Para que el país continúe fortaleciendo su posición en el comercio exterior, hoy es relevante contar con un sistema de Valoración Aduanera (VA) adecuado, el mismo que requiere de la uniformización de criterios para una correcta aplicación de la normativa aduanera.

Así lo manifestó, Leonardo López, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) durante el VIII Foro Internacional de Valoración Aduanera denominado «Control aduanero del valor en aduana declarado«, evento virtual organizado por el Gremio de Comercio Exterior de la CCL.

El representante gremial destacó que el principal propósito del evento fue generar un espacio de reflexión y análisis, a fin de identificar y proponer mejoras que fortalezcan la valoración aduanera, herramienta que determina la base imponible para el cálculo de los tributos de la importación de mercancías.

Sostuvo también que el encuentro también busca contribuir con el sector importador peruano, así como colaborar de manera activa con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para «garantizar una difusión clara y efectiva de estas regulaciones tan cruciales para el comercio exterior«.

Según la CCL, el evento también responde a la preocupación sobre la actual metodología de la normativa aduanera la que se caracteriza por ser compleja y que genera diversas interpretaciones, tanto de parte de la Autoridad Aduanera como de los propios importadores, lo que puede crear perjuicios a la dinámica de estas operaciones o mayores costos para los importadores.

Al respecto, Javier Caballero, jefe de la División de Valoración de la Sunat, adelantó que su institución «está trabajando en algunas mejoras sobre el reglamento de valoración aduanera«, específicamente los relacionados a los procedimientos de valoración.

Para ese fin, afirmó que la Sunat está en permanentemente interacción con las áreas operativas, pues son las encargadas de «nutrir» la casuística, pues de esta manera se podrá identificar casos concretos que van a contribuir a generar oportunidades para mejorar la normativa vigente.

«De la misma forma buscamos también optimizar nuestro control aduanero, siendo más selectivos en algunas declaraciones aduaneras, sobre todo enfocándonos a mejorar nuestros sistemas de medios de pagos a través de la Ley de Bancarización«, comentó.

Precisamente, cuando se aplica la duda razonable (discrepancia entre lo declarado y lo verificado por la autoridad aduanera), el importador tiene dos formas para acreditar el valor declarado de la mercancía: el primero es presentando tres tipos de documentos (comercial, financiero y contable); que, si no son presentados de manera correcta, serán rechazados conforme a la norma de valoración aduanera. Asimismo, para acreditar el uso de medios de pagos, se exige la presentación de documentos financieros, conforme al D.S. 150 -2007- EF -TUO, Ley de Bancarización.

Por estos temas, Ericka Caballero, vicepresidenta del sector Logístico del Gremio X.COM de la CCL, afirmó que los importadores padecen de problemas recurrentes, específicamente cuando se aplica la duda razonable ante la falta de sustento del precio real pagado o por pagar de la mercancía. Así también, sobre los descuentos concedidos por el proveedor durante la compraventa internacional, por ejemplo, la transacción con empresas e-commerce como Alibaba, Mercado libre, Amazon, etc.

Cabe precisar que la Valoración Aduanera se desarrolla en el marco del acuerdo al valor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y como tal, es un componente esencial de la técnica aduanera.

Así lo enfatizó, Luis Huamancaja, intendente, de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao de la Sunat, quien añadió que la valoración aduanera requiere de la participación conjunta del importador y de la Administración Aduanera, ya que el importador es el encargado de proporcionar la información real y auténtica para que Aduanas pueda evaluar de manera integral a través de la correcta base imponible.

«Para nosotros es importante el desarrollo de este evento donde vamos a recibir aportes y sugerencias de los actores de este servicio y de esta forma poder identificar las oportunidades de mejoras y procesos en general a fin de poder generar mayor certidumbre y predictibilidad en su aplicación«, sostuvo.

En esta octava edición, se contó con diversos bloques de debate que, hoy en su segundo día, contará con importantes expositores internacionales con el valioso aporte de juristas de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, especialistas en valoración aduanera.

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Como señala Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico, la inminente puesta en marcha del puerto de Chancay, que hará del Perú un hub portuario en el ámbito del tráfico de mercancías entre Asia y América del Sur, no solo debe implicar ello, sino que, como ha ocurrido con otros países asiáticos (Malasia, Tailandia y la misma China), debe ser el impulsor del desarrollo productivo e industrial del país.

Empero, para que ese anhelado desarrollo industrial sea realmente posible de cara a la próxima inauguración del Puerto de Chancay, es necesario que el Congreso de la República concluya con el debate y aprobación de dos proyectos de ley absolutamente estratégicos para el efecto; nos referimos al proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales (N.° 293/2021-CR presentado por el congresista Salhuana, actual presidente del Congreso) y al proyecto de ley sobre el Régimen de Elaboración, Manufactura, Maquila y Almacenamiento -REMA- (N.° 7065/2023-CR presentado por el congresista Carlos Anderson).

Ambos proyectos de ley buscan crear las condiciones para que el Perú, aprovechando su ubicación geográfica ,así como la infraestructura logística que viene implementando, se torne en un centro de desarrollo y encadenamiento industrial en América del Sur.

El proyecto sobre zonas económicas especiales recoge las mejores experiencias de los países que vienen explotando con éxito estas zonas de tratamiento aduanero y tributario especial con el propósito de atraer la inversión extranjera en sectores con alta demanda laboral, como es el caso de Costa Rica, Uruguay o República Dominicana; el proyecto propone un esquema moderno de zonas francas en las que estas se constituyen en verdaderos desarrollos inmobiliarios industriales privados, que ofrecen a los usuarios que adquieren títulos en tales espacios, la posibilidad de llevar a cabo una nueva actividad industrial o de servicio, gozando de un espacio liberado de aranceles y de un régimen tributario promotor, a cambio de la inversión en capital y en la generación de puestos de trabajo.

El segundo proyecto (el REMA) replica el sistema mexicano que ha hecho posible el gran desarrollo industrial de dicho país sobre todo en la industria automotriz. En ese sentido, el proyecto del REMA plantea hacer del Perú una plataforma de exportación de servicios de manufactura, maquila y elaboración por encargo, permitiendo que empresas del exterior encarguen la elaboración de sus productos a empresas peruanas de servicios. Para tal efecto, el proyecto recoge en un solo régimen, mecanismos ya existentes, como es el caso de la admisión temporal de los insumos y materias primas necesarias para producir los bienes, dispone también la posibilidad de abastecerse localmente de tales mercancías así como el almacenamiento en el Perú de los bienes producidos para la colocación por sus propietarios (las empresas del exterior que encargan la fabricación o maquila) en los mercados del mundo, sin que ello implique para el citado titular de dichos bienes, la generación de un establecimiento permanente en el Perú ni la generación de rentas de fuente peruana, tal como lo precisa un informe de la propia Sunat.

De cara a la próxima cita de la APEC donde se encontrarán en nuestro país los líderes de las economías más importantes del mundo, así como los CEO de empresas trasnacionales, esperemos que ambos proyectos hayan sido ya aprobados para poder mostrar las oportunidades de inversión que ofrece el Perú; esperemos que los congresistas no dejen de correr la ola y dejen de pasar esta gran oportunidad para el país.

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El mes pasado, el Gobierno presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, mediante el cual solicita la delegación para legislar en 10 áreas, por el plazo de 90 días calendario, que se empezarían a contar desde que entre en vigor la referida ley.
Entre las referidas áreas está la tributaria. Al respecto, conversamos con el presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leonardo López.

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¿Cuál es la posición con respecto al pedido del Poder Ejecutivo de legislar en materia tributaria?

Considero que, en rigor, cualquier modificación relativa a los aspectos esenciales de los tributos no debe ser materia de la delegación de facultades. En todo caso, las iniciativas del Poder Ejecutivo para modificar dichas normas deben ser presentadas al Congreso de la República para que se transparenten y debatan en ese foro, y sea la ciudadanía la que, a través de sus representantes, apruebe la mejor opción. La tributación es un tema muy serio, que debe ser materia de análisis, de reflexión y de debate de los diferentes actores sociales y, lamentablemente, el Poder Ejecutivo no ofrece ello.

¿En qué puntos sí y en cuáles no están de acuerdo con el Ejecutivo en la delegación de facultades en materia tributaria?

Estamos de acuerdo en que se establezca un régimen de fraccionamiento especial para el pago de la deuda tributaria, pues ello nada tiene que ver con aspectos esenciales de los tributos, sino con su cobranza a través de beneficios que estimulen el pronto pago de los deudores tributarios. En contraparte, no deben ser materia de delegación aquellos tópicos que son objeto de proyectos de ley en proceso de aprobación en el Congreso.

Por ejemplo, el Poder Ejecutivo está pidiendo facultades para modificar los rangos dentros de los cuales se pueden establecer, por Decreto Supremo (DS), los porcentajes o montos específicos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), cuando el Legislativo ya ha aprobado en sus Comisiones de Economía y Constitución el dictamen del Proyecto de Ley N.° 536-2021 que pretende adecuar el artículo 61 de la ley del indicado tributo, en la parte en que este contraviene el principio tributario de reserva de ley, al permitir al Ejecutivo modificar la tasa o la cuantía del ISC mediante DS, a sabiendas que tal aspecto es esencial del tributo, que conforme a dicho principio, debe ser fijado por ley.

Esperamos que el Congreso agende cuanto antes dicho proyecto para ser debatido en el Pleno. El resto de temas deben ser materia de iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso para que sean debatidas.

¿Cuáles serían las recomendaciones que darían en materia tributaria para favorecer el desarrollo empresarial?

Como Cámara, estamos apoyando proyectos que tienen como propósito estimular la reactivación, tal y como es el apoyo a la iniciativa del Congreso para incentivar el establecimiento de una plataforma de exportación de servicios de producción audiovisual (Proyecto de Ley 5206/2022-CR).

En ese sentido, como ya lo han hecho otros países, el citado proyecto propone el establecimiento de un crédito tributario equivalente a la tasa de Impuesto a la Renta (IR) vigente sobre los montos invertidos en las producciones audiovisuales.

Asimismo, apoyamos las iniciativas del Congreso para establecer un régimen de exportación de servicios de fabricación y maquila (Proyecto de Ley 7065/2023-CR); y la del establecimiento de una ley de zonas francas privadas, sin tener que emitir una norma para crear cada una de estas.

¿En qué consisten estas dos iniciativas?

El Proyecto de Ley 7065/2023-CR replica el régimen mexicano del IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación), sistema que ha permitido a México la adquisición de tecnología y que la mano de obra sea mucho más calificada.

En cuanto al establecimiento de una ley de zonas francas privadas, este proyecto está acorde con la tendencia mundial en la que estas zonas se constituyen en verdaderos desarrollos inmobiliarios
industriales privados que explotan la infraestructura levantada, y la ofrecen a las empresas para que instalen sus fábricas o almacenes. Dichos espacios gozan de determinados beneficios aduaneros y tributarios, dentro de los estándares de los países más desarrollados de la región.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recibió, el último jueves, a la Misión Internacional de Observación (MIO-Perú), conformada por expertos internacionales en materia de justicia, transparencia, derechos humanos y anticorrupción, que llegaron al país para observar la situación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el proceso de elección de sus nuevos integrantes 2025-2029.

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En la reunión con el grupo de expertos internacionales participaron el segundo vicepresidente de la CCL, Leonardo López; y el miembro de la Comisión de Justicia de la institución gremial Javier de Belaunde, quienes dieron su visión del mundo empresarial y hablaron de los principales desafíos del futuro del país en relación a la actual coyuntura del país.

Cabe señalar que la misión internacional está integrada por Stephen McFarland (Estados Unidos), Thelma Aldana (Guatemala), Edison Lanza (Uruguay); con el acompañamiento de una Secretaría Ejecutiva de alto nivel, a cargo de Jaime Arellano (Chile).

Los representantes de la MIO-Perú comentaron que llevarán a cabo una evaluación meticulosa del proceso de selección y resultado de los nuevos integrantes de la JNJ, basada en información pública proporcionada por los órganos nacionales competentes, con el fin de que se fortalezca el estado de derecho y el sistema democrático peruano.

Asimismo, los expertos de esta misión internacional indicaron que su trabajo busca alentar la observancia de los estándares internacionales aplicables, y buenas prácticas en materia de independencia judicial, transparencia y acceso a la información.

También señalaron que el resultado de esta evaluación se plasmará en pronunciamientos parciales, y en un informe final que será presentado públicamente ante la sociedad peruana.

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Tras ser elegido como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para el periodo 2024-2025, en reemplazo de Rosa Bueno de Lercari, Roberto De La Tore Aguayo asumió el liderazgo del gremio empresarial en una ceremonia de juramentación realizada durante la Segunda Asamblea General Ordinaria 2024, celebrada este jueves en la sede institucional. 

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Durante este acto protocolar, De La Tore tomó juramento a Hernán Lanzara Lostaunau como primer vicepresidente y a Leonardo López Espinoza como segundo vicepresidente. También juraron Jaime García Díaz en el cargo de tesorero; Juan Antonio Castro Molina, Jorge Ochoa Garmendia, Luis Guillermo Marroquín Postigo y Gabriela Fiorini Travi como vocales, así como los demás directores que integran el nuevo Consejo Directivo de la CCL. 

Como parte de su trabajo en el gremio empresarial, el flamante presidente de esta institución gremial ha sido vicepresidente de la CCL durante los periodos 2008-2010 y 2018-2019; y actualmente preside también el Gremio de Comercio Exterior (XCOM) de la Cámara.

CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 

COMITÉ EJECUTIVO 

Roberto De La Tore Aguayo (Presidente) 

Hernán Lanzara Lostaunau (Primer vicepresidente) 

Leonardo López Espinoza (Segundo vicepresidente) 

Jaime García Díaz (Tesorero) 

Juan Antonio Castro Molina (Vocal) 

Jorge Ochoa Garmendia (Vocal) 

Luis Guillermo Marroquín Postigo (Vocal) 

Gabriela Fiorini Travi (Vocal) 

Rosa Bueno de Lercari (Past president) 

DIRECTORES 

Rizal Andrés Bragagnini Oliver 

Rudolf Becker Rodríguez de Souza 

Robert Schuldt Galdos 

Wilder Barrón Carrión 

Angel Néstor Acevedo Villalba 

Javier Eduardo Barrón Ramos Plata 

Juan Alberto Lazarte Carranza 

José Antonio Casas Delgado 

Luis Alberto Pérez Taiman 

Rodrigo Diaz Mailhe 

Dante Nicolás Mendoza Ymaña 

José Omar Cabanillas Lavini 

Ramiro Salas Bravo 

Giovanna del Carmen Cortez Lewis 

Mario Pasco Lizárraga 

Pier Carlo José Levaggi Muttini 

Omar Cárdenas Martínez 

Alfieri Peirano Torriani 

Peter Michael Anders Hornung 

Alberto Germán Ego Aguirre Yañez 

Nelly Marysol León Huayanca 

Lieneke María Schol Calle 

Ramón Veliz Alva 

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El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó que el Gobierno tiene planeado aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en el transcurso de este año. Esta medida, que estaba pendiente desde el año pasado, fue pospuesta inicialmente para respaldar a las empresas frente a la inminencia del Fenómeno de El Niño (FEN).

«Quiero ser muy transparente con los bodegueros, con las pequeñas tienditas; vamos a tomar una decisión que permita equilibrar dos posiciones: no afectar la recuperación de nuestra economía y no afectar los recursos que nuestro Estado designe», explicó el titular del MEF.

¿Qué productos subirían de precio tras el incremento de ISC?

Según la Resolución Ministerial N° 030-2024-EF/15, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, los productos afectados serían la cerveza, licores y cigarrillos.

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¿Desde cuándo se aplicará el aumento del ISC?

El incremento del Impuesto Selectivo al Consumo se aplicará a partir del 1 de marzo del presente año.

¿Cuánto será el aumento del ISC para los productos seleccionados?

El monto fijo del ISC para la cerveza será de S/2,51 por litro, de S/0,37 para cigarrillos de tabaco negro y rubio, y de S/0,31 por unidad para el tabaco o tabaco reconstituido, concebido para ser inhalado por calentamiento sin combustión. En el caso del pisco será de S/2,48 por litro.

¿Cómo variarán los precios tras el aumento del ISC?

Conoce la variación que experimentará el monto fijo del Impuesto Selectivo al Consumo en relación a estos productos.

“Es importante señalar que es decisión del productor transferir la actualización del ISC al consumidor”, indicó el MEF.

¿Cómo afectaría el aumento del ISC a las bodegas?

Tras el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a algunos productos, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) cuestionó esta medida porque afectaría a la reactivación económica y, en especial, los ingresos de los pequeños negocios.

En ese sentido, el presidente de la Comisión Tributaria del gremio empresarial, Leonardo López, sostuvo que esperaban que la propuesta de la CCL, enviada con antelación al MEF, fuera atendida por el ministro Alex Contreras, quien había declarado públicamente que el incremento del ISC se iba a definir de modo tal que no afecte la reactivación económica para superar la crisis recesiva.

“La CCL propuso que el ajuste del citado impuesto solo considerara la inflación del 2023 (no la del 2022 que fue cercana a los dos dígitos), así como un tope dado por el promedio entre el mínimo y el máximo del rango meta de inflación definido por el Banco Central de Reserva (BCR) para dicho ejercicio”, comentó.

¿Qué es el ISC en Perú?

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo que se aplica a ciertos bienes y servicios considerados no esenciales o de lujo. Su objetivo principal es gravar productos específicos con el fin de regular su consumo y generar ingresos para el Estado.

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Tras el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de aumentar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a algunos productos, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) cuestionó esta medida porque afectaría a la reactivación económica y, en especial, los ingresos de los pequeños negocios.

En ese sentido, el presidente de la Comisión Tributaria del gremio empresarial, Leonardo López, sostuvo que esperaban que la propuesta de la CCL, enviada con antelación al MEF, fuera atendida por el ministro Alex Contreras, quien había declarado públicamente que el incremento del ISC se iba a definir de modo tal que no afecte la reactivación económica para superar la crisis recesiva.

“La CCL propuso que el ajuste del citado impuesto solo considerara la inflación del 2023 (no la del 2022 que fue cercana a los dos dígitos), así como un tope dado por el promedio entre el mínimo y el máximo del rango meta de inflación definido por el Banco Central de Reserva (BCR) para dicho ejercicio”, comentó.

Sin embargo, causó sorpresa que, apenas faltando unas pocas horas para que concluya el plazo previsto en la norma, el Gobierno, haciendo uso del recurso de la edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, publique la resolución ministerial, desdiciendo las palabras del titular del MEF, que dispone un ajuste total del ISC en función a la inflación del 2022 y el 2023, con efectos a partir de marzo de este año.

«Luego de la publicación oficial, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha ofrecido que en febrero se publicará un cronograma de aplicación gradual. Esperamos que honre sus declaraciones, pues la norma dada solo contribuye a incrementar el clima de incertidumbre y es una traba a la ansiada reactivación”, señaló el representante de la CCL.

Por su parte, el Gremio de Importadores y Comerciantes de Licores de la CCL también mostró su preocupación por este tipo de medidas que, sin sustento técnico, afectará a cientos de miles micro y pequeñas empresas en el país, al tiempo que desincentiva las inversiones e impacta en la confianza para hacer empresa en el Perú.

Cabe anotar que la actualización de los montos fijos por concepto del ISC son aplicables a los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y las cervezas que son comercializados en bodegas y constituyen una parte muy importante de su ganancia. Es así que Leonardo López advirtió que las ventas anuales de las bodegas podrían caer en 4,5 %.

Es importante destacar que, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de IGV, por Resolución Ministerial del MEF se define los factores de actualización y por Decreto Supremo se incrementan los montos fijos del ISC (lo cual resulta cuestionable pues la modificación debería ser por ley), en función de los factores definidos.

“Sin embargo, contradiciendo el referido artículo, por una norma infralegal se ha modificado un impuesto, lo cual es totalmente ilegal”, puntualizó López.

Respecto al impacto del nuevo ISC en las bebidas alcohólicas, el Gremio de Importadores y Comerciantes de Licores de la CCL presentó las variaciones que se sentirán en dichos productos:

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Gracias a la innovación, el mundo ha podido atravesar tiempos desafiantes, tal como la crisis sanitaria y, en este contexto, la innovación de servicios ha demostrado su capacidad para optimizar procesos y desarrollar nuevos y mejores servicios.

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Así lo enfatizó el director de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leonardo López, en el VII Foro Internacional de Servicios denominado “Innovar y diversificar: los retos para crecer internacionalmente”, evento que se realizó el 9 de noviembre en la sede del gremio empresarial.

Sostuvo que, en los últimos años, el sector servicios ha ganado una alta relevancia en el mundo convirtiéndose en un importante motor del desarrollo económico. Sin embargo, dijo que, en las últimas cuatro décadas, América Latina viene registrando una caída anual de 0,3 % en temas de competitividad y productividad, debido a que la dinámica económica actual se centra en las materias primas.

“Pese a ello, este escenario representa una gran oportunidad para los servicios. Por ejemplo, si vemos a países como Singapur, el 51 % de sus exportaciones pertenecen al sector tecnológico, mientras Perú, la tasa es apenas el 5 %, lo que nos da un espacio para seguir creciendo”, comentó.

En la actualidad, en la región, nuestro país se ubica en noveno lugar en exportaciones de servicios digitales, donde Brasil y Argentina lideran el ranking.

En ese sentido, Leonardo López sostuvo que, para una mayor internacionalización de los servicios en materia comercial y tributaria, es importante que el sector público y el privado se unan de forma articulada con el objetivo de convertir al Perú en un proveedor de soluciones empresariales; así como promover la internacionalización de las empresas peruanas.

Por su parte, Omar Cárdenas, vicepresidente del Gremio de Servicios de la CCL, enfatizó que el comercio exterior es la puerta hacia el desarrollo donde el exportador se ha convertido en un agente clave para el crecimiento de nuestras actividades comerciales.

En ese sentido, destacó que el VII Foro Internacional de Servicios es un espacio importante que promueve el debate y brinda soluciones para lograr una mayor presencia de los servicios peruanos en el mercado internacional.

“Ello representa el esfuerzo del sector privado que, si bien contamos con el apoyo del sector público, continuamente y de manera estratégica contribuye al desarrollo del país a través de propuestas políticas que promueven e impulsan nuestro comercio de servicios”, subrayó.

Precisamente, el comercio internacional de servicios en el 2022 totalizó US$ 6,8 millones, 15 % más que lo registrado en 2021, resultado que se sustenta en un mayor dinamismo de los servicios informáticos ante la necesidad de la digitalización. También contribuyó el sector seguros y pensiones ante las perturbaciones de la cadena de suministro.

Así lo explicó Christian Cahuas, especialista en Exportación de Servicios de PromPerú, quien sostuvo que este dinamismo se debió al cambio del comportamiento de los consumidores ante un entorno más complicado y adverso a causa de la pandemia.

En el caso peruano, las exportaciones peruanas de servicios apenas representan el 7 % (US$ 4 992 millones) de los envíos totales, una magra participación que debería cambiar para los próximos años. Por ello, el experto consideró que, para una mayor presencia de los servicios peruanos en el exterior, es relevante un mayor enfoque hacia los servicios audiovisuales y propiedad intelectual.

“El mundo demanda la generación de soluciones propias y proyectos de contenido. Por eso hay que buscar la manera de cambiar el esquema actual de nuestras exportaciones -principalmente de productos tradicionales (67 %)- a un esquema de exportación de productos basados en el conocimiento, que tenga gran implicancia en el talento humano”, remarcó.

Efecto multiplicador del capital humano

Más adelante, Javier Peña, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) dio las pautas para que el país se convierta en una potencia exportadora de servicios.

En ese sentido, indicó que, considerando el difícil contexto económico actual dijo que es importante poner énfasis en la nueva era de los servicios globales con un enfoque a los nuevos modelos de negocios, tecnología y el ser humano, este último como principal elemento multiplicador, que en conjunto forman el Triple Win (ganador).

“El Triple Win permite identificar las claves del éxito de los emprendimientos de servicios globales para el futuro. Ello conlleva a conocer lo último en tecnología, tener modelos de negocios más disruptivos, pero, sobre todo, contar con capital humano cuyo efecto será multiplicador, considerando que nuestra realidad está en constante cambio”, manifestó.

Así también, participaron en el Foro destacados exponentes del sector privado y público, quienes disertaron sobre los avances de la internacionalización de los servicios en los últimos años en un contexto donde la pandemia fue un impulsor del comercio de servicios.

Este bloque, moderado por Omar Cárdenas, estuvo conformado por Enrique Mesones, presidente de la Asociación Peruana de Software, Tecnologías y Economía Digital (Apesoft); Ángela Perdomo, presidenta del Consejo Empresarial Colombiano (CEC); y Diego Llosa, gerente central de Exportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

En el caso del mercado de software, este ha ido creciendo y consolidándose con una presencia significativa en el extranjero, donde se aprecia una mayor demanda de desarrolladores. “Esto es un gran mérito considerando que nuestro país cuenta con un magro presupuesto para temas de innovación y desarrollo”, señaló Omar Cárdenas.

De igual manera, Colombia, país que se ubica en tercer lugar en inversiones en el Perú, ha establecido en nuestro país una relación armoniosa y competitiva con las empresas peruanas convirtiéndose en importantes socios estratégicos con la mira de seguir buscando mayores oportunidades en el rubro servicios.

Por su parte, Diego Llosa de ADEX anotó que el gran motor del desarrollo y crecimiento económico es la iniciativa privada donde el sector público tiene la responsabilidad de crear un ambiente adecuado para los negocios generando confianza y estabilidad jurídica.

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Innovación, motor que impulsa el progreso empresarial en el mundo

Ante el reciente estreno mundial de la película hollywoodense Transformers: El despertar de las bestias, que fue producida en locaciones de nuestro país y que hasta el momento viene siendo uno de los filmes más taquilleros del año, cabe preguntarse si es que la cinematografía en el Perú podría comenzar a cobrar notoriedad y ser una industria rentable.

Para conocer sobre la situación actual de la cinematografía en el Perú, conversamos con José Carlos Cabrejo, experto en temas del séptimo arte y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, quien comenta que los estrenos de películas peruanas han ido creciendo en los últimos años; sin embargo, son muy pocas las que llegan a exhibirse en las grandes salas de cine.

De acuerdo con Cinencuentro, en el 2022 se estrenaron 73 películas peruanas, superando el récord logrado durante el 2021 (con 69 filmes). No obstante, su distribución comercial en las grandes pantallas aún es un tema que se debe incentivar en este negocio, ya que las grandes cadenas de cines prefieren exhibir producciones extranjeras.

«En comparación al siglo pasado, hoy se hacen muchas más películas por el abaratamiento de la tecnología y se puede encontrar una diversidad de formas de producción a nivel regional y de Lima, pero los resultados son muy desiguales en cuanto a ingresos económicos», refiere el especialista de cine.

En relación a la inversión de producciones locales, Cabrejo señala que, en su mayoría, son autogestionadas, es decir que los directores utilizan sus propios recursos económicos y medios como cámaras e instrumentos de luces y sonido para realizar películas; pero la mayoría de ellas no llegan a la cartelera y se estrenan en el circuito cultural como festivales, cineclubes y otros espacios alternativos. Otras intentan utilizar las plataformas de internet.

«Hablar de una industria de cine en el Perú es solo un intento o un esbozo por las bajas cifras en producciones y en taquillas, tan solo comparándonos con otros países como Colombia, Argentina o Chile. En la actualidad, estamos muy lejos de nuestros vecinos de la región», asegura el especialista.

PELÍCULAS RENTABLES 

Ante la interrogante sobre ¿si es rentable hacer cine en el Perú?, José Carlos Cabrejo sostiene que algunos filmes nacionales sí resultan rentables. Es el caso de Soltera, Casada, Viuda y Divorciada, que superó recientemente el millón de espectadores en los cines. Además, menciona que en años anteriores hubo otros éxitos taquilleros como Asu Mare 1, 2 y 3, A los 40, Locos de amor y La foquita, el 10 de la calle.

«Este tipo de películas rentables, como comedias, se han ganado un espacio en el público peruano y los números son elocuentes. Sin embargo, también hay otro público interesado en temáticas sociales que se pueden adaptar sin problemas a diversos países, tal como la producción nacional como Willaq Pirqa, una película hablada en quechua, en la que hay cierta universalidad en su argumento y que el año pasado tuvo cierto éxito en las salas de cine», indica Cabrejo.

En ese sentido, el experto recomienda que se debe fortalecer estas propuestas fílmicas con el público a fin de dar mayor notoriedad a las producciones nacionales en el extranjero. «En el país aún no sucede algo parecido como el cine mexicano, donde estrellas de la talla de Cantinflas o Pedro Infante se volvieron símbolos en Latinoamérica».

APOYO INSUFICIENTE 

A pesar de que el Ministerio de Cultura destina parte de su presupuesto para financiar algunos proyectos cinematográficos en el Perú, esto resulta insuficiente, ya que muchas de las películas no cuentan recursos para publicidad y pasan desapercibidas. Incluso, si se llegan a estrenar en las salas de cine, su exposición no dura ni una semana en la cartelera.

«Quizá algunos filmes peruanos pueden tener éxito en festivales, pero no tienen el perfil de ser un gran éxito comercial. Y, a pesar de que tenemos las redes sociales, a veces resulta insuficiente llegar a más público por estos medios. Ante ello, el Estado podría dar un mayor apoyo e incentivos en la difusión y distribución de estos productos locales», comenta Cabrejo.

Ante esta baja exposición de películas peruanas, el especialista indicó que debería haber cierta regulación para que las cadenas de cine transmitan producciones locales. “Siempre se han escuchado historias sobre que a algunas películas peruanas les dan malos horarios y no les dan el espacio que se debería. Esta es una problemática que habría que analizar con pinzas y si es necesario reglamentar”, remarca.

MEDIDAS DE ESTÍMULO 

Con el fin de fomentar la industria del cine en el Perú, Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), plantea que, a través de instrumentos de política tributaria, se pueda estimular las inversiones destinadas a producciones audiovisuales locales para competir a la par con otros países de la región, en los que se vienen aplicando medidas tributarias de fomento.

En ese marco, el experto en temas tributarios, comentó que hace algunas semanas en el Congreso de la República se presentó una iniciativa legislativa que tiene como finalidad promover la exportación de obras audiovisuales, y por ende, generar más puestos de trabajo como una medida tendiente a favorecer la reactivación económica.

«El contenido de esta propuesta plantea el establecimiento de mecanismos tributarios para estimular a los inversionistas a que consideren al Perú como un lugar donde invertir en la producción de obras audiovisuales. Además, de esta manera, se busca una intervención más efectiva del Estado para fomentar las producciones audiovisuales en nuestro país para su exportación y así estar a la par de nuestros vecinos de la región que poseen mecanismos de estímulos similares», advierte el representante del gremio empresarial.

A pesar de que existen algunos fondos que maneja el Ministerio de Cultura para otorgar financiamiento a determinadas producciones cinematográficas, al igual que José Carlos Cabrejo, Leonardo López considera que estas son medidas muy limitadas e insuficientes, por lo cual se necesitan estímulos tributarios y otros mecanismos para convertir al Perú en una atractiva plataforma de producción de obras audiovisuales para exportar al mundo.

«Es interesante que esta propuesta legislativa se someta al debate, ya que hay otros países de la región que nos llevan ventaja en la exportación de producción de obras audiovisuales. Estos países nos llevan la delantera porque justamente tienen los mecanismos que estimulan la inversión en su industria audiovisual, cosa que no tenemos en el Perú. Entonces, vale la pena apostar en este tipo de propuestas que fomente nuestra industria del cine», afirma el especialista.

Asimismo, el abogado especializado en derecho tributario sostiene que hay diferentes mecanismos para fomentar una actividad determinada, como, por ejemplo, exoneraciones del Impuesto a la Renta,  créditos tributarios ­–equivalentes a  un porcentaje sobre el nivel del gasto o de la inversión realizada–, o implementar el “sistema cash rebate” que implica  devolverle al inversor en efectivo una cantidad determinada de lo que ha invertido -una especie de drawback como el que tienen los exportadores-.  El proyecto de ley comentado plantea un mecanismo de crédito tributario equivalente al 29,5% de los gastos incurridos en la producción audiovisual, siendo que dicho crédito se expresa en un certificado (título) negociable.

“En Colombia, por ejemplo, hay un mecanismo de “cash rebate” donde te devuelven el 40% de lo que has invertido, y te lo dan en dinero; mientras que en Argentina también hay un mecanismo parecido donde te devuelven el 20%. En otros países, como el Uruguay, incluso se ha creado una especie de zona franca para llevar a cabo producciones audiovisuales. Entonces, así vemos que en estos países de la región existe intervención pública, donde se promueve a la industria audiovisual”, señala López, “intervención que se justifica porque finalmente una obra audiovisual es una manifestación cultural”.

FENÓMENO TRANSFORMERS

Durante la pandemia, Perú fue elegido como escenario para producir la película: Transformers: el despertar de las bestias, filme que costó alrededor de US$ 200 millones. De acuerdo a la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la grabación dejó más de US$ 5 millones en ingresos para los peruanos que brindaron servicios de hospedaje, servicios y alquileres a la productora.

Además, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, remarca que el Perú estará en los ojos del mundo y lo posicionará como destino turístico, dando a conocer nuestra riqueza milenaria y paisajes únicos de la sierra y selva.

«Esto nos permitirá, además, captar la atención de 150 millones de personas que se estima verán el filme. Esperamos incrementar, gracias a la película, entre 20 y 25% del flujo turístico del próximo año. Seguiremos trabajando para lograr que más producciones mundiales se realicen en distintas locaciones de nuestro país», señala el ministro.

Luego de estrenarse en los cines mundiales, se espera que el filme hollywoodense sea visto por 100 millones más de espectadores cuando se comience a colocar en las diferentes plataformas digitales, como Paramount Pictures, Netflix y otras.

«Esta película acredita que en el Perú existen las condiciones para llevar a cabo producciones audiovisuales mundiales para que luego puedan ser vendidas, generando millones de dólares en taquilla. Nuestro país tiene muchas ventajas comparativas y condiciones para ser atractivo desde el punto de vista de la industria de producción audiovisual y que mueva otros sectores productivos como restaurantes, hoteles y servicios», puntualiza el representante de Canatur.

DATOS

– Facturación. La industria cinematográfica en Perú recaudó S/ 339,5 millones en taquilla en los doce meses finalizados en setiembre de 2022, según un informe de Apoyo & Asociados.

– Prospectiva. El mercado cinematográfico peruano generará US$ 199 millones para 2025, con una tasa de crecimiento anual de 42.23%, de acuerdo con el Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025 de PwC.

– Filmes peruanos. De las 29 películas peruanas estrenadas en las grandes salas de cine en 2022, solo 15 llegaron hasta la tercera semana en cartelera, y solo 9 alcanzaron la cuarta semana o más, según Cinencuentro.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) participó recientemente en la primera reunión del “Comité Tributario con Gremios”, espacio de diálogo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) con el sector empresarial para abordar temas en materia tributaria y relevar propuestas de mejora de los servicios que se brindan a los contribuyentes. ¿Cuál es la importancia de este espacio y que temas promoverá la CCL? Sobre esto nos habla el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, quien participó en el referido encuentro.

¿Cuál es la importancia del “Comité Tributario con Gremios”?

Es muy importante, teniendo en cuenta que es un reflejo de la pretensión de la Administración Tributaria de cambiar el enfoque en la búsqueda del cumplimiento tributario. Así ahora se apuesta por fomentar o estimular el cumplimiento de los contribuyentes de manera colaborativa en vez de hacerlo basado estrictamente en el control. En ese sentido, esta reunión (“Comité Tributario con Gremios») es una constatación del cambio de cultura que se busca. Por tanto  como CCL, saludamos y felicitamos esta iniciativa.

¿Se ha planteado cómo funcionarán las reuniones en el “Comité Tributario con Gremios”?

Básicamente en la primera reunión realizada se ha fijado cual es la visión y fin que tiene la Sunat así como los objetivos que tiene respecto de esta mesa de trabajo.  También se ha definido un tema conjunto con los demás gremios empresariales que participaron. Cada gremio planteó un tema y, por mayoría, se eligió el que se tocará en la próxima reunión; sucesivamente se irán viendo otros temas sobre la problemática tributaria con la idea de ir resolviéndolos.

¿Qué temas fomentará la CCL desde este espacio?

La CCL está totalmente en línea con los objetivos que se han planteado en esta primera reunión, pues como es conocido, nuestro gremio lleva como bandera la búsqueda de la simplificación de la formalidad en el cumplimiento tributario, siendo para ello importante el acompañamiento de la Administración Tributaria. Así nuestras propuestas van a ir en esa línea de buscar todo lo que se pueda hacer para facilitarle la vida de los contribuyentes, para generarles confianza y predictibilidad, y de esta manera propiciar la formalidad.

¿Qué propuesta en específico promoverán?

La CCL, como es sabido, hizo un estudio vinculado en cómo prevenimos y evitamos el nivel de conflictividad en materia tributaria; y en ese sentido, el primer planteamiento   que hemos hecho para que sea tocado próximamente en este comité de trabajo, es buscar alternativas para evitar o reducir esta problemática. La propuesta la hemos rescatado de lo que se aplica   actualmente en temas de fiscalización tributaria que tiene que ver con la Norma XVI del Código Tributario, la cláusula anti elusiva general, que generó mucha controversia respecto a su aplicación. Esa  controversia tenía que ver básicamente, por ejemplo, con el riesgo en el manejo que podía tener esta norma por parte de los auditores tributarios; frente a ello la Administración Tributaria lo consideró y propició toda una legislación que supuso la creación de filtros al interior de la propia Sunat para evitar que se produzca un uso no correcto de tal norma.

En ese sentido, hemos propuesto que se replique esa legislación para el resto de normas tributarias que pueden tener la misma complejidad que la Norma XVI del Código Tributario, y en esa línea lo que hemos planteado pasa por intentar reducir sustancialmente  la conflictividad, creando un  mecanismo  al interior de la propia Administración Tributaria que suponga una  suerte de revisión de los reparos que hacen los auditores.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) respalda la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el Expediente 03525-2021-PA/TC, que determina como precedente constitucional vinculante, que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) se encuentra prohibida de aplicar intereses moratorios después del vencimiento del plazo legal establecido para resolver los recursos administrativos que plantean los contribuyentes, en uso de su legítimo derecho de defensa.

Cabe mencionar, que la SUNAT ha solicitado la nulidad de la referida sentencia, pues alega que dicho fallo del TC “hace que las grandes empresas dejen de pagar más de S/ 12.000 millones (…) perjudicando directamente a la población”.

Al respecto, el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, lamentó que la SUNAT se base en un argumento tan efectista, como es el caso de las necesidades de la población, para justificar un cobro a todas luces ilegal.  Además, destacó que la SUNAT omite informar que tal criterio vinculante del TC, no es aplicable cuando la Administración Tributaria acredita que el motivo del retraso es consecuencia de una conducta de mala fe o temeraria del administrado”.

De este modo, remarcó que el TC no ha establecido ningún beneficio para los grandes contribuyentes (ni tampoco para los medianos o pequeños), sino que ha aplicado un elemental criterio de justicia. “Esto es, que la demora extraordinaria e injustificada en la resolución de un expediente por parte de la Administración Pública no puede significar un perjuicio para quienes efectúan un ejercicio legítimo de su derecho de defensa”, señaló.

Además, indicó que como no podría ser de otra manera, este criterio incluso ya fue incluido en el Código Tributario desde el año 2014 y lo único que está haciendo el TC, por un tema de igualdad, equidad y justicia, es que aquel se aplique a casos anteriores a dicho año.

El ocio de la Administración Pública que implica no resolver los procedimientos dentro del plazo de ley, no puede de ninguna manera significar un perjuicio para el contribuyente y así lo ha entendido bien el TC, disponiendo que por el plazo en exceso no corresponde aplicar intereses moratorios, agregó.

De esta manera, indicó que el TC no hace otra cosa que ratificar que en el Perú existe un Estado de Derecho que debe respetarse, “de allí que nos sorprende de sobremanera que una institución como la SUNAT acuda al TC a través de un recurso absolutamente inoficioso”.

Por último, lamentó que la SUNAT se refiera al TC como “la actual composición del TC”, desconociendo que los actuales magistrados fueron elegidos por más de dos tercios del número legal de congresistas.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la delegación de facultades en materia tributaria concedidas al Poder Ejecutivo?

Creo que lo más importante de destacar es lo que no se ha delegado, porque lo que no se ha delegado tiene que ver con temas relevantes que ciertamente requieren de un debate nacional a través de los representantes de todos los peruanos en el Parlamento.

Enhorabuena que el Parlamento no delegó facultades en asuntos tan importantes como la tributación minera, las modificaciones de las normas del Impuesto a la Renta que tienen que ver con la deducibilidad de gastos y la aplicación de nuevas tasas, las normas generales del Impuesto General a las Ventas (IGV) así como del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Esta “no delegación” supone, a mi entender, una reivindicación de la atribución que tiene el Congreso para legislar en temas tributarios, a diferencia de lo que han hecho Congresos anteriores en que se solían delegar facultades en los términos requeridos por el Poder Ejecutivo.

Ahora, gracias a la intervención de la opinión pública, de los gremios empresariales y, por cierto, de la prensa se ha logrado que el Congreso recapacite y no renuncie a su capacidad de legislar en materia tributaria como en los casos mencionados, dándole así oportunidad a todos los peruanos de debatir las normas que queremos aplicarnos en materia tributaria.

El Poder Ejecutivo podrá aprobar normas para fortalecer las facultades de fiscalización de la Autoridad Tributaria, ¿cuál es su opinión al respecto?

Sí por supuesto, nos parece bien que se le haya delegado al Poder Ejecutivo atribuciones para legislar sobre la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria en lo que se refiere a la optimización del uso de la tecnología de la información (transformación digital).

También nos parece idóneo que se haya delegado al Poder Ejecutivo la atribución para dictar normas para disminuir el alto grado de litigiosidad en materia tributaria, como por ejemplo, el establecimiento de nuevos supuestos para la emisión de jurisprudencia de observancia obligatoria que otorguen predictibilidad a los contribuyentes.

¿Qué otras medidas pueden darse para combatir la evasión y la elusión?

La evasión consiste en dejar de pagar tributos valiéndose del fraude y el engaño, se trata de conductas ilícitas; mientras que la elusión supone conductas que, sin ser ilícitas, tienen por objetivo minimizar el pago de los tributos, aprovechando los vacíos de la norma tributaria.

En la actualidad, la Administración Tributaria cuenta con atribuciones e instrumentos suficientes previstos en el Código Tributario para luchar contra ambos tipos de conductas.

Por ejemplo, en el campo de la elusión tributaria, además de una serie de normas antielusivas específicas hoy por hoy contamos con una cláusula antielusiva general contemplada en la Norma XVI del Código Tributario, la que definitivamente no solo es un mecanismo para luchar contra la elusión fiscal en cualquiera de sus manifestaciones sino incluso es una suerte de instrumento disuasivo, toda vez que muchos contribuyentes evalúan sus operaciones a fin de verificar si pueden calificar como antielusivas antes de llevarlas a cabo.

En el tema de la evasión, considero que más que estar pensando en nuevas normas, debemos estar pensando en una estrategia para aplicar los instrumentos normativos con los que actualmente cuenta a Administración Tributaria y reducir de esta manera los grandes bolsones de evasión.

¿Qué medidas adicionales pueden darse para acelerar la resolución de controversias tributarias?

Lamentablemente no se ha hecho mucho dentro de estas facultades delegadas para contrarrestar el alto nivel de conflictividad. Pero, qué duda cabe que se puede hacer más. Para eso precisamente está el Congreso.  Esta es una de las tareas que, por ejemplo, debería emprender el Congreso en materia tributaria.

Se puede llevar a cabo un estudio integral que permita encontrar y sugerir medidas para eliminar, por un lado, el gran nivel de conflictividad tributaria que tenemos de cara al futuro y, por cierto, tratar el tema de la gran deuda tributaria que hoy es materia de controversias.

Sobre este punto, quisiera volver a reiterar lo que otras veces he mencionado, “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”. Creo que el Congreso podría plantear mecanismos que incentiven a los contribuyentes a desistirse de sus procesos administrativos o judiciales a cambio de que paguen parte de la deuda tributaria controvertida.  Nosotros como gremio debemos insistir en este sentido con el Congreso.

¿Cómo lograr el objetivo del Ejecutivo de generar más ingresos fiscales?

Modificar una norma incrementando la tasa de un impuesto no necesariamente implica mayor recaudación. Por ejemplo, si estoy pensando llevar a cabo una inversión para desarrollar una determinada actividad económica que reditúe y resulta que se incrementa la tasa del Impuesto a la Renta a 45%, pues es probable que el incremento de la tasa desaliente el citado emprendimiento y quizás considere llevar a cabo la inversión en una jurisdicción con una tasa más razonable.

Entonces, incrementar los tributos más bien puede implicar una reducción en la recaudación, por tanto, hay que tener mucho cuidado en tal sentido y creo que el Poder Ejecutivo lo tiene claro y felizmente no hemos caído en la tentación de incrementar los tributos pese a que la pandemia podría haber sido una buena excusa para ello.

¿Qué tenemos que hacer?, pues la receta es clara, generar la condiciones para crear un clima de estabilidad política y seguridad jurídica, con normas tributarias equitativas, justas, proporcionales y razonables, que alienten las inversiones que son las que generan los ingresos que finalmente estarán gravados con los tributos.

A más riqueza habrá más impuestos así no hayamos movido la tasa del Impuesto a la Renta. Y allí está nuestra posición de que toda modificación tributaria al sector formal debe ser evaluada, pensada y reflexionada de manera transparente y el organismo del Estado que debe garantizar esto es el Parlamento.

Lo otro en lo que tenemos que enfocarnos es en que más peruanos ajenos a la formalidad comiencen a tributar y para ello considero que debe llevarse a cabo una estrategia integral que promueva y estimule la tributación de ese gran sector informal de la economía. Los instrumentos tecnológicos y la bancarización cada vez más masiva pueden ser muy útiles en tal sentido.

¿Cuán necesaria es una reforma tributaria?

Creo que no deberíamos perder de vista que la delegación de facultades en materia tributaria de la que hemos estado discutiendo, ha tenido la virtud de haber puesto sobre la mesa la necesidad de un debate sobre nuestro sistema tributario vigente.

La última gran reforma tributaria la tuvimos a inicios de la década de los años 90 y con sus parches ha dado sus frutos pues ha permitido de una u otra forma a que el país crezca, que el Estado haya tenido mejores ingresos, reservas, ahorros y poder así afrontar, por ejemplo, la pandemia.

Creo que ese sistema tributario ya cumplió su ciclo y cumplió su objetivo. Ahora estamos frente a otra situación económica. Estamos en un mundo globalizado que se rige por la tecnología, con países que compiten en atraer inversiones rentables y que seguro tendremos que convivir con pandemias.

Todos los peruanos necesitamos repensar nuestro sistema tributario y para ello, por ejemplo, precisamos que el Congreso conforme una comisión especial de reforma tributaria, donde puedan crearse sub comisiones por cada tipo de tributo, en las que se puedan generar proyectos normativos con colaboración de la academia, los gremios empresariales, y los colegios profesionales.

Los legisladores deben trabajar en fiscalización, en controlar el Gobierno, qué duda cabe, pero no olviden que también tienen que legislar en aquello que necesitamos mejorar, como es el caso de nuestro sistema tributario.

El ministro Pedro Francke señaló que con la reforma tributaria que plantea el Gobierno se incrementaría hasta en 4 p.p. el PBI. ¿Esto es posible?

Sí, es posible si consideramos que el PBI refleja la producción del país y que se mide a partir del consumo y del gasto público. Y si se está pensando en una reforma tributaria que va a generar más ingresos al Estado y que ello se va a destinar a mayor gasto público, por ejemplo, en salud, educación, etc., eso definitivamente va a influir en el PBI.

Habrá que ver cuáles son las medidas que comprende dicha reforma tributaria, a fin de definir si lo que se quiere es tratar de generar más ingresos para incrementar el gasto público y/o promover el consumo.

Uno de los puntos de la reforma es la simplificación de regímenes para pequeñas empresas. ¿Qué debería considerar esta medida?

Los regímenes actuales, que se aplican considerando los ingresos y no las utilidades, han fomentado el enanismo de las empresas. El fracaso de estos se debe en gran parte a que su tributación está basada sobre ingresos, los cuales no son un fiel reflejo de manifestación de riqueza y capacidad contributiva.

La verdadera expresión de riqueza está sobre los resultados, sobre la utilidad, entonces deberíamos optar por regímenes simplificados y sencillos que beneficien la tributación sobre lo que efectivamente ganan las empresas (ingresos menos gastos), que contemple, a lo mejor, tasas progresivas.

Además, tributar sobre resultados contribuye a la formalización, así, las microempresas van a estar preocupadas por sustentar sus gastos y van a exigir comprobantes de pago a sus proveedores, por ejemplo.

¿Considera viable un impuesto especial a la minería?

Depende de en qué va a consistir este impuesto especial a la minería (que está evaluando el Gobierno). Ello, porque hoy en día la minería tiene una tributación razonable y competitiva y si las empresas tienen más utilidades van a tributar más, de acuerdo al Impuesto a la Renta.

Insisto, habrá que ver cuál es la propuesta y si es viable en los términos actuales en que nuestra economía necesita reactivarse.

Es cierto que el Estado tiene el derecho de crear tributos. Sin embargo, estos tienen que ser razonables y acordes al contexto económico.  La viabilidad de una propuesta como esta va a depender de los alcances del proyecto y para eso es importante que esta reforma pase por el Congreso.

Si bien el Ejecutivo tiene la capacidad para crear tributos vía delegación, tal capacidad le corresponde de manera originaria al Congreso.

Creo que debemos dejar de lado esta política de legislar en materia tributaria vía el Poder Ejecutivo, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, sobre todo si estamos hablando de una reforma integral.

Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es presentar sus proyectos de ley ante el Congreso y ahí se debatirá y decidirá si son lo mejor para el país. La sociedad civil, los gremios empresariales y el sector privado debemos exigir que la reforma tributaria se debata en el Congreso.

De otro lado, ¿cómo combatir la evasión y elusión fiscal?

Se pueden tomar una serie de acciones. Creo que tenemos un marco legal bastante potente para luchar contra la evasión y elusión fiscal. Ya desde hace algunos años tenemos una cláusula antielusiva, reglamentada, por ejemplo.

Entonces, creo que los instrumentos legales para combatir la evasión y elusión están ahí. El tema pasa más bien por las acciones de fiscalización y para eso se necesita decisión para llevar a cabo dichas acciones, con recursos económicos y recursos humanos calificados, en esto último tenemos que invertir.

El MEF anunció que se están preparando juzgados especializados para resolver procesos tributarios. ¿Será suficiente para acelerar la resolución de controversias?

Primero, creo que hay un tema de formas. Me parece poco elegante que el MEF planteé ello, porque en las controversias tributarias, cuando un contribuyente lleva un caso al Poder Judicial (PJ), las contrapartes son, por un lado, el contribuyente y, por el otro, la Sunat y el MEF.

Entonces, que sea la contraparte de tales procesos la que esté coordinando la creación de una nueva sala no suena bien. Me gustaría, ver, por ejemplo, al Ministerio de Justicia haciendo esas coordinaciones con el PJ.

Segundo, creo que es un paliativo insuficiente. Según un estudio que hizo Macroconsult convocado justamente por la CCL, tenemos una deuda tributaria de cerca de S/ 118.000 millones, de la cual casi S/ 40.000 millones está controvertida, es decir, es deuda contingente, que no necesariamente el Estado va a poder cobrar.

El problema es cómo hemos llegado a ese nivel de controversia, hay muchas razones. La primera es la calidad legislativa. A veces, lamentablemente, la norma tributaria no tiene la mejor calidad y da lugar a interpretaciones que generan conflictos, los cuales terminan en los tribunales.

Y, si además resulta que esas normas no son aplicadas por operadores del derecho, como ocurre hoy en día durante las fiscalizaciones, pues el tema se agrava. A eso se le agregan las demoras que existen en la misma Administración.

Si bien la medida de crear más juzgados especializados puede ser un paliativo, creo que no ataca el fondo del asunto que es mejorar nuestra calidad legislativa, mejora la calidad de las fiscalizaciones y reducir los plazos para resolver los conflictos.

El promedio en Latinoamérica es de 3 meses, mientras que, en el Perú, la Sunat tiene 9 meses, el Tribunal Fiscal hasta 12 meses y el Poder Judicial no tiene plazos.

De otro lado, no hay mecanismos que incentiven evitar las controversias, podría pensarse en algunos. Por ejemplo, si tú me pagas la deuda que yo te he determinado, entonces yo te ofrezco que los 6 primeros meses se actualice en función de un interés moratorio menor y después en función al índice de precios del consumidor (IPC).

La CCL, pensando en ese gran bolsón de deuda tributaria contingente que existe y el gran número de controversias, ha propuesto que se dicte una ley para que los contribuyentes que hoy están litigando, dejen de hacerlo a cambio de reducirles la deuda, la que puede ser actualizada en función al IPC (inflación) y, si se paga de inmediato, se le da un descuento por pronto pago.

Esta es una propuesta que, según un estudio de Macroconsult, podría significar una recaudación de más de S/ 10.000 millones, un número importante a nivel macroeconómico.

¿Qué más hacer para aumentar los ingresos fiscales?

Para aumentar los ingresos fiscales deberíamos buscar una reforma (tributaria) que reactive la economía. La tributación depende de la riqueza, no de las normas, de nada sirve que yo ponga una tasa de 50% o 60% de Impuesto a la Renta si no hay actividad económica que genere renta que sea susceptible a ser gravada.

La clase menos favorecida del país ha sido la más golpeada económicamente por la pandemia, entonces por qué no pensar en reducir el IGV y buscar recaudación donde esta no existe, esto es, en el sector informal, que representa cerca del 70% de la economía en la actualidad.

Creo que las medidas deberían ir por ese lado y no por incrementar tasas y generar más presión tributaria sobre la que ya tiene la formalidad.

Es necesaria una reforma tributaria que reactive la economía, pero esta debe pasar por un debate en el Congreso de la República, para garantizar una discusión transparente de las medidas que plantea el Poder Ejecutivo, así lo señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“La capacidad de legislar en materia tributaria le corresponde originariamente al Congreso, y el Congreso debería ejercerla sobre todo si se trata de una reforma integral del sistema tributario”, explicó el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, respecto a las facultades legislativas que solicitará el Ejecutivo.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo sí puede legislar en materia tributaria, pero de manera excepcional, en la medida en que el Poder Legislativo le otorgue facultades, las cuales tienen que ser muy específicas.

Por ello, lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar sus proyectos de ley ante el Congreso, para que se debata cada uno de ellos en el Pleno y se vea si son lo mejor para el país, precisó López.

Controversias tributarias

De otro lado, sobre el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, de la creación de juzgados especializadas en temas tributarios y aduaneros para resolver controversias, López sostuvo que estos serán solo un paliativo insuficiente, pues no atacan el problema de fondo que es evitar estos procesos y resolverlos en menores plazos de tiempo.

Refirió que, según un estudio que hizo Macroconsult a pedido de la CCL, hay una deuda tributaria de cercana a los S/ 118.000 millones, de la cual casi S/ 40.000 millones está en controversia, es decir, que el Estado no necesariamente va a terminar cobrando porque podría perder el litigio.

Agregó que no hay mecanismos que incentiven evitar estas controversias, por eso los esfuerzos deberían ir en ese sentido.

Leonardo López recordó que en el Congreso anterior se presentó un proyecto de ley para que los contribuyentes que tienen litigios, desistan de sus procesos a cambio de reducirles la deuda.

Así, el Estado podría aumentar los ingresos fiscales necesarios para la reactivación del país.

El reciente pago de deudas tributarias de dos mineras parece ser una buena noticia para el país, pero ¿qué riesgos fiscales aún implicaría?

Sí, de hecho es bueno que el Estado peruano tenga caja, empero, creo que no debe perderse de vista que el referido pago no constituye un pago definitivo, sino que, para que se entienda, es como un pago bajo protesta, habida cuenta de que las empresas mineras siguen litigando con el Estado sobre la procedencia de los reparos que dieron lugar al cobro e, incluso, pueden recurrir a instancias internacionales, dado que se trata de empresas cuyas inversiones están protegidas por acuerdos internacionales de protección de inversiones suscritos por el Perú.

En términos estrictos, dicha caja representa para el Estado un activo contingente, pues en caso de que dichas mineras obtengan finalmente un resultado favorable en sus procesos (lo que ciertamente es posible), entonces, el Estado estará obligado a devolver lo pagado junto con los intereses moratorios correspondientes.

Claro está que, si el Estado finalmente gana, dicho activo contingente se tornará en un activo firme y definitivo.

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En un pronunciamiento, la CCL señaló que estas grandes empresas podrían recurrir a instancias internacionales. ¿Por qué se daría?

Como comenté, estas empresas tienen inversionistas del exterior y tales inversiones están cubiertas por tratados o acuerdos de protección de inversiones que ha suscrito el Perú, los cuales prevén la posibilidad de recurrir a jurisdicciones arbitrales del exterior (como el Ciadi), para resolver las controversias si los citados inversionistas consideran que las sentencias de los órganos jurisdiccionales peruanos vulneran sus derechos.

Dichos tratados suscritos por el Estado peruano son verdaderas garantías que ofrecen seguridad jurídica a los inversionistas y, qué duda cabe, han sido determinantes para los niveles de inversión extranjera que hoy tenemos en el país.

¿A cuánto ascenderían las deudas totales de las empresas? ¿Existe la posibilidad de cobrarlas y cuánto se podría?

Al respecto, primero es importante precisar que no toda la deuda tributaria es una deuda firme, esto es, una deuda respecto de la que no haya duda sobre su existencia y posibilidad de cobranza.

Hay parte de dicha deuda que, en sentido estricto, no es tal, como es el caso de todos aquellos cobros tributarios que son materia de controversias, sean administrativas o judiciales, toda vez que el Estado puede perder en dichas controversias.

Según un estudio encargado por la CCL a Macroconsult, la deuda en cobranza asciende aproximadamente a S/ 118.000 millones, tal importe comprende la deuda firme en cobranza coactiva, así como la deuda en controversia. Esta última, la deuda en controversia, asciende aproximadamente a unos S/ 32.000 millones.

Hay una gran parte de la deuda firme que está en cobranza coactiva, que, pese a los esfuerzos del Estado, no ha podido ser cobrada y, difícilmente, será posible cobrarla en el futuro. Parte de dicha deuda, incluso, debe estar provisionada como deuda de cobranza dudosa, que incluso debería castigarse para no seguir gastando recursos públicos y humanos en su cobranza.

Respecto de la deuda en controversia, sí existe mayor probabilidad de cobranza (claro, si el Estado gana), habida cuenta que parte de esa deuda corresponde a empresas operativas que justamente vienen litigando.

Se sabe que es facultad del Congreso establecer los mecanismos para el cobro de las millonarias deudas. ¿Qué se podría hacer en el corto plazo?

Justamente, lo que venimos proponiendo, como Comisión Tributaria de la CCL, es que dicha deuda en controversia, con relación a la cual existe una posibilidad de cobrarla pero no una certeza al respecto, debe ser material de una ley del Congreso en la que se establezcan mecanismos que promuevan su pago.

Esos mecanismos están dados por ofrecer a los contribuyentes litigantes distintos paquetes que supongan el pago del tributo insoluto, con rebajas de intereses y multas, a cambio de que el contribuyente pague y se desista de sus procesos administrativos o judiciales.

Según el referido estudio de Macroconsult, bajo el mecanismo antedicho, se podrían recaudar, en el mejor de los casos, unos S/ 12.000 millones, lo que no es para nada deleznable, considerando que ya nos hemos gastado más de S/ 10.000 millones en atender la pandemia sanitaria que afrontamos.

Como he señalado en otras oportunidades, todos ganan. Gana el Estado, que recauda algo que, a lo mejor, no recauda (pues puede perder en la controversia) y deja de utilizar recursos en administrar justicia, dando espacio a otros casos.

Y gana el contribuyente, pues finalmente elimina una contingencia que afecta sus estados financieros y que desvía recursos en su atención. En buena cuenta, como dice el sabio refrán es mejor un mal arreglo que un buen juicio.

Por otro lado, ¿qué proponen desde la CCL para agilizar la fiscalización y elevar la recaudación tributaria?

Al respecto, hemos venido señalando que el incremento de la recaudación pasa porque más peruanos con expresiones de riqueza tributen y no necesariamente por el incremento de las alícuotas o tasas tributarias.

Es bastante conocido que los niveles de informalidad superan ampliamente a la formalidad y es allí donde se deben enfocar los esfuerzos de la Administración Tributaria: con inteligencia fiscal, investigando los mecanismos de evasión tributaria, valorando los distintos indicadores de riesgos, con personal altamente calificado y en un trabajo conjunto entre distintas autoridades, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Aduanas. Las herramientas legales para ello existen.

¿Cuáles son los principales temas pendientes en materia tributaria?

Lo primero que tenemos que ver es cómo hacer para que más peruanos con expresiones de riqueza paguen impuestos y, en esa línea, ver la manera de cómo de reducir, por ejemplo, el 70% de informalidad laboral, la misma que no tributa como sí lo hace el 30% restante.  Asimismo, debemos pensar en fórmulas para incrementar la recaudación sin afectar la liquidez de las empresas.

Respecto al tema informalidad laboral, ¿qué propone la Cámara de Comercio de Lima para reducirla?

Sobre ello, la CCL ha elaborado un estudio donde se propone la aplicación progresiva de los costos laborales, así como de los aportes a la seguridad social y de la participación de los trabajadores en las utilidades.

En el mismo sentido, también se plantea dejar atrás los sistemas tributarios simplificados (tributación sobre ingresos), e ir hacia sistemas más sencillos de tributación sobre utilidades; así, los pequeños y microempresarios tendrán el incentivo de justificar su gasto y crédito fiscal y, por ende, solicitarán facturas a sus proveedores.

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Para un mejor resultado, podrían considerarse mecanismos tributarios que aplican otros países para las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, se puede considerar un Impuesto a la Renta Ficto Sectorial, el cual parte de la base de determinar las utilidades que debería obtener una empresa en un determinado sector de la economía, sobre la base de estudios de mercado, siendo que el contribuyente puede optar por pagar el Impuesto a la Renta en función a dicho mecanismo o en función a sus utilidades reales.

Para el primer caso, el contribuyente ya no tendría que soportar una fiscalización, lo que además implicaría un ahorro de tiempos y costos para la Administración Tributaria.

¿Cuál es la propuesta del gremio para incrementar los ingresos fiscales?

Hemos planteado un mecanismo que permita la recaudación de los importes que son materia de controversias tributarias.

Esta iniciativa propone un mecanismo, una suerte de transacción, respecto de las deudas tributarias que son materia de controversia y sobre las cuales no existe firmeza acerca de las posibilidades de cobro por parte del fisco, pues en este escenario el Estado podría perder o ganar, empero, lo cierto es que la acreencia tributaria es contingente.

Para ser preciso, con esta propuesta se busca invitar a los litigantes tributarios a que desistan de sus impugnaciones y paguen el tributo que se dejó de pagar; el mismo que estaría actualizado a la tasa de inflación.

Incluso, en caso el tributo actualizado sea pagado al contado se otorgaría un descuento adicional. A cambio de tales concesiones, Estado dejaría sin efecto el cobro de sanciones e intereses moratorios.

La buena noticia es que esta propuesta ha sido recogida en dos proyectos de Ley del Congreso, los cuales se encuentran pendientes de ser evaluados y, en su caso, aprobados por la Comisión de Economía.

¿Cuánto recaudaría el fisco con esta iniciativa tributaria?

En teoría, si todos los contribuyentes, que hoy tienen controversias, accedieran a este mecanismo el fisco podría recaudar aproximadamente S/ 12.000 millones, más el ajuste correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), una cifra nada despreciable considerando las actuales necesidades económicas que afronta el Estado.

Por otro lado, ¿por qué se presentó una iniciativa para modificar el artículo 61 de la Ley del IGV?

Dicho proyecto de ley recogía otra propuesta principista de la CCL, consistente en eliminar la inconstitucional atribución que se auto concedió el Poder Ejecutivo para modificar la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) mediante Decreto Supremo.

En efecto, el artículo 74 de la Constitución es bastante claro y dicta que los tributos solo se crean y modifican por Ley o Decreto Legislativo cuando hay delegación de facultades.

Excepcionalmente, solo los aranceles y los tributos denominados tasas (los que se generan por la prestación de un servicio individualizado en el contribuyente) pueden ser regulados por Decreto Supremo.

El ISC no es un arancel y tampoco es una tasa. Por tanto, ningún aspecto esencial de este impuesto (como es el caso de la definición de su alícuota o porcentaje) puede ser regulado por Decreto Supremo, sino que corresponde que sea por ley.

En consecuencia, hoy por hoy, son inconstitucionales todos aquellos decretos supremos que han modificado la tasa del ISC al amparo del citado texto del artículo 61 de la Ley del IGV. El proyecto pretendía resolver dicha inconstitucionalidad.

¿Hay posibilidad de que se apruebe dicho proyecto?

Lamentablemente este ha sido archivado por este Congreso. Por lo que, inconstitucionalmente, el Poder Ejecutivo sigue teniendo la facultad de modificar la alícuota del ISC, sin que exista ley alguna del Congreso que haya delegado tal atribución.

Por cierto, no hay ninguna ley del Congreso que le haya concedido al Poder Ejecutivo facultades para establecer rangos de tasas dentro de las cuales se puede modificar la alícuota del ISC.

En su momento, y sin que medien facultades en tal sentido, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Legislativo 980, se auto delegó, inconstitucionalmente, la facultad para modificar la tasa o alícuota del ISC.

¿Qué consecuencias generaría si no se modifica el citado Artículo 61?

La existencia del artículo 61 de la actual Ley del IGV no solo permite hoy al Gobierno de turno echar mano del ISC como un mecanismo para generar recaudación inmediata, a pesar de que ese no fue su propósito, sino que lo grave es que tal disposición se constituye en un peligroso precedente con respecto de otros tributos como el Impuesto a la Renta o el IGV.

Es lamentable que el Congreso no haya acogido esto pese, incluso, a que el Banco Central de Reserva reconoció que el citado artículo 61 vulneraba el principio de reserva de ley.

Nada nos garantiza en el futuro que el Banco Central de Reserva reconoció que el citado artículo 61 vulneraba el principio de reserva de ley. Nada nos garantiza en el futuro que el Poder Ejecutivo, sin facultades de por medio, vía un Decreto Legislativo, se auto conceda la atribución de modificar las alícuotas del Impuesto a la Renta dentro de rangos señalados en dicho decreto.

Considero que, en general, toda propuesta –como la antes señalada– que suponga corregir distorsiones que vulneran las bases constitucionales del poder tributario en el Perú, al final de cuentas suponen mejorar las bases de dicho sistema, de modo tal que se genera seguridad jurídica y predictibilidad en los operadores económicos.

En tanto, ¿Qué opinión le merece la propuesta de subir algunos impuestos, como el IGV, a fin de aumentar la recaudación?

Sería una muy mala medida, teniendo en cuenta que el IGV no es un tributo que atienda a la capacidad contributiva de las personas, y ciertamente terminará afectando a los más necesitados, pues tendrán que pagar más por los bienes y servicios que adquieran.

Por el contrario, creemos que el IGV debería ser reducido para que justamente se beneficie a las clases menos favorecidas, y quizás debamos comenzar a evaluar la posibilidad de equiparar la tributación sobre las rentas pasivas a las rentas del trabajo, como un mecanismo compensador.

¿Está de acuerdo con que algunas exoneraciones tributarias deberían derogarse para mejorar los ingresos fiscales?

Una exoneración tributaria tiene como propósito incentivar o promocionar una determinada actividad o compensar el deficiente gasto público con respecto del sector de la economía beneficiado por la exoneración. Desde los años 90 venimos en un franco proceso de desmantelamiento de exoneraciones que no cumplen con los citados objetivos, lo cual me parece plausible.

Realmente quedan tratos exoneratorios residuales, como los de zona de selva, de las zonas francas y del sector agrario, este último ha sido recientemente modificado.

Insisto, para una óptima reforma en materia tributaria, esta no debe pasar por eliminar las exoneraciones vigentes (de las pocas que quedan), sino, nuevamente, debemos enfocarnos, ahora en esta difícil coyuntura, en cómo hacer para que más peruanos ajenos al sistema impositivo terminen tributando por sus expresiones de riqueza. Tarea que debe ejecutarse en el corto plazo.

El fisco peruano podría obtener más de S/ 12.000 millones en un corto plazo. Ello a través de un mecanismo que establezca la eliminación de interés y sanciones contra el pago del tributo insoluto, actualizado por la inflación, y a cambio de que los contribuyentes se desistan de sus procesos. Dichos ingresos son necesarios para el contexto de gasto público que el Estado viene ejecutando a causa de la crisis por la COVID-19.

Además, esta alternativa ayudaría a generar más empleo y a reactivar la inversión en el país, señala Macroconsult en el estudio Controversias Tributarias: Orígenes y Propuestas de Solución, elaborado por encargo de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y presentado durante el evento La tributación como instrumento de la Reactivación Económica, organizado por el gremio empresarial.

El estudio fue expuesto por el socio de Macroconsult, Elmer Cuba, y además contó con la participación del presidente de la CCL, Peter Anders, y los comentarios del socio del Estudio Hernández & Cia Abogados, Luis Hernández Berenguel; del gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera; y de la abogada tributarista María Julia Sáenz. La moderación del evento estuvo a cargo del presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López.

Durante la inauguración de esta cita, Peter Anders indicó que la Administración Tributaria debe enfocarse en recuperar los ingresos tributarios. “Por ello, la CCL encargó a Macroconsult estudiar la elevada deuda tributaria, en vista de que existen una serie de controversias respecto a este tema. Consideramos necesaria una propuesta que permita recuperar esta enorme deuda dentro de un marco viable”, recalcó.

 Más de S/ 12.000 millones podría obtener el fisco con solución de controversias tributarias

 Jurisprudencia laboral relevante para las empresas

Empresas involucradas

Dentro de los principales resultados de este estudio, Elmer Cuba resaltó que existen 841.622 empresas que en los últimos 15 años han tenido una controversia de deuda con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Agregó que 517.000 contribuyentes tienen deudas coactivas, es decir, el 64,5% son deudas que prácticamente no se podrán cobrar y equivale a S/ 76.405 millones. Mientras que el monto recuperable asciende al 35,5% del total, que equivale a S/ 42.089 millones.

Cuba anotó que, en términos de temporalidad, existe una mayor proporción de los intereses más antiguos, lo que hace que los intereses acumulados sean muy elevados. Así, el 84% del monto de intereses de la deuda tributaria ha sido generado antes del 2010; el 11% desde el 2010 al 2015; y solo el 5% del 2015 al 2020. “La reducción del cobro de los intereses frente al total ha pasado de 76% en 2010 hasta 26% en 2020.

Analizando por tipo de empresa, en el 2020 la mayor proporción de los intereses se encontraba en las medianas y pequeñas empresas. Con ello, el total de la controversia con intereses actuales suma alrededor de S/ 32.023 millones, S/ 19.376 por saldo de intereses y S/ 12.648 millones de saldo tributario insoluto, siendo este último lo recuperable en el corto plazo bajo el mecanismo de sinceramiento de deuda tributaria controvertida.

“La idea es proponer una ley de sinceramiento de la deuda voluntaria para que las empresas se puedan acoger y pagar el saldo insoluto ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Estamos hablando de más de S/ 12.000 millones”, sostuvo Elmer Cuba.

Propuestas de Macroconsult y la CCL

El estudio de Macroconsult señala que la ineficacia de los procedimientos de resolución de controversias ha ocasionado un aumento de los litigios y reclamos tributarios que tardan años en resolverse.

Para contrarrestar esta situación se pueden incluir Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), que permitirían que los procedimientos de solución de controversias en materia tributaria se tornen ágiles y eficientes, y de este modo, despejaría la contingencia para el administrado y aceleraría la recaudación para el fisco. En Chile, por ejemplo, un mecanismo adoptado fue el de la Conciliación.

De esta manera, Perú podría potenciar su crecimiento de la mano de contribuyentes actualmente activos y que siguen produciendo, manteniendo a raya a los contribuyentes no habidos.

Según Cuba, lo primero que se necesitaría sería sincerar la deuda, pues el 66% de la deuda son intereses y el 34% es tributo insoluto. Lo segundo sería establecer un plazo prudente para la actualización de la deuda, el cual sería de 12 meses, utilizando la Tasa de Interés Moratorio (TIM).

Asimismo, para el plazo de resolución de controversias de la Administración Tributaria, este debería ser de tres meses. Y, finalmente, buscar una organización y unicidad de criterio en el órgano resolutor de la Sunat, en el proceso administrativo y en el Tribunal Fiscal.

Por su parte, el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, señaló que estas controversias se originan muchas veces por los desencuentros que entre la Sunat y los contribuyentes genera ambigüedad y poca claridad de las normas tributarias, así, los procesos tardan muchos años en resolverse, afectándose el derecho al debido proceso.

Fragilidad de la Sunat

La abogada María Julia Sáenz destacó que la situación de la deuda tributaria se enmarca en un espacio de fragilidad institucional. “Estamos viviendo una crisis de confianza que hace que este proceso se haya construido en un ambiente de desinformación y sanción moral. Debemos tratar de despojarnos de los prejuicios políticos y volver a la necesidad de abordar este problema serio”, añadió.

El socio del Estudio Hernández & Cía Abogados, Luis Hernández, manifestó que el Tribunal Constitucional ha ido avanzando en el tema de resolución de controversias de este tipo, pero el Tribunal Fiscal todavía no aplica las sentencias del TC, y eso genera más litigiosidad. También criticó que los plazos que existen para resolver estas controversias, desde la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal, se hayan ido ampliando, pues lo que se necesita es una norma que señale un plazo razonable para estos procesos.

Para el gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, efectivamente, hay un tema de controversias tributarias hacia atrás, pero, lo importante es mirar hacia adelante y evitar que estos embalses de deuda tributaria permanezcan. Sin embargo, “el problema no solo se puede resolver con una norma nueva, sino que también hay toda una cultura tributaria que tiene que ver con la confianza en la Administración Tributaria”.

Finalmente, Leonardo López aseguró que el Congreso tiene la potestad de legislar en esta materia, “y desde la CCL no nos cansaremos de insistir en tener un sistema tributario justo, equitativo y neutral, que genere predictibilidad, certidumbre y que promueva la formalidad. Hacia ello debe apuntar una reforma tributaria”, aseveró.

El 05-02-2021, Sunat emitió el Informe 089-2020-Sunat/7T0000, sobre la aplicación del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las operaciones de transporte de carga internacional y operaciones conexas. Revisemos la posición expuesta por la Sunat respecto de las consultas que fueron materia del informe:

a) Servicio de transporte de carga prestado por una empresa (domiciliada o no domiciliada) desde el exterior al interior del país o viceversa cuya prestación integral incluye transportar las mercancías entre puntos ubicados al interior del país (tramo local). De acuerdo con el informe, estas operaciones siguen calificando como servicios exonerados del IGV, pues el servicio de transporte contratado no pierde su calidad de transporte internacional por más que para completarse exista un tramo local.

Coincidimos con la posición pues el tramo local no afecta el hecho que el servicio de transporte de carga contratado por el usuario es un único servicio integral que finalmente siempre supondrá el transporte internacional de la mercancía desde el exterior hacia el país (en el punto convenido) y desde el país hacia el exterior.

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b) Servicios de depósito, almacenamiento, gestión de certificado, embalaje, entre otros servicios logísticos prestados en el país por una empresa domiciliada para cumplir con el transporte de carga en el tramo comprendido desde el puerto o aeropuerto hacia el interior del país.

Con relación a estos servicios prestados por una empresa local y que se utilizan para cumplir con el tramo local del servicio de transporte de cargas internacional al que nos referimos en el acápite anterior, Sunat aclara que estos son autónomos, complementarios y distintos del servicio de transporte de carga internacional y, en tal virtud, están gravados con IGV, pues no están expresamente señalados en el alguno de los numerales del Apéndice II del IGV, posición con la que también coincidimos.

Inafectos del IGV

Sin embargo, correctamente, la Sunat reconoce que estos servicios podrían estar inafectos del IGV si son prestados a sujetos no domiciliados y califican como exportaciones de servicios, de acuerdo con el Art. 33 de la Ley del IGV. A tal efecto, la Sunat señala que habrá que analizar cada caso concreto para determinar si el servicio cumple con los requisitos establecidos en nuestra legislación para calificar como exportación de servicios no afecta al IGV.

En ese sentido, cabe recordar que un servicio complementario al transporte internacional no expresamente comprendido en el Art. 33 de la Ley del IGV, califica como exportación de servicios siempre que:

i. El servicio se preste en el país por un sujeto domiciliado.

ii. El servicio se preste a favor de un sujeto no domiciliado.

iii. El servicio sea oneroso y conste en la correspondiente factura.

iv. El servicio se utilice en el exterior, para lo deberá demostrarse que el primer acto de disposición del servicio por el usuario se lleva a cabo en el exterior, de acuerdo a lo estipulado por las partes.

v. El sujeto domiciliado esté inscrito en el registro de exportadores de servicios.

La pandemia de la COVID-19 ha revelado muchas carencias que nuestro país debe corregir y, a punto de iniciarse el proceso electoral que nos llevará a elegir al próximo presidente de la República, cabe preguntarse cuál es la agenda pendiente que se tiene, no solo para resolver la emergencia sanitaria que vivimos, sino también para revertir la crisis económica que ha generado desempleo y el incremento de la pobreza.

En ese sentido, desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentamos los principales temas que debería abordar la agenda de nuestras próximas autoridades en materia laboral, tributaria, educativa y de salud, a fin de mejorar la situación del país y de los peruanos.

Según el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, Mario Pasco, una de las principales dificultades que debe enfrentar el nuevo gobierno es la creación de puestos de trabajo y para conseguir dicho objetivo el elemento central a lograr es la inversión.

“Sin emprendedores y empresarios que apliquen capital a un proyecto no habrá empresa o desarrollo de estas, y, por lo tanto, no se tendrá empleo ni crecimiento”, subraya.

Recuerda que, lamentablemente, en las últimas décadas se ha creado un entorno que no favorece al contrato de trabajo formal, sino que lo llena de inconvenientes y riesgos. 

“Casi todos los cambios, en lo que va del milenio, han puesto mayores costos sobre el contrato formal y han generado pérdida de manejo de la empresa para el empleador”, detalla.

Los riesgos se multiplican

Asimismo, Pasco refiere que el instrumento más inmediato y simple para agilizar las trabas –aunque de modo transitorio– es la facilitación de la contratación a plazo fijo durante la época de reactivación.

“De ese modo, durante un horizonte limitado de algunos años, el inversor podrá tener la tranquilidad de que el compromiso laboral que asume al crear el puesto de trabajo no es perenne, y que puede ser retraído en caso las circunstancias económicas o del mercado lo exijan”, detalla.

Sostiene que, en una emergencia como la actual, las oportunidades crecen, pero los riesgos se multiplican exponencialmente. “Si el Gobierno tiene la intención de coadyuvar a la reactivación –y estamos seguros de que la tiene– debe utilizar los mecanismos a su alcance para limitar esos riesgos y potenciar las oportunidades.

Un mecanismo transitorio de contratación a plazo fijo con requisitos reducidos de modo sustancial sería un buen paso en esa línea”, enfatiza.

Reforma tributaria integral

Para el presidente de la Comisión Tributaria de la CCL, Leonardo López, toda crisis es siempre una oportunidad para mejorar y hay espacio para hacer una reforma tributaria integral, es decir, en todo el sistema tributario.

Explica que la política tributaria deber ser promotora del crecimiento y del desarrollo, donde se privilegie eficiencia, equidad y predictibilidad, que en suma, otorgue seguridad jurídica a los actores generadores de riqueza (empresarios y trabajadores), a través de normas claras, sencillas y una justicia tributaria imparcial, simétrica y sobre todo célere. 

“No es posible que a la fecha existan controversias tributarias con más de 10 o 15 años sin resolverse. Este último tema debería abordarse de inmediato, mediante mecanismos que ofrezcan a los contribuyentes reducir la deuda tributaria contingente a cambio de que desistan de seguir peleando. Todos ganan. El Estado recauda importes que a lo mejor nunca podría recaudar, el contribuyente elimina una contingencia que puede durar años y se reduce la litigiosidad y, por tanto, el costo de administrar justicia”, detalla.

Asevera que un tema que debería evaluarse es la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV), pues se trata de un impuesto que afecta a los que más necesitan; refiere que ello debería ir aparejado con mecanismos para ampliar la base tributaria y una tributación sobre el capital que pueda ser proporcional a la tributación sobre las rentas del trabajo.

López afirma que el país tiene regímenes especiales como el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo Rus) o el Régimen Especial del Impuesto a la Renta que son destinados a las micro y pequeñas empresas, los cuales, lejos de haber contribuido a eliminar la informalidad, la han incrementado, básicamente porque son regímenes que fomentan el enanismo empresarial, pues se privilegia la tributación sobre ingresos y no sobre utilidades (resultados). 

“Deberíamos pensar en cómo hacer para que las micro y pequeñas empresas se unan y sean más grandes para producir mayor valor y no solo subsistir”, subraya.

Asimismo, afirma que se tiene una serie de impuestos que afectan innecesariamente la liquidez de las empresas, como es el caso del Impuesto Temporal a los Activos Netos o el mismo Impuesto a las Transacciones Financieras, que si bien sirven para obtener información de las operaciones bancarias, López indica que al menos debiera ser un crédito tributario.

También menciona que hay instrumentos de recaudación que obligan a las empresas a tener que destinar recursos para cumplir con las obligaciones que suponen tales mecanismos, como es el caso de los regímenes de detracción, de percepción y de retenciones, sin que ello suponga ningún retorno hacia los contribuyentes.

“Me refiero a que, por ejemplo, los contribuyentes podrían tener algún tipo de crédito tributario por haber coadyuvado a la Administración en su fin recaudador”, puntualiza.

Reforzamiento de la educación

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la CCL, Ramiro Salas Bravo, afirma que luego de esta crisis sanitaria, el Gobierno debe implementar en forma muy rápida el reforzamiento de la educación básica, tomando como punto de partida la educación preescolar.

Señala que la pandemia ha traído como consecuencia el adelanto masivo de la educación virtual algo que “que llegó para quedarse” pese a que –según Salas– se vuelva a las aulas, en la medida que este retorno a la nueva normalidad siempre tendrá un componente semipresencial, especialmente para los niveles avanzados de la educación, pues la virtualidad significa ahorro de tiempo, energía, además de otras ventajas.

En ese sentido, indica que el Gobierno debe reformular los conceptos de la educación primaria, preparando a los escolares desde muy temprana edad con la participación de los mejores maestros, los cuales deben ser altamente calificados y especialistas en la enseñanza de los primeros años, de tal modo que los adolescentes lleguen al nivel secundaria mucho mejor preparados.

También refiere que es importante incrementar de forma sustancial los recursos financieros para solventar la impostergable necesidad de este cambio en el sector, ya que actualmente el Perú es el país en América Latina con el menor porcentaje del PBI destinado a la educación.

“Perú, con sus 32 millones de habitantes, tiene un escaso 3,8% de su presupuesto nacional para educación, frente a todos los demás países, como, por ejemplo, Chile que, siendo un país con menos habitantes que nosotros, tiene un mayor presupuesto para invertir en este sector”, puntualiza.

Salas concluye que con un mejor presupuesto se podrá brindar una mejor estructura del sistema educativo e infraestructura, una que esté acorde al desarrollo formativo que los peruanos deben tener.

Cambiar el modelo de atención en salud

La salud es un tema pendiente y urgente de resolver y eso es lo que se ha evidenciado con la crisis sanitaria. En esa línea, el presidente del Gremio Salud de la CCL, Sandro Stapleton, asegura que el siguiente Gobierno tiene que resolver la creciente demanda de este sector, pues el actual, a través de una norma, incrementó de un día para otro la cantidad de personas que tendrían atención sanitaria, incluyendo a casi 22 millones de peruanos, pero sin mejorar el presupuesto del sector para atenderlos.

“Esta situación complica a las personas en pobreza y pobreza extrema que eran los usuarios de este sistema y llegaban a alrededor de 6 millones antes de la pandemia. Esto genera un problema porque se termina teniendo un sistema que no les puede dar una atención de calidad”, refiere. 

Precisa que también se tendrán que resolver las carencias que se han evidenciado con la crisis, no solo en enfermedades infecciosas, sino de dolencias crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión y obesidad.

“Se va a tener que trabajar mucho en los problemas de salud mental que venimos arrastrando y se han incrementado con esta cuarentena, sin duda, es una gran preocupación”, subraya Stapleton. De igual forma, apunta que es necesario cambiar el modelo de atención poniendo en el centro al paciente, reforzar la prevención y no ser reactivo cuando ya es más costoso brindar una solución.

“Los acuerdos de prestaciones recíprocas tienen que tener contratos claros y funcionar para que todos los ciudadanos se puedan atender en todos los hospitales y luego las instituciones puedan cobrar lo que les corresponde sin problemas”, agrega.

Por último, Stapleton menciona que hay dos objetivos que están relacionados directamente con la salud y que tienen que ser prioridad en los próximos cinco años: primero, asegurar el acceso a saneamiento básico al 100% de los peruanos y, segundo, la reducción del hacinamiento para evitar los contagios de cualquier otra enfermedad que se pueda presentar.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), que agrupa a más de 15 mil asociados, eligió por unanimidad al empresario Peter Anders Moores como presidente de la institución para el periodo 2020-2021.

En la Asamblea General Ordinaria, realizada el 14 de octubre, también se eligió a los miembros del Consejo Directivo. De esta manera, lo acompañan Alberto Ego-Aguirre Yáñez, como primer vicepresidente, y Leonardo López, como segundo vicepresidente.

Anders Moores, empresario del sector químico, fue presidente de la CCL durante los años 2008 y 2009. Además, ha desempeñado el cargo de director del gremio empresarial en dos periodos. También fue presidente de Perucámaras entre los años 2012 y 2017.

Realizó estudios de Química Analítica en la Escuela de Ingeniería de Isny (Alemania) y obtuvo el grado de Ingeniero de Procesos Industriales en la Facchhochschule de Berlín.

Alberto Ego-Aguirre Yañez, primer vicepresidente y Leonardo López, segundo vicepresidente.

Actualmente se desempeña como director-gerente general en Anders Perú y director de las sucursales en Bolivia, Ecuador y Guatemala.

Anders Moores sucede en el cargo a la señora Yolanda Torriani, quien ocupó la presidencia de la CCL desde abril del 2018, y quien debió permanecer en el cargo seis meses adicionales al periodo ordinario, debido a la cuarentena dispuesta en el país.

En aplicación de las normas excepcionales por el estado de emergencia nacional, se llevó a cabo el proceso de elección de conformidad y cumpliendo con todas las leyes y reglamentos aplicables a la materia

La juramentación y transferencia del cargo del nuevo Consejo Directivo de la CCL se realizará el 21 de octubre, en una ceremonia especial.

En época de crisis, vuelve a debatirse qué puede hacer el Estado para recaudar más. ¿Qué alternativas existen para recaudar más y mejor en esta época de pandemia?

La recaudación más importante proviene de las rentas que producen las empresas y del consumo de los bienes y servicios que estas producen. En la difícil coyuntura en que nos encontramos, en que miles de empresas han perdido parte importante de sus ingresos, pero que mantienen en muchos casos a sus trabajadores, sería contraproducente que el Estado pretenda recaudar más incrementando la tasa de impuestos vigentes o estableciendo tributos que graven el capital susceptible de ser destinado a generar mayor riqueza.

Lo que corresponde es que el Estado se enfoque en promover la recuperación y la reactivación de las empresas, en incorporar a la formalidad a miles de ellas que operan al margen de la ley, y en promover el establecimiento de nuevas inversiones. Todo ello con el objetivo de generar nueva riqueza susceptible de ser afectada por los tributos.

¿Cómo ayudar, desde la administración tributaria, a las empresas para que no se vean afectadas más de lo que ya están a raíz de la pandemia?

Desde la política tributaria debería considerarse el establecimiento de medidas que contribuyan a la liquidez y al mantenimiento del capital de trabajo de las empresas, de modo tal que se evite el rompimiento de la cadena de pagos. Por ejemplo, deben aplicarse medidas como diferir el pago de las obligaciones tributarias, pero no solo de las micro y pequeñas empresas, sino también de las medianas y grandes que están pasando por la misma situación. También se puede acelerar la devolución de tributos pagados indebidamente, así como de los saldos a favor del Impuesto a la Renta (IR).

Otras medidas podrían ser la suspensión de los pagos del Impuesto Temporal a los Activos Netos, la devolución del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) acumulado en un período de tres o cuatro meses sin poder ser aplicado y ampliar el plazo de arrastre de pérdidas tributarias, entre otras. Además, debemos repensar el establecimiento de zonas francas privadas destinadas a promover inversiones, sin que ello tenga que pasar necesariamente por la reducción de la tasa del IR. Adicionalmente, no debemos descartar evaluar la reducción de la tasa del IGV, considerando que afecta a los que menos tienen; varios países ya han reducido sus impuestos al consumo con ocasión de la pandemia que enfrentamos.

¿Qué opina sobre un eventual “impuesto a la riqueza”?

No es momento para pensar en ello. De lo que se trata es que la fuente de la producción de riqueza (la empresa) se recupere y de crear las condiciones para que se establezcan nuevas fuentes de generación de riqueza, es decir, nuevas inversiones. Seamos imaginativos en ello y no caigamos en el facilismo de gravar el patrimonio. Un impuesto así desalienta la inversión de capital para la generación de riqueza y, más bien, promueve su ubicación en jurisdicciones tributarias más equitativas.

Además, puede suponer gravar una riqueza que ya tributó el IR. Imagínense un grupo de profesionales que, con mucho esfuerzo, pusieron su empresa de consultoría, comenzaron a crecer, les va muy bien (ahora quizá ya no tanto) y ya pagaron el IR por las utilidades obtenidas. Los citados profesionales recibieron, además, sus dividendos y sus remuneraciones que también pagaron el IR, siendo que con dichos ingresos se hicieron de un patrimonio, compraron una casa, un vehículo y tienen ahorros. Pero ahora resultaría que esos ingresos tienen que tributar nuevamente. Suena inequitativo, por decir lo menos, máxime si en el país se tiene un gran bolsón de informalidad que no tributa.

Sunat mantiene controversias tributarias con decenas de empresas por miles de millones de soles. En algunos casos el proceso se ha judicializado y lleva varios años. ¿Cree que el Gobierno debe proponer a estas empresas llegar a un acuerdo para así obtener dinero fresco?

Ciertamente, es mejor un mal arreglo que un buen juicio. La deuda tributaria contingente, es decir, aquella que es materia de un litigio y que el Estado no sabe si va a cobrar porque podría perder el juicio, asciende aproximadamente a 5 puntos del PBI. Entonces, sería interesante que el Estado plantee a los contribuyentes, a través de una ley, alternativas para que estos se desistan de sus litigios a cambio de pagar parte de dicha deuda. Todos ganan; el Estado porque cobra algo que podría cobrar tarde, mal o nunca; mientras que los contribuyentes eliminan una contingencia, además que se reduce la carga procesal del Poder Judicial y de los administradores tributarios, lo que lógicamente también supone un costo.

Insistentemente se habla de la necesidad de una reforma tributaria. ¿Es necesaria?

Para hacer una reforma precisamos saber qué es lo que necesitamos reformar, qué es lo más urgente que necesitamos reformar y allí todos podemos coincidir en que algo tenemos que cambiar para lograr que más peruanos tributen como lo hace el sector formal, de manera que ello permita que más peruanos tengan seguridad social, una pensión digna y una mejor educación. Dicen los expertos que tenemos casi un 70% de informalidad que no tributa como el 30% restante. Entonces, la cosa es clara: la reforma no debe pasar porque ese 30% tribute más, sino por cómo hacemos para reducir ese 70% que no lo hace.

Definida una reforma tributaria dentro de esos alcances, tenemos que identificar las causas que generan dicha situación de excesiva informalidad que no tributa como corresponde, para que, identificadas, busquemos los mecanismos e instrumentos para eliminarlas. Por ejemplo, una de las causas de la excesiva informalidad es, paradójicamente, el costo tributario de la formalidad. Tenemos que idear propuestas para que el paso a la formalidad sea menos costoso y que, a su vez, suponga estar en una mejor posición frente al informal. Es un trabajo complejo, sin duda, pero hay que comenzar a hacerlo de cara a los recursos que va a necesitar el Estado para recuperar la salud macroeconómica que se ha visto mitigada por la crisis sanitaria.

¿Qué planteamientos ha hecho llegar la Comisión Tributaria de la CCL al Gobierno con respecto a la política tributaria?

Alcanzamos algunos planteamientos y trabajamos en otros. Por ejemplo, hemos propuesto la reducción de la tasa de interés moratorio; un tratamiento que estimule la entrega de donaciones asistenciales eliminando la carga fiscal que hoy se aplica para los donantes, por increíble que suene; y la devolución del crédito fiscal acumulado que no haya sido utilizado en un determinado periodo. Estamos trabajando también en un proyecto de ley sobre zonas francas privadas que promueva el desarrollo de inversiones inmobiliarias en las que se pueden ubicar industrias de bienes y servicios, así como un proyecto de ley planteando alternativas para que el Estado pueda cobrar la deuda tributaria contingente mediante la rebaja de dicha deuda contra el desistimiento de los deudores tributarios.