Perú avanza en inclusión financiera, pero persisten brechas críticas

La inclusión financiera no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar objetivos más ambiciosos: reducir las desigualdades, combatir la informalidad, fomentar la inclusión productiva de sectores vulnerables y construir una sociedad con mayor cohesión social.

En los últimos años, este concepto ha cobrado relevancia como herramienta clave para disminuir la pobreza y dinamizar la economía. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a junio del 2024, el número de puntos de atención financiera (oficinas, cajeros automáticos, cajeros corresponsales y las EOB) por cada 100 000 adultos llegó a 1 625, un aumento de 626 respecto a junio del 2019.

Digitalización y educación: pilares del avance

Uno de los motores principales de este progreso ha sido la digitalización financiera. Billeteras digitales como Yape y Plin han facilitado el acceso a pagos y transferencias, sobre todo en zonas urbanas y periurbanas. De acuerdo con Credicorp (2024), la tenencia de billeteras digitales creció del 45 % a 58 % entre el 2023 y el 2024, aunque el efectivo aún domina como medio de pago.

La educación financiera es otro pilar esencial. En el 2022, solo el 13 % de adultos tenía un alto nivel de conocimiento financiero, mientras que el 41 % un nivel bajo, según la SBS. En las zonas rurales, la brecha es aún mayor, apenas el 10 % de la población posee alta educación financiera y el 54 % tiene baja.

Para el 2024, el estudio “Mapeo de Iniciativas de Educación Financiera”, a cargo de la SBS, identificó que el 40 % de las acciones en esa materia son impulsadas por bancos y entidades públicas, y el 34 % se realiza de manera colaborativa. Estas iniciativas se dirigen principalmente a los adultos (87 %) y jóvenes (66 %), mientras que los niños y los adolescentes son atendidos de forma indirecta, generalmente mediante docentes escolares.

Digitalización financiera.

Brechas de género en el acceso financiero

Por su parte, la inclusión financiera con enfoque de género enfrenta retos importantes. El acceso de las mujeres a servicios financieros es vital para su autonomía económica. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reporta que, en 15 de los 25 departamentos del país, las mujeres tienen menor tenencia de cuentas en el sistema financiero que los hombres. Además, salvo en Madre de Dios, ellas acceden a créditos de menor monto. En Lambayeque, la brecha es más marcada, con una diferencia de 40,6 puntos porcentuales.

A nivel nacional, los datos de la SBS, a junio del 2024, indican una paridad casi total en la tenencia de créditos: 33,1 % de las mujeres frente al 33,2 % de los hombres. No obstante, esta paridad se distorsiona al excluir Lima y Callao. Mientras en esta región el 36 % de las mujeres accedieron a un crédito, en el resto del país el promedio cae al 27,1 %.

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Inclusión productiva: el caso de las mypes

Una mayor inclusión financiera permite a las micro y pequeñas empresas (mypes) acceder a oportunidades de crecimiento sustentadas en nuevas tecnologías y capital humano. Según el Ministerio de la Producción, (Produce), en junio del 2024, el ratio de inclusión financiera, calculado como el cociente entre el número de empresas registradas en el sistema financiero y el total de las registradas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), fue de 66,2 % para grandes empresas, pero solo del 27,2 % para microempresas formales.

Ante lo descrito, es importante advertir que, para alcanzar una mayor inclusión financiera, se deben eliminar barreras estructurales y diseñar soluciones flexibles que puedan ser adaptadas a las necesidades de las mypes. Este enfoque debe abarcar no solo dimensiones financieras, sino también educativas, institucionales y tecnológicas.

En esa línea, la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) contempla cinco objetivos estratégicos:

1. Generar una mayor confi­anza de todos los segmentos de la población en el sistema fi­nanciero.
2. Contar con una oferta de servicios ­financieros suficiente y adecuada a las necesidades de la población.
3. Mitigar las fricciones en el funcionamiento del mercado.
4. Desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y plataformas digitales para incrementar la cobertura y el uso de servicios ­financieros.
5. Fortalecer los mecanismos de articulación de esfuerzos institucionales.

La implementación de las 30 medidas de política con las que cuenta dicho plan al 2030 permitiría que el 75 % de la población adulta tenga una cuenta en el sistema financiero, que el 43 % de quienes accedan a créditos presenten baja probabilidad de incumplimiento, que el sistema financiero tenga una cobertura total y que el 52 % de los centros poblados cuenten con internet.

Hacia una inclusión sostenible y equitativa

Pese al avance en infraestructura y digitalización, persisten grandes brechas, sobre todo en zonas rurales, entre mujeres, jóvenes y trabajadores informales. Esto exige políticas públicas sostenidas e inclusivas.

En ese sentido, es indispensable continuar implementando la PNIF, fomentando la interoperabilidad, el uso de datos alternativos para evaluar riesgos crediticios, el desarrollo de infraestructura digital y la educación financiera para todos los segmentos de la población.

Con una visión multisectorial y centrada en las personas, la inclusión financiera puede convertirse en un verdadero motor de la transformación social y económica para millones de peruanos.

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