La economía ilegal tiene repercusiones en la vida política, económica y social en todo el mundo. Hoy en día, es difícil encontrar un país que no enfrente problemas de delincuencia organizada en su territorio. Si hace unas décadas se hablaba de crimen organizado en países como Italia, Colombia o Rusia, hoy esta realidad se ha diseminado por todo el mundo, sin excepción para naciones desarrolladas o emergentes.

Este es un problema que afecta a países de América Latina, incluido el Perú, ya que motiva el desarrollo de actividades ilícitas con efectos negativos en sus economías, lo que representa un desafío para el desarrollo socioeconómico de estas naciones.

La economía ilegal en el Perú tiene profundas raíces que se remontan a décadas anteriores. Durante los años de crisis económica y social, la informalidad económica se convirtió en una estrategia de supervivencia para muchas personas y comunidades, especialmente en áreas urbanas marginales y regiones rurales con acceso limitado a oportunidades formales de empleo. Esta informalidad se manifestó en actividades como el comercio ambulatorio, la construcción informal y la prestación de servicios no regulados. Con el tiempo, ciertas formas de actividad informal evolucionaron hacia la ilegalidad, especialmente en sectores como la minería, la tala de árboles, el tráfico de drogas y la explotación de personas. Estas actividades ilegales no solo operan al margen de la ley, sino que también suelen estar asociadas con la violencia, la corrupción y la degradación ambiental.

Es importante aquí distinguir la diferencia entre economía informal e ilegal. La primera se refiere a actividades económicas que no están reguladas por el Gobierno o que operan fuera de los canales formales de la economía, pero no necesariamente violan la ley. Por el contrario, la economía ilegal se caracteriza por actividades que están expresamente prohibidas por la ley, operan en la clandestinidad y evaden impuestos y regulaciones gubernamentales.

Minería ilegal

La minería ilegal representa una seria amenaza para el desarrollo sostenible y la preservación ambiental en el Perú. Durante los años 80 y 90, la minería informal e ilegal comenzó a proliferar debido a la falta de regulación efectiva y la presencia de vastos recursos minerales en regiones de difícil acceso. La informalidad se convirtió en una práctica común entre comunidades locales, especialmente en zonas rurales donde la actividad minera formal era limitada. Sin embargo, en los últimos veinte años, la minería ilegal ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la demanda global de minerales como el oro, el cobre y el estaño. La falta de aplicación efectiva de las leyes ambientales y la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales han facilitado la expansión de esta actividad ilícita.

Según el ‘MAAP # 197: Minería ilegal de oro en la Amazonía’, elaborado por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos y publicado en octubre de 2023, la minería aurífera sigue siendo el mayor problema que enfrentan los países amazónicos, ya que afecta a los bosques primarios y los ríos en áreas protegidas y tierras indígenas. Según el informe, se detectaron 58 sitios mineros activos, de los cuales se estima que 49 son ilegales y causan deforestación de bosques primarios y contaminación de ríos. La concentración minera ilegal ocasiona deforestación en el sur del Perú, en el este de Brasil y Ecuador, además de contaminar ríos en el norte del Perú, Colombia y Brasil. El mismo informe identifica 36 zonas de alta conflictividad, 16 en áreas protegidas y 20 en territorios indígenas en el Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Impacto de minería ilegal

El impacto de la economía ilegal es profundo y perjudicial para el desarrollo sostenible del país. Desde una perspectiva económica, la evasión fiscal y la competencia desleal con empresas formales afectan la recaudación de impuestos y la generación de empleo formal. Además, la economía ilegal socava la confianza en las instituciones estatales y alimenta la corrupción, lo que a su vez debilita el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Estos efectos son mayores si hablamos de la minería ilegal, ya que sus consecuencias se diseminan.

Los costos exactos de la economía ilegal son difíciles de determinar, debido a la naturaleza clandestina de muchas de estas actividades. A finales de 2022, se publicó el libro ‘Las economías criminales y su impacto en el Perú’, donde se indicaba que estas actividades movían alrededor de US$ 6 657 millones. Una reciente actualización del estudio señala que las economías ilegales generaron US$ 9 805 millones anuales, lo que equivale al 4 % del PBI. La minería ilegal del oro es la de mayor tamaño, ya que puede alcanzar los US$ 4 000 millones. Se trata de recursos que se pierden, ya que no se contabilizan ni en el cálculo del PBI del sector ni en la recaudación fiscal. Además, se pueden sumar otras actividades como la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas, que movieron US$ 1 300 millones y US$ 1 208 millones, respectivamente. Entretanto, actividades con menores ingresos son la tala ilegal de árboles (US$ 880 millones) y el contrabando (US$ 594 millones). En el ámbito ambiental, la minería ilegal conlleva la deforestación de grandes extensiones de bosques, la contaminación de ríos y suelos con mercurio y otros químicos tóxicos, y la pérdida de biodiversidad. Desde una perspectiva socioeconómica, la minería ilegal alimenta la informalidad laboral, la explotación de trabajadores, la corrupción y la inseguridad en las comunidades afectadas.

La batalla contra la economía ilegal representa un reto constante que demanda una colaboración internacional y el robustecimiento de las instituciones. Esto mejorará la capacidad gubernamental de supervisión y control sobre dichas actividades ilícitas. Es imperativo adoptar un enfoque holístico que no solo se enfoque en las manifestaciones de la ilegalidad, sino también en sus causas profundas. Invertir en el desarrollo del capital humano en áreas altamente vulnerables es crucial para disminuir la dependencia de la economía sumergida. Además, es esencial implementar un programa atractivo que facilite la formalización de los productores mineros, al permitirles operar dentro del marco legal.

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