Inseguridad y restricciones afectan a actividades económicas

Ante el aumento de la inseguridad ciudadana en el país, el Gobierno decidió establecer la declaratoria de estado de emergencia en cuatro distritos de Lima y en Sullana (Piura). Si bien la medida ha tenido un mediano respaldo por parte de la población y de las empresas, aún persiste un descontento por los resultados que todavía no son contundentes y favorables.

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El costo de la inseguridad en nuestro país, según el Ministerio del Interior (Mininter), representa aproximadamente el 3 % del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a S/ 27 000 millones anuales, una cifra que puede seguir incrementándose si no se elabora adecuadamente un plan estratégico de seguridad que favorezca a la población en general, al empresariado y a los emprendimientos.

Pero, ¿cómo ha incidido la declaratoria de emergencia a las diferentes actividades económicas? Según el presidente de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rodolfo Ojeda, el estado de emergencia en Lima ha afectado a la fecha a 15 000 negocios (entre bares, discotecas, casinos y restaurantes), sobre todo aquellos que operan en horarios nocturnos, haciendo que sus ventas se reduzcan en el orden del 30 al 50%.

Pero el tema no solo es la afectación en las ventas, también existe el riesgo de que la fuerza laboral de estos negocios (100 000 trabajadores) disminuya, puesto que con menores ingresos los comercios no podrán mantener la planilla de sus trabajadores.

En ese sentido, Rodolfo Ojeda sostiene que el Gobierno debería replantear su estrategia contra la inseguridad ciudadana y desarrollar una “más inteligente y viable” que no afecte el pleno desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendimientos. Incluso, propuso incluir a otros distritos de Lima Metropolitana como Villa El Salvador y Los Olivos, los que a diario registran casos de extorsión, sicariato, robos a mano armada, entre otros delitos.

“Esta nueva estrategia debe ser analizada recogiendo las necesidades de cada región o localidad. Sobre todo, ahora que se aproxima la campaña navideña, la que representa para las pymes el 40 % de sus ingresos anuales y donde las familias se encuentran más expuestas ante la ola de criminalidad”, comenta.

Menor asistencia de público

Una parecida situación también la padecen las empresas del rubro del entretenimiento, sobre todo las discotecas y locales nocturnos del Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho, así lo manifiesta el presidente del Sector de Espectáculos de Entretenimiento, Culturales y Afines (Arena) de la CCL, Jorge Fernández, quien señala que el horario establecido por el estado de emergencia (de 12 a.m. a 4 a.m.) no les permite a estos negocios tener un adecuado desempeño de sus actividades, pues la asistencia del público se ve limitada.

No obstante, indica que, en el caso de los conciertos de gran envergadura, con asistencia de más de 10 000 espectadores, la declaratoria de emergencia no ha afectado sus fechas programadas.

“Para estos shows, como el concierto de The Weeknd en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los organizadores solo han ajustado el tema de horario, dado que el evento no debe durar más de la medianoche”, señala.

Sin embargo, para Jorge Fernández lo que sí preocupa a su sector es que algunos municipios de Lima mantengan la posición de limitar el desarrollo de eventos y megaconciertos, considerando que son pocos los recintos para recibir a artistas nacionales e internacionales.

Actualmente, los conciertos en Lima Metropolitana se desarrollan en locaciones como Arena 1, Multiespacio Costa 21 (ambos en la Costa Verde) y los estadios Nacional y de San Marcos, este último recientemente abierto al público por decisión de la Municipalidad de Lima.

Recuperar la confianza del turista

El estado de emergencia establecido por el Gobierno también genera preocupación al sector turismo, actividad económica que representa cerca del 4 % del PBI y genera US$ 4 300 millones en divisas, así como 1,3 millones de empleos directos e indirectos, según el BBVA Research.

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Al respecto, la presidenta del Gremio de Turismo de la CCL, Marienela Mendoza, afirma que la declaratoria de emergencia siempre va a afectar en pequeña o en gran medida, debido a que se corre el riesgo de que los gobiernos de los demás países activen sus alertas de viajes hacia el Perú, lo que puede desincentivar la llegada de turistas extranjeros.

Según proyecciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), para este año se espera la llegada de 2,2 millones de turistas internacionales. No obstante, esta cifra aún está por debajo de los 4.4 millones que se alcanza antes de la pandemia.

Marienela Mendoza refiere que el turista no distingue si la declaratoria se da en un distrito específico, sino que tiende a generalizarlo. “Para ellos (la declaratoria) es sobre el país entero, pero desconocen que pueden visitarnos sin que esté en peligro su seguridad”, precisa.

Otra preocupación para el Gremio de Turismo de la CCL es que el estado de emergencia se extienda a otras regiones, dado que se ha registrado un incremento de la inseguridad ciudadana, especialmente en el norte del país, zona turística que tiene un mayor flujo de visitantes nacionales y extranjeros durante las temporadas de Semana Santa, Fiesta Patrias y fin de año.

Precisamente, conforme a las estadísticas de la Policía Nacional (PNP), solo en el tema de extorsión, La Libertad y Piura concentran el 71 % de la incidencia de este delito a nivel nacional, donde la institución policial recibe 30 a 40 denuncias diarias.

“Desde la pandemia hemos sido uno de los sectores más afectados y somos altamente sensibles ante cualquier problema social, político o natural. Por eso, es muy importante recuperar la confianza del turista para que acepte el mensaje de que el país no es un peligro”, resalta.

Para que las actividades turísticas no se detengan, Marienela Mendoza afirma que podrían impartirse otras medidas que puedan combatir la delincuencia, la inseguridad y el sicariato. Por ello, considera que debe haber un trabajo articulado entre la Policía Nacional y los municipios, coordinando con la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el fin de realizar un control migratorio minucioso de ciudadanos nacionales y extranjeros. Asimismo, trabajar estrechamente con el Poder Judicial y activar la Fiscalía de Turismo.

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