Dina Boluarte expresa alegría por elección de León XIV

La presidenta de la república, Dina Boluarte, expresó que tanto el Gobierno como el pueblo peruano manifestaron una profunda alegría ante la elección de Robert Prevost como nuevo sumo pontífice, quien ha adoptado el nombre de León XIV.

Este anuncio fue realizado por la mandataria a través de pronunciamiento, desarrollado hace algunos minutos a nivel nacional.

«En nombre del Gobierno y del pueblo del Perú expresamos nuestra inmensa alegría y enviamos nuestro saludo y un abrazo fraterno a su santidad, León XIV», manifestó.

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Asimismo, refirió que los peruanos estuvimos a la espera del humo blanco con la fe que caracteriza a la gran mayoría, sobre todo que hoy 8 de mayo, en el mes de la Virgen María, «el cielo nos regala una bendición con el pastor que guiará la Iglesia Católica».

«Hoy celebramos un momento histórico para el Perú y el mundo, la elección del cardenal Robert Prevost ciudadano peruano por elección y corazón como el nuevo papa León XVI, este hito marca que un estadounidense ascienda al trono de San Pedro, si no la primera ocasión que un peruano con más de 20 años de servicio lidera la Iglesia Católica como sumo pontífice», señaló.

 

La presidenta destacó que Robert Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015, lo que reflejó su profundo amor por el Perú. Señaló que el nuevo pontífice dedicó gran parte de su vida religiosa al país, acompañando a los más necesitados y compartiendo las alegrías del pueblo peruano en sus tierras.

«Su opción por el Perú fue espiritual y humana, eligió ser uno de nosotros, vivir entre nosotros y llevar la fe y cultura de esta nación, el Perú cimentado en la fe y los valores de Jesucristo acompaña con alegría este nuevo comienzo para millones de creyentes en el mundo», agregó.

De igual modo, expresó su confianza en que su pontificado será «fuente de sabiduría, justicia y amor entre los pueblos«.
«En este día de júbilo invito a todos los peruanos a unirnos en oración y acción para apoyar al papa León XIV en su misión de guiar a los católicos del mundo, su elección es para renovar la fe y trabajar en la justicia y fortalecer la unidad del Perú y más allá, que su pontificado sea una luz de esperanza y el Perú sea su hogar en el corazón«, dijo.
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Lima será sede de la gran final de la Copa Libertadores 2025

Conmebol y el gobierno del Perú confirmaron oficialmente que Lima será sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, repitiendo lo sucedido en 2019. El anuncio fue realizado por Dina Boluarte tras una reunión con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, en la que también estuvieron presentes, Agustín Lozano, titular de la FPF, y otras autoridades.

«Vamos a demostrar, una vez más, que el Perú está a la altura de los grandes retos. Los esperamos en Lima este 29 de noviembre. Todos ustedes son bienvenidos y están en su casa, como siempre los atenderemos y recibiremos con el cariño que los peruanos solemos dar. Bienvenida la Conmebol, bienvenida la Copa Libertadores», indicó la mandataria.

Desde días previos ya se sabía que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol llegó a Lima en las primeras horas de este lunes 28 de abril. Su primer encuentro fue con Agustín Lozano, titular de la Federación Peruana de Fútbol, con el objetivo de confirmar al Estadio Monumental como sede de la final. Posteriormente, se dirigió a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte.

Estadio Nacional

Estadio Nacional

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Como en todo evento de gran magnitud, la Conmebol requiere garantías del gobierno peruano para organizar la final única de la Copa Libertadores. Tras concretarse las conversaciones, que tuvieron un resultado favorable, las autoridades involucradas ofrecieron una conferencia de prensa para oficializar el anuncio.

Durante la conferencia, Dina Boluarte, en su calidad de presidenta de la República del Perú, expresó el compromiso de su gestión para realizar todas las acciones necesarias que garanticen el éxito del evento más importante de clubes en Sudamérica.

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Boluarte: Protocolo de TLC con Guatemala fortalece lazos bilaterales

Dina Boluarte, presidenta de la república, aseguró que la firma del protocolo del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Guatemala representa un momento histórico en la relación bilateral, abriendo una nueva etapa de cooperación y desarrollo.

En la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, Boluarte destacó que este acuerdo marca un paso significativo hacia una integración comercial más equitativa, solidaria y profunda entre ambas naciones.

«Hoy con la suscripción del protocolo que viabilizará la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala marcamos un hito en nuestra historia, en esa relación bilateral y abrimos una nueva etapa de cooperación y desarrollo», manifestó.

Boluarte resaltó que el comercio entre Perú y Guatemala muestra «señales claras de crecimiento y nuevas oportunidades», destacando que en 2024 el intercambio comercial alcanzó los 250 millones de dólares, reflejando un incremento del 20.5 % en comparación con el mismo periodo de 2023.

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Asimismo, subrayó que estas cifras posicionan a Guatemala como el segundo socio comercial de Perú en Centroamérica, un vínculo que, aseguró, se fortalecerá con el TLC, impulsando el desarrollo económico de ambas naciones.

Dina Boluarte, presidenta del Perú.

Dina Boluarte, presidenta del Perú.

«(El TLC) Es un abrazo entre dos pueblos que conservan la dignidad de sus raíces milenarias y que hoy se reencuentran con respeto, con la voluntad de construir un futuro mejor», refirió.

La mandataria aseguró que con la entrada en vigencia de este TLC, las exportaciones de uvas, aceite de palma y otros, «llevarán sabor y calidad a Guatemala» y en el Perú se recibirán los mejores productos, beneficiando a las micro y pequeñas empresas.

«Esta firma es una señal de confianza porque cuando el comercio es justo y busca el desarrollo compartido se convierte en una herramienta poderosa de inclusión. Estamos sellando un compromiso de desarrollo y hermandad y esperamos que esta firma inspire a otros países de la región para trabajar en una América Latina más unida», agregó.

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Dina Boluarte pide permiso al Congreso para asistir al funeral del Papa Francisco

La presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso autorización para viajar al Vaticano del 24 al 28 de abril, representando al Perú en el funeral del Papa Francisco.

En un oficio dirigido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, la mandataria argumentó su solicitud destacando las sólidas relaciones diplomáticas entre el Perú y la Santa Sede, así como el importante rol de la Iglesia Católica en la formación de la identidad nacional.

«Resolución Legislativa que autoriza a la señora presidenta de la República para salir del territorio nacional del 24 al 28 de abril del 2025», se titula el documento enviado al presidente del Congreso.

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Dina Boluarte solicita permiso para viajar al Vaticano

La presidenta informó que la Secretaría de Estado de la Santa Sede ha pedido a las Misiones Diplomáticas acreditadas que confirmen, a más tardar este jueves 24 de abril al mediodía, las delegaciones que asistirán al funeral. Boluarte señaló que es necesario precisar si la delegación será encabezada por el mandatario del país.

Papa Francisco falleció a los 88 años este lunes 21 de abril.

Papa Francisco falleció a los 88 años este lunes 21 de abril.

Además, la presidenta Dina Boluarte destacó la cercanía del Papa Francisco con el Perú, evidenciada durante su visita apostólica del 18 al 21 de enero de 2018. Según Boluarte, el Sumo Pontífice mostró un profundo interés por la situación de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente en la región amazónica.

El documento lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya. Además, se precisa que la Resolución Legislativa entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

«Por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión semipresencial del Pleno que se realizará en miércoles 23 de abril de 2025, a las 5:00 p.m., en el Hemiciclo de Sesiones», se lee en la citación.

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Gobierno decreta tres días de duelo nacional por el fallecimiento del papa Francisco

La presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró oficialmente tres días de duelo nacional tras el fallecimiento del papa Francisco este lunes 21 de abril en su residencia de Santa Marta, en Roma (Italia), debido a un ictus cerebral, según confirmó el Vaticano.

Mediante un decreto supremo publicado en una edición especial del diario El Peruano, la presidenta oficializó la medida, que abarcará los días 22, 23 y 24 de abril.

“Desde la fecha y hasta el día que se realicen las exequias por su santidad el papa Francisco, el pabellón nacional es izado a media asta en todos los edificios públicos, instalaciones militares, bases, buques, locales policiales y demás dependencias del Estado en todo el territorio nacional, así como en las misiones diplomáticas, consulares y representantes permanentes del Perú en el exterior”, señala el decreto.

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Es importante mencionar que la mandataria ya había comunicado la declaratoria de duelo nacional por el fallecimiento del sumo pontífice durante un mensaje a la Nación. Además, Boluarte anunció que una delegación de “alto nivel” viajará al Vaticano para representar al Perú en la ceremonia fúnebre del Santo Padre.

«Esta tarde le informé al Nuncio Apostólico que el Poder Ejecutivo ha decretado duelo nacional y de la misma manera he dispuesto que una misión de alto nivel participe de las exequias del sumo pontífice», señaló.

Decreto.

Decreto.

Dina Boluarte y ministros firman libro de condolencias por el papa Francisco

La presidenta Dina Boluarte, junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el canciller Elmer Schialer, firmó el libro de condolencias en la Nunciatura Apostólica en Lima, ubicada en Jesús María, expresando el pesar del Estado peruano por el fallecimiento del pontífice.

Posteriormente, el nuncio apostólico, Paolo Rocco, declaró a los medios que la mandataria les confirmó la intención de decretar tres días de duelo nacional.

«Si recuerdo bien, me dijo que van a declarar tres días. Esperamos la declaración oficial del Gobierno», señaló Rocco a la prensa.

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Pese a advertencias, se daría el aumento del sueldo mínimo en el Perú

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, anunció que se ha “cumplido todo el proceso” necesario para incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV). Sin embargo, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y otros gremios, se ha advertido sobre los problemas que esta medida podría generar.

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ya había señalado durante su discurso del pasado 28 de julio que uno de los objetivos de su gobierno era aumentar el sueldo mínimo, que actualmente se encuentra en 1,025 soles, monto establecido en mayo de 2022 mediante el Decreto Supremo N.° 003.

¿Cuándo se anunciará el incremento del sueldo mínimo en Perú?

El gobierno aún no ha fijado una fecha oficial para el anuncio, pero el titular del MTPE indicó que este se realizará “muy pronto”, antes de que termine el año.
Yo he tenido la oportunidad de despachar con la presidenta sobre este tema. Le hemos presentado las posturas de trabajadores y empleadores. También ha escuchado a las partes implicadas, y ahora cuenta con todos los elementos y el informe técnico necesario”, precisó Maurate.

“El aumento del sueldo mínimo en el Perú debe ser un tema técnico”

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que el aumento de la RMV debería ser un tema técnico y no estar sujeto a discursos o decisiones políticas.

De La Tore mencionó que, según un estudio del Banco Central de Reserva (BCR), el sueldo mínimo actual está sobreestimado y debería situarse en 726 soles. “Todos deseamos que las personas ganen más, pero es esencial crear las condiciones adecuadas para que este incremento sea sostenible”, agregó.

Gremios privados rechazan el aumento de la RMV

La Unión de Gremios del Perú, a través de un comunicado, expresó su rechazo al incremento de la RMV sin un análisis adecuado de sus beneficios y posibles perjuicios.

El aumento solo beneficiaría a un grupo reducido de trabajadores que actualmente perciben la RMV, pero afectaría a 5.9 millones de personas que ganan menos del salario mínimo, principalmente en la informalidad, dificultando su tránsito hacia la formalidad”, señaló el gremio.

Además, advirtieron sobre la relación entre el salario mínimo y la informalidad laboral: en regiones como Huancavelica, Puno, Ayacucho y Cajamarca, donde el salario mínimo es cercano al promedio salarial, los índices de empleo informal son más altos.

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Proyectos de ley anunciados en el mensaje presidencial

En el reciente mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte presentó una serie de iniciativas y proyectos que, aunque prometen cambios significativos, requieren un análisis crítico sobre su implementación y viabilidad.

Entre los anuncios más destacados está la creación del Ministerio de Infraestructura, una entidad que pretende unificar la ejecución de proyectos de infraestructura a nivel nacional. Esta ambiciosa propuesta suscita dudas sobre la eficiencia y efectividad de centralizar tantas funciones en un solo organismo.

La experiencia muestra que la concentración de poder y recursos puede llevar a la burocratización y a la ineficiencia administrativa, algo que el Ejecutivo deberá manejar con cuidado para evitar crear un problema mayor al existente.

Además, la presidenta propuso la fusión de ministerios para mejorar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de recursos públicos. Sin embargo, no dio ningún detalle de cuáles serían las entidades involucradas. La fusión de ministerios no garantiza necesariamente una mejora en la gestión pública; más bien, podría generar confusión de roles y pérdida de especialización si no se hace bajo criterios estrictamente técnicos. Igualmente, el cambio de denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública se anunció como parte de un proceso de modernización integral para enfrentar los desafíos de la seguridad, pero lo realmente importante es conocer el plan detallado para que no se trate solo de un cambio cosmético sin impacto real en la seguridad ciudadana.

Asimismo, el mensaje incluyó proyectos de ley enfocados en áreas críticas como la minería, la seguridad y la salud pública. La formalización de la pequeña minería y la creación de sistemas de vigilancia para proteger la Amazonía son iniciativas que, de implementarse de manera correcta, podrían tener un impacto positivo significativo. No obstante, estos proyectos deben ser cuidadosamente socializados y debatidos con los actores involucrados para asegurar su aceptación y efectividad.

A continuación, se listan los aspectos del mensaje presidencial que implicarían la aprobación de leyes o reformas normativas, para lo cual se necesitará en la mayoría de los casos el concurso del Congreso de la República. El contenido a detalle de estos proyectos se podrá conocer una vez que sean presentados ante el Congreso, donde serán derivados a las comisiones congresales que correspondan para su debate y trámite correspondiente.

 

1. Proyecto de ley que crea el Ministerio de Infraestructura.

El objetivo es unificar en una sola entidad la realización de estudios y la ejecución de infraestructura a nivel nacional. Este ministerio absorberá a entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura, el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión, así como a los programas y proyectos adscritos a los ministerios que en la actualidad desarrollan dichas actividades.

 

2. Proyectos de ley para la fusión de ministerios.

Se anunció la fusión de “dos pares de ministerios” para mejorar la eficiencia administrativa y el uso óptimo de los recursos públicos. Estos proyectos se presentarían dentro de los próximos 30 días.

 

3. Proyecto de ley que cambia la denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública.

Se anuncia un proceso de modernización integral del Ministerio del Interior (Mininter) para responder con mayor eficacia a los desafíos de la seguridad priorizando la atención oportuna al ciudadano, la articulación con otras entidades del Estado, la meritocracia y la erradicación de todo indicio de corrupción.

 

4. Proyecto de ley para que, de manera excepcional, se autorice el cambio de categoría de suboficiales con profesión de abogado a la categoría de oficiales de la PNP.

Se ha pedido al Congreso que apruebe el referido proyecto de ley para fortalecer la defensa legal de los efectivos policiales. Dicha aprobación está pendiente y permitirá la recategorización de 200 efectivos.

 

5. Proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal.

Se señala como objetivo el ordenamiento de las actividades mineras a pequeña escala y concluir con el proceso de formalización minera integral en curso. La presidenta señaló que han culminado el proyecto de ley y que será socializado con todos los actores del sector a fin de recibir aportes.

 

6. Proyecto de ley que declara de interés nacional la creación, la implementación y el desarrollo del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional (Sivan) y del Sistema de Protección Amazónico y Nacional (Sipan).

El objetivo es aprovechar las ventajas de la tecnología, para vigilar y proteger nuestra Amazonía de los diversos ilícitos que se vienen incrementando en la zona. Estos sistemas servirán para complementar las tareas de las fuerzas operativas en su lucha contra las diferentes amenazas y riesgos multidimensionales, que afectan la preservación de la Amazonía.

 

7. Proyecto de ley que crea elFondo Rotatorio, para el financiamiento de boticas populares (FarmaMinsa).

Para dar mayor acceso a medicinas a precios populares, en convenio con las municipalidades, se han creado las FarmaMinsa, donde se expenden medicamentos de calidad a bajo costo. El denominado Fondo Rotatorio daría sostenibilidad a l financiamiento y funcionamiento de las boticas populares FarmaMinsa.

 

8. Proyecto de ley sobre la nueva escala remunerativa para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad y retiro.

Se anunció que se van a elaborar proyectos normativos para determinar la nueva escala remunerativa para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad y retiro, que reduzca la brecha salarial existente y permita proporcionar una compensación justa a todos sus integrantes. El aumento será ejecutado en cuatro etapas.

 

9. Proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de violación cometidos por docentes en agravio de estudiantes.

Se refirió al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el año pasado, y solicitó al Congreso que debata y apruebe esta propuesta.

 

10. Decreto Legislativo para la creación de la Escuela Nacional de Administración Pública, para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Se señaló que en el marco de la delegación de facultades se creará la referida escuela.

 

11. Decreto legislativo para eliminar la necesidad de obtener autorización del Ministerio de Cultura para las licencias de funcionamiento en monumentos históricos.

Se señaló que, en el marco de la delegación de facultades concedidas, se aprobará el referido decreto legislativo. Se reconoce que las municipalidades ya tienen la competencia para realizar este procedimiento, ahorrando a los ciudadanos una irrazonable duplicidad. El objetivo es reducir el tiempo de tramitación hasta en 60 días. La medida beneficiaría a potenciales propietarios de los más de 4 866 bienes históricos a nivel nacional.

 

Otros anuncios relevantes:

– Remuneración Mínima Vital.

Dina Boluarte anunció que se ha convocado al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) para consensuar el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que debería efectivizarse, a más tardar, el último trimestre del presente año. Al respecto, cabe señalar que este se trata de un anuncio apresurado, que solo genera expectativa en la población, toda vez que debe estar sujeto a un amplio debate técnico en el seno del CNTPE.

– Aumento de pensiones.

La presidenta anunció que ha instruido a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que evalúe el incremento de las pensiones de los jubilados.

– Pensión 65.
Se anunció que se incrementará en S/ 100 adicionales la subvención económica bimestral que reciben los más de 824 000 beneficiarios del Programa Pensión 65, al pasar de S/ 250 soles a S/ 350.

– Zona Económica Especial.

Señaló que, con el fin de aprovechar las ventajas del nuevo hub logístico, que se está formando entre los puertos de Chancay y el Callao, se trabaja el marco normativo para una Zona Económica Especial, que facilite y ofrezca mejores condiciones para la atracción de inversiones en industrias de alta tecnología, generación de empleo e innovación tecnológica. Será un espacio administrado por operadores privados y con un esquema tributario diferenciado y competitivo.

 

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CCL: «Lo mejor del discurso fue el anuncio de proyectos de inversión pública y privada»

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, no aterrizó en propuestas concretas frente a la lucha frontal contra la delincuencia común y el crimen organizado, factor que pone en riesgo la estabilidad económica y social del país.

“Si bien se han realizado avances en capturas de bandas, la mandataria no realizó un llamado al Congreso de la República para mantener las normas y mecanismos que buscan enfrentar la delincuencia. Tampoco, mencionó nada sobre la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado que favorece a organizaciones criminales y perjudica el trabajo, tanto de la Policía Nacional del Perú (PNP) como del Ministerio Público”, indicó.

Asimismo, De La Tore refirió que hubo ausencia sobre el desarrollo integral de las fronteras, seguridad y control del comercio fronterizo. “Se necesita un plan de emergencia con fechas e indicadores y dotar a la PNP de los implementos necesarios. Urge devolver la seguridad al país para el desarrollo empresarial”, añadió.

El líder empresarial consideró como positivo algunos aspectos relacionados en el combate contra la criminalidad, como la creación de 4 unidades de flagrancia más, el apoyo al fortalecimiento de la Policía Nacional, así como la implementación de 12 laboratorios de criminalística a nivel nacional. Sin embargo, alertó que falta el marco legal para el funcionamiento de estas unidades.

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

De La Tore mostró su desacuerdo sobre que se mencionara solamente la creación del marco normativo para la Zona Económica Especial (ZEE) de Chancay, cuando el proyecto en el Congreso hace referencia a un marco general que deberá llegar a más regiones del Perú. “En nuestra opinión debe extenderse a lo largo de la costa, con el fin de atraer más inversión y generar empleo en todo el país”, afirmó.

Explicó que esta herramienta debe contar con un incentivo tributario competitivo para la atracción de inversiones, por lo que planteamos la aplicación del 0 % de impuesto a la renta que permita la implantación de empresas de alta competitividad. “Ello atraerá inversiones en industrias con plena utilización de nuestros TLC y mayor infraestructura tecnológica en diversas regiones del interior del Perú”, comentó el presidente de la CCL.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

En relación con la reactivación económica, el líder empresarial saludó el anuncio del gobierno para llevar adelante el proyecto minero Tía María, el cual creará 9 000 empleos durante la etapa de construcción, y 4 800 puestos de trabajo permanentes, entre directos e indirectos, con una inversión de US$ 1 400 millones y que generará 120 000 toneladas métricas de cobre refinado al año.

En cuanto a las micro y pequeñas empresas (mypes), indicó que es positivo lo anunciado para el apoyo de estos negocios con el fin de aumentar su productividad y competitividad.

“Se implementará una estrategia de desarrollo regional, para lo cual el gobierno destinará S/ 500 millones. Con ello se genera empleo de calidad en sectores estratégicos y diversificando nuestra economía”, acotó.

Sin embargo, De La Tore dijo que la presidenta Dina Boluarte no hizo mención sobre el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

“De esta manera se está postergando las reformas de largo plazo indispensables para mejorar el PBI potencial del país, lo cual nos preocupa a los empresarios”, dijo.

Respecto a las inversiones anunciadas, el presidente de la CCL expresó que impulsarán la economía, pero debe existir una agenda de largo plazo que ya debe ser implementada.

En el ámbito educativo, el representante gremial lamentó que no se haya mencionado estrategias educativas y supervisión para mejorar los resultados del país en la prueba PISA en el 2025. En ese sentido, indicó que se requiere la revalorización de la Educación Secundaria Técnica, y de la Educación Superior Técnica y Tecnológica; así como, la formación en educación dual mediante la implementación de un programa nacional.




Mensaje presidencial: Gremios de la CCL piden medidas concretas para impulsar la economía y el sector privado

A puertas del discurso presidencial que brindará la mandataria Dina Boluarte por Fiestas Patrias este 28 de julio, los representantes de los Gremios de Servicios; Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas; Retail y Distribución; y Químico de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) dan a conocer lo que esperan escuchar en el mensaje a la Nación para construir un futuro compartido para los peruanos.

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En el ámbito del rubro de servicios, la presidenta del Gremio de Servicios de la CCL, Yolanda Torriani, espera que la jefa de Estado haga referencias concretas en propuestas para mejorar la competitividad de los servicios basados en el conocimiento, lo cual requerirá un compromiso sólido, tanto del sector privado como del gobierno a fin de promover un entorno favorable de esta actividad económica.

“La colaboración continua y la implementación efectiva de estas medidas son fundamentales para asegurar un crecimiento sostenible y una posición fuerte en el mercado global de servicios. Existe una urgente necesidad de incorporarlas en el marco normativo, capital humano, innovación, financiamiento e internacionalización”, comenta la representante de la CCL.

Entre otras propuestas que debería mencionar Boluarte, señala que se debería revisar la Ley de Exportación de Servicios, para lo cual se propone derogar las disposiciones que limiten la competitividad de los servicios exportables. También, indica que se deben plantear iniciativas de formación especializada a fin de implementar programas de capacitación y desarrollo para fortalecer las habilidades requeridas en servicios basados en el conocimiento.

“El fomento a la investigación y desarrollo, así como establecer incentivos para la investigación aplicada que impulse la innovación en los servicios es crucial. También, implementar incentivos fiscales y financieros específicos para los exportadores de servicios puede ser una forma de estimular la actividad exportadora. Esto puede incluir exenciones fiscales, créditos preferenciales, subsidios o programas de financiamiento especializados”, refiere Torriani.

Con el fin de evitar la doble imposición tributaria, la representante del gremio empresarial precisa que se tiene que promover la firma de nuevos convenios y la revisión de los existentes para reducir barreras fiscales en los mercados internacionales. “También se necesita establecer una Mesa Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de manera permanente para que se coordinen esfuerzos entre el sector privado y el gobierno para promover el comercio de servicios”.

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN

Como parte del objetivo para construir un futuro compartido entre los peruanos, Torriani enfatiza que la seguridad ciudadana en el Perú enfrenta desafíos significativos debido a la creciente criminalidad, ola de violencia e inseguridad.

“Es urgente identificar áreas críticas y proponer medidas estratégicas para fortalecer la seguridad y restaurar la confianza pública en nuestro país; ello a través de un marco integral y coordinado con la colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Se requerirá un compromiso continuo y recursos adecuados para alcanzar resultados tangibles y sostenibles en beneficio de todos los ciudadanos”, sostiene la representante de la CCL.

En relación a la educación, la presidenta del Gremio de Servicios de la CCL indica que es fundamental preparar a las nuevas generaciones y adaptarlas a los desafíos y oportunidades que ofrece la era digital y tecnológica. “Debemos estar preparados a los cambios acelerados en la sociedad y la economía, impulsados por la tecnología digital y la conectividad”, acota.

Asimismo, expresa que promover el desarrollo de los idiomas y las herramientas digitales desde el colegio no solo contribuirá al crecimiento personal de los estudiantes, sino que también los preparará para ser ciudadanos competentes y adaptados a un mundo globalizado y digital. Además, estas habilidades pueden tener un impacto positivo en su desarrollo académico y futuro profesional.

“Para evitar la situación de los «ninis» (jóvenes que ni estudian ni trabajan) es necesario implementar estrategias integrales que aborden las causas y promuevan oportunidades para su desarrollo. Es importante destacar que se debe implementar una estrategia integral y sostenida a largo plazo, involucrando a diferentes actores y sectores de la sociedad. Además, será esencial contar con un enfoque participativo que incluya la voz y las necesidades de los propios jóvenes en el diseño e implementación de las políticas y programas”, subraya.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Torriani también remarca la importancia de impulsar la Ciencia, Tecnología, Innovación y Sostenibilidad (CTIS) para el desarrollo del país, ya que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país. “Estas áreas impulsan el crecimiento económico, mejoran la calidad de vida, fortalecen la competitividad global y permiten encontrar soluciones a los desafíos sociales y ambientales. Invertir en CTIS es apostar por un futuro más próspero, equitativo y sostenible para nuestro país y sus ciudadanos”, resalta.

En cuanto al reto para luchar contra la corrupción y fomentar un país más justo, la representante del gremio empresarial indica que no se debe permitir la impunidad, por lo cual se requiere de un compromiso firme y sostenido por parte de la sociedad en su conjunto, así como de la voluntad política de las autoridades. “Solo mediante una acción decidida y coordinada será posible construir un Perú más justo, transparente y equitativo”.

Respecto a la promoción de la cultura, Torriani manifiesta que es esencial la construcción de infraestructuras como estadios y coliseos que sean ampliamente utilizadas para eventos deportivos, pero también que sean de gran potencial para ser utilizados como espacios culturales. “Se propone adaptar y utilizar estos espacios para promover actividades artísticas a fin de alcanzar el desarrollo social y el enriquecimiento cultural de la sociedad”.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Para el presidente del Gremio de Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas de la CCL, Jorge Lira, durante el discurso presidencial, espera que el Gobierno concrete su apoyo a la activación del proyecto minero Tía Maria, que ya está aprobado por el Estado, así como culminar con éxito la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, iniciar el proyecto Nueva Carretera Central y activar el proyecto ferrocarril costero.

Con respecto a la política fiscal, el representante del gremio sostiene que no se debe seguir fomentando exoneraciones tributarias sectoriales. También, refiere que se tiene que mantener el endeudamiento público controlado, alineado con el Producto Bruto Interno (PBI) y seguir promoviendo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Sobre el sector de Transportes y Comunicaciones, Lira indica que no se debe permitir la circulación de vehículos de transporte público inseguros y contaminantes, así como registrar la propiedad de maquinarias móviles de construcción (que circulen por vías públicas) en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

SECTOR COMERCIO

En el ámbito comercial, la presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la CCL, Leslie Passalacqua, indica que los empresarios esperan escuchar en el mensaje presidencial que se generará un ambiente óptimo para que puedan realizar sus inversiones, así como que se respete la Ley N° 31914, el cual prevé los supuestos de clausura temporal o definitiva de los establecimientos.

También, señala que se necesita regular y estandarizar costos, tiempos y documentación requerida para obtener licencias de funcionamiento, así como la inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) en todas las municipalidades del país.

“Además, nos oponemos al abuso de Indecopi, institución que dicta publicar en redes sociales de empresas ‘infractoras’ la sanción impuesta por ellos y con tiempo determinado. Consideramos que también es importante actualizar y mejorar el Reglamento de ‘tarjetas de crédito y débito’ de la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS), enfatizando el artículo 19, que nos obliga en 3 puntos a verificar estas tarjetas”, sostiene Passalacqua.

La presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la CCL precisa que la modificación en el procedimiento de devolución o destrucción de productos decomisados o incautados por falsificación o contra la propiedad industrial e intelectual que se almacenan en las instalaciones del Ministerio Público, se realizan sin contar con información concluyente y transparente al respecto y las empresas son las principales afectadas.

Del mismo modo, sostiene que se debe impulsar el proyecto que dicte que las Sociedades de Gestión Colectiva como la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), la Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO), la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM), la Sociedad de Artistas del Audiovisual (INTER ARTIS), la Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales (EGEDA PERÚ) y la Asociación Peruana de Artistas Visuales (APSAV) sean en primer lugar fiscalizados y sus derechos se cobren a través de una ventanilla única.

“No se debe permitir el abuso en el pago por instalación de letrero y por instalación de publicidad en vitrinas o escaparates dentro de un local comercial en un centro comercial que es una propiedad privada”, indica la representante del gremio empresarial.

Passalacqua también refiere que se opone al abuso de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) contra las empresas formales y en especial del comercio moderno, por el no uso de tecnología.

En cuanto a la seguridad ciudadana, señala que se deben implementar medidas estrictas contra el crimen organizado que pone en peligro la vida de los empresarios y a sus clientes, lo cual impide el crecimiento y desarrollo del país.

SECTOR QUÍMICO

A su turno, Mauro Pineda, presidente del Gremio Químico de la CCL, indica que en el mensaje presidencial esperan que se traten importantes puntos como la intervención del Estado ante los excesos municipales a través de la defensa de los administrados, a fin de evitar las interpretaciones de la ley, de manera antojadizas, maliciosas y que van con la ilegalidad. “Los funcionarios de algunos municipios ponen en práctica y solo pretenden recaudación”, agrega.

En cuanto a la puesta en eficiencia del Ministerio de Transporte para evitar la falta de conductores profesionales, Pineda señala que los empresarios del sector químico esperan lograr la operatividad de sus unidades vehiculares, con el fin de evitar las componendas para beneficiar a empresas que se dicen ‘homologadas’. “Esto se daría con eliminar las barreras burocráticas que impiden una libre competencia empresarial y una homologación sin barreras”, puntualiza.

 

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A pocas semanas de las Fiestas Patrias, los empresarios aguardan con expectativa el Mensaje a la Nación que la presidenta de la república, Dina Boluarte, emitirá, y en el que tradicionalmente, además de brindar un balance anual de su gestión, anuncia los pasos a seguir de su Gobierno.

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Ante este acontecimiento, que sucede cada 28 de julio, consultamos a los representantes de gremios, comisiones e institutos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sobre qué anuncios esperan escuchar en áreas clave como economía, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, educación, salud, entre otras.

Economía peruana

En el ámbito económico, el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la CCL, Óscar Chávez, considera que el Mensaje del 28 de julio debe sentar las bases para un mayor crecimiento económico sostenido, que contribuya a la creación de empleo formal, la reducción de la pobreza y que genere los ingresos tributarios que permitan al Gobierno cerrar brechas importantes en el país.

“El Ejecutivo debe asumir el compromiso de respetar el equilibrio fiscal para evitar que iniciativas legislativas afecten la estabilidad macroeconómica, no solo de este, sino de futuros gobiernos. Hay que evitar el deterioro de la calificación crediticia del país, pues esto afectará el costo del financiamiento del sector privado, esencialmente la inversión privada que se realiza en un horizonte de largo plazo”, señala el economista.

Asimismo, Chávez indica que el panorama internacional no está claro, por lo cual se necesita en mayor medida del desarrollo de capacidades productivas para recuperar la economía del país. “Será difícil repetir la atípica tasa de crecimiento registrada en abril (+5,28 %)”, agrega.

Respeto institucional

Para el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción y primer vicepresidente de la CCL, Hernán Lanzara, en el discurso presidencial, se espera un enfoque renovado y decidido hacia la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en el país, con una reafirmación del compromiso del Gobierno en el firme respeto a las instituciones democráticas, la separación de poderes y el Estado de derecho.

“La caída significativa en el respaldo empresarial, como se ha reportado recientemente, refleja la necesidad apremiante de restaurar la confianza en el liderazgo gubernamental a través de gestos concretos, como el de separar a funcionarios corruptos una vez presentadas las evidencias de sus actos ilícitos o el respaldo a la labor de los fiscales anticorrupción”, precisa el representante del gremio empresarial.

En este sentido, Lanzara está a la expectativa de que la mandataria reafirme su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, buscando reconstruir puentes con el sector privado y otros actores clave de la sociedad civil.

“Las recientes acciones del Congreso de la República aprobando modificaciones legislativas que debilitan la colaboración eficaz, que liberan de responsabilidad penal a los partidos políticos ante supuestos ilícitos por falta de transparencia, sumadas a los intentos parlamentarios por derogar la Ley del Servicio Civil y otras normas que intervienen en el desempeño de distintas organizaciones e instituciones de la sociedad, evidencian una distorsión del marco legal que perjudica severamente el trabajo anticorrupción, favoreciendo a la impunidad y la comisión de delitos”, enfatiza el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.

Al respecto, Lanzara indica que el Perú ha adoptado compromisos internacionales, incluyendo las directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), las cuales subrayan la importancia de mantener leyes que faciliten la persecución efectiva de actos corruptos y que aseguren la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción.

“Existe una profunda preocupación por el impacto negativo de las acciones de algunas entidades del más alto nivel del Estado en nuestra incorporación como país a este organismo”, añade.

“Por ello, se espera que la presidenta Boluarte aborde esta cuestión de manera directa en su discurso, invocando a los congresistas a reconsiderar sus últimas acciones, y explicando las medidas que el Ejecutivo tomará para salvaguardar la integridad del sistema político y el fortalecimiento del servicio civil, que redunda en la calidad de los servicios públicos”, resalta.

Medidas tributarias

En tanto, el presidente de la Comisión Tributaria y segundo vicepresidente de la CCL, Leonardo López, espera que la jefa de Estado haga referencia a las acciones concretas llevadas a cabo para luchar contra la evasión tributaria, sobre todo en lo que concierne a los beneficiarios de las economías ilegales dadas por la minería ilegal, la desforestación, el narcotráfico y el contrabando, considerando que estas representan cerca de 4 % del PBI.

“Además, esperamos que se dote de mayores recursos técnicos y financieros a la Administración Tributaria para contrarrestar los aludidos bolsones de evasión fiscal”, agrega.

En esa línea, el representante de la CCL muestra interés en que la presidenta le “declare la guerra” a la evasión tributaria y, como tal, lleve a cabo todos los esfuerzos necesarios para al menos reducirla en un porcentaje importante.

Adicionalmente, en aras de que las normas tributarias sean fruto del debate público, López aguarda que la máxima autoridad del Estado anuncie los alcances de las medidas tributarias que adoptará en función de la delegación de facultades tributarias otorgada por el Congreso.

Por otro lado, de cara a contribuir con la reactivación económica y el incremento de la inversión privada, el abogado espera que en el discurso presidencial se mencione el apoyo decidido a las propuestas tributarias para hacer del Perú una plataforma de producción audiovisual con alcance internacional, así como de producción y servicios de manufactura a través de la creación de zonas económicas de desarrollo, aprovechando las tendencias actuales de la economía de acercar la producción a las regiones de consumo (nearshoring).

Sector salud

Por su parte, el presidente del Gremio de Salud de la CCL, Sandro Stapleton, señala que el discurso presidencial es una oportunidad crucial para abordar lo más urgente en nuestro país: la crisis en el sistema de salud.

“Lo que esperamos es un reconocimiento claro y honesto de que la salud en nuestro país está en crisis. Hasta ahora, las medidas adoptadas no han resuelto los problemas de acceso a la salud para los ciudadanos”, remarca.

Entre los problemas más críticos, Stapleton detalla el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos. Añade que esto se debe a varios incumplimientos en pagos a proveedores, falta de adherencia a los contratos, y una programación inadecuada de las compras.

“Cuando finalmente se programan, los buenos proveedores ya no quieren participar por la falta de predictibilidad. Este grave problema de gestión debe ser abordado de manera inmediata. Si no se resuelve la gestión, poco se podrá hacer para mejorar el sistema de salud en general”, subraya.

Educación

En materia educativa, el Gremio de Educación de la CCL espera que se hagan anuncios en torno al restablecimiento de la meritocracia en la función docente, ya que esta debe ser el fundamento para el desarrollo de maestros, al incorporar nuevas competencias en el marco de un mundo que evoluciona y en el que la tecnología siempre está un paso adelante.

En esa misma línea, el referido gremio señala que también es fundamental mejorar la educación temprana, considerando que los recientes resultados de la Evaluación PISA nos muestran un retroceso en materias como matemática y un estancamiento de otros indicadores.

Con respecto a esa problemática, indica que se debe establecer un programa a nivel nacional que refuerce desde la educación inicial el aprendizaje de estas materias, incluso con acuerdos de gobierno a gobierno.

En otro punto importante, el Gremio de Educación de la CCL sostiene que el Gobierno debe tener una visión clara de la educación superior en el Perú, por lo cual se espera que el Estado frene ‘el carnaval’ de creación de universidades que están alentadas por el populismo y la campaña electoral, la mayoría de las cuales no tienen un sustento técnico.

Materia laboral

En el ámbito laboral, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, indica que los empresarios esperan escuchar en el del Mensaje Presidencial un cambio de enfoque en la forma como el Estado ve a los empleadores.

“Es importante que la sociedad en conjunto y el Estado, que tiene una importancia fundamental en ella, reconozcan el rol imprescindible de la inversión y la creación de empleo para el progreso del país. Desde esa perspectiva, sería saludable que se incorpore (en el discurso presidencial) una sección destinada a explicar cómo nuestro país fomentará la creación de empleos y cómo logrará que esos empleos sean decentes, vale decir, generados en el sector formal, con protección de la seguridad social y el respeto de los beneficios laborales”, puntualizó.

Las modificaciones a la legislación laboral deben venir del consenso social, y eso pasa por establecer diálogos reales de los actores sociales, vale decir, de trabajadores, los empleadores y el Estado. Esa también debería ser una prioridad del Mensaje.

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, el presidente encargado del Gremio de Comercio Exterior (X.COM), Bernd Schmidt, considera que en el discurso presidencial se deben abordartemas como la Ley Promocional del Agro con beneficios claros por periodos mayores a 20 años, a fin de promover mayores inversiones en el sector, así como crear un apoyo a los exportadores al incrementar el drawback.

“Reactivar un Plan Estratégico Exportador al 2050 con mayores recursos para promoción de exportaciones también es crucial para nuestro sector, así como contar con infraestructura estratégica que favorezca la competitividad del país. Es necesario contar con reglas sectoriales claras para la industria textil y confecciones que fomenten la inversión y faciliten el comercio exterior”, recalca.

Asimismo, se debe contar con la Ley de Zonas Económicas Privadas, con cero tasa de impuesto a la renta.

Construcción

A su turno, el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, Raúl Barrios, espera que se aborden temas cruciales para la construcción, tales como el cumplimiento del Estado con sus compromisos financieros hacia el sector privado, a fin de estimular la reactivación económica inmediata y la generación de empleos formales.

“También urgimos de medidas efectivas contra la extorsión en el sector, la creación de un sindicato único y una revisión integral de la Ley de Arbitraje, y de la intervención de la Contraloría General de la República en obras públicas para eliminar trabas burocráticas. Además, esperamos claridad sobre las nuevas reglas de contratación estatal y la programación detallada de obras a mediano y largo plazo para brindar certeza al mercado”, explica.

Junto a ello, Barrios aguarda noticias concretas sobre la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura 2023-2026, especialmente las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, cruciales para la reactivación económica y la competitividad del país.

“Es esencial derogar la Ley 31288, que ha detenido más de 3 000 obras debido a su enfoque sancionador excesivo; y archivar el Proyecto de Ley 7316/2023- CG, que podría paralizar obras públicas al considerar a contratistas y otros actores como funcionarios públicos”, refiere.

Seguridad ciudadana

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, señala que deben abordarse propuestas concretas y realizables en materia de seguridad ciudadana, que conduzcan a la reducción de los delitos y una mejora sustancial no solo en los indicadores de lucha contra la delincuencia, sino en la percepción de seguridad en la población.

“Si bien desde inicios de año la presidenta ha anunciado medidas y acciones para luchar contra la criminalidad, estas promesas no han pasado de meras declaraciones. Es imperativo que en su mensaje se anuncien medidas concretas de inmediata implementación y no propuestas que requerirán de varios meses para concretarse”, sostiene.

Conetta indica asimismo que iniciativas congresales como la que modifica la Ley contra el Crimen Organizado no solo deben ser observadas, sino condenadas por parte de la presidenta, pues terminan favoreciendo a grupos criminales y perjudican el trabajo tanto de la PNP como del Ministerio Público.

“Además, esperamos ver propuestas concretas en la lucha contra el ciberdelito, la minería ilegal y los efectos que tiene sobre la seguridad ciudadana; y la implementación de centros de flagrancia en el más breve plazo o destacar fiscales en las comisarías de lugares donde estos no puedan implementarse”, menciona.

Turismo

Por su parte la presidenta del Gremio de Turismo, Marienela Mendoza, advierte que en el discurso presidencial se deben abordar temas cruciales para reactivar la actividad turística a niveles prepandemia.

“Expresamos nuestra oposición al Proyecto de Ley 7851, que propone reducir el porcentaje del Fondo de Promoción Turística destinado a Promperú del 80 % al 20 %. Esta medida, de ser aprobada, tendría un impacto negativo en la promoción del turismo, al disminuir los recursos para posicionar a Perú como un destino atractivo a nivel mundial”, comenta.

Respecto a la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, programada para el 18 de diciembre, Mendoza espera que esta fecha sea postergada hasta febrero, ya que diciembre es una temporada alta para el sector turístico.

“Llevar a cabo la transición y pruebas operativas en ese momento podría generar inconvenientes a los usuarios, que podrían afectar la experiencia de miles de turistas durante fin de año”, añade.

 

 

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De acuerdo con el Artículo 104 de nuestra Constitución Política, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. En ese contexto, el 3 de mayo pasado, el Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, mediante el cual solicita la delegación para legislar en 10  áreas, por el plazo de 90 días calendario que se empezarían a contar desde que entre en vigor la referida ley.

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En líneas generales, somos de la opinión de que la delegación de facultades para legislar –sobre cualquier materia– debe tener carácter excepcional y debe concederse solo en casos en los que se requiera la dación de normas con urgencia y especialidad comprobadas.

De otro lado, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo 1565 que aprueba la “Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria”, la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR) es obligatorio para todos los proyectos de disposiciones normativas de carácter general de las entidades del Poder Ejecutivo, lo cual incluye anteproyectos de ley,  proyectos de decretos legislativos, proyectos de decretos supremos, así como otros de disposiciones normativas de carácter general propuestas o emitidas por las entidades públicas del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus facultades normativas.

La delegación de facultades no es una excepción a la obligación del análisis de impacto regulatorio en el Ejecutivo, lo que implica la transparencia y la publicación previa de las normas que proponen, para una real participación de los ciudadanos interesados.

Con la precisión anotada, a continuación, se detallan los principales temas considerados dentro de la solicitud de delegación de facultades:

1. En materia de fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público–privada y gestión de servicios:

  • Silencio administrativo positivo para procedimientos administrativos relacionados con las actividades productivas y la generación de empleo.
  • Medidas de impulso para el avance de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada.
  • Modificar el DL N.° 1071, a efectos de fortalecer el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (Renace).
  • Masificación del gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural.
  • Unificar los requisitos para que las empresas accedan y permanezcan en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).

 

2. En materia de mejora de la calidad de la inversión pública:

  • En inversión pública y de contratación pública, solicitó ampliar el plazo de:
    • Las disposiciones especiales sobre las licencias de habilitación urbana o de edificación, hasta el 31 de diciembre de 2026.
    • Las disposiciones sobre elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión pública, hasta el 31 de diciembre de 2026.
    • La elaboración y aprobación de las metodologías específicas aplicables a las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, hasta el 31 de agosto de 2025.
  • Medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas (Ley N.° 31589, que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas).
  • Modificar el Decreto Legislativo N.º 1274, para la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento del sistema de aguas y saneamiento en el ámbito rural.
  • Autorizar a la Autoridad Nacional de Infraestructura para que identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencia del hub portuario de Chancay, (generación de cartera de inversiones estratégicas que incluyan inversiones con montos menores a S/ 200 000 000).

 

3. En materia de fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado:

  • Fortalecimiento de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) (facilitar ingreso de nuevos accionistas, mejora de gobierno corporativo).
  • Eficiencia de empresas públicas: fortalecer el rol rector del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) (unificar el marco legal de la actividad empresarial del Estado).

 

4. En materia de reducción de costos de transacción:

  • Protección al tercero registral: modificar el artículo 2014 del Código Civil.
  • Simplificar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos en las oficinas registrales a nivel nacional: modificar los artículos 2033, 2037, 2038, 2040 y 2042 del Código Civil.

 

5. En materia de acceso y competencia en servicios financieros:

  • Reducir el capital mínimo para empresas de transporte, custodia y administración de numerario (transporte de valores).
  • Fortalecer la regulación de fondos de inversión.
  • Regulación de interoperabilidad de pagos inmediatos.
  • Fortalecer el Fondo Agroperú.

 

6. En materia de equilibrio fiscal:

  • Modificar la Ley N.° 31541 para reducir gradualmente el déficit fiscal y la deuda pública.
  • Modificar los Decretos N.° 1275 y N.° 955 para mejorar la gestión fiscal subnacional y distribución de recursos.
  • Integrar y centralizar la administración financiera pública modificando el Decreto N.° 1436.
  • Fortalecer la gestión fiscal de recursos humanos y regular la asignación eficiente de fondos públicos.
  • Establecer normas de negociación colectiva que consideren la capacidad financiera del Estado.
  • Implementar el régimen del servicio civil con coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
  • Actualizar los Decretos N.° 1441 y N.° 1437 para mejorar la gestión de tesorería y recuperación de créditos impagos.

 

7. En materia tributaria:

  • Tributación de modelos de negocio de la economía digital:
  • Modificar la Ley del IGV e ISC:
    • Para implementar un mecanismo para recaudar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de operaciones con proveedores no domiciliados (servicios digitales de streaming y otros).
    • Para incluir juegos a distancia y apuestas deportivas en el ámbito del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
  • Modificar la Ley N.° 31557, relativa a juegos a distancia y apuestas deportivas, para regular adecuadamente la aplicación del impuesto.
  • Modificar la Ley N.° 29774: reducir el monto aplicable a la importación de bienes de bajo valor y mejorar su control (envíos de entrega rápida, actualmente inafecto hasta US$ 200).

 

  • Tratamiento tributario de empresas de menor tamaño
    • Crear el Régimen Emprendedor: simplificar el Impuesto a la Renta para pequeñas empresas, con declaraciones de ingresos y egresos mensuales, pagos a cuenta y regularización anual. Permitir deducciones de egresos.
    • Modificar en Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS): ajustar reglas de acogimiento, categorización, cuotas mensuales, y eliminar el Régimen Especial de Renta y el Régimen Mype Tributario (RMT).
    • Regular la deducción adicional temporal por la contratación de nuevos trabajadores.
    • Modificar la Ley N.° 31940 que amplió los plazos de declaración y pago del Impuesto a la Renta para pymes y personas naturales.

 

  • Perfeccionamiento del sistema tributario:
    • Modificar la Ley del IGV e ISC:
      • Incluir soluciones líquidas para vaporizadores en el ISC y ajustar tasas impositivas.
      • Mejorar el Registro de Compras con herramientas tecnológicas.

 

  • Hacer obligatoria la metodología de determinación de costos en procedimientos administrativos y servicios exclusivos de las entidades del Poder Ejecutivo (que las tasas se cobren por el costo del servicio).

 

  • Modificar la Ley N.°31903: limitar la libre disposición de fondos de cuentas de detracciones a pequeñas empresas y establecer condiciones mínimas para su acceso (retroceder en la norma vigente).

 

  • Modificar el Código Tributario:

 

  • Para regular intereses de devoluciones y multas tributarias. (retroceder en el aumento que se dio por ley de las tasas aplicadas a las devoluciones a los contribuyentes).
  • Para regular el alcance de la reserva tributaria para análisis de datos y formular políticas tributarias.
  • Para agilizar el cobro de deudas tributarias a través de:
    • Procedimiento para atribuir responsabilidad solidaria en el cobro de deudas tributarias.
    • Regulares criterios para dictar medidas cautelares previas si la cobranza parece infructuosa.
    • Excepciones a la reserva tributaria: Permitir que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) publique información según el nivel y estado de la deuda.
    • Requisitos de apelación: adecuar los requisitos para apelar en función del riesgo del deudor.
    • Cambiar reglas de contracautela en procesos judiciales tributarios.
    • Procedimientos contenciosos: modificar plazos y reglas para estos procedimientos.
    • Tribunal Fiscal: modificar su conformación y funcionamiento.
    • Sentencias casatorias: definir los alcances de las sentencias casatorias de la Corte Suprema.
  • Perfeccionar las Tablas de Infracciones y Sanciones, según el principio de proporcionalidad.

 

  • Modificar la Ley del Impuesto a la Renta:
    • Cambiar la regla de deducciones de gastos de directores.
    • Cambiar las reglas de pagos a cuenta de Cuarta categoría.
    • Cambiar las condiciones de habitualidad en enajenación de inmuebles.
    • Establecer las obligaciones de pagos a cuenta para enajenaciones indirectas de rentas de segunda categoría.
    • Regular los intereses de deuda y deducción de gastos vinculados a financiamiento.
    • Perfeccionar los acuerdos anticipados de precios de transferencia.

 

  • Regular acceso a información financiera: modificar la Ley N.° 26702 para facilitar el acceso a información financiera por parte de la Sunat.
  • Regular intercambio automático de información: incorporar normas antielusivas y sanciones para declaraciones falsas de residencia fiscal.
  • Simplificar inscripción en el RUC: facilitar la inscripción de personas jurídicas extranjeras con establecimientos permanentes en el país.
  • Aprobar fraccionamiento especial de deudas: incentivar el pago de deudas administradas por la Sunat con un bono de descuento condicionado al cumplimiento del pago.

 

8. En materia de política criminológica y penitenciaria:

  • Código Penal: optimizar la tipificación de difusión de contenido y chantaje sexuales con tecnología digital.
  • Seguridad penitenciaria: regular obligaciones y sanciones para concesionarios de telecomunicaciones en prisiones.
  • Ley contra el crimen organizado: ampliar alcance y establecer agravantes especiales para la delincuencia organizada.
  • Derecho de autor: aumentar la protección contra la reproducción, distribución y difusión no autorizada de obras.

 

9. Desarrollo urbano y acceso a vivienda en el ámbito e influencia del terminal portuario de Chancay

  • Ley N.° 31313: modificar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para mejorar la planificación de ciudades y centros poblados.
  • Terminal Portuario de Chancay: autorizar disposiciones especiales para la intervención estratégica en su ámbito de influencia, facilitando proyectos priorizados.

 

10. En materia de seguridad y defensa nacional en inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital:

  • Intervención de Fuerzas Armadas: modificar el Decreto Legislativo N.° 1095 para regular su intervención excepcional en orden interno.
  • Interoperabilidad migratoria: establecer el marco normativo para la interoperabilidad entre entidades migratorias.
  • Intangibilidad de predios para Defensa: garantizar la protección de inmuebles destinados a fines de Defensa Nacional.
  • Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena): crear la Sedena para gestionar y coordinar el Sistema de Defensa Nacional.
  • Ciberdefensa en Fuerzas Armadas: incluir la competencia en ciberdefensa en la organización de las Fuerzas Armadas.
  • Uso de redes de telecomunicaciones: establecer reglas para evitar comunicaciones fraudulentas en telecomunicaciones.
  • Gestión de Riesgos de Activos Críticos: regular la identificación, evaluación y gestión de riesgos de Activos Críticos Nacionales.
  • Uso de datos de telecomunicaciones: modificar el Decreto Legislativo N.° 1182 para regular el uso de datos en la lucha contra el crimen.

 

 

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Roberto De La Tore presidirá la CCL en el periodo 2024-2025

Como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) fue elegido, en Asamblea General Ordinaria, Roberto De La Tore Aguayo, quien liderará el gremio empresarial en el periodo 2024-2025. El dos veces vicepresidente de la CCL reemplaza a Rosa Bueno de Lercari, quien se desempeñó en el cargo por dos periodos sucesivos.

La juramentación de Roberto De La Tore Aguayo y su Consejo Directivo se llevó a cabo el último 18 de abril, en una ceremonia privada realizada en la sede principal del gremio empresarial. Integran el referido Consejo Directivo: Hernán Lanzara Lostaunau y Leonardo López Espinoza, quienes asumen las funciones de primer vicepresidente y segundo vicepresidente de la CCL, respectivamente. En tanto, Jaime García Díaz asumió el cargo de tesorero, mientras que Juan Antonio Castro Molina, Jorge Ochoa Garmendia, Luis Guillermo Marroquín Postigo y Gabriela Fiorini Travi serán vocales.

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Durante su discurso, en la ceremonia por el 136 aniversario del gremio empresarial, Roberto De La Tore consideró que, ante la creciente desconfianza y polarización, es necesario fortalecer y profundizar aspectos fundamentales que ayuden al país a construir un futuro compartido, como es escuchar, articular, conectar y consensuar.

“Por ello, nuestro rol como dirigentes empresariales es identificar una agenda mínima de consenso, promoviendo el reencuentro y el diálogo, que nos conduzcan hacia el desarrollo económico”, manifestó.

Ante la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de distintas entidades públicas y del sector privado, aprovechó para comprometerlos a trabajar de manera conjunta y coordinada, en una cultura basada en la integridad, lealtad, transparencia y solidaridad.

Por ello, sostuvo que “el nuevo rol del empresario es ser un partícipe activo de la toma de decisiones que trascienden al ámbito de sus actividades, así como proponer soluciones que permitan al país crecer, fortalecerse y ser competitivo, ofreciendo oportunidades y una mejor calidad de vida a su población, defendiendo el libre mercado”.

Precisamente, la CCL, en los últimos años, ha aportado al debate nacional propuestas de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la democracia, el libre mercado, la formalidad y, en la actual coyuntura, a garantizar la seguridad ciudadana.

Por tanto, aseguró que la agenda pública de la Cámara contará, además de las mencionadas, con iniciativas enfocadas en los ámbitos de la salud, la educación y la justicia, pues consideró que son “piedras angulares” que permitirán cimentar un país con bases sólidas. En ese sentido, instó al diálogo constructivo, que respete y valore las discrepancias, pues mencionó que, de no lograrlo, se corre el riesgo de retroceder lo avanzado.

Ello considerando también que el país atraviesa una crisis económica, un escenario que hace necesario fortalecer la reactivación a través del impulso de la inversión privada, “la que requiere de predictibilidad y confianza para creer y para crecer”.

Respecto a los altos índices de inseguridad y violencia, Roberto De La Tore manifestó, ante este complejo panorama, que “lo que nos falta es trabajar de manera articulada entre los gobiernos central, regional y local, el Poder Legislativo, los órganos de justicia, la academia, el sector privado y todos los actores de la sociedad, para alcanzar metas concretas, estableciendo políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, para edificar una sociedad con valores, que respeta la ley y convive sanamente a pesar de sus diferencias”.

Experiencia gremial

Roberto De La Tore, quien también sigue presidiendo el Gremio de Comercio Exterior (XCOM) de la Cámara, es bachiller en Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en la Escuela Nacional de Aduanas (Sunat) con título de agente de Aduanas, así como en el Programa Anual de Comercio Internacional de ESAN. Además, cursó el programa de Desarrollo Directivo en el PAD de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

En su trayectoria profesional, el líder gremial de la CCL fue presidente del directorio de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) en 2023, y ejerció el cargo de vicepresidente en el Patronato Barrio Seguro, durante el periodo 2021-2023.

Además, el flamante presidente de la CCL forma parte del Grupo Consultivo en Temas Aduaneros de Sunat-Aduanas y de la Comisión Multisectorial Mixta del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). También fue miembro de la Comisión Especial de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Mincetur.

Asimismo, ha integrado el Consejo Directivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – Promperú (2007-2021) y el Consejo de Usuarios de Puertos – Ositran (2015-2017, 2019-marzo de 2023). Ha participado en el Consejo de la Red Vial de Ositran (2015-2019) y en el Consejo de Usuarios de Aeropuertos de Ositran (2018-2020).

Propuestas realizadas

A su turno, en su balance de gestión, la hoy past president de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, destacó que aportaron al debate nacional con propuestas de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la democracia, el libre mercado, la formalidad y la seguridad ciudadana que demandan la ciudadanía y el ámbito empresarial.

Subrayó que, de ese modo, la Cámara también innovó en liderazgo empresarial y “todo ello, además, basado en dos ejes transversales tales como integridad e innovación, dando énfasis a la transformación digital y la inteligencia artificial”, manifestó.

Cabe anotar que en la ceremonia por el 136 aniversario de la CCL participaron la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el ministro de Economía, José Arista; el ministro de Educación, Morgan Quero; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho y diversas autoridades.  También se hicieron presentes líderes gremiales, empresarios asociados, directivos y ejecutivos del gremio empresarial.

“Somos referentes en distintos ámbitos de liderazgo”

El flamante primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Hernán Lanzara Lostaunau, reconoció el liderazgo y el compromiso de la labor desplegada por la hoy past president de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, en beneficio del país y el empresariado, en el marco de una cena realizada en honor al Consejo Directivo saliente del gremio empresarial.

“Rosa, has trabajado sobre el importante legado de nuestros expresidentes, potenciando como nunca antes nuestra institución”, destacó.

Como resultado de este trabajo, resaltó, la Cámara es reconocida por los medios de comunicación, por otras instituciones empresariales, de la sociedad civil, dirigentes políticos, de la academia y hasta del ámbito sindical, como una institución líder que ejerce una acción positiva con aportes en distintos espacios del quehacer nacional.

“Por ello, nos convocan y nuestros representantes son referentes en diversos ámbitos de opinión y liderazgo. Esta tarea implica dedicación y esfuerzo, procurando el diálogo y debate interno, siempre enriquecedor, haciendo frente a las críticas y buscando el consenso”, dijo.

 

 

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“Peruanos podemos construir un futuro compartido si articulamos, conectamos, escuchamos y consensuamos”

El empresario Roberto De La Tore Aguayo asumió la presidencia de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para el periodo 2024-2025, sucediendo a Rosa Bueno de Lercari, quien se desempeñó en el cargo por dos periodos sucesivos. Ello en el marco del 136 aniversario del gremio empresarial que fue celebrado en su sede institucional.

Lo acompañan en su gestión Hernán Lanzara Lostaunau y Leonardo López Espinoza, quienes asumieron la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

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Durante su discurso, Roberto De La Tore consideró que, ante la creciente desconfianza y polarización, es necesario fortalecer y profundizar aspectos fundamentales que ayuden al país a construir un futuro compartido, como es escuchar, articular, conectar y consensuar.

“Por ello, nuestro rol como dirigentes empresariales es identificar una agenda mínima de consenso, promoviendo el reencuentro y el diálogo, que nos conduzcan hacia el desarrollo económico”, manifestó.

Ante la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de distintas entidades públicas y del sector privado, aprovechó para comprometerlos a trabajar de manera conjunta y coordinada, en una cultura basada en la integridad, lealtad, transparencia y solidaridad.

Por ello, sostuvo que “el nuevo rol del empresario es ser un partícipe activo de la toma de decisiones que trascienden al ámbito de sus actividades, así como proponer soluciones que permitan al país crecer, fortalecerse y ser competitivo, ofreciendo oportunidades y una mejor calidad de vida a su población, defendiendo el libre mercado”.

Precisamente, la Cámara de Comercio de Lima, en los últimos años, ha aportado al debate nacional propuestas de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la democracia, el libre mercado, la formalidad y, en la actual coyuntura, a garantizar la seguridad ciudadana.

Por tanto, aseguró que la agenda pública de la CCL contará, además de las mencionadas, con iniciativas enfocadas en los ámbitos de la salud, la educación y la justicia, pues consideró que son “piedras angulares” que permitirán cimentar un país con bases sólidas.

En ese sentido, instó al diálogo constructivo, que respete y valore las discrepancias, pues mencionó que, de no lograrlo, se corre el riesgo de retroceder lo avanzado.

Ello considerando también que el país atraviesa una crisis económica, un escenario que hace necesario fortalecer la reactivación a través del impulso de la inversión privada, “la que requiere de predictibilidad y confianza para creer y para crecer”.

HACER FRENTE A LA INSEGURIDAD

Respecto a los altos índices de inseguridad y violencia, Roberto De La Tore manifestó que, desde el sector privado, la CCL seguirá colaborando con las estrategias del Gobierno, a través de diversas propuestas.

“Por ello, convocamos a nuestras autoridades a trabajar con el sector privado para dar pasos trascendentales frente a los problemas que aquejan a nuestro país”, subrayó.

Ante este complejo panorama, sostuvo que “lo que nos falta es trabajar de manera articulada entre los gobiernos central, regional y local; el Poder Legislativo, los órganos de justicia, la academia, el sector privado y todos los actores de la sociedad, para alcanzar metas concretas, estableciendo políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, para edificar una sociedad con valores, que respeta la ley y convive sanamente a pesar de sus diferencias”.

PROPUESTAS CCL QUE APORTARON AL DEBATE

A su turno, en su balance de gestión, la hoy past president de la CCL Rosa Bueno de Lercari destacó que aportaron al debate nacional con propuestas de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la democracia, el libre mercado, la formalidad y la seguridad ciudadana que demandan la ciudadanía y el ámbito empresarial.

Subrayó que, de ese modo, la Cámara también innovó en liderazgo empresarial y “todo ello, además, basado en dos ejes transversales tales como integridad e innovación, dando énfasis a la transformación digital y la inteligencia artificial”, manifestó.

Igualmente, recordó que, en su gestión, asumió la presidencia pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) que, pese a dificultades externas, logró mantener estable el proceso de integración entre los países miembros. De igual manera, destacó la reciente creación del programa Generación F, el cual busca la formación y participación activa de jóvenes líderes en la construcción de la libre empresa y una sociedad más democrática.

Cabe anotar que en la ceremonia por el 136 aniversario de la CCL participaron la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el ministro de Economía, José Arista; el ministro de Educación, Morgan Quero; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana y diversas autoridades. También se hicieron presentes líderes gremiales, empresarios asociados, directivos y ejecutivos del gremio empresarial.

 

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“El sistema político y las instituciones se han vuelto disfuncionales para el crecimiento económico”

¿Qué tanto puede la crisis política afectar a nuestra economía y a la percepción en el exterior de nuestro país? 

Cualquier elemento o factor que introduzca incertidumbre va a generar un impacto negativo a nivel local o internacional. Sobre el caso Rolex (que involucra a la presidenta Dina Boluarte), ello dependerá de cómo se desenvuelve el tema en los días siguientes. De no ser transitorio y de tener un mayor alcance podría generar más ruido político y mayor incertidumbre. 

Por el momento, estamos siguiendo de cerca este evento político, pero todavía no hemos tomado la decisión de mover nuestras proyecciones. 

Esperemos que este tema se solucione de la mejor manera, lo que debe pasar necesariamente por una mayor transparencia. Todavía está pendiente una declaración (de la presidenta Dina Boluarte) ante la Fiscalía. 

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¿Los cambios ministeriales son una buena señal? 

Habría que analizarlo desde el punto de vista político, considerando que algunos ministros salientes estaban cuestionados, mientras que otros venían realizando una buena labor. Quizás es parte de la negociación política para darle una mayor estabilidad al régimen. Entonces, si la consecuencia es darle al país una mayor estabilidad, esto podría ser un síntoma positivo. 

De ser una maniobra del Ejecutivo para contener iniciativas populistas provenientes del Congreso, las consecuencias serían negativas. Esperemos a ver qué sucede, ya que el gabinete tiene pocos días de asumir sus funciones.

 

¿En qué temas debe poner énfasis el nuevo gabinete para empujar el crecimiento del país?  

Para nosotros, los ejes centrales deben estar enfocados en mejorar la calidad de los servicios públicos, particularmente en educación, salud y seguridad.  

Asimismo, apuntalar a reducir la brecha de infraestructura, acelerando los proyectos de inversión pública bajo las diferentes modalidades como Asociaciones Público Privadas (APP), obras por impuestos, entre otras. 

También es importante mejorar el funcionamiento de ciertos mercados que hoy tienen un mal desempeño. Por ejemplo, el mercado laboral donde el nivel de informalidad llega al 70 % y que condena a muchos ciudadanos a no recibir beneficios como seguridad social, sistema de pensiones, etc. 

Finalmente, el Ejecutivo, como tema fundamental, debe velar por un clima de negocios que sea favorable para la inversión privada, pues sin inversión no se puede generar nuevas fábricas, empleos, crecimiento económico, reducción de la pobreza, etc. 

 

¿Qué papel juegan actualmente nuestras instituciones en el desempeño económico? 

Somos un país con grandes retos y desafíos, pero lamentablemente nuestro sistema político y nuestras instituciones se han vuelto disfuncionales para el crecimiento económico. Para que las economías de mercado puedan funcionar de manera adecuada, se necesitan de instituciones fuertes que permitan canalizar demandas de los ciudadanos, así como reglas claras en los contratos, un sistema judicial predecible, etc. 

Hoy, con un crecimiento lento, se siente una mayor ausencia de instituciones adecuadas. Este deterioro secular viene dándose desde hace diez años, el mismo que ha ido desmantelándose en el tiempo, desacelerando y debilitando nuestro crecimiento económico. 

Por ello, es necesario renovar y fortalecer nuestras instituciones, las que deben promover un Gobierno honesto, apoyar en temas de seguridad, y afianzar el sistema político, lo que lastimosamente hoy no se aprecia. 

 

Con respecto al megapuerto de Chancay, ¿qué opina sobre el proceso judicial pendiente sobre la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria? 

Me deja una preocupante sensación. Respecto al tema de contratos, se puede interpretar que fue un cambio abrupto en las reglas de juego. Pero, por otro lado, también puede ser que haya sido oportuno hacer esa observación a pesar de que el proyecto está a punto de concluir, denotando que el Puerto de Chancay se negoció mal. 

Esto sugiere que, para el desarrollo de este tipo de contratos, la administración pública necesita atraer talento del sector privado, lo que implica pagar buenos salarios y retener personal de alta productividad. Ojalá este tema pueda resolverse de la mejor manera, considerando que es un proyecto emblemático a corto plazo y de índole internacional a nivel de comercio exterior. 

 

BBVA Research proyectó un crecimiento de la economía del país de 2,7 % para este año. ¿Qué sectores productivos impulsarán este incremento? 

Las proyecciones emitidas incorporan un escenario de ruido político. En ese contexto, para este 2024, el sector Pesca será uno de los más dinámicos, con una expansión de 17,4 % considerando que los factores climáticos y las temperaturas de la superficie del mar se están normalizando. Otros sectores con favorables desempeños, en términos de crecimiento, serían Hidrocarburos y Manufactura Primaria, con 5,1 % y 5,2 %, respectivamente.  

Por el lado de los sectores no extractivos, Construcción tendría una performance positiva superior al 3 %. En tanto, Comercio y Servicios tendrá un avance más discreto, de alrededor de 2,5 %.  

 

¿El sector Minero seguirá desacelerándose este año?  

Efectivamente. Y esto se explica por un menor efecto del proyecto Quellaveco (en Moquegua). No obstante, se prevé un crecimiento de alrededor de 5 % para el sector Minero, debido a la normalización en la producción de algunos yacimientos que, en 2023, fueron parcialmente afectados por la convulsión política y social. 

 

¿Cuáles son sus estimaciones sobre la reducción de la pobreza? 

Si bien los resultados de 2023 se conocerán de manera oficial entre abril y mayo, estimamos que la pobreza se habría situado en 29 % al cierre del año pasado, cifra superior al 27,5 % de 2022, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado es el reflejo de la contracción de la economía y de una inflación relativamente alta. De ser correcta nuestra previsión, unos 640 000 peruanos habrían pasado a estar en situación de pobreza en 2023. 

Para 2024, estos niveles se mantendrían extendiéndose en los próximos cinco años. Pero, a partir de 2029, la pobreza empezará a declinar de manera lenta y progresiva, ubicándose en alrededor de 27 %. No obstante, dicho valor todavía estaría por encima del nivel prepandemia, considerando que, en 2019, la pobreza se ubicaba en 20 %.  

 

¿Cuáles serían esos factores que contribuirán a declinar la pobreza?  

Se daría con un crecimiento económico de alrededor de 2,6 % sumado a una inflación más moderada que erosionará en menor medida en la capacidad adquisitiva de las familias, lo que va a contribuir a una recuperación paulatina. 

Pero, para llegar a un nivel de pobreza del 20 % con dicha tasa de crecimiento, se necesitarán más de 20 años. Esto es demasiado tiempo. No obstante, si queremos reducir la pobreza en menos años, ello implica un mayor crecimiento. Por ejemplo, la pobreza, que en 2004 se situaba en 58 %, pasó a 20% en 2019, es decir, se redujo en 38 puntos porcentuales en 15 años. Desde luego, fue un periodo con tasas de crecimiento más elevadas, con un promedio anual por encima del 5 %.     

 

¿Cómo vamos en lo que se refiere a la generación de empleo? 

Este año vendría mejor que 2023, ya que las tendencias negativas empezaron a revertirse. Para 2024 esperamos un crecimiento de inversión de alrededor del 2 %, lo que difiere de la contracción de 7,1 % que se dio el año pasado. Ello debido a que estimamos algo más de inversiones, lo que implicaría más empleo; por lo tanto, las condiciones del mercado laboral deberían mejorar. 

 

¿Se espera un resultado alentador para la economía del país en el primer trimestre del año? 

Estamos revisando dichas cifras, pero el consenso es que se habría llegado a un crecimiento de 2 % con respecto a similar periodo 2023. Este avance representaría cierta lentitud, lo cual refleja la normalización de ciertas actividades, sobre todo aquellas que fueron afectadas en el año previo ya sea por la convulsión social, efectos climatólogicos, etc.  

Quiero finalizar que las perspectivas de crecimiento para el Perú en los próximos años serán similares al crecimiento en América Latina (2 %), siendo un valor bajo para reducir la pobreza y la generación masiva de empleo de calidad. En años anteriores, crecíamos dos puntos más que la región y marcábamos la diferencia con algunos países.  

 

 

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Demandan a Presidenta de la República liderar acciones concretas contra la delincuencia

En una reunión en el Palacio de Gobierno, representantes de gremios de trabajadores y empresarios presentaron un llamado urgente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que ella, como jefa de Estado, lidere una instancia multisectorial que ejecute medidas efectivas para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, tanto nacional como transnacional.

Los trabajadores y empresarios, integrantes del Comité contra la Delincuencia y por la Paz, expresaron en una reciente conferencia de prensa su preocupación por la creciente ola de criminalidad que afecta al país y demandaron la creación de una instancia de alto nivel con poder decisivo para enfrentar este desafío. Esta propuesta ha sido atendida por la Presidenta de la República, quien en la cita de hoy comunicó a los representantes gremiales su inclusión y participación activa en dicha comisión multisectorial.

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En ese sentido, la mandataria —quien estuvo acompañada del primer ministro Gustavo Adrianzén, y los ministros de Economía, Interior, Defensa, Energía y Minas, Producción—, informó que el Ministerio del Interior está trabajando el Plan Perú Seguro, y  convocó a los representantes gremiales a una nueva reunión para el miércoles 27 de marzo, a fin de que juntos evalúen y aporten a la mejora de dicho plan.

Propuestas de los trabajadores y empresarios

En la cita de hoy, tanto los representantes de los trabajadores como de las empresas coincidieron en señalar que los esfuerzos que el Gobierno anuncia deben ser articulados y más enfocados en la delincuencia organizada y transnacional. En esa línea, se planteó hacer seguimiento a las normas que ponen en riesgo el trabajo contra la minería ilegal, la criminalidad organizada y la colaboración eficaz.

Entre las propuestas concretas de los gremios, que tienen como base medidas ya estudiadas por el Poder Judicial, se encuentra la implementación de 47 centros de flagrancia con procesos estandarizados, así como recursos logísticos y humanos especializados.

En esa línea, la presidenta Boluarte Zegarra manifestó que el Ejecutivo está coordinando  con el Poder Judicial para transferirle el presupuesto necesario a fin de que esta institución implemente dichos centros de flagrancia en el ámbito nacional.

Otra propuesta de los gremios está orientada al fortalecimiento con equipos de inteligencia a las instituciones encargadas de combatir la inseguridad, por lo que  invocaron que el presupuesto de 5 mil millones de soles que el Ejecutivo está destinando para este objetivo, esté acompañado de una estrategia a fin de que se use correctamente y no se diluya sin lograr resultados concretos.

En la cita también se destacó la posibilidad de utilizar el mecanismo de obras por impuestos orientadas a  realizar inversiones que complementen los esfuerzos del Estado. Para ello, los representantes gremiales señalaron que si bien este mecanismo es muy útil y hay una apuesta del empresariado por su ejecución, el Gobierno debe garantizar la infraestructura, la logística y el recurso humano necesarios en las instituciones destinadas a combatir todas las formas de delincuencia y crimen organizado, si no, la guerra la ganará la delincuencia.

Representantes de organizaciones gremiales

Cabe señalar que los representantes de las organizaciones gremiales presentes hoy en la reunión con la presidenta Dina Boluarte, y que conforman el Comité contra la Delincuencia y por la Paz son los siguientes:

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal; el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Jorge Zapata; el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López; el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante; el director de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rafael del Campo; y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi.

Así también, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari; y el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro.

 

 

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“Esperamos llevar las propuestas de lucha contra el crimen a un grupo más amplio para tener el apoyo de los peruanos”

Los representantes de los gremios empresariales y de trabajadores de diversos sectores económicos del país llegaron esta mañana a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte, con el propósito de exponer sus propuestas de lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

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En la cita participó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, quien indicó que, durante la reunión de trabajo, convocada por la jefa de Estado, se pudieron escuchar las iniciativas planteadas por el sector privado y el sector de trabajadores representados por sus respectivos gremios.

“Estas propuestas de lucha contra el crimen organizado y la criminalidad que afecta al sector empresarial y, sobre todo, a nuestros ciudadanos, las hemos trabajado ya desde hace un tiempo, específicamente desde diciembre del año pasado; y esperamos llevarlas a un grupo más amplio donde podamos tener el apoyo y fuerza de todos los peruanos”, remarcó la líder empresarial.

Además, Bueno de Lercari dijo que el miércoles 27 se tendrá una nueva reunión de trabajo en la que el ministro del Interior, Víctor Torres, presentará el ‘Plan Perú Seguro’, y donde se podrá hacer los ajustes necesarios en línea con las propuestas planteadas por los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.

“En la cita también se acordó la conformación de una comisión en la que participarán el sector privado y los trabajadores a fin de sostener reuniones periódicas con el Ejecutivo”, precisó la presidenta de la CCL.

Compromiso de lucha contra el crimen

En esa misma línea, Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), comentó que “hemos comentado de manera muy rápida nuestras propuestas para combatir la criminalidad y las autoridades se han comprometido a implantarlas”, añadió.

En tanto, Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), comentó que el resultado de la reunión ha sido positivo, ya que a través de la mencionada comisión se buscará trazar objetivos y hacer seguimiento a su cumplimiento a fin de combatir el crimen en el país.

Cabe precisar que en la reunión también participaron el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén; así como los titulares del Ministerio del Interior, Víctor Torres; del Ministerio de Defensa, Walter Astudillo, del Ministerio de Economía, José Arista; del Ministerio de la Producción, Ana María Choquehuanca; y del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

Luego de la reunión, Boluarte declaró a la prensa que consideró valiosa la conversación sostenida con empresarios y trabajadores.

«Hemos escuchado sus propuestas en materia de seguridad ciudadana. Este es un tema que al inicio de este año marcamos como prioridad, además de la reactivación económica, y ya estamos tomando acción”, añadió.

Como parte la lucha contra la delincuencia, la jefa de Estado anunció la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, la cual estará integrada por 300 efectivos de élite y contará con recursos excepcionales para enfrentar y desmantelar mafias extranjeras que amenazan nuestra tranquilidad.

“Esta división trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se encargará de la capacitación de sus agentes”, precisó Boluarte luego de la reunión de trabajo que sostuvo con representantes de gremios empresariales y de trabajadores en Palacio de Gobierno.

Propuestas de gremios y sindicatos

Los representantes de los trabajadores como de las empresas coincidieron en señalar que los esfuerzos que el Gobierno anuncia deben ser articulados y más enfocados en la delincuencia organizada y transnacional. En ese sentido, se planteó hacer seguimiento a las normas que ponen en riesgo el trabajo contra la minería ilegal, la criminalidad organizada y la colaboración eficaz.

 

 

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CCL: Se debe transferir de inmediato recursos al Mininter para luchar contra el crimen organizado

Las acciones en materia de seguridad anunciadas por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su mensaje del 28 de julio último deben ir acompañadas de una inmediata transferencia de recursos significativos al Ministerio del Interior (Mininter) para que se puedan potenciar comisarías, modernizar el equipamiento policial y, por consiguiente, reforzar las labores de seguridad ciudadana.

 

Así lo señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Giovanni Conetta, quien precisó que “no se puede esperar de la Policía Nacional resultados diferentes en la prevención de delitos y combate a la delincuencia organizada sin la urgente asignación de los recursos necesarios”.

 

Agregó que “se puede agilizar la ejecución de proyectos de comisarías mediante mecanismos de Obras por Impuestos y Proyectos en Activos”.

 

Conetta consideró necesario – también – que en la estrategia del Gobierno en temas de seguridad se incorpore tanto la creación de indicadores clave de rendimiento (KPI) para hacer un seguimiento adecuado de los resultados de las acciones anunciadas y poder mejorar o corregir cuando corresponda, así como implementar políticas y medidas para fortalecer la ciberseguridad y combatir los ciberdelitos, que no fueron parte del discurso presidencial.

 

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“Para combatir y reducir la delincuencia, las políticas en seguridad deben tener un enfoque integral y de sostenibilidad”, subrayó el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.

 

Por otro lado, manifestó que los casos de violencia extrema en la comisión de delitos de robo de celulares y extorsión -principalmente ejecutados con modelos y organizaciones extranjeras- afecta gravemente la sensación de seguridad de los ciudadanos y empresas, que pierden competitividad. En tal sentido, solicitó al Gobierno adoptar medidas de implementación inmediata para garantizar la integridad y seguridad de todos los peruanos.

 

Finalmente, refirió que “la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL saluda la estrategia impulsada por la gestión actual del Ministerio de Interior, colocando a la seguridad ciudadana como tema de gran relevancia y haciendo frente a los casos de violencia extrema, instando a las autoridades a adoptar acciones de ejecución inmediata y exhortando a los empresarios y a los ciudadanos a tener conductas y medidas preventivas y denunciar los delitos para abordar la seguridad con un enfoque de corresponsabilidad”.

 




César Vásquez Sánchez es el nuevo ministro de Salud

César Vásquez Sánchez juró este lunes 19 de junio como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Rosa Gutiérrez, quien renunció al cargo el pasado 15 de junio ante las críticas que recibió por su cuestionada labor frente a la epidemia del dengue en el país.

 

Vásquez es un médico y político peruano. Desde el año 2008 se inscribió en el partido Alianza para el Progreso, donde ocupó los cargos de gerente general y representante del partido. Como miembro de la agrupación, participó en las elecciones municipales del 2010 como candidato a la alcaldía de la provincia de Chota sin éxito.

 

Entre el 2015 y 2016 fue director ejecutivo del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. También se desempeñó como médico residente del Hospital Docente Belén de Trujillo.

 

Fue congresista de la República por el partido Alianza para el Progreso, representando a Cajamarca desde julio del 2016 hasta septiembre del 2019.

 

Nació en el distrito de La Ramada, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca. Cursó sus estudios primarios en su localidad natal y los secundarios en la ciudad de Chiclayo. Entre 1994 y 2001 cursó estudios superiores de medicina humana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la ciudad de Chiclayo.




Consejo directivo reelige a Rosa Bueno como presidenta de la CCL

Por unanimidad y en reconocimiento a su destacada labor en la conducción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la doctora Rosa Bueno de Lercari fue reelegida por el Consejo Directivo como presidenta de la institución para el periodo 2023-2024.

 

La reelección de la doctora Bueno de Lercari, realizada el 14 de abril pasado, es un reconocimiento a su compromiso con la institucionalidad del país y de la CCL. Supone, además, la continuidad del trabajo que viene realizando como lideresa empresarial e impulsora de una serie de reformas de políticas públicas que buscan un desarrollo económico sostenido y con inclusión.

 

La ceremonia de juramentación de Rosa Bueno de Lercari se llevó a cabo el 20 de abril, día en el que la CCL cumplió 135 años de fundación, en una ceremonia privada en la sede principal del gremio empresarial. Se tomó juramento a su Comité Ejecutivo, en el que figuran Jorge von Wedemeyer como primer vicepresidente, y Hernán Lanzara Lostaunau como segundo vicepresidente. También juraron los miembros del nuevo Consejo Directivo.

 

Durante la ceremonia, a la que asistió la presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte Zegarra, Bueno de Lercari enfatizó que la CCL cumple un año más de vida institucional con una visión de desarrollo para el país y con la propuesta de seguir trabajando una agenda de largo plazo. “Debemos seguir incidiendo en los cambios estructurales para que el Perú sea un país más justo y equitativo, fortaleciendo nuestra democracia y el Estado de derecho”, subrayó. En ese sentido, consideró que hoy es el momento en que “los empresarios deben asumir un mayor compromiso con el país”.

 

Añadió que, este año, la CCL siguió trabajando en favor de la actividad empresarial y el crecimiento económico. Destacó el trabajo que el gremio realiza en cuanto a propuestas de políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia, del libre mercado, de la seguridad ciudadana y de la formalidad.

 

De otro lado, Rosa Bueno resaltó que la CCL asumió con entusiasmo el desafío de presidir el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. “Tenemos el reto de mantener la institucionalidad de este importante proceso de integración que convoca a Chile, Colombia, México y Perú y que ha concitado el interés del mundo. Desde el sector privado hemos asumido el firme compromiso de seguir trabajando en integración real”, advirtió.

 

Trayectoria empresarial

Rosa Bueno de Lercari es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), experta en competencia, compliance y arbitraje.

 

Es socia fundadora del estudio de abogados Bueno Lercari Consultores, reconocido por los directorios Chambers and Partners y Leaders League. Asimismo, en el 2013, recibió el IWEC Award al emprendimiento femenino y colabora con la CCL desde 1998. Ha presidido la Comisión de Tratados Internacionales, y ha representado a nuestro gremio empresarial en las negociaciones del ALCA y los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros.

 

Asimismo, formó parte del Consejo Directivo de la CCL en el periodo 2008- 2009 y fue presidenta de la Comisión de Competencia y Regulación de nuestra institución.

 

Bueno de Lercari también presidió el Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL durante el periodo 2017-2020. Lideró la creación del Faro de Transparencia, plataforma digital que permite prevenir conflictos de intereses en el arbitraje.

 

De otro lado, ha integrado los directorios de Procapitales, la Asociación Peruana de Propiedad Intelectual y la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, además de los de diversas empresas. Asimismo, se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En la actualidad representa al sector privado ante la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor de la referida institución.

 

Inyección de S/ 8.000 millones

Durante su intervención, la presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte, anunció que el gobierno inyectará más de S/ 8.000 millones para la reactivación económica y la atención de la emergencia por lluvias en el país. Indicó que la reactivación económica es uno de los grandes objetivos de su mandato.

 

En esa línea, destacó el crecimiento de la inversión pública en un 15,8% durante el primer trimestre del 2023, a pesar de la crisis política, climática y el cambio de autoridades tanto a nivel nacional como regional y local.

 

La mandataria agregó que ello representa más obras de infraestructura e inversiones en salud, educación y otras áreas, en beneficio de todos los peruanos y peruanas. De otro lado, resaltó que la CCL no solo ha sido un actor importante durante las dos terceras partes de nuestra historia republicana, sino que ha trabajado y ha apostado por el desarrollo económico y social del país, al impulsar la economía social de mercado, las inversiones, el equilibrio fiscal, el manejo responsable de los recursos, la seguridad jurídica y la estabilidad.

 

“En la actualidad este gremio representa a una amplia gama de empresas asociadas, más de 10.000 pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores como comercio, producción, servicios, contribuyendo de esta manera a la generación de empleo, a la sostenibilidad del sector emprendedor y a la expansión de nuestra economía”, subrayó.

 

El evento contó además con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz; el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes; el ministro del Interior, Vicente Romero; y los entonces ministros de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén. También estuvieron presentes la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte; el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino: la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera; y el viceministro de MYPE e Industria, Javier Dávila; así como otras altas autoridades, empresarios asociados, directivos y ejecutivos de la CCL.

 

Es importante destacar que la doctora Rosa Bueno de Lercari es la tercera mujer que desempeña la presidencia de la institución y ocupa el puesto 49 en la lista de presidentes que la dirigieron, lo que demuestra el compromiso de la CCL con la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en los altos cargos de liderazgo empresarial.

 

CONSEJO DIRECTIVO 2023 – 2024

COMITÉ EJECUTIVO

 

ROSA BUENO DE LERCARI

PRESIDENTA

 

JORGE GUILLERMO VON WEDEMEYER KNIGGE

PRIMER VICEPRESIDENTE

 

HERNÁN LANZARA LOSTAUNAU

SEGUNDO VICEPRESIDENTE

 

MARÍA DEL ROCÍO LOCKETT ZAMALLOA

TESORERA

 

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

VOCAL

 

VÍCTOR LEONARDO LÓPEZ ESPINOZA

VOCAL

 

ADRIANA CARMEN GIUDICE ALVA

VOCAL

 

JOSÉ ANTONIO DAMIÁN PAYET PUCCIO

VOCAL

 

PETER BERNHARD ANDERS MOORES

PAST PRESIDENT

 

DIRECTORES 2023 – 2024

Andrés Jaime José Crosby Robinson

César Arturo Field Burgos

Omar James Neyra Colchado

Esther Copa del Olmo

Hansel Arturo Bieberach Ugaz

Héctor Raúl García Béjar

Raúl Hernando Martín Barrios Fernández Concha

Rodrigo Díaz Mailhe

Jaime Johnny García Huapaya

Javier Eduardo Barrón Ramos Plata

Jorge Alberto Ochoa Garmendia

Leineke María Schol Calle

Leslie Dina Passalacqua Walter

Luis Antonio Aspíllaga Banchero

Mauro Pineda Supo

Nelly Marysol León Huayanca

Oscar Vásquez Nieva

Ramón Amadeo Carlos Veliz Alva

Robert Schuldt Galdos

Roberto Carlos Taboada Gorbitz

Rodolfo Ojeda Medina

Rubén Alex Carrasco de Lama

Sylvia Liliana Grant Gonzales

 




CCL participó en lanzamiento de coalición por una economía circular

El Perú reconoce la importancia del desarrollo industrial sostenible para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo social y la acción ante los efectos del cambio climático.

 

El sector manufacturero tiene un papel clave en este proceso y apuesta por una Economía Circular como un modelo que impulsa la rentabilidad y resiliencia a mediano plazo, así como la sostenibilidad a largo plazo en las empresas y, por tanto, el bienestar de la población.

 

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, participó en el lanzamiento de la coalición por una economía circular manufacturera en el Perú.

 

El evento contó con la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte; la ministra del Ambiente, Alvina Ruiz Ríos; el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes; y el ministro de Economía, Alex Contreras.

 

Asimismo, estuvieron presentes, el segundo vicepresidente de la CCL, Hernán Lanzara Lostaunau; el director institucional de la CCL, Carlos Posada; el presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la CCL, Thomas Duncan; e integrantes de la referida comisión.

 

En dicha reunión, llevada a cabo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se firmó y suscribió el compromiso que instala la coalición por una economía circular manufacturera en el Perú por el grupo impulsor y nuevos aliados estratégicos para impulsar la transición circular de la industria manufacturera.

 

Cabe destacar que el gobierno peruano viene impulsando la transición hacia una Economía Circular a través de diversos instrumentos, incluyendo el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, la Política Nacional del Ambiente al 2030, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otros.




CCL: “Empresarios debemos asumir un mayor compromiso con el país”

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) celebró este 20 de abril su 135° aniversario en una ceremonia en la que la presidenta del gremio empresarial, Rosa Bueno de Lercari, recibió a la presidenta de la República Dina Boluarte.

 

Durante su discurso, Bueno de Lercari enfatizó que la CCL cumple un año más de vida institucional con una visión de desarrollo para el país con la propuesta de seguir trabajando una agenda de largo plazo.

 

“Debemos seguir incidiendo en los cambios estructurales para que el Perú sea un país más justo y equitativo, fortaleciendo nuestra democracia y el Estado de derecho”, subrayó.

 

En ese sentido, consideró que hoy es el momento en que “los empresarios deben asumir un mayor compromiso con el país”.

 

Añadió que este año la CCL siguió trabajando en favor de la actividad empresarial y al crecimiento económico. En ese sentido, destacó el trabajo que el gremio realiza en propuestas de políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia, del libre mercado, de la seguridad ciudadana y de la formalidad.

 

En relación al fortalecimiento de la democracia, precisó que la CCL se sumó al debate para proponer reformas en el capítulo político de la Constitución.

 

“Plateamos 15 propuestas, priorizamos cinco que consideramos indispensables para garantizar el equilibrio de poderes, la integridad de los candidatos, preservar la carrera política, mejorar la representación ciudadana y la calidad de las leyes. Actualmente, estas propuestas están avanzando en el Congreso. Esperamos que los congresistas logren los consensos necesarios para aprobarlas”, comentó Rosa Bueno de Lercari.

 

En relación al libre mercado, subrayó que el régimen económico de la Constitución presenta muchos aciertos los que han contribuido al crecimiento sostenido del país y que la propuesta de la CCL no apunta a cambios en la Carta Magna.

 

“Esta consiste en desmitificar las afirmaciones falsas que se difunden al respecto y poner el Capítulo Económico de la Constitución en sencillo al alcance de todos los peruanos”, anotó.

 

Rosa Bueno

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari.

 

Alianza del Pacífico

De otro lado, señaló que la CCL asumió con entusiasmo el desafío de presidir el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).

 

“Tenemos el reto de mantener la institucionalidad de este importante proceso de integración que convoca a Chile, Colombia, México y Perú y que ha concitado el interés del mundo. Sumando a los importantes esfuerzos desplegados por la Cancillería para hacer respetar los acuerdos tomados por los estados miembros en el marco de la Alianza del Pacífico, desde el sector privado hemos asumido el firme compromiso de seguir trabajando en integración real”, agregó.

 

Indicó que pondrán atención a los ciudadanos, jóvenes, mujeres y pymes, con énfasis en la digitalización y la sostenibilidad.

 

Dina Boluarte

Presidenta de la República, Dina Boluarte.

 

Inyección de S/ 8.000 millones

Durante su intervención, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que el gobierno inyectará más de S/ 8.000 millones para la reactivación económica y la atención de la emergencia por lluvias en el país.

 

Indicó que la reactivación económica es uno de los grandes objetivos de su gobierno. En esa línea, destacó el crecimiento de la inversión pública en un 15,8% durante el primer trimestre de 2023, ello a pesar de la crisis política, climática y el cambio de autoridades tanto a nivel nacional como regional y local.

 

La mandataria agregó que ello representa más obras de infraestructura e inversiones en salud, en educación y otras áreas, en beneficio de todas las peruanas y peruanos.

 

De otro lado, resaltó que la CCL no solo ha sido un actor importante durante las dos terceras partes de nuestra historia republicana, sino ha trabajado y ha apostado por el desarrollo económico y social del país, impulsado la economía social de mercado, las inversiones, el equilibrio fiscal, el manejo responsable de los recursos, la seguridad jurídica y la estabilidad.

 

“En la actualidad este gremio representa a una amplia gama de empresas asociadas, más 10.000 pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores como comercio, producción, servicios, contribuyendo de esta manera a la generación de empleo, a la sostenibilidad del sector emprendedor y a la expansión de nuestra economía”, subrayó.

 

El evento contó además con la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero; el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes; el ministro del Interior, Vicente Romero; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Adrianzén.

 

También estuvieron presentes la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte; el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino: la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera; el viceministro de MYPE e Industria, Javier Dávila; así como otras altas autoridades, empresarios asociados, directivos y ejecutivos de la CCL.

 

CCL

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) celebró sus 135 años de vida institucional.

 




Carlos Posada: No más mentiras. La verdad de lo que sucede en Perú

English version:

Carlos Posada: No more lies. The truth of what is happening in Peru

 

El 7 de diciembre del año pasado, el expresidente Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado, ordenando ilegalmente la disolución del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y, a su vez, disponiendo la captura de la fiscal que lo investiga por presuntos actos de corrupción que lo comprometen directamente a él, junto a su más íntimo círculo de funcionarios y familiares.  Es desde esa fecha específica que el Perú se encuentra sometido a una ola de violencia y vandalismo que no ha sido espontánea, sino que habría sido gestada por el propio Castillo a lo largo de los 17 meses que duró su gobierno.

 

Ya desde el año 2022 existían amenazas propaladas por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien manifestó que “correrán ríos de sangre” en caso Castillo dejara el poder; mientras que quien en ese momento era su ministro de Trabajo, Alejandro Salas, advirtió que “la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable”.

 

Hoy estas amenazas se han hecho realidad y empezaron inmediatamente después de la destitución de Castillo y su posterior detención en flagrancia pocos minutos después, cuando intentaba fugar rumbo a la embajada de México para solicitar asilo político.  Es a partir de ese momento que el Perú se encuentra asediado por grupos que, bajo el argumento de la “legítima protesta”, se han dedicado única y exclusivamente a cometer diariamente delitos y acciones contrarias a la ley, poniendo en riesgo la vida y la salud de millones de compatriotas peruanos, dentro de los cuales también se encuentran los efectivos de las fuerzas del orden.

 

Lamentablemente, muchos medios de comunicación internacionales, que gozan de amplia audiencia, han difundido versiones que en absoluto se ajustan a la realidad; en principio señalando que hubo un golpe de Estado contra Castillo, cuando todos los peruanos sin excepción fuimos testigos, en cadena nacional de radio y televisión, que fue el expresidente quien intentó dar un golpe de Estado, cometiendo graves infracciones constitucionales y delitos que lo llevaron a una inmediata vacancia por parte del Congreso. Asimismo, esos mismos medios internacionales han señalando que en el Perú existe un genocidio perpetrado por el gobierno de sucesión constitucional de Dina Boluarte; información totalmente tendenciosa y tremendamente alejada de la realidad que vivimos en el país.

 

Esta fábula es la que igualmente se ha repetido en varias poblaciones y regiones del Perú, especialmente del sur, donde ante una fallida estrategia de comunicación veraz por parte de las autoridades del actual gobierno, han sido fácilmente manipuladas por grupos extremistas que tienen como único objetivo la imposición de una nueva Constitución que les garantice perpetuarse en el poder.

 

A esto debe sumársele el descontento de décadas por la falta de atención a necesidades básicas que no han sido satisfechas por parte del Estado. Se trata de poblaciones a quienes el crecimiento económico no les ha significado la llegada del bienestar y el desarrollo, como sí ha sucedido con otros ciudadanos peruanos.

 

En la Cámara de Comercio de Lima queremos ser claros ante el mundo:  En el Perú no hay dictadura ni genocidio; lo que existe es la legítima defensa de un Estado democrático y la exigencia del cumplimiento de la ley, la cual se aplica frente a grupos muy bien organizados que tienen como propósito desestabilizar al país, para lo cual, en forma simultánea y planificada, han atacado aeropuertos, infraestructura pública y provocado perjuicios sustanciales a la propiedad privada, entre otros daños que diariamente nos afectan.

Tampoco puede dejar de mencionarse situaciones de extrema crueldad por parte de los mal llamados “manifestantes”, los cuales en sus actos de “protesta” asesinaron quemando vivo a un policía, el cual no tuvo opción a defenderse. Situación similar han sufrido los efectivos encargados de resguardar la seguridad de carreteras, aeropuertos e instituciones públicas y privadas, donde son atacados con explosivos, bombas incendiarias, rocas lanzadas a gran velocidad contra sus cuerpos e incluso utilizando munición cuyo uso está proscrito.

 

La crueldad a la que se ha llegado es tal, que producto de los bloqueos ilegales de carreteras e insania por parte de los violentistas, han muerto varios compatriotas peruanos, incluyendo niños enfermos, cuyas ambulancias no llegaron a destino al haber sido atacadas e incendiadas.

 

Hablemos con la verdad: no es casual que los atacantes hayan dirigido su accionar hacia objetivos estratégicos como la minería, el turismo y la agroindustria, pilares que sustentan en buena parte la economía del Perú.  De igual manera hacia cuarteles policiales, sedes descentralizadas del Poder Judicial, el Ministerio Público y las Aduanas, donde se encontraban expedientes de investigación a las mafias del contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas que dominan gran parte de la zona sur andina peruana. Todos esos expedientes han sido vandalizados y quemados.

 

De igual manera se han atacado campamentos mineros, plantas de gas y agua potable, impidiendo que estos servicios lleguen a la población. Otro objetivo ha sido el oleoducto Norperuano, el cual ha sido cortado provocando un derrame de petróleo en la amazonia. Las brigadas enviadas a reparar el daño y frenar una mayor contaminación, han sido impedidas de llegar a la zona.

 

En las carreteras los bloqueos apuntan principalmente a los camiones que trasladan alimentos, medicinas y combustibles, con el claro propósito de generar necesidad y desesperación en las ciudades. Y a los pacientes que intentan atenderse en un hospital o centro de salud, los obligan a marcharse bajo la amenaza de atentar contra su integridad, así como la de los médicos y enfermeras.

 

Esta no es una protesta espontánea de una población impaciente. Estos son actos violentistas de carácter político, disfrazados de descontento social. Si bien es cierto que existe necesidad de cerrar las brechas en el Perú, bajo ninguna manera puede aceptarse este tipo de accionar al margen de la ley.

Es cierto que hay demandas insatisfechas, que la inequidad en la sociedad peruana es una enorme deuda que el crecimiento económico de las últimas décadas no supo o no quiso atender. Es cierto que la pandemia demostró que los cuantiosos recursos del Estado peruano no sirvieron para mejorar los servicios básicos de salud y educación; o que la desidia, la corrupción y la indiferencia, en muchos casos, ganaron la partida.

 

Pero todas esas falencias y justos requerimientos no pueden ser utilizados como excusa para justificar acciones ilegales y al margen de la ley, que buscan forzar un “momento constituyente” no amparado en la Constitución Política del Perú.

 

Si bien no hay una sola visión en esta historia, las voces que optamos por la paz y el diálogo como la de Cámara de Comercio de Lima, merecen también ser escuchadas. Ante una violencia que vocifera, que daña, nosotros queremos decir basta de mentiras, basta de acomodar la realidad a intereses personales e ideológicos. El mundo debe conocer la historia real de lo que está sucediendo en el Perú y este pequeño texto busca contribuir en ese sentido.




Carlos Posada: No more lies. The truth of what is happening in Peru

On December 7 of last year, former President Pedro Castillo attempted to carry out a coup, illegally ordering the dissolution of the Congress of the Republic, the intervention of the Judiciary, the Public Ministry, the Constitutional Court and in turn ordering the capture of the prosecutor who is investigating him for the alleged and serious acts of corruption that compromise him along with his most intimate circle of officials and family members. It is from that specific date that Peru has been subjected to a wave of violence and vandalism that has not been spontaneous, but that it would have been gestated by Castillo himself throughout the 17 months that his government lasted.

 

As early as 2022, there were threats spread by Anibal Torres, president of Castillo’s Council of Ministers, who stated that «rivers of blood would flow» if Castillo left power; while his former Minister of Labor and Social Promotion, Alejandro Salas, warned that «the social upheaval would be so great that the country would be ungovernable.»

 

Today these threats have come true and began immediately after Castillo’s dismissal by Parliament and his subsequent arrest in flagrancy a few minutes later when he tried to escape to the Mexican embassy to request political asylum. It is from that moment that Peru is besieged by groups that, under the argument of «legitimate protest», have dedicated themselves solely and exclusively to daily committing crimes and actions contrary to the Law, putting life and property at risk. health of Peruvian citizens, among which are also police troops and armed forces.

 

Unfortunately, many international media, which enjoy a wide audience, have disseminated versions that are completely untrue; In principle, pointing out that there was a coup against Castillo, when all Peruvians, without exception, witnessed on a national radio and television channel that the former president tried to carry out a failed coup, committing serious constitutional violations and crimes that led him to an immediate vacancy by Congress. Likewise, those same international media have pointed out that in Peru there is a genocide perpetrated by the succession government of Dina Boluarte. Totally tendentious information and tremendously far away from the reality that we live in the country.

 

This fable is the one that has also been repeated in various towns and regions of Peru, especially in the south of our nation, where, in the face of a failed truthful communication strategy by the authorities of the current government, they have been easily manipulated by extremist groups that have their sole objective is the imposition of a new Constitution that guarantees their perpetuation in power.

 

To this must be added the discontent of decades due to the lack of attention to basic needs that have not received attention from the State, populations for whom economic growth has not meant the arrival of well-being and development as it has happened with other citizens.

 

At the Lima Chamber of Commerce, we want to be clear to the world: In Peru there is no dictatorship or genocide; what exists is the legitimate defense of a democratic State and the demand for compliance with the Law, which is applied against very well-organized groups to destabilize the country and that have simultaneously and organizedly attacked airports, public infrastructure, as well as substantial damage to private property, among other damages that daily affect the country. Nor can it fail to mention situations of extreme cruelty on the part of the so-called ”protesters», who in their acts of «protest» burned a policeman alive, who had no option to defend himself. A similar situation has been suffered by the police officers in charge of safeguarding the security of roads, airports and public and private institutions, where they are attacked with explosives, incendiary bombs, rocks thrown at high speed and even ammunition whose use is prohibited.

 

The cruelty that has been reached is such that as a result of the illegal roadblocks and violent acts, several Peruvian compatriots have died, including children, whose ambulances did not reach their destination after being attacked and set on fire.

 

Let’s speak with the truth: it is no coincidence that the attackers have directed their actions towards strategic objectives such as mining, tourism and agribusiness, pillars that largely support the economy of Peru. In the same way towards police headquarters, decentralized headquarters of the Judiciary, the Public Ministry and Customs, where investigation files were found on the smuggling mafias, illegal mining, drug trafficking and human trafficking that dominate a large part of the area. southern Peruvian Andes. All those files have been vandalized and burned.

 

Similarly, mining camps, gas and drinking water plants have been attacked, preventing this service from reaching the population. Another objective has been the “Norperuano pipeline”, which has been cut causing an oil spill in the Amazon. The brigades sent to repair the damage and prevent further contamination have in many cases been prevented from reaching the area.

 

On the highways, the blockades mainly target trucks that transport food and medicine, with the clear purpose of generating need and despair in the cities. And patients who try to be treated in a hospital or health center are forced to leave under the threat of attacking their integrity and that of doctors and nurses.

 

This is not a spontaneous protest from an impatient population. These are violent acts of a political nature, disguised as social protest. Although it is true that there is a need to close the gaps in Peru, in no way can this type of action be accepted outside the Law. It is true that there are unsatisfied demands, that inequity in Peruvian society is an enormous debt that the economic growth of the last decades did not know or did not want to attend. It is true that the pandemic showed that the enormous resources of the Peruvian State were not used to improve basic health and education services; or that laziness, corruption and indifference, in many cases, won the game.

 

But all these shortcomings and fair requirements cannot be used as an excuse to justify illegal actions and outside the Law that seek to force a «constituent moment» not protected and not stated by the Constitution of Peru.

 

Although there is not a single vision in this story, the voices that opt for peace and dialogue, such as the Lima Chamber of Commerce, also deserve to be heard. Faced with a violence that screams, that damages, we want to say enough of lies, enough of accommodating reality to personal and ideological interests. The world must know the real history of what is happening in Peru and this small text seeks to contribute in that regard




Juramenta segundo gabinete del gobierno de Dina Boluarte

El segundo gabinete de ministros del gobierno de Dina Boluarte juramentó esta mañana, siendo el nuevo presidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, quien venía desempeñándose como ministro de Defensa desde el 11 de diciembre último.

Con nuevos ministros en las carteras de Defensa, Educación, Interior y Cultura, en tanto que en el resto de carteras se ratificó a los titulares del primer gabinete. El nuevo gabinete queda conformado de la siguiente manera.

Presidente del Consejo de Ministros:  Luis Alberto Otárola

Ministra de Relaciones Exteriores del Perú:  Ana Gervasi

Ministro de Defensa:  Jorge Chávez Cresta

Ministro de Economía y Finanzas:  Alex Contreras

Ministro del Interior:  Víctor Rojas Herrera

Ministro de Justicia y Derechos Humanos:  José Tello

Ministro de Educación:  Oscar Manuel Becerra Tresierra

Ministra de Salud:  Rosa Gutiérrez Palomino

Ministra de Desarrollo Agrario y Riego:  Nelly Paredes

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo:  Eduardo García Birimisa

Ministro de la Producción:  Sandra Belaunde

Ministro de Comercio Exterior y Turismo: Luis Helguero

Ministro de Energía y Minas:  Oscar Vera

Ministro de Transportes y Comunicaciones:  Paola Lazarte

Ministro de Vivienda:  Hania Perez de Cuellar

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:  Grecia Rojas Ortiz

Ministra del Ambiente:  Albina Ruiz

Ministro de Cultura:  Lesly Urteaga Peña

Ministro de Desarrollo Social e Inclusión Social: Julio Demartín




Rosa Bueno: El momento es hoy

La presidenta Dina Boluarte en su primer discurso recalcó que la reforma política es impostergable. Coincidimos. Lograrlo requerirá de “muñeca” política para coordinar con el Congreso; de lo contrario, será imposible llevar a buen puerto cualquier intento de cambio. Y es lo que espera el Perú.

 

Es cierto que la democracia peruana supo defenderse esta semana de un fallido golpe de Estado; pero haber tenido seis presidentes en seis años habla de una inestabilidad permanente, que cotidianamente lleva al país a situaciones límite que impiden su desarrollo.

 

Por ello, la reforma política que proponemos incluye el restablecimiento de la reelección parlamentaria inmediata, la bicameralidad y propuestas para desincentivar el transfuguismo. Además, estamos trabajando en una propuesta sobre la responsabilidad del presidente de la República y la sucesión presidencial, entre otros temas. Esto último adquiere especial importancia frente los recientes acontecimientos.

 

Tal como hemos comentado en diversas oportunidades en este espacio, como asociación de empresarios, a la Cámara de Comercio de Lima corresponde estar vigilante, aunque también participar de manera proactiva con propuestas de políticas públicas en distintas materias.

 

En el ámbito económico, se necesita mejorar la competitividad y la productividad para garantizar el crecimiento sostenido. Ello supone apuntar los reflectores sobre el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, que identifica 72 proyectos a ejecutar los cuales no solo nos dejarán en mejor posición sino que dará trabajo.

 

Este es el momento de empezar a hacerlo, buscar su financiamiento y alianzas con el sector privado, porque tan importante como la inversión privada es la inversión pública. Según información del Banco Mundial, la capacidad productiva del Perú está en descenso (2,9 por ciento anual). En ese contexto, es prioritario actualizar este plan de infraestructura como un esfuerzo por reactivar la economía del país.

 

Además no se puede dejar de lado Impulso Perú. Este esfuerzo reactivador debe convertirse en una realidad, no para ganar réditos políticos si no porque es necesario para que la economía peruana recupere el paso pérdido.

La primera presidenta del Perú tiene el reto de liderar una gran alianza nacional, que busque unir a los peruanos para llevar adelante las reformas mencionadas y la ansiada reactivación económica, tomando en cuenta que el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL proyectó que la economía peruana crecerá solo 2,4 por ciento en 2023.

 

Esta expectativa de crecimiento será insuficiente para generar los ingresos fiscales necesarios para enfrentar los problemas sociales del Perú, luchar contra la pobreza o mejorar la calidad de la educación y la salud. Para reducir la pobreza a través de la generación de empleo formal, el país debería crecer entre 5 y 6 por ciento al año, como en la década anterior. Hacemos votos porque la presidenta Boluarte se ponga a la altura de este reto.




Juramenta nuevo gabinete liderado por Pedro Angulo

La presidenta de la República Dina Boluarte tomó juramento a los integrantes del Gabinete Ministerial, liderado por el abogado Pedro Angulo Arana, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

 

Todavía no hubo juramentación de los titulares de las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo, y Transportes y Comunicaciones. Del total del equipo ministerial, ocho son mujeres.

 

A continuación, los nuevos ministros de Estado:

 

Presidente del Consejo de Ministros

Pedro Miguel Angulo Arana

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ana Cecilia Gervasi Díaz

 

Ministerio de Defensa

Luis Alberto Otárola Peñaranda

 

Ministro de Economía y Finanzas

Alex Alonso Contreras Miranda

 

Ministerio del Interior

César Augusto Cervantes Cárdenas

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

José Andrés Tello Alfaro

 

Ministerio de Educación

Patricia Correa Arangoitia

 

Ministerio de Salud

Rosa Bertha Gutiérrez Palomino

 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Nelly Paredes del Castillo

 

Ministerio de la Producción

Sandra Belaunde Arnillas

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Luis Fernando Helguero González

 

Ministerio de Energía y Minas

Oscar Electo Vera Gargurevich

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Hania Pérez de Cuéllar

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Grecia Elena Rojas Ortiz

 

Ministerio del Ambiente

Albina Ruiz Ríos

 

Ministerio de Cultura

Jair Pérez Brañez

 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Julio Javier Demartini Montes

 

gabinete

 




Dina Boluarte jura como presidenta del Perú

Dina Boluarte juramentó hoy como nueva presidenta de la República del Perú, en una sesión llevada a cabo en el Congreso de la República.

 

Durante su mensaje, convocó a la unidad de los peruanos y a participar en un proceso de diálogo.

 

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, expresó.

 

Boluarte asumió la presidencia de la República luego que Pedro Castillo fuera vacado por incapacidad moral permanente tras un mensaje a la Nación en el que intentó cerrar el Poder Legislativo y ordenar la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público.

 

“Se ha producido un intento de golpe de Estado a una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”, manifestó.

 

Asimismo, sostuvo que combatirá la corrupción al interior del Estado. “Mi primera medida será pedir apoyo de la Fiscalía, a la Procuraduría Pública para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas”, puntualizó.