¿Qué tan eficientes son los programas sociales que administra el Gobierno?

Bajo una revisión comparada de los costos por beneficiario que tienen algunos programas sociales icónicos, en el Perú estos son inferiores a los de otros países. Esto obedece al menor gasto social que tiene nuestro país en comparación con Colombia, Chile y Uruguay, entre otros. Esto es importante, pues puede mermar la calidad de los servicios prestados a la población beneficiaria o limitar la gestión para incorporar a todos los que se debe.

A pesar de ello, existen espacios de ineficiencia que podrían superarse. Por ejemplo, existe algo de desorden en varios programas sociales que generan duplicidades. El Perú tiene una Política de Desarrollo e Inclusión Social que ordena las intervenciones de todos los sectores; sin embargo, esta ha sido actualizada recientemente y ya incorpora a muchos más sectores e incluye a gobiernos subnacionales. Veremos cómo va. De todos modos, hay elementos institucionales en torno a la rectoría efectiva de la política social que pueden imponer límites a los avances.

 

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¿Los programas sociales tienen impacto en la reducción de la pobreza?

Conceptualmente, los programas sociales no buscan reducir la pobreza. La reducción de esta ocurre a través de la inserción de las personas en el empleo productivo, y sucede principalmente a través del crecimiento económico. Ahora bien, hablando de los principales programas, además de Juntos, está Pensión 65, que son tal vez los más evaluados. En varios estudios se ha demostrado que ambos aumentan el gasto del hogar y su calidad, entre otros beneficios. Ahora, es lo menos que se les puede pedir. Otros programas, como Cuna Más y el SIS, también parecen ser efectivos para mover el desarrollo infantil temprano, lo que está asociado con menor pobreza en el largo plazo.

En general, las intervenciones más costoefectivas son aquellas que tienen lugar en la infancia temprana. En el caso del programa Qali Warma, si bien ayuda a aumentar la permanencia en la escuela, no está completamente claro su impacto sobre aprendizajes.

Los casos que menciono son tal vez muy auspiciosos, pero ello es consecuencia de la mejora en la gestión de la política social en el país, al menos de los programas que están bajo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). En esto el Perú ha mejorado porque se ha introducido una cultura de asignación presupuestal basada en resultados.

 

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los programas sociales?

El más importante es que aún hay numerosos programas que no se articulan entre sí para maximizar resultados y evitar superposiciones. Varios sectores del Estado tienen programas sociales, pero operan muchas veces de manera independiente. No hablo de los que están bajo los pliegos de Educación, Salud o el Midis, que trabajan de manera relativamente cercana, sino más bien de los que ven otros ministerios. Veremos cómo se implementa la nueva Política de Desarrollo e Inclusión Social al 2039; pero, en cualquier caso, se requiere alguna reforma a nivel institucional que permita crear una instancia con mayor poder coercitivo que los ordene.

En segundo lugar, va a tomar algún tiempo reducir el empobrecimiento de la población a raíz de la pandemia y la recesión de la economía, principalmente en ámbitos urbanos, teniendo en cuenta que la política social no la ha acompañado.

En tercer lugar, siempre hay necesidad de mejorar esquemas de focalización de la política social.

 

¿Cómo mejorar la eficiencia de los programas sociales? ¿Hace falta una nueva normativa?

Sí. En la década pasada se discutía la necesidad de crear una institución que se encargara de ordenar y articular toda la política social del país. Al inicio se esperaba que el Midis cumpliera esta labor, pero ha quedado relegado a unos cuantos programas. Tal vez los más emblemáticos y mejor gestionados, pero limitados en alcance. Quizá es necesario volver a pensar en esto.

Tal vez se requiera crear áreas de articulación desde los ministerios que tengan como meta vincularse de manera explícita bajo la batuta del Midis.

 

¿Es suficiente el presupuesto que se destina a los programas sociales?

Podría ser más amplio. Como digo, la pobreza ha crecido y no se va a reducir tan rápidamente y el gasto en programas sociales debería acompañarla.

Por otro lado, según un reciente reporte del Panorama Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL, el gasto social del Perú es del 12 % de su PBI. Este gasto es menor al de otros países vecinos, como Chile, Brasil, Uruguay y Colombia. Lo mismo pasa con el gasto en protección social: Perú gasta alrededor de US$ 260, mientras que Colombia está en US$ 500, Brasil o Uruguay en más de US$ 1 000 y Chile supera los US$ 2 000. La misma regularidad se mantiene cuando se revisan otras funciones, como salud o educación.

 

 

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¿Qué opina de la ampliación gradual de la cobertura de los programas sociales existentes y la creación de otros nuevos, anunciadas por el premier Guido Bellido?

En primer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la demanda de los programas sociales, la situación de vulnerabilidad de las personas y establecer cuántos son los beneficiarios.

 

Hay que tener cuidado porque la ampliación de algunos programas de emergencia puede terminar convirtiéndose en un incentivo perverso para que las personas no se integren al mercado laboral porque se acostumbran a vivir de los bonos del Estado.

 

Deben ser solo medidas temporales que ayuden en el corto plazo a personas que han perdido el empleo o que están buscando empleo, pero no ampliarlos de manera general y permanente.

 

Entonces, ¿no deberían crearse nuevos programas?

El asunto es cuál sería el costo final de la creación de nuevos programas. Hay que atender algunos grupos, pero con los programas ya existentes y mejorando la focalización.

 

Lo importante es que el dinero llegue a quién realmente lo necesita, sino hay un buen padrón se puede terminar dando acceso a los programas sociales a personas que no requieren esa ayuda. No veo la necesidad de ampliar o crear más programas sociales, con los que tenemos basta y lo que se debe hacer es focalizarlos.

 

Después de la pandemia probablemente hay personas que necesitan este tipo de apoyo. Lo que se debe hacer es aumentar la productividad en el campo, dotar de obras de infraestructura y esto es más importante que tener programas sociales, son necesarios sí para personas vulnerables pero no para generalizar o hacer mal uso de los recursos.

 

¿Cuánto le demandaría al Estado estos programas sociales?, ¿se tiene la caja suficiente como para sostenerlo en el tiempo?

El Bono Yanapay tiene un costo de S/ 4.550 millones por una una sola vez, si se da todos los meses implicaría S/ 60.000 millones, que sería como una tercera parte del Presupuesto General de la República y esto no sería manejable.

 

Si este tipo de bono se mantiene permanentemente sería insostenible, por eso solo debe ser por una sola vez, y lo que se debe hacer es reactivar la economía. Si la actividad económica no se reactiva, no se pagan impuestos, y si no se pagan impuestos no hay cómo financiar mayores gastos y si los gastos aumentan habrá un incremento del déficit fiscal.

 

Entonces, ¿estos programas podrían afectar el equilibrio fiscal?

Si es generalizado y si se convierte en permanente tendría un efecto fuerte, por eso debe ser por una sola vez, hay personas que lo necesitan, pero lo más importante es que necesitamos reactivar la economía y generar empleo para absorber la mano de obra desocupada.

 

¿Qué efecto tendría para la economía el asistencialismo del Estado? 

El asistencialismo generalizado causa dos problemas: una mayor presión fiscal y un desincentivo de las personas a integrarse al mercado laboral, y eso hace que se pierda conocimiento y habilidades que se podrían aplicar en la economía. Si se cayera en un populismo se generaría un efecto perverso.

 

Con los programas sociales se incrementaría la demanda, pero por otro lado, la economía tendría un déficit mayor. Creo que no hay espacio para hacer este tipo de cosas. La administración del MEF está comprometida con la estabilidad fiscal.

 

El Ejecutivo ya presentó el Presupuesto General de la República, ¿qué análisis podría hacer al respecto?

El Presupuesto General presenta S/ 14.000 millones más, o un crecimiento de 9%. Hay gastos mayores por la pandemia y cosas que no se pueden dejar de atender, pero la estructura es la de siempre; educación, salud, etc. Hay un pequeño aumento del gasto porque se está tomando las provisiones del caso ante la pandemia.

 

El presupuesto no trae ninguna sorpresa. La maquinaria del Estado sigue funcionando, no se puede parar de forma abrupta. El MEF ha sido responsable en presentar este presupuesto.

 

El único cambio es que hay un mayor monto destinado al pago de los servicios de deuda. Hay un aumento en soles del pago de la deuda por el alza del tipo de cambio. El crecimiento más significativo puede ser en este pago.

 

¿Cómo califica el crecimiento económico proyectado por el MEF de 4,8% para el próximo año?

El estimado de crecimiento económico es un poco optimista. Si el enfrentamiento político y la incertidumbre continúan, la actividad económica y la recaudación se verían afectadas. Hemos visto que hasta el primer semestre la economía venía creciendo fuertemente, al igual que la recaudación incluso quitando el efecto de la minería.

 

Pero debemos observar cómo vienen los siguientes meses ya que las cifras indican que la actividad económica se ha ralentizado, lo que afectará la recaudación.

 

Los efectos de la incertidumbre, los temores y la falta de confianza comenzarán a reflejarse en estos meses. Esto llevará a bajar el ritmo de crecimiento.

 

 

 

 

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló esta mañana que el Gobierno promoverá la reforma del sistema de pensiones, puesto que el actual ha generado una enorme insatisfacción en la mayoría de la población y no incluye a los trabajadores independientes e informales, que representan el 71% de la PEA.

 

Asimismo, indicó que para elaborar dicha propuesta se creará la Comisión Nacional del Sistema Nacional de Pensiones, integrada por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los propios pensionistas.

 

Durante su presentación ante el Congreso de la República, para solicitar la confianza de su gabinete, Bellido señaló que el nivel de cobertura previsional solo es del 48,7% de las personas adultas mayores, muy alejado del promedio en la región que es de 70,8%

 

Sistema Único de Salud

 

De otro lado, agregó que también se creará un Sistema Único de Salud, para que el Estado alinee todos sus recursos en la misma dirección, y evitar que la salud se trunque por ineficiencias en la gestión o falta de recursos en el primer nivel de atención.

 

Para los niños que quedaron huérfanos debido a la COVID-19, el presidente del Consejo de Ministros solicitó al Congreso la aprobación del proyecto de ley que asegure la continuidad de dicha pensión de orfandad.

 

Asimismo, refirió que se continuará con la implementación de la Red Amachay a través de la transferencia de S/ 3 millones a los gobiernos locales para los servicios de salud y protección social de adultos mayores y personas con discapacidad.

 

De igual manera, a fines del año 2021 se entregará 1,18 millones de canastas de alimentos, con un presupuesto de S/ 52,47 millones y para el 2026 se entregará un total de 1,48 millones de canastas de alimentos, además del subsidio monetario complementario Yapanay a 14,4 millones de ciudadanos.

 

Bellido también indicó que se encargó al Ministerio de Energía y Minas ampliar la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) con el propósito de duplicar el acceso al GLP (balones de gas doméstico) para las poblaciones más vulnerables en todo el país.

A un mes de las elecciones presidenciales es importante conocer las principales propuestas en una coyuntura difícil, tanto en el aspecto sanitario como económico. Para el presente artículo se han considerado solo siete planes de gobierno: Acción Popular (AP), con Yonhy Lescano; Avanza País (AV), con Hernando de Soto; Fuerza Popular (FP), con Keiko Fujimori; Juntos por el Perú (JP), con Verónika Mendoza; Podemos Perú (PP), con Daniel Urresti; Renovación Popular (RP), con Rafael López Aliaga; y Victoria Nacional (VN), con George Forsyth.

 

La elección de dichos partidos obedece a su posición en las recientes encuestas de opinión, dado que por espacio no es posible incluir las propuestas de los más de 20 candidatos a la presidencia de la República.

 

Asimismo, si bien los planes de gobierno abarcan una diversidad de temas, también por razones de espacio se han seleccionado las propuestas relacionadas a cuatro aspectos: (a) Reorganización del Estado, (b) Fomento de la inversión privada, (c) Tributación y (d) Programas sociales.

 

Reorganización del Estado

 

Dentro de la estructura del Estado, el Poder Ejecutivo se soporta en la Presidencia del Consejo de Ministros y en 18 ministerios, los que, a su vez, agrupan a organismos públicos ejecutores y organismos públicos especializados, entre otros. Para tener una idea de su dimensión, en el 2021 el presupuesto asignado a este poder del Estado asciende a S/122.021 millones, significando el 63% del presupuesto público total.

 

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Dentro de este monto, el 81% va destinado a gastos corrientes, de los cuales el 22% se destina a planillas, que incluye al personal administrativo, militar y policial, entre otros Podemos Perú es el partido que plantea varios cambios al respecto: (i) la creación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas; (ii) convertir el MTC en el Ministerio de Conectividad, Logística y Movilidad Urbana; (iii) creación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a partir de la fusión de distintos viceministerios.

 

Además, (iv) convertir el Ministerio de Economía y Finanzas en Ministerio de Hacienda; (v) creación de la Agencia Nacional de Salud fusionando por absorción el Digemid, Digesaa, SuSalud, Sanipes y Senasa; (vi) y la creación de la Agencia Nacional Reguladora de Servicios Públicos, integrando a Osiptel, Osinergmin, Sunass, Sutran y Ositran.

 

Por su parte Victoria Nacional plantea la transformación del Minedu en Ministerio de Educación y Formación Profesional para el Empleo, la creación del Ministerio de Infraestructura sobre la base del MTC y que Ceplan se convierte en Ministerio de Planeamiento y Desarrollo Territorial.

 

Mientras que, Renovación Popular apunta a reducir el número de ministerios para minimizar el sobredimensionamiento, burocracia estatal y elevados gastos corrientes. Por su parte, Acción Popular propone una reforma para mejorar los servicios que presta el Estado con todas estas instituciones, y una reducción de costos ineficientes, sin afectar a los trabajadores ni sus derechos laborales.

 

Juntos por el Perú, considera la creación de una entidad autónoma a cargo de la Reforma de la Administración Pública como ente rector de la Secretaría de Gestión Pública, Servir, Ceplan, OSCE, Secretaría de Integridad y la Secretaría del Gobierno Digital.

 

Fomento de la inversión privada

 

La alta inversión es un prerrequisito para un crecimiento sostenido. Durante el 2020, la inversión privada se contrajo en 17,2%, pese al repunte de 9,4% en el IV trimestre. Sin embargo, la recuperación esperada para el 2021 se ve afectada por la incertidumbre que provocan los comicios presidenciales.

 

En el caso de las Asociaciones Público-Privadas (APP), JP plantea que todas las concesiones serán por iniciativa pública y ya no privada, priorizando obras en fase de ejecución contractual (10), en fase de estructuración (5) y en fase de ejecución (2), entre otras. Por el contrario, AV, VN, RP, FP y PP exponen la importancia de las inversiones en APP y OxI proponiendo algunas mejoras.

 

VN expone un sistema de priorización de proyectos elevando su Plan Maestro de Infraestructura 2021- 2051 y el Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 2021-2051. En tanto, RP y FP impulsan la inversión en gestión del agua, saneamiento y residuos sólidos.

 

Para promover la inversión privada, VN, RP y PP coinciden en la eliminación de barreras burocráticas. En tanto, AV propone la eliminación de trabas, simplificación de trámites e implementación de mecanismos que necesitan las empresas tanto formales como informales, para proveer la infraestructura que requiere la ciudadanía.

 

Además, establecer estándares de preparación de proyectos maduros antes de licitarlos como obras públicas o concursarlos como APP. De otro lado, PP propone que Fonafe sea gestionado como un holding con la venta del 30% de participación a socios internacionales para recibir un shock tecnológico, de innovación que asegure su rentabilidad y sustentabilidad.

 

Tributación

 

En 2020 los ingresos tributarios tuvieron una drástica caída, como el Impuesto a la Renta (-13,3%), IGV (-12,8%) y el ISC (-15,9%) y la base tributaria desaceleró su crecimiento hasta el 2,9%, la menor tasa en los últimos quince años. No obstante, desde antes de la crisis de la COVID19, el país ya estaba rezagado en presión tributaria en comparación a sus pares de la región como Colombia, Ecuador, Chile e, inclusive, al promedio de América Latina.

 

Para mejorar este diagnóstico, los candidatos proponen que los ingresos tributarios dependan menos de los impuestos indirectos y en mayor medida de impuestos directos (VN y AV), simplificación de regímenes tributarios con una autoridad tributaria más amigable (VN, RP y FP) y reducción de exoneraciones tributarias (JP, RP).

 

En el caso de PP, se propone que toda persona al cumplir mayoría de edad recibe su DNI, RUC y, además, una cuenta de detracciones. Se extiende el crédito fiscal del IGV a todas las personas jurídicas y naturales. Las primeras pueden compensar el crédito fiscal con sus compras, mientras que las personas naturales podrán recibir anotaciones del IGV en su cuenta de detracción personal.

 

Otras medidas particulares son el impuesto a las grandes fortunas que superen a los US$ 100 millones, además de fortalecer el impuesto predial sobre las grandes propiedades (JP) y la reducción de la tasa de IGV (RP).

 

Por su parte, AP plantea fortalecer la Sunat y darle mayores facultades para que se baje la evasión y elusión tributaria, evaluar las exoneraciones tributarias y dar incentivos tributarios a quienes contraten personas entre 55 y 65 años, así como masificar una cultura tributaria. AV someterá una propuesta de reforma tributaria a consulta nacional.

 

Programas sociales

 

El aumento súbito de la pobreza, que se estima en alrededor del 30% de la población, y la mayor desnutrición infantil son consecuencias de la crisis sanitaria y económica, y conforman la agenda de políticas públicas que los candidatos presidenciales deben formular.

 

En ese sentido, se han identificado dos frentes sobre los cuales los siete planes de gobierno basan sus propuestas. El primero de ellos se sustenta en la continuidad y reforzamiento de los programas sociales de transferencia monetaria. Así, AV propone continuar programas de protección social incluyendo programas de creación de empleo.

 

En la misma línea, JP busca reforzar el Programa Juntos, fortaleciendo de capacidades y articulando con otros programas sociales. Respecto a las filtraciones y deficiencias de los programas, FP, AP, VN y AV muestran similitudes en sus propuestas.

 

FP plantea corregir deficiencias del Sisfoh generando indicadores de metas. RP, por su parte, propone combatir las duplicidades reduciendo costos administrativos y fijando políticas de compras eficientes. En tanto, VN propone hacer uso de big data para identificar a los beneficiarios.

 

En cuanto a AV, propone centralizar los programas de protección social, a fin de aumentar su eficiencia y focalizando los beneficiarios a través de un número único de identificación. Una segunda dimensión de alto valor son los programas que garanticen la seguridad alimentaria. En este punto, se proponen medidas para repotenciar los comedores populares (FP).

 

Otras medidas son potenciar los programas A Comer Pescado y De la Chacra a la Mesa (PP), mayores recursos y gerencia a los programas Juntos y Qali Warma, dotar a las postas médicas de recursos para que suministren paquetes de alimentos a los niños que se atiendan en dichos establecimientos (AP) y que los programas alimentarios se elaboren con productos nacionales (RP).

 

Finalmente, hacemos referencia a la Remuneración Mínima Vital (RMV), donde solo dos candidatos sientan posición. VN propone la fijación de una RMV diferenciada, según tamaño de empresa, productividad sectorial y costo de vida regional; mientras que JP plantea un incremento periódico de la RMV con criterios técnicos y diálogo social.

 

Puede conocer más propuestas económicas de los candidatos presidenciales señalados al inicio de este informe en el siguiente link: CUADRO_CANDIDATOS_IEDEP

 

 

 

La crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias, que aún nos afectan, exige a los gobiernos de Latinoamérica destinar mayores recursos en programas sociales. Más aún en un contexto en el que la pobreza en la región se incrementaría, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), a 215 millones de personas, pasando de 30,3% en 2019 a un promedio de 34,7% en 2020.

 

Los programas sociales son recursos del Estado dirigidos a la lucha contra la pobreza, apoyo a poblaciones vulnerables o el desarrollo de una mejor infraestructura social para mejorar las condiciones de vida de la población. Por ello, un reto para el próximo Gobierno es mejorar, paralelamente, la eficiencia y eficacia de dichos programas, cuyos recursos asignados para el presente año fueron incrementados en alrededor de 34,1%, según señala el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial – CCL (IEDEP).

 

Los efectos colaterales de las medidas de contención de la pandemia han incrementado drásticamente la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. La tasa de desempleo en Lima Metropolitana pasó de 6,6% a 13,0% entre el 2019 y 2020; mientras que la población no activa pasó de 32,6% a 45,1%.

 

▶ Empresas a la espera de la real reactivación

▶ Rol de los gremios en la reactivación económica

 

Los datos disponibles a nivel nacional evidencian la misma realidad, para el trimestre julio-agosto-setiembre del 2020 respecto a similar periodo del año anterior, el desempleo se elevó de 3,5% a 9,6% y la población inactiva de 27,6% a 36,7%.

 

La llegada de las vacunas fortalece las proyecciones de crecimiento de 9% para el 2021, así como la esperada recuperación de sectores productivos intensivos en mano de obra y de componentes del gasto como el consumo y la inversión privada y pública. Sin embargo, es requisito que las vacunas se apliquen a un alto porcentaje de la población y en todo el territorio nacional, no teniendo aún una fecha segura.

 

Reactivación económica

 

Ante esta realidad, hay que reconocer que aún nos encontramos en una etapa de reactivación económica, es decir, camino a alcanzar los niveles de producción y empleo pre pandemia.

 

La necesaria reactivación económica dependerá de la ejecución de los presupuestos de Arranca Perú (S/ 3.268 millones), Reconstrucción con Cambios (S/ 5.963 millones), los Proyectos Especiales de Inversión Pública (S/ 993 millones) y los acuerdos Gobierno a Gobierno (S/ 1.199 millones).

 

Cuando dichas inversiones se realicen y se desarrollen los mecanismos de transmisión de empleo e ingresos a los hogares, el Gobierno debe desplegar sus programas sociales para apoyar a ese 30% de la población que se encontraría en situación de pobreza. Los programas sociales son la respuesta y una necesidad por la severidad de la crisis sanitaria, la gradual recuperación económica y el lejano crecimiento económico.

 

Los programas del Midis

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuenta con cinco principales programas sociales adscritos. Se trata del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65, Programa Nacional – Cuna Más; Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma; Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), y dos programas transversales de menor escala: Programa Nacional Pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza – Contigo; y el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – País.

 

Foncodes tuvo un presupuesto promedio de S/ 234 millones en el trienio 2018-2020. Para el 2021 se le asignó un presupuesto de S/ 299 millones, dirigido principalmente a mejorar los sistemas productivos de los hogares rurales para que de este modo accedan a mercados particulares.

 

 

Juntos, por su parte, tuvo un presupuesto promedio de S/ 935 millones entre el 2018 y 2020. Inició operaciones en el año 2005 como un programa de transferencias monetarias condicionadas para contribuir a la reducción de la pobreza y romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema a través del desarrollo del capital humano. Para cumplir dichos objetivos se le ha asignado para 2021 un presupuesto de S/ 1.069 millones favoreciendo 1,1 millón de personas.

 

Qali Warma es el programa social con mayor presupuesto, con un promedio de S/ 1.432 millones entre 2018 y 2020 y de S/ 1.870 millones para el presente año. Dicho programa garantiza alimentos variados y nutritivos a niños y niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas durante el año escolar.

 

El 2020 fue un año atípico, la crisis sanitaria modificó las características del Programa, entregándose directamente a los padres de familia los productos, distribuyéndose así alrededor de 130.000 toneladas de alimentos en todo el territorio nacional. Para el 2021 se seguiría la misma estrategia con un presupuesto de S/ 1.870 millones beneficiando a 4,1 millones de estudiantes.

 

Pensión 65, con un presupuesto promedio de S/ 867 millones en los últimos tres años, tiene para este año S/ 888 millones, recursos que se destinarán a 557.000 adultos mayores a 65 años que se encuentran en condición de pobreza extrema.

 

Cuna Más, con un presupuesto de S/ 473 millones para el 2021, es un programa focalizado dirigido a niños menores de tres años de zonas de pobreza y pobreza extrema.

 

En este caso, no se recibe contribución monetaria, sino un servicio de cuidado diurno de lunes a viernes, donde los beneficiarios reciben tres raciones de alimentos al día y cuentan con los cuidados que requieren de acuerdo con su edad y, además, el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), mediante visitas a domicilio semanales a 193.000 familias.

 

Los programas Contigo (S/ 142 millones) y País (S/ 89 millones), vigentes a partir del año 2017, han recibido presupuestos muy superiores a los correspondientes a años anteriores. El primero de ellos entrega una pensión no contributiva de S/ 300 de forma bimestral a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, beneficiando a 74.126 personas.

 

El segundo permite mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extremadamente pobre rural ubicados en centros poblados, beneficiando a más de 1 millón de habitantes. La forma más eficaz de enfrentar la pobreza es alcanzando una alta y sostenida tasa de crecimiento económico, dado que genera empleo e incrementa el ingreso de los hogares.

 

Sin embargo, en esta coyuntura la importancia de los programas sociales es fundamental ante el incremento de la población en situación de pobreza. Por ello, el principal reto de las autoridades es que la ayuda que proveen llegue a quienes realmente lo necesitan evitando las filtraciones, es decir, que se beneficie a quienes no lo necesitan

 

El presidente del directorio de la Beneficencia de Lima, Guillermo Ackermann, explica el Plan Bicentenario y la estrategia de negocios de una de las instituciones más antiguas del país.

 

¿En qué estado se encontraba la Beneficencia de Lima al empezar su gestión?

Nuestro patrimonio inmobiliario estaba prácticamente en una situación de abandono. Sin embargo, es importante señalar que esta es una de las instituciones más antiguas del país. Fuimos fundados en 1834 y tenemos 185 años de servicio. El encargo al principio fue asumir a los pobres de la ciudad, niños, huérfanos, ancianos y enfermos, toda persona que representaba un riesgo alto de vulnerabilidad. Pero poco a poco adquirimos mucho patrimonio, y si bien fue fundada como una institución pública, nunca tuvo un recurso asignado del Estado, por lo que debía autosostenerse.

 

En esos años, muchas familias de Lima donaron parte de su patrimonio para que, a través de las rentas, alquileres o loterías, generemos ingresos. Eso funcionó muy bien durante 130 años hasta que fue prácticamente expropiada hace 50 años. Desde entonces, era una entidad pública, lo que representó un deterioro muy importante para el patrimonio y la calidad del servicio; no obstante, actualmente estamos ejecutando un plan de recuperación.

 

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¿En qué consiste este plan?

El Plan Bicentenario está programado para los próximos 15 años, hasta cumplir los 200 años de fundación. Este plan tiene cuatro pilares. El primero es el social que consta de la recuperación y puesta en valor de nuestros programas sociales como el Puericultorio Pérez Araníbar, los Hogares Canevaro y San Vicente de Paul, los comedores populares, los centros gerontológicos, el Hogar de la Madre, entre otros.

 

El segundo pilar es el cultural. Queremos convertirnos en un referente. Por eso, la sede central de la Beneficencia de Lima se ha convertido en un Centro Cultural. Así, tenemos otros espacios como el Museo Cementerio Presbítero Maestro, el Museo Afroperuano, la sede de la Lotería de Lima y Callao, en los que se está generando una vida cultural.  Lo social y lo cultural van de la mano, son una realidad indesligable.

 

El tercer pilar es la recuperación patrimonial, arquitectónica e inmobiliaria. Esto dentro del marco del Plan Maestro aprobado por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima). Y el cuarto pilar es la recuperación institucional. Tenemos que recobrar nuestra reputación y adoptar un modelo de gestión corporativa que permita ejecutar con integridad y total transparencia el Plan Maestro, con el objetivo de volver a ser una de las instituciones más importantes de la ciudad.

 

¿Qué se ha avanzado en la recuperación del Centro Histórico?

Primero, hicimos un inventario debido a que no existía uno actualizado de la cantidad de inmuebles que poseemos. La segunda etapa es realizar un diagnóstico de cada uno de ellos. Por ello, hemos firmado un convenio de renovación urbana con el Ministerio de Vivienda. Esto no se trata solo de una recuperación arquitectónica, urbanística o estética, sino de contemplar que en estas propiedades viven personas en estado precario, de usurpación. Es nuestra preocupación desarrollar una recuperación integral. Una vez hecho este diagnóstico, tenemos casi una veintena de proyectos y queremos atraer capital privado que pueda invertir en la ciudad. La idea es que por lo menos estos 20 proyectos puedan estar encaminados hasta que terminé nuestra gestión en tres años.

 

Es importante mencionar que desde septiembre de 2018 hemos recuperado nuestra naturaleza privada; es decir, ya no dependemos de los mecanismos del Estado y gracias a ello podemos autogestionarnos.

 

¿Cuál es el plan cultural de la Beneficencia?

El 24 de septiembre del año pasado abrimos las puertas del Centro Cultural. Quizás fue la recuperación arquitectónica más importante de la década en el Centro Histórico de Lima, y lo logramos exponiendo una muestra que informaba sobre la historia de la Beneficencia de Lima. Ahora, tenemos la primera muestra póstuma de José Tola en la que se puede apreciar algunos de sus obras más importantes y su colección privada.

 

Asimismo, en el plan de actividades culturales estamos relanzando el Puericultorio Pérez Araníbar y hemos firmado convenios con Sinfonía por el Perú para que ayuden en la formación de los niños. De igual manera, otras instituciones también se han sumado a estos cambios.

 

Por otro lado, tenemos un plan de negocios para el cementerio Presbítero Matías Maestro. El 2021 se realizará el congreso mundial de cementerios históricos y este será la sede. Tenemos también el tema de loterías. Acabamos de firmar un convenio con Intralot que es la empresa que maneja la Tinka y vamos a desarrollar nuevos productos para recuperar este espacio.

 

Nuestro plan de negocios busca atraer inversionistas privados para que al término de nuestra gestión se recaude más del 100% de ingresos de lo que anteriormente se recibía (S/ 30 millones anuales). Y para este año ya tenemos el 22% del incremento presupuestal.

 

Esto generará más flujo de turistas para Lima

Lo que viene en los próximos años es una explosión de llegada de turistas internacionales y locales. Por fin, Lima tiene un Plan Maestro y eso permitirá generar más negocios vinculados a la actividad turística.

 

Somos un agente de generación de flujo de turistas. Por ello, otro de nuestros planes es acondicionar hoteles en el Centro de Lima. Tenemos identificadas hasta cinco propiedades que pueden convertirse en hoteles boutique. Uno de ellos se podría generar durante mi gestión.