Teresa Tovar: “Eliminación de barreras burocráticas es un proceso permanente y que no culmina”

¿Qué tanto han ayudado la eliminación de más de 5,800 barreras burocráticas?

Han ayudado, principalmente, en la simplificación de todos los trámites que tienen que realizar las empresas en el día a día para obtener todos los permisos y licencias necesarias para el ejercicio de su actividad económica.

Entre los beneficios que más resaltan se encuentran la reducción de tiempo y costos que las empresas invierten para empezar el funcionamiento de sus negocios o, en todo caso, iniciar nuevas ramas de negocio. Definitivamente, la eliminación de las barreras burocráticas ha favorecido la simplificación administrativa en beneficio de los agentes económicos y ciudadanos.

Precisamente, la mayoría de las barreras burocráticas eliminadas son aquellas impuestas por gobiernos locales (municipalidades), que son las entidades frente a las que todo tipo de negocio debe solicitar diversas autorizaciones como licencias de funcionamiento, permisos para anuncios publicitarios, licencias de edificación, autorizaciones para instalar antenas y torres de telecomunicaciones, entre otros.

¿Cuáles son los sectores que se han visto beneficiados?

Un ejemplo es el inmobiliario. La eliminación de las barreras burocráticas, establecidas en la normativa de edificaciones y construcción, ha permitido que los proyectos inmobiliarios se ejecuten de una forma más célere, cumpliendo con requerimientos que tengan una base legal y de razonabilidad.

Es más, el hecho que la labor en la eliminación de barreras burocráticas avanzara en este sector, generó que las inversiones en proyectos inmobiliarios aumentasen, en tanto que transmite el mensaje que el proceso de la obtención de los permisos necesarios para comenzar una construcción está en permanente simplificación.

Además, es importante resaltar que, desde la entrada en vigencia de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, existen incentivos para que las entidades y sus funcionarios cumplan con los mandatos de inaplicación de las medidas declaradas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Estos incentivos están relacionados con la aplicación de sanciones para los funcionarios.

En el sector telecomunicaciones, la instalación de torres y antenas de telecomunicaciones se ha visto favorecida con la eliminación de las barreras burocráticas ilegales. En este sector, el problema que se ha advertido es que los gobiernos locales (municipalidades), que son las entidades que otorgan los permisos de instalación de torres y antenas de telecomunicaciones, suelen establecer requisitos o prohibiciones en sus ordenanzas que exceden lo que ha sido previsto en la ley y reglamento en la materia.

En ese sentido, con la eliminación de barreras burocráticas, se ha exigido a las municipalidades que dejen de aplicar medidas que impidan o dificulten el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones.

¿De qué manera la eliminación de estas barreras ayuda al proceso de reactivación económica?

La simplificación en los trámites que deben realizar las empresas es lo que genera que ahorren tiempo y costos para el inicio de sus negocios o reactivar los que tenían en operación antes de la pandemia. Específicamente, conocer que iniciar o mantener un negocio no sufrirá obstáculos de las entidades, genera incentivos para que se continúe invirtiendo en la realización de actividades económicas, lo cual favorece a la reactivación.

Para la reactivación económica también fue importante que la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas contemple que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionará a las entidades, con multas de hasta 20 UIT, en caso las municipalidades exijan requisitos adicionales y sin sustento legal a los máximos previstos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

La posibilidad de imponer sanciones en estos casos favorece principalmente la operación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que cuentan con un capital reducido para el inicio de sus actividades económicas, por lo que es indispensable que el tiempo y costo para el inicio de su actividad no sea excesivo para que su operación sea rentable.

De igual forma, la inaplicación con efectos generales de varias medidas que ya han sido declaradas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad permite que el desarrollo de la actividad económica de las pymes sea más ágil y no incurran en gastos por inicio de procedimientos de barreras burocráticas.

Así, la eliminación de las barreras burocráticas resulta especialmente importante para las pymes, que son esenciales para la creación de puestos de trabajo e incremento del PBI del país.

Cabe mencionar que, en el sector gastronómico, el proceso de reactivación económica pospandemia aceleró mucho el surgimiento de las “dark kitchens” o cocinas ocultas, que permitieron ahorrar costos de restaurantes a través del delivery desde puntos que emplean espacios compartidos, para solo preparar en cocina los pedidos, sin atención al público. En estos casos, la eliminación de barreras burocráticas permitió que la obtención de permisos necesarios para que su funcionamiento fuera más rápido y sencillo.

¿Qué tanto nos falta para terminar este proceso de eliminación de barreras burocráticas?

Las barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad lamentablemente van a continuar existiendo en nuestro país mientras no exista un análisis de impacto regulatorio riguroso de las medidas que emiten todos los días las entidades de la administración pública.

Un análisis de impacto regulatorio exige que todas las entidades, antes de emitir una norma, analicen realmente si el problema que se busca solucionar con la imposición de una medida se resolverá; que se evalúe si existen otras alternativas menos gravosas a la regulación; se determine cuál es el costo para los agentes económicos, así como si los beneficios son superiores a los costos; entre otros aspectos.

De hecho, la eliminación de barreras burocráticas es un proceso permanente que no culmina. En efecto, a pesar de que Indecopi declara que determinadas medidas son ilegales, las entidades (muchas veces a cargo de nuevos funcionarios que van cambiando constantemente) emiten nuevas disposiciones que resultan también ilegales. Frente a las nuevas medidas, nuevamente la autoridad debe declararlas barreras burocráticas ilegales y ordenar su inaplicación con efectos generales; es decir, la actuación siempre será ex post.

¿Cuál es la agenda de trabajo de la comisión para este año?

Estamos en coordinación con la presidenta de la CCL, Rosa Bueno de Lercari, pues queremos generar un impacto en la opinión pública en lo que se refiere a los beneficios del libre mercado y difundirlos incluso más allá del ámbito empresarial.

La idea es que la CCL sea líder de opinión en lo que se refiere a difusión y concientización de las ventajas para toda la sociedad de la libre competencia y de la inversión privada. Contamos en la Comisión con destacados expertos que van a colaborar activamente, y están muy entusiasmados con esta tarea.

Ello, sin perjuicio de realizar actividades como seminarios o foros de discusión de normas, como sería el caso de la ley de concentraciones empresariales que ha cumplido un año de vigencia recientemente.

¿Tienen alguna propuesta en la comisión respecto de competencia y regulación?

Sí. Una de las iniciativas más importantes en la que venimos trabajando es una campaña de difusión sobre los beneficios que ha traído el actual régimen económico establecido en nuestra Constitución.

Hoy en día existen campañas muy intensas de diferentes sectores que proponen modificar nuestro régimen económico y regresar a las épocas en las cuales el Estado tenía un rol más preponderante en la economía. Por ejemplo, se propone que la actividad empresarial del Estado deje de tener un rol subsidiario, y que éste tenga plena libertad para establecer empresas en cualquier sector de la economía. Asimismo, se propone establecer como una de las funciones del Estado, la fijación de precios de todos los bienes y servicios en el mercado.

Quienes recordamos cómo eran los niveles de pobreza en el Perú en los años 80, con un régimen constitucional como el que ahora se propone reinstaurar, sabemos de lo perjudicial que ello puede ser.

Por tal razón, estamos convencidos que desde los gremios empresariales se debe trabajar en comunicar cómo el régimen económico ha beneficiado a todos los sectores, principalmente a los menos favorecidos, logrando importantes niveles de reducción de pobreza.