Los conflictos sociales vienen aumentando en el país. Según un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo (DP), van 11 meses en continuo crecimiento, lo que tendrá un impacto directo en la actividad económica del país.
En estos conflictos se identifican tres partes: la empresa, que se encuentra explotando el recurso natural; el Estado, presente con su autoridad nacional o subnacional; y la comunidad, ubicada en las cercanías de la zona de exploración o explotación.
Son varias las causas que impulsan estos conflictos. Una de ellas es la pugna por las rentas que se obtienen por la explotación del recurso natural y agudizada si es que el precio internacional de los commodities asociados al recurso natural es elevado. Otro elemento que suma a los conflictos son las condiciones de vida de la población circundante.
En el caso de los conflictos mineros, se suma la contaminación ambiental que afecta a la comunidad, mayormente a la agricultura. Además de los incumplimientos de acuerdos asumidos entre empresas y comunidad.
La Defensoría del Pueblo (DP) considera tres tipos de conflictos sociales. Primero, los activos, cuando existen demandas públicas, formales o informales por alguna de las partes.
Segundo, el conflicto califica como latente cuando no es expresado públicamente, pero donde se observa la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión. Tercero, un conflicto resuelto es aquel cuya solución es aceptada por las partes mediante acuerdos o normas.
El reciente reporte de la DP correspondiente al mes de marzo, muestra una tendencia de 11 meses de un mayor número de casos de conflictos sociales, alcanzando los 208 conflictos registrados, de los cuales 160 (76,9%) califican como activos y 48 (23,1%) como latentes. Además, 106 se encuentran en proceso de diálogo y se identificaron 145 casos con al menos un hecho de violencia.
Los conflictos sociales activos socioambientales acumulan 101, concentrándose 65 en minería y 18 en hidrocarburos. El 69,4% de conflictos activos se concentra en diez regiones, resaltando Loreto (28), Cusco (13), Apurímac (11), Áncash (10), Puno (10), Piura (9) y Huancavelica (9). Con la excepción de Loreto, que registra 14 conflictos activos socioambientales en el sector hidrocarburos, el resto de regiones mencionadas acumula conflictos en el sector minería.
Hay que tener presente que el grueso de estos conflictos sociales se ubica en regiones con problemas de pobreza que inciden entre el 31,3% y 34,6% de su población y donde la problemática no es solo ambiental, sino también de una débil presencia del estado con inadecuados o inexistentes servicios públicos e infraestructura.
Si los conflictos sociales desembocan en medidas de fuerza como paros o bloqueos de carretera, terminan afectando el nivel de actividad económica de dicha región, con un impacto mayor mientras más elevado sea su aporte al PBI.
Como ejemplo, un paro de la actividad minera tiene un mayor efecto en regiones como Apurímac o Pasco, donde dicho sector aporta alrededor del 56% y 44% de su PBI total, respectivamente. Entretanto, un paro agrario frena el 32% del PBI de San Martín o el 23% del PBI de Puno.
Si consideramos la ubicación del conflicto social, si el paro ocurre en Lima, se está afectando el 49% del PBI nacional. De darse en Arequipa, significaría el 5,6% del PBI nacional y un menor impacto en Cajamarca (2,5%) o Madre de Dios (0,4%).
Minería, el sector más perjudicado
Considerando las 18 regiones con 65 conflictos activos socioambientales en minería e hidrocarburos, se está poniendo en riesgo cerca del 91% del PBI total del sector o un equivalente a S/ 177 millones por día.
Solo seis regiones en el país no registran conflictos en dicho sector, pero, en conjunto, no alcanzan ni la décima parte de la producción nacional.
Esto, es contradictorio tomando en cuenta que en lo que va del año el precio internacional del zinc se ha incrementado en 24,2%, el del cobre en 5,4% y el del oro en 7,1%. Se estima que las exportaciones diarias de cobre ascienden a US$ 57 millones, de oro a US$ 28 millones y de zinc a US$ 7,3 millones.
El costo es clarísimo: menores ingresos de divisas por exportaciones, perdiendo las posibilidades de mayor recaudación de impuestos, regalías y canon afectando a las mismas regiones.
Sector agropecuario afectado
El sector agropecuario es intensivo en mano de obra y es la actividad que más empleo genera en el ámbito rural. Son cinco las regiones afectadas con conflictos activos socioambientales que acumulan el 20% del PBI total del sector o un equivalente a S/ 34 millones por día.
Sin embargo, para esas regiones, el sector agropecuario es prioritario, como en San Martín, donde significa el 32% del producto de la región. Para Ucayali, un paro agrario equivale a detener el 15% de su actividad económica, 12% en Piura y 11% en Lambayeque y Loreto, respectivamente.
Finalmente, en el sector electricidad, gas y agua se tienen cinco regiones con conflictos sociales, los que llegan a representar el 13% del PBI del sector. Huánuco sería la región más afectada, pues dicho sector acumula el 7% de su PBI, con menores participaciones en el caso de Áncash (3%), Piura (2,3%), Puno (2,2%) y Loreto (2%).
