Hasta el año pasado, el 23 % de la población peruana contaba con educación superior (universitaria y técnica), esto es 7,6 millones ciudadanos. No obstante, más de 2,9 millones de peruanos no han concluido sus estudios superiores, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

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Cabe mencionar que la cifra registrada en 2023 representa un crecimiento de 6,4 % respecto al año 2022 donde la población con educación superior incompleta llegó a 2,8 millones de peruanos con edades que fluctúan entre 16 años a más.

“Ello demuestra que se debe atender este segmento si se quiere contar con capital humano de calidad cuyo aporte es relevante para un crecimiento económico sostenido”, afirmó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

Destacó que una población con mayor nivel educativo es más productiva, innovadora y adaptable al cambio, lo que conduce a un mayor capital humano, crecimiento económico y a una sociedad más justa.

“Por tanto, personas con mayor nivel educativo tienen mejores oportunidades laborales, más salud y bienestar, mayores ingresos, participación ciudadana y un menor riesgo de caer en la pobreza”, destacó.

Empleabilidad

Conforme a la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2023 del INEI, el IEDEP identificó que el 71,8 % (5,4 millones) de los peruanos con educación superior cuenta con un puesto de trabajo, mientras el 5,5 % (420 mil personas) están en condiciones de desempleo. A estos se suman el grupo que no forma parte de la PEA que es 22,3%, es decir, 1,7 millones de personas.

“Sin embargo, el haber culminado o no sus estudios hace que esa condición de empleabilidad varíe, estimándose, para el primer caso, 78,5 %, mientras 61,6 % para aquellos con estudios inconclusos. Ello se explica porque la población más joven se dedica solo a estudiar”, manifestó el jefe del IEDEP de la CCL.

Promedio de sueldos

Si bien la población con educación superior completa e incompleta tiene una tasa de empleabilidad parecida, se observa una diferencia notoria en el ingreso laboral percibido, pues el promedio mensual de los cuentan con educación superior completa es de S/2 528, siendo 80,7 % más respecto a aquellos con estudios inconclusos (S/ 1 399).

Según el IEDEP, esta brecha salarial también es notoria por género, pues los hombres con estudios concluidos perciben un promedio mensual de S/2 850 y las mujeres, con la misma condición, solo S/2 192 mensuales, lo que difiere en 30,0 %.

Incidencia de la informalidad

Un dato importante que resaltó el IEDEP de la CCL es el alto nivel de incidencia de informalidad laboral en aquellos peruanos con educación superior incompleta, donde el 70 % trabaja en esa condición (1,3 millones de personas), una tasa elevada si se compara con aquellos que culminaron estudios superiores (38 %).

A nivel de sectores económicos, la informalidad también es alta para aquellos que no concluyeron sus estudios superiores, especialmente en Agricultura (86,9 %), Comercio (71,1 %) y Construcción (75,8 %). No obstante, Minería evidencia la tasa más baja (31 %), puesto que las empresas exigen capital humanedutuo más calificado.

El alto nivel de informalidad en estos sectores, según indicó el IEDEP de la CCL, se debe a que son actividades que “no tienen barrera de entrada”, es decir, no demandan mayores requisitos de grado de instrucción.

“Por ejemplo, en el sector agrícola, la informalidad en los departamentos de la sierra supera el 90 %, en otras palabras, 9 de cada 10 trabajadores son informales, siendo los más representativos Huancavelica y Puno”, comentó Óscar Chávez.

Ante este panorama, el gremio empresarial puso énfasis en que hoy es necesario garantizar una educación superior de calidad ya que tiene un impacto importante en la economía, la misma que se proyecta para este año, según la CCL, en un avance de 2,8 %.

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Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el periodo julio 2022 – junio 2023, en el país hay 17 millones 278 mil 700 personas con empleo. De ese total, el 72,7 % tiene un puesto de trabajo informal, es decir, está al margen del cumplimiento de la regulación laboral, teniendo como consecuencia la desprotección social de los trabajadores.

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La informalidad en la economía conlleva una reducción en la recaudación tributaria, lo que restringe la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales. Este fenómeno se traduce en una desigualdad fiscal, dado que se origina un aumento de la carga fiscal sobre las empresas y trabajadores formales, quienes asumen la totalidad de la responsabilidad tributaria para compensar la ausencia de contribuciones fiscales por parte de los agentes informales.

Asimismo, la informalidad da lugar a una competencia desleal, en la medida en que las empresas informales evaden costos y regulaciones laborales y fiscales, impactando adversamente a las empresas formales y actuando como un desincentivo a la inversión en el ámbito formal.

En este contexto, en el año 2019, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) encargó a la consultora Macroconsult la elaboración de un estudio de la situación, que derive en propuestas de reformas en los ámbitos laboral y tributario, que establezcan un escenario para la reducción de la informalidad y el aumento de la productividad en el país.

A continuación, detallamos las principales propuestas, resultado de este análisis:

Propuestas para una reforma laboral

Entre las razones que explican la alta informalidad existente en el mercado laboral, se encuentran los altos costos de contratación de personal, incluyendo aquellos denominados “costos no salariales”, que comprenden aquellos conceptos que el empleador debe pagar sobre el salario del trabajador, como CTS, vacaciones, seguro de salud y participación en las utilidades; sumados a otros como indemnizaciones por daños sin necesidad de culpa del empleador, concesión de licencias remuneradas, obligaciones en materia de seguridad y salud que no tienen en cuenta el tamaño del empleador, entre otros. De otro lado, los trabajadores asumen tasas de aportes obligatorios para fines previsionales elevadas, en especial aquellos que perciben la remuneración mínima. Todo ello, finalmente, castiga el crecimiento de las empresas y, por ende, la contratación de mayor mano de obra.

Estos aspectos, como resulta evidente, afectan únicamente al sector formal, empujando a muchas unidades económicas al campo de la informalidad y dejando a los trabajadores sin protección alguna: ni de sus derechos constitucionales, ni de su salud o cualquier otra protección social.

Actualmente, los principales costos no salariales generan costos a la contratación de mano de obra formal en función del tamaño de la empresa, de manera independiente de la productividad de los trabajadores. Este es un esquema que resulta imperfecto pues, si bien tiene elementos de progresividad, se basa en una variable de dimensión de empresa (micro, pequeña o mediana empresa) que es indiferente a la productividad del trabajador, lo cual no genera incentivos a la contratación de mano de obra de baja productividad, que es la que caracteriza al mundo informal.

La propuesta apunta a migrar hacia un esquema general, con elementos de progresividad basados en la productividad de los trabajadores, de manera que el costo de la formalidad aumenta a medida que se incrementan los salarios, los que, finalmente, son el reflejo de la productividad del trabajador.

En el caso de las empresas, esto implica que asuman el pago de tasas progresivas de aporte a ESSALUD, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) y gratificaciones; mientras que, en el caso del trabajador, ello significa que asuman el pago de tasas progresivas de aporte obligatorio al sistema previsional, proporcionándoles mayor liquidez.

A la vez, necesariamente se deberá acompañar este esquema con la integración del sistema de salud (ESSALUD – SIS) y un diseño solidario para el financiamiento previsional que el Estado aportaría y que iría decreciendo conforme aumente el nivel de ahorro previsional de los trabajadores. 

Para el caso de reparto de utilidades

Adicionalmente, esta reforma laboral debe contemplar un ajuste en el tratamiento del reparto de utilidades a los trabajadores. Como se sabe, actualmente se pagan utilidades a los trabajadores a partir de que la empresa contrata al trabajador número 21, con tasas diferenciadas según sectores (pesca: 10 %, telecomunicaciones: 10 %, industria: 10 %, minería: 8 %, comercio y restaurantes: 8 %, otros: 5 %). Esta regla ha ocasionado que algunas empresas no quieran pasar del trabajador número 20; y, si requieren más trabajadores, recurren, lamentablemente, en muchos casos, a contratarlos de manera informal.

Por ello, se propone empezar la distribución de utilidades desde el trabajador número 15 con porcentajes menores de reparto de utilidades y progresivamente llegar a la aplicación de los porcentajes actuales a partir del trabajador número 25.  De esta manera, para las empresas se inicia de manera menos impactante, representando un costo mucho menor, que va incrementándose de manera progresiva en función a cómo va fortaleciéndose la empresa, sin desmotivar la contratación de personal. A la vez, ello significará que una mayor cantidad de trabajadores empezará a recibir estas utilidades.

Propuestas de reforma tributaria

La reforma laboral debe ser acompañada de una reforma tributaria, que haga atractiva la contratación de trabajadores. La actual complejidad de los regímenes tributarios exige a los agentes económicos afrontar importantes costos de cumplimiento, que se tornan más altos mientras más pequeños son los negocios.

En nuestro país, la legislación contempla la existencia de cuatro regímenes tributarios, en función del tamaño de las empresas. Se trata del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen Mype Tributario (RMT) y el Régimen General (RG). Los tres primeros se concibieron para facilitar la formalización y cumplimiento tributario de las pequeñas empresas; sin embargo, no han tenido los resultados esperados.

El NRUS y el RER establecen umbrales de acceso que generan incentivos en los agentes a mantenerse en escalas pequeñas para aprovechar las tasas impositivas reducidas y permanecer en el régimen. Un efecto del NRUS es que algunos empleadores cumplen con el monotributo exigido, pero a la vez contratan trabajadores de manera informal o bajo otras figuras que ocultan relaciones de subordinación laboral, pues no tienen ningún incentivo para formalizarlos. De igual manera en el RER, al ser un régimen basado únicamente en ventas que no permite deducir gastos, tampoco existe incentivo alguno para formalizar a los trabajadores, debido a que los contribuyentes no tienen ningún beneficio por acreditar los gastos de personal. Por esta razón, estos regímenes especiales se han expandido de modo importante en la última década, en virtud de que son indudablemente menos costosos que el régimen general, pero, a la vez, incentivan la informalidad laboral y generan incluso menor recaudación de impuesto a la renta.

Los regímenes tributarios diferenciados son terreno fértil para el “enanismo fiscal”, promoviendo que las empresas se mantengan pequeñas o incluso reduzcan su tamaño artificialmente, para adecuarse a los requerimientos y exigencias normativas y calzar en algún régimen ajustado a su conveniencia. Como consecuencia adicional, desalienta la contratación de mano de obra formal.

Por lo señalado se propone eliminar estos regímenes y transitar hacia un régimen general único y progresivo del Impuesto a la Renta que tenga elementos de progresividad, similar al actual régimen para personas naturales. Los cambios propuestos son:

– El RUS se restringiría únicamente a pequeños negocios como bodegas y unidades económicas de centros de abastos y puestos de mercado. Las personas naturales que actualmente utilizan RUS deben migrar hacia IR de personas naturales, de acuerdo con su real naturaleza.

– Todas las personas con negocios deben registrarse como persona jurídica y migrar al nuevo régimen progresivo propuesto.

– El RER y Régimen Mype Tributario deben eliminarse y sus contribuyentes migrar hacia el nuevo régimen propuesto.

Nueva base imponible para empresas con ventas hasta S/ 500 000: resultado de flujo de caja, que considera las ventas netas menos los gastos en planilla y los gastos en activos, con un límite al monto deducible por activos, que no puede exceder el 75 % de las ventas. Esta fórmula simplificaría la gestión de impuestos de las pequeñas empresas, facilitando su cumplimiento tributario, pero creando el incentivo para la contratación de trabajadores formales.

Adicionalmente:

– Establecer requisitos de contabilidad progresiva con ayuda de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), gracias a la universalización de la factura electrónica.

– Declaración jurada simplificada obligatoria de todos los individuos de 18 a 65 años. Esto brindaría información al Estado para triangular reportes de Sunat y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para una fiscalización más efectiva. La declaración jurada obligatoria puede condicionarse al uso de algunos servicios públicos para maximizar su cumplimiento efectivo.

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Urge una reforma tributaria en el Perú

¿Por qué urge una reforma tributaria en el país ante un escenario de recesión económica e inestabilidad mundial?

El incremento de la recaudación tributaria depende principalmente del aumento de la generación de riqueza. Por tanto, en un escenario de nulo crecimiento económico y recesión económica, las arcas fiscales se ven menguadas. Para nosotros, ello no debe ser razón para incrementar las cargas tributarias al ya golpeado sector formal, pues el efecto puede ser contraproducente; más bien, debemos pensar en cómo hacer para que más peruanos tributen en función de su real capacidad contributiva considerando que en el país hay un alto nivel de informalidad laboral (alrededor del 80 %, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL).

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En este sentido, la reforma tributaria debe pasar por dotar a la Administración Tributaria de recursos profesionales y técnicos, como el uso intensivo de la digitalización, para luchar contra la informalidad y la evasión tributaria; simplificar el régimen de tributación corporativo de las pequeñas empresas para que tributen en función de sus utilidades y no de sus ingresos; racionalizar el gasto tributario (exoneraciones y demás beneficios tributarios) y considerar instrumentos tributarios para promover las inversiones empresariales en el país.

¿Cuál es la propuesta de la Cámara de Comercio de Lima con respecto a la reforma tributaria y la lucha contra la evasión y la elusión?

La reforma propuesta por la CCL tiene como objetivo reducir la informalidad, cuyo efecto principal recae en la evasión de impuestos. Así, no cabe duda de que esta reforma busca combatir la evasión tributaria, considerando la reducción de los diversos regímenes tributarios, hoy desfasados.

Del lado del Poder Ejecutivo, también se aprecian ciertos avances en cuanto a la implementación de acciones que han tenido por finalidad reducir el impacto de la evasión y la elusión. Por ejemplo, se ha hecho mayor énfasis en la necesidad de bancarizar todas las operaciones de consumo para evitar la emisión de comprobantes de pagos y facturas falsas. También se han emitido decretos supremos que permiten configurar legalmente el acceso a la información financiera.

¿Es posible que en tres años se logre tener una reforma tributaria como exhorta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)?

Es difícil preverlo; pero, si hay voluntad política y alineamiento entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para llevar a cabo las reformas urgentes que debemos implementar, en un par de legislaturas se pueden sentar las bases normativas de dicha reforma.

Ciertamente, hay avances al respecto, ambos poderes del Estado han acordado priorizar la simplificación de los regímenes tributarios corporativos. Hay que recordar que la complejidad en los referidos regímenes impulsa la informalidad, la elevada evasión y la atomización de empresas. Por el lado de la CCL, hemos propuesto migrar a un régimen único de tributación para empresas, basado en resultados, es decir, utilidades.

Frente al anuncio de un fenómeno de El Niño fuerte habrá un mayor gasto público, ¿cuáles son las medidas pendientes para incrementar los ingresos fiscales?

Es necesario que se aumente la base tributaria a través de la reducción de la informalidad. Ello disminuiría la evasión fiscal y permitiría una eficiente recaudación tributaria. Sin embargo, es una medida de difícil ejecución, de largo aliento.

Una medida completamente realizable es la reducción de los regímenes fiscales. En el Perú, existen cuatro regímenes tributarios distintos, dos de los cuales, el (Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), no están sustentados en resultados o utilidades, que son índices de verdadera capacidad contributiva.

Está demostrado que esos regímenes promueven la atomización de los ingresos de empresas que prefieren mantenerse en la regulación que les permite aplicar un menor impuesto, lo que a su vez contribuye a la evasión fiscal. Siendo así, es necesario simplificar los regímenes en un solo sistema que permita una recaudación simple y el combate de la evasión fiscal, sin desatender las diferencias que existen entre los contribuyentes.

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Precisamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha planteado reducir a dos los regímenes tributarios. ¿Está de acuerdo con dicha propuesta?

Sí, por cierto, es parte de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en lo que a reforma tributaria se refiere. La CCL ya lo había propuesto algunos años atrás, de acuerdo con los resultados del estudio que llevó a cabo Macroconsult, a requerimiento de nuestro gremio empresarial.  Justamente en ese estudio se demostraba técnicamente cómo es que los regímenes distintos del régimen general promueven el “enanismo” empresarial y la informalidad, debiendo implementarse un sistema que, atendiendo a la capacidad contributiva, grave los resultados o utilidades de las empresas.

¿Cuáles deberían ser los incentivos para atraer a los negocios informales a ser parte de la formalización?

La formalización debe ser atractiva desde la perspectiva tributaria, es decir, debe ser más atractiva que la informalidad. Para ello, pueden plantearse soluciones que faciliten el desarrollo de los negocios formales. Por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en uso de las herramientas de la digitalización, puede poner a disposición su capacidad operativa para que las empresas registren sus libros contables y tributarios, así como sus comprobantes de pago en sistemas que no tengan que costear directamente los contribuyentes. A la fecha, las empresas pueden presentar sus libros contables de manera electrónica, pero requieren contar con un sistema privado para llevarlos.

De otro lado, pensando en atraer inversión a gran escala que genere puestos de trabajo y crecimiento, deberíamos pensar en incentivos, no beneficios sin exigencia alguna, que estimulen la inversión privada. Por ejemplo, en ese sentido, la CCL ha hecho una propuesta sobre zonas francas, así como una propuesta para implementar el sistema mexicano de promoción a la prestación de servicios de manufactura y maquila a empresas del exterior, que justamente ha permitido un importante desarrollo industrial en México con generación de puestos de trabajo y adquisición de conocimientos y tecnología. Hace poco, en una misión comercial a Taiwán de la CCL, empresarios de dicho país comentaban que no se decidieron por Perú para el establecimiento de una planta de semiconductores eléctricos, sino por México, porque este poseía el régimen referido.

En ese mismo sentido, la Cámara viene apoyando la propuesta para promover que el Perú sea una plataforma de producción audiovisual para el mundo, capacidades tenemos y la reciente producción de la película Transformers en el Perú ciertamente lo ha demostrado.

La recaudación tributaria ha registrado crecimientos continuos a dos cifras en los últimos meses. No obstante, para este año, el MEF estimó que los ingresos fiscales registrarían una caída del 6,3 %. ¿Qué opinión le merece esta proyección?

Esta proyección es un reflejo de la fuerte caída de la recaudación fiscal producto del menor crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) e inversiones que se han tenido por diversos factores, entre los cuales priman los reducidos precios de exportación, la pérdida de dinamismo en la economía mundial, así como los factores climatológicos que hemos sufrido y el clima de inestabilidad social vivido en el primer trimestre del presente año.

Entonces, en tanto no se concreten medidas que permitan recuperar la inversión privada y el crecimiento, o reformas estructurales para ampliar la base tributaria, no observaremos un escenario futuro alentador a mediano plazo y se continuará poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que derivaría en una situación preocupante al ser este uno de los principales pilares macroeconómicos.

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Ante las expectativas de un nulo crecimiento económico, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, proyectó que la productividad laboral -medida a partir del PBI y el número de trabajadores ocupados- registraría una contracción este año.

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Ello considerando que, durante el 2022, este indicador registró apenas un avance de 0,16 %, respecto a 2019, previo a la pandemia. Además, en los últimos dos años la productividad laboral ha registrado caídas consecutivas.

“Este escenario poco alentador también va en línea con el último reporte del PBI, cuyo resultado para el periodo enero y agosto fue de -0,58 %”, sostuvo el jefe del IEDEP de la CCL.

Entre 2022 y 2019, la productividad laboral registró retrocesos en seis de ocho actividades económicas que componen el PBI, los que aún no logran superar el nivel prepandemia. Estos son Minería e Hidrocarburos (-16,4 %), Manufactura (-2,4 %), Construcción (-4,4 %), Comercio (-0,5 %), Transporte y Almacenamiento (-9,7 %) y Alojamiento y Restaurantes (-16,2 %).

En tanto, los sectores económicos que registraron avances fueron Agropecuario y Pesca (3,8 %) y Otros Servicios (12,4 %).

Cabe mencionar que el cálculo se da con base en las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y las estimaciones de informalidad a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

Trabajador formal e informal

El IEDEP también observó que hay una marcada brecha entre la productividad laboral de los sectores formal e informal, pues la primera es 7,2 superior a la de un trabajador informal, pero dicho indicador llegó en 2020 a un tope de 8,0 el mismo que viene disminuyendo paulatinamente, acercándose a su promedio histórico de 5,8.

“Esto obedece a diferencias en conocimiento, capacitación, acceso a tecnología, hasta motivación y compromiso. La brecha en productividad entre ambos trabajadores varía entre actividad económica y ubicación geográfica”, comentó Óscar Chávez.

En ese sentido, la actividad económica con trabajadores más productivos es Minería e Hidrocarburos, ya que es 92,1 veces más que la de un informal. Luego hay cuatro actividades con brechas algo similares como Manufactura (6,9 veces), Construcción (7,7 veces), Comercio (5,6 veces) y Transporte y Almacenamiento (6,0 veces).

En el caso del sector Agropecuario y Pesca, el trabajador formal tiene una productividad laboral de 2,8 veces en comparación con el informal.

Productividad laboral por departamentos

Respecto a regiones, Moquegua lidera la productividad laboral entre los 24 departamentos del país. Es el doble respecto al segundo departamento, Ica, y 2,8 veces la productividad nacional. Ello se explica por su reducida población y Población Económicamente Activa (PEA) en comparación con el resto del Perú. Además, la minería es la segunda actividad económica más importante en el caso de Moquegua y la primera actividad para Ica, aportando alrededor del 30 % y 20,4 % del PBI, respectivamente.

La tercera región con mayor productividad laboral es Arequipa, seguida de Tacna, ambas con una productividad 1,7 veces la nacional.

Los departamentos con más baja productividad laboral son Cajamarca, Amazonas, Huánuco, San Martín, Puno y Huancavelica, quienes tienen una productividad promedio de 0,4 veces la nacional.

Ante estos resultados, el IEDEP de la CCL precisó que, para reducir las brechas de productividad laboral, el Gobierno y organizaciones deben proporcionar programas de educación y capacitación permanente, así como promover la adopción de tecnologías, sobre todo en aquellos sectores de menor productividad.

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La cuantificación de la productividad laboral (PL) es esencial para evaluar el crecimiento económico, la competitividad y eficiencia de un país. Esta información debe ser analizada con la mayor desagregación posible, desde un punto de vista sectorial, regional y evaluando también la productividad tanto de los trabajadores formales e informales.

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Para la elaboración del presente informe, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) calculó la productividad laboral, tomando en cuenta el Producto Bruto Interno (PBI) expresado en términos reales y el empleo total, dividido entre formal e informal, hasta el año 2022.

Los datos fueron tomados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y las estimaciones de informalidad a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). De esta forma se obtuvo estimaciones de la productividad laboral de un trabajador formal e informal clasificado por actividad económica y por los departamentos del país entre los años 2019 y 2022.

La productividad laboral en términos reales de 2022 se expandió en apenas 0,16 % respecto a 2019, previo a la pandemia, cayendo en los dos últimos años y con la proyección de otra reducción para 2023. Hay que tomar en cuenta que el PBI total se ha reducido en 0,6 % entre enero y julio del presente año.

A nivel sectorial, se observa que en la mayoría de los sectores, la productividad laboral se contrajo en al menos dos de los últimos tres años. Si comparamos 2022 con 2019, solo se incrementó en los rubros Agropecuario y Pesca (3,8 %) y Otros Servicios (12,4 %). No obstante, aún no recupera sus niveles de prepandemia en Minería e Hidrocarburos (-16,4 %), Manufactura (-2,4 %), Construcción (-4,4 %), Comercio (-0,5 %), Transporte y Almacenamiento (-9,7 %) y Alojamiento y Restaurantes (-16,2 %).

Si hacemos una comparación de productividad laboral entre sectores, veremos que la mayor productividad se encuentra en Minería e Hidrocarburos y el resto alcanza solo una fracción de dicho valor, como es el caso de otros Servicios (17,2 %), Manufactura (15,8 %) y Construcción (10,2 %). Más alejados se encuentran Comercio (6,1%) y Alojamiento y restaurantes (4,1 %).

Trabajador formal e informal

Hay una marcada desigualdad entre la productividad laboral de un trabajador formal e informal. Esto obedece a diferencias en conocimiento, capacitación, acceso a tecnología, hasta motivación y compromiso. La brecha en productividad entre ambos trabajadores varía entre actividad económica y ubicación geográfica.

La productividad laboral promedio de un trabajador formal es 7,2 veces la correspondiente a un trabajador informal. Dicho indicador llegó a un tope de 8,0 en 2020 y viene disminuyendo paulatinamente, acercándose a su promedio histórico de 5,8.

Si hacemos la comparación por actividad económica, cabe destacar que en Minería e Hidrocarburos la productividad del trabajador formal es 92,1 veces la de un informal. En el caso del sector Agropecuario y Pesca, el trabajador formal tiene una productividad laboral de 2,8 veces en comparación con el informal. Un resultado similar se obtiene en Alojamiento y Restaurantes, donde la relación es de 2,0. Luego hay cuatro actividades con brechas algo similares, en Manufactura (6,9 veces), Construcción (7,7 veces), Comercio (5,6 veces) y Transporte y Almacenamiento (6,0 veces).

Productividad laboral por departamentos

La productividad laboral en Moquegua es la más alta entre los 24 departamentos del país. Es el doble respecto al segundo departamento, Ica, y 3,5 veces del promedio del país. Lo que explica la alta productividad laboral de Moquegua es su reducida población y su Población Económicamente Activa (PEA) en comparación con el resto del Perú y el que la minería sea su segunda actividad económica más importante, ya que aporta alrededor del 25 % de su PBI.

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El primer cuartil se completa con Arequipa, Tacna, Lima y Áncash. La brecha en productividad entre el primero y el último de estos departamentos es de 2,8 veces.

En el segundo cuartil se encuentran Pasco, Cusco, La Libertad, Apurímac, Junín y Tumbes, con una productividad laboral equivalente al 48,5 % del primer cuartil. Al igual que Moquegua, Pasco destaca en este grupo con una mayor productividad laboral por tener una PEA pequeña y debido a que la minería es el sector que aporta más del 50 % de su PBI. La brecha dentro de este cuartil se reduce hasta 1,5 veces entre Pasco y Tumbes.

Para el tercer cuartil, la productividad laboral promedio es del 35,8 % del primero. Aquí las productividades son más homogéneas, donde Piura se encuentra en el primer lugar y tiene una productividad laboral que es 40 % superior a la de Ayacucho, último departamento dentro del tercer cuartil. Además, se ubican Madre de Dios, Lambayeque, Loreto y Ucayali.

Los departamentos con más baja productividad laboral se ubican en el cuarto cuartil. Estos son Cajamarca, Amazonas, Huánuco, San Martín, Puno y Huancavelica, quienes tiene una productividad promedio equivalente al 25,2 % a la del primer cuartil. Hay una menor dispersión entre ellos con una brecha de 1,2 veces entre el primero y el último.

Los resultados muestran una gran diferencia en la productividad laboral al comparar actividades económicas, regiones y trabajadores formales e informales. Son distintas razones las que explican estas brechas, como el uso de la tecnología, o altas inversiones en capital físico, lo que eleva la eficiencia y productividad en determinados sectores económicos en comparación con otros. También pueden deberse a la presencia de economías de escala o la disponibilidad de recursos naturales.

Para reducir las brechas de productividad laboral y, por ende, en los ingresos de los trabajadores, se necesitan proporcionar programas de educación y capacitación permanente, así como promover la adopción de tecnologías, sobre todo en aquellos sectores de menor productividad. Indudablemente, se requiere también un impulso de la inversión privada y pública para reducir la brecha de infraestructura física y social de modo que se genere mayor competitividad y productividad, lo que será transversal a todos los sectores económicos.

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Por lo general, la evolución del producto bruto interno (PBI) de un país está asociada al empleo. Cuando una economía es expansiva, el PBI aumenta y las empresas tienden a contratar más trabajadores y, por tanto, el desempleo empieza a reducirse. Caso contrario ocurre cuando el PBI cae o se desacelera, pues las compañías contratarán menos ante las perspectivas de ventas reducidas, con lo cual el desempleo aumenta.

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En un contexto económico de desaceleración, América Latina enfrenta desafíos significativos relacionados con el empleo, con el crecimiento proyectado de PBI para el 2023 de solo 1.8 %, cuando en el 2022 fue de 3.8 % según LatinFocus. No obstante, a pesar de esta desaceleración, la tasa de desempleo regional se espera que disminuya al 6,8 %, en comparación con el 7,2 % de 2022.

Sin embargo, este resultado contradictorio, de menor crecimiento y desempleo a la vez, en gran parte es explicado por el peso determinante de Brasil en ambos indicadores. Y es que, para el presente año, dicho país tiene un crecimiento económico estimado de 2,4 %, lo que devendría en una caída del desempleo, de 9,5 % en 2022 a 8,4 % en 2023. Además, hay que advertir que el bajo crecimiento conduce a una menor productividad, reducción en la calidad del empleo y, por ende, en ingresos laborales precarios.

Los números por país

Para 2023, Argentina (-2,8 %) y Chile (-0,2 %) enfrentan un crecimiento económico negativo. En ambos casos, la tasa de desempleo se incrementaría de 6,8 % a 7,7 % y de 7,8 % a 8,5 %, respectivamente.

La situación es variada en otros países. Colombia, Ecuador y Perú, con un crecimiento económico inferior al 2 %, ven disminuir el desempleo, mientras que Bolivia y Venezuela, con un incremento superior al 2 %, enfrentan un aumento en el desempleo. Por su parte, Uruguay, con un crecimiento del 1,3 %, también registra una tasa de desempleo en aumento.

Perú se encuentra entre los países con menor crecimiento (0,9 %), según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pero logra reducir su tasa de desempleo de 7,7 % 7,3 %.

Subempleo por horas

Además del desempleo, el subempleo por horas es un problema persistente en la región. Este se define como aquel porcentaje de trabajadores que laboran menos de una jornada normal de trabajo a pesar de estar disponibles para hacerlo; y aparece, por ejemplo, en etapas de recesión o desaceleración económica, debido a que las empresas, al ver caer sus ventas, reducen las horas laborales como mecanismo de control de costos. Es característico en actividades económicas como la agricultura o el comercio minorista, donde las oportunidades de trabajo son estacionales. Una razón más estructural es la baja productividad del trabajador, que solo le permite encontrar empleo a tiempo parcial.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), este tipo de subempleo llega al 10,6 % y 17,9 % en Argentina y Ecuador, respectivamente. Hay otro bloque de países donde se ubica por debajo del 10%, tales como Uruguay (8,7 %), Colombia (8,6 %) y Perú, con cifras de Lima Metropolitana de 7,8 %. Las tasas más bajas se encuentran en Bolivia (5,8 %), Chile (5,1 %) y Brasil (4,9 %).

Los datos actualizados de subempleo por ingresos son escasos, por lo que no se ha incluido en el presente informe.

Informalidad laboral

En cuanto a la informalidad laboral, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define como un fenómeno en el que los trabajadores no están cubiertos adecuadamente por las leyes laborales y sociales y operan fuera del marco legal y regulador. Esta informalidad también se refleja en la falta de formalización de los negocios.

El mayor porcentaje de trabajadores informales está empleado en un negocio informal. Por ello, la gran tarea es reducir tanto la informalidad laboral como a las empresas informales, pues son dos caras de una misma moneda.

Los datos más recientes indican que países como Paraguay (82,7 %), Bolivia (81,5 %) y Perú (72,7 %) tienen altas tasas de informalidad laboral.  Le siguen países con una informalidad que afecta a alrededor de la mitad de la población activa, como Colombia (56 %), Ecuador (54,6 %) y Argentina (46 %). De otro lado, los países con menor informalidad laboral en la región son Brasil (39,1 %), Venezuela (32,8 %), Chile (27,2 %) y Uruguay (20,1 %).

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En resumen, los resultados de desempleo, subempleo, e informalidad laboral en la región, muestran una tendencia creciente en al menos dos de estos indicadores, lo que exige a nuestros países un conjunto de políticas coherentes para su reducción en un mediano plazo, es decir, con medidas que sean sostenidas al margen del tipo de gobierno que se tenga. Entre ellas, la más importante es fomentar el crecimiento económico sostenible, mediante mejora en la productividad, competitividad y una mayor inversión que es determinante para la creación de empleo formal y de calidad.

En segundo término, es necesario simplificar las leyes laborales y promocionar la flexibilización laboral como forma de incrementar la eficiencia y competitividad de las empresas y así estimular la contratación de trabajadores formales.

Asimismo, la mayor y mejor formación del capital humano, haciendo coincidir las habilidades de los trabajadores con las necesidades de la economía formal, redundará en una mayor tasa de empleabilidad.

En el caso peruano, y seguramente en otras economías de la región, está arraigada la cultura de la informalidad, donde muchos negocios, que en número son cada vez mayores, no encuentran necesario ser formal. Así, tanto estos negocios como sus trabajadores prefieren acuerdos fuera del marco legal por la flexibilidad y posibilidad de evadir impuestos.

A todo esto, se pueden sumar otras medidas, como políticas de financiamiento y de capacitación para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el fin de que ganen productividad; así como brindar promoción de los beneficios de la formalización para los negocios y el fortalecimiento de la seguridad social como un incentivo para los trabajadores a la búsqueda de un empleo formal.

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En los últimos años, la inseguridad y la violencia se ha acrecentado causando efectos nocivos en el desempeño empresarial y económico del país, lo que ha incidido negativamente en importantes actividades productivas y niveles de competitividad de las empresas, ocasionando, incluso, la interrupción de las operaciones comerciales, además de provocar la caída de ingresos y ganancias económicas.

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Así lo manifestó, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara, durante su discurso en el V Foro internacional de seguridad ciudadana y empresarial denominado “Enfrentando retos y oportunidades para una sociedad segura”, evento organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la institución gremial.

Sostuvo que, a consecuencia de la inseguridad, los empresarios y emprendedores del país se han visto obligados a asumir altos costos para implementar sistemas de seguridad y contratar personal de vigilancia a fin de salvaguardar sus negocios.

“Ante ese escenario, urge establecer una gestión efectiva en materia de seguridad ciudadana y empresarial, lo cual es crucial para proteger tanto a los empleados como a los activos de la empresa y emprendimientos, teniendo como resultado colectivo mantener el progreso económico del país”, resaltó Hernán Lanzara.

Afirmó que el tema de inseguridad ciudadana es una responsabilidad transversal que debe incluir a todos los sectores del país y, por ende, la lucha frontal contra este fenómeno debe partir desde una acción compartida y articulada.

“Por ello, este Foro constituye una oportunidad para reafirmar el compromiso y esfuerzo que vienen realizando la Cámara de Comercio de Lima y su Comisión ad-hoc, en favor del desarrollo de nuestro país”, destacó el vicepresidente de la CCL.

Al inaugurar el evento, el ministro del Interior, Vicente Romero, refirió que el costo de la inseguridad en el Perú representa aproximadamente el 3 % del PBI peruano, lo que equivale a S/ 27 000 000 000 anuales.

Durante su ponencia, sostuvo que el nivel de informalidad laboral que alcanza al 75 % de los trabajadores también genera condiciones de inseguridad y desprotección entre emprendedores y empresarios, quienes terminan siendo vulnerables a la extorsión en sus distintas modalidades.

Por ello, el ministro Romero resaltó que su institución no cesará en su lucha frontal contra la criminalidad y otros flagelos que atentan contra la integridad de los ciudadanos y el pleno desarrollo de la actividad empresarial.

“Tenemos un plan en desarrollo integral, cumplimos procedimientos ante el Congreso con el pedido de facultades y hemos declarado estratégicamente en emergencia tres puntos del país, entre otras acciones. Nuestra preocupación la constituyen 34 millones de habitantes del país para brindarles una sociedad segura y paz social”, remarcó.

Real participación

En esa línea, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, refirió que el tema de seguridad es un proceso integral y participativo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad. Es por ello que instó a los ciudadanos a tener una real participación en el tema de prevención y denuncia contra la inseguridad y criminalidad.

“Nos toca actuar dentro del espacio donde nos encontremos; no debemos ser ajenos a esta situación. Nos hemos acostumbrado solo a reclamar, pero no vemos cuál es nuestra real participación contra la criminalidad y su mitigación”, declaró.

Cabe mencionar que, el V Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial contó con exposiciones de diferentes especialistas de los sectores público y privado y de las Fuerzas Policiales.

En esta edición se desarrollaron seis bloques de discusión, en los cuales se abordaron el accionar del crimen organizado, extorsiones, sicariato en el sector empresarial; así como las estrategias necesarias para su prevención. Otro punto resaltante fue el incremento de la migración y su impacto en la inseguridad ciudadana y el manejo penitenciario y resocialización como un tema de seguridad.

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¿Es oportuno el incremento de la Remuneración Mínima Vital? ¿por qué debe ser analizado de manera técnica?

Debemos partir de la premisa de que toda empresa responsable y con propósito necesita estimular, fomentar y cultivar el talento humano con el objeto de desarrollar una gestión de clase mundial. No obstante, es necesario precisar que el cálculo de la remuneración mínima de cada trabajador debe ser establecido con criterio técnico, sustentado en mejorar la productividad y competitividad de las organizaciones, estimulando el desempeño profesional y/o técnico y motivando el crecimiento personal de las personas que las integran.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una real propuesta técnica que sustente con datos concretos el incremento en la remuneración mínima. Por el contrario, se está perdiendo la perspectiva en el sentido de que las propuestas deberían orientarse hacia una verdadera reforma laboral, de pensiones y de la seguridad social.

¿Y esa reforma laboral debe apuntar a coadyuvar a reducir la informalidad como objetivo principal?

Por supuesto. Basta con revisar los datos vinculados al empleo en el Perú y las conclusiones saltan a la vista. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2022, en el Perú, el 75,70 % de los empleos son informales, es decir, más de 13,4 millones de peruanos trabajan bajo esta condición, a diferencia de los formales que llegarían apenas al 24,3 %.

Ahora, si vemos a nivel de provincias, donde casi la totalidad de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la situación es aún peor. Aquí vemos que los departamentos de Huancavelica y Puno tienen los mayores niveles de informalidad laboral, con 91,7 % y 90,2 %, respectivamente. También hay otros departamentos que superan al promedio nacional como Huánuco (89,9 %), Ayacucho (88,6 %) y Cajamarca (88,3 %).

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¿Qué puntos se deberían considerar para el reajuste de la remuneración?

Todo aumento de la remuneración viene acompañado del incremento en los sobrecostos salariales. Para las mipymes, que representan el 98,6 % del total de empresas peruanas, esta situación es inaplicable.

No obstante, una alternativa podría ser adecuar los conceptos remunerativos (aquellos gravados con el impuesto a la renta de quinta categoría, seguro social, gratificaciones y CTS) y no remunerativos (movilidad, refrigerio, entre otros.) a un aumento de productividad, pero sin sobrecostos laborales. Otra alternativa es incorporar a más de un millón de trabajadores independientes (que emiten recibos por honorarios profesionales) a la seguridad social y administración de fondos de pensiones a través de tasas escalonadas.

Así también, hay muchos empresarios que estarían dispuestos a compartir las utilidades obtenidas con sus mejores colaboradores. Sin embargo, actualmente no podrían hacerlo porque estos importes se convertirían en ordinarios, permanentes y sujetos a todos los sobrecostos imaginables.

Finalmente, otra opción podría ser que cada vez que un ciudadano realiza una compra en el territorio nacional podría estar aportando a su fondo de pensiones un porcentaje de Impuesto General a las Ventas (IGV).

En conclusión, el gran objetivo no tiene mucho que ver con el aumento de la remuneración mínima vital. El gran objetivo es disminuir radicalmente la informalidad.

¿Cuántos trabajadores serían los beneficiados si es que se incrementa la remuneración mínima?

Es difícil definir el número de trabajadores formales que perciben una remuneración mínima. Sin embargo, conforme a la información de la planilla electrónica del ministerio de Trabajo, un total de 516 835 trabajadores ganan hasta S/ 1 000, lo que representa 3,8 % del total de trabajadores. Como se observa, un incremento solo llegaría a una mínima parte de la fuerza laboral.

¿Qué efectos causaría el incremento del salario mínimo para las empresas? ¿Cuáles serían esos posibles riesgos?

El aumento del sueldo mínimo es solo una pieza del gran ¨rompecabezas¨ llamado reforma laboral. Dadas las condiciones actuales, es muy probable que las consecuencias sean el aumento de empleos precarios, elevadas tasas de informalidad, baja productividad laboral, mínima recaudación tributaria y escaso acceso a la seguridad social y fondos de pensiones. Las empresas sobrevivientes a la gran pandemia de la COVID-19 no están en condiciones de incrementar sobrecostos labores sin un motivo¨razonable¨.

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¿El Gobierno también debería enfocarse a combatir el subempleo?

Esa debería ser la meta, en adición al reducir los niveles del empleo informal. Según el Informe Técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2023, se observó un incremento en el número de trabajadores subempleados por ingresos (subempleo invisible) del 12,6 % (198 900 personas). Si comparamos dicho periodo con similares trimestres móviles de los años 2021, 2020 y 2019, la población subempleada por ingreso aumentó en 13,5 %, 183,5 % y 59,5 %, respectivamente.