambiri, el Puerto Seco Huaynarroque, la refinería y fábrica de batería, así como la autopista Juliaca – Arequipa”, destacó.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha presentado 15 propuestas de reforma política para restablecer la confianza ciudadana y contribuir a eliminar la corrupción en el país. Cinco de estas propuestas son urgentes y requieren debate inmediato y las otras 10 son adicionales y permitirán un correcto funcionamiento del Estado.

A continuación las propuestas presentadas.

El debate público se ha centrado en las elecciones adelantadas. Sin embargo, lo que no podemos hacer es tropezar con la misma piedra, esperando que, con un pase de magia, se mueva sola del camino. Por ello, es fundamental darnos el tiempo necesario para una reforma política de consensos mínimos. En las nuevas elecciones no debemos jugar con las reglas actuales que nos han llevado a elegir entre pésimas propuestas y luego ser testigos de los tira y afloja entre Legislativo y Ejecutivo, de la presentación de solicitudes de  vacancia presidencial y terminar en convulsión social y muerte en las calles como está ocurriendo actualmente en el país.

Por ello coincidimos con la propuesta de la presidenta Dina Boluarte, quien ha señalado en repetidas oportunidades que sin reformas políticas volveremos a entrar en crisis.  Razones tiene para sustentar esta posición, pues la política peruana tiene fallas estructurales que han llevado a la población peruana a sentirse poco satisfecha con la democracia.

Esta situación no es reciente. Mirando cifras pre pandemia, el Latinobarómetro registró en el año 2020 que la satisfacción con el funcionamiento de la democracia es cada vez menor en la región, siendo más crítica esta situación en Perú. Basados en estas y otras evidencias, es que desde abril del presente año en la CCL venimos trabajando una propuesta de Fortalecimiento de la democracia.

Dado el corto tiempo hasta las elecciones de 2024, debemos priorizar las reformas políticas que propone el estudio antes mencionado. El mismo ha sido socializado en mesas de trabajo con importantes profesionales, políticos y referentes en la materia, y hemos considerado que es importante realizar cinco reformas inaplazables, antes de las nuevas elecciones.

La primera es la bicameralidad. Si se reestablece este diseño mejorará la deliberación de las normas y el control político. ¿Por qué hacerlo? El Perú es uno de los países con más bajo ratio estimado de población / congresista. Sabemos que una de las críticas que suelen darse ante esta propuesta es el costo asociado a la contratación de más personal en el Congreso. Lo cierto es que tener dos cámaras permitiría contar con una instancia inicial con 100 personas y la instancia final con 50 representantes. Es decir, el número de representantes pasaría de 130 a 150. El presupuesto por lo tanto no debe verse significativamente afectado, dado que se podría reorganizar el personal, comisiones y grupos de trabajo al interior del Parlamento.

Otra propuesta es la reelección parlamentaria inmediata. Consideramos que contar con personas que entiendan el funcionamiento del Congreso reduce la curva de aprendizaje. Además, se incentivará las carreras políticas y fortalecerá el control político. Se evitará así, la irrupción de “políticos” improvisados que lejos de buscar el mejor interés del país solo busca ganancia personal en el más breve plazo, en su debut y probablemente despedida de la hoy caricaturesca política local.

Otro cambio inaplazable es incluir como causal de acusación constitucional y posible destitución la responsabilidad del presidente si incurre en graves delitos vinculados con actos de corrupción o enriquecimiento ilícito, violación de los derechos humanos, narcotráfico, delitos comunes graves o graves infracciones de la Constitución. No podemos volver a tener intocables en la más alta magistratura.

La cuestión de confianza también debe ser modificada. Se requiere eliminar la votación, pero sin prohibir la exposición y debate general del Gobierno cada vez que se cambia el gabinete. Esta modificación permitirá que el Ejecutivo cuente con más libertad para elegir a las personas que ocuparán los puestos ministeriales (y por lo tanto asumir el ciento por ciento de responsabilidad en la designación), mientras que el Legislativo ya no tendrá una espada de Damocles sobre sí.

Finalmente proponemos regular la sucesión constitucional. Necesitamos definir el alcance de las elecciones cuando existe un impedimento permanente del presidente de la República. Ello no se puede hacer en plena crisis política. Por ello debemos definir el alcance de las elecciones (presidenciales o generales) y plazos.

Varias de estas propuestas ya tienen un consenso mínimo, existen proyectos al respecto en el congreso y propuestas de colectivos ciudadanos. Aprovechemos estos consensos y trabajemos para que el próximo congreso, esperemos que mejor que el actual, tenga como tarea completar la reforma política necesaria en nuestro país. Para ello estamos entregando el documento “Fortalecimiento de la Democracia” con 15 propuestas de modificación. La CCL está comprometida con la democracia y el desarrollo del país.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresa su enérgico rechazo a la ruptura del orden constitucional perpetrado por parte de Pedro Castillo Terrones y los ministros que hayan respaldado esta decisión ilegal; y hace un llamado a la sociedad en su conjunto a pronunciarse y actuar en defensa de la democracia.

El gremio empresarial advirtió que el golpe de Estado dado por Castillo y sus ministros se produce horas después de que se hicieran públicos testimonios de testigos que lo comprometen directamente a él y su entorno más cercano en graves casos de corrupción.

Precisó que este acto constituye la más grave de las infracciones constitucionales, por lo cual se debe proceder a su acusación en aplicación del artículo 117 de la Constitución.

La CCL recordó también que según el artículo 46 de la Constitución, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Además, que la población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional y que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

La organización empresarial subrayó que Castillo dejó de ser presidente constitucional de la República en el momento mismo que optó por romper el Estado de Derecho, por lo que hizo un llamado a las máximas autoridades del país a aplicar todo el peso de la ley contra los autores materiales e intelectuales de este atentado contra la Constitución y la democracia.

Advirtió, además, la necesidad de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar la fuga de Castillo y sus cómplices.

Desde que asumió el gobierno el año pasado, el presidente Castillo no deja de mostrarnos su incapacidad y falta de integridad. Las denuncias de corrupción son el pan de cada día. Esta situación, lejos de solucionarse, se viene agravando, de modo tal que, por primera vez en nuestra historia, un presidente en ejercicio es investigado por actos de corrupción por la Fiscalía de la Nación.  Los involucrados en la investigación pretenden burlar el círculo legal que se estrecha cada día más en torno a ellos, se victimizan y ensayan defensas formales que muchas veces alcanzan un cinismo insultante. Lejos de colaborar con las investigaciones, las obstaculizan. Obviamente, evitan el escrutinio de la prensa y niegan a los ciudadanos las explicaciones que reclaman. Estiran peligrosamente el apoyo que aún le brindan algunos desconcertados peruanos que creen en su discurso vacío de propuestas para solucionar los problemas que los aquejan.

Esta insostenible situación ocasiona que el presidente y sus ministros estén más preocupados en cómo eludir a la justicia antes que en gobernar para el bien del país. Los ministros tienen poca estabilidad en sus carteras y aquellos que permanecen no gerencian y se suman a su equipo de desubicados y deslucidos defensores, entre los cuales destaca el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Es por ello que vemos un Poder Ejecutivo desarticulado y con escasas propuestas para resolver los problemas sectoriales. En medio de este caos, la propuesta reactivadora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no despega. Esta falta de visión y manejo de la cosa pública no permite el flujo de las inversiones necesarias (se espera crecimiento 0% de la inversión privada para 2023) para lograr un crecimiento de 5% del PBI, lo que permitiría sacar a los peruanos de la pobreza. En tiempos en que la economía mundial tambalea, este gobierno incapaz está paralizado, en vez de proponer soluciones que eviten el desempleo y el hambre de nuestros ciudadanos.

Por ello, es importante destacar el trabajo de las instituciones encargadas de investigar los hechos de corrupción que comprometen al presidente y su entorno, que van desde la colusión a la organización criminal. La Fiscalía de la Nación, en base a abundantes indicios y declaraciones de colaboradores eficaces, ha presentado ante el Congreso, una acusación constitucional contra el presidente. Lo que corresponde ahora es que los congresistas cumplan con su deber dando trámite a la denuncia presentada en el más breve plazo. Existen diversas herramientas legales que pueden utilizar, lo importante es que garanticen el respeto a la Constitución y los convenios internacionales.  Lo que necesitan realmente es voluntad política. Es necesario que los congresistas afinen el olfato y perciban el inconfundible olor de corrupción que este caso emana. Los ciudadanos esperamos que asuman su responsabilidad y no prefieran sus intereses particulares (en algunos casos directamente cómplices) a librarnos de la corrupción e incapacidad de este gobierno.

Mirando en retrospectiva, vemos que este es el ciclo democrático más largo de nuestra historia. No podemos permitir que la corrupción endémica en nuestro país siga erosionando la democracia en el Perú. Por ello, es necesario reflexionar sobre las causas y soluciones. Entendiéndolo así, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estará presentando un estudio con propuestas para fortalecer la democracia. Estas propuestas incluyen a los partidos políticos, la bicameralidad, la elección inmediata, la responsabilidad penal del presidente, la sucesión constitucional, la cuestión de confianza y a los organismos constitucionalmente autónomos. Si no hacemos algo para defender la Democracia y la Integridad, un caudillo más nefasto aún que nuestro actual presidente podría estar al acecho, aprovechando nuestra debilidad institucional llegue al poder y siga degradando o, lo que es peor, termine con nuestra frágil democracia.

Por ahora, la defensa de la integridad y la gobernabilidad del Perú está en manos del Congreso. Esperemos que estén a la altura de este reto y nos devuelvan el futuro que el Perú y los peruanos merecemos.

Para la Cámara de Comercio de Lima (CCL) es indispensable que el ejercicio político sea realizado con integridad. Por ello, ante la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, en la que, luego de un proceso de investigación, se concluye que existen actos delictivos supuestamente realizados por las más altas autoridades de gobierno -incluyendo al Presidente de la República-  reiteramos nuestro rechazo a todo acto de corrupción y exigimos a los involucrados la mayor transparencia y colaboración con la justicia.

Expresamos nuestro respaldo a la labor que vienen realizando la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial y exigimos se brinden las garantías necesarias para que las autoridades puedan cumplir su labor sin interferencias.

Asimismo exhortamos al Congreso de la República que evalúe la denuncia presentada con la celeridad y prioridad que el caso amerita, y resuelva de acuerdo al marco constitucional vigente y a los convenios internacionales suscritos por el Perú.

Transparencia Internacional es una organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Desde 1995, publica anualmente el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)”, que otorga una puntuación y clasifica alrededor de 180 países y territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público.

Se trata de un índice compuesto por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción, a través de datos de 13 fuentes externas, entre ellas el BID, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgos, entre otras; empleando una escala de cero a cien, donde el cero representa a un alto nivel de corrupción y, el cien, corrupción prácticamente inexistente. El IPC de Transparencia Internacional, es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo.

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Índice de Percepción de la Corrupción año 2021

Tras 02 años de la pandemia de Covid-19 el “Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)” se encuentra estancado en todo el mundo. 131 países de los 180 evaluados por Transparencia Internacional, no han registrado ningún avance significativo en materia de lucha contra la corrupción en la última década y 27 países se encuentran en el nivel más bajo de su trayectoria, es decir con índices superiores de corrupción; todo ello en medio de un entorno de incertidumbre, inestabilidad política y económica, de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia.

En muchos países, se ha aprovechado la pandemia de Covid-19 para recortar libertades básicas y esquivar frenos y contrapesos importantes.

La corrupción en el mundo

Los resultados del informe de Transparencia Internacional muestran que los países que protegen de manera adecuada las libertades civiles y políticas suelen controlar mejor la corrupción. Queda demostrado que las libertades fundamentales de asociación y expresión son esenciales en la lucha frontal contra la corrupción.

Con 88/100 puntos cada una, Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda lideran el IPC 2021 como “los países de menos corrupción” en el mundo; siendo 66/100 la puntuación media de la región de Europa Occidental y Unión Europea a la que pertenecen. Cabe señalar que Europa cuenta con 14 de los 20 países menos corruptos.

En el extremo opuesto se encuentran Venezuela, Somalia, Siria y Sudán del Sur, con 14, 13, 13 y 11/100 puntos respectivamente; siendo de 43/100 la puntuación media del Continente Americano (para el caso de Venezuela), y de 33/100 que es la puntuación media de la región de África Subsahariana, para Somalia y Sudán del Sur y de 39/100 que es la puntuación media de la región Oriente Medio y Norte de África que le corresponde para el territorio de Siria. Estos países, con una puntuación muy baja se consideran más corruptos y, en general, se caracterizan por la impunidad de la corrupción, la mala gobernabilidad y por tener sus instituciones débiles.

Perú en el IPC 2021

Nuestro país se ubica con 36/100 puntos en la tabla, disminuyendo 2 puntos con respecto al IPC del año 2020. El Perú se encuentra por debajo del promedio regional americano que es de 43/100.

A la situación de corrupción sistémica que aqueja nuestro país históricamente, se suma la inestabilidad política que ha sido constante en estos últimos años, dentro de la cual la corrupción y la presencia de intereses en todos los niveles del estado han tenido un papel protagónico, así como las grandes sospechas e investigaciones en curso de mal uso de los recursos públicos para enfrentar la COVID-19.

En el resto de nuestro continente, el índice de países con menos corrupción es liderado por Canadá con 74/100 y Uruguay con 73/100 puntos cada uno, ambos muy por encima del promedio regional americano que es de 43/100.  Mientras que Haití, Nicaragua y Venezuela con 20, 20 y 14/100 puntos respectivamente, se ubican como los países con un alto índice de corrupción en nuestro Continente.

¿Qué hacer ante estos resultados?

Transparencia Internacional hace un llamado a los gobiernos a cumplir sus compromisos en materia de corrupción y derechos humanos, y llama a la población del mundo entero a unirse y exigir el cambio.

Como país, debemos contar con una política de Estado firme y decisiva al respecto y en base a ello, debemos fortalecer el trabajo articulado entre gremios empresariales, el sector público, la academia y la sociedad civil, ya que nos permitirá seguir sumando esfuerzos que contribuyan a promover una cultura de integridad y ética en nuestra sociedad a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo.

El presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima, Hernán Lanzara Lostaunau, participó en el Ciclo de Conferencias: «Integridad Ética y Corrupción en la Función Pública» organizado por la Comisión de Integridad Judicial y la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), evento virtual que se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre.

Durante su exposición, Lanzara Lostaunau, sostuvo que la corrupción se ha convertido en un grave problema para las naciones, pues corroe los principios éticos y morales de una sociedad, y drena los cimientos de la economía y de la democracia.

“Solo una acción decidida y concertada de todos los estamentos: Sector público, privado y sociedad civil, podrá echar a andar la gran tarea para revertir este endémico mal, donde la educación y prevención, junto con políticas adecuadas y sistemas de control y sanción profesionales e intachables juegan un rol primordial”, remarcó.

Hernán Lanzara expresó que en nuestro país, pese a  los esfuerzos, nos mantenemos en el grupo de economías con una elevada percepción de corrupción. Conforme a Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, nuestro país solo mejoró 2 puntos con respecto al año 2019, a diferencia de otras economías como Dinamarca y Nueva Zelanda las que lideraron dicho ranking como países menos corruptos.

En otro momento mencionó que, esta problemática no es ajena a la población, la misma que desconfía de sus instituciones, por ejemplo, en el caso del sistema judicial, la encuesta del INEI (2020), refleja que el 73% de los peruanos desconfía del Ministerio Público, un 82,5%del Poder Judicial y un 71.2%  de la Procuraduría Anticorrupción.

“Ello nos muestra que no se han dado cambios sustanciales respecto a los bajos niveles de confianza de la ciudadanía respecto a anteriores mediciones”, expresó.

Igualmente enfatizó sobre las pérdidas económicas que genera el flagelo de la corrupción. Según el informe de la Contraloría General de la República, se habría perdido en el 2019 alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado mientras en el 2020 las pérdidas sumaron los S/ 23.000 millones.

Instituciones investigadas

Lanzara Lostaunau mencionó que durante la crisis sanitaria, generada por la pandemia de la COVID-19, el 22.5% de los recursos que el Ejecutivo había otorgado para establecer acciones en beneficio de la población se encuentra comprometido en actos de corrupción.

Señaló que las fiscalías anticorrupción del país abrieron 1,497 investigaciones entre marzo y  agosto del 2020, siendo las municipalidades provinciales y distritales las que encabezan la lista de denuncias con 889 casos.

Aportes de la CCL

Comprometida con una acción por el cambio, la Cámara de Comercio de Lima ha realizado diversas acciones que buscan impulsar un país libre de corrupción. Una de ellas es haber suscrito en el año 2021 con la Presidencia del Consejo de Ministros, un compromiso de integridad para garantizar la transparencia y la simplificación de los procesos en el sector público.

Igualmente, desde el 2013, el gremio empresarial es miembro activo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), espacio donde apoya con aportes técnicos en la elaboración de documentos normativos y estudios, así como en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaboración de opiniones e informes sobre las regulaciones y sobre Integridad Pública preparados para la OCDE.

Así también, como última actividad, ha colaborado activamente con la delegación peruana ante la Reunión de la Asamblea General de la Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada entre los días 2 y 4 de junio en Nueva York.

En esa línea se suscribió, junto con otras instituciones nacionales e internacionales, una Declaración propuesta por la UNCAC-Coalition, la Coalición de entidades de la sociedad civil a nivel global que promueve la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, reclamando una acción decidida de los Estados miembros en el seguimiento y sanción de los casos de falta de integridad en procesos de adquisición en el marco de estados de emergencia.

Importantes iniciativas

A ello se suma dos importantes actividades que actualmente promueve la Cámara de Comercio de Lima: los Modelos de Prevención y el Faro de Transparencia.

Sobre el Modelo de Prevención peruano, relacionado a la Ley 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, este es un sistema ordenando de normas, mecanismos, y procedimientos de prevención, vigilancias y control.

Explicó que estos modelos son implementados de manera voluntaria por las empresas y que están destinados a mitigar razonablemente los riesgos de comisión de delitos. Así también promueven la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas.

“Estos sistemas están diseñados especialmente para las organizaciones en función a su naturaleza, características y riesgos identificados”, indicó.

Precisamente, para predicar con el ejemplo, Lanzara Lostaunau destacó que la CCL logró en el 2020, la certificación de su propio Modelo de Prevención de Delitos otorgado por la World Compliance Association (WCA) – Perú.

La segunda iniciativa, creada en el 2019 por el Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la CCL, es una plataforma digital denominada Faro de Transparencia, que permite mejorar la calidad de la información en el mercado arbitral, brindando a los usuarios un mayor control sobre los casos administrados por la institución.

“Con esta información, los usuarios pueden tomar mejores decisiones respecto a sus procesos arbitrales”, remarcó.

Cabe anotar que en este importante evento también participaron el ministro de Justicia, Aníbal Torres; el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, Gladys Echaíz de Núñez, la Integrante de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán; el secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Eloy Munive Pariona; entre otros destacados exponentes.

La Cámara de Comercio de Lima exhorta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cumplir rigurosamente su misión de garantizar, de manera transparente, el respeto de la voluntad ciudadana y fortalecer la institucionalidad democrática, durante el proceso de resolución de las observaciones, impugnaciones y nulidades de las actas donde se ha detectado graves irregularidades y claras maniobras para entorpecer y manipular la votación durante el proceso electoral de segunda vuelta presidencial.

En estas horas de incertidumbre que se ciernen sobre el país, debido a la manera en que se han desarrollado las elecciones, los miembros del JNE deben actuar estrictamente en defensa de la voluntad de cada ciudadano expresada en su voto, razón por la cual no debe quedar ningún resquicio de duda en torno a su labor.

El Presidente de la CCL, Peter Anders, manifestó que «las últimas marchas y contramarchas del JNE, en el sentido de ampliar primero el plazo para recibir impugnaciones y observaciones para horas más tarde retroceder, solo generan más incertidumbre y podrían generar dudas adicionales al proceso electoral”.

Subrayó que el JNE tiene en sus manos la enorme responsabilidad de proclamar a quien gobernará nuestro país en los próximos cinco años, por lo que los electores debemos tener certeza que nuestro voto será respetado escrupulosamente y, por lo tanto, los órganos electorales deberán tomar sus decisiones ofreciendo todas las garantías de imparcialidad, respetando la real voluntad de los electores y evitando objeciones administrativas que podrían alterar la real voluntad popular.

Anders resaltó que nada puede estar por encima de la solemnidad que representa el voto de cada ciudadano, y ese debería ser el principio rector que tomen en cuenta cada uno de los miembros del JNE, en línea a los axiomas y principios rectores de dicho órgano constitucional.

Finalmente, el presidente de la CCL señaló también que, si bien los seguidores de cada candidato tienen todo el derecho de exigir que su voluntad sea respetada, deben mantener la calma, esperar los resultados oficiales y no participar en actos de violencia o agresión.

Uno de los planteamientos más recurrentes de la izquierda peruana en los últimos años, y especialmente durante el actual proceso electoral, es el cambio total de la actual Constitución Política. Siguiendo este comportamiento, la agrupación Perú Libre, que disputará la segunda vuelta con el Partido Fuerza Popular, ha reafirmado esta postura a través de sus voceros más radicales.

Una de las razones que argumentan es que el actual modelo económico allí establecido, no ha permitido mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.

Ante esta afirmación cabe preguntarse si un cambio como el que se plantea, a través de una Asamblea Constituyente de dudosa legalidad, es realmente urgente en medio de la actual crisis sanitaria y económica en que nos ha sumido la pandemia del coronavirus, la cual hasta la fecha ha provocado la muerte de un promedio diario de 400 personas y ha dejado a por lo menos dos millones 188 mil desempleados. Esto sin contar los miles de empresas quebradas y las familias que han vuelto a caer en la pobreza y la pobreza extrema.

▶ Peter Anders: Compromiso de todos

▶ Peter Anders: Segunda vuelta

▶ Peter Anders: El gran show

Lo siguiente es determinar si realmente la Constitución vigente es la causa de que no haya un crecimiento equitativo y no se ejecuten las obras que la gente necesita, o si por el contrario el origen son autoridades y funcionarios incapaces e ineficientes, o lo que es peor, muchas veces corruptos.

Lo que debe entenderse es que una Constitución no es una fórmula mágica en la que se enumere una serie de elementos que, combinados, resuelven o desaparecen de la noche a la mañana todos los problemas.

Por el contrario, lo que hace una Constitución es compendiar principios generales para alcanzar metas de desarrollo y bienestar común, garantizando la democracia y por ende el pleno ejercicio de libertades y derechos como los de la salud, el trabajo, la educación, el acceso a una justicia imparcial, la expresión del pensamiento, a invertir y a hacer empresa, entre otros, dentro de un marco de predictibilidad y estabilidad que garanticen una convivencia civilizada.

Esto no significa que la Constitución no sea susceptible de ser mejorada o actualizada en el tiempo, para estar a tono, por ejemplo, con las nuevas tecnologías que presentan una nueva realidad muy distinta a la de no hace mucho.

Pero es la propia Constitución la que establece los mecanismos para su reformulación, permitiendo ejercer un control del poder político y el respeto y participación de todas las corrientes de opinión legítimamente representadas dentro de una coexistencia democrática, de modo que los cambios que se hagan no sean fruto de la imposición de algunos “iluminados” o “notables”.

Repito: si hoy nuestro país, sobre todo a causa de la pandemia mundial, no cuenta con servicios básicos que permitan la defensa de la vida y la salud de millones de peruanos, no es por culpa de la Constitución, sino por causa de un Estado fallido que, pese a sucesivos gobiernos, no ha podido hacer buen uso de todos los recursos que el marco constitucional vigente desde hace 30 años, permitió generar.

Abolir la actual Constitución no va a solucionar los graves problemas de nuestro país. Solo ahondará más la crisis porque sumará a lo anterior una profunda inestabilidad política y social, además de desconfianza.

Además, agudizará los enfrentamientos entre peruanos pues como han anunciado los líderes y congresistas electos de Perú Libre, la nueva Constitución que pretenden sería producto de un golpe de Estado que perpetrarían -de darse el caso- a los seis meses de haber asumido el gobierno. Es decir que para ellos la democracia no es más que un medio para destruir a la propia democracia.

Que no quepa duda que este “nuevo orden” constitucional -tal como ha ocurrido en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia- les permitiría imponer una pseudo legitimidad a través de la cual se mantendrían en el poder, en una “dictadura perfecta” basada en falsos asambleísmos donde se coacte todas las libertades, permitiéndoles imponer su pensamiento único para intervenir y decidir sobre nuestras vidas, diciéndonos qué hacer, a dónde viajar, qué leer, qué ver en la televisión, dónde invertir, dónde trabajar, qué producir y hasta dónde y cómo educar a nuestros hijos.

Gran parte de esa visión distorsionada proviene de la falta de institucionalidad que nos caracteriza como país, de nuestra democracia imperfecta donde algunos sectores que se auto erigen como “reserva moral”, no aceptan opiniones diferentes a las suyas ni entienden que el otro tiene derecho a pensar distinto o discrepar.

Hoy vivimos las consecuencias de este correctismo político que nos ha llevado a enfrentar a quienes se creen con derecho de obligar a los demás a pensar como ellos. No debemos permitirlo. No vamos a permitirlo.