Todos los días nos enteramos del robo de celulares a través de las noticias, redes sociales, o algún familiar o amigo, y lamentablemente en algunos casos, de las consecuencias fatales para la víctima. La delincuencia azota nuestro país y estamos en una lucha constante contra la inseguridad ciudadana.

En una reciente encuesta realizada por Osiptel^[1], se afirma que 86 % de la población considera positivo contar estas listas y que el 93 % está de acuerdo con el registro de terminales válidos. No obstante, considerando que solo el 27 % conoce acerca del impacto de la medida, es decir, del bloqueo de equipos terminales por no estar registrados, es importante conocer el real impacto de esta.

De acuerdo con información oficial, existen 1,1 millones de equipos no registrados en la denominada “lista blanca”, que serán bloqueados a nivel nacional. Esta cifra corresponde a lo contabilizado solo en un periodo de 51 días desde el 22 de abril. El bloqueo programado para el 22 de julio ha sido suspendido hasta que el grupo de trabajo multisectorial de las entidades comprometidas con el funcionamiento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) apruebe una nueva propuesta para fortalecer el marco normativo vigente. Cuando se establezca la nueva fecha, se bloquearán estos equipos por no estar registrados en una lista administrativa, no porque sean equipos robados.

También habrá afectación para los dispositivos IoT. Osiptel los ha incorporado en el bloqueo y se han identificado equipos usados para transporte público, sistemas de videovigilancia, POS para comercio, sistemas de telemetría en sector eléctrico, agua y agricultura, entre otros, que se verán afectados generando un impacto en actividades productivas y de comercio

¿Cómo llegamos a esta situación?

En el año 2017 se creó el RENTESEG^[2][i] (Decreto Legislativo N.° 1338), con la finalidad de prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos terminales móviles. Este registro se compone de dos listas: i) la denominada lista negra, que impide la conexión a la red móvil de los equipos robados, perdidos o con IMEI^[3] alterado^[4], y ii) la lista blanca, que consta de los equipos que pueden utilizarse en la red móvil.

La lista negra funciona en el país desde el año 2019. En 2023 se integraron los IMEI duplicados, y desde abril de este año, se aplicaron mejoras: i) se pasó de una actualización diaria a automática, y ii) se incorporó el bloqueo diario de los equipos con IMEI duplicado. No cabe duda de la necesidad e importancia de la “blacklist”.

La lista blanca o lista positiva comprende todos los equipos terminales que estaban activos al 21 de abril de 2024 y a todos los equipos registrados por sus importadores a partir del 22 de abril.  Los equipos que no aparecen en esta lista no son equipos robados o con IMEI duplicado; sin embargo, al no aparecer en la lista, serán bloqueados.

Respondiendo a la pregunta del título: ¿Se bloqueará tu equipo si no fue registrado en la lista blanca? Sí, en los siguientes casos:

1. Los equipos adquiridos a partir del 22 de abril de 2024, que no fueron registrados por los importadores. Dato importante, aproximadamente más del 75 % de equipos deben ser registrados por importadores distintos a las empresas operadoras móviles.
2. Los equipos adquiridos a partir del 22 de abril de 2024, que fueron registrados por los importadores, pero con errores, se considera como no registrado. Si el importador no lo advierte o ya no se encuentra en el país para realizar un nuevo registro, el equipo será bloqueado.
3. Los equipos adquiridos en el extranjero luego del 22 de abril, no registrados en su empresa operadora de manera presencial, serán bloqueados. Dato importante: Si la línea usada por la persona que ingresa el equipo al país, es contratada por su empleador (sector público y empresa privada), deberá adquirirse una línea personal para registrar el equipo, de lo contrario, el equipo será bloqueado.

¿Qué debe hacerse en estos casos?

Acudir a la tienda en la que se compró el equipo y reclamar su registro, según los mensajes que vienen siendo difundidos por Osiptel. No obstante, puede presentarse casuística diversa que impida el registro, por ejemplo: la tienda donde se compró el equipo cerró, no se tiene información sobre quién importó el equipo, es imposible seguir la cadena de comercialización, etc. ¿Y qué puede hacer Indecopi si el importador no aparece? Estas es una de las muchas interrogantes que se presentan al enfrentar el inminente bloqueo de equipos por no estar registrados en la lista blanca.

Las listas blancas no son listas efectivas según la experiencia internacional, y generan impacto negativo en los usuarios. Países como Ecuador, Colombia y México han dado marcha atrás. En México, el Regulador y la Entidad a cargo de la defensa al consumidor se opusieron. En Colombia se piensa eliminar estas listas porque no han dado resultados. De hecho, en 2017,  la Fundación Karisma advirtió de los riesgos de las listas blancas^[5]. Por su parte, la GSMA^[6][7] ha realizado recomendaciones sobre listas como mecanismos para combatir el robo de celulares, y sugiere descartar el uso de listas blancas. Lamentablemente, en nuestro país se apuesta por una fórmula que nace fallida.

Es importante que las autoridades reflexionen sobre el costo beneficio real de la aplicación de listas blancas en nuestro país. Saludamos la decisión del Ministerio del Interior y de las entidades involucradas en dejar sin efecto el bloqueo programado, dejando en suspenso la vigencia de la lista blanca para revisar el enfoque del RENTESEG y sugerimos la eliminación de dichas listas blancas.

[1] Nota de Prensa en la página web de Osiptel.

[2] Decreto Legislativo N° 1338.

[3] El IMEI es el código de identificación del equipo terminal.

[4] Inválidos, duplicados o clonados.

[5] Castañeda, Juan Diego, “Un Rastreador en tu Bolsillo”, Fundación Karisma, julio de 2017, pp. 24-25, disponible en https://nomascelusvigilados.karisma.org.co/?.

[6] GSMA es la Asociación GSM (abreviadamente GSMA). Es una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM.

[7] GSMA es la Asociación GSM (abreviadamente GSMA). Es una organización de operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM.

¿Qué es Osiptel?

Osiptel es el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones en el Perú. Es una institución pública autónoma encargada de regular, supervisar y fiscalizar el mercado de servicios de telecomunicaciones en el país, como la telefonía fija, móvil, televisión por cable e internet. Su principal objetivo es garantizar que los servicios sean accesibles, de calidad y que los derechos de los usuarios sean respetados.

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El impacto de la tecnología en la seguridad privada

La delincuencia sigue en ascenso en el país. Así, según la Central Receptora de Alarmas de Verisure, en el último año, el 56 % de incidentes (saltos de alarma) ya se han dado en empresas, de este porcentaje el 42 % son por robos o intentos de hurto y el 21 % por disturbios fuera de sus locales.

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Frente a esta ola de asaltos, Daniel Dondero, gerente de Servicio al Cliente y Central Receptora de Alarmas de Verisure Perú, comenta que cada vez son más los negocios que optan por tener un sistema de vigilancia, que les brinde la tranquilidad para seguir operando.

“En nuestro caso, los negocios representan un 40 % de nuestra cartera actual, que asciende a casi 27 000 clientes”, añade.

Asimismo, el ejecutivo explica que la inversión en servicios de seguridad varía de acuerdo con diversos factores como el rubro de negocio, el tipo de local, entre otros.

“Nuestro portafolio de clientes está compuesto, mayoritariamente, por pymes y mypes, dentro las cuales tenemos, principalmente, restaurantes, bares, peluquerías, farmacias y almacenes”, detalla.

En esa línea, Dondero señala que desde el 2023 se registra un incremento significativo en la inversión en seguridad que realizan las empresas de los rubros de tecnología, farmacias y restaurantes con el fin de resguardar su patrimonio.

En cuanto al impacto de la inseguridad en la economía del país, el representante de Verisure menciona que se generaron pérdidas de hasta S/ 35 millones durante el 2023, con base en lo señalado por el sector empresarial. Además, refiere que según la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), se estima que la criminalidad le cuesta al Perú el 2,8 % de su PBI.

“Por esa razón, hoy muchos negocios optan por la adquisición de un sistema de seguridad, que les permita prevenir el ser víctimas de un robo y tener cuantiosas pérdidas”, indica Dondero.

Servicios de seguridad más demandados

El representante de Verisure sostiene que los empresarios suelen optar por sistemas ZeroVision, cuya demanda en el último año ha registrado un crecimiento del 20 %. Por otro lado, indica que las cámaras Arlo han tenido un crecimiento del 110 % en los últimos 12 meses.

 “A diferencia de otros sistemas de videovigilancia del mercado que solo incluyen una cámara para registro audiovisual. El sistema de alarma monitoreada se activa ante un salto de alarma y permite que expertos en seguridad de la Central Receptora de Alarmas accedan a las cámaras del negocio para conocer la situación y activar el protocolo para dar aviso a las autoridades y la activación del efecto ZeroVision”, detalla.

Analizando las inversiones del sector empresarial en servicios de alarmas, cámaras de videovigilancia, entre otras, Dondero señala que debido al complejo contexto del país respecto a la seguridad, se ha registrado un aumento de la inversión no solo en los locales puerta a calle sino también en los centros comerciales, donde se han visto durante este 2024, que algunas tiendas han sido víctimas de la delincuencia.

Impacto en la confianza de inversionistas

Por su parte, Noam López, investigador del Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica Pulso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y experto en temas de seguridad, refiere que un entorno inseguro reduce la confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, lo cual impacta significativa a la reactivación económica del país.

“A raíz de las necesidades de mayores medidas de seguridad por parte de las empresas se van elevando los costos operativos de los negocios, especialmente de las micro y pequeñas empresas como bodegas, restaurantes o talleres, ya que les cuesta mucho sobrevivir en su primer año de vida. Entonces, esto a la larga termina afectando al PBI”, señala el experto de la PUCP.

“Esta situación genera un clima de desconfianza que puede desincentivar la inversión, tanto nacional como de capital extranjero. Las empresas, al percibir un ambiente inseguro, pueden optar por no invertir o incluso retirarse del mercado, lo que a su vez afecta a la creación de nuevos empleos y el crecimiento económico”, precisa el especialista.

Además, López indica que el costo de que el país tenga una criminalidad alta o concentrada en ciertos lugares se va a reflejar en el aumento de gasto en servicios de seguridad privada, seguros y sistemas de protección que hoy en día tienen un uso muy intensivo de la tecnología como la informática. “A la larga, estos costos de las empresas recaen en los consumidores que terminan pagando precios más altos por un servicio o producto”, añade.

“Ante este problema social, las empresas también tienden a reducir sus inversiones y expansiones en zonas de alto riesgo, ya que no les va a convenir abrir locales, filiales, sedes de distribución o dentro de su cadena de valor o producción para que sean amenazados por la delincuencia. Además, a los empresarios no les conviene que estas operaciones se encuentren en zonas donde hay una alta concentración de homicidios y extorsión”, refiere López.

Impacto sobre la actividad productiva

En tanto, Wilmer Infante, director de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN), señala que la inseguridad ciudadana puede restar entre 1 % y 3 % al crecimiento económico anual del país, ya que afecta a importantes industrias como el turismo, debido a que la mala percepción por este flagelo social afecta negativamente en la llegada de los visitantes del exterior, lo cual impacta en la fuente de ingresos en divisas.

“La criminalidad genera miedo y ansiedad en la población, afectando su calidad de vida y su capacidad para desarrollar actividades económicas, por lo cual también se ve un deterioro en el bienestar de los ciudadanos. Esto también impacta significativamente en la producción y competitividad del Perú con otros países de la región”, menciona el experto.

En relación con las mypes, el especialista indica que se ven grandemente afectadas por la criminalidad, ya que son vulnerables a la extorsión y el de cobro de cupos. “Estos delitos muchas veces no se denuncian por miedo a represalias. Esto termina agobiando y agotando los recursos de estos pequeños empresarios que muchas veces no cuentan con los recursos para invertir en seguridad privada. Estos delitos afectan su rentabilidad, limitan su crecimiento y, en algunos casos, los obligan a cerrar sus negocios”, agrega.

La seguridad es vital para el desarrollo

Ante esta problemática de los negocios, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, sostiene que el tema de seguridad es vital para el desarrollo del país. “Todo esfuerzo que podamos hacer resulta inútil si no logramos controlar la delincuencia en el país”, acota.

“Esto afecta directamente a la ciudadanía en general; y en el caso de las empresas también. Entonces, si no se trabaja atendiendo este tema de las extorsiones, del crimen organizado, simplemente no se va a generar más puestos de trabajo, se retienen las inversiones, porque el clima de inseguridad te complica; incluso las inversiones extranjeras. Las empresas van donde haya más estabilidad política, económica, social y también seguridad”, expresa el líder empresarial.

Propuestas de solución

Para abordar la problemática de la inseguridad a fin de que las empresas tengan un mejor clima de negocios, el director de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte (UPN), precisa que es necesario implementar un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de las instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que entre ellas mejoren su capacidad de coordinación y su capacidad operativa.

Además, el experto considera que es fundamental fortalecer la prevención del delito con la implementación de programas sociales y educativos que aborden las causas de la delincuencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social.

“Otro tema importante es la reforma del sistema penitenciario con el propósito de mejorar las condiciones en los penales y promover la rehabilitación de los reclusos. Además, es fundamental fortalecer la cooperación internacional con otros países en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, enfatiza Infante.

Por su parte, el investigador de Pulso PUCP indica que una de las soluciones para combatir contra la inseguridad es el fortalecimiento la institución policial a través de una mejor formación y mejor generación de capacidades de los efectivos del orden.

“Esto ciertamente involucra mayor inversión en la parte de formación policial, pero también verificaría el tema de la carrera policial, de la alta rotación porque esta última afecta bastante en la especialización dentro de la Policía, y así también se buscaría fortalecimiento de la institución policial con buenos cuadros en la parte directiva. Esto en el caso de vicios de corrupción o delitos administrativos. Esto es un trabajo de largo plazo donde se tendría que tener la voluntad política”, refiere el catedrático.

Finalmente, López indica que hay mucho por hacer en coordinación interinstitucional, ya que las instituciones encargadas del orden puedan compartir información o trabajar con los mismos protocolos que se trabajan en Lima y en cualquier otra ciudad. “También, el uso de tecnología para la generación y análisis de datos es vital, así como la participación activa de la ciudadanía”, puntualiza.

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La economía ilegal tiene repercusiones en la vida política, económica y social en todo el mundo. Hoy en día, es difícil encontrar un país que no enfrente problemas de delincuencia organizada en su territorio. Si hace unas décadas se hablaba de crimen organizado en países como Italia, Colombia o Rusia, hoy esta realidad se ha diseminado por todo el mundo, sin excepción para naciones desarrolladas o emergentes.

Este es un problema que afecta a países de América Latina, incluido el Perú, ya que motiva el desarrollo de actividades ilícitas con efectos negativos en sus economías, lo que representa un desafío para el desarrollo socioeconómico de estas naciones.

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La economía ilegal en el Perú tiene profundas raíces que se remontan a décadas anteriores. Durante los años de crisis económica y social, la informalidad económica se convirtió en una estrategia de supervivencia para muchas personas y comunidades, especialmente en áreas urbanas marginales y regiones rurales con acceso limitado a oportunidades formales de empleo. Esta informalidad se manifestó en actividades como el comercio ambulatorio, la construcción informal y la prestación de servicios no regulados. Con el tiempo, ciertas formas de actividad informal evolucionaron hacia la ilegalidad, especialmente en sectores como la minería, la tala de árboles, el tráfico de drogas y la explotación de personas. Estas actividades ilegales no solo operan al margen de la ley, sino que también suelen estar asociadas con la violencia, la corrupción y la degradación ambiental.

Es importante aquí distinguir la diferencia entre economía informal e ilegal. La primera se refiere a actividades económicas que no están reguladas por el Gobierno o que operan fuera de los canales formales de la economía, pero no necesariamente violan la ley. Por el contrario, la economía ilegal se caracteriza por actividades que están expresamente prohibidas por la ley, operan en la clandestinidad y evaden impuestos y regulaciones gubernamentales.

Minería ilegal

La minería ilegal representa una seria amenaza para el desarrollo sostenible y la preservación ambiental en el Perú. Durante los años 80 y 90, la minería informal e ilegal comenzó a proliferar debido a la falta de regulación efectiva y la presencia de vastos recursos minerales en regiones de difícil acceso. La informalidad se convirtió en una práctica común entre comunidades locales, especialmente en zonas rurales donde la actividad minera formal era limitada. Sin embargo, en los últimos veinte años, la minería ilegal ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la demanda global de minerales como el oro, el cobre y el estaño. La falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales y la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales han facilitado la expansión de esta actividad ilícita.

Según el ‘MAAP # 197: Minería ilegal de oro en la Amazonía’, elaborado por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos y publicado en octubre de 2023, la minería aurífera sigue siendo el mayor problema que enfrentan los países amazónicos, ya que afecta a los bosques primarios y los ríos en áreas protegidas y tierras indígenas. Según el informe, se detectaron 58 sitios mineros activos, de los cuales se estima que 49 son ilegales y causan deforestación de bosques primarios y contaminación de ríos. La concentración minera ilegal ocasiona deforestación en el sur del Perú, en el este de Brasil y Ecuador, además de contaminar ríos en el norte del Perú, Colombia y Brasil. El mismo informe identifica 36 zonas de alta conflictividad, 16 en áreas protegidas y 20 en territorios indígenas en el Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Impacto de minería ilegal

El impacto de la economía ilegal es profundo y perjudicial para el desarrollo sostenible del país. Desde una perspectiva económica, la evasión fiscal y la competencia desleal con empresas formales afectan la recaudación de impuestos y la generación de empleo formal. Además, la economía ilegal socava la confianza en las instituciones estatales y alimenta la corrupción, lo que a su vez debilita el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Estos efectos son mayores si hablamos de la minería ilegal, ya que sus consecuencias se diseminan.

Los costos exactos de la economía ilegal son difíciles de determinar, debido a la naturaleza clandestina de muchas de estas actividades. A finales de 2022, se publicó el libro ‘Las economías criminales y su impacto en el Perú’, donde se indicaba que estas actividades movían alrededor de US$ 6 657 millones. Una reciente actualización del estudio señala que las economías ilegales generaron US$ 9 805 millones anuales, lo que equivale al 4 % del PBI. La minería ilegal del oro es la de mayor tamaño, ya que puede alcanzar los US$ 4 000 millones. Se trata de recursos que se pierden, ya que no se contabilizan ni en el cálculo del PBI del sector ni en la recaudación fiscal. Además, se pueden sumar otras actividades como la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas, que movieron US$ 1 300 millones y US$ 1 208 millones, respectivamente. Entretanto, actividades con menores ingresos son la tala ilegal de árboles (US$ 880 millones) y el contrabando (US$ 594 millones). En el ámbito ambiental, la minería ilegal conlleva la deforestación de grandes extensiones de bosques, la contaminación de ríos y suelos con mercurio y otros químicos tóxicos, y la pérdida de biodiversidad. Desde una perspectiva socioeconómica, la minería ilegal alimenta la informalidad laboral, la explotación de trabajadores, la corrupción y la inseguridad en las comunidades afectadas.

La batalla contra la economía ilegal representa un reto constante que demanda una colaboración internacional y el robustecimiento de las instituciones. Esto mejorará la capacidad gubernamental de supervisión y control sobre dichas actividades ilícitas. Es imperativo adoptar un enfoque holístico que no solo se enfoque en las manifestaciones de la ilegalidad, sino también en sus causas profundas. Invertir en el desarrollo del capital humano en áreas altamente vulnerables es crucial para disminuir la dependencia de la economía sumergida. Además, es esencial implementar un programa atractivo que facilite la formalización de los productores mineros, al permitirles operar dentro del marco legal.

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Inseguridad Ciudadana: ¿cuánto le cuesta a las empresas?

El alto grado de inseguridad generado por la violencia y la delincuencia en el país ha hecho que más empresas inviertan en servicios de seguridad para proteger sus negocios. Sin embargo, debido a las nuevas modalidades de robos, la tecnología desempeña un papel vital para generar entornos más seguros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el periodo de julio a diciembre de 2023, a nivel nacional urbano y en las principales ciudades de 20 000 a más habitantes, 9 de cada 1 000 personas reportaron haber sido víctimas de robo en negocios.

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Ante este escenario, Luis D’Angelo, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indica que en la última década las empresas han duplicado sus presupuestos para adquirir servicios de seguridad para sus negocios.

“Cada vez las organizaciones toman más en serio la opinión de expertos sobre la gestión de seguridad. Es por ello que, en algunos casos, los porcentajes de sus presupuestos destinados a este servicio llegan en promedio a los dos dígitos”, comenta el representante de la CCL.

Asimismo, D’Angelo precisa que en el Perú los negocios formales que brindan servicio de seguridad solo son el 20 % de un universo de 600 empresas. A su vez, señala que el número de agentes de vigilancia es de alrededor de 100 000.

“La seguridad privada es un elemento importante que debería ser tomado en cuenta dentro de la política de seguridad ciudadana, ya que este sector tiene mucha información sobre las incidencias en negocios, y con la tecnología se podría reforzar esa labor”, sostiene el especialista.

Desafíos y tendencias

Frente a esta ola de inseguridad que afecta a los negocios y a los ciudadanos, Maricarmen Fedalto, presidenta ejecutiva para el Perú en G4S Security Services, manifiesta que algunas empresas de seguridad vienen mejorando los dispositivos que ofrecen a cada una de las industrias del país.

En ese sentido, explica que las empresas están usando tecnologías cada vez más avanzadas y sofisticadas, como cámaras de videovigilancia con mejor resolución y visibilidad para realizar monitoreo en los alrededores de los controles de acceso de los centros comerciales o tiendas de retail.

“Hoy en el mercado se está ofreciendo un servicio 360, que incluye soluciones de seguridad tecnológica y física a la vez. Esta es una buena opción donde las empresas están apuntando. No solamente dependen de tener vigilantes, sino también dispositivos tecnológicos bien elaborados”, precisa la especialista.

Para tomar acciones preventivas, Fedalto refiere que en los centros comerciales cada vez se está haciendo más frecuente el uso de los sistemas de seguridad biométricos que utilizan reconocimiento facial, con el fin de saber qué tipo de personas están entrando o saliendo de los establecimientos.

“Hoy vemos que estas tecnologías, dependiendo del diseño y el propósito, pueden abaratar los costos de las empresas en cuanto a seguridad. Por ejemplo, si tenemos vigilantes en zonas remotas, se podría sustituir ese servicio tradicional por cámaras especiales o drones”, comenta.

En tanto, el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Luis D’Angelo, precisa que, debido a las nuevas modalidades de robos en los negocios, hoy las empresas no solamente se apoyan en la seguridad humana, sino también en todo lo referido a seguridad digitalizada.

“Hoy la inteligencia artificial (IA) es una realidad y muchas empresas están apostando por ella. Los formatos digitales con IA analizan los peligros y construyen mapas para poder controlarlos y mitigarlos. Esta tecnología analítica es parte del futuro y son integrados a cámaras de video inteligente. Además, permite generar anillos de seguridad más consistentes en la organización”, explica.

Ciberseguridad

Otras de las amenazas a las que están expuestas las empresas locales y donde también se está viendo mayores incidencias en el país son los ataques cibernéticos de sustracción de información crítica de computadoras, sistemas electrónicos o servidores.

En ese sentido, Jimmy Armas, director de la Maestría en Ciberseguridad y Gestión de la Información de la Escuela de Postgrado de la UPC, señala que uno de los ataques que tiene mayor impacto en las organizaciones es el ransomware, un código malicioso que impide la utilización de un equipo o sistema, y que se promete desbloquear luego del pago de una recompensa.

Ante ello, comenta que hoy las organizaciones prefieren tercerizar sus sistemas críticos en un servicio de cloud.

“En dicha nube estas empresas buscan proteger sus datos, utilizando diferentes tecnologías relacionadas con el cloud security”, describe el experto.

En esa línea, el especialista en ciberseguridad indica que hoy en día las empresas están desarrollando un conjunto de estrategias con las que buscan implementar dispositivos de reconocimiento biométrico para poder realizar operaciones bancarias, ya que las cuentas de los usuarios quedan expuestas cuando son víctimas del hampa. Armas también refiere que el déficit de profesionales en ciberseguridad aún es grande en el país y se necesita cubrir con urgencia estos perfiles.

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En una reunión en el Palacio de Gobierno, representantes de gremios de trabajadores y empresarios presentaron un llamado urgente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que ella, como jefa de Estado, lidere una instancia multisectorial que ejecute medidas efectivas para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, tanto nacional como transnacional.

Los trabajadores y empresarios, integrantes del Comité contra la Delincuencia y por la Paz, expresaron en una reciente conferencia de prensa su preocupación por la creciente ola de criminalidad que afecta al país y demandaron la creación de una instancia de alto nivel con poder decisivo para enfrentar este desafío. Esta propuesta ha sido atendida por la Presidenta de la República, quien en la cita de hoy comunicó a los representantes gremiales su inclusión y participación activa en dicha comisión multisectorial.

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En ese sentido, la mandataria —quien estuvo acompañada del primer ministro Gustavo Adrianzén, y los ministros de Economía, Interior, Defensa, Energía y Minas, Producción—, informó que el Ministerio del Interior está trabajando el Plan Perú Seguro, y  convocó a los representantes gremiales a una nueva reunión para el miércoles 27 de marzo, a fin de que juntos evalúen y aporten a la mejora de dicho plan.

Propuestas de los trabajadores y empresarios

En la cita de hoy, tanto los representantes de los trabajadores como de las empresas coincidieron en señalar que los esfuerzos que el Gobierno anuncia deben ser articulados y más enfocados en la delincuencia organizada y transnacional. En esa línea, se planteó hacer seguimiento a las normas que ponen en riesgo el trabajo contra la minería ilegal, la criminalidad organizada y la colaboración eficaz.

Entre las propuestas concretas de los gremios, que tienen como base medidas ya estudiadas por el Poder Judicial, se encuentra la implementación de 47 centros de flagrancia con procesos estandarizados, así como recursos logísticos y humanos especializados.

En esa línea, la presidenta Boluarte Zegarra manifestó que el Ejecutivo está coordinando  con el Poder Judicial para transferirle el presupuesto necesario a fin de que esta institución implemente dichos centros de flagrancia en el ámbito nacional.

Otra propuesta de los gremios está orientada al fortalecimiento con equipos de inteligencia a las instituciones encargadas de combatir la inseguridad, por lo que  invocaron que el presupuesto de 5 mil millones de soles que el Ejecutivo está destinando para este objetivo, esté acompañado de una estrategia a fin de que se use correctamente y no se diluya sin lograr resultados concretos.

En la cita también se destacó la posibilidad de utilizar el mecanismo de obras por impuestos orientadas a  realizar inversiones que complementen los esfuerzos del Estado. Para ello, los representantes gremiales señalaron que si bien este mecanismo es muy útil y hay una apuesta del empresariado por su ejecución, el Gobierno debe garantizar la infraestructura, la logística y el recurso humano necesarios en las instituciones destinadas a combatir todas las formas de delincuencia y crimen organizado, si no, la guerra la ganará la delincuencia.

Representantes de organizaciones gremiales

Cabe señalar que los representantes de las organizaciones gremiales presentes hoy en la reunión con la presidenta Dina Boluarte, y que conforman el Comité contra la Delincuencia y por la Paz son los siguientes:

El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Luis Villanueva Carbajal; el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Jorge Zapata; el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López; el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante; el director de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rafael del Campo; y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi.

Así también, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari; y el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro.

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Los representantes de los gremios empresariales y de trabajadores de diversos sectores económicos del país llegaron esta mañana a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte, con el propósito de exponer sus propuestas de lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

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En la cita participó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, quien indicó que, durante la reunión de trabajo, convocada por la jefa de Estado, se pudieron escuchar las iniciativas planteadas por el sector privado y el sector de trabajadores representados por sus respectivos gremios.

“Estas propuestas de lucha contra el crimen organizado y la criminalidad que afecta al sector empresarial y, sobre todo, a nuestros ciudadanos, las hemos trabajado ya desde hace un tiempo, específicamente desde diciembre del año pasado; y esperamos llevarlas a un grupo más amplio donde podamos tener el apoyo y fuerza de todos los peruanos”, remarcó la líder empresarial.

Además, Bueno de Lercari dijo que el miércoles 27 se tendrá una nueva reunión de trabajo en la que el ministro del Interior, Víctor Torres, presentará el ‘Plan Perú Seguro’, y donde se podrá hacer los ajustes necesarios en línea con las propuestas planteadas por los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores.

“En la cita también se acordó la conformación de una comisión en la que participarán el sector privado y los trabajadores a fin de sostener reuniones periódicas con el Ejecutivo”, precisó la presidenta de la CCL.

Compromiso de lucha contra el crimen

En esa misma línea, Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), comentó que “hemos comentado de manera muy rápida nuestras propuestas para combatir la criminalidad y las autoridades se han comprometido a implantarlas”, añadió.

En tanto, Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), comentó que el resultado de la reunión ha sido positivo, ya que a través de la mencionada comisión se buscará trazar objetivos y hacer seguimiento a su cumplimiento a fin de combatir el crimen en el país.

Cabe precisar que en la reunión también participaron el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén; así como los titulares del Ministerio del Interior, Víctor Torres; del Ministerio de Defensa, Walter Astudillo, del Ministerio de Economía, José Arista; del Ministerio de la Producción, Ana María Choquehuanca; y del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho.

Luego de la reunión, Boluarte declaró a la prensa que consideró valiosa la conversación sostenida con empresarios y trabajadores.

«Hemos escuchado sus propuestas en materia de seguridad ciudadana. Este es un tema que al inicio de este año marcamos como prioridad, además de la reactivación económica, y ya estamos tomando acción”, añadió.

Como parte la lucha contra la delincuencia, la jefa de Estado anunció la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, la cual estará integrada por 300 efectivos de élite y contará con recursos excepcionales para enfrentar y desmantelar mafias extranjeras que amenazan nuestra tranquilidad.

“Esta división trabajará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se encargará de la capacitación de sus agentes”, precisó Boluarte luego de la reunión de trabajo que sostuvo con representantes de gremios empresariales y de trabajadores en Palacio de Gobierno.

Propuestas de gremios y sindicatos

Los representantes de los trabajadores como de las empresas coincidieron en señalar que los esfuerzos que el Gobierno anuncia deben ser articulados y más enfocados en la delincuencia organizada y transnacional. En ese sentido, se planteó hacer seguimiento a las normas que ponen en riesgo el trabajo contra la minería ilegal, la criminalidad organizada y la colaboración eficaz.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL), liderada por su presidenta, Rosa Bueno de Lercari, se adhirió a la Marcha contra la delincuencia y por la paz, convocada por gremios de trabajadores y de empresarios porque “compartimos la consternación de la ciudadanía ante el avance de la delincuencia organizada”.

Al cierre de la movilización, Rosa Bueno expresó ante los dirigentes de los gremios y los trabajadores que “un país dividido es un país perdido. Queremos demostrar hoy que los empresarios y los trabajadores somos, ante todo, ciudadanos comprometidos con nuestro país, para sacarlo adelante”.

Asimismo, manifestó que “los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, frente al cual estamos, y la Fiscalía de la Nación deben unir esfuerzos para luchar realmente contra la delincuencia y devolver la seguridad y la paz que necesitamos todos los peruanos para trabajar y para hacer empresa. Creo que hoy estamos dando una lección de cómo debemos seguir en estos momentos complicados para el país».

La CCL tiene al ciudadano al centro de su trabajo y entre sus políticas públicas promueve la seguridad ciudadana que es fundamental “para el clima de paz y estabilidad que requieren las inversiones necesarias para generar empleo”.

Este gremio empresarial considera que “la inseguridad se debe combatir desde distintos frentes, con estrategias multisectoriales. La persecución del delito, sobre todo el de las bandas del crimen organizado, requiere integridad y compromiso de la Policía Nacional y de los operadores de justicia. Todos ellos deben tener mano firme con los delincuentes, desde su detención”.

Finalmente, la CCL opina que el presupuesto del combate al crimen debe ser detalladamente supervisado por la Contraloría y que periódicamente debería hacerse pública la ejecución del mismo.

A raíz de la expansión del crimen organizado en nuestro país, los empresarios y emprendedores se han visto obligados a asumir altos costos para implementar sistemas y contratar personal de vigilancia a fin de salvaguardar sus negocios. Sin embargo, estos gastos adicionales generan la caída de la rentabilidad de sus empresas; además, les resta productividad y competitividad.

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Ante este contexto, Santiago Barranzuela, gerente de seguridad del Grupo EULEN Perú, reveló que, en el 2022 versus el 2019, las pequeñas y medianas empresas (pymes) incrementaron en un 25 % sus presupuestos para contratar servicios de seguridad; mientras que las grandes compañías invirtieron un 35% más.

“Hasta antes de la pandemia, las empresas grandes eran las más usuales en requerir más servicios en seguridad. Sin embargo, ahora las pymes contratan servicios más desarrollados y más robustos en seguridad electrónica. En este sector (pymes), la oferta se ha incrementado debido a que los emprendedores se ven más amenazados por la delincuencia”, comentó el ejecutivo.

Para proteger su patrimonio frente a la ola criminal, el representante de Grupo EULEN Perú señaló que los servicios de seguridad que más demandan las empresas son soluciones de plataformas electrónicas, tales como sistemas de circuitos cerrados de televisión, cámaras de monitoreo, sistemas de controles de acceso biométrico, chapas inteligentes, barras detectoras de metales y alarmas.

Además, debido a la declaratoria de emergencia en algunos distritos de Lima Metropolitana, Barranzuela sostuvo que su compañía ha recibido más requerimientos de pequeñas y medianas empresas como farmacias, bodegas, panaderías, entre otras, para contratar agentes de vigilancia, así como reforzar sus sistemas de seguridad electrónica.

En cuanto al gasto promedio anual que realizan las empresas por servicios de seguridad, el especialista indicó que una pequeña empresa invierte en promedio entre S/ 5 mil a S/ 8 mil en equipos básicos; mientras que una mediana empresa invierte alrededor de S/ 25 mil en equipos y sistemas. En tanto, una gran empresa invierte por encima de los S/ 60 mil. “El costo también depende de la complejidad y valoración del cliente en sistemas de seguridad”, añadió.

Impacto en el PBI

Recientemente, durante su exposición en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República (03.10.2023), el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, estimó que los costos para enfrentar la inseguridad ciudadana en el Perú representan más de un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI), en materia de presupuestos y mejora de infraestructura.

“La delincuencia no solo afecta el bienestar de los ciudadanos, sino también impacta de forma negativa en el proceso de recuperación económica, pues genera sobrecostos empresariales y afecta el emprendimiento peruano”, afirmó el titular del MEF.

En tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, durante su participación en el V Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y realizado el último 28 de septiembre, reveló que el costo de la inseguridad en nuestro país representa, aproximadamente, el 3 % del PBI, lo que equivale a S/ 27,000 millones anuales.

También sostuvo que el nivel de informalidad laboral, que alcanza al 75 % de los trabajadores, genera condiciones de inseguridad y desprotección entre emprendedores y empresarios, quienes terminan siendo vulnerables a la extorsión en sus distintas modalidades.

“La delincuencia y el crimen organizado afectan a las empresas restándoles activos, mercancías y efectivo, pueden generar pérdidas con desenlaces hasta de quiebre o cierre de los negocios, por ello nuestra lucha contra esos flagelos es prioritaria”, enfatizó Romero.

Extorsiones y sicariato

Año tras año la inseguridad ciudadana y empresarial en el Perú ha alcanzado un acelerado crecimiento a causa de las mayores incidencias relacionadas con el sicariato y las extorsiones. Estos problemas sociales se han agudizado cada vez más con la aparición de bandas criminales extranjeras que operan en las calles con mayor ferocidad y violencia.

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Según el coronel Jorge Luis Carpio, jefe de secuestros y extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), las regiones de Lima, La Libertad y Piura concentran el 71 % de la incidencia de la extorsión en el territorio nacional. También reveló que la institución policial recibe por día entre 30 y 40 denuncias por este delito que afecta sobre todo a los empresarios y emprendedores.

Una modalidad de delito que ha cobrado mayores víctimas durante el año pasado ha sido el crimen organizado y el sicariato. Según el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP, el sicariato en el Perú ha aumentado en más de 50 % en el 2023 respecto al 2022, siendo la migración extranjera irregular un elemento causal relevante.

En ese sentido, la autoridad policial precisó que el incremento de las extorsiones en nuestro país responde al aumento de la migración masiva de bandas criminales al Perú, especialmente de Venezuela y Colombia, tales como el “Tren de Aragua”, “Los gallegos”, entre otros, que son responsables del cobro de cupos y la trata de personas.

Migración irregular

En cuanto a la migración irregular y su impacto en la inseguridad ciudadana, el coronel, Olger Benavides Ponce de León, gerente general del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP, indicó que la migración es un fenómeno social que se ha agudizado en el Perú, debido a que los ciudadanos de otros países buscan mejores trabajos y condiciones de vida. Sin embargo, en dicho desplazamiento de extranjeros han llegado también delincuentes que han creado una escuela criminal que ataca con mayor crudeza.

Asimismo, la autoridad policial indicó que, de la población de internos en los centros penitenciarios del país, el 5 % son de nacionalidad extranjera. “Eso nos hace pensar que el 95 % de reos son nacionales, pero la crudeza de los delincuentes foráneos ha incrementado la percepción de inseguridad ciudadana”, agregó.

“Hoy tenemos un gran problema con los migrantes que han ingresado al país por lugares no permitidos, utilizando documentación con información falsa. Sabemos que la migración es un derecho fundamental de las personas, pero hay gente inescrupulosa que entra por nuestras fronteras burlando las zonas de control. Incluso, se ha detectado que hay tráfico ilícito de migrantes entre alianzas de grupos criminales”, comentó Benavides.

A su turno, Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior titular y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, sostuvo que la minería ilegal, sobre todo en la región de Madre de Dios, produce el tráfico de insumos químicos, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Este último ha aumentado durante los últimos por la diáspora de la población venezolana.

“Los ciudadanos de nacionalidad venezolana que llegan al Perú se convierten en población vulnerable a las mafias. En el caso de las mujeres, muchas de ellas son víctimas de explotación sexual; mientras que otros son tentados a ser parte de bandas de tráfico de terrenos, tráfico de droga y tráfico de armas. Ante ello, debemos tener una política criminal seria basada en cuatro ejes: la prevención, la protección, la interdicción y la rehabilitación”, expresó el fiscal superior.

Medidas preventivas

Respecto a la prevención frente a la inseguridad ciudadana en el país, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, hizo hincapié en la importancia de diseñar programas sociales que respondan a las principales necesidades de la población, así como contar con un sistema penitenciario efectivo cuya finalidad sea la resocialización del individuo.

“El problema de seguridad en nuestro país no solo es un tema de más patrulleros, más policías, de sacar militares a la calle o la construcción de más cárceles, sino que es un problema integral que tiene que ver con las brechas económicas y sociales, pues hay personas  que no tienen acceso a oportunidades de estudio o trabajo, o viven en un entorno violento”, dijo la abogada.

Con referencia al programa de cárceles productivas, Pérez Tello precisó que está funcionando muy bien, por lo cual propuso que junto a la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se puedan concretar acciones para entender la problemática integral de la inseguridad y se ejecute un trabajo para la generación de empleo y mayores oportunidades de estudio para los jóvenes.

Además, señaló que sin seguridad no hay inversión en el país. “Un país atractivo para las inversiones se debe trabajar en una política pública a fin de mejorar la seguridad ciudadana y, junto a ello, una política de resocialización en los centros penitenciarios”, remarcó la exministra de Justicia.

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Por su parte, Nicolás Zevallos, consultor y experto en seguridad pública y criminología, comentó que cuando se invierte en prevención se evita daños en la sociedad, por eso a través del deporte se viene desarrollando programas con jóvenes y adolescentes para que participen en competencias sanas y donde se impulse los valores.

Propuestas del gremio

En relación con los aportes de la CCL para enfrentar los retos y oportunidades para una sociedad segura, el segundo vicepresidente del gremio empresarial, Hernán Lanzara, precisó que en el estudio ‘La inseguridad y los delitos patrimoniales en el Perú’, se planteó el objetivo de formular propuestas y acciones concretas que puedan realizarse desde los sectores público y privado, con el fin de poder reducir el impacto del delito patrimonial, mejorando la calidad de vida de todos los peruanos.

“En este contexto, la CCL apuesta institucionalmente por ser un actor propositivo, entendiendo la seguridad ciudadana como uno de los asuntos de política en los que puede sumarse como aliado clave”, enfatizó Lanzara.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, refirió que el tema de seguridad es un proceso integral y participativo que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad. Es por ello que instó a los ciudadanos a tener una real participación en el tema de prevención y denuncia de la inseguridad y criminalidad.

“Nos toca actuar dentro del espacio donde nos encontremos. No debemos ser ajenos a esta situación. Nos hemos acostumbrado solo a reclamar, pero no vemos cuál es nuestra real participación contra la criminalidad y su mitigación”, remarcó Conetta.

A su turno, el miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Luis D’ Angelo, consideró urgente establecer medidas para frenar el actuar de las organizaciones criminales que azota a los empresarios y emprendedores de distintas regiones del país.

Finalmente, Gladys Andrich, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, sostuvo que la educación es clave para hacer frente a la inseguridad ciudadana, así como apoyar a los adolescentes y jóvenes para que tengan la oportunidad de ser profesionales y usen sus talentos y capacidades, a fin de generar un cambio social en la comunidad.

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Para analizar la situación de seguridad en el país y presentar soluciones en un mediano y largo plazo, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) organizó el III Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Durante el evento, el presidente de la CCL, Peter Anders, recordó que antes de la llegada de la COVID19, el país ya tenía serios problemas para enfrentar la creciente ola delictiva.

“Hoy, con nuestra Policía Nacional afectada por la pandemia y con limitados recursos para hacer frente a la serie de delitos, el Perú requiere de forma urgente encontrar estrategias para luchar contra este grave problema”, advirtió.

Asimismo, señaló que la crisis sanitaria está impactando en todos los ámbitos de la sociedad y el tema de seguridad no ha sido la excepción, pues en los últimos meses se ha incrementado de manera sistemática afectando a los ciudadanos en general.

Lucha contra la delincuencia

A su turno, el ministro del Interior, César Gentille, quien inauguró el evento, indicó que a través del comando institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) vienen realizando diferentes operativos para optimizar la lucha contra la delincuencia común y el crimen.

Además, anunció que junto a la PNP han ampliado los lugares de denuncias por desaparición de personas. En ese sentido, los ciudadanos pueden reportar sus casos a las comisarías básicas y de familia, al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Asimismo, informó que han lanzado el aplicativo Alerta mujer, salvando vidas que permitirá una respuesta oportuna y especializada. Señaló que la Fase 1 de la implementación de este aplicativo durará 30 días a través de una marcha blanca en las comisarías de Sol de Oro (Los Olivos), Santa Elizabeth (San Juan de Lurigancho) y Las Praderas (La Molina).

Disminuir la victimización

Por su parte, durante su exposición, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que casi el 40% de las denuncias por delitos en el Perú se registran en la capital. Además, refirió que distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos y el Cercado presentan mayor porcentaje de delitos.

También sostuvo que el 85,7% de la población limeña se siente insegura y que el 28,4% de la población capitalina ha sido víctima de un delito entre marzo y agosto pasado. En ese mismo periodo, 17 de cada 100 habitantes fueron víctimas de robo de dinero, cartera o celular. En tanto, dijo que la tasa de homicidios en el Perú es de 7,7 por cada 100.000 habitantes.

Fortalecimiento de la seguridad

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Nataly Ponce, manifestó que es importante fortalecer la seguridad a través del trato humano que permita entender los límites del uso de la fuerza, el cumplimiento de la ley y de los derechos de las personas.

“Hoy más que nunca es necesario articular, tener una cooperación público-privada, incluyendo a la comunidad, sociedad civil y a los organismos internacionales, no hay espacio para la fragmentación ni confrontación”, destacó.

Asimismo, mencionó que los esfuerzos en materia de seguridad deben incluir la reducción de las brechas tecnológicas.

De otro lado, la experta internacional en seguridad Liza Zúñiga, quien disertó sobre la Modernización Policial en América Latina al 2030, sostuvo que una reforma policial implica transformar valores, culturas, políticas y prácticas de las organizaciones policiales, de manera que cumplan su deber con respeto a los valores democráticos, derechos humanos y el estado de derecho.

En ese sentido, explicó que una policía democrática y profesional debe tener un enfoque de seguridad centrado en las personas y debe proteger los derechos humanos de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

Patronato barrio seguro

Por otra parte, la presidenta del Patronato Barrio Seguro, Gladys Andrich, recordó que este patronato es una política de estado liderada por el Ministerio del Interior que busca mejorar las condiciones de seguridad con patrullajes y presencia de la PNP; en lo social, con espacios seguros insertando actividades educativas y recreativas; y en lo comunitario, apoyados con juntas vecinales.

Principales conclusiones

Durante los dos días del III Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? se presentaron 18 destacados expositores, entre ellos máximas autoridades.

Al finalizar el evento, Nataly Ponce, en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, se encargó de brindar las conclusiones de este importante evento.

En ese sentido, destacó la participación de Lucía Dammert, experta internacional en seguridad, quien planteó entre sus diversas propuestas fortalecer la cooperación de seguridad en todos los niveles del Estado, público y privado.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL resaltó la propuesta del exministro del Interior, Vicente Romero, en el sentido de fortalecer la PNP y cerrar todas las brechas en materia de tecnología y uso de los sistemas informáticos.

Además, indicó que Jaime García, investigador asociado del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), manifestó que es urgente hacer un cambio de estrategia de trabajo en la lucha contra las drogas en el VRAEM, bajo el marco de desarrollo de la lucha antiterrorista.

De otro lado, Ponce resaltó la presentación del jefe de la División de Alta Tecnología de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dinincri), Orlando Mendieta, quien anotó que el delito informático en el Perú ocupa el tercer lugar después del robo y hurto agravado. Por ello dijo que es importante crear una cultura de prevención en materia de delitos informáticos.

A su vez, el coronel de la PNP, Marco Antonio Conde reiteró que la pandemia ha traído nuevas modalidades delictivas, como, por ejemplo, el incremento en los delitos informáticos, estafas y el aumento de nuevas modalidades de robo agravado.

De otro lado, el exdirector de Participación Ciudadana de la PNP, Enrique Yépez, advirtió que la PNP y los gobiernos locales, a través de las redes digitales, pueden impulsar programas buscando nuevas formas de relacionamientos con las comunidades.

Por su parte, el investigador de GRADE, Wilson Hernández explicó que con la reactivación de la economía, también se reactivó la delincuencia, pues “los delincuentes han recuperado y aumentado la frecuencia de sus hechos delictivos, diversificándolos y ampliándolos”.

A su vez, la exviceministra de la Mujer, Nancy Tolentino, planteó el trabajo colaborativo entre los estamentos del Estado para enfrentar y desarrollar estrategias que fortalezcan el papel de la mujer como sujeto de derecho.

Finalmente, Arturo Huaytalla, en representación del Ministerio de Justicia, señaló que en el Perú hay más de 862.000 ciudadanos venezolanos. En tal sentido, enfatizó que hay una percepción del pueblo peruano de que estas personas están involucradas en hechos delictivos.

No obstante, refirió que esta apreciación no necesariamente condice con los datos respecto a que la gran masa de la población venezolana no delinque, ya que solo el 3% de la población penitenciaria proviene de grupos extranjeros.