En la ceremonia, el titular de Proinversión, Luis Del Carpio, destacó que el mecanismo de Proyectos en Activos permite a una entidad pública hacer un uso eficiente de los inmuebles de su titularidad con inversión asumida por una empresa privada.

Proinversión promoverá proyectos en Ancash.

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El producto bruto interno (PBI) peruano experimentó en el primer semestre una caída de 0,45%, panorama que se torna aún más complejo cuando se observa el desempeño económico de los departamentos del país, donde de 15 de los 24 departamentos muestran una caída del PBI, de los cuales 12 tienen dos trimestres consecutivos de contracción, así lo informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima.

“Puno lidera esta disminución con una pronunciada caída del 11,9 %, atribuida a las protestas sociales y paralizaciones. Incluso la caída del segundo trimestre (-13,4 %) fue más alta que la del primer trimestre (-9,8 %)”, sostuvo el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

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Precisó que el sector más afectado en ese periodo fue el agropecuario, que aporta más de la cuarta parte de su PBI, resultado generado por las heladas, la escasez de precipitaciones y la baja cosecha. Le siguen los sectores de minería e hidrocarburos, transporte y construcción, como resultado de los conflictos sociales.

Además, Puno es el departamento que se ubica en el grupo de mayor nivel de pobreza, que aqueja a entre el 39,4 % y 43,3 % de su población, según resultados de 2022. “Estas cifras podrían incrementarse al finalizar el presente año”, advirtió Óscar Chávez.

Otros departamentos fuertemente afectados son Tumbes (-5,5 %), Áncash (-5,4 %) y Tacna (-5,3 %), todos con caídas en ambos trimestres. En el primer caso, como consecuencia de factores climatológicos adversos y bajos niveles de cosecha, que afectaron al sector agropecuario; y de la caída de la construcción en el segundo trimestre del año.

En el caso de Áncash, los conflictos sociales redujeron la producción minera y los climatológicos afectaron la actividad agrícola. En tanto, la caída de Tacna se debió a la menor producción de sus principales extracciones mineras, como el cobre y el molibdeno.

“Al igual que Puno, los resultados obtenidos al primer semestre del año hacen prever que los niveles de pobreza en estas tres regiones se incrementarán al culminar 2023”, comentó.

Sin considerar Lima, los departamentos de Puno, Tumbes, Áncash y Tacna aportan el 15,7 % del PBI nacional, el 17,5 % del empleo formal y concentran el 12,2 % del crédito total otorgado por el sistema financiero.

Otro bloque de departamentos también tiene economía contraída, pero de menor magnitud con respecto al primer grupo señalado. Se trata de Lambayeque (-3,5 %), Ucayali (-2,6 %), Huancavelica (-2,5 %), Madre de Dios (-2,2 %), Pasco (-2,0 %), Cajamarca (-1,5 %), Ayacucho (-1,4 %), Lima (-1,2 %), Arequipa (-1,0 %), La Libertad (-0,7 %) y Junín (-0,3 %), afectados por la manufactura, la construcción y las telecomunicaciones, que figuran entre los sectores con mayor caída en lo que va del presente año.

Departamentos que más crecieron

En tanto, fueron 9 departamentos los que registraron crecimientos en su PBI al primer semestre de 2023. Este grupo es liderado por Moquegua (46,1 %) y Apurímac (14,1 %). En el caso de Moquegua, el inicio de operaciones de la empresa Anglo American Quellaveco, en septiembre de 2022, ha llevado a un crecimiento explosivo en la producción de cobre y molibdeno. El crecimiento del sector minería e hidrocarburos fue de 226 % y 227,7 % en el primer y segundo trimestre, respectivamente.

En lo que respecta a Apurímac, en el primer trimestre del año prácticamente todo su aparato productivo estaba en caída o detenido. Pero, en el segundo trimestre, la producción minera se expandió en 138,8 %, ante la mayor extracción de molibdeno y cobre de Las Bambas.

“Hay que recordar que, a diferencia de lo sucedido en Moquegua, esto es solo un efecto estadístico, pues de abril a junio de 2022 la producción de Las Bambas fue paralizada por conflictos sociales”, mencionó el jefe del Iedep.

Asimismo, se observó el desempeño favorable en Piura (5,1 %), Huánuco (4,5 %), San Martín (1,9 %), Loreto (1,3 %), Cusco (0,9 %), Amazonas (0,4 %), e Ica (0,2 %), con sectores comunes a los departamentos líderes, además del comercio, transporte, y alojamiento y restaurantes.

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En los últimos años el deterioro de la gestión pública ha afectado las bases de la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Además, ha originado que cada vez haya más pérdida de credibilidad y confianza en el Estado y en las autoridades.

Según un reporte de la Contraloría General de la República, durante el 2022 la corrupción en el Perú ha ocasionado un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56 % (S/ 13 721 millones) fue originado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguidos por el Gobierno Nacional, con el 44 % (S/ 10 696 millones).

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“Es lamentable esta situación que, además, pone en tela de juicio la capacidad del Estado para gestionar el país. Con este dinero bien invertido y sin corrupción se hubieran hecho más obras públicas en colegios, hospitales, carreteras, antenas para llevar internet o conductos para llevar electricidad y agua potable a las poblaciones más necesitadas”, señaló Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), elaborado también por la Contraloría General de la República y donde se evaluó a 2 815 entidades públicas en el 2022, reveló que el top 10 de instituciones públicas con mayores niveles de corrupción está encabezado por el Gobierno Regional de Áncash; seguido del Gobierno Regional de Piura; el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); los Gobiernos Regionales de Junín, Puno y Loreto; la Municipalidad Provincial de Trujillo; la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Municipalidad Metropolitana de Lima; y el Gobierno Regional de Tumbes.

Ante dicho resultado, Lanzara mostró su preocupación de que, a lo largo y ancho del país, se identifiquen una gran cantidad de denuncias por actos de corrupción e inconducta funcional, las que incluso han alcanzado a universidades. “Este ranking puede resultar incómodo para las instituciones, pero también es un reto y un compromiso para ellas el llegar a revertir esta situación”, añadió.

Mejores servidores públicos

Con el fin de hacerle frente a esta problemática, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL sostuvo que es fundamental promover la meritocracia en la gestión pública, ya que garantizará a mediano y largo plazo contar con funcionarios idóneos, capacitados y calificados que tomarán decisiones en beneficio de la población.

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“De esta forma se evitaría que factores externos a la experiencia profesional del funcionario público, como contactos, inconducta funcional, presiones, entre otros, pudiesen influenciar en la designación de los puestos públicos, lo cual es muy usual en las distintas administraciones de todo nivel, desde el Gobierno Central hasta los gobiernos regionales y locales”, argumentó Hernán Lanzara.

Además, indicó que un sistema regido por la meritocracia asegura la continuidad de la administración pública. También disminuye los constantes cambios y designaciones que ocurren cuando entra una nueva gestión o administración.

Semillero para futuros servidores públicos

Con el propósito de animar a los jóvenes estudiantes universitarios que se encuentran en el quinto superior a participar en la administración pública como futuros servidores públicos, la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL lanzó el programa piloto “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”.

Esta iniciativa busca sensibilizar a estos jóvenes universitarios mediante jornadas de información, análisis y capacitación. Asimismo, mediante la producción académica se les motiva a reflexionar sobre los problemas de la gestión pública de nuestro país e impartir conocimientos sobre compliance público y privado, gobernanza corporativa, políticas públicas en materia de transparencia y acceso a la información, entre otros aspectos.

Los objetivos del proyecto son contribuir a la formación de futuros funcionarios y servidores públicos de nuestro país, para que fortalezcan las instituciones públicas, incidiendo en sus capacidades, competencias y formación ética; contrarrestar la corrupción; y promover la eficiencia en el gasto público con un enfoque de derechos humanos.

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Además, se busca fortalecer las condiciones de empleabilidad de los jóvenes universitarios (como certificaciones y producción intelectual), y realizar convenios o alianzas estratégicas con entidades del Estado para que puedan evaluar e incorporar gradualmente a dichos jóvenes, mediante pasantías.

Modalidad de estudio

Las clases serán dictadas –de manera híbrida– por destacados especialistas de reconocida trayectoria profesional y académica. Durante las sesiones del “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”, un grupo de estudiantes asistirán a la sede institucional de la CCL a fin de participar de manera presencial.

Al mismo tiempo, otro grupo de estudiantes que no residan en Lima, y que tengan dificultades para asistir a las clases presencialmente, podrán participar de las mismas sesiones de forma virtual y sincrónica a través de las plataformas digitales.

Duración del programa

El referido programa tiene una duración de 24 horas divididas en 12 sesiones, y se realizará desde el 19 de septiembre hasta el 26 de octubre del presente año. Las clases se desarrollarán los días martes y jueves, en el horario de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. El curso es totalmente gratuito y cuenta con vacantes limitadas.

Los participantes seleccionados son estudiantes del penúltimo y último año de estudios de las carreras profesionales de Derecho, Ciencia Política, Sociología, Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración y Gestión Pública. Además, pertenecen al quinto superior, y debieron presentar una carta de presentación y una carta de recomendación de un docente de su facultad.

Para mayor información, contactarse con jsequeiros@camaralima.org.pe.

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La transferencia de recursos generados por la actividad de la minería a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Centro, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron en los primeros tres meses del año más de S/ 1.095 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Esta cifra transferida a los gobiernos integrantes de la Macrorregión Centro, -que comprende a las regiones de Lima, Áncash, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Ica- contribuye, entre otros aspectos, a la continuidad de las actividades económicas regionales.

Canon

El documento estadístico del Minem precisa que solo en las transferencias por Canon Minero a marzo de 2023 se alcanzó una cifra superior a los S/ 972,8 millones, monto que va dirigido a los gobiernos subnacionales para la ejecución de obras públicas en diversos sectores en beneficio directo de la población.

Regalías

Asimismo, las transferencias por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales, entre enero y marzo, sumaron más de S/ 121 millones. Es preciso mencionar que el monto registrado es transferido a los gobiernos locales, regionales y nacionales y parte de ello se destina a las universidades públicas, con la finalidad de promover la investigación científica y tecnológica.

Las mencionadas regiones recibieron por Derecho de Vigencia y Penalidad un monto que supera el millón de soles, monto que proviene del pago que realizan los titulares para mantener vigente su concesión minera, inclusive si no se encuentran realizando algún tipo de actividad. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) realiza la recaudación y distribución de este recurso minero.

Regiones

Entre las regiones integrantes de la Macrorregión Centro, se señala que la región Áncash recibió más de S/ 702 millones, ocupando el primer lugar; seguida de Ica, que durante este lapso de tiempo recibió más de S/ 254 millones, producto de esta actividad económica. Y en tercer lugar Lima, que recibió más 53 millones.

El Minem destaca que los recursos generados por la minería constituyen una fuente importante de financiamiento para los gobiernos subnacionales, ya que ello les permite ejecutar proyectos públicos que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y en especial de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.

Áncash se convirtió en la principal región productora de cobre durante el 2021 con un acumulado de 464.909 toneladas métricas finas (TMF) del metal, que refleja un crecimiento de 16,3% respecto al resultado del 2020 (399.791 TMF) y que representa el 20,2% del total obtenido a nivel nacional (dos millones 299.277 TMF).

De igual forma, Áncash lideró la producción de zinc el año pasado con 579.494 TMF que equivalen a un crecimiento de 9,2% en el comparativo interanual (530.873 TMF) y al 37,8% del resultado nacional (un millón 532.043 TMF), de acuerdo a las cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En la producción nacional de plata, Áncash también estuvo a la cabeza con un total de 650.418 kilogramos (kg.) finos extraídos durante el 2021. El resultado es 22,8% mayor al del 2020: 529.688 Kg finos, precisa también el BEM.

Antamina

El buen resultado de la producción de cobre, zinc y plata en Áncash se debe, principalmente, a las operaciones de Compañía Minera Antamina S.A. En el caso del metal rojo, la empresa produjo 460.652 TMF el año pasado, lo que representa el 20% del total a nivel nacional; mientras que en el zinc, sumó 532.603 TMF (34.8% de participación), refirió el Minem.

Compañía Minera Antamina S.A. también fue el principal productor argentífero con un total de 521.006 kg. finos que equivalen al 15,7% de la plata extraída a nivel nacional en el 2021.

La minería continúa siendo un motor de desarrollo de las regiones.  Así la transferencia de recursos generados por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Centro, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron más de S/ 2.455 millones en el 2021, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Esta cifra transferida a los gobiernos integrantes de la Macrorregión Centro, -que comprende a las regiones de Lima, Áncash, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Ica- contribuye de manera importante a la continuidad de las actividades productivas, según la última edición del Boletín Estadístico Minero del Minem.

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Canon y regalías

Solo en las transferencias por Canon Minero en el 2021 se alcanzó una cifra superior a los S/ 1.316 millones, monto que va dirigido a los gobiernos subnacionales, para la ejecución de obras públicas en diversos sectores en beneficio directo de la población.

Asimismo, las transferencias por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales entre enero y diciembre de 2021 sumaron más de S/ 1.031 millones, situación que se debe en parte a los altos precios de los metales en el mercado extranjero y la mayor producción minera, lo que generó mayores utilidades para las compañías mineras y, asimismo, el pago de más impuestos.

Finalmente, las mencionadas regiones recibieron por Derecho de Vigencia y Penalidad un monto que supera los S/ 107 millones.

Actividad minera en regiones

Entre las regiones integrantes de la Macrorregión Centro, la región Áncash recibió más de S/ 1.458 millones, ocupando el primer lugar; seguida de Ica, que durante este lapso de tiempo recibió más de S/ 527 millones, producto de esta actividad económica; y en tercer lugar destaca Lima con más de S/ 174 millones durante el año pasado.

El Minem señala que los recursos generados por la minería constituyen una fuente de financiamiento para los gobiernos subnacionales, y ello les permite ejecutar proyectos públicos para elevar la calidad de vida de sus ciudadanos y en especial de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.