Vicente Romero: “Urge generar confianza con una oportuna gestión de los reclamos sociales”

A su entender, ¿cuáles son las principales razones de las recientes protestas sociales en el Perú?

Por la experiencia que he tenido, muchas protestas sociales o conflictos sociales se desencadenan como consecuencia de las demandas sociales, que cuando son presentadas al Poder Ejecutivo no son atendidas a tiempo. Normalmente, los ciudadanos presentan su reclamo y después de tres meses a veces los llaman para poder entablar un diálogo.

Este proceso de diálogo demora entre ocho meses o tal vez más porque depende de la negociación, las discusiones y acuerdos a que puedan llegar. Pero si los reclamos sociales no son atendidos a tiempo, los manifestantes salen a protestar contra determinada entidad o el Poder Ejecutivo.

El derecho a la protesta es válido y está amparado en la Constitución Política del Perú. Estas protestas sociales deben desarrollarse en forma pacífica sin afectar el derecho de las personas. Sin embargo, las últimas manifestaciones de los días pasados 4, 5 y 6 de abril fueron muy violentas causando situaciones muy graves, como atentar contra la vida e integridad de las personas, bienes públicos y privados, afectando la tranquilidad y la economía del país.

Las razones de las protestas son reclamos no atendidos a tiempo, porque no hubo ni hay gestión adecuada de los organismos del Estado a través de las oficinas de prevención de conflictos y gobernabilidad. Además, se han tomado malas decisiones en el Poder Ejecutivo, incluso algunas declaraciones del Presidente de la República Pedro Castillo agravaron el problema.

En segundo lugar, se adopta una medida de inmovilidad en Lima y Callao, para prevenir posibles saqueos, que no ameritaba porque no había ninguna motivación ni justificación legal, que desencadenaron en protestas sociales que originaron grandes pérdidas económicas y laborales. Y seguimos aun con este problema latente.

¿Cuál sería el impacto en las regiones que han sido las más afectadas?

El impacto causado son las pérdidas millonarias del sector privado y público, así como los ciudadanos de a pie que dejaron de percibir sus ingresos para sobrevivir, además el malestar causado en la población por las medidas de media noche, sin criterio y ningún plan comunicacional sobre la inmovilización social, que finalmente causaron manifestaciones violentas, trágicas y con daños y pérdidas irreparables, lo que ha dado lugar a aumentar la desconfianza en las autoridades de turno.

Creo que el gobierno debe tomar otro tipo de decisiones y hacer un ajuste en el tratamiento de estos reclamos y reenfocar sus mecanismos de respuesta ante cualquier eventualidad que se pueda producir entendiendo que sigue latente el problema.

El Estado peruano tiene una estructura organizacional y una plataforma logística a través de las Fuerzas del Orden (FF.OO.), compuestas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional, para poder dar seguridad en forma favorable a los ciudadanos cuándo hay indicativos de que el tema social se puede desbordar.

Un claro ejemplo sería en los años 80 y 90, cuando las Fuerzas del Orden (FFOO) enfrentaron a Sendero Luminoso. Ellos tienen sus planes de contingencia para poder mantener y restablecer el orden interno,  con repartición de tareas. Para este tipo de situaciones las FF.AA. se encargan de preservar la seguridad de  todos los servicios estratégicos, servicios esenciales, agua, luz, comunicaciones, los edificios públicos y comerciales y puntos críticos de la ciudad; mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encarga del orden público en las manifestaciones y de la seguridad ciudadana.

Esos planes están vigentes, no entiendo porque no sé ejecutaron. Habría que ver qué pasó y por qué no se tomaron en cuenta como en anteriores oportunidades, donde se brindaron  manejos adecuados de seguridad y conflictividad. Estos planes están previstos a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  Se pudo amortiguar los efectos.

Ante la situación actual, ¿qué acciones se pueden tomar desde el Gobierno?

Habría que dar algunas recomendaciones en función de algunas acciones a tomar en cuenta, desde el gobierno, primero a través de un plan comunicacional dirigido a la población en general de no caer en falsas alarmas. De cinco informaciones cuatro son falsas. Además, ser más objetivo en función de los hechos y recordar a los ciudadanos que hay autoridades que son responsables sobre el manejo de la seguridad nacional.

La segunda recomendación es para el Poder Ejecutivo y los responsables de las oficinas de prevención de conflictos y gobernabilidad. No deben esperar que estos reclamos sociales se conviertan en una explosión social, el diálogo es el mejor instrumento para las discusiones y negociaciones y para lograr acuerdos.

Una tercera recomendación es para los representantes de las organizaciones sociales que plantean reclamos. Es cierto que la protesta es un derecho y está amparado por la Constitución, pero sus manifestaciones deben ser pacíficas y llevarse a cabo en espacios donde no afecten el ejercicio de las libertades y derechos de los demás.

Una cuarta recomendación es para los gobiernos regionales y locales, ellos siempre deben ser promotores del diálogo con su comunidad. Sin embargo, ellos están en modo de observadores y algunos inclusive participan del lado de la oposición. Quiero recordarles que son parte de la estructura del Estado, han sido elegidos por el pueblo y están investidos de autoridad y responsabilidad para ser parte de la solución de los reclamos.

¿Cómo puede apoyar el sector privado en la seguridad y orden interno?

Hay que tener en cuenta que los reclamos de los ciudadanos y de la comunidad nunca van a dejar de existir. Por lo tanto las protestas sociales es una permanente porque hay muchas brechas sociales que no son atendidas, hay desigualdades, además tenemos aún un sistema democrático débil.

Los reclamos siempre se traducen en marchas, manifestaciones y estas se tornan en conflictos sociales con bloqueos de vías, vandalismo, daños a la propiedad y muchas veces generan pérdidas humanas, contra la integridad física, perdidas laborales, incertidumbre, temor, además de afectar al sector público y privado en función de horas hombre que se dejan de trabajar, finalmente atentan contra el desarrollo económico, social y debilita la gobernabilidad y democracia del país.

Tomando el comportamiento de los individuos que se manifiestan en protestas sociales que causan violencia, daños y crimen y socavan la confianza de las instituciones públicas y donde el sector privado lo identifica como un importante escollo para hacer negocios e invertir, si bien es cierto que los gobiernos tiene la primera responsabilidad de resolver el problema, pero el sector privado juega un papel fundamental al contribuir:

Primero, a fortalecer las economías locales para hacerlas más resistentes a la violencia, generando más oportunidades de empleo y sensibilizando a la población sobre el rol de los empleadores en el desarrollo del país.

Segundo, el sector privado puede generar espacios de dialogo entre todas las partes interesadas de la sociedad, para desarrollar planes estratégicos que promuevan la participación ciudadana.

Tercero, generar alianzas públicas y privadas que puedan ser una fuente innovadora social, como el caso del Programa de Barrio Seguro que lidera la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde se busca disminuir la reincidencia entre los jóvenes en actos antisociales al mejorar las oportunidades de empleo a través de becas.

¿Qué retos debemos afrontar como país?

Entre los retos a seguir, es que los representantes de los poderes del Estado deban retomar el manejo y conducción del país para lograr el crecimiento y desarrollo del país, en función de la necesidad de todos los ciudadanos (costo de vida, educación, salud y seguridad).

Primero convocar a todas las fuerzas políticas y que sus mejores cuadros deban administrar y gestionar las diferentes responsabilidades que el estado tiene a través del gobierno de turno, para retomar la confianza y credibilidad en sus autoridades. Segundo promover la inversión privada y pública para dinamizar la economía.

Tercero, en el caso específico de la conflictividad social, tener una adecuada y oportuna gestión y tratamiento a los reclamos sociales, a través del dialogo y el uso adecuado de las herramientas legales y de la plataforma organizacional que tiene el Estado para la prevención y control de los disturbios violentos a través de las fuerzas del orden (FF.AA. y PNP).

Y cuarto generar y seguir construyendo confianza y credibilidad en todos los peruanos desde los gobiernos de turno, necesitamos hoy más que nunca estar unidos, para poder afrontar los efectos de la pandemia y la de la guerra de Rusia y Ucrania.

¿Qué opinión le merece las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en un medio colombiano?

Respecto a estas declaraciones de Aníbal Torres donde acusa a la Policía Nacional de ser una institución ineficiente, primero quiero decir que rechazo contundentemente esas declaraciones tan desatinadas y fuera de contexto que reflejan el desconocimiento del premier y que ha causado tanta vergüenza como representante del gobierno lo que ha provocado malestar y ha afectado la moral al interior de la Policía.

Una de las muchas acciones de capacidad de nuestra Policía Nacional fue la desarticulación de la estructura de Sendero Luminoso y del MRTA, gracias a ellos ahora los peruanos vivimos en democracia. Reitero la incapacidad que ha mostrado el premier ante las protestas sociales, cuando los reclamos no fueron atendidos y menos escuchados en su momento, segundo cuando se produce el conflicto social adopta medidas incoherentes como la inmovilización social, cuyo resultado fue más bien pérdidas económicas, pérdidas de vidas, saqueos, vandalismo, daños a la propiedad privada y consecuentemente ha originado caos. Quiero recordarle al premier que la Policía Nacional siempre ha puesto orden, pone orden y seguirá poniendo orden.

El problema hoy pasa por un tema de gobernabilidad que es más político que otra cosa, tenemos que convocar a todas las fuerzas políticas, a la gente más capaz y trabajar para todos los peruanos.

Cualquier agrupación o partido político que llegue al gobierno debe trabajar en función de país, no sigamos dividiendo a los peruanos, al contrario aprovechemos nuestras ventajas competitivas, geográficas y económicas, agreguemos nuestra oferta turística y gastronómica, diversidad cultural y exportaciones mineras y seguir promoviendo el desarrollo económico y social del país. Invoco al premier a construir confianza y credibilidad en los ciudadanos, es una acción urgente de este gobierno.

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL organiza este 25 y 26 de abril el IV Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial 2022: “La seguridad pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo», que se realizará vía Zoom, Facebook Live CCL y YouTube.