Trece trabajadores mineros fueron secuestrados y luego hallados sin vida dentro de un socavón el pasado domingo en la provincia de Pataz, en La Libertad. Este violento acto ha llevado al Gobierno Regional a solicitar al Ejecutivo que se declare estado de sitio en la zona, como medida para recuperar el control y frenar a las bandas criminales.

En ese sentido, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, anunció que esta solicitud será evaluada de acuerdo a la ley y la Constitución. Durante una conferencia de prensa, explicó que la medida está siendo analizada por el Ejecutivo y que él mismo viajará a Pataz el 8 de mayo para supervisar la situación de seguridad.

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Acciones urgentes

Zulueta detalló que, apenas se recibió la denuncia oficial sobre la desaparición de los trabajadores, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició operativos en distintas zonas de la mina. Sin embargo, debido a la peligrosidad del lugar, tuvieron que buscar otras rutas para ingresar al socavón donde se hallaron los cuerpos.

Asimismo, indicó que ya se ha reforzado la presencia policial en la zona con agentes especializados en robos y homicidios provenientes de Lima.

Presencia de bandas criminales

El general Óscar Arriola y el ministro Díaz advirtieron que varias organizaciones criminales operan en la zona, como la banda «Los Pulpos», que estarían luchando por el control de las zonas de explotación informal de oro.

¿Qué implica un estado de sitio?

De aprobarse, esta medida permitiría al Gobierno restringir libertades como el tránsito, la reunión y la inviolabilidad del domicilio, con el fin de restablecer el orden interno. Se trata de una medida extrema, pero que podría ser clave para devolver la paz a Pataz.

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En defensa de la seguridad de los datos de todos los peruanos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se reunió con la jefa del Reniec, Carmen Velarde, para reforzar las medidas de protección de la información sensible que manejan las instituciones del Estado.

En esta reunión, realizada en la sede de la PCM, también participaron autoridades del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, y especialistas en seguridad digital y ciberdelincuencia. Todos coincidieron en que es urgente actuar para evitar filtraciones y malos usos de los datos de los ciudadanos.

“Hay que tomar medidas más drásticas para que la información de la gente se maneje con responsabilidad, y sancionar a los funcionarios que no lo hacen”, afirmó el premier Adrianzén.

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Cero tolerancia al mal uso de datos

Uno de los acuerdos más importantes fue sancionar con firmeza a los funcionarios públicos que hagan un uso indebido de la información que está bajo su responsabilidad.

Además, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para mejorar los sistemas de seguridad digital en el Estado. En esa línea, el secretario de Gobierno y Transformación Digital, César Vílchez, destacó el rol del Centro Nacional de Seguridad Digital, que atiende incidentes cibernéticos y da soporte técnico a las instituciones afectadas.

Al finalizar el encuentro, todos los presentes acordaron continuar con el trabajo en equipo para garantizar que los datos personales de los peruanos estén bien protegidos y se manejen con total transparencia.

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció una nueva medida para apoyar a los pequeños productores agrarios que han sido afectados por las intensas lluvias e inundaciones en diversas regiones del país.

A través de un bono agrario en insumos valorizado en S/ 1 000, los agricultores recibirán apoyo directo con productos como semillas, guano de isla, urea y otros insumos agrícolas esenciales.

¿A quiénes beneficiará este bono?

Este bono en especie se entregará a productores de 12 regiones del país que han sufrido pérdidas en sus cultivos debido a las lluvias:

Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali.

Cada agricultor recibirá un kit de insumos adaptado a sus necesidades y al tipo de cultivo, buscando reactivar su capacidad productiva y proteger la seguridad alimentaria de miles de familias en el ámbito rural.

¿Desde cuándo rige esta medida?

El bono se oficializó mediante el Decreto de Urgencia N.º 003-2025, publicado este jueves en el Diario Oficial El Peruano, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

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Este nuevo bono se suma al Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), que ya viene operando en las 24 regiones del país. Gracias a este seguro, los pequeños agricultores pueden recibir una indemnización de S/ 800 por hectárea si sus cultivos se ven afectados por desastres naturales como:

• Sequías o lluvias intensas
• Inundaciones, huaicos o heladas
• Vientos fuertes, granizadas o plagas
• Terremotos, incendios o erupciones volcánicas

Este seguro cubre hasta 10 hectáreas por productor y busca brindar una red de protección efectiva ante eventos climáticos que ponen en riesgo la producción agrícola.

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Con el propósito de apoyar a los adultos mayores con ingresos limitados, el gobierno ha establecido un beneficio que les permite solicitar la exoneración del impuesto predial. Este alivio está dirigido a personas mayores de 60 años, especialmente aquellas que dependen de pensiones u otras fuentes de ingreso reducidas.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Álvaro Gálvez, señala los principales requisitos:

• Tener más de 60 años.
• Ser dueño de una única propiedad, ya sea a su nombre o en sociedad conyugal.
• Usar la propiedad como vivienda principal, aunque puede tener otros usos aprobados por la municipalidad.
• Tener ingresos mensuales menores a 1 UIT (aproximadamente S/ 5,350).
• El valor de la propiedad no debe superar las 50 UIT (alrededor de S/ 267,500). Si el inmueble vale más, solo se pagará la diferencia del impuesto.

¿Cómo solicitar la exoneración del impuesto predial?

El trámite debe realizarse en la municipalidad del distrito donde se ubica la propiedad. Los documentos necesarios son:

• DNI del solicitante o de su representante legal.
• Última boleta de pago o documento que acredite los ingresos mensuales.
• Documentos de propiedad del inmueble.

Cabe señalar que la exoneración no se aplica inmediatamente, sino a partir del año siguiente a la solicitud. Además, debe renovarse cada año para seguir vigente.

¿Cómo se calcula el impuesto predial?

Se calcula en función del valor de la propiedad (autovalúo), siguiendo estas escalas:

• Menos de 15 UIT (S/ 77,250) → 0,2 %
• Entre 16 y 60 UIT (S/ 77,251 – S/ 267 000) → 0,6 %
• Más de 60 UIT (> S/ 267,000) → 1%

Renovación anual

Una vez obtenida la exoneración, debe renovarse cada año en la municipalidad correspondiente. Este beneficio es una gran ayuda para los adultos mayores con ingresos limitados. Si cumples con los requisitos, ¡no dudes en solicitarlo!

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¿Qué le espera al sector salud en 2025 en un contexto preelectoral y de guerra comercial entre EE. UU. y China?

El sector salud afronta un año complejo debido a la incertidumbre electoral y las tensiones comerciales globales. La guerra comercial entre Estados Unidos y China podría generar interrupciones en la cadena de suministros, afectando el acceso a insumos médicos y medicamentos esenciales. Asimismo, el alza de aranceles encarece la importación de tecnología médica y equipos especializados.

Para mitigar estos riesgos, el país necesita políticas de salud que garanticen el abastecimiento oportuno y la eliminación de barreras regulatorias innecesarias. Un ejemplo de ello es la categoría 8 del Decreto Supremo N.°.009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y que limita la inversión en nuevos equipos médicos y dificulta la modernización tecnológica en hospitales y clínicas. Su eliminación o reformulación permitiría que el país acceda a una tecnología médica más avanzada, facilitando una mejor atención de los pacientes y una mayor eficiencia en el sistema de salud.

Un informe de la Contraloría General de la República detectó fallas en el abastecimiento de medicamentos en hospitales de EsSalud de 14 regiones. ¿De quién es la responsabilidad?, ¿existen mafias en la compra de medicinas?

No podemos asegurar la existencia de mafias, pero sí hay serias deficiencias en la gestión de compras. El problema empieza con la falta de gestión de la Central de Abastecimiento para Bienes Estratégicos (CEABE) de EsSalud para poder realizar las compras de los medicamentos e insumos médicos. Ello genera que tengan que delegar la compra a diferentes hospitales que lo realizan de manera fragmentada, debido a esto los precios son más elevados y además hay retrasos en los pagos a proveedores.

Esta situación debe investigarse a fondo para identificar las causas y corregir los problemas de gestión que afectan la atención de los pacientes.

Además del desabastecimiento de medicamentos, ¿hay déficit de personal médico?

Sí, la falta de especialistas sigue siendo un problema crítico. En el Perú hay un déficit de más de 20 000 médicos especialistas, particularmente en anestesiología, pediatría, emergencias, cuidados intensivos y oncología. La carencia de incentivos y la mala distribución del personal agravan el problema en regiones alejadas.

El presupuesto de salud para 2025 aumentó en 3%, ¿es suficiente?

Aunque el incremento del 3 % representa un esfuerzo, sigue siendo insuficiente para cerrar las necesidades estructurales. El presupuesto destinado a salud asciende a S/ 30 373 millones, equivalente al 12,1% del presupuesto total del país. Sin embargo, el Perú invierte solo alrededor del 3 % de su PBI en salud, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos el 6 %.

Las necesidades en infraestructura, equipamiento, personal médico y acceso a medicamentos que requieren una inversión sostenida y una gestión eficiente de los recursos.

¿Cuáles son los hospitales de EsSalud más afectados por el desabastecimiento de insumos?

Los principales hospitales de EsSalud con problemas críticos de abastecimiento son el Hospital Nacional Guillermo Almenara, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati y el Hospital Nacional Alberto Sabogal; así como varios hospitales regionales en Cusco, Piura y La Libertad.

¿La crisis de abastecimiento también afecta a los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa)?

Sí, y en muchos casos es aún más grave. Los hospitales del Minsa tienen menos recursos y enfrentan una gestión deficiente en la compra y distribución de medicamentos. Es urgente mejorar la logística, garantizar una planificación de compras efectiva y optimizar los pagos a proveedores para evitar interrupciones en el suministro. En este caso, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) es el ente encargado de las compras a nivel central.

¿Qué medicamentos no están ingresando para los asegurados de ESsalud y el Minsa?

Según el Observatorio de Precios de Medicamentos y denuncias del Colegio Médico del Perú, los fármacos con mayor escasez incluyen la insulina para diabetes, antihipertensivos, antibióticos de última generación, fármacos oncológicos y ciertos inmunosupresores.

La falta de estos medicamentos compromete la continuidad de tratamientos críticos y agrava la situación de los pacientes más vulnerables.

¿Cómo afecta el retiro del financiamiento de USAID en temas de salud?

El retiro de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) impactará en programas esenciales, como la prevención de enfermedades infecciosas, el control de tuberculosis y el VIH, y las campañas de vacunación en poblaciones vulnerables.

Si bien USAID ha financiado a estos programas, es importante evaluar la eficiencia con la que se han ejecutado los recursos. En algunos casos, los fondos han sido utilizados de manera efectiva en prevención y tratamiento, pero en otros, la falta de transparencia y ejecución ineficiente han reducido su impacto.

El Gobierno peruano debe encontrar fuentes alternativas de financiamiento para evitar para garantizar la sostenibilidad de estos programas sin depender exclusivamente de la cooperación internacional.

Frente a este panorama, ¿qué medidas deben tomarse para enfrentar estos desafíos?

El sistema de salud en el Perú enfrenta múltiples desafíos, desde problemas en la gestión de recursos hasta la falta de financiamiento adecuado. Es urgente una mayor transparencia en los procesos de compra y distribución de medicamentos, así como una planificación estratégica para fortalecer el acceso a servicios de salud de calidad. Se requiere voluntad política y compromiso del sector privado y público para garantizar el derecho a la salud de todos los peruanos.

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El sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima, expresó su más enérgico rechazo por el cobarde asesinato de cantante Paul Flores, primera voz de la Orquesta Armonía 10, cuyo ómnibus en el que se dirigía a realizar una presentación, fue atacado a balazos en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El asesinato, presuntamente perpetrado por sicarios y extorsionadores a bordo de dos motocicletas, enluta al mundo del espectáculo y pone de manifiesto la indefensión en la que se encuentran artistas y empresarios de todos los géneros que, reiteradamente, han denunciado ser víctimas de amenazas contra su vida, la de sus familias y sus propiedades si no ceden a pagar cupos a cambio de que los dejen trabajar, expresó el gremio.

“Nos indigna profundamente este acto de terror, así como los recientes episodios de violencia ocurridos contra diversas agrupaciones artísticas, empresarios del rubro y propietarios de locales de espectáculos, lo cual genera un clima de inseguridad y miedo en nuestro sector”, manifestó a través de un pronunciamiento.

Agregó que estos hechos no deben quedar impunes, por lo que exigió al gobierno y, directamente, al Ministerio del Interior, así como al Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, que actúen con firmeza y adopten medidas concretas y coordinadas para erradicar la violencia y proteger a los artistas que representan y enriquecen a la cultura peruana.

El gremio ARENA extendió sus condolencias a la familia, amigos, compañeros y colegas del cantante Paul Flores, en esta hora de dolor.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, anunció que se ha “cumplido todo el proceso” necesario para incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV). Sin embargo, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y otros gremios, se ha advertido sobre los problemas que esta medida podría generar.

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ya había señalado durante su discurso del pasado 28 de julio que uno de los objetivos de su gobierno era aumentar el sueldo mínimo, que actualmente se encuentra en 1,025 soles, monto establecido en mayo de 2022 mediante el Decreto Supremo N.° 003.

¿Cuándo se anunciará el incremento del sueldo mínimo en Perú?

El gobierno aún no ha fijado una fecha oficial para el anuncio, pero el titular del MTPE indicó que este se realizará “muy pronto”, antes de que termine el año.
“Yo he tenido la oportunidad de despachar con la presidenta sobre este tema. Le hemos presentado las posturas de trabajadores y empleadores. También ha escuchado a las partes implicadas, y ahora cuenta con todos los elementos y el informe técnico necesario”, precisó Maurate.

“El aumento del sueldo mínimo en el Perú debe ser un tema técnico”

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que el aumento de la RMV debería ser un tema técnico y no estar sujeto a discursos o decisiones políticas.

De La Tore mencionó que, según un estudio del Banco Central de Reserva (BCR), el sueldo mínimo actual está sobreestimado y debería situarse en 726 soles. “Todos deseamos que las personas ganen más, pero es esencial crear las condiciones adecuadas para que este incremento sea sostenible”, agregó.

Gremios privados rechazan el aumento de la RMV

La Unión de Gremios del Perú, a través de un comunicado, expresó su rechazo al incremento de la RMV sin un análisis adecuado de sus beneficios y posibles perjuicios.

“El aumento solo beneficiaría a un grupo reducido de trabajadores que actualmente perciben la RMV, pero afectaría a 5.9 millones de personas que ganan menos del salario mínimo, principalmente en la informalidad, dificultando su tránsito hacia la formalidad”, señaló el gremio.

Además, advirtieron sobre la relación entre el salario mínimo y la informalidad laboral: en regiones como Huancavelica, Puno, Ayacucho y Cajamarca, donde el salario mínimo es cercano al promedio salarial, los índices de empleo informal son más altos.

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Con el inicio del presente siglo, el Perú ingresó en un periodo denominado “bono demográfico”, caracterizado por tener pobladores dependientes (0 a 5 años y mayores de 65 años), que representan casi la mitad de la población joven y en edad para trabajar (15 a 65 años). Este concepto, aceptado por organismos internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas, define la proporción de dependencia como la relación entre la población dependiente y la de en edad de trabajar. Cuando esta proporción es inferior al 66,7 % (dos tercios), se considera que el país goza de un bono demográfico, lo cual tiene implicaciones significativas para su economía.

Este fenómeno ofrece la posibilidad de aumentar la producción debido al mayor porcentaje de fuerza laboral o población económicamente activa. Al reducirse la población dependiente, las necesidades financieras tanto de las familias como del Gobierno también disminuyen. Según cifras del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú cuenta con bono demográfico desde el 2000 y alcanzaría su nivel óptimo en el presente año, con una proporción de dependencia del 50,9 %.

Sin embargo, se anticipa que esta tendencia se revertirá en los próximos 30 años debido a la disminución de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida, lo que conducirá al envejecimiento de la población. La tasa de crecimiento poblacional ya ha disminuido, pasando de un promedio de 2,5 % en la década de 1970 a un 1,3 % anual en el último quinquenio.

Economía: Aprovechamiento del bono demográfico

Antes de enfrentar el envejecimiento poblacional, los países tienen una oportunidad única para crecer productivamente. Aprovechar el bono demográfico puede generar mayores ingresos para las familias, permitir el ahorro que financie una mayor inversión, y así, incrementar la productividad y el crecimiento de la economía. Estudios señalan que el “milagro económico” de Asia Oriental entre 1965 y 1990, se debe en parte a que su población en edad de trabajar era cuatro veces superior a la dependiente, lo que, junto con políticas de mejora en capital humano y reformas de liberalización, impulsó el crecimiento explosivo de sus economías.

Desafíos y oportunidades del bono bemográfico para el crecimiento económico

No obstante, no basta con tener un bono demográfico para beneficiarse de él; es crucial elevar la productividad, generar empleos de calidad y garantizar que la fuerza laboral tenga acceso a una educación de alto nivel. Por ejemplo, si se ajustara el cálculo de la tasa de dependencia para incluir a la población de 15 a 19 años como dependiente, pues a esa edad recién se está en el tránsito de la etapa del colegio a la educación superior. La tasa de dependencia de 2024 pasaría del 50,9 % al 71,3 %, lo que indicaría que Perú no contaría con el bono demográfico.

Bajo las condiciones actuales, de una educación deficiente y un mercado de trabajo con alta informalidad, estos jóvenes, que representan el 12 % de la población en edad de trabajar, no lograrán aportar significativamente a la economía. Algo similar podría ocurrir con el 11 % que se encuentra entre los 20 y 24 años.

En resumen, se estima que el 35 % la población en edad de trabajar tiene menos de 29 años y requiere una formación universitaria superior de calidad para que el país pueda beneficiarse del bono demográfico. Aunque el final de este ciclo está aún distante, cuando llegue es probable que Perú enfrente un crecimiento de la economía limitado y una población envejecida que demandará más servicios de salud y pensiones.

Resultados en la región

Los resultados obtenidos a partir de la información del Banco Mundial muestran que todos los países de la región cuentan con el bono demográfico.  Argentina y Uruguay lo tienen desde los años setenta; Chile, desde los ochenta; Brasil y Colombia, desde los noventa; Perú y Venezuela, a partir del 2000; Ecuador, desde 2005; y finalmente, Bolivia y Paraguay, desde 2010. Las menores tasas de dependencia las presentan Brasil (43,3 %), Colombia (43,9 %) y Chile (46,3 %), mientras que el resto de los países se encuentran por encima del 50 %.

La crisis del COVID en 2020 afectó los potenciales beneficios del bono demográfico, incrementando la deserción escolar, reduciendo las oportunidades laborales para los jóvenes y aumentando la población de Ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan). Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pandemia provocó en la región un aumento del 17 % en la exclusión educativa y una pérdida de más de la mitad de los avances logrados en la última década. Además, elevó en más de 2 700 000 el número de jóvenes entre 18 y 23 años que se sumaron a los casi 12 900 000 que ya antes de la pandemia ni estudiaban ni trabajaban de forma remunerada.

Finalmente, un análisis del bono demográfico entre los países miembros del G7 (Canadá, Francia, Italia, Japón, EE.UU., Reino Unido y Alemania) revela que solo Japón agotó su bono demográfico, a partir del 2015; y que Francia lo hará en los próximos años. El resto de los países aún disfruta de este dividendo.

Conclusión:

En conclusión, el bono demográfico representa una ventana de oportunidad para el Perú y otros países de la región, pero aprovecharlo plenamente requiere una planificación estratégica que incluya mejoras en educación, generación de empleo de calidad y fortalecimiento del capital humano. Sin estas acciones, el país corre el riesgo de no maximizar los beneficios de esta ventaja temporal y enfrentar, en cambio, un futuro con un crecimiento de la economía limitado y desafíos significativos asociados al envejecimiento poblacional. Ahora es el momento de invertir en el futuro y asegurar que el bono demográfico sea un catalizador de desarrollo sostenible y equitativo para las próximas generaciones.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) condena el asesinato del secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios, Arturo Cárdenas Fernández, quien era conocido por su defensa de los derechos laborales y su firme oposición contra las mafias de extorsión y los cobros de cupos.

Durante su pronunciamiento del colectivo ´El Perú unido contra la delincuencia y por la paz’ que agrupa a gremios de empresarios y sindicatos de trabajadores, el primer vicepresidente de la CCL, Hernán Lanzara Lostaunau, enfatizó que para enfrentar al crimen organizado que ha cobrado la vida de un dirigente se necesita un plan efectivo liderado por la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Asimismo, el también presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL exhortó a las instituciones y a la sociedad colectiva a unir esfuerzos para combatir la delincuencia, que está desbordando con un alto costo en vidas y poniendo en riesgo la seguridad y el libre ejercicio del trabajo.

«La inseguridad ciudadana sigue creciendo en nuestro entorno, por lo que demandamos a los Poderes del Estado a revisar de manera urgente las últimas modificaciones a la legislación vigente que abren el camino a la impunidad de la delincuencia organizada», enfatizó Lanzara Lostaunau.

El representante de la CCL dijo que incluso los pequeños comerciantes pagan un cupo para tener un espacio frente al mercado y viven con temor ante posibles represalias por parte de los extorsionadores.

El representante de la CCL dijo que incluso los pequeños comerciantes pagan un cupo para tener un espacio frente al mercado y viven con temor ante posibles represalias por parte de los extorsionadores. “Veinticuatro dirigentes de sindicatos de la construcción, afiliados a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), han sido víctimas del crimen organizado y la extorsión. Esto tiene que acabar”, resaltó.

Por su parte, el secretario general de la FTCCP y presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva Carbajal, demandó una investigación exhaustiva del asesinato del dirigente Arturo Cárdenas por parte de las autoridades que administran justicia. “Esperamos que caigan los responsables de este crimen y les caiga todo el peso de la ley”, acotó.

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En los últimos cincos años, el Perú ha acumulado S/ 70 000 millones en inversiones comprometidas en 7 proyectos de infraestructura bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que asegura la ejecución de los proyectos con la celeridad de contratos y transferencia de conocimientos.

Así lo manifestó Alberto Valenzuela, presidente de la Comisión Nacional de Infraestructura durante su participación en la conferencia “Comprendiendo los Acuerdos de Gobierno a Gobierno: coyuntura y desafíos”, organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y Latac Business.

Entre los proyectos más representativos figuran los Juegos Panamericanos y el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (hoy Autoridad Nacional de Infraestructura) a cargo del Reino Unido; el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (Corea del Sur); la nueva Carretera Central y los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena (Francia), y la tercera etapa del proyecto Chavimochic (Canadá).

Alberto Valenzuela indicó que el monto de inversión de contratos G2G equivale al 50 % del presupuesto asignado al Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. No obstante, señaló que solo algunos de estos proyectos forman parte de este plan, tema que debería ser revisado por el Ejecutivo “a fin de generar una coherencia entre la planificación de largo plazo y las ejecuciones que se vienen dando por G2G, Asociaciones Público Privadas (APP) y obra pública tradicional”.

Añadió que, de concretarse una segunda generación de acuerdos G2G esta debería contar -además de asistencia técnica- financiamiento en el mercado internacional.

Por otro lado, para impulsar las Asociaciones Publico Privadas (APP), Valenzuela indicó que los G2G pueden ayudar con asistencia técnica a ministerios o entidades públicas concedentes (los que otorgan la concesión) de manera que estos proyectos y Obras por Impuestos puedan entregarse con celeridad. “En el caso de las APP, los proyectos se realizarían en un plazo de 2 años y no en 12 años como se da actualmente”, comentó.

Por su parte, Raúl Barrios, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, aseguró que el sector privado tiene la capacidad para desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura, pero lamentablemente en el sector público la rotación de sus funcionarios por la inestabilidad de los gobiernos, afecta el pleno desarrollo de los proyectos.

“Además tenemos funcionarios públicos que no tienen confianza ni respaldo para la toma de decisiones. Igualmente contamos con una Contraloría que considera que todos somos delincuentes que, a través de sus informes, recomienda al procurador crear un proceso penal contra todos los responsables del proyecto incluyendo a empresarios”, resaltó.

Por tanto, afirma que los convenios G2G al contar con buenas prácticas internacionales respalda a empresarios y funcionarios ante cualquier opinión de Contraloría que genere un proceso judicial.

Combinar contratos G2G y APP

Así también, para cerrar la brecha de infraestructura pública y reactivar la inversión en el corto plazo, Juan José Cárdenas, socio Damma Legal Advisors propuso combinar convenios G2G y APP con el fin de asegurar -en el largo plazo- mejores niveles de servicio.

En tanto, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones precisó que combinar G2G y APP es una buena opción si se quiere contar con más proyectos de infraestructura en el menor plazo; no obstante, un problema que arrastra el Estado peruano es su incapacidad de elaborar acciones en materia de infraestructura relacionadas a mejorar procesos y competencias en el mercado, así como asegurar las finanzas públicas.

“Frente a la falta de visión para el desarrollo, los G2G permiten abrir caminos más eficientes en infraestructura y servicios”, comentó.

Por su parte, Amalia Moreno, GG de Integridad e Innovación Consultores S.A.C y exdirectora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, afirmó que, si bien se han logrado importantes proyectos en el país, no se había logrado adquirir una capacidad solida de gestión. Por tanto, consideró que hoy es oportuno apostar por una transferencia “real” de conocimiento, objetivo principal de esta modalidad de contratos.

En esa línea, Luis Alonso Robas, exvicecontralor de la Contraloría General de la Republica afirmó que, ante los escenarios de corrupción en años anteriores, como el Caso Lavajato y el Club de la Construcción, que generó un daño sistémico al país, los G2G han permitido generar transparencia y confianza debido a sus reconocidas prácticas internacionales.

Empero, consideró que el Estado no ha resuelto temas sustanciales para aprovechar los beneficios que conlleva estos convenios como el tema de gobernanza (para retener capital humano), el desarrollo de plataformas para una verdadera transferencia de conocimiento, etc.

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El Gobierno ha solicitado al Congreso de la República la delegación para legislar en 10 áreas, por un plazo de 90 días calendario desde que entre en vigor el Proyecto de Ley 7752/2023-PE. ¿Cuál es el proceso para que el Poder Legislativo apruebe esta delegación? ¿Habrá oportunidad de conocer el detalle de las propuestas del Ejecutivo antes de su aprobación?

Para abordar estas interrogantes, nos responde el gerente legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Álvaro Gálvez, ofrece precisiones.

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Proceso de aprobación y divulgación de propuestas del Ejecutivo

El proyecto de ley presentado el 3 de mayo último ya ha sido derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que deberá debatirlo y emitir un dictamen a favor o en contra. El dictamen también puede conceder la delegación en unos temas y restringirlos en otros.

“De ser a favor, luego deberá ir al pleno del Congreso, para que sea votado. Teniendo en cuenta que ya está cerca el fin de la legislatura, todo este trámite debe ser priorizado.  Una vez aprobado, el Ejecutivo tendría 90 días para expedir las normas que está proponiendo”, detalla Álvaro Gálvez.

Sobre la divulgación de las propuestas antes de su aprobación, Gálvez expresa preocupación, dado que el Gobierno solicita autorización para emitir numerosas disposiciones, muchas de ellas en temas sensibles y que probablemente lleguen a un número cercano a 100.

“Frecuentemente, hemos visto que el proceso de emisión de decretos legislativos no es precisamente el más transparente y muchas veces la ciudadanía se entera del contenido de estas propuestas cuando ya están publicadas en el diario oficial El Peruano. Esperemos que el Ejecutivo pueda comunicar sus proyectos de ley con anticipación y sea proclive a recibir la opinión de las partes interesadas”, añade el gerente legal de la CCL.

Asegurando transparencia y participación ciudadana

Gálvez destaca que la Ley  General de Mejora de la Calidad Regulatoria y su reglamento establecen la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de aplicar el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR) para la emisión de sus normas, lo cual implica una etapa de socialización de las iniciativas normativas.

“Este Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante es una herramienta fundamental que tiene como objetivo evaluar de manera anticipada los posibles efectos que una nueva normativa podría tener en diferentes ámbitos, tales como la economía, la sociedad y el medio ambiente. Este análisis es obligatorio para todos los proyectos de disposiciones normativas de carácter general en el Poder Ejecutivo, incluyendo anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos. La obligatoriedad de este análisis garantiza que las decisiones normativas estén basadas en evidencia y que se minimicen los posibles impactos negativos, promoviendo una regulación más efectiva y eficiente”, señala.

¿Cómo asegura esta ley la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de creación de normas? Álvaro Gálvez indica que la ley establece que todas las entidades del Poder Ejecutivo deben publicar previamente los proyectos de  normas que proponen, permitiendo que los ciudadanos interesados puedan participar activamente en el proceso.

“Esta transparencia no solo fortalece la confianza pública en las instituciones, sino que también enriquece el proceso normativo con diferentes perspectivas y comentarios, lo cual puede mejorar significativamente la calidad y la aceptación de las normas. La delegación de facultades no es nunca una excepción a la transparencia y participación ciudadana”, menciona.

Propuestas de la CCL para reactivar la economía

Con respecto al Proyecto de Ley N.º 7752/ 2023-PE, el 21 de mayo pasado, la CCL presentó su análisis y comentarios al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Durante la cita, en la que participaron también otros gremios empresariales, Jaime García Díaz, director de la CCL, entregó las propuestas de nuestro gremio en los ejes de reactivación económica, sistema tributario, contrataciones del Estado, salud y arbitraje.

En materia de reactivación económica, la CCL propone que se mantenga un manejo fiscal prudente; impulsar reformas que mejoren los resultados y la ejecución de la inversión pública; apoyos financieros y capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); y la creación de zonas francas privadas. Asimismo, propone impulsar los proyectos de inversión pública y privada, especialmente en el sector minero, así como la ejecución de los proyectos con mayor presupuesto a nivel nacional y regional.

En lo que se refiere a materia tributaria, la CCL plantea continuar con la simplificación de trámites burocráticos e impulso de la digitalización de procesos; así como que se instaure un régimen de fraccionamiento especial para el pago de la deuda tributaria y se establezca la tributación de las pequeñas empresas sobre la base de utilidades y no solo sobre ingresos. Además, sugiere el apoyo a diversas iniciativas legislativas que incentiven la exportación de servicios en sectores estratégicos como el régimen de exportación de la fabricación y maquila.

Con respecto a la seguridad ciudadana, propone la creación de una Secretaría o Subsecretaría de Seguridad Ciudadana en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. “Planteamos intervenciones focalizadas contra las economías ilegales e ilícitas; y la creación de una Unidad de Información en materia de extorsión en el sector aduanero, construcción y comercial, en donde se recopile la clasificación sistemática de la información procedente de las extorsiones. Todas estas acciones buscan disminuir los altos índices de criminalidad y de extorsión”, señaló Jaime García.

De otro lado, en materia laboral, el gremio empresarial propone fortalecer los espacios de amplio debate de la agenda normativa laboral y que se considere la participación de los trabajadores y empresarios, tal como el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

“Esta medida permitirá lograr soluciones concertadas en dicha materia, dotándole de la legitimidad social, principalmente en temas de interés general como la tercerización laboral, las relaciones colectivas del trabajo, la remuneración mínima vital, el proyecto de nuevo Código Procesal del Trabajo y la gestión y nueva gobernanza de EsSalud, entre otros”, indicó García Díaz.

Respecto a la Ley General de Contrataciones Públicas, la CCL propone reevaluar los artículos 74 y 86 de la autógrafa de ley que modifica la normativa vigente, por lo cual sugiere eliminar la exigencia de la contra cautela en todos los casos, sin excepción, y que se garantice que toda apelación sea resuelta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En lo que se refiere al sector Salud, la CCL propone el cumplimiento estricto de la Ley de Contrataciones Públicas y el reconocimiento del pago parcial de compromisos contractuales en situaciones que lo ameriten.

Con relación al arbitraje, la CCL se aúna a la preocupación ante la proliferación de centros de arbitraje creados sin mayor rigurosidad y que en algunos casos incurren en prácticas indebidas. En ese sentido, propone establecer normas específicas para los arbitrajes en los que participa el Estado peruano, y que podrían contener un acápite relativo a la creación de los mencionados centros.

Finalmente, solicita la reactivación efectiva de las mesas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por ser un valioso espacio que ha sido esencial para la resolución de problemas operativos y vitales en diversos sectores.

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CCL entrega a PCM propuestas para reactivar la economía

Las reglas fiscales desempeñan un papel fundamental en la salud financiera de un país.  Su objetivo principal es corregir incentivos distorsionadores y evitar gastos excesivos, especialmente en momentos de bonanza económica, con el fin de garantizar el compromiso con la estabilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda, restringiendo la discrecionalidad fiscal. Además, funcionan como una estrategia de señalización que revela las preferencias del Gobierno a los mercados financieros.

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Entre los beneficios que ofrecen las reglas fiscales se encuentran:

– Fortalecimiento de la credibilidad de la política fiscal.

– Reducción del riesgo percibido por los mercados financieros.

– Mejora de la transparencia y la institucionalidad de la política fiscal.

– Generación de predictibilidad en las cuentas fiscales, lo cual es altamente valorado por los mercados de deuda.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en 2019, señala que existen varios tipos de reglas fiscales, como la regla de equilibrio presupuestario, que fija topes al déficit y que son fáciles de evaluar; la regla de deuda, que establece límites a la deuda expresada como un porcentaje del PBI; la regla del gasto primario o corriente, fijándole una tasa máxima de crecimiento; y las reglas de ingreso, que buscan potenciar la recaudación fijando máximos y mínimos.

Según el BID, en América Latina catorce países han implementado algún tipo de regla fiscal para corregir incentivos distorsionados y evitar expansiones de gasto ligadas a ciclos electorales. Cabe señalar que, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un seguimiento de las reglas fiscales desde 1985 para 106 economías del mundo. En el caso del Perú, las reglas fiscales han sido discutidas para mejorar la gestión de la política fiscal y evitar la prociclicidad.

En resumen, las reglas fiscales son herramientas claves para mantener la disciplina fiscal y promover una gestión económica responsable y predecible.

El MMM 2024-2027

En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y publicado en abril pasado, se indica que el shock negativo del año 2023 afectó las finanzas públicas generando una disminución en los ingresos fiscales, lo que provocó no cumplir con la regla fiscal de déficit de 2,4 % del PBI, llegando a un 2,8 %.

Si tomamos en cuenta que para 2024, la regla es de 2 % del PBI, eso implicaría un ajuste de 0,8 puntos porcentuales del PBI en el déficit, lo que exigiría un fuerte ajuste fiscal en partidas, como la inversión pública, con consecuencias negativas para el crecimiento económico.

Por ello, el Poder Ejecutivo, a través del MEF, plantea en el MMM 2024-20027 un escenario de consolidación fiscal más gradual, modificando las reglas para 2024, de 2 % a 2,5 % del PBI; para 2025, de 1,5 % a 2,2 %; para 2026, de 1,0 % a 1,8 %; para 2027, de 1 % a 1,4% del PBI; y para 2028, de 1 % del PBI. Con ello, se busca evitar un ajuste fiscal radical que pueda comprometer la recuperación de la economía y, por ende, el bienestar de los ciudadanos. Esta propuesta está aún pendiente, pues el Gobierno enviará al Congreso de la República la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia económica.

Sin duda, la flexibilización de las reglas fiscales requiere una estricta evaluación. Hay que tener presente las ventajas de su cumplimiento, pues permiten una mayor confianza en los mercados financieros y ofrece una mayor predictibilidad a los agentes económicos, lo que contribuye a fomentar la inversión. En cambio, su modificación se suele realizar para facilitar la aplicación de políticas contracíclicas, posibilitar la inversión pública o para a adaptarse a shocks imprevistos; pero afecta la credibilidad y el precedente que se podrá cambiar nuevamente en el futuro.

La modificación de las reglas fiscales en el Perú no es una novedad. Se han cambiado frecuentemente, estableciendo límites transitorios o modificándolas explícitamente. También, se han establecido cláusulas de escape ante situaciones de emergencia nacional o crisis internacional.

No obstante, hoy en día, lamentablemente, los agentes económicos tienen la percepción de que el Estado Peruano invierte en megaproyectos sin realizar evaluaciones exhaustivas de su rentabilidad a largo plazo. Esto se debe a falta de capacidad técnica, presiones políticas y a un despilfarro de recursos que pudieron ser asignados en áreas con mayor impacto económico y social.

Reglas fiscales en Europa y Estados Unidos

Recientemente, la Unión Europea (UE) actualizó su marco de reglas fiscales. En diciembre de 2023, los responsables de las políticas económicas de la UE acordaron implementar nuevas directrices para la gestión de la deuda y el déficit públicos. Estas normativas conservan los umbrales existentes del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % del PIB para la deuda, e introducen planes fiscales personalizados de cuatro años para cada país miembro.

Las características destacadas de estas nuevas reglas incluyen:

1. Planes fiscales personalizados, donde cada nación establecerá su plan fiscal cuatrienal, siguiendo una «ruta técnica» sugerida por la Comisión Europea.

2. Se permite extender el plazo hasta siete años si se realizan reformas e inversiones que fomenten el crecimiento y atiendan objetivos como la transición ecológica y la digitalización.

3. Se establecen dos medidas de protección clave. La primera exige a los países con deuda sobre el 90 % del PBI reducirla en al menos un punto porcentual anual y para los que estén en el rango entre 60 % y 90 % la reducción será de medio punto porcentual. La segunda impone a los países con un déficit menor al 3 % continuar su ajuste hasta alcanzar el 1,5 %.

La Comisión Europea se encargará de monitorear el cumplimiento de los acuerdos y podrá iniciar procedimientos si algún país excede el límite de deuda establecido. Por ejemplo, en caso de incumplimiento se impondrán multas semestrales por importe de un 0,05 % del PBI hasta que el país tome medidas, sin que exista tope alguno para las multas acumuladas.

Estas reformas buscan mantener estándares mínimos de disciplina fiscal. El acuerdo necesita la aprobación del Parlamento y el Consejo Europeo y se prevé su entrada en vigor en 2024, con aplicación en la planificación presupuestaria a partir de 2025.

De otro lado, en el caso de Estados Unidos, las reglas fiscales se aplican principalmente a nivel estatal y local, ya que la Constitución no impone un límite de deuda o déficit a nivel federal. Por tanto, pueden variar significativamente entre los diferentes estados y municipios, y su aplicación depende de la legislación local y las decisiones políticas. Sin embargo, existen mecanismos y leyes que buscan promover la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas como la Ley de presupuesto equilibrado, los límites de deuda y las reglas que limitan el crecimiento de gasto público según la evolución de la inflación y el crecimiento económico.

¿Qué debería entonces hacer el Gobierno peruano?

En conclusión, las reglas fiscales son pilares fundamentales para garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su implementación no solo fortalece la credibilidad de la política fiscal y reduce el riesgo percibido por los mercados financieros, sino que también mejora la transparencia y la institucionalidad del sistema fiscal. Por ello, es crucial que los países evalúen cuidadosamente cualquier modificación en estas reglas, considerando tanto sus beneficios como las posibles repercusiones en la confianza de los inversionistas y la predictibilidad económica.

En estas circunstancias, ¿qué debería entonces hacer el Gobierno peruano? El manual dicta que si un gobierno incurre en un déficit fiscal, esto implica que la deuda pública aumente. Este escenario implica que, en algún momento, dado que el déficit no puede ser permanente, el Ejecutivo deberá realizar un reajuste fiscal mediante recortes de gastos o aumentos de la recaudación.

Ambas medidas son factibles, pero no son tareas fáciles. En el primer caso, el gasto del Estado no ha dejado de crecer en los últimos años, sobre todo el gasto corriente, por lo que recortar lo necesario requiere de un acucioso y objetivo análisis. En el segundo caso, aumentar los impuestos a los que ya los pagan no es una opción en tiempos de crisis económica como el actual.

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Deuda pública: Riesgos y aciertos del manejo fiscal

El 5 de julio de 2023 fue promulgada la Ley N.° 31814, titulada “Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país”. Esta ley tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo económico y social a través del fomento de la inteligencia artificial en el contexto de la transformación digital nacional, garantizando el respeto a los derechos humanos y promoviendo un entorno seguro y ético para su implementación.

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Entre los principales principios rectores establecidos por esta ley para el desarrollo y uso de la IA se incluyen:

– Estándares de seguridad basados en riesgos: fomento de un enfoque de gestión de la IA basado en la evaluación y mitigación de riesgos.

– Pluralidad de participantes en la formulación de políticas de IA.

– Gobernanza de internet y sociedad digital: promoción de principios que regulan el uso de internet y valorización del acceso a tecnologías digitales.

– Desarrollo ético: énfasis en la ética como base para el uso responsable de la IA.

– Privacidad: protección de la privacidad de las personas ante las tecnologías de IA.

Asimismo, se designó a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como la autoridad nacional responsable de dirigir y supervisar la implementación de la IA. Es dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus funciones incluyen la promoción del desarrollo de IA, la formación de profesionales en el campo y la creación de infraestructura digital necesaria.

Se dispuso además que el Poder Ejecutivo debía aprobar el reglamento de la ley en el plazo de 90 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor. No obstante, dicho plazo venció el 15 de noviembre pasado sin que ello suceda. Ante ello, mediante la Resolución Ministerial N.° 132-2024-PCM, publicada el 2 de mayo último, se publicó el proyecto de Reglamento de la Ley N.° 31814, cuyo contenido resumimos a continuación:

1. Objetivo del reglamento:

Establecer las bases para un desarrollo ético y seguro de la IA, respetando los derechos humanos y fomentando el desarrollo económico y social. También busca fortalecer la gobernanza de la IA en el país, promoviendo su uso en el marco del Sistema Nacional de Transformación Digital.

2. Ámbito de aplicación:

Se aplica a todas las entidades gubernamentales y empresas del Estado, así como a la sociedad civil, la academia y el sector privado.

3. Definiciones:

Clarifica términos relevantes como «algoritmo», «ciclo de vida de los sistemas basados en IA», “datos de entrada”, “datos de entrenamiento”, “modelo fundacional”, “inteligencia artificial”, “sesgo de automatización”, “sistema basado en inteligencia artificial”, “uso indebido razonablemente previsible”, entre otros, para unificar criterios en el uso y desarrollo de la IA.

4. Autoridad nacional:

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional encargada de dirigir, evaluar y supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

5. Acciones y obligaciones de la autoridad nacional:

Incluye la promoción de la IA, evaluación de la adopción de sistemas basados en IA, realizar propuestas normativas y lineamientos, brindar asistencia técnica a las entidades de la administración pública para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, entre otras.

6. Gobernanza ampliada:

Se involucra en la gobernanza para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, otros actores como la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y las entidades de la administración pública para una gestión integral.

7. Obligaciones de las entidades públicas

• Organización de equipos técnicos multidisciplinarios: las entidades públicas deben formar equipos técnicos para evaluar problemas públicos que puedan beneficiarse de soluciones tecnológicas basadas en IA.
• Generación de datos y casos de uso: deben generar, recolectar y consolidar datos para desarrollar casos de uso de IA que resuelvan problemas públicos.
• Intercambio de información y capacitación: las entidades deben intercambiar información relevante y fortalecer las capacidades del personal en áreas claves como matemáticas, estadística y programación.

8. Instrumentos para el uso y desarrollo de la IA

Se señalan como instrumentos para el uso y desarrollo de la IA:

a. El Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial.

b. El Centro Nacional de Computación de Alto Rendimiento.

c. El Centro Nacional de Datos.

d. Infraestructura Digital para el uso y desarrollo de Inteligencia Artificial.

e. Los lineamientos, protocolos y estándares técnicos para el uso y desarrollo de inteligencia artificial.

f. Otros que establezca la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital

9. Centro Nacional de Datos

Promueve el desarrollo de estándares y buenas prácticas para la obtención, limpieza, procesamiento y análisis de datos para su uso en sistemas basados en inteligencia artificial, desarrollo de estándares y prácticas para la gestión de datos para su uso en sistemas basados en IA.

10. Centro Nacional de Innovación Digital e Inteligencia Artificial

Impulsa las acciones para la promoción, despliegue y uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

11. Centro Nacional de Computación de Alto Rendimiento

Proporciona infraestructura digital y servicios de computación de alto rendimiento a entidades públicas, facilitando la experimentación y prueba de proyectos de IA.

12. Categorías de riesgos en los sistemas basados en IA:

Se establece categorías de riesgo para sistemas de IA, como inaceptable, alto, medio y bajo.

13. Sistemas IA de alto riesgo:

Un sistema se considera de alto riesgo cuando utiliza identificación biométrica y categorización de personas naturales; soporte de seguridad de la infraestructura de un activo crítico nacional para la prestación de servicios esenciales; acceso a un centro de educación y formación profesional o para la evaluación de los estudiantes de dichos centros; selección, evaluación, contratación y terminación de trabajadores o postulantes a un puesto de trabajo; acceso, evaluación, orden de priorización y/o terminación de la prestación de programas sociales y/o servicios de emergencia.

Asimismo evaluación crediticia de personas; apoyo en la toma de decisiones, interpretación normativa o de los hechos por una autoridad jurisdiccional; acceso a servicios de salud, evaluación, diagnóstico, manejo o pronóstico del estado de salud de individuos que pueda tener un impacto significativo en su bienestar físico o mental; evaluación de riesgo de delitos o infracciones penales o reincidencia de personas naturales y de riesgo de victimización, evaluación del estado emocional de una persona natural, entre otros.

El implementador de los sistemas basados en IA estaría obligado a identificar y evaluar los riesgos generados por su finalidad prevista y ante el uso indebido razonablemente previsible e implementar medidas de gestión de riesgo idóneas, las cuales han sido evaluadas por un tercero independiente con el fin de verificar su funcionamiento adecuado y el reporte de los riesgos residuales, entre otras obligaciones. El implementador puede demostrar el cumplimiento de las obligaciones, si adquirió de un proveedor, distribuidor o importador un sistema basado en IA que cuente con certificaciones ampliamente reconocidas y basadas en estándares internacionales.

14. Prohibición de sistemas IA de riesgo inaceptable: se prohíbe el uso de la IA considerada de riesgo inaceptable, siendo aquellas que puedan manipular comportamientos o violar la privacidad de manera significativa, entre otros usos.

15. Privacidad y transparencia: se obliga a los implementadores a asegurar la protección de datos y proporcionar transparencia sobre el funcionamiento de los sistemas de IA.

16. Uso ético y educación: promueve la formación en ética de la IA y establece lineamientos éticos para su aplicación.

17. Fomento de la computación en la nube y el uso de datos: facilita recursos de computación en la nube para desarrollo de la IA y dicta el uso y publicación de datos por entidades públicas.

18. Desarrollo del talento y competencias: establece iniciativas para mejorar las habilidades en IA y ciencia de datos, y promueve la atracción de talento nacional e internacional.

Los interesados pueden revisar el texto completo del proyecto en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6273073/5516872-proyecto-reglamento-ley-31814.pdf?v=1714659628

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¿Cómo afectaría al Perú a corto o mediano plazo la rebaja de su calificación de BBB+ a BBB- por parte de la calificadora Standard & Poor’s (S&P)?

Es una muy mala noticia, aunque totalmente previsible. Esto se debe al deterioro político significativo en el país, que se suma a uno institucional que cada vez es más grave. En ese sentido, a corto o mediano plazo, podría significar una caída aún mayor de las expectativas empresariales. La falta de confianza para los empresarios podría llevar al retiro de las inversiones o a que estas simplemente no lleguen.

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¿Por qué se está perdiendo nuestra calificación crediticia debido a la situación política, más que por otros factores?

En los últimos años, hemos observado en el caso peruano algo muy interesante. A veces se dice que la política no influye en la economía o al revés, pero en este caso sí notamos una relación total; en tanto, el Gobierno tiene un deterioro político básicamente por la gran desaprobación que tiene la presidenta en las encuestas. Entonces, lo político influye en lo económico, porque un Gobierno con muy poca aceptación y con una incertidumbre política muy grande genera inestabilidad. Esa es la razón por la que los empresarios ya no están invirtiendo como se debería en un país que todavía tiene fortalezas fiscales y monetarias que nos ha costado muchos años construir.

¿Cuáles son las otras principales razones de esta rebaja de la calificación crediticia del país?

Aunque somos sólidos en términos monetarios, enfrentamos problemas fiscales, ya que el Perú tiene muchas dificultades para cumplir con la regla fiscal año tras año. Esta situación nos lleva a que seamos menos confiables en materia fiscal. Además, el menor crecimiento económico es preocupante. En estos momentos, lo único favorable es que hay un buen panorama en los precios de los commodities o de los productos que exportamos, esencialmente el cobre, pero este Gobierno ha demostrado que no sabe aprovechar esas bondades que nos da el sector externo. Todo esto ha contribuido a la rebaja de nuestra calificación.

¿Qué implicaría que el Perú pierda su grado de inversión?

Cuando nos están bajando la calificación de riesgo a nivel país, es muy probable que el siguiente paso de Standard & Poor’s sea bajar también la calificación de los bancos y empresas, lo cual significaría que entraríamos en grado especulativo. Esto sería grave, ya que nos volveríamos poco confiables y creíbles, y la gente ya no dejaría su dinero en los bancos y tampoco invertiría en un negocio. Por lo tanto, si no hay inversión, no hay crecimiento; si no hay crecimiento, entonces el déficit fiscal puede aumentar.

¿Podrían aumentar las tasas de los créditos en los bancos y afectar a las micro y pequeñas empresas?

La disminución de la calificación crediticia del país también impactaría a las empresas y los bancos. El país todavía está en grado de inversión, aún no cae al nivel especulativo; pero, si degradan su calificación en el futuro, los bancos y empresas entrarían en un nivel especulativo, por lo tanto, nadie invertiría. Esto llevaría a que el crédito se encarezca grandemente. O sea, la tasa de interés de los préstamos a mediano o largo plazo podría incrementarse. Tal vez, los grandes bancos y empresas podrían sortear esto un poco, pero les va a hacer más difícil conseguir préstamos en el extranjero. Al final, quienes van a padecer estos problemas son los pequeños empresarios y los ciudadanos de a pie.

¿Podrían aumentar los créditos informales?

Sí, cuando el crédito en las instituciones financieras formales se encarece, es probable que aumente el crédito informal, a pesar de las advertencias que se les hace a los pequeños empresarios, los que muchas veces asumen el riesgo y toman créditos informales con tal de no cerrar su negocio.

¿Cree que otras calificadoras podrían ir por el mismo camino de S&P?

No sería sorprendente que Fitch Ratings o Moody’s sigan la misma ruta de S&P, ya que hoy desde el Congreso y el Ejecutivo se está destruyendo fácilmente el sólido sistema económico desde fines de la década de los noventa y que tanto nos costó construir. Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú ha sabido sortear los problemas monetarios y ha mantenido la reputación del país, aunque la situación fiscal sigue siendo preocupante porque el Ejecutivo está dejando al Congreso que maneje la política económica. Es así que este poder del Estado está imponiendo medidas económicas nada favorables para nuestro futuro, como aprobar un nuevo retiro de las AFP y la libre disposición de la CTS. Además, están favoreciendo a ciertas empresas con exoneraciones tributarias que impactan a nivel macroeconómico. Y, por el lado del Ejecutivo, ignoran las recomendaciones del Consejo Fiscal, que no son vinculantes, pero solo por la crítica de cómo manejan la economía, han sacado al presidente de esta importante institución.

¿Cómo deberíamos prepararnos ante este posible escenario?

Es la pregunta clave, pero no soy tan optimista ante el complicado panorama político y económico que está atravesando el país. Pero si hubiera algo que hacer, sería bueno trabajar en tener una estabilidad económica, jurídica y política para las empresas. Otra medida sería incentivar la producción de los sectores económicos para crecer a una tasa por encima del 3 %; y, por lo tanto, el déficit fiscal tendrá menos presión sobre la cuenta fiscal.

Otro reto, es recuperar las expectativas y la confianza de los empresarios para que vuelvan a invertir y así contribuir al aumento de la tasa de crecimiento del empleo. De esta manera, se podrían recuperar las calificaciones que teníamos anteriormente. Pero, esto es difícil que se logre, mientras estemos sumergidos en una crisis política e institucional.

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En el año 2002, nuestro país impulsó el planeamiento estratégico con el surgimiento del Acuerdo Nacional. Uno de sus resultados claves fue la aprobación de la Política de Estado N.° 5, enfocada en un Gobierno basado en objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes. Esto condujo a la creación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan), responsables de diseñar, monitorear y evaluar las políticas de Estado.

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El Ceplan coordina las propuestas para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), que implementa la visión de país, las políticas del Acuerdo Nacional y los compromisos internacionales. El PEDN anterior, «El Perú hacia el 2021», logró avances en aspectos como la reducción de la pobreza extrema y la desnutrición crónica infantil. Ahora, se presenta un nuevo PEDN al 2050 que busca implementar la visión del país para ese año, orientando las políticas de gobierno, los compromisos internacionales y sirviendo como una guía para la sociedad y el Estado. Este plan establece cuatro objetivos nacionales principales: alcanzar el pleno desarrollo de las personas, gestionar el territorio de manera sostenible, elevar la competitividad y productividad, y garantizar una sociedad justa y democrática.

Visión al año 2050

Para 2050, Perú se proyecta como una nación democrática y respetuosa del Estado de derecho y la institucionalidad, con una integración global sólida y una proyección hacia un futuro que salvaguarda la dignidad humana en todo su territorio. La identidad nacional se enriquece con la diversidad étnica, cultural y lingüística, mientras se preserva con orgullo la historia y el patrimonio milenario, así como se protege la biodiversidad.

El Estado se presenta como una entidad constitucional, tanto unitaria como descentralizada, cuyo accionar se caracteriza por su ética, transparencia, eficacia, eficiencia, modernidad y un enfoque intercultural. Con ello se espera un desarrollo inclusivo y equitativo, generando igualdad de oportunidades y sostenibilidad en todas las regiones del país y teniendo como resultado la erradicación de la pobreza extrema.

Esta visión representa las aspiraciones de la población y describe una situación futura de bienestar al año 2050, orientando la mejora continua de políticas y planes que guían las acciones del Estado, empresarios, sociedad civil, academia y organismos cooperantes.

El PEDN al año 2050 considera que el país cuenta con fortalezas como la estabilidad macroeconómica, un sistema financiero que posibilita el acceso al crédito, la vigencia de importantes acuerdos comerciales, un sector empresarial competitivo, además de una cultura emprendedora, donde se convive en libertad, en paz con nuestros países vecinos y contamos con una riqueza natural. Pero, asimismo, existen aspectos internos que limitan el crecimiento y desarrollo del Perú. Existe una brecha en la provisión de servicios públicos; una alta informalidad; baja calidad en la educación, como de investigación, tecnología e innovación en el sector empresarial; narcotráfico; minería y tala ilegal, lo que conduce a una desconfianza ciudadana hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Este plan se enfoca en el desarrollo a largo plazo, poniendo a las personas en el centro y promoviendo la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo económico y social. Se busca consolidar al Perú como un país democrático, ético, inclusivo, competitivo y orgulloso de su diversidad cultural.

Objetivos nacionales

Tomando en cuenta las fortalezas y debilidades como país, así como las oportunidades y riesgos, el PEDN al 2050 establece cuatro objetivos nacionales (ON) que reflejan cambios en el bienestar de la población y en el desarrollo sostenible del Perú y que serán alcanzados en el largo plazo:

– Objetivo nacional 1: Desarrollo de las personas

Posee 6 objetivos específicos y 41 acciones estratégicas.

– Objetivo nacional 2: Territorio sostenible

Cuenta con 8 objetivos específicos y 38 acciones estratégicas.

– Objetivo nacional 3: Competitividad e innovación

Con 7 objetivos específicos y 51 acciones estratégicas.

– Objetivo nacional 4: Democracia y paz

Cuenta con 6 objetivos específicos y 26 acciones estratégicas.

Implementación

La implementación del PEDN al año 2050 se realiza mediante políticas y planes estratégicos coherentes y ordenados, expresados en diferentes niveles y ámbitos, como políticas nacionales, planes sectoriales, regionales, locales e institucionales. Una implementación exitosa depende de la asignación adecuada de recursos financieros, humanos y técnicos, así como de la capacidad de las instituciones públicas para llevar a cabo las acciones planificadas de manera eficiente y efectiva.

Seguimiento y evaluación

El seguimiento y evaluación del PEDN se lleva a cabo anualmente, con la colaboración de sectores, organismos constitucionales autónomos y gobiernos regionales. Se elaboran informes de seguimiento y evaluación de resultados del PEDN, cuya primera evaluación abarca los dos primeros años fiscales del gobierno en turno, y la segunda evaluación comprende los cuatro años fiscales siguientes. El Ceplan, en coordinación con los sectores pertinentes, proporciona los detalles y mecanismos necesarios para recopilar, sistematizar y registrar la información requerida para estos informes.

En lo que respecta al seguimiento, este permitirá identificar posibles desviaciones o áreas de mejora en la implementación del plan, así como hacer ajustes y correcciones si es necesario. Además, facilita la rendición de cuentas y la transparencia en el proceso de desarrollo, al proporcionar una base objetiva para evaluar el desempeño de las autoridades responsables de la implementación.

La evaluación del PEDN implica un análisis más exhaustivo y sistemático del impacto y los resultados logrados a través de la implementación del plan. Esto puede implicar la realización de evaluaciones intermedias y finales para medir el progreso hacia los objetivos establecidos, así como para evaluar el impacto socioeconómico y ambiental de las políticas y acciones implementadas. La evaluación también puede incluir un análisis de los factores que contribuyen al éxito o fracaso de las intervenciones, así como recomendaciones para mejorar la eficacia y la eficiencia de futuras acciones de desarrollo. La evaluación proporcionará información a los ciudadanos y otros actores interesados sobre el progreso y los desafíos en el camino hacia el desarrollo nacional.

En resumen, la implementación, seguimiento y evaluación del PEDN son procesos fundamentales para garantizar el éxito del plan en la promoción del desarrollo sostenible en nuestro país.

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Una correcta planificación beneficia a los ciudadanos

La inversión del gobierno general registró un crecimiento de 21% interanual en abril, por la mayor ejecución de las tres instancias de gobierno, principalmente de los gobiernos subnacionales, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Según grupos de proyectos y actividades, el aumento correspondió al grupo “resto” de proyectos y actividades (31,5 %) y, en menor medida Reconstrucción (7,3 %), en el marco del acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido. Por su parte, el gasto devengado bajo los rubros emergencia sanitaria y reactivación continuaron disminuyendo.

La inversión del gobierno nacional aumentó en 8,4 % interanual. En los gobiernos regionales, en abril el gasto en formación bruta de capital se expandió en 24,7 % respecto al mismo mes de 2022, y la inversión de los gobiernos locales creció en 31,3 % interanual.

En lo que va del año 2023, la inversión del gobierno general se incrementó en 10,5 %, debido al mayor dinamismo del gasto del gobierno nacional y de los gobiernos regionales en 28,7 % y 13,1 %, respectivamente.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, afirmó que el Gobierno de Dina Boluarte, estará enfocado en la terminación y puesta en funcionamiento de los proyectos emblemáticos en diversas regiones del país.

“No haremos un Gobierno en piloto automático, lo que en otras palabras quiere decir que tomaremos decisiones, principalmente, en beneficio del ciudadano”, dijo durante su presentación ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de investidura.

Los proyectos emblemátios son: en La Libertad, la irrigación Chavimochic III, con la culminación de la Presa Palo Redondo y, su canal madre. Según la modalidad de ejecución, se decidirá entre un contrato de Gobierno a Gobierno y la Contratación Directa.

En Arequipa, se impulsará la ejecución del proyecto de irrigación Majes Siguas II con la construcción de su represa, su túnel transandino y su sistema de canales en las dos pampas, considerando una inversión total de US$ 1.369 millones. De este monto, US$ 715 millones corresponden a Chavimochic III y US$ 654 millones, para Majes Siguas.

«Estas dos grandes obras de infraestructura productiva aumentarían considerablemente el potencial nacional de productos de agroexportación de alto consumo en los mercados internacionales como la palta, la uva, la alcachofa y el arándano. Asimismo, generarán más de 180 mil puestos de trabajo, directos e indirectos», remarcó.

En Apurímac se construirá el aeropuerto de Andahuaylas y el hospital de Abancay. «En Tumbes, pondremos en marcha el centro de salud de Máncora y ejecutaremos las defensas del río Tumbes. En Piura, reactivaremos el proyecto Alto Piura e impulsaremos el drenaje pluvial de Piura y Sullana», acotó Ótarola.

En Ancash, se impulsará la construcción del Hospital de Nivel 3-1 en Huaraz y la carretera longitudinal trasandina, en convenio con la empresa minera Antamina, mediante el sistema obras por impuestos.

«Retomaremos, asimismo, el proyecto Chinecas en las provincias de Chimbote y Casma. Una gran noticia para mis paisanos», recalcó.

Sí, estimados lectores, solo 29 de las 1.892 líneas que llenaron las 86 páginas de su Mensaje a la Nación dedicó el presidente Castillo, este 28 de julio, al tema más álgido y escandaloso que enfrenta su gobierno: las reiteradas denuncias por corrupción en los que se encuentra involucrado tanto él como su entorno más cercano, y distintos funcionarios de su gobierno. Veintinueve líneas de generalidades y lugares comunes.

Frente a la expectativa creada por la discusión en los medios y en distintos espacios de debate y diálogo nacional sobre esta crítica coyuntura que socava la institucionalidad y democracia, el reclamado deslinde del Jefe de Estado con la corrupción como muestra de su compromiso por conducir un gobierno transparente, integro y autocrítico, que empodere los organismos de fiscalización y lucha contra la corrupción, no se produjo, dando así un portazo en la cara a la ciudadanía y foros de análisis, como la Comisión de Integridad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que me honro en presidir.

Con inalterable seño, aún frente al accidentado final de su intervención ante el Congreso, el presidente hizo derroche de cifras, datos y supuestos logros de su gestión, pero ni una sola línea respecto a dotar las procuradurías anticorrupción, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y los organismos de supervisión de compras y contrataciones, de la autonomía funcional que la actual crisis de integridad demanda. Un desperdicio de oportunidad.

Frente a los innumerables casos de designación de funcionarios con pobres calificaciones o con denuncias por falta de probidad, la decisión de instaurar de manera irrestricta la meritocracia para acceder a la función pública, el destierro del nepotismo y favoritismo político, y el potenciamiento del rol de SERVIR para el establecimiento de una cultura de integridad en la administración pública, brillaron por su ausencia.

Extrañamos proclame el establecimiento de una incorruptible labor de control a nivel nacional en la gestión de los fondos públicos, principalmente aquellos destinados a la atención de las necesidades sanitarias y de alimentación frente a la crítica coyuntura actual, e implementar, al cien por ciento, las oficinas de integridad en el sector público y la adoptación de la rendición de cuentas como garantía de transparencia frente a la ciudadanía.

No se dignó a dedicar tiempo en su dilatado discurso para referirse a generar una Cultura de Valores e Integridad, algo profundamente decepcionante tratándose de un maestro. En un país donde los índices de percepción de corrupción nos ubican en la posición 105 entre 180 países, esta omisión dice mucho sobre la prioridad que el actual régimen otorga a la lucha contra la corrupción.

Finalmente, más allá de señalar que su gobierno sufre desde antes de haber tomado posesión del sillón presidencial de una campaña en su contra, no se comprometió a colaborar efectivamente con la justicia para esclarecer su vinculación en los actos de corrupción denunciados, tampoco a impedir que se haga uso de la estructura del estado para blindar a los funcionarios públicos denunciados por corrupción.

En resumen, veintinueve líneas casi en blanco.

Esta columna fue publicada en el diario Expreso el 6 de agosto de 2022.

¿Cómo analiza el gobierno de Pedro Castillo a poco de cumplir su primer año de mandato?

Ha sido un Gobierno muy errático y eso se ve reflejado en el hecho de que hayamos tenido cinco gabinetes y en la mayoría de carteras ministeriales se haya tenido también cinco ministros. Pero, en general, es muy difícil pensar que un gobierno puede ser exitoso si no tiene un liderazgo en el tiempo.

No solo eso, sino que, lamentablemente, los ministros seleccionados no han dado la talla. Creo que el nivel ha sido muy bajo y eso ha quedado reflejado con el mismo hecho de que antes la inversión pública a nivel de regiones era más lenta que a nivel nacional. Hoy día, ya se comenzó a ver una inversión pública a nivel nacional más lenta que en las regiones.

Pero, claro, uno viene del sector privado y es consciente de que lo fundamental es la inversión privada y este nivel de inestabilidad política, económica y, por qué no decir también, la inestabilidad a nivel internacional, ha generado que el Perú tenga una proyección de crecimiento para el 2022 en torno a 3%, situación absolutamente inaceptable si es que partimos de la premisa que el 2020 decrecimos 11% y que el 2021 crecimos 13% por el efecto rebote.

Con este 3%, en el fondo estamos regresando a comienzos del 2020, entendiendo que la población ha seguido creciendo y que la actividad económica se ha vuelto muy lenta, pues la pobreza ha crecido.

En el sector empresarial no podemos dejar de ser solidarios con ese nivel de pobreza que existe en el Perú, con esa carencia de servicios de salud, educación e infraestructura básica que tanto necesitamos. Espero que el gobierno de Pedro Castillo piense y recapacite en que necesitamos mucha más inversión. Para eso hay que respaldar la inversión privada.

¿Cuál sería la salida a esta crisis?

La salida es buscar un presidente del Consejo de Ministros que dé la talla y que permita convocar a mejor talento. Lamentablemente, el presidente Castillo no pareciera ser capaz de atraer ese talento ya que sus primeros ministros han sido también lamentables. Lo que nosotros necesitamos es ese talento peruano, ese talento de la mejor gente para ese equipo que se llama Perú. Esa creo que sería la mejor forma para que el presidente Castillo pueda darnos un mensaje más positivo. Pero, no sé si tenga la capacidad.

Hablemos del sector minero. ¿Cuál es el perjuicio que causan las constantes paralizaciones mineras?

Hoy el cobre es el metal del futuro, de la infraestructura y también del medio ambiente. Entre Perú y Chile producimos el 40% de todo el cobre del mundo. Solo Perú obtiene cerca de 2,5 millones de toneladas al año y Chile cerca de 6 millones al año. Perder la oportunidad de tener estos precios y poder, además, poner en valor esos recursos realmente es una barbaridad.

Lo que estamos viendo con el bloqueo de carreteras, en el caso de Las Bambas, es un no cumplir con la ley permanentemente. Esta minera ha cumplido con toda la legislación vigente. Podemos discutir si debió haber hecho un mineroducto o si debió ser conectado al tren, pero lo que es concreto y no se puede aceptar es que las comunidades pretendan que se les compre los terrenos dos y tres veces. El derecho de propiedad es algo que también tenemos que respetar.

El caso de Antamina es algo absurdo, pues se bloqueó la carretera pese a que la comunidad estaba a más de 60 kilómetros de la mina, o lo que la ex premier Mirtha Vásquez manifestó al sur de Ayacucho, de cerrar estas minas porque su instrumento ambiental de cierre de minas concluía dentro de tres años. Ella, siendo una abogada, entiende que un instrumento ambiental es dinámico. Uno presenta esos instrumentos ambientales de forma permanente y continua. No se puede quitar una concesión.

También tenemos el caso del ex premier Guido Bellido, creyendo que porque habla quechua o aymara ya puede solucionar los problemas. Ellos (Mirtha Vásquez y Guido Bellido) antes de ser gobierno promovían las confrontaciones y hoy son incapaces de solucionar ese problema. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es insistir en regresar al Estado de derecho y que cuando uno cumple la ley todos tenemos que cumplirla. Las empresas mineras también tenemos que ser autocríticas, por supuesto, pero tampoco podemos aceptar que se atropellen nuestros derechos.

Nada se habla de la minería informal e ilegal. El señor Vladimir Cerrón la semana pasada sacó un tuit diciendo que, con los ingresos de Cerro Verde, Antamina y Southern se podría cubrir el presupuesto de 21 regiones del Perú. Eso es una ofensa a la inteligencia, porque eso quiere decir, destruyamos todo, recuperemos toda esa plata y olvidémonos de volver a producir.



¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas de este sector?

Entiendo que por la paralización de Las Bambas se ha perdido entre US$ 60 millones y US$ 80 millones. Otro tanto será para Cuajone. Pero, más que cuánto hemos perdido, soy siempre amigo de hablar del futuro. Cuánto estamos impactando en nuestro futuro porque hay que entender que, si bien hay puestos de trabajo que puedan haberse perdido en esta situación tan desagradable, mucho peor es la proyección hacia adelante. Hay que entender que existe mayor cantidad de puestos de trabajo en una actividad minera cuando se construye la mina.

Si nosotros pusiéramos en valor los US$ 57.000 millones que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) contempla construir se generarían 2,3 millones de puestos de trabajo en el Perú. Pero, eso no solo significa minería, sino por su puesto agricultura, agroindustria, turismo, industria manufacturera… Todo lo tenemos que poner en valor y no perder el tiempo. En mi voz se escuchará un tono de frustración, pero así estamos los peruanos.

Este gobierno dice que es del pueblo, pero ¿qué están haciendo con el pueblo?

Eso que “el gobierno es del pueblo” es una demagogia barata. Todo un país tiene que abocarse a su gente. Si quiere llamarle el pueblo, bueno yo también soy parte del pueblo. Todos los peruanos. Yo he nacido en el Perú y moriré en el Perú. No tiene por qué venir a segregar. En este discurso hay una dosis de racismo, de segregación, de separar a los peruanos, de confrontarlo y eso es lo último que debe hacer un líder político.

¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento del sector?

La minería es una actividad de largo plazo con altos niveles de inversión en años y toma mucho tiempo en sacar adelante un proyecto. El caso de Quellaveco, que va sacar la cara por el crecimiento de la industria minera este año, es un proyecto que viene construyéndose desde hace tres a cuatro años.

Los proyectos mineros comienzan con la sociabilización del proyecto donde, tanto la empresa como las comunidades, se conocen y después viene la exploración. Todo ese proceso puede tomar años. Seguramente veremos un crecimiento magro de la industria minera este año en un rango de 3%, 4% o 5%, pero podríamos estar creciendo al 20%. Del portafolio de los US$ 57.000 millones que tiene el Minem de proyectos mineros, la mayoría son cobre que bien podríamos aprovechar. El BCRP ha reducido la proyección de crecimiento de la economía peruana a 3,1% y la inflación sigue alta.

¿Qué medidas deben tomarse para apuntalar el crecimiento?

No hay varita mágica. La solución de nuestro querido Perú son políticas macroeconómicas serias y responsables para evitar la inflación y, en eso, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cumple un rol fundamental. Pero, eso tiene que venir acompañado de inversión que es la que genera riqueza y que permite, por ejemplo, traer más divisas que hacen que el tipo de cambio no vaya a subir. Hay que evitar, por ejemplo, los productos importados, principalmente de alimentos, que es donde está la mayor inflación. A la gente más pobre que vive de la subsistencia, la inflación de alimentos le impacta más y es la que más está sufriendo. “La inflación del pueblo”, como dicen, está perjudicando más a la gente de pocos recursos. Creo que la solución es más inversión y políticas macroeconómicas serias y responsables que permitan que la inflación no se dispare.

La Cámara de Comercio de Lima consideró que el presidente Pedro Castillo ha demostrado una vez más que no tiene la capacidad de convocar un gabinete ministerial integrado por profesionales con experiencia y trayectoria intachables, de alto nivel técnico y con la ética y cualidades que se requieren para ejercer la función pública.

Afirmó que los integrantes del nuevo consejo de ministros son, con honrosas excepciones, más de lo mismo en relación a sus antecesores y, lo que es preocupante, no garantizan la estabilidad que requiere nuestro país y mucho menos el manejo eficiente y transparente de los asuntos del Estado.

El gremio empresarial cuestionó que el jefe del Estado haya privilegiado nuevamente el reparto de cuotas de poder y el pago de favores políticos, sin considerar la profunda crisis política, económica y de inseguridad en que se encuentra sumido el Perú desde que inició su gobierno.

Criticó que una vez más las máximas responsabilidades del país hayan sido puestas en manos de personajes que no solo no reúnen las mínimas capacidades necesarias para ser ministro de Estado, sino sobre quienes también pesan acusaciones de corrupción, violencia física y psicológica contra su entorno familiar y social, así como graves faltas a la ética en su ejercicio profesional.

Sostuvo que este es un gabinete de “supervivencia” con el cual el presidente Castillo no busca asegurar que el Perú supere la pandemia del coronavirus, impulse la generación de puestos de trabajo, atraiga la inversión privada nacional y extranjera,  garantice el retorno de los estudiantes a sus clases o que las personas no sigan siendo presas de la delincuencia, sino más bien que los grupos políticos a quienes ha entregado un ministerio y que cuentan con representación parlamentaria, impidan con sus votos cualquier intento de vacancia.

Además, la CCL hizo notar que el presidente Castillo ha faltado a su palabra al incumplir el compromiso de nombrar “un gabinete más participativo y de ancha base” que hizo horas antes de juramentar al supuestamente “recompuesto” consejo de ministros, donde apenas ha cambiado a seis del total de anteriores integrantes.

Recordó que el mandatario también desnaturalizó el ofrecimiento que hizo en su mensaje a la nación, en el sentido de que los cambios ministeriales “se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales”, lo cual no se ha cumplido.

La CCL hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, el Poder Judicial y la Procuraduría Pública a mantenerse vigilantes frente a esta situación; y al Congreso de la República a ejercer sus labores de fiscalización y control político a fin de impedir que el país continúe siendo manejado como un botín en el que se reparten ministerios, puestos de trabajo, contratos y licitaciones a amigos, familiares, socios electorales y malos empresarios coludidos con el poder.

El crecimiento de la economía peruana en el 2021 fue en gran medida producto del efecto rebote luego de la profunda caída registrada el año anterior. ¿Cuáles son las proyecciones de la CCL para la economía de nuestro país este año?

Efectivamente, si bien hay sectores, como es el caso del Gobierno, que evalúan el desempeño económico del 2021 como un punto positivo e incluso hablan de crecimiento, en realidad no debemos olvidar que se trata de un impulso que viene desde muy abajo, luego de un año 2020 realmente malo a raíz de la pandemia y del pésimo manejo para enfrentarla, que se basó en un cierre indiscriminado de todas las actividades económicas del país.

Se compara el 2021 frente al 2020, pero terminar con un PBI de dos dígitos luego de haber caído también dos (-11,1%), no es del todo positivo. Se trata de un rebote al que se sumó el aumento de los precios de los metales a nivel internacional.

Nuestras esperanzas en el 2022 estaban puestas en un nuevo gobierno que designaría ministros con mucha experiencia en su sector, con planes concretos para lo más urgente que necesita el país: enfrentar de forma eficiente la emergencia sanitaria de una pandemia que no se va y que ahora entra a una tercera ola y, en paralelo, reactivar la economía cuanto antes para generar empleo y volver a reducir la pobreza.

Pero, luego de cinco meses tenemos una administración que no muestra planes concretos, que no cuenta con cuadros técnicos y profesionales debidamente calificados para ocupar, no solamente los más altos cargos del Estado, sino hasta los mandos medios; y que se ha visto involucrada en serias acusaciones de corrupción. En este momento no tenemos esperanzas en el Gobierno.

No obstante, el sector privado debe seguir trabajando y eso haremos. Con el esfuerzo de emprendedores, trabajadores y empresarios, esperamos que la economía peruana crezca en el 2022 alrededor de 3%, lo cual sería resultado del crecimiento de los sectores primarios o que se conocen como actividades extractivas, como minería, pesca, agricultura e hidrocarburos.

Contribuirían también el comercio y los servicios, pero actividades como la manufactura y la construcción se contraerían este año, lo que resulta preocupante porque se suponía que luego de tres décadas de crecimiento, en las cuales se impulsaba el valor agregado en la producción nacional, otra vez nuestra economía volverá a depender de lo extractivo. Es un retroceso.

► Peter Anders: Palos de ciego (a)

► Peter Anders: Compromisos

También es cierto que la crisis es mundial, que se ha retraído la demanda de los mercados externos, que han subido los costos de las materias primas y que todo esto afecta al Perú.

Es posible que ese análisis sea cierto hasta cierto punto, porque en medio de una pandemia que afecta a todo el mundo y que ahora nos amenaza con una variante altamente contagiosa, no es posible seguir creciendo a ritmos de 5% o 7% como antes.

Es verdad también que a nivel internacional los precios de las materias primas se han incrementado, que hay problemas en el transporte internacional por los puertos saturados y aumento de fletes.

Pero, como si no fuera suficiente, los peruanos debemos sumar la crisis política que nos afecta debido a un gobierno que solo genera incertidumbre e inestabilidad.

Deberíamos crecer alrededor de 7%. Sería lo ideal, pero para crecer a ese ritmo se requiere de predictibilidad, estabilidad política, jurídica y económica, a partir de las cuales la inversión privada crece en cualquier país del mundo. Hoy el Perú no puede asegurar ninguna predictibilidad. El sector minero es una prueba de ello porque no ha tenido un Estado que lo defienda de actos violentistas y que defienda la prevalencia de la ley.

Los reiterados anuncios de las máximas autoridades del Gobierno, ya sea promoviendo el cierre de minas, la nacionalización del gaseoducto y una serie de acciones intervencionistas nos demuestran que el régimen del presidente Pedro Castillo tiene una agenda contraria a la inversión privada, aun cuando en discursos posteriores trate de desmentirse.

¿Es posible hablar de confianza empresarial en un contexto así?

No, porque hasta el día de hoy el Gobierno solo genera incertidumbre, inestabilidad y desconfianza. Los anuncios de una nueva Constitución, de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que no es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y anuncios sobre nacionalizaciones y un ideario de izquierda extrema han provocado que se vayan del país US$ 15.000 millones.

Ni aun con esa fuga de capitales –que es más que un llamado de atención, yo diría que un grito de auxilio–, el Gobierno hizo algo por recuperar la confianza del empresariado, del emprendedor y del pequeño ahorrista que busca la forma de proteger su dinero.

No podemos hablar de confianza porque nos encontramos inmersos en una situación extraña y alarmante. Vivimos a la deriva; sin liderazgo; con pugnas por cuotas de poder, con autoridades que impulsan la informalidad, cuando deberían combatirla; con un Ministerio de Economía y Finanzas que luego de muchos años no da proyecciones de crecimiento; y con cambios constantes de ministros. Solo en cinco meses renunciaron cuatro ministros y uno fue censurado. Además, vamos por un segundo gabinete que no sabemos cuándo durará.

Usted le ha pedido al presidente Castillo que enmiende el rumbo, porque hay tiempo de corregir. ¿Persiste en esa esperanza? ¿Espera que el Gobierno asuma que es hora de enmendar sus errores?

Nunca pierdo las esperanzas. El Gobierno debe hacer algo urgente para que la economía no siga cayendo. Debe comenzar a ejecutar el gasto público. No es posible que en el 2021 el sector salud, en medio de una pandemia mundial, solo haya ejecutado el 46,3% de su presupuesto, siendo el segundo de menor ejecución presupuestal en todo el año.

Se requiere darle liquidez a la economía peruana y, en el caso de salud, se requiere rapidez y ejecución en medio de una tercera ola que debe encontrarnos preparados para no perder otros 200.000 peruanos como en la primera ola.

Asimismo, se requiere definir una meta. Ya basta de marchas y contramarchas. También se debe recurrir a profesionales, especialistas y dejar de lado la improvisación. Y, finalmente, luchar contra la corrupción, pero de forma real y concreta, no de la boca para afuera.

El Gobierno solicitó facultades legislativas para poner en marcha una reforma tributaria y la CCL se opuso porque considera que se requiere de un debate más amplio. ¿Se debe impulsar ese debate y concretar una reforma tributaria?

Por supuesto que sí, la CCL no se opone a una reforma tributaria. La necesitamos más aún cuando estamos en una crisis económica. Todo es perfectible y nuestro sistema de impuestos también.

Lo que pedimos y esperamos es un amplio debate entre quienes somos parte de ese sistema y no me refiero solo a empresarios, empleadores o trabajadores, sino también a especialistas, a la academia y al propio Gobierno.

No se trata de subir impuestos a los que siempre pagamos, a los formales, al eterno 30% que siempre cumple. Se trata de combatir la informalidad, de incorporar por su bienestar a esos 7 de cada 10 trabajadores que laboran de manera informal.

Este debate y esta reforma deberían ser prioridad este año si se quiere dotar al fisco de más recursos para que pueda invertirlos en salud, educación y conectividad, que es lo que requieren con urgencia el país y los millones de peruanos.

¿Y a nivel de empleo que se necesita?

Primero, promover la inversión privada, que es la que crea empleo formal en el país. El Gobierno debe entender que la generación de puestos de trabajo es urgente.

La Población Económicamente Activa (PEA) se incrementa cada año en aproximadamente 300.000 personas. Es decir, necesitamos crear 800 puestos de trabajo diarios. Frente a ello, no solo no se ha hecho nada por promover la inversión privada, sino que, al contrario, se le ataca. Este año se corre el riesgo de que crezca apenas 0,6%, mientras otros estiman una caída de 9%.

Se requiere, además, pensar en hacer menos rígida la contratación de personal. Seguimos siendo uno de los países con un régimen laboral costoso. No se trata de desconocer beneficios laborales y pagos a los que tiene derecho todo trabajador, sino de tener un régimen que favorezca la formalización del empleo y no encarezca su generación. Se trata de ir incrementando la formalidad en el sector laboral.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los compromisos de inversión bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) actualmente ascienden a S/ 23.920 millones, los que involucran seis proyectos que están en proceso de ejecución, significando un aporte importante en este contexto de crisis sanitaria y económica.

“Para consolidar la recuperación económica del Perú, se requiere de nuevos mecanismos de inversión, a fin de reactivar importantes proyectos de infraestructura. Es así que los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G) que se vienen ejecutando en el país, no solo se han convertido en una alternativa eficaz para concretar obras de infraestructura, sino que también tienen potencial para cerrar la brecha existente en el sector”, destacó el presidente del Gremio de Infraestructura e Ingeniería de la CCL, Miguel Honores.

Añadió que entre los proyectos bajo este mecanismo destacan el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena, la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa, y el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

Igualmente, sostuvo que los mecanismos G2G aseguran la ejecución de los proyectos con la celeridad de contratos y transferencia de conocimientos. Para Honores, estas ventajas que ofrece los G2G tendrían un importante impacto en los 21 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que conforme al proyecto del Presupuesto Público 2022 (PP2022), recibirán fondos durante el 2022.

De este total, doce son obras públicas que contarán con S/ 1.535 millones, nueve proyectos que recibirán S/ 1.524 millones, de las cuales seis son APP cofinanciadas y tres Proyectos en Activos (PA).

Brecha de infraestructura

Estas declaraciones las ofreció en el marco del próximo webinar organizado por la CCL denominado “Cierre de la brecha de infraestructura en el Perú desde la perspectiva de los G2G”, que cuenta con el respaldo de Peruvian Canadian Chamber of Commerce (PCCC) y que se realizará el 16 de noviembre a las 04:00 p.m.

“El fin de este encuentro es poner en discusión y debate la importancia de seguir promoviendo el cierre de la brecha de infraestructura en el país y los beneficios de la modalidad de adjudicación de Gobierno a Gobierno (G2G), desde la perspectiva de los principales países que vienen participando en el Perú con proyectos emblemáticos”, puntualizó.

Cabe mencionar que el evento contará con la participación del exministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzáles; del gerente de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, Luis Robas; del encargado de Energía e Infraestructura de la Embajada de la República de Corea, Simon Lee; de la jefa del Servicio Económico para el Perú y Bolivia de la Dirección General del Tesoro de la Embajada de Francia, Anne Bernard; y del director de Infraestructura para Latinoamérica por el Departamento de Comercio Internacional de Reino Unido, Luke Durigan.

Como comentaristas participarán el director del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y líder de Proyectos e Infraestructura EY Law, Juan José Cárdenas; el exdirector ejecutivo de Proinversión, Alberto Ñecco; y el director de Videnza y ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse.

Los interesados en participar podrán inscribirse en el siguiente enlace https://bit.ly/3EOeLxx

¿Se puede interpretar que el cambio de gabinete ministerial significa una moderación del Gobierno del presidente Pedro Castillo?

No sé si podemos hablar de moderación. Es muy pronto para definir este nuevo gabinete. Lo más urgente es saber si ahora tenemos un gabinete ministerial que tenga definidos objetivos claros, específicos para el corto, mediano y quizás largo plazo.

Frente al desorden, caos, enfrentamientos y amenazas que dejó en su camino quien lideró hasta hace poco la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que el país requiere ahora es un rumbo, un horizonte claro y una meta a la que aspiremos juntos a llegar.

El Gobierno no puede darse el lujo de seguir perdiendo tiempo y recursos en batallas inútiles cuando lo que tiene al frente es una grave crisis económica, una emergencia sanitaria que no termina de irse y un proceso de vacunación que, si bien marcha bien por ahora, comenzó muy tarde, con las consiguientes consecuencias trágicas que supuso esta demora.

Quienes día a día luchamos por sacar adelante el Perú necesitamos saber que nuestras autoridades, sobre todo quienes dirigen el país, trabajan con nosotros, trabajan para buscar el desarrollo y bienestar de todos los peruanos y no por una causa política determinada ni en favor de un grupo de políticos con ideas ya superadas en la mayor parte del mundo.

El Gobierno del presidente Pedro Castillo y el gabinete, presidido por la señora Mirtha Vásquez, deben comprender la enorme responsabilidad que tienen de sacar al Perú de la grave situación en la que se encuentra y, en ese sentido, priorizar las acciones que van a impulsar, dentro de las cuales obviamente una Asamblea Constituyente no es necesaria.

Los cambios siempre son necesarios, pero refundar la República y arrasar con todo lo anterior, incluyendo lo bueno, no es sano ni mucho menos necesario.

El Gobierno no parece tener en su radar a la inversión privada y ha dado muestras de ello. ¿Qué le diría usted al presidente Pedro Castillo sobre este tema?

En una  de las reuniones que tuvimos los gremios empresariales con el presidente Castillo, se lo dije directamente: debe impulsar la inversión privada porque es la única que genera recursos al fisco y fomenta el empleo formal y permanente.

Lo seguiré diciendo, aunque suene cansino porque pareciera que muchos se olvidan que los avances, éxitos y el crecimiento económico de las tres últimas décadas, que se explican no solo por una estabilidad macroeconómica del país, un manejo responsable de las cuentas fiscales y una política monetaria estricta a cargo de un ente emisor autónomo, sino también por el compromiso y desempeño de la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Somos muchos los empresarios y emprendedores comprometidos con el desarrollo, no solo de nuestras empresas o proyectos, sino con el Perú mismo y lo hicimos porque tuvimos un clima donde primó la predictibilidad, la estabilidad jurídica, el respeto a los contratos firmados.

Todo eso debe permanecer porque se ha demostrado que, sobre esta base, el Perú puede seguir creciendo para volver a ser “el milagro peruano” que permitió a millones de nuestros compatriotas superar la pobreza.

Los estragos de la inestabilidad política, la falta de rumbo, de liderazgo, la prepotencia, la carencia de cuadros profesionales preparados y hasta la terquedad respecto a un cambio de Constitución ya los tenemos aquí y en los primeros 70 días del Gobierno, con una devaluación constante de la moneda, un aumento de los precios en los alimentos y servicios básicos y una pérdida de empleos.

Mayor ejemplo de que esa no es la vía, no puede tener el señor Castillo.

Hay una visión muy estatista en el actual Gobierno y, en paralelo, un discurso anti empresa, aun cuando el presidente dice otra cosa en sus discursos. Frente a ello, se cuestiona al sector empresarial por no responder con mayor firmeza.

Nosotros respondemos, expresamos nuestra posición y en la Cámara de Comercio de Lima hemos sido muy críticos respecto a una serie de anuncios del Gobierno a designaciones cuestionables, y por supuesto que hemos enviado por los canales correspondientes y con total transparencia nuestras propuestas en relación a diversos temas en favor de los trabajadores, los empresarios y emprendedores.

Lo que no podemos hacer los gremios empresariales, y en general todos los peruanos, es no respetar la institucionalidad de nuestro país. Ya suficiente se perdió en los últimos años y creo que lo que hoy vivimos es resultado precisamente de no saber respetar nuestras instituciones.

La democracia que tanto decimos defender empieza por respetar a las autoridades elegidas, nos gusten o no, hayamos votado por ellas o no. ¿Qué esperan de nosotros? ¿Una invocación al caos, al desorden, a la vacancia? El empresario peruano está enfocado en trabajar, en producir y dar trabajo; en defender lo que ha conseguido hasta hoy en democracia y, que yo sepa, hoy seguimos en democracia.

Busquemos que las autoridades entiendan que mucho de lo conseguido en materia económica y para bienestar de los peruanos se hizo bajo un modelo económico.

¿Requiere cambios este modelo? Claro que sí, como todo en la vida. Podemos y debemos llegar a consensos para mantener lo bueno y cambiar lo que ha resultado o no ha permitido que más peruanos alcancen el bienestar que se merecen.

Si son posibles los cambios, ¿por qué no aceptar entonces un cambio de Constitución?

Porque no se trata de refundar un país, de ir redactando una Constitución cada vez que sube un gobierno.

Además, una facción del Gobierno cuestiona precisamente con una visión ideologizada la parte de la Carta Magna que define para el Perú un modelo económico de libre mercado.

Creo que en realidad se trata de eso: de eliminar totalmente este modelo para reemplazarlo por un sistema estatista, a pesar que está demostrado que el Estado es ineficiente, que registra elevados niveles de corrupción y que sirve de vehículo para pagar favores partidarios.

Un amplio sector del país no quiere esos cambios; lo que se quiere es un Estado que sea eficiente, que tenga capacidad de gasto de calidad y oportuno, que ofrezca servicios básicos a toda la población, que priorice la salud y la educación antes de inversiones públicas en obras que no benefician a todos o que solo sirven para generar consultorías inútiles.

Debemos hacer cambios, pero no tanto en las normas y leyes como sí en la manera de ejecutarlas; cambios en la administración pública para que, finalmente, se encuentre en manos de profesionales idóneos, y por supuesto, queremos cambios para que la corrupción sea erradicada.

Queremos cambios para que nuestros niños y jóvenes tengan un país más equitativo, que les permita acceder a la educación que por derecho merecen, un país que les brinde oportunidades.

¿Una nueva Constitución asegurará todo eso con el mismo Estado de siempre y, más aún, cuando ahora el sector público parece ser la mejor manera de pagar favores de campaña? Creo que no.

¿Cuál debe ser la agenda del Gobierno y del Congreso de aquí al próximo año?

Generar un clima de estabilidad política y jurídica para dinamizar la economía, generar empleo formal, atraer inversiones privadas, agilizar la inversión pública, garantizar que los peruanos cuenten efectivamente son servicios básicos y dar a la administración pública un manejo eficiente y transparente.

En un contexto de lenta velocidad de ejecución de la inversión pública y menor velocidad de adjudicación de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) debido a diversas razones (de gestión, políticas y económicas), se mantiene la necesidad de cerrar la brecha de infraestructura del país.

Por esa razón, con base en la experiencia de construcción de un paquete de obras de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en la que se cumplieron plazos y ahorraron costos bajo la asistencia técnica del Gobierno Británico a través de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés), creció el interés por esta modalidad.

Para la asistencia técnica, el país solicitante, luego de un proceso de selección, firma un contrato Gobierno a Gobierno (G2G) con el país extranjero.

Este último brinda el servicio de PMO, a través de un consorcio empresarial de ese país, el cual consiste en revisar y optimizar el estudio de pre inversión, la procura internacional de la construcción y supervisión, entre otras funciones.

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Entre los beneficios de este tipo de contratos está la celeridad de las contrataciones, pues escapa a la Ley de Contrataciones del Estado, así como la posibilidad de aplicar el mecanismo fast-track (diseñar y construir en simultáneo) gracias a la implementación de metodologías como BIM, y la transferencia de conocimientos a la entidad contratante. Por otro lado, el costo es el pago que se hace al PMO por sus servicios.

A continuación, el IEDEP realiza un seguimiento a las seis obras bajo esta modalidad para conocer sus costos de inversión, avances financieros acumulados (al 5 de octubre), descripción de la infraestructura, al PMO que realizará la asistencia técnica, el plazo del servicio y el pago que recibirá.

Para ello, se toman como fuentes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.

Nuevo aeropuerto internacional de Chinchero

Con costo de S/ 2.434 millones y avance financiero de 18,1%, implica que se espera sea culminado en 2024 y que sus beneficios alcancen a 1,2 millones de habitantes de la localidad.

La asistencia técnica para el proyecto inicia con la suscripción del contrato en noviembre de 2019 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y KOTRA-KAC en representación de Corea del Sur, que brindará el servicio de PMO a través de un consorcio conformado por cuatro empresas, por el cual recibirá un pago de S/ 101,6 millones que representa el 4,2% del costo de inversión.

Las primeras contrataciones estaban previstas para mediados de 2020. Sin embargo, debido a las restricciones decretadas por el Gobierno se retrasaron hasta el primer semestre de 2021 en el que ya se contrataron a las empresas ejecutoras y supervisoras tanto del movimiento de tierras como de las obras civiles.

Hospitales: Antonio Lorena (HAL) y Sergio Bernales (HNSEB)

El HAL, ubicado en Cusco, cuyo costo asciende a S/ 750 millones y avance de 31,7%, contempla la construcción del saldo de obra y equipamiento médico, esperando que sea culminado en julio de 2023, beneficiando a más de 444.000 habitantes.

Por su parte, el HNSEB, en Lima, cuyo costo asciende a S/ 994 millones y avance de 1,6%, comprende la ejecución de obras y equipamiento médico, esperando que sea culminado en setiembre de 2024, beneficiando a más de 873.000 habitantes.

En agosto de 2020 se firmó el contrato de asistencia técnica entre el Ministerio de Salud y el Consorcio EGIS AP-Hpi, en representación de la República de Francia, que brindará el servicio para ambas obras a través del PMO conformado por dos empresas durante 2,8 años con una retribución de S/ 74 millones, significando el 4,3% del costo del proyecto.

Los avances para el HAL indican que en octubre se elegiría al constructor de la obra, mientras que para el HNSEB aún no hay reportes del proceso de procura que ya debería haber iniciado.

Nueva carretera central y Vía expresa Santa Rosa

La Nueva Carretera Central, que conectará Lima con Junín, con un costo de S/ 11.842 millones y avance de 0,3%, apunta a descongestionar el flujo de transporte en la Carretera Central, para lo cual se construirá una nueva autopista de 136 kilómetros de cuatro carriles de primer nivel, túneles y viaductos.

Por su parte, la Vía Expresa Santa Rosa, en Lima, con costo de S/ 902 millones y avance de 0,8%, busca mejorar las condiciones de circulación hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a través de la construcción de un viaducto elevado de 3,67 kilómetros.

La asistencia técnica para ambos proyectos inició en mayo de 2021 mediante la suscripción del contrato entre Provías Nacional y Egis Villes et Transports, en representación del Estado de Francia que brindará el servicio a través del PMO conformado por cuatro empresas por un periodo de 9,7 años para la Nueva Carretera Central y de 6,2 años para la Vía Expresa Santa Rosa, para las cuales se pagarán S/ 386 millones, representando el 3% del costo de ambos proyectos.

En ambos proyectos los avances consisten en la procura del consultor para los estudios definitivos de ingeniería.

Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC)

El PIRCC se despliega en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno El Niño Costero del 2017 y dispone de un presupuesto de S/ 25.000 millones. Sin embargo, bajo la modalidad G2G se dispuso de un presupuesto de S/ 7.000 millones.

Las obras incluyen intervenciones en Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Lima a través de soluciones integrales (17 defensas ribereñas, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales) y las construcciones de 15 centros de salud y 74 colegios.

En octubre del 2020 se suscribió el contrato operativo entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el UKDT, en representación del Gobierno Británico, que brindará el servicio de PMO a través de cinco empresas por un periodo de 1,6 años, culminando en abril del 2022, por los cuales recibirán una retribución de S/ 566 millones (8,1% del costo del proyecto).

Potenciales G2G

El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario tiene un costo de inversión de S/ 2.803 millones y comprende la construcción de 75 centro educativos: en Lima (61), Puno (6), Junín (3), Ucayali, La Libertad, Lambayeque, Cusco y Cajamarca (1 c/u). En febrero de 2021 el Minedu convocó el concurso para ejecutar el Proyecto recibiendo el interés de nueve Estados.

La Línea 3 del Metro de Lima tiene un costo de inversión de S/ 23.336 millones y comprende la construcción de un corredor ferroviario Norte-Sur de 34,3 kilómetros, que será totalmente subterráneo.

En octubre de 2020 la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que son 11 los países interesados en ser PMO del proyecto. La obra ya tiene presupuesto asignado en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2022-2024.

La Línea 4 del Metro de Lima tiene un costo de inversión de S/ 12.490 millones y comprende la construcción de un corredor ferroviario Este-Oeste de 30 kilómetros, que sería totalmente subterráneo.

En setiembre de 2020 la ATU informó que son 14 los países interesados en ser PMO del proyecto. La obra ya tiene presupuesto asignado en la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2022-2024.

Conclusiones

El balance nos indica que son S/ 1.128 millones para pagar a los PMO que brindarán asistencia técnica a estos seis megaproyectos públicos lo que representa alrededor del 4,7% del costo de los proyectos.

Desde el IEDEP se considera una buena alternativa de corto y mediano plazo dada la problemática de la inversión pública.

Sin embargo, en el largo plazo es importante que las entidades públicas, así como la Ley de Contrataciones incorporen los conocimientos transferidos por los PMO (tal y como ya se ha implementado con los Proyectos Especiales de Inversión Pública) para ahorrar los costos de la asistencia técnica.

Asimismo, en el marco de las restricciones presupuestarias actuales, no se deben desdeñar los beneficios de desarrollar los proyectos mediante APP cofinanciadas.

¿Cuáles deben ser las medidas claves del próximo gobierno en el corto plazo?

En el cortísimo plazo lo primero es controlar la pandemia y para eso hay que vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente. Sin eso va a ser muy difícil que se pueda reactivar la economía. Lo segundo es seguir con la política fiscal expansiva que se está teniendo desde el año pasado. Ello a través del impulso de la inversión pública, como está ocurriendo.

Tercero, es súper importante trabajar por las expectativas de la gente y las empresas. En ese sentido, es importante que se den medidas claras, pro mercado y no populistas. Tiene que haber una señal muy clara y un plan de gobierno aterrizado, porque con los otros dos factores que mencioné no alcanza. Lo importante es ir pensando un poco más allá.

Para eso son importantes las expectativas y el mensaje que dé el gobierno en términos de políticas económicas. Y, en cuarto lugar, seguir trabajando por la política de mejora de la competitividad de la economía, tanto transversal como sectorial.

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¿Cómo mantener la estabilidad fiscal?

El mensaje del próximo gobierno debe ser que vamos a converger a una situación fiscal sostenible en el mediano plazo, con una visión de los próximos cinco años, así como cuál será la trayectoria que se espera de las cuentas fiscales, que converjan a un déficit fiscal manejable por el país y no se aumente demasiado el ratio de deuda sobre el PBI.

Uno de los elementos claves para generar confianza y mantener la estabilidad económica es la definición de esta trayectoria fiscal sostenible. Toda esta tendencia que se escucha, que va en contra del mercado o discriminación de la inversión extranjera no nos ayuda.

Una de las sombras que está pendiente es el tema de la Asamblea Constituyente. Eso podría poner en signo de interrogación a la inversión por lo menos un par de años, para ver si se llega a concretar, cómo se haría y qué características tendría.

Mientras sucede todo eso vamos a tener un par de años de incertidumbre. Ese es otro elemento que tiene que aclararse desde el principio. El empleo es otro gran problema.

¿Su recuperación dependerá de la inversión?

Sí, es un tema que preocupa y si bien la economía, a fin de año, casi va a estar a niveles pre pandemia, el empleo va a tardar un poco más en recuperarse.

Efectivamente, esa es la razón de ser del crecimiento económico. Uno quiere que la economía crezca para generar más y mejores empleos, porque esa es la mejor manera de reducir la pobreza y de mejorar la calidad de vida de la gente.

Para recuperar el empleo se tiene que recuperar el crecimiento y generar un ambiente propicio para la inversión privada, porque solo con inversión pública no es suficiente. La inversión privada se recupera una vez que las empresas y las personas tienen expectativas de un mejor futuro.

¿Cuáles serían las reformas puntuales que necesita el país?

La principal reforma tiene que ver con la gestión pública y aquí hay tres grupos de cambios que deben realizarse. Primero, los recursos humanos, con la consolidación de la carrera pública del servicio civil. Hay que implementar lo más rápido posible la Ley del Servicio Civil.

Segundo, la mejora de las finanzas públicas, y para eso hay una serie de medidas que las resumí en mi libro Propuestas del Bicentenario.

Estas tienen que ver con cómo mejorar el sistema de abastecimiento del Estado, la descentralización fiscal y la articulación entre planeamiento y presupuesto, además de cómo crear las Oficinas de Dirección de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) en los principales ministerios, etc.

El tercer aspecto de gestión tiene que ver con la modernización del Estado, que es básicamente la simplificación de procesos y trámites, y la mejora de la calidad de la regulación. Dentro de ello, uno de los elementos clave es la transformación digital.

¿Cómo aumentar la presión tributaria para garantizar las políticas públicas?

Necesitamos recuperar y conseguir dos o tres puntos porcentuales de presión tributaria en los próximos tres años. Para eso también hay una batería de medidas que se podrían implementar. Una es seguir en la línea de la Ley Antielusiva.

Luego, continuar con el uso de comprobantes electrónicos para todas las empresas en el país, ahí se podría pensar en algunos incentivos, a fin de que la gente pida este tipo de comprobantes, como la devolución de una parte del gasto del IGV. Otros temas tienen que ver con el impuesto predial, que también necesita una reforma y debe pasar por el Congreso.

Además, está la tributación de compras por internet, pues en el mundo se están llegando a acuerdos para que se paguen los impuestos en el lugar donde se hace la compra y no en los paraísos fiscales. También quizás alguna exoneración tributaria podría eliminarse.

¿La incertidumbre y crisis política reducirían las proyecciones para este año?

Hay buenos elementos para pensar que podemos crecer más de 10% este año. Tenemos unos términos de intercambio en récord, nunca habían sido favorables. La economía mundial también se está recuperando más rápido de lo previsible.

Entonces, si se presentara un programa económico pro mercado, razonable, creíble y con gente capaz que acompañe al gobierno, sin ningún problema vamos a tener ese crecimiento.

Pero si viene un gobierno que va en contra del mercado, amenaza la inversión privada, genera incertidumbre y no genera credibilidad en los agentes, los efectos se verían este año.

Si hay un buen mensaje y buena receptividad por parte de los agentes económicos, sin ningún problema podemos llegar al 10% u 11%, sino podemos bajar al 8% o 7%, y el próximo año también lo tendríamos complicado. Por eso, es muy importante que se den los mensajes adecuados para lograr ese crecimiento.