A inicios de la década de los 80, tanto la economía china como la peruana registraban tasas similares de crecimiento. Así, en 1981 y 1982, China creció 7,9% y 5,1%; mientras que Perú alcanzaba 7,7% y 5,5%, respectivamente.

Por esos años, mientras el PBI del gigante asiático era quince veces el producto total peruano; el producto per cápita de Perú, una forma de medir el bienestar económico, era once veces el correspondiente a China.

Durante esos años, empezaba para el Perú la década perdida caracterizada por la recesión y elevada inflación; con una serie de sucesos, como Fenómeno del Niño de 1983; un gasto público desmedido proveniente del Gobierno central y las empresas públicas; y una incapacidad de pago frente a los compromisos de deuda pública y que a larga desbocó en un proceso hiperinflacionario.

Recién el proceso de estabilización económica de agosto de 1990 y las reformas estructurales aplicadas a partir de 1991 fueron ordenando la economía y el cambio de la Constitución Política de 1993 sentaron las condiciones para la recuperación de la economía peruana.

Por su parte, China empezaba a finales de los años 70 una transición de una economía planificada a una economía de mercado abierta al mundo, un proceso de menor dependencia de la agricultura y una apertura al comercio de bienes y a los flujos de capitales. Paralelamente, las Zonas Económicas Especiales atraían inversión extranjera para la elaboración de productos que luego serían exportados al mundo.

Competitividad

Como resultados de estos procesos, hoy, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), a 2022, el producto de China es 75 veces el peruano y el producto per cápita peruano se redujo a 0,7 veces el correspondiente a China.

Asimismo, el Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial ubica a China en el puesto 28º entre 141 países, destacando en pilares de la competitividad como Tamaño de mercado (1º), Adopción de TIC (18º), Capacidad de innovación (24º) y Sistema financiero (29º). En el caso de Perú se ubica en el puesto 65º destacando en Estabilidad macroeconómica (1º) y Salud (19º).

Acuerdo Comercial Perú – China

Considerando el nivel de crecimiento económico logrado por China, convirtiéndose en la segunda economía en el mundo, era fundamental para el Perú concretar un acuerdo comercial con el gigante asiático, tomando en cuenta su importancia en el PBI mundial, tamaño de población y, sobre todo, por su elevada demanda de materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo, lo cual representaba oportunidades para sectores productivos como el agropecuario, pesquero, maderero, químico, siderometalúrgico, textil y turismo.

El acuerdo comercial entre el Perú y China entró en vigencia en 2010, año en que dicha economía alcanzaba un crecimiento de 10,4%, su cuarta tasa de crecimiento más alta del presente siglo. Tras 12 años, el balance comercial del acuerdo en 2022 fue positivo en US$ 7.118 millones y esto se mantiene desde 2016. Durante el año pasado, las exportaciones hacia ese país ascendieron a US$ 20.967 millones, de las cuales el 88,1% son minerales. A su vez, las importaciones alcanzaron los US$ 13.849 millones, desagregado en bienes de capital (40%), insumos (32,6%) y bienes de consumo (27,4%).

Participación en inversión pública

Según información disponible del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se identifican a la fecha 645 megaproyectos públicos con una inversión pendiente acumulada de S/ 144.104 millones. De este total, 205 proyectos se encuentran ya adjudicados por S/ 28.076 millones y China asumió como contratista en 68 proyectos, 45 de ellos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) y 23 como obra pública convencional. Las inversiones comprometidas ascienden a S/ 4.419 y S/ 3.087 millones, respectivamente.

Entre las obras destacan los 32 proyectos en Educación por S/ 2.027 millones, 13 en Defensa ribereña por S/ 2.392 millones, 11 en el sector Transporte por S/1.682 millones y 9 proyectos en Salud por S/ 1.068 millones.

IED China

La información de Inversión Extranjera Directa (IED) para Perú es muy distinta entre lo que publican instituciones como Proinversión, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) e, incluso, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). En el primer caso se considera como stock de IED a los aportes provenientes del exterior destinados al capital social de empresas nacionales; mientras que en el caso de la autoridad monetaria, el flujo de IED incluye reinversiones, aportes y otras operaciones de capital, y préstamos netos con la casa matriz.

Por su parte, la CEPAL considera los aportes de capital, reinversión de capitales y préstamos entre filiales. Tomando como fuente la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2022 publicado por dicha institución, durante 2021, el Perú mostró una importante recuperación de los ingresos por IED totalizando US$ 7.455 millones, el mayor registro en los últimos ocho años. De esta forma, el Perú se ubicó como la quinta economía con mayor flujo de IED de la región después de Brasil, México, Chile y Colombia.

En lo que respecta a la IED China dirigida al mundo, se ha observado un redireccionamiento de dichos flujos debido a tensiones geopolíticas, disminuyendo la dirigida a Estados Unidos y Canadá, que concentraba alrededor de un tercio del total en 2016 y que al 2021 representó escasamente el 3,7%. En cambio, la inversión china se incrementó en África y América Latina, con oportunidades en energía, infraestructura y recursos naturales, y manteniendo,  además, a Europa como uno de sus destinos importantes.

Stock de IED

Con base a lo publicado por Proinversión, el stock de IED China a Perú al 2021 ascendió a US$ 1.108 millones representando apenas el 3,7% del total y ocupando la octava posición en importancia. Son dos sectores los que concentran la mayor parte: Finanzas (US$ 942,4 millones) y Minería (157,8 millones).

Históricamente, entre 1980 y 1991, la IED se mantuvo constante en US$ 23 millones para mostrar un primer salto en 1992 a US$ 141 millones como resultado de la privatización de Hierro Perú, la cual fue adquirida por Shougang Corporation. Posteriormente, hay un segundo salto entre el 2007 y 2012 alcanzando los US$ 231,5 millones y que está asociado al incremento del precio del cobre y que alentó una mayor inversión en el sector minero.

Finalmente, hay otro impulso a partir del 2020, cuando se diversifica la IED y apunta a otros sectores como telecomunicaciones, construcción y distribución eléctrica, entre otros.

Estas cifras se alinean con los esfuerzos de China para asegurar su papel de un gran inversionista en la región. Los países con mayores fusiones y adquisiciones y anuncios de proyectos de inversión en la región fueron Estados Unidos, liderando las fusiones y adquisiciones, y China por la compra de empresas de distribuidoras eléctricas tanto en Chile como en Perú.

La Alianza del Pacífico (AP), conformada por Chile, Colombia, México y Perú, nació en abril del 2011, y se constituyó como un área de integración regional con objetivos claros, como lograr la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, e impulsar un mayor crecimiento y competitividad de sus economías. De esta manera, se transformó en una plataforma de articulación política y de integración económica y comercial.

En la actualidad, la AP cuenta con 63 Estados observadores, de los cuales 14 son de América, 2 son de África, 13 de Asia, 32 de Europa y 2 de Oceanía. Estos países comparten los principios y objetivos establecidos en el Acuerdo Marco de la AP. Asimismo, la alianza firmó un acuerdo de libre comercio (TLC) con Singapur, que se convirtió en el primer Estado asociado al bloque. Además, se están negociando tratados similares con Corea del Sur, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

Importancia de la AP

En el 2022, la AP alcanzó un PBI conjunto de US$ 2.318 miles de millones, lo que representa el 36,5% del PBI de América Latina y el Caribe (LATAMC) y el 2,3% de la economía mundial. En términos de tamaño de mercado, la población conjunta de los cuatro países de la AP asciende a 235,8 millones y representa el 3,1% de la población mundial, con un PBI per cápita promedio de US$ 18.121 (a paridad de poder de compra – PPC).

Cabe señalar que la AP constituye la octava potencia económica y exportadora a nivel mundial. Además, sus países miembros ocuparon cuatro de las cinco posiciones mejor ranqueadas en el “Índice de Facilidad para hacer Negocios – Doing Business 2019”, del Banco Mundial.

Inversión extranjera directa en la AP

En el 2020, la crisis sanitaria mundial afectó drásticamente los flujos de inversión extranjera directa (IED), los cuales se recuperaron en el 2021, pero aún sin llegar a los niveles prepandemia. Las estadísticas publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que, en el 2021 versus el 2020, la IED hacia LATAMC y la AP creció en 40,7% y 34,9%, respectivamente. LATAMC recibió capitales por US$ 142.794 millones, de los cuales la AP captó el 46,1%. México es el país con mayor IED (23,4%), seguido de Chile (10,7%), Colombia (6,8%) y Perú (5,2%).

El flujo de IED percibido en el 2021 por la AP se concentró principalmente en servicios (54,8%), manufactura (23,2%) y recursos naturales (20,5%). En Chile, el sector servicios recibió un flujo de US$ 9.636 millones y de US$ 4.598 millones en recursos naturales.

A su vez, México captó US$ 14.910 millones en servicios y US$ 11.568 millones en manufactura. Por su parte, Colombia recibió US$ 6.413 millones en servicios y US$ 1.968 millones en recursos naturales. En el caso del Perú, no hay data al respecto.

Por su parte, la inversión de la AP en el exterior ascendió a US$ 19.766 millones, tras crecer en 26,4%  el 2021 respecto al 2020. Chile concentró el 73,1% de dicha inversión, seguido de Colombia con el 16,1%. Más rezagados figuran Perú y México, con 8,8% y 2%, respectivamente.

Brecha de Infraestructura

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 2021 estimó la necesidad de inversión en infraestructura en LATAMC hasta el 2030 para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Al respecto, el BID señala que las estimaciones no implican el total cumplimiento de los ODS relacionados con la provisión de servicios de infraestructura, pero sí un importante avance.

Se incluyen en el estudio los sectores de Agua y Saneamiento, Electricidad, Transporte y Telecomunicaciones. Así, específicamente a nivel del bloque AP, se necesitan inversiones por US$ 762.068 millones, de los cuales el mayor aporte corresponde a México (51,7%), seguido de Colombia (22,2%), Perú (14,4%) y Chile (11,7%).

Si revisamos las cifras por sector, la mayor brecha está en Transporte (43,5%), seguido de Electricidad (27,3%), Agua y Saneamiento (15,9%) y Telecomunicaciones (13,3%).

En términos de esfuerzo de inversión, la brecha total representa el 32,9% del PBI de la AP. Se considera un nivel base, pues son necesarios montos adicionales para que los servicios de infraestructura sean más sostenibles. En un horizonte de 10 años, se estiman inversiones anuales equivalentes al 3,3% del PBI del bloque.

Comercio de bienes

El intercambio regional del Perú, es decir, la suma de las exportaciones más las importaciones, con el resto del bloque AP, llegó a los US$ 8.420 millones en el 2022, al ser nuestro país un importador neto. El saldo de la balanza comercial fue negativo en US$ 982 y US$ 670 millones en el 2021 y el 2022, respectivamente.

Bloque más global

Existe una visión estratégica de la AP para ser conformada por países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio, como factor que impulsa el crecimiento económico. A nivel microeconómico, los objetivos son impulsar los encadenamientos productivos, donde participen las pymes intensivas en mano de obra, y homologar estándares en lo referido a requisitos sanitarios y técnicos que agilicen el comercio.

Hacer que la AP esté más conectada requerirá usar todo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que conlleva a trabajar conjuntamente en la pobreza, el cambio climático, los desastres naturales y la educación. En ese sentido, es sustancial mejorar la institucionalidad en cada país, de tal manera que se garantice la continuidad de una economía social de mercado. También debe haber mayor compromiso por elevar la productividad-competitividad, a fin de alcanzar más rentabilidad y tasas de crecimiento, lo que hará más atractivo al bloque económico.

A fines de 2022 la pobreza en América Latina se situará en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones) , es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

«Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019», aseveró .

Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región, subraya el organismo regional.

Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, dijo la Cepal en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 presentado en Santiago de Chile y que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.

“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, explica la publicación.

De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).

Desigualdad

Al igual que en años anteriores, la Cepal señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.

En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles similares a los de 2019.

Desocupación

En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

“La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, durante la presentación del documento.

“No se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones”, advirtió el alto funcionario, quien llamó a los países a invertir decididamente en educación y a convertir esta crisis en una oportunidad para transformar los sistemas educativos.

Apagón educativo

América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad.

En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

De no actuar ahora, la Cepal advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región.

Asimismo, de acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).

Brechas de género

Por otra parte, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no supera el 40%.

Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para el año 2030. En línea con la Cumbre sobre Transformación de la Educación de las Naciones Unidas celebrada este año, el documento entrega diversas recomendaciones de política para hacer de esta crisis una oportunidad de transformación.

La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo, sostiene la CEPAL en el Panorama Social 2022.

Gasto social

El gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PBI en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. En el Caribe el gasto social llegó a 14,1% del PBI en 2021, marcando un nuevo máximo histórico.

En 2021, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PBI (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe. “Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es 6 veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria”, especifica la publicación.

“Estamos ante una cascada de crisis que ha exacerbado las desigualdades y carencias de la región. No es momento para cambios graduales, sino para políticas transformadoras y ambiciosas”, reiteró José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Cepal.

“Se requieren esfuerzos intersectoriales de política pública que vinculen la oferta educativa con la salud, el trabajo y la protección social, y que permitan asentar mecanismos para garantizar un nivel de bienestar e ingresos en una era de volatilidad e incertidumbre”, apuntó el alto funcionario e instó a los países a construir “nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) informó que para 2022 se espera un crecimiento de 3,2%, superior al indicado en agosto pasado, pero para el próximo año el organismo prevé que la desaceleración se acentúe en América Latina y el Caribe, con un crecimiento de 1,4% en 2023, en una coyuntura sujeta a importantes restricciones tanto externas como domésticas.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó negativamente el crecimiento global -y con ello la demanda externa que enfrentó la región este año- junto con acentuar las presiones inflacionarias, la volatilidad y costos financieros.

La mayor aversión al riesgo, junto a la política monetaria más restrictiva por parte de los principales bancos centrales del mundo, perjudicó los flujos de capital hacia los mercados emergentes, incluyendo América Latina, además de propiciar depreciaciones de las monedas locales y tornar más onerosa la obtención de financiamiento para los países de la región.

Según la Cepal, en 2023 los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable, en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, tasas de interés más altas y menor liquidez global.

Política fiscal

En lo interno los países de la región enfrentarán nuevamente en 2023 un complejo entorno para la política fiscal y monetaria. En lo monetario, el aumento de la inflación condujo a los bancos centrales, al igual que en la mayor parte del mundo, a aumentar las tasas de política -en algunos casos de manera sustancial- y a reducir el crecimiento de los agregados monetarios.

Si bien se prevé que en 2023 este proceso llegue a su fin -en la medida que se vayan anclando las expectativas de inflación en los países-, los efectos de esta política restrictiva sobre el consumo privado y la inversión estarán presentes durante 2023.

Política monetaria

En el ámbito fiscal permanecerán altos los niveles de deuda pública en un gran número de países. En un contexto de altas demandas por gasto público, se requerirán medidas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y ampliar el espacio fiscal mediante el fortalecimiento de los ingresos públicos.

Proyecciones

Todas las subregiones evidenciarían menor crecimiento el próximo año, de acuerdo con las nuevas proyecciones de la Cepal. América del Sur crecerá un 1,2% en 2023 (3,4% en 2022), el grupo conformado por Centroamérica y México lo hará en un 1,7% (en comparación con un 2,5% en 2022) y el Caribe crecerá un 3,1%, sin incluir Guyana (en comparación con un 4,3% en 2022).

En América del Sur, algunos países se ven particularmente afectados por el bajo dinamismo de China que es un importante mercado para sus exportaciones de bienes. Tal es el caso por ejemplo de Chile, Brasil, Perú y Uruguay, que destinan a China más del 30% de sus exportaciones de mercancías (40% para Chile).

América del Sur se verá afectada también por la baja en los precios de los productos básicos y por las restricciones al espacio que la política pública tiene para apuntalar la actividad. La alta inflación ha impactado los ingresos reales y los efectos sobre el consumo privado ya se han observado en algunos países a partir de la segunda mitad de este año, advierte la Cepal.

Para las economías de América Central y México, el bajo dinamismo de Estados Unidos, principal socio comercial y primera fuente de remesas de sus países, afectaría tanto al sector externo como al consumo privado. En este caso, sin embargo, los menores precios de los bienes básicos actuarían a favor en tanto varias de ellas son importadoras netas de alimentos y energía.

Finalmente, en las economías del Caribe la inflación ha impactado no solo los ingresos reales y con ello el consumo, sino los costos de producción con un impacto negativo en la competitividad de las exportaciones tanto de bienes como de turismo, señala la Comisión.

El edadismo se ha vuelto un fenómeno común en muchas compañías, pero es poco visible. Esta discriminación hacia los trabajadores de la tercera edad se cimienta en estereotipos alejados de la realidad, como la escasa capacidad de adaptación de los seniors o la falta de competencias digitales. Por eso que, a medida que envejecen, se les “empuja” hacia un retiro forzado, sin considerar que su madurez, conocimientos y experiencia son claves. Es indispensable sumar esfuerzos para promover su integración en el mercado, siendo conscientes que, en el nuevo horizonte laboral, el trabajador senior será imprescindible.

Con el paso de los años, las personas no pierden la motivación ni las capacidades para trabajar y adaptarse a los cambios. Es necesario reivindicar su valor ante las empresas y la sociedad; ya que, por lo general, el edadismo está asociado a factores negativos, como aislamiento social, inseguridad financiera, pobre calidad de vida, muertes prematuras y mayor deterioro físico y mental.

No debemos convertir el talento de los seniors en un hecho invisible. La supervivencia de nuestra economía depende, cada vez más, de equipos multigeneracionales. Según Naciones Unidas, en 2018, el número de personas mayores de 65 años superó, por primera vez, a la cantidad de niños menores de cinco años. A nivel nacional, hasta el año pasado, la cantidad de adultos mayores de 50 años representaban el 75% de los menores de 18 años. Esto hace inviable el relevo generacional que, hasta hace poco, se daba de forma natural en las corporaciones.

Debido al rápido envejecimiento, no se están tomando medidas suficientes para mejorar las condiciones de los trabajadores de más edad, lo cual frenará las mejoras en su nivel de vida y generará aumentos insostenibles en el gasto social. Estamos a tiempo de pasar a la acción para evitarlo. De acuerdo con CEPAL, América Latina tiene una perspectiva demográfica aún manejable, a diferencia de Europa, que cuenta con la peor tasa de natalidad de todos los continentes, lo que está creando pirámides poblacionales cada vez más inestables, que ocasionarán conflictos intergeneracionales por la difícil sostenibilidad de los sistemas de jubilación  y los gastos en sanidad.

La sociedad, en su conjunto, debe ser consciente de la gravedad del problema y elaborar medidas eficaces encaminadas a mejorar la situación de los trabajadores de más edad. Es necesario un plan de acción que incluya propuestas en varios ámbitos, tanto a nivel legislativo, como empresarial y social. Debemos trabajar con la voluntad de impulsar cambios en la normativa laboral para proteger a las personas mayores de 50 años y conseguir medidas efectivas que permitan retener el talento senior en las organizaciones.

Hay mucho que hacer hacia delante; y, se trata de un esfuerzo de todos. Confiemos en que, en el futuro, el edadismo no será más que un término anacrónico que habremos erradicado para siempre de nuestro vocabulario. Necesitamos reivindicar el derecho a la superación de los adultos mayores, quienes son capaces de asumir nuevos retos. Se cometería un grandísimo error dejando de lado el capital más importante del ser humano: la experiencia y el conocimiento.

La economía peruana habría crecido 13,5% en el 2021, reflejando el mayor avance entre los países de Sudamérica, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Asimismo, el Perú mostró el año pasado el segundo mayor crecimiento a nivel de América Latina y el Caribe, después de Guyana con una expansión de 18,5%.

Sin embargo, para el 2022 la economía peruana registrará una desaceleración con un crecimiento de solo 3%, estimó la Cepal.

América Latina

El organismo proyectó que América Latina y el Caribe desacelerará su ritmo de expansión en el 2022 a 2,1%, luego de crecer 6,2% en promedio el año pasado.

El país con mayor avance en la región será Panamá, que registraría un aumento de 7,3%. Le seguirían República Dominicana, con un crecimiento de 5,5%; Honduras, con 4,5%; y Guatemala con 4,3%.

Esta desaceleración en América Latina sucede en un contexto de importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo sobre la capacidad de implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y vacunación para una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.

Así lo señala la entidad en su informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021, entregado en la víspera desde Ciudad de México en una conferencia de prensa virtual encabezada por la Secretaria Ejecutiva del organismo de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

Según el reporte, la región enfrenta un 2022 muy complejo: persistencia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, fuerte desaceleración del crecimiento, se mantienen la baja inversión, productividad y lenta recuperación del empleo, persistencia de los efectos sociales provocados por la crisis, menor espacio fiscal, aumentos en las presiones inflacionarias y desequilibrios financieros.

“La desaceleración esperada en la región en 2022, junto a los problemas estructurales de baja inversión y  productividad, pobreza y desigualdad, requieren que reforzar el crecimiento sea un elemento central de las políticas, al tiempo que se atienden las presiones inflacionarias y riesgos macrofinancieros”, señaló Alicia Bárcena.

Crecimiento de la región

De acuerdo con la Cepal, el crecimiento de 2,1% promedio esperado refleja una alta heterogeneidad entre países y subregiones: El Caribe crecerá 6,1% (excluyendo Guyana), América Central crecerá 4,5%, mientras que América del Sur lo hará en 1,4%.

En tanto, en 2021 la región mostró un crecimiento superior al esperado, promediando un 6,2%, gracias a la baja base de comparación que constituyó el año 2020, la mayor movilidad y el favorable contexto externo.

Según el Balance Preliminar 2021, estimaciones muestran que las economías avanzadas crecerían 4,2% en 2022 y serían las únicas que retomarían este año la trayectoria de crecimiento prevista antes de la pandemia. Las economías emergentes, por su parte, tendrían un crecimiento de 5,1% en 2022 pero recién retomarían la trayectoria de crecimiento prevista antes de la pandemia en el año 2025.

En 2021, 11 países de América Latina y el Caribe lograron recuperar los niveles de PIB previos a la crisis. En 2022 se agregarían otros tres, con lo que se alcanzaría un total de 14 países de los 33 que conforman la región.

Es central que la combinación de políticas monetarias y fiscales prioricen estímulos al crecimiento junto con la contención de la inflación, agrega la Cepal. Ello requiere utilizar políticas macroeconómicas coordinadas y el uso de todos los instrumentos a disposición, para priorizar adecuadamente los desafíos del crecimiento con la estabilidad monetaria-financiera.

Empleo y desocupación

En materia de empleo, durante el año pasado este se recuperó a una menor velocidad que la actividad económica: un 30% de los empleos perdidos en 2020 aún no se recuperaban en 2021. Asimismo, se acentuó la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que refleja la sobrecarga del cuidado sobre las mujeres y el menor dinamismo de sectores que concentran el empleo femenino, como los servicios.

Para 2022, Cepal proyecta una tasa de desocupación de 11,5% para las mujeres -levemente inferior al 11,8% anotada en 2021, pero aún muy superior al 9,5% existente antes de la pandemia en 2019-, mientras que para los hombres la desocupación sería de 8,0% este año, casi igual a la de 2021 (8,1%), pero todavía muy por encima del 6,8% anotado en 2019.

Alza de precios

El informe también aborda uno de los temas económicos más preocupantes en la actualidad a nivel regional y mundial: el alza de precios de los productos y servicios. En 2021 se registraron presiones inflacionarias en la mayoría de los países de la región, lideradas por aumentos en los alimentos y la energía (la inflación llegó al 7,1% promedio a noviembre, excluyendo a Argentina, Haití, Surinam y Venezuela), y se espera que estas persistan en 2022.

Los bancos centrales anticipan que los niveles de inflación se mantendrán por encima del rango meta establecido, aunque tenderán a converger a estos hacia finales de 2022, o comienzos de 2023.

Nuevamente el precio de la energía y de los alimentos en los mercados internacionales, así como la evolución del tipo de cambio, serán fundamentales para explicar la dinámica futura de los precios.

La Cepal recalca que la inflación es un fenómeno multicausal, por lo que las autoridades monetarias deben seguir utilizando el amplio espectro de instrumentos (monetarios, cambiarios y macroprudenciales) con los que cuenta, más allá de la tasa de interés, para enfrentar las presiones inflacionarias sin menoscabar los impulsos por recuperar el crecimiento y el empleo y alcanzar un crecimiento sostenible, inclusivo e igualador, señala el documento.

De igual forma, el organismo de las Naciones Unidas destaca que es crucial aumentar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria para dar sostenibilidad fiscal a una trayectoria creciente de demandas de gasto.

Desafíos del 2022

Los desafíos que presenta 2022, entre ellos el menor crecimiento económico, los riesgos de mayores tasas de interés, depreciaciones cambiarias y posibles deterioros en las calificaciones crediticias soberanas, complejizan el manejo de la política fiscal.

Por ello se requiere una mirada estratégica del gasto público que vincule demandas de corto plazo con inversiones de largo plazo y que contribuya al cierre de brechas sociales.

Además se debe ampliar el espacio fiscal mediante la eliminación de la evasión tributaria (que llega a los US$ 325.000 millones, 6,1% del PIB regional), consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública, y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables.

En otro ámbito, el financiamiento para el desarrollo es también clave para apoyar los espacios de política y la inversión.

Es necesario ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo; fortalecer los bancos de desarrollo; reformar la arquitectura de la deuda internacional; proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo; e integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de resiliencia encaminada a construir un futuro mejor.

La entrada de inversiones extranjeras a América Latina y el Caribe no lograría crecer más de 5% este año debido al impacto provocado por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En un contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió US$ 105.480 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, 34,7% menos que en 2019, 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012 y el monto más bajo desde 2010. 

A nivel mundial, los montos de IED se redujeron un 35% en 2020, alcanzando aproximadamente 1,0 billón de dólares, lo que representa el valor más bajo desde 2005, indicó la Cepal al presentar su estudio anual «La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021».

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América Latina y el Caribe se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en evidencia la relación entre los flujos de IED y los ciclos de precios de las materias primas, principalmente en América del Sur. 

El contexto internacional sugiere que los flujos mundiales de IED tendrán una recuperación lenta, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, en una conferencia virtual.

Sectores estratégicos

Por otra parte, la búsqueda de activos en sectores estratégicos para la reactivación internacional y para los planes públicos de transformación de la estructura productiva (infraestructura, industria de la salud, economía digital) indica que gran parte de estas operaciones tendrían como destino Europa, América del Norte y algunos países de Asia, aumentando las asimetrías globales, alerta el estudio.

En América Latina y el Caribe, los proyectos de IED mostraron una recuperación entre septiembre de 2020 y febrero de 2021; sin embargo, desde ese mes y hasta mayo de 2021 se estaría verificando una nueva caída en el valor de los anuncios.

“En este escenario es difícil pensar que las entradas de IED hacia la región tengan un incremento superior al 5% en 2021”, señaló Bárcena.

Manifestó que la IED ha hecho aportes relevantes en América Latina y el Caribe, pero no hay elementos que permitan afirmar que en la última década haya contribuido a cambios significativos en la estructura productiva de la región o que haya servido como catalizador para la transformación del modelo de desarrollo productivo.

«Hoy el desafío es mayor por las características y la magnitud de la crisis. Necesitamos canalizar la IED hacia actividades que generen mayor productividad, innovación y tecnología”, expresó.

La Cepal ha identificado ocho sectores estratégicos para dar un gran impulso para la sostenibilidad en la región.

Estos sectores, que podrían verse apuntalados por la IED, son la transición hacia energías renovables; la electromovilidad sostenible en ciudades; la revolución digital inclusiva; la industria manufacturera de la salud; la bioeconomía; la economía del cuidado; la economía circular; y el turismo sostenible.

Por países

El informe de la Cepal muestra que solo en cinco países aumentó la IED en 2020: Bahamas y Barbados en el Caribe, Ecuador y Paraguay en América del Sur, y México, el segundo mayor receptor de la región después de Brasil.

Los sectores de recursos naturales y manufacturas, con reducciones de -47% y -38%, respectivamente, fueron los más golpeados en 2020. Las energías renovables se mantuvieron como el sector de la región que despierta el mayor interés de los inversores extranjeros.

Estados Unidos aumentó de 27% a 37% su participación en la IED de la región en 2020 ante la fuerte caída de Europa (que bajó del 51% al 38%) y de América Latina (que pasó del 10% al 6%).

“La menor caída de EE.UU. como origen de la IED se explica principalmente por el aumento de las inversiones de este país en Brasil en 2020. Por el contrario, las entradas desde los dos países europeos que tenían más inversiones en Brasil —los Países Bajos y Luxemburgo— se redujeron entre 2020 y 2019, lo que determinó una caída del peso de Europa como inversionista”, planteó Barcena.

Translatinas

En 2020, los flujos de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas) también se desplomaron (-73%), aunque con elevada heterogeneidad: mientras Chile y México mostraron un incremento en los flujos de inversión directa en el exterior, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá registraron retrocesos.

“Además de mantener la ayuda de emergencia orientada a los sectores de la población más vulnerables y a las empresas de menor tamaño, los países de la región deben poner en marcha planes estratégicos tanto de reactivación como de transformación de la producción», indicó Bárcena.

Los gobiernos y el sector privado deben utilizar sus capacidades para que la política de atracción de capitales extranjeros sea parte de la política industrial como instrumento de transformación de la estructura productiva, enfatizó.

La economía peruana crecerá 9,5% en el presente año y 4,4% en el 2022, con lo cual liderará el crecimiento en América del Sur, proyectó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En la región, este año seguirán a Perú las economías de Chile (8%), Argentina (6,3%), Colombia (5,4%), Bolivia (5,1%), Brasil (4,5%), Uruguay (4,1%), Paraguay (3,8%), Ecuador (3%) y Venezuela (-4%).

Mientras que en el 2022, cuando el Perú crezca 4,4%, le seguirán Paraguay (4%), Colombia (3,8%), Bolivia (3,5%), Chile (3,2%), Uruguay (3,2%), Argentina (2,7%), Ecuador (2,6%), Brasil (2,3%) y Venezuela (1%), estimó la Cepal.

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Región

La Cepal confirmó un incremento en la previsión de crecimiento para la región de 5,2% en 2021, una mejora desde la última estimación de 4,1% en abril.

No obstante, la secretaria ejecutiva de la entidad, Alicia Bárcena, señaló que el incremento «no será suficiente» para asegurar un «crecimiento sostenido» y recuperar la caída de 2020 a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Reactivación

Bárcena urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.

“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación”, expresó.

Políticas fiscales

La Cepal resaltó que es indispensable mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, dar soporte a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión. Todo ello para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad.

Es indispensable aumentar el espacio fiscal vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducir los gastos innecesarios, recalcó la entidad durante la presentación del informe regional actualizado en Santiago, donde está la sede de este organismo de ONU para América Latina y el Caribe.

«También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, puntualizó.

El aislamiento social obligatorio y la paralización de todas las actividades decretados a raíz de la llegada de la pandemia del coronavirus, han provocado una severa crisis sanitaria y económica que, en el caso de esta última, ha tenido un mayor impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), no solo de nuestro país sino también a nivel global.

Responsables de más del 99% de la actividad empresarial en América Latina, así como generadoras del 60% de los empleos, las Mipymes no han podido asimilar un golpe tan duro como el recibido: parálisis abrupta de sus operaciones, sin producción, sin ventas, con mercados nacionales e internacionales cerrados y con la necesidad urgente de mantener su fuerza laboral.

Frente a ello, las primeras medidas, en el caso peruano, se centraron en el otorgamiento de créditos bajo el programa Reactiva Perú. En paralelo, entidades multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunciaron líneas de apoyo por USD 1.600 millones.

Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la importancia de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la región responde al hecho que, de los 2,7 millones de negocios que quebrarían en 127 países por la pandemia, 2,65 millones serían Mipymes.

Por tanto, reactivar la economía supone impulsar cuanto antes la recuperación de este sector, cuyo futuro pasa, como en ningún caso quizá, por la necesidad de innovarse, de integrase productivamente, de encontrar nuevos nichos de mercado y generar nuevas demandas.

La propia Cepal ya alertó que el decrecimiento de la economía latinoamericana con el consiguiente aumento de pobreza repercutirá directamente en las micro, pequeñas y medianas empresas, cuya demanda de productos y servicios se ve afectada por este contexto. En ese sentido, recomienda analizar el modelo de negocios que deberán desarrollar en el futuro.

La Cámara de Comercio de Lima analizó durante la XVI Expo Pyme, realizada la semana pasada, la nueva realidad bajo la cual este sector empresarial debe repensar su futuro. La principal conclusión fue que se requiere de nuevos negocios para que recuperen su dinamismo.

Así, la tarea de apoyar a este amplio y diverso sector empresarial no pasa solo por brindarle acceso a créditos, sino también –y quizá esto sea lo más importante– a programas que les permitan reinventarse y capacitarse en nuevas tecnologías pues, sin duda, la digitalización será ahora mucho más importante.

Requieren, además, de apoyo para internacionalizarse y para ser más competitivas.

La actual coyuntura es también una oportunidad para promover la formalización de muchas de estas empresas que comenzaron como emprendimientos personales o familiares y que, poco a poco, fueron creciendo hasta convertirse en negocios importantes, pero que se mantienen al margen de la legalidad.

El acceso al crédito en programas como Reactiva Perú puede ser un mecanismo para lograr avanzar en la formalización, pues obligadas por las circunstancias, dichas empresas pueden comenzar a trabajar en la formalidad.

En suma, se trata de una tarea retadora en la que, con la participación responsable del Estado, las Mipymes tendrán un futuro más que prometedor, con lo cual nuestra economía podría recuperarse mucho más rápido de lo esperado.