Hoy inicia el bloqueo de más de 1.5 millones de celulares no registrados

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que hoy, lunes 21 de abril, se inicia el bloqueo progresivo de más de 1.5 millones de celulares que no están registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Estos equipos están vinculados a usuarios con historial altamente negativo, lo que significa que podrían estar asociados a actividades ilícitas o fraudes.

La lista blanca del sistema Renteseg reúne los IMEI (códigos únicos de identificación de los celulares) que han sido validados como legítimos y seguros. Los equipos no incluidos en esta lista están sujetos a medidas como el bloqueo, con el objetivo de combatir el comercio ilegal de celulares robados o adulterados.

 

 

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Así será el proceso de bloqueo

La PCM ha detallado cómo se realizará este procedimiento:

1. Orden de bloqueo: Renteseg envía la orden a las operadoras para bloquear los celulares no registrados.

2. Aviso al usuario: El dueño del equipo recibirá un mensaje de texto (SMS) notificando que su celular será bloqueado en un plazo máximo de 2 días hábiles.

3. Bloqueo del equipo: Pasado ese plazo, el celular quedará bloqueado en toda la red móvil nacional.

4. Ingreso a la lista negra: Finalmente, el equipo será incluido en la lista negra, lo que impide su funcionamiento en cualquier operadora del país.

 

Consultas

Los ciudadanos que tengan dudas o deseen más información pueden comunicarse al número 1844, FonoAyuda de Osiptel, donde recibirán orientación sobre esta medida y cómo verificar si su equipo está en riesgo de ser bloqueado.

Recomendación

Antes de adquirir un celular, especialmente si es de segunda mano, verifica que su IMEI sea válido y esté registrado en la lista blanca. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma del Osiptel o consultando con tu operador móvil. Esta acción protege tu inversión y contribuye a la lucha contra el comercio de equipos robados.

 

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Gobierno y Reniec refuerzan protección de los datos personales de la ciudadanía

En defensa de la seguridad de los datos de todos los peruanos, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se reunió con la jefa del Reniec, Carmen Velarde, para reforzar las medidas de protección de la información sensible que manejan las instituciones del Estado.

En esta reunión, realizada en la sede de la PCM, también participaron autoridades del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, y especialistas en seguridad digital y ciberdelincuencia. Todos coincidieron en que es urgente actuar para evitar filtraciones y malos usos de los datos de los ciudadanos.

“Hay que tomar medidas más drásticas para que la información de la gente se maneje con responsabilidad, y sancionar a los funcionarios que no lo hacen”, afirmó el premier Adrianzén.

 

 

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Cero tolerancia al mal uso de datos

Uno de los acuerdos más importantes fue sancionar con firmeza a los funcionarios públicos que hagan un uso indebido de la información que está bajo su responsabilidad.

Además, se reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada para mejorar los sistemas de seguridad digital en el Estado. En esa línea, el secretario de Gobierno y Transformación Digital, César Vílchez, destacó el rol del Centro Nacional de Seguridad Digital, que atiende incidentes cibernéticos y da soporte técnico a las instituciones afectadas.

Al finalizar el encuentro, todos los presentes acordaron continuar con el trabajo en equipo para garantizar que los datos personales de los peruanos estén bien protegidos y se manejen con total transparencia.

 

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CCL promueve cultura de integridad en universitarios que anhelan servir al país

 

Desde 2023, la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) impulsa el programa “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos”, iniciativa que busca capacitar a los universitarios de Lima y provincias del quinto y décimo superior, de las diversas casas de estudio del país, para contribuir en su formación y aportar al fortalecimiento de las instituciones públicas.

En línea con este objetivo, los  jóvenes participantes de la segunda edición del mencionado programa de capacitación visitaron la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Secretaría de Integridad Pública (Presidencia del Consejo de Ministros, PCM), la Escuela Nacional de Administración Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

Meritocracia e Integridad

En el marco de la visita a la Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, destacó la importancia de que el Estado tenga servidores civiles no solo competentes, sino también íntegros. Por ello, señaló que el programa “Semillero” se centra en la ética, la integridad y los valores como ejes fundamentales para el desempeño de los futuros servidores públicos.

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“Es una oportunidad invaluable el conocer de primera mano los esfuerzos que hacen las instituciones para promover la cultura ética, la integridad y, sobre todo, la meritocracia en el servicio público. De esta manera, se logrará una administración pública más eficiente y se contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad del país”, afirmó el líder empresarial.

En tanto, el presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso, destacó que la institución que dirige está promoviendo una gestión pública basada en la meritocracia, la integridad y la capacitación continua de los servidores. “Estos pilares son fundamentales para lograr un Estado más eficiente y transparente”, añadió.

Evento Semillero. Foto: CCL

Evento Semillero. Foto: CCL

Por su lado, el director académico de la ENAP, Miguel Robles-Recavarren, comentó sobre las actividades académicas y los servicios que ofrece la institución, con el objetivo de contar con los funcionarios públicos más idóneos en las entidades del país.

Durante la visita a la ONPE, Piero Corvetto resaltó la importancia del programa, pues considera que iniciativas como esta contribuyen al aprendizaje práctico sobre las responsabilidades que deberán asumir en sus funciones como servidores públicos y a ampliar sus conocimientos del adecuado funcionamiento de las entidades del Estado.

A su turno, el oficial de Integridad de Servir, Alejandro Ponce, brindó una charla sobre la relación entre el servicio civil peruano y la Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como el modelo de integridad que se está impulsando en las entidades públicas del país.

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Barreras burocráticas: cómo identificarlas y superarlas

Apropósito de la reciente Resolución Suprema 015-2024-PCM, mediante la cual se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada de identificar los costos de cumplimiento ineficientes, innecesarios o injustificados que generan barreras burocráticas y afectan las actividades económicas, así como proponer acciones de simplificación administrativa, recordamos a nuestros asociados y al público en general los principales aspectos que deben considerarse para identificar las barreras burocráticas.

Marco normativo

Se encuentra vigente el Decreto Legislativo 1256 (‘El Peruano’, 8.12.2016), mediante el cual se aprobó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.

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Esta ley tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o que constituyan incumplimientos de las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa.

El objeto de esta norma es procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública.

Definición de Barrera Burocrática

Se define la barrera burocrática como la exigencia, el requisito, la limitación, la prohibición o el cobro que impone cualquier entidad pública, con el fin de condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa.

A modo de ejemplo de barreras burocráticas, pueden señalarse las siguientes:

– Los requisitos para una licencia de funcionamiento.

– La imposición de vigencias limitadas para registros o licencias sin justificación técnica.

– La imposición de un horario de atención para locales comerciales.

– La prohibición de ubicar publicidad exterior en ciertas zonas.

– La exigencia del certificado de mudanza domiciliaria u otra constancia de similar naturaleza.

– Los cobros de tasas injustificados para la realización de trámites.

Las barreras burocráticas deben estar contenidas en actos administrativos de la autoridad (como resoluciones, oficios, cartas), en disposiciones administrativas (normas vigentes como decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, ordenanzas regionales o municipales u otras) o actuaciones materiales (actos del personal de una entidad pública que generen la restricción u obstaculización del acceso o la permanencia en el mercado).

También pueden ser denunciadas las barreras burocráticas que tengan efectos indirectos en las actividades económicas del denunciante.

Imposiciones que no califican como Barrera Burocrática

No son consideradas barreras burocráticas las exigencias, los requisitos, las limitaciones, las prohibiciones o los cobros establecidos a través de leyes y otras normas con rango de ley, de alcance nacional, aun cuando estas normas también puedan contener exigencias o requisitos ilegales o carentes de razonabilidad, que afecten el libre desarrollo de los agentes económicos.

Para estos casos están expeditas acciones de otra naturaleza, como son las garantías constitucionales.

Tampoco se consideran barreras burocráticas la actuación de los órganos jurisdiccionales del Estado, es decir, las actuaciones de los jueces y tribunales, quienes administran justicia a nombre de la nación.

Asimismo, no son barreras burocráticas los requisitos contenidos en las bases de los procesos de contratación con el Estado, los aranceles e impuestos, las medidas fito y zoosanitarias, las sanciones impuestas por la administración pública, las omisiones o inacciones de las entidades públicas, y la revisión o nulidad de actos administrativos.

Legalidad y razonabilidad de las barreras

No toda barrera burocrática es susceptible de ser cuestionada. Para ello, debe ser ilegal o carente de razonabilidad.

Mediante el análisis de legalidad, se evalúa si la ley autoriza a la entidad a establecer o aplicar la medida, o si esta ha seguido la forma establecida por ley para emitir la medida, o si con la medida se contravienen normas legales o principios de simplificación administrativa.

A su vez, mediante el análisis de razonabilidad, se revisa si se trata de una medida arbitraria, por carecer de fundamentos o justificación, o que teniendo una justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida; o se trata de una disposición desproporcionada, es decir, que resulta excesiva en relación con sus fines o respecto de la cual existe otra u otras medidas alternativas que puedan lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa.

Efectos de la declaración de barrera burocrática

– Barrera burocrática ilegal: alcance general

Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, se dispone su inaplicación con efectos generales.

Esto quiere decir que el dispositivo legal (decreto supremo, resolución ministerial, ordenanza, etc.) dejará de surtir efectos jurídicos de manera general para todos los administrados, y las autoridades no podrán exigir su cumplimiento, bajo responsabilidad y posible sanción.

– Barrera burocrática carente de razonabilidad: alcance particular

Cuando se declare que la barrera burocrática es carente de razonabilidad y está contenida o materializada en disposiciones administrativas, se ordena su inaplicación al caso concreto, es decir, solo para quien realizó la denuncia.

No obstante, si la declaración fue debido a un procedimiento de oficio, esta se publica en el diario oficial ‘El Peruano’, y los funcionarios públicos estarán impedidos de aplicarla.

Cuando se declare que la barrera burocrática es ilegal o carente de razonabilidad, y está contenida o materializada en actos o actuaciones materiales, se inaplicará al caso concreto, es decir, solo respecto de quien realizó la denuncia.

No obstante, el año pasado se aprobó la posibilidad de inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas en procedimientos de oficio iniciados por Indecopi, independientemente de si se trata de barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, siempre que la barrera se encuentra en una disposición administrativa.

Denuncia ante INDECOPI

Es competente para tramitar las denuncias por barreras burocráticas la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, en primera instancia, y, en segunda instancia, la sala competente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Ambas instancias tienen un plazo de 120 días para resolver lo que corresponda.

 

 

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CCL participó en reunión convocada por la PCM a fin de impulsar la inversión privada eficiente

Con el objetivo de impulsar la inversión privada y aportar a la reactivación de la economía del país, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) participó en la segunda reunión con gremios empresariales convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La presidenta del gremio empresarial, Rosa Bueno de Lercari, comentó que la reunión con los representantes de la PCM y ministros de Estado se realizó con el propósito de escuchar las propuestas del sector privado para promover inversiones, por lo cual se crearán mesas técnicas de trabajo a fin de hacerles seguimiento de manera periódica.

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“Es importante que no solamente se nos escuche, sino que también se tome en cuenta las propuestas que tratamos en cada reunión. El premier Alberto Otárola dijo que se dará seguimiento a las propuestas para que salgan adelante. Se planteó que nos reunamos periódicamente para ver el avance de cada propuesta y tema tratado”, comentó la líder de la CCL.

Por su parte, a la salida de la reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, declaró que conversaron sobre los nuevos retos de la política económica del país, la cual va a estar centrada en el cierre de brechas en infraestructura en salud y educación, así como en la mejora de los procesos regulatorios.

«Hoy continuamos el diálogo democrático con los gremios empresariales. Informé que cumplimos con el primer acuerdo: la creación de una comisión multisectorial para eliminar barreras burocráticas, y así impulsar la inversión privada eficiente y dar a esta la garantía que la Constitución establece», comentó el premier.

Además, Otárola señaló que han revisado todas las inversiones que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como el plan en materia de Comercio Exterior y Turismo y la mejora en la gobernanza de los organismos regulatorios que la PCM va a enfocar en el presente año.

«Todos los ministerios tenemos el encargo de la presidenta Boluarte de destrabar obras, cerrar brechas sociales y promover la inversión, apoyando a los empresarios para que generen empleo. Apostamos por esta fórmula que seguirá reactivando el crecimiento económico del Perú», remarcó el jefe del Gabinete Ministerial.

Por otra parte, el premier invocó al Congreso de la República a debatir en marzo, cuando se inicie la legislatura, el proyecto de la Ley de Contrataciones que remitió el Poder Ejecutivo a fin de que dicha propuesta asegure las inversiones, garantice el buen uso de los recursos públicos y el relanzamiento de la economía que requiere reglas claras y modernas.

Participantes en el encuentro

Otras autoridades que participaron en la reunión fueron Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas (MEF); Raúl Pérez-Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC); Juan Carlos Mathews, ministro de Comercio Exterior y Turismo; y Karin Cáceres, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

 

Además de la presidenta de la CCL, participaron en la cita por el sector privado Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX); Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú); Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO); y Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

 

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¿Cuál es el avance de la Secretaría de Integridad Pública en el trabajo de evaluación para la implementación del Modelo de Integridad?

En junio pasado cerramos la primera parte del proceso de evaluación del Índice de Capacidad Preventiva. A diciembre de 2022, se evaluaron los avances de 182 entidades respecto a la implementación del Modelo de Integridad que tiene nueve componentes, entre ellos la implementación de canales de denuncias, la gestión de riesgos y la adecuación normativa. En su conjunto, estos componentes deberían fortalecer la cultura de integridad de una entidad pública.

 

Asimismo, este año hemos cerrado el proceso de presentación de su autoevaluación. Estas entidades resuelven un cuestionario y registran una serie de documentos que son las evidencias que refuerzan las respuestas que han brindado a este cuestionario. Son 152 aspectos evaluados. Una vez que ellos cierran esta autoevaluación, hacemos la revisión y esperamos tener listo nuestro informe de cierre de la evaluación del primer semestre, este mes. Aproximadamente 190 entidades ya pasaron este proceso de evaluación.

 

¿Cómo impacta el Modelo Integridad en las entidades públicas y cuántas ya fueron evaluadas?

Impacta positivamente porque estas entidades del sector público, es decir, el Ejecutivo, organismos autónomos, Gobiernos regionales y Gobiernos locales, que se suman a este esfuerzo para la evaluación de diciembre, son la línea base sobre la que el Perú viene trabajando para prevenir y activamente ser parte del esfuerzo de la prevención en la lucha contra la corrupción. Creemos que ya el número de entidades que están en este momento implementando y acogiendo el modelo ya tienen un compromiso expresado. Estas entidades vienen siendo evaluadas desde el 2021 y año a año el número ha ido creciendo. Eso significa que el modelo está teniendo receptividad.

 

Este escenario se hace cada vez más retador, ya que cada año se suman otras entidades públicas. En 2021 fueron 150 entidades y en 2022, 182. Si bien es cierto, que en junio estamos cerrando con más de 190, para el segundo semestre se han sumado gobiernos locales, Diris y hospitales. En ese sentido, esperamos cerrar 2023 con más de 290 entidades públicas en el esfuerzo de asumir la cultura de integridad.

 

Desde nuestra institución lo que queremos es ir poco a poco haciendo que en las entidades públicas se interiorice que la mejor lucha contra la corrupción es el trabajo preventivo. En este proceso de mejora continua al que nosotros apelamos con el Modelo Integridad, lo que estamos buscando es que la entidad entienda que, mientras más trabajemos en hacer una adecuada gestión de riesgos y en identificar los posibles riesgos de corrupción, podremos buscar acciones para mitigarlo.

 

¿Cuánto contribuye esta iniciativa en el cumplimiento de compromisos internacionales de nuestro país?

Nosotros creemos que, en los espacios internacionales, ya sean en los espacios de la Organización de Estados Americanos (OEA); de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la OCAT; de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Foro Anticorrupción o la Red Latinoamericana de Integridad que somos parte.

 

Lo que se está tomando en consideración es que, a partir del estudio que la OCDE le hizo al Perú en 2017 y luego en 2021, y en el que hicieron muchas recomendaciones sobre cómo abordar, a partir de la Integridad, la lucha contra la corrupción. Nosotros hemos acogido esas recomendaciones en el Modelo de Integridad en nuestro país.  Entonces, sí, es muy importante sostener este avance.

 

En ese sentido, la Secretaría de Integridad Pública tiene un reto mayúsculo que no es solamente sostener la continuidad de las entidades que han apostado por ser parte de esa línea de base del país, sino, además, continuar sumando a más entidades públicas en ese esfuerzo.

 

¿Cómo se vienen trabajando estas acciones de lucha contra la corrupción desde el sector privado?

Si algo ha cambiado en los últimos años es que el sector privado ya no solo es el auditor y crítico de la administración pública. Y es que, los últimos sucesos de corrupción que han implicado a grandes empresas, tales como el soborno transnacional y la corrupción organizada, invitaron al sector privado a reflexionar y a mirar hacia adentro.

 

Desde ese autoanálisis han decidido tomar distancia de la corrupción y han implementado modelos de compliance en su gestión, los que incluso estaban un poco más avanzados que el compliance público; y han sido un referente e insumo para nosotros. Desde esos puntos comunes se ha encontrado una sinergia con el sector privado y la voluntad de trabajar en la lucha contra la corrupción.

 

¿Coméntenos sobre la reunión que sostuvieron la Secretaría de Integridad Pública de la PCM y la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)?

La CCL nos facilita este espacio para compartir estos temas de compliance y lucha contra la corrupción con sus agremiados. Además, encontramos puntos de trabajo y una agenda común que tenemos con el país. También en estos espacios el sector privado nos puede contar sus experiencias, esfuerzos y el y trabajo que viene desplegando  para convertirse en un agente de cambio.

 

 




Sara Farfán: «Aspiramos que la corrupción deje de ser el principal problema del país”

«Aspiramos que la percepción de la corrupción deje de ser el principal problema del país y que no nos tome mucho tiempo en combatirla», destacó Sara Farfán, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante la inauguración del encuentro internacional de Compliance, que tuvo como tema central: «El Cohecho Transnacional en el Perú: Retos y desafíos».

 

En este espacio de debate, organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en conjunto con el Observatorio Compliance de la World Compliance Association-Perú y la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, la funcionaria de alto nivel gubernamental informó a la comunidad jurídica y al público, los esfuerzos realizados por el Perú para adecuar su ordenamiento jurídico y capacidad operativa en el combate contra la corrupción nacional y transnacional.

 

Además, Farfán recalcó el esfuerzo del sector privado para impulsar la adopción del sistema de gestión antisoborno 37001 y del modelo de prevención establecido en la Ley 30424, así como la aprobación de códigos de ética y/o conducta a nivel de gremios empresariales y en especial la difusión de la Convención Anticohecho y los alcances del delito de cohecho transnacional.

 

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«Reconocemos de manera especial las actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio de Lima y otros gremios empresariales que fueron muy útiles al momento de efectuar el reporte correspondiente al Grupo de Trabajo Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)», indicó la representante de la PCM.

 

 

LABOR DE LA CCL

En tanto, José Reaño, miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL y socio en Rodrigo, Elías & Medrano Abogado, en su mensaje de bienvenida, resaltó que la Cámara de Comercio de Lima tiene como política, objetivo, propósito y compromiso promover una Cultura de Integridad en toda la institución, que impregne transversalmente todas sus actividades y sea interiorizada por todos sus directivos, empleados y colaboradores.

 

«El gremio empresarial comparte la Cultura de Integridad mediante la aplicación de buenas prácticas, el cumplimiento de su código de ética, sus valores corporativos, y el principio de estricto cumplimiento normativo de su Modelo de Prevención de delitos acorde a la Ley 30424-Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas actualmente modificada con la Ley 31740», señaló el abogado especialista en temas de compliance.

 

Asimismo, Reaño anunció que, con el objetivo de contribuir a la incorporación de talento bueno e íntegro a la administración pública, la CCL ha lanzado el programa ‘Semillero para futuros funcionarios públicos’, que se llevará a cabo entre septiembre y octubre de este año, en el que los mejores estudiantes universitarios tendrán oportunidad de formarse en los temas más relevantes de la función pública con destacados profesionales y académicos.

 

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Por su parte, Yusith Vega, Compliance Officer de la CCL, miembro del Comité Observatorio Compliance WCA Perú y miembro de la Comisión de integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, expresó que estos espacios de discusión que promueve la Comisión tiene la finalidad de sensibilizar al sector empresarial y la ciudadanía sobre temas de integridad y lucha contra la corrupción.

 

 

 

MECANISMOS PARA COMBATIR EL COHECHO

Entre los principales expositores del evento estuvo presente Carlos Villena, coordinador de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, quien sustentó el tema sobre la ‘Importancia y actividades del Grupo de Trabajo Anticohecho de la OCDE para combatir el Cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales’.

 

El funcionario gubernamental indicó que el delito de cohecho transnacional tiene varios años en el Código Penal de nuestro país, desde su antecedente que devino de la suscripción del Tratado Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pero lo más recurrente en el Perú son los delitos comunes como el peculado, el cohecho activo y pasivo, negociación incompatible, entre otros, que forman parte de los delitos contra la administración pública.

 

«Sin embargo, dado al acercamiento a los espacios internacionales anticorrupción como son el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia en el marco del foro APEC que el próximo año estamos presidiendo como parte de la labor del Perú como país anfitrión, y el acercamiento en el marco de la vinculación con la OCDE ha traído a nuestro país un conjunto de temáticas que no eran abordadas con suficiente amplitud, y uno de ellos es el tema del cohecho transnacional», expresó Villena.

 

GENERAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA

A su turno, Liliana Calderón, Counsel en Benites, Vargas & Ugaz y presidenta del Observatorio Compliance de WCA Perú, quien expuso el tema sobre ¿Cómo sanciona nuestra legislación nacional el cohecho transnacional?, advirtió que el cohecho activo transnacional representa una amenaza para la competitividad de los países, ya que impide que los negocios y las transacciones internacionales se lleven a cabo en condiciones equitativas.

 

«Estamos hablando de la necesidad de tener que desenvolvernos en un ambiente de confianza, en el que las reglas de la competencia sean transparentes y que garanticen la competitividad de todos aquellos actores que participan en ese relacionamiento comercial; así como poder garantizar la confianza en los Gobiernos, en las empresas y en los mercados», sostuvo la especialista.

 

Del mismo modo, Néstor Aparicio, director de la World Compliance Association Internacional, quien disertó el tema sobre los ‘Avances de la lucha contra el Cohecho Transnacional en Europa y resto del mundo’, alertó que el cohecho transnacional distorsiona la competencia y crea un clima de negocios incierto.

 

«Las empresas que no pueden competir en este terreno de juego desigual pueden ser eliminadas del mercado y los consumidores pueden verse obligados a pagar precios más altos y obtener productos y servicios de menor calidad. Luego, esto acaba socavando la confianza en las instituciones y puede causar revueltas y descontento social. En ese sentido, la sociedad civil debe trabajar para exigir transparencia y responsabilidad a los funcionarios públicos y empresas», subrayó el especialista.

 

PANEL DE DEBATE

Al término del encuentro internacional de compliance se realizó un panel de debate sobre la ‘Legislación Peruana sobre el Cohecho Transnacional, Retos y desafíos’ que estuvo moderado por Emma Canchari, socia del área de Compliance – DS Casahierro Abogados y miembro del Comité Observatorio Compliance WCA Perú, en el cual participaron Patricia Pérez, fiscal adjunta Superior Anticorrupción de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público; Karin Fernandez, socia senior en estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados y Carlos Hermoza, oficial de Ética y Cumplimiento Latam – Grupo OHLA y miembro del Comité Observatorio Compliance WCA Perú.

 

En las palabras de cierre de este espacio de discusión, Mónica Huertas, presidente de la World Compliance Association Capítulo Perú, destacó la participación de funcionarios gubernamentales de alto nivel, representantes del Ministerio Público y expertos nacionales e internacionales en temas de compliance que abordaron sobre la legislación peruana en esta materia, así como los avances de la lucha contra el cohecho en el resto del mundo.




Hernán Lanzara: “Los hechos de corrupción socavan la institucionalidad y desarrollo del país”

Con el fin de generar un espacio de diálogo en torno a la lucha contra la corrupción en entidades públicas, la Comisión de Integridad y Lucha contra la corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el último jueves, recibió a la secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Sara Farfán Cuba, al subsecretario de Gestión Estratégica, Fernando Hurtado; y al subsecretario de Monitoreo de la Integridad Pública, Jim Pissani.

 

En ese marco, Hernán Lanzara, segundo vicepresidente de la CCL y presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la corrupción, comentó que es importante para el gremio empresarial retomar este espacio con el equipo de altos funcionarios de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, para poder intercambiar acciones y preocupaciones frente a la corrupción y sus devastadores efectos en la institucionalidad y desarrollo de nuestro país.

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En la reunión, los funcionarios del Gobierno y los miembros de la Comisión de Integridad y Lucha contra la corrupción de la CCL analizaron el desarrollo de mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción con el propósito de orientar la correcta actuación de los servidores civiles en entidades públicas. También se recibió una evaluación de la implementación del Modelo Integridad en el sector público a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP).

 

A la cita asistieron por la Comisión de Integridad y Lucha contra la corrupción de la CCL, los señores José Reaño, Guillermo Miranda, José Ugaz, Roxana Cornejo y Susana Silva, así como los integrantes de la Secretaría Técnica: Francisca Rebolledo, Jhosely Sequeiros y Yusith Vega.




El largo camino de la calidad regulatoria en el Perú

En el 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un informe sobre el Perú, y concluyó que el país carecía de una política regulatoria integral gubernamental para evaluar las propuestas de regulación de los diferentes sectores. El objetivo consistía en identificar si tales regulaciones proporcionarían un beneficio positivo neto a la sociedad y si eran coherentes con otras políticas gubernamentales.

 

En esa línea, la OCDE recomendó establecer un órgano supervisor de la política regulatoria, así como establecer una política regulatoria, a través de una norma de carácter mandatorio, con las estrategias y herramientas específicas para realizar una gestión eficaz del ciclo de gobernanza regulatoria. Esto es, desde la evaluación ex ante de la propuesta regulatoria, incluyendo el diseño de la regulación basada en evidencia, consultas públicas y participación de los actores involucrados, la aplicación de conceptos de simplificación administrativa, la revisión del inventario de regulación existente (stock) y su evaluación ex post.

 

En ese marco, recomendó adoptar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR o RIA, por la expresión en inglés Regulatory Impact Analysis).

 

Adicionalmente, sugirió otorgar más independencia a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, para que su proceso de toma de decisiones sea más eficaz.

 

El Ejecutivo recogió las recomendaciones e inició la implementación progresiva de una de las reformas más importantes que se han emprendido en el Perú. De aplicarse correctamente, esto podría corregir o aminorar uno de los problemas más significativos que nos aqueja: la mala regulación, que se convierte en fuente de ineficiencia, mala asignación de recursos, conflictos y controversias; en lugar de establecer reglas claras sobre lo que realmente necesita ser regulado.

 

Son muchas las razones por las que existe una mala regulación. Entre ellas, figuran los sesgos ideológicos, la ausencia de conocimiento técnico en el asunto que se pretende regular, el desconocimiento del comportamiento de los mercados en los que se pretende intervenir, la influencia de grupos que exigen protección en perjuicio de otros, la infiltración de intereses particulares, el populismo estatal, y, en muchos casos, el puro desconocimiento de las metodologías técnicas para expedir normas, entre otros supuestos. Claramente, el fenómeno de la mala regulación es histórico, complejo y difícil de contrarrestar.

 

Análisis de Calidad Regulatoria (ACR)

En el marco del Decreto Legislativo (DL) N.° 1310 (30/12/2016), modificado por el DL N.° 1448 (16/09/2018), se inició el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), con enfoque principalmente ex post, es decir, un mecanismo que permite el análisis de todas las disposiciones normativas de alcance general existentes que establezcan procedimientos administrativos (autorizaciones, certificaciones, permisos, registros, etc.).

 

Estos procedimientos deben sustentarse en el principio de simplicidad, y sus requisitos deben ser racionales y proporcionales a los fines que se persiguen cumplir. El efecto de ACR es la derogación de normas que no pasen el filtro del análisis.

 

En aplicación del Decreto Supremo (DS) N.° 075-2017-PCM y modificatorias, todas las entidades del Ejecutivo estuvieron obligadas a realizar el ACR, con el objeto de identificar, eliminar o simplificar los procedimientos innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, redundantes o no acordes con la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). Se exceptuaron los procedimientos derivados de leyes y normas con rango de ley. El ACR se incluyó en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

 

Como resultado de la aplicación del ACR, se analizaron 2.432 fichas de 62 entidades públicas, se ratificaron 1.439 procedimientos (59%) y se eliminaron 734 (30%). La diferencia no correspondía pasar por ACR por el rango normativo o por derivar de tratados internacionales. Los procedimientos eliminados involucraban aproximadamente 4 millones de solicitudes de personas naturales y jurídicas. Esta eliminación significó la reducción de S/ 286,3 millones en cargas administrativas y derechos de tramitación.

 

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)

Con la modificación efectuada por el DL N.° 1448 se introdujo la figura del RIA, que luego fue desarrollada en el DS N.° 063-2021-PCM (3/4/2021), con lo que se agrega el enfoque ex ante, es decir, hacer el análisis del proyecto de regulación, no de la norma aprobada, de tal manera que se aborde todo el ciclo de producción normativa.

 

Con el RIA se busca mejorar el diseño, la elaboración, la aprobación, la implementación, el cumplimiento, el seguimiento y la evaluación de las regulaciones según la evidencia, a fin de promover el desarrollo económico y el bienestar social. La emisión de normas se debe basar en principios de necesidad, legalidad, efectividad, proporcionalidad, consistencia y coherencia, transparencia y participación, integridad y neutralidad, simplicidad y rendición de cuentas.

 

El RIA se puede aplicar ex ante y ex post, se incluye la consulta pública (en todo el proceso de elaboración del proyecto normativo) y las herramientas para la generación de evidencia.

 

Se encarga al ministro de cada entidad la conducción de la Mejora de Calidad Regulatoria (MCR), el viceministro la supervisa y un oficial designado la implementa. Asimismo, se creó la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR), integrada por la PCM, el MEF y el MINJUS, como Supervisor Nacional de la Mejora de Calidad Regulatoria, para validar el RIA de las entidades del Ejecutivo y gobiernos subnacionales sin afectar su autonomía. Lamentablemente, no es de aplicación al Poder Legislativo, que es una de las instancias normativas que más lo necesita.

 

El RIA es un proceso que permite el análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público, con participación pública y transparente de los involucrados e interesados.

 

Debe considerar el análisis de riesgos para adoptar la mejor alternativa con base en la evidencia. Si la alternativa resultante es una regulación, su desarrollo debe ser coherente y consistente con el ordenamiento jurídico vigente, y establecer los mecanismos para su cumplimiento.

 

En términos generales, de manera simplificada, se siguen los siguientes pasos:

-Establecer la existencia de un “problema público” que requiere intervención pública.

-Identificar cuál es la situación que se quiere alcanzar como resultado de la intervención.

-Identificar las alternativas más idóneas que sean factibles de implementar, sean estas de carácter normativo o de otra índole.

-Evaluar los riesgos e impactos económicos o sociales que originaría la aplicación de cada alternativa identificada.

-Adoptar medidas con beneficios mayores a sus costos y que representen un beneficio general a la sociedad.

 

En el 2022, se aprobó el Plan de Implementación del RIA, que contiene el cronograma de aplicación en las entidades del Ejecutivo, que inició en julio con un grupo de entidades públicas y termina este 1 de abril. El cronograma establece que todas las entidades públicas del Ejecutivo deben publicar su Agenda Temprana.

 

 

Agenda Temprana

¿Pero qué es la Agenda Temprana? Es una herramienta del RIA que tiene el objetivo de informar a los ciudadanos sobre los problemas públicos que las entidades del Estado han identificado y priorizado atender durante el año, a través de la emisión o modificación de normas.

 

La publicación de la Agenda Temprana genera predictibilidad, participación y transparencia en el proceso de producción normativa. A la vez, permite el recojo de información y evidencia de la ciudadanía sobre los problemas planteados por la entidad. No obstante, su utilidad dependerá de que las entidades públicas usen esta herramienta realmente para dichos fines, y no solo sea el simple cumplimiento de una obligación administrativa.

 

A la vez, el fortalecimiento de esta herramienta, y con ello de todo el proceso de RIA, depende también de que la ciudadanía participe en los procesos de consulta y contribuya técnicamente y con datos en el análisis del problema público identificado.

 

 

Recién empezaremos a ver en la práctica cómo se materializará el RIA en el Perú. Es primordial apoyar y sostener esta reforma. Para conocer la Agenda Temprana de las entidades debe ingresar a la sección de Reforma Regulatoria del portal web de la PCM.




Sara Farfán: La OCDE, aliado estratégico del Perú en la lucha contra la corrupción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional que asiste a los gobiernos para enfrentar los retos económicos, sociales y de gobernabilidad de una economía globalizada. La Organización ofrece una plataforma para que los gobiernos de países miembros y socios comparen experiencias de políticas públicas, busquen respuestas a problemas comunes, identifiquen mejores prácticas y coordinen las políticas nacionales e internacionales.

 

Asimismo, es una organización multidisciplinaria que estudia todas políticas públicas desde medio ambiente y agricultura, hasta biotecnología y política fiscal. Los instrumentos legales y estándares emanados por los más de 200 órganos de la OCDE están apoyados por análisis empíricos, datos y revisión entre pares.

 

Es por ello que conversamos con la Dra. Sara Evelyn Farfán Cuba, Secretaria de Integridad Pública (e) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para que nos de mayores alcances de los avances de nuestro país para formar parte de este importante organismo internacional.

 

 

¿Por qué es importante para el Perú formar parte de la OCDE y cómo nos benefician sus programas y políticas para la lucha contra la corrupción?

 

El proceso de adhesión del Perú a la OCDE tiene un impacto trascendental pues a través de los informes de evaluación, estudios técnicos, eventos y actividades, nuestro país ha podido incorporar de manera progresiva estándares internacionales en diversas áreas y temáticas.

 

En el caso de la lucha contra la corrupción, el Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú (2016) es uno de los documentos técnicos más importantes que permitió la incorporación del enfoque de integridad en nuestra legislación y en la gestión pública nacional. Así se evidenció con la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. Nº 092-2017-PCM), la creación de la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros (2018) y el marco normativo emitido en materia de conflictos de intereses, protección al denunciante, gestión de intereses, registros de visitas en línea, gestión de riesgos a la integridad pública, entre otros.

 

Adicionalmente, la implementación de los parámetros de la OCDE también permitió el desarrollo del Modelo de Integridad para las entidades del sector público establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (D.S. Nº 044-2018-PCM), que orienta a las entidades del Estado en la implementación de una estructura de prevención de la corrupción.

 

Coméntenos sobre la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” de la OCDE.

 

Es uno de los instrumentos legales más importantes de la OCDE, el Perú la ratificó por Decreto Supremo N 011-2018-RE y está vigente desde el 27 de julio de 2018. La Convención busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas naturales y personas jurídicas que encubran o participen en un acto de esta naturaleza.

 

En ese marco, requiere que las leyes anticohecho se apliquen no sólo a particulares, sino también a las personas jurídicas, para que estas asuman responsabilidad ante las leyes de los actos de corrupción que se lleven a cabo para su beneficio.

 

Además, los Estados miembros tienen la obligación de tipificar el cohecho internacional y se comprometen a establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para el delito de soborno extranjero.

 

La Convención también exige eliminar la deducción fiscal de los pagos de soborno, incluir jurisdicción sobre actos de corrupción cometidos en el país y en el extranjero y tomar medidas para garantizar que las decisiones para investigar o juzgar los casos de cohecho no estén influenciadas por consideraciones de interés económico. Asimismo, se deben prohibir las prácticas de contabilidad y auditoría que facilitan el ocultamiento de actos de corrupción.

 

Por lo tanto, la “Convención Anticohecho de la OCDE” es el instrumento internacional que aborda con mayor detalle el delito de cohecho trasnacional, tanto su alcance en materia penal como en sus aspectos tributarios, contables, cooperación internacional, entre otros, por lo que es un referente imprescindible en el derecho comparado.

 

¿Cómo se manifiesta el delito de cohecho (soborno) transnacional y cómo castiga nuestra legislación estos ilícitos?

 

El delito de cohecho activo trasnacional se encuentra tipificado en el artículo 397º del Código Penal, sancionando a la persona natural o representante de persona jurídica que ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente un soborno a un funcionario o servidor público extranjero con la finalidad de que realice u omita actos propios de su cargo, en violación o no a sus obligaciones, para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales

 

Es de precisar que para su configuración es indiferente si el beneficio indebido redunda en provecho del autor o de otra persona, además que el delito se encuentra dentro del ámbito de la Ley 30424 sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas.

 

Está sancionado con pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años, imponiéndose adicionalmente la pena de multa y la inhabilitación.

 

 

¿Qué acciones recomendaría al sector empresarial que comercia e invierte en el extranjero y poder evitar verse comprometido en delitos de cohecho internacional?

 

En las evaluaciones realizadas al Perú por el Grupo de Trabajo sobre cohecho en Transacciones Comerciales, se hace énfasis en la necesidad que el sector empresarial difunda la Convención Anticohecho de la OCDE, con la finalidad que conozcan el impacto, el alcance y las consecuencias del delito de cohecho trasnacional.

 

Asimismo, exhorta a las empresas que respondan de manera activa y efectiva a los informes de un auditor externo sobre presuntos actos de cohecho internacional. También alientan a la implementación de controles internos adecuados, programas de ética y cumplimiento con el fin de prevenir y detectar el soborno trasnacional, además que las empresas tengan en cuenta dicho delito en la identificación de sus riesgos asociados a corrupción.

 

Desde la Secretaria de Integridad Pública de la PCM, ¿cómo ve la participación del sector empresarial en apoyo al Estado en la lucha contra la corrupción?

 

La promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción es un esfuerzo conjunto del sector público, sector empresarial, sociedad civil y ciudadanía, pues un alto estándar de actuación ética e integra es exigible a los funcionarios y servidores públicos, pero también a las empresas y sus representantes.

 

Por eso resulta importante la labor del sector empresarial en apoyar los esfuerzos que se realizan desde el Estado en materia anticorrupción, y a su vez, sensibilizar a las empresas en la necesidad de evitar se originen riegos de corrupción en la interacción con la administración pública. Además, fomentando la denuncia de todo acto de corrupción ante las autoridades, sea que involucre a un servidor público, un ciudadano o inclusive a una persona jurídica.

 

Una muestra clara de ese compromiso, es la participación de representantes del sector privado en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, siendo uno de ellos la Cámara de Comercio de Lima (CCL).




Más de 13.000 reclamos se atendieron con nueva versión digital del Libro de Reclamaciones

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gestión Pública, supervisó que las entidades públicas a nivel nacional atendieran, de forma oportuna y efectiva, los reclamos que los ciudadanos registraron a través del nuevo Libro de Reclamaciones Digital, logrando así que se dé respuesta a más de 13 mil reclamos en los últimos 60 días.

 

La plataforma fue diseñada por la PCM y su implementación es obligatoria para todas las entidades públicas a nivel nacional, para lo cual se brinda capacitación y asistencia técnica a fin de asegurar la correcta gestión de los reclamos. En ese marco, en los últimos dos meses trece entidades culminaron de forma exitosa su implementación, sumando así ya casi 300 instituciones a nivel nacional las que han puesto a disposición de la ciudadanía este canal de atención.

 

Asimismo, y como parte de su labor de monitoreo y supervisión, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM intervino en 95 casos ciudadanos cuyos plazos de atención habían vencido sin recibir respuesta por parte de las entidades reclamadas y logró que estas fueran atendidas de manera satisfactoria. De acuerdo con el sondeo realizado a los ciudadanos que presentaron su reclamo, el nivel de satisfacción con la atención recibida y la respuesta obtenida ha subido hasta cinco puntos porcentuales en relación con el año 2022.

 

Respuesta oportuna

Para asegurar que los ciudadanos tengan una respuesta oportuna y eficiente a su reclamo, se desarrollan capacitaciones y asistencias técnicas, a fin de que los servidores civiles de los tres niveles de Gobierno tomen conciencia de la importancia de atenderlos como parte de la mejora de la calidad de servicios. En ese marco, la PCM desarrolló casi cien capacitaciones en los últimos meses, contando con la participación de casi 400 servidores civiles.

 

Finalmente, producto de la implementación de esta plataforma, la PCM ha identificado buenas prácticas en la gestión de reclamos que las mismas entidades han impulsado y desarrollado, como son materiales audiovisuales de difusión innovadores, habilitación de equipos informáticos, entre otros.

 

El nuevo Libro de Reclamaciones Digital ha permitido reducir el tiempo de respuesta al ciudadano de 30 días a 10 días calendarios, aproximadamente.

Registra tu reclamo en: https://reclamos.servicios.gob.pe/

 




Una correcta planificación beneficia a los ciudadanos

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) organizó el Primer Congreso Internacional de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Nacional, que evidenció el interés del personal de los tres niveles de gobierno por perfeccionarse en la calidad de sus labores y contribuciones a través de la planificación a mejorar la gestión y el servicio público teniendo a la persona como centro de decisión del Estado.

 

“El más beneficiado de una correcta planificación va a ser siempre el ciudadano, a quienes nos debemos. Seguiremos trabajando y esforzándonos para que las experiencias sean cada vez mejores», remarcó el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cavagnaro.

 

En el marco de este congreso, el Ceplan reconoció a los mejores equipos de planeamiento de los tres niveles de gobierno con el fin de contribuir al fortalecimiento de capacidades para la construcción de institucionalidad con pensamiento de largo plazo.

 

Distinciones

 

Estos equipos obtuvieron el mejor puntaje en el cumplimiento del proceso metodológico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan); reconociendo a los equipos de las siguientes entidades públicas: el Ministerio de Economía y Finanzas en la categoría ministerios, el Gobierno Regional de San Martín en la categoría gobiernos regionales, la Municipalidad de Tacna en la categoría municipalidades provinciales y Municipalidad Distrital de Cayma (Arequipa) en la categoría municipalidades distritales.

 

Las distinciones fueron entregadas por el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cavagnaro, que agradeció a los servidores públicos (funcionarios/operadores) que día a día hacen el esfuerzo por pensar y planificar una ciudad y un mejor país para todos los ciudadanos.

 

En esa línea, destacó la importancia del Congreso internacional organizado por Ceplan, que se convierte en el gran indicador de interés que existe en el personal de los tres niveles de gobierno por perfeccionarse en la calidad de sus labores.

 

A su turno, el presidente del Ceplan, Giofianni Peirano, resaltó los logros del congreso. “Tenemos al día de hoy 22 mil inscritos, hito histórico en la convocatoria, capacitación y en la actualización académica que tenemos al día de hoy”.

 

“El sistema de planeamiento, los prospectivistas, los seguidores y evaluadores somos los encargados del desarrollo nacional, y junto con nuestros hermanos de los otros sistemas administrativos claramente tenemos la misión de desarrollar a nuestra nación”, afirmó Peirano.

 

Congreso

 

Este cónclave internacional de la planificación congregó (en modalidad presencial y virtual) a representantes del sector público, sector privado, sociedad civil y la academia, con el objetivo de fortalecer conocimientos y posturas sobre la planificación; entendiendo su complejidad y dinamismo a partir del encuentro de diversos actores, contribuyendo al trabajo articulado para la construcción de institucionalidad con pensamiento de largo plazo en beneficio de todos los peruanos e impulsar el desarrollo del Perú que todos queremos.

 

En esa línea, las discusiones y reflexiones de los cuatro días de duración del Congreso se articularon en cuatro ejes principales como son el planeamiento estratégico, el análisis prospectivo, el seguimiento y evaluación de políticas, así como una revisión del legado histórico peruano y el nuevo desarrollismo, con la finalidad de contribuir en la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050.

 

Cabe destacar que el Congreso Internacional de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo Nacional  contó con el apoyo de Naciones Unidas en el Perú, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), desarrolló 16 mesas temáticas y 4 conferencias magistrales.

 

El Ceplan es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sinaplan en el Perú, conduciendo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país.




Juramenta nuevo Gabinete y Héctor Valer como premier

El presidente de la República Pedro Castillo tomó hoy juramento a su nuevo gabinete, encabezado por Héctor Valer como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en reemplazo de Mirtha Vásquez, quien renunció al cargo.

 

Los nuevos ministros son: 

Ministerio de Economía y Finanzas: Óscar Graham
Ministerio de Energía y Minas: Alessandra Herrera Jara
Ministerio del Interior: Alfonso Chávarry
Ministerio de Cultura: Alejandro Salas Zegarra
Ministerio de Relaciones Exteriores: César Landa Arroyo
Ministerio de Agricultura: Alberto Ramos
Ministerio del Ambiente: Wilber Dux Supo Quisocala
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Katty Ugarte Mamani
Ministerio Defensa: José Luis Gavidia Carrasco Arrascue

 

Mientras que los ministros que continúan en el cargo son: 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Dina Boluarte
Ministerio de Educación: Rosendo Serna
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Roberto Sánchez
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Aníbal Torres
Ministerio de la Producción: Jorge Luis Prado Palomino
Ministerio de Salud: Hernando Cevallos
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Betssy Chávez
Ministerio de Transporte y Comunicaciones: Juan Silva Villegas
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Geiner Alvarado

 

Presidencia del Consejo de Ministros  (PCM)

Héctor Valer Pinto

Nació en Apurímac el 4 de febrero de 1959, es un abogado y político. Es congresista de la República por la región Apurímac por el partido de Renovación Popular para el periodo 2021-2026. Estudió la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de 1982 a 1992 y también en la Universidad Libre en Colombia durante 1995-1998.

 

Cuenta con un Doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional del País Vasco, de España. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Pontificia Javeriana, de Colombia. En el 2013 estudió una Maestría de Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 

En el 2014 postuló como candidato a la Presidencia Regional de Lima por el partido Unión por el Perú, sin éxito.

 

A inicios de julio de 2021, Valer informó que el excandidato presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, lo apartó de la lista de miembros de la bancada de esta agrupación política. El 7 de julio del 2021, Valer se reunió con el entonces virtual presidente Pedro Castillo, anunciando su apoyo en la segunda vuelta.

 

 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Óscar Graham Yamahuchi

 

Es egresado de la carrera de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Es Máster en Economía con amplia experiencia en diseño e implementación de políticas públicas para el desarrollo de mercados financieros, sistemas de pensiones privadas, fomento de inclusión financiera y de desarrollo productivo.

 

Se ha desempeñado como Asesor del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además laboró en esta misma institución como Director General de Mercados Financiero y Previsional Privado.

 

Graham también fue miembro del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Director de la Superintendencia de Mercado de Valores, Director del Fondo de Seguro de Depósitos y Presidente de la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera.

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

César Rodrigo Landa Arroyo

 

Es un constitucionalista y profesor. Fue presidente del Tribunal Constitucional del Perú (2006-2008). Realizó estudios superiores en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de donde se graduó de bachiller con la mención de sobresaliente y obtuvo el título de abogado en 1984.

Este último año, obtuvo una beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana para continuar sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, de la que se graduó de doctor con la distinción máxima de apto cum laude (1987).

Posteriormente, hizo estudios de postdoctorado en el Instituto Europeo de Estudios Comparados de la Universidad de Bayreuth y en el Instituto Max Planck de Derecho Comparado de Heidelberg (1997-1998).

 

 

Ministerio de Defensa

José Luis Gavidia Arrascue

Es Contraalmirante en retiro y exinspector general de la Marina. Fue candidato al congreso por Alianza para El Progreso.

 

Ha sido representante Permanente Alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI), en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala. También se desempeñó como Director General de Economía de la Marina.

 

Hermano de Francisco Gavidia Arrascue, quien fue presidente del consejo directivo del Servicio de Parques de Lima (Serpar) y renunció tras estar implicado en el presunto mal uso de fondos en 2017. En diciembre del año pasado ambos visitaron al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

 

 

 

 

Ministerio de Energía y Minas

Alessandra Gilda Herrera Jara

 

Es abogada por la Universidad San Martín de Porres, y colegiada en Lima. Cuenta con un máster en Compliance por la Universidad de Salamanca y con estudios en administración y gestión de empresas y ciencias sociales en universidades peruanas.

 

Se ha desempeñado como abogada de la Dirección de Normativa de Minería, en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), del 2006 al 2009; ha sido catedrática de las universidades San Martín de Porres y Alas Peruanas (2008-2011); y jefa del área de Medio Ambiente en Iriarte & Asociados (2009-2013).

 

Asimismo, entre el 2010 y el 2013 trabajó nuevamente en el Minem. En ese periodo ejerció como asesora legal de la Dirección General de Formalización Minera, asesora de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y asesora legal del proyecto APOGORE.

 

Además, entre el 2014 y el 2015, laboró como asesora del Gabinete Ministerial del Ministerio del Ambiente. Entre el 2015 y el 2017, retornó al Ministerio de Energía y Minas, donde ejerció el cargo de directora general de Formalización Minera.

 

Entre el 2018 y el 2019, se desempeñó como directora general en el Ministerio de Agricultura y riego, y entre el 2019 y el 2020, fue directora general de Orden Público en el Ministerio del Interior. Entre diciembre de 2020 y octubre de 2021, ejerció como asesora de la Dirección Ejecutiva de Agro Rural.

 

 

 

Ministerio de Cultura

Alejandro Salas Zegarra

 

Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con Maestría en Gestión Pública con mención en Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).

 

Asimismo, tiene estudios de Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, y cursó una especialización en contrataciones públicas en la Universidad del Pacífico y un programa en gestión municipal en la Universidad ESAN.

 

Entre el 2015 y el 2018, se desempeñó como regidor distrital de Pueblo Libre por el partido Somos Perú. Postuló a la alcaldía de dicho distrito en el año 2018 por el partido Somos Perú.

 

También se lanzó como parlamentario bajo la misma organización política para las elecciones congresales complementarias de 2020 y para las generales de 2021. En ambos casos, no tuvo éxito.

 

En septiembre de 2021, fue designado como encargado de la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Breña. Previamente, en el mismo municipio, había realizado las labores de gerente de Desarrollo Económico.

 

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Katy Ugarte Mamani

 

Es bachiller en Educación por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (2002). Tiene una maestría en Gestión y Administración Educativa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Desde 1994, ha sido docente en la Institución Educativa N° 56012 Pampa Ccalasaya.

 

En las elecciones generales del 2021 fue elegida congresista por el partido Perú Libre, al obtener 12,700 votos.

 

En setiembre del 2021, el Poder Judicial ordenó que la legisladora sea declarada como reo contumaz por no haberse presentado a una audiencia judicial en la que es acusada por el delito de difamación agravada.

 

 

Ministerio del Ambiente

Wilber Supo Quisocola

 

Es geógrafo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Postuló al Congreso de la República para las elecciones generales del 2021 por el partido oficialista Perú Libre, sin éxito.

 

Tiene estudios técnicos de la carrera de computación en la Escuela Internacional de Gerencia (Eiger). En los últimos dos años ha ocupado el cargo de docente en el I.E.P. B.F. SKINNER.

 

 

Ministerio del Interior

Alfonso Chávarry

 

Es coronel de la PNP en situación de retiro, con más de 35 años de servicio en la institución, con estudios y experiencia profesional en seguridad ciudadana, gestión pública y defensa nacional.

 

En relación a sus estudios académicos, cuenta con una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), y ha obtenido el grado de Bachiller en Educación por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

 

También cursó estudios policiales contra la subversión, en bioterrorismo, inteligencia policial y paracaidismo de combate, así como en investigación y tráfico ilícito de drogas, entre otros.

 

Respecto a su experiencia laboral ha prestado servicios en unidades operativas de la PNP en zonas de emergencia, luchando contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, además de haber ocupado el puesto de gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Cajamarca.

 

Fue director general de Seguridad Ciudadana del Mininter, así como gerente de Control y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

 

Es experto en manejo de conflictos sociales a nivel nacional y también cuenta con experiencia docente, al haberse desempeñado como catedrático en la Escuela de Oficiales de la PNP.

 

Dentro de la institución policial, trabajó como jefe de la Región Policial Cajamarca, jefe de Emergencia UDEX, Águilas Negras, jefe de la Dirección Nacional Operaciones Especiales, jefe policial de La Victoria, así como jefe del batallón operativo de Los Sinchis de Mazamari.

 

 

 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Alberto Ramos Quilca

 

Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Altiplano. Se desempeñó como coordinador departamental del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural) entre 2019 y 2020, y cuenta con experiencia tanto en el sector público como privado.

 

En la cartera del Midagri venía desarrollando medidas en línea con la denominada segunda reforma agraria. Asimismo, entre sus últimas acciones están la entrega del subsidio para agricultores por el alza del precio de fertilizantes.

 

 

 




Guido Bellido jura como presidente del Consejo de Ministros

El congresista de la República por Cusco de Perú Libre, Guido Bellido Ugarte, juramentó como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la gestión del presidente Pedro Castillo.

 

El escenario de la juramentación se realizó este jueves 29 de julio en la Pampa de la Quinua de Ayacucho.

 

“Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo para nuestro pueblo peruano”, señaló Bellido en su juramentación para posteriormente dar unas palabras en quechua.

 

Perfil

 

Guido Bellido es congresista electo de Perú Libre por la región Cusco y secretario general del partido de gobierno en Cusco. Es natural de la provincia de Chumbivilcas.

 

En las últimas elecciones, obtuvo el mayor número de votos en la región Cusco, de acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con 20,164 votos.

Bellido laboró en el Insituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ejerciciendo como coordinador local, asistente de coordinador local, jefe de zona y jefe de equipo.

 

Bellido es bachiller en Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en el 2015 y estudios de Posgrado en Economía con Mención en Gestión Pública y Desarrollo Regional  en la misma casa de estudios.

 

 

 




Simplificación administrativa en Perú permitió un ahorro de S/ 290 millones

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que, gracias al proceso de simplificación administrativa puesto en marcha para brindar mejores servicios a la ciudadanía, así como a las pequeñas, medianas y grandes empresas, se ahorró un total estimado de más de S/ 290 millones en favor de la ciudadanía y las empresas.

 

Indicó que para impactar en la vida cotidiana de las personas se impulsó en 2017 la reforma regulatoria en el Perú, con la revisión de los procedimientos administrativos del Ejecutivo. “Los resultados muestran la eliminación de un 30% de trámites y más de 1300 requisitos”, aseveró al dar cuenta de los logros alcanzados desde el inicio de dicha reforma hasta el año 2019.

 

En este contexto, la titular de la PCM resaltó que la simplificación administrativa también responde a una actuación “justa y eficiente del Estado, enfocado al servicio que se brinda a las personas”.

 

▶ PBI debe crecer a altas tasas para masificar bienestar económico

▶ Sunat devolverá ITAN 2020 pagado en exceso en un plazo de 30 días hábiles

▶ Retención del Impuesto a la Renta 2021 a los trabajadores

 

De igual forma, Bermúdez enfatizó que la simplificación administrativa toma rol preponderante en la atención de los servicios a las personas. No solo nos ayuda a eliminar requisitos y cargas innecesarias, sino que también nos ayuda a dar una respuesta oportuna, eficiente y eficaz a las necesidades de las personas.

 

Modernización del Estado

 

Indicó que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se ha convertido, desde su creación, en el motor de la modernización del Estado peruano y la promoción de la simplificación administrativa, con un rol fundamental en la atención a los ciudadanos, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria como el que se vive actualmente a consecuencia de la COVID-19.

 

Durante su participación en el seminario “30 años de simplificación administrativa en el Perú: logros, desafíos y la agenda futura”, organizado por la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, la premier Bermúdez recordó que el Perú aprobó en el año 1989 la Ley de Simplificación Administrativa y su reglamento.

 

Explicó que en esta norma se define la simplificación administrativa como el principio que obliga a eliminar los obstáculos y costos innecesarios para la sociedad.

 

El citado evento contó con la participación de Sara Arobes Escobar, la secretaria de Gestión Pública de la PCM; así como Manuel Malaret, representante de CAF en Perú; Carlos Santiso, director de innovación digital del Estado en CAF; Mario Emilio Gutiérrez, excomisionado de CONAMER; y Sebastián López Azumendi, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado en CAF.

 

Depuración de trámites

 

Por su parte, la secretaria de Gestión Pública de la PCM, Sara Arobes Escobar, destacó la importancia del policy brief elaborado por parte de la CAF, ya que recoge la ruta de la simplificación administrativa, señalando aquellos avances, los retos y la agenda pendiente.

 

Deja la información para el acceso desde la administración pública, la academia y la ciudadanía. Desde la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la simplificación administrativa se convirtió en un pilar, una orientación para que todas las entidades acojan y apliquen los principios la simplificación administrativa.

 

Así también Sara Arobes señaló que “la mayor reforma está en el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), el mismo que implica cambiar la cultura sobre cómo se elaboran las regulaciones y que estas se sustenten en evidencia para poder atacar directamente el problema público que requiere intervención el Estado”.

 

“El AIR contribuye con la política de prevención de la corrupción, en cuanto visibiliza los procesos y la toma de decisiones de regulación. Desde la agenda temprana publicada en los portales de las entidades de las materias a regular, hasta la participación de diversos grupos de ciudadanos para participar en los procesos de formación de regulación”, aseveró.

 

Arobes mencionó, de igual forma, la importancia de que la simplificación administrativa esté articulada con los procesos de digitalización, con el fin de tener más trámites y servicios que puedan ser ofrecidos a la ciudadanía en distintas plataformas, como los MAC Express, que se encuentran en las embarcaciones que surcan la Amazonia y el Lago Titicaca, llamados PIAS, y también en los Tambos que se ubican en los centros poblados, en las zonas más alejadas del país.

 

Avances significativos

 

A su turno, el representante de CAF en Perú, Manuel Malaret, resaltó que el Estado peruano ha logrado avances significativos, medibles y cuantificables, en reducir las brechas de productividad de la economía peruana.

 

En el mismo sentido, vinculó la agenda de productividad con la mejora y simplificación de las normas y procedimientos, política esta última que ha beneficiado a millones de ciudadanos. Esto –dijo- ha sido facilitado por la utilización de un proceso sistemático del análisis de calidad regulatoria y por la utilización de herramientas digitales.

 

Al respecto, Sebastián López Azumendi, ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado en la CAF, compartió el interés de CAF por documentar experiencias en reformas regulatorias como la que tuvo lugar en el Perú.

 

Destacó que los países que lograron resultados a través de estas reformas lo han hecho a lo largo de décadas y consensos y que ese es un rasgo a resaltar de la experiencia peruana.

 

Por último, enfatizó la importancia de la digitalización de trámites para lograr la simplificación de procesos en el Estado. “En materia de simplificar trámites y procesos, la SGP y la SEGDI lo han hecho muy bien”.

 

Digitalización

 

A su turno, Carlos Santiso, director de Innovación Digital del Estado de CAF, enfatizó la relevancia que para CAF tiene la digitalización del sector público y, en especial, el uso de tecnologías para mejorar la calidad de las regulaciones.

 

Al respecto, compartió con el panel la Iniciativa de Innovación Digital en Regulación de CAF, cuyo objetivo es apoyar a los reguladores de servicios públicos en sus procesos de transformación digital.

 

Finalmente, Mario Emilio Gutiérrez, excomisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (CONAMER), afirmó que desde hace 30 años el Perú ha venido implementando distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de sus regulaciones, como lo consigna el informe (policy brief) presentado por la CAF.

 

“En materia de mejora regulatoria, quizás nunca se pensó tan grande como se piensa ahora en el Perú, nunca antes habían mirado tan lejos, nunca antes se ha avanzado con tal determinación, con un equipo liderado por la Secretaría de Gestión Pública que tiene un elevado compromiso con el servicio al ciudadano”, anotó.

 




Lanzan convocatoria para realizar Exposición Nacional – Perú Bicentenario

Como parte del programa de conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país, el Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) inaugurará en julio del 2021 la Exposición Nacional / Perú Bicentenario.

 

Esta se realizará en las salas temporales del MALI y en el Museo Metropolitano de Lima y cubrirá un área total aproximada de 2,000 m2.

 

“En medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, esta exposición busca ser un espacio para promover el diálogo nacional a partir de un enfoque interdisciplinario, descentralizado e inclusivo”, señaló el Proyecto Especial Bicentenario.

 

Para sacar adelante este proyecto, el Proyecto Especial Bicentenario ha lanzado un concurso curatorial dirigido a equipos multidisciplinarios de todo el país que incluyan curadores, historiadores, artistas y arquitectos, entre otros profesionales y especialistas del campo de la cultura.

 

La propuesta curatorial y museográfica será elegida mediante concurso público y abierto por un jurado especializado compuesto por reconocidos profesionales nacionales e internacionales en los campos de curaduría e historia, entre otras disciplinas.

 

El cierre de inscripciones está previsto para el 31 de octubre del 2020 y las bases para el concurso pueden descargarse desde la página web del Proyecto Especial Bicentenario: https://bicentenariodelperu.pe/expo-nacional.

 

“La propuesta ganadora deberá invitarnos a reflexionar sobre tres grandes preguntas: ¿Qué narrativas hemos elaborado sobre la construcción de nuestra república? ¿Por qué los retos y debates que enfrenta el Perú de hoy son una consecuencia de ese proceso? ¿Cuáles son los grandes temas que debemos repensar para construir una verdadera república de ciudadanos?”, señalaron los organizadores.

 

Por eso, agregaron, la Exposición Nacional / Perú Bicentenario no solo tendrá un componente educativo, sino que deberá recoger una amplitud de puntos de vista a través de formatos originales, haciendo uso innovador de la tecnología y los medios digitales para que los contenidos lleguen a todo el país.

 

Además de cumplir con todas las disposiciones de bioseguridad determinadas por el gobierno, también implementará las medidas de accesibilidad necesarias para recibir y brindar una experiencia satisfactoria a diversos públicos.

 

“La Exposición Nacional / Perú Bicentenario se convertirá en un gran aporte a la Política Nacional de Cultura que orientará la intervención del Estado en materia cultural durante los próximos diez años. Por eso, esta iniciativa no será exclusivamente histórica o artística, sino que deberá utilizar diferentes recursos para aproximarse a las múltiples narrativas que forman parte de nuestra historia republicana”, señalan las bases del concurso.

 

La propuesta curatorial que resulte ganadora tendrá que incorporar un amplio rango de materiales, desde documentos, obras de arte y piezas patrimoniales hasta soportes didácticos, interactivos y audiovisuales que permitirán reflexionar sobre sucesos y valores históricos, ofreciendo al público una mejor comprensión del país al cual pertenecemos y una oportunidad para imaginar la sociedad que queremos construir a partir de hoy.

 

“La Exposición Nacional / Perú Bicentenario, como todo el programa que venimos desarrollando desde inicios de año para conmemorar los 200 años de nuestro país, busca construir un relato común: cómo podemos construir un ‘nosotros’. Por eso, queremos que todos los peruanos formen parte de este proceso”, puntualizó Gabriela Perona, directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario.




Entidades públicas tienen nuevo plazo para estandarizar su TUPA

El 6 de agosto de 2020 se publicó, en el diario oficial El Peruano, la Res. N° 004-2020-PCM, con la cual la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó un nuevo cronograma para que las entidades estatales a través del Sistema Único de Trámites (SUT), elaboren, simplifiquen, estandaricen y publiquen su nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

 

Cabe señalar que el nuevo cronograma dispone el plazo máximo que tendrán las entidades para solicitar el usuario y contraseña del Administrador SUT y el plazo máximo para la adecuación de los TUPA al nuevo formato único por cada una de las entidades públicas, cuyos plazos se indican en cuadro adjunto al final de este informe.

 

Normas aprobadas sobre el TUPA

 

Ley del Procedimiento Administrativo.- El Art. 43° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General – dispone que todas las entidades públicas deben elaborar y aprobar su TUPA estandarizado, observando las normas de simplificación administrativa y los lineamientos que al respecto apruebe la SGP de la PCM.

 

Formato Único Aprobado.- Con la Res. N° 004-2018-PCM, la Secretaría de Gestión Pública aprobó el nuevo formato del TUPA, de observancia obligatoria por parte de todas las entidades del Estado.

 

Dispuso, por ejemplo, que el Texto Único de Procedimientos Administrativos debe contener los procedimientos, requisitos, plazos, derechos de tramitación, la calificación de cada procedimiento que puede ser de evaluación previa o de aprobación automática, casos en los que procede el silencio administrativo positivo o negativo, los lugares para la atención al ciudadano, los horarios, los medios de pago y los canales de atención de consultas que formulen los administrados.

 

Asimismo, se estableció que el formato estandarizado del TUPA tiene por objeto la eliminación de los obstáculos y costos no previstos en la ley; pues, los costos de los trámites deben corresponder al costo real del servicio, previamente establecidos en la estructura de costos que debe aprobar y publicar cada entidad pública.

 

Lineamientos de la PCM para aprobar los TUPA

 

Con la Res. N° 005-2018-PCM-SGP, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los lineamientos y formatos que las entidades públicas deben de tener en cuenta al elaborar, aprobar y publicar sus TUPA, cuyos alcances básicos son:

 

Objeto de la norma.- Establece los criterios técnicos y legales que deben de cumplir las entidades públicas para la elaboración, aprobación y publicación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos.

 

Costo mayor a 1 UIT.- Cuando el costo del trámite supere una UIT, la entidad debe contar con autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se establece el procedimiento a seguir ante el MEF.

 

SUT.- El Sistema Único de Trámites (SUT) es la herramienta informática (a cargo de la PCM), que deben de utilizar las entidades públicas para la elaboración, simplificación y estandarización del TUPA.

 

Entidad responsable.- La SGP de la PCM es la entidad que debe garantizar y exigir el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa.

 

Calidad regulatoria.- La SGP exige a las entidades públicas cumplan con la calidad regulatoria de las normas que expiden, así como los requisitos para los trámites.

 

Costo de los trámites.- La Oficina de Administración de la entidad es la responsable de garantizar que el costo del procedimiento, corresponda al costo real del servicio a prestar.

 

Requisitos y costos.- El TUPA debe contener de manera clara los requisitos y los costos de cada uno de los procedimientos.

 

Formularios.- El TUPA debe contener formularios para realizar los trámites. El formulario es gratuito.

 

Estructura de costos.- El costo de los derechos de tramitación no debe exceder el costo real del servicio a prestar, tal como lo dispone la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444.

 

Aprobación.- El Texto Único de Procedimientos Administrativos de los ministerios y de los organismos públicos se aprueba por Decreto Supremo; mientras que el TUPA de los gobiernos regionales se aprueba por Ordenanza Regional; y el TUPA de las municipalidades se aprueba por Ordenanza Municipal.

 

Modificación del TUPA.- Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique crear nuevos procedimientos y requisitos, se aprueba por Resolución Ministerial, Decreto Regional y Decreto de Alcaldía, respectivamente.

 

Publicación.- La norma que aprueba el TUPA se publica gratuitamente en El Peruano. Además, en el Portal del Estado Peruano y en el Portal de la Entidad.

 

Metodología de costos.- Para fijar el costo de los trámites, la entidad debe aplicar la metodología vigente que fue aprobada por Decreto Supremo N° 064-2010-PCM (El Peruano 05/06/2010).

 

CCL reitera propuestas para impulsar trámites

 

Revisión del TUPA.- La Cámara de Comercio de Lima recuerda que desde diciembre de 2016 está vigente el Decreto Legislativo N° 1310, con el cual se dispuso que todos los ministerios y sus dependencias están obligados a revisar su TUPA, a fin de identificar, reducir y/o eliminar los procedimientos, requisitos y costos que resulten ilegales, innecesarios e injustificados que le complican la vida a los ciudadanos y empresas que realizan trámites públicos.

 

Análisis de calidad regulatoria.- Asimismo, está vigente la obligación que tienen los ministerios y sus dependencias de revisar y evaluar los procedimientos, requisitos y costos de los trámites que realizan los ciudadanos y las empresas, a fin que cumplan con los principios de legalidad, razonabilidad, efectividad y proporcionalidad, considerando que la simplificación administrativa debe ser una política permanente, que forma parte de la modernización del Estado y es fundamental para garantizar y las inversiones, la productividad, la competitividad y el desarrollo del país.

 

Impugnación judicial.- Se debe restringir la posibilidad que tienen las entidades del Estado de impugnar ante el Poder Judicial (Proceso Contencioso Administrativo) respecto de las resoluciones del Tribunal del Indecopi que confirman la existencia de una barrera ilegal o carente de razonabilidad.

 

Para interponer este proceso ante el Poder Judicial, la entidad debe contar con autorización debidamente fundamentada, refrendada por el ministro, gobernador regional, alcalde o el titular del pliego de la entidad.

 

Con ello se evitará que se sigan dilatando los procesos ante el Poder Judicial.

 

Precedentes obligatorios.- Las resoluciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) y las que expide el Tribunal del Indecopi, que declaran fundadas las denuncias, deben tener efectos para todos los administrados, tanto en los procedimientos seguidos de oficio como en los seguidos por denuncia individual, en tanto sean de aplicación general.

 

Formatos únicos.- Para evitar que cada una de las municipalidades sigan aprobando procedimientos, requisitos y costos discordantes que afectan a los administrados, por ley se debe autorizar a la PCM a aprobar formatos estandarizados con requisitos únicos para los diversos trámites municipales.

 

Texto Único Ordenado (TUO).- Para facilitar la aplicación, difusión y el cumplimiento de las normas sobre simplificación administrativa, la PCM debería elaborar un TUO de las normas sobre la materia, para facilitar su difusión, fiscalización y cumplimiento.

 

Repotenciar la Secretaría de Gestión Pública (SGP) – PCM.- La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros no cuenta con la infraestructura ni el personal adecuado para cumplir con su labor de fiscalización, monitoreo y del cumplimiento de las normas de simplificación administrativa. Solo seis funcionarios deben fiscalizar a más de 2.500 entidades públicas de todos los niveles.

 

Por ello, la SGP requiere ser repotenciada, mediante el uso de medios tecnológicos y la contratación de personal técnico para que pueda cumplir con su labor de fiscalización a nivel nacional.

 

Comisión Técnica Multisectorial.- Para evaluar la legalidad y razonabilidad de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos y costos estandarizados, la PCM debe constituir una Comisión Técnica Multisectorial Permanente, integrada por representantes de la PCM, MEF, Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y representantes de los gremios empresariales (microempresa, pequeña, mediana y gran empresa).

 

Difusión de los procesos de fiscalización.- Es necesaria una gaceta mensual (en el suplemento de El Peruano) para la difusión de los avances y las tareas pendientes en la simplificación administrativa. En la gaceta se debe felicitar a las entidades que han cumplido con simplificar sus trámites, pero también consignar la lista de entidades morosas o que desacatan las normas.

 

Discrecionalidad de funcionarios.- Se deben revisar las normas y reglamentos confusos para evitar su aplicación discrecional por parte de los funcionarios de las entidades públicas, que permanentemente imponen exigencias, requisitos, cobros no autorizados y otras trabas ilegales o carentes de razonabilidad que afectan a los ciudadanos y a las empresas en general.

 

Fiscalización permanente.- Los informes semestrales sobre trabas burocráticas detectadas, que emite el Indecopi, deben ser publicados al mes siguiente de vencido el semestre e inmediatamente –de oficio– el Indecopi debe iniciar procesos de fiscalización en las entidades o sectores que generan más trabas burocráticas, disponiendo las medidas correctivas y sanciones a los infractores.




Gabinete Martos recibe voto de confianza del Congreso

El Pleno del Congreso de la República otorgó este martes el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Walter Martos con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

 

Las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso fueron las que más votos a favor le otorgaron al gabinete Martos con 22 votos; seguidos por Fuerza Popular con 14 votos y el Frepap con 13 votos.

 

El presidente del Consejo de Ministros señaló en su mensaje ante el pleno del Congreso: “Hemos venido a pedir el voto de confianza, pero también hemos venido a pedir unión y no podremos unirnos mientras no retiremos de nuestros corazones todo tipo de odio y resentimiento”.

 

Cabe resaltar que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, reemplaza a Pedro Cateriano, luego de que el Congreso le negara la confianza a su Consejo de Ministros la semana pasada. Ahora Martos y su gabinete tendrán que hacerle frente a la pandemia y la crisis económica.




Víctor Gobitz: «Se ha soslayado el tema de la minería»

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Víctor Gobitz, calificó como preocupante la ausencia del sector minero en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ante el Congreso de la República.

 

“Cuando se soslaya un tema como la minería, veo con preocupación que no se está haciendo la correcta pedagogía política y económica que requerimos. Lo que estamos haciendo es patear el tema sin resolver el fondo”, declaró Víctor Gobitz.

 

Conozca los objetivos para la Reactivación y Desarrollo Económico

Conozca los objetivos para la Lucha contra la pandemia

Conozca los objetivos para la lucha contra la corrupción

 

Asimismo, sostuvo que si bien en el corto plazo el Gabinete Martos puede conseguir los votos de confianza; sin embargo, en el largo plazo no hay un correcto diagnóstico y menos un plan que vaya a ser efectivo para reactivar la economía y a su vez poder sanear las finanzas que han quedado muy golpeadas por esta crisis.

 

Sobre el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará y tendrá como finalidad establecer un mecanismo que permita estabilizar los recursos de canon, sobrecanon y regalía minera del vaivén de las cotizaciones internacionales; para el presidente del IIMP se trata de un concepto válido; no obstante, el tema de fondo sobre el canon es la distribución.

 

“El tema que se debe discutir es cómo hacemos para que en esa distribución haya una priorización de la reducción de la pobreza, porque si no tenemos una distorsión muy grande”, comentó Víctor Gobitz.




Lea el texto completo del mensaje de Walter Martos

Lea el texto completo del discurso del presidente del Consejo de Ministros haciendo clic en el siguiente enlace:

Discurso de Walter Martos del  11 de agosto del 2020

 

Conozca los objetivos para la Reactivación y Desarrollo Económico

Conozca los objetivos para la Lucha contra la pandemia

Conozca los objetivos para la lucha contra la corrupción

Conozca los objetivos en Seguridad Ciudadana

Conozca los objetivos para la Reactivación y Desarrollo Social




Conozca los objetivos para la Reactivación y Desarrollo Económico

El Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 temas:

 

1. Lucha contra la pandemia

2. Reactivación y Desarrollo Económico

3. Reactivación y Desarrollo Social

4. Seguridad Ciudadana

5. Lucha contra la corrupción

 

Tema 2: Reactivación y Desarrollo Económico

 

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, explicó la serie de medidas que su gabinete iniciará para la reactivación y desarrollo de la economía en el país, esto durante su discurso para pedir el voto de confianza al Congreso de la República.

 

Así, señaló que la inversión pública es la principal herramienta para impulsar el cierre de brechas del país y se prevé que la ejecución se incremente en 20% en el segundo semestre de este año y crezca al menos 10% en el 2021.

 

“Para ello, esperamos invertir cerca de S/ 20.000 millones en lo que resta del año y S/ 35.000 millones para el 2021, montos que generarán un efecto importante en la recuperación de nuestra economía”, adelantó.

 

Martos recordó que entre marzo y agosto de este año, como parte del Plan Económico frente al COVID-19 para enfrentar la crisis, se aprobó un conjunto de medidas por S/ 128.000 millones (18,1% del PBI). En ese sentido, se continuará ejecutando acciones para la reactivación centradas en tres frentes: el impulso a la inversión pública y los sectores productivos para acelerar la reactivación económica, medidas para la recuperación de la inversión privada y medidas para garantizar la eficiencia de la economía y mejores servicios públicos.

 

Priorizando a las mypes

 

Respecto a FAE-MYPE y el programa “Reactiva Perú” informó que ya se han garantizado créditos por S/ 2.600 millones, para 250.000 mypes a nivel nacional, y S/. 52.000 millones, para 309.000 empresas (97% del total son mypes) respectivamente. Mientras que el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE del Sector Turismo (FAE-TURISMO) permitirá afianzar líneas de crédito de Cofide hasta por S/ 1.500 millones y se espera beneficiar a 12.400 mypes del sector turismo.

 

También anunció la creación del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) que otorgará capital de trabajo para pequeños agricultores para la campaña agrícola 2020 – 2021, con créditos de hasta S/ 30.000, a 12 meses con garantía hasta 98% y período de gracia hasta 12 meses. “El Programa cuenta con un monto de hasta S/ 2.000 millones en garantías del Gobierno Nacional. Esta medida beneficiará a más de 230.000 pequeños agricultores para financiar 700.000 hectáreas en todo el país”, añadió.

 

Walter Martos destacó que las mypes necesitan recuperarse rápidamente

 

y volver a crecer. Al respecto, las líneas de acción se enfocará primero en el financiamiento, a través de todos los programas de apoyo y acceso al crédito ya mencionados, además de reactivar las compras públicas, el cual ya ha destinado S/ 1.000 millones al Programa Compras MyPerú, lo cual permitirá beneficiar aproximadamente a 14.000 mypes de todo el país, generando cerca de 130.000 puestos de trabajo.

 

Asimismo, en este último año de Gobierno, se proyecta concluir la implementación de 11 Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) con una inversión total de S/ 180 millones, y se crearán cuatro nuevos CITE en las regiones de Junín, Huancavelica, Lambayeque y Cajamarca. Así, a julio de 2021, se pondrá en marcha una red regional de 50 CITE (30 públicos y 20 privados) en las cadenas productivas de agroindustria, pesca y acuicultura, cuero y calzado, forestal madera y textil camélidos.

 

En esa misma línea, Martos adelantó que ha creado la Mesa Ejecutiva para el desarrollo de las MYPEs, la cual coordinará y articulará al sector público y privado en un trabajo conjunto para identificar y solucionar los cuellos de botella, barreras y problemas que afectan y limitan la productividad de las MYPEs.

 

Inversión privada

 

El presidente del Consejo de Ministros también indicó que con el objetivo de cerrar a brecha de infraestructura existe en el país, se promoverá la participación del sector privado a través de las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP).

 

“Al 28 de julio de 2021, se espera la adjudicación de los siguientes proyectos en la modalidad de APP: Ferrocarril Huancayo Huancavelica (US$ 274 millones), Masificación del Gas Natural (US$ 292 millones), las Subestaciones Chincha Nueva y Nazca Nueva (US$ 36 millones), la Línea de Transmisión Puerto Maldonado Iberia y Subestación Valle del Chira (US$ 39 millones), la Línea de Transmisión Piura – Nueva Frontera (US$ 193 millones) y Obras de Cabecera para el abastecimiento de agua en Lima (US$ 600 millones)”, anunció.

 

Asimismo, sostuvo que el Gobierno continuará con la implementación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que prioriza 52 proyectos por un monto cercano a los S/ 100.000 millones, lo que permitirá cerrar las brechas de infraestructura y brindar acceso a servicios públicos de calidad para la vida de las personas. La meta para el año 2021 es contar con el 69% de los proyectos priorizados en el PNIC en fase de ejecución.

 

Martos también adelantó que en el segundo semestre de este año se reiniciarán cinco proyectos de electrificación rural (S/ 138 millones de inversión) y beneficiará a 94.000 habitantes de las regiones de Ancash, Amazonas, Cajamarca y Huancavelica. Y a julio de 2021 se concluirán nueve proyectos (S/ 23,7 millones de inversión) que beneficiarán a 14 mil habitantes de las regiones de Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto y Puno.

 

El presidente del Consejo de Ministros anunció el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para establecer un mecanismo que permita estabilizar los recursos de canon, sobrecanon y regalía minera del vaivén de las cotizaciones internacionales a partir de establecer ahorros en un fondo de estabilización de estos recursos, cuando las cotizaciones de las materias primas sean altas y usar esos recursos cuando los precios de estas se reduzcan.

 

Finalmente, agregó que el Ejecutivo también enviará un proyecto de ley con medidas excepcionales a fin de establecer un camino hacia la reestructuración financiera de las municipalidades que actualmente se encuentran en situación de insolvencia.




Conozca los objetivos para la Lucha contra la pandemia

El Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 temas:

 

1. Lucha contra la pandemia

2. Reactivación y Desarrollo Económico

3. Reactivación y Desarrollo Social

4. Seguridad Ciudadana

5. Lucha contra la corrupción

 

Tema 1: Lucha contra la pandemia

 

Martos señaló que la lucha contra la pandemia es la prioridad de su gestión, por ello, expuso una serie de ejes en ese sentido. “La estrategia que desarrollaremos abarca desde la prevención, que está conformada por medidas de contención y mitigación, y la optimización de la oferta hospitalaria”, indicó.

 

De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros adelantó que mañana se aprobará, en sesión de Consejo de Ministros, un decreto supremo con medidas complementarias que ayuden a revertir esta situación. Asimismo, se profundizarán las intervenciones multisectoriales coordinadas por el Ministerio de Defensa, para el control del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración masiva de personas: mercados, centros comerciales, paraderos, bancos y otros, así como el control durante el toque de queda.

 

Además, anunció que para fines de agosto de este año, se tendrán instalados alrededor de 50 mercados temporales más de 20 regiones del país y a fin de proteger a la población, se ha destinado más de S/ 45 millones para adquirir escudos faciales de uso comunitario para los usuarios del servicio de transporte terrestre.

 

Para la mitigación de la COVID-19, Martos aseguró que en los próximos días y semanas, el Estado estará mucho más presente en las localidades y  se implementarán Centros de Atención Rápida Temporal en los distritos con mayor incidencia epidemiológica. Luego de las experiencias exitosas en Chiclayo, Olmos, Sullana y Trujillo, se tiene previsto replicarlas en 24 nuevas localidades.

 

“Se continuará con el acompañamiento y seguimiento a más de 400.000 personas adultas mayores y personas con discapacidad. Se potenciarán los 1175 equipos de respuesta rápida y acompañamiento del Ministerio de Salud para identificar los contagios, entregar medicamentos y hacer seguimiento a los casos positivos. Se movilizarán a 112 expertos de distintas áreas de la gestión pública en salud, que acompañarán y monitorearán a los gobiernos regionales”, sostuvo.

 

Acerca de la oferta hospitalaria, para diciembre de 2020, se inaugurará la primera etapa del Centro de Alta Complejidad Hospital Luis N Sáenz, que incrementará a 428 camas de hospitalización y 69 camas UCI, para disposición del personal policial y su familia en Arequipa. Y próximamente, se implementarán 29 Centros de Atención y Aislamiento Temporal (hospitales de construcción rápida) a nivel nacional, a fin de mejorar la atención a favor de nuestros ciudadanos.

 

En cuanto a la provisión de oxígeno medicinal, comentó que se han adquirido 109,32 toneladas por día de oxígeno medicinal, con lo cual se cubre el 90% del déficit en el país hasta septiembre, y se encuentran en proceso de adquisición 116 toneladas por día de octubre a diciembre. Incluso, se están adquiriendo 3100 cilindros, 1210 concentradores, y se están ampliando redes de gases medicinales en 8 hospitales de Lima Metropolitana. Adicionalmente, para este año 2020 se contará con 19 plantas de oxígeno y, con cargo al financiamiento de los Gobiernos Regionales, 29 plantas adicionales.

 

Vacunas de acceso público

 

Walter Martos recalcó que el acceso oportuno a la vacuna contra la COVID-19 es un objetivo nacional, por ello, se apoyando el proyecto liderado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Laboratorio Farvet para continuar con el desarrollo de una vacuna, la cual se encuentra en la fase de pruebas en animales (alpacas).

 

“Nos encontramos realizando gestiones con diversos gobiernos y los más importantes laboratorios farmacéuticos provenientes de: Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Italia y Japón para poder acceder a la vacuna en el más breve tiempo posible. Entre agosto y septiembre del presente año se espera concluir con al menos tres acuerdos con laboratorios farmacéuticos, que incluyan la realización de ensayos clínicos en el Perú”, agregó.

 

De esta manera, la vacuna será declarada un bien público global y antes del 31 de agosto, se manifestará el compromiso financiero, previa opinión favorable del MEF, a CovaxFacility, para asegurar la adquisición de las vacunas y garantizar con ello la inmunización de 6,6 millones de peruanos (20% de la población). “Antes de finalizar este año, deberemos suscribir al menos cinco acuerdos con los más prestigiosos laboratorios para la ejecución de compras anticipadas y eventuales compromisos de transferencia de tecnología, que garanticen la inmunización del 50% restante de la población no cubierta por CovaxFacility”, añadió.

 

Por otro lado, Martos aseguró que como parte del sinceramiento del Gobierno, el jueves 13 de agosto se presentará el segundo informe en donde se incorporarán al registro del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, otro número de defunciones, que antes fueron consideradas como sospechosas y se suman al conteo total de fallecidos hasta el momento, 21.072 peruanos.

 

En tanto, el presidente del Consejo de Ministros se refirió a la atención de los pueblos indígenas y originarios para quienes se ha aprobado el plan de intervención con un financiamiento de S/ 74 millones, en beneficio de 350.000 ciudadanos de 10 regiones del país. De esta manera, se vienen fortaleciendo a 958 instituciones prestadoras de servicios de salud en Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Ucayali y Cajamarca. Además, el Ministerio de Salud ha adquirido 1.210 concentradores de oxígeno, que aseguran su abastecimiento en las regiones más alejadas del país.

 

A través de un Decreto Supremo que se publicrá en los próximos días, con el Plan del Cierre de Brechas para la región Loreto, se permitirá impulsar obras que incluyen establecimientos de salud, escuelas, desembarcaderos, proyectos de agua y saneamiento básico, promoción de un ambiente sostenible, entre otros; lo cual beneficiará a 25 distritos pertenecientes a las provincias del Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas.

 

Mientras que de los más de 60 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, se tiene previsto aplicar la prueba rápida a todos los servidores penitenciarios (11.000 personas) y al íntegro de la población penitenciaria (90.533 personas) para gestionar espacios y disponer aislamientos cuando sea necesario. Esta labor culminaría en septiembre.




Conozca los objetivos para la lucha contra la corrupción

El Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 temas:

 

1. Lucha contra la pandemia

2. Reactivación y Desarrollo Económico

3. Reactivación y Desarrollo Social

4. Seguridad Ciudadana

5. Lucha contra la corrupción

 

Tema 5: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: REFORMA DE JUSTICIA Y REFORMA POLÍTICA

 

Así como los esfuerzos desplegados en nuestra lucha contra la pandemia, los peruanos hemos venido enfrentando otra gran enfermedad, casi con la misma letalidad. Porque la corrupción no solo duele, también mata y quiebra al país, traicionando a los intereses de la nación.

 

La lucha contra la corrupción que este gobierno libra lo ha realizado través de dos grandes reformas la de justicia y la política. En ese sentido, hacemos las siguientes propuestas:

 

5.1 REFORMA DE JUSTICIA

 

Somos conscientes de que la reforma de la justicia requiere un esfuerzo conjunto, coordinado de todas las instituciones y de largo aliento.

 

En ese sentido, promovimos la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia con la finalidad de formular y ejecutar una política nacional de reforma que impulsaremos, en respeto irrestricto de la autonomía de las instituciones que lo conforman, que sea integral y se mantenga en el tiempo, para que todos los peruanos puedan acceder a una mejor justicia, más célere, oportuna, transparente y libre de corrupción.

 

Promoveremos, como acciones prioritarias:

 

– La revisión del rol de la Academia de la Magistratura, con la finalidad de fortalecer las competencias profesionales y éticas de jueces y fiscales; enfrentar la provisionalidad de jueces y fiscales, para que estos accedan a través de procedimientos meritocráticos y cuenten con las garantías para preservar su imparcialidad.

 

– La reforma de un nuevo Código Procesal Civil, la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y la Ley General de Sociedades, a fin de optimizar el cumplimiento de contratos; y reforzar el rol del precedente y de la jurisprudencia vinculante, a fin de contar con un marco de predictibilidad, que contribuya a la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

 

– Culminación de la implementación del Código Procesal Penal a nivel nacional, el cual ha sido una tarea pendiente durante 16 años.

 

Por otro lado, siendo uno de los aspectos más relevantes es la celeridad y transparencia de los procesos judiciales se hace fundamental la digitalización e interoperabilidad de la justicia, lo cual tendrá como resultado el acceso remoto para los ciudadanos y mayor eficiencia por parte de los operadores de justicia.

 

Haremos una inversión total de 358 millones de dólares, para implementar a nivel nacional el Expediente Judicial Electrónico y de la Carpeta Fiscal Electrónica, con la finalidad de dotar de mayor celeridad a los procesos penales y no penales.

 

Fortaleceremos el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), implementando herramientas digitales para interconectar los centros penitenciarios del país, con la finalidad de contar con información veraz y oportuna acerca de la situación de cada uno de ellos.

 

Por último, mejoraremos el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) para que los adolescentes en conflicto con la ley penal cuenten con más y mejores programas de rehabilitación que permitan su reinserción en la sociedad.

 

5.2 REFORMA POLÍTICA

 

En el mensaje a la Nación del 28 de julio pasado, el señor Presidente de la República calificó como inaceptable que, en estos tiempos de pandemia, algunas autoridades locales no hayan cumplido con distribuir recursos médicos a quienes lo requerían.

 

La gestión deficiente de los servicios públicos tiene un impacto directo en la lucha contra el coronavirus. Mejores reglas políticas garantizarán mejores autoridades y estas, a su vez, garantizarán mejores servicios.

 

Como gobierno debemos ratificar nuestra posición favorable a la eliminación del voto preferencial, a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas más allá del delito especial ya creado, a garantizar la integridad de quienes asuman cargos de relevancia pública y a evitar que la inmunidad se confunda con impunidad.

 

Naturalmente, el hecho de que el Poder Ejecutivo está convencido del diálogo y la generación de consensos sobre todo en la política todo en beneficio del país. Consciente de ello, el señor Presidente de la República ha propuesto llegar a acuerdos mínimos en el marco del “PACTO PERÚ”; donde el Acuerdo Nacional asumirá la secretaría técnica.

 

El “PACTO PERÚ” representa una apuesta a largo plazo entre los actores políticos en temas concretos, para ofrecer las garantías de que las medidas a ejecutarse puedan tener sostenibilidad en el tiempo y no estén condicionadas a la coyuntura del momento. Esto conlleva, una enorme responsabilidad por parte de aquellos que acudan a dialogar, porque involucra un compromiso de no desconocer en el futuro lo pactado, de construir en base a nuestras diferencias puntos de coincidencia que nos permitan avanzar en una agenda común.

 

Estamos ingresando ambos al año final de nuestro mandato, y no podemos darnos el lujo de tener confrontaciones estériles, más aún cuando la pandemia nos recuerda, día a día, cuán frágil es la condición humana cada vez que nos arrebata a un ser querido.

 

Démonos juntos la oportunidad de perseverar en el diálogo sin descuidar el sentido de urgencia que la hora actual nos exige, y dejemos al país un legado que permita recuperar la confianza en la política.




Conozca los objetivos para la Reactivación y Desarrollo Social

El Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 temas:

 

1. Lucha contra la pandemia

2. Reactivación y Desarrollo Económico

3. Reactivación y Desarrollo Social

4. Seguridad Ciudadana

5. Lucha contra la corrupción

 

Tema 3:  REACTIVACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

 

Las medidas de reactivación económica y productiva del país nos permitirán recuperar el crecimiento, generar empleos, y evitar que la pobreza crezca. Pero estas medidas deben ir acompañadas de la reactivación social del país. Nuestra estrategia frente a la crisis no puede ser solo económica, debe ser también social y apuntar al alivio de los sectores más vulnerables, que son los que más sufren el flagelo de esta temible enfermedad. De esta salimos juntos, el crecimiento económico nunca más debe darse de espaldas al pueblo, por el contrario, debe traducirse en progreso y oportunidades para todos.

 

3.1 Empleo

 

El Programa Estatal “Arranca Perú” involucra recursos por S/. 6 791 millones de soles distribuidos en 13 líneas priorizadas y se calcula que se podrá generar cerca de 1 millón de puestos de trabajo mediante el mantenimiento de vías nacionales y vecinales, mantenimiento de canales de riego y drenes, la entrega de bonos habitacionales y el desarrollo de actividades de trabajo temporal; además, de otras intervenciones complementarias en el sector educación.

 

En el caso del sector agricultura, apuntamos a generar 72 mil empleos temporales en el ámbito rural, especialmente para pequeños productores que se han visto afectados por el menor dinamismo de la economía. A través de los Núcleos Ejecutores desplegados en 22 regiones del país, con una inversión de S/. 455 millones de soles, se vienen realizando actividades de mantenimiento de bocatomas y canales de riego en beneficio de 1 millón 300 mil hogares dedicados a la agricultura familiar brindándoles trabajo y además garantizando la provisión del recurso hídrico para la campaña 2020-2021.

 

Por otro lado, durante el 2020, el programa Trabaja Perú, con una inversión de cerca de S/. 775 millones, tiene previsto generar más de 224 mil empleos temporales a nivel nacional destinados principalmente a personas que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad a través de proyectos de infraestructura y actividades de intervención inmediata realizados en alianza con los gobiernos regionales y locales. El resultado esperado es ejecutar aproximadamente 450 proyectos de infraestructura social básica intensivos en mano de obra no calificada y más de 4,700 actividades para la generación de empleo temporal. Estas se desarrollarán en las 26 regiones del Perú alcanzando a más de mil distritos en todo el país.

 

3.2 Bonos

 

La entrega de los bonos “Yo me quedo en casa”, “Bono Independiente”, “Bono Rural”, y recientemente del “Bono Familiar Universal” ha servido de soporte para millones de familias evitando que aquellas de menores recursos agraven su situación durante la emergencia sanitaria. Además de ello, los bonos han permitido contener el impacto de la pandemia, pues de lo contrario habría sido más intenso y contundente.

 

Si bien al principio hubo problemas en su entrega debido a la ausencia de un padrón nacional que incluyera a la mayor cantidad de hogares que requerían el beneficio, hemos trabajado en superar ello y para la entrega del segundo tramo del Bono Familiar Universal, que se inicia hoy, y del segundo bono universal que beneficiará a cerca de 8 millones y medio de familias, ya contamos con el Registro Nacional de Hogares que, a diferencia del primer padrón, incluye información proporcionada por los propios ciudadanos, además de información obtenida de la SUNAT, AFPs, y otras bases de datos relevantes que permitirán una correcta focalización territorial y socioeconómica. Ese es nuestro compromiso.

 

Queremos y vamos a llegar a las zonas más necesitadas, pero lo haremos con el mayor cuidado posible, sin poner en riesgo la integridad de las personas en ninguna de las regiones del país. Por eso implementaremos modalidades alternativas como los depósitos a cuenta y la banca celular con el apoyo de la banca pública y privada a fin de evitar aglomeraciones.

 

Y para las zonas donde se realiza la entrega de manera presencial, se seguirán de manera escrupulosa las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, que son parte de los protocolos adoptados por las empresas transportadoras de valores y las PIAS que brindan este servicio.
3.3 Programas sociales e intervenciones urgentes

 

En el marco de la emergencia sanitaria, a través del Programa Nacional Qali Warma, se tiene previsto atender a 1 millón de personas proporcionando excepcionalmente alimentos a quienes están en situación de vulnerabilidad. Esto se viene realizando en coordinación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como con las municipalidades, considerando la pertinencia cultural y las medidas de seguridad necesarias.

 

De igual manera, a la fecha cerca del 50% de los más de 13 mil comedores populares adscritos a 230 municipalidades ya vienen atendiendo a las personas más necesitadas, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y con un presupuesto adicional para la compra de kits de limpieza, desinfección y seguridad. Continuaremos con el proceso de reactivación de estos comedores a fin de garantizar el acceso a alimentación para miles de familias a nivel nacional.

 

El desarrollo infantil y su cuidado es muy urgente en esta coyuntura, no dejaremos que todo lo avanzado se pierda. La calidad de vida de los niños y niñas es una prioridad. Por ello 442 mil hogares con niñas y niños menores de 2 años ubicados en más de 1500 distritos a nivel nacional, recibirán un incentivo monetario mensual de S/. 100 de abono bimestral a través de la Intervención “Apoyo Temporal para el fortalecimiento del Desarrollo Infantil”. Asimismo, estamos destinando más de S/. 14 millones a las Direcciones de Redes Integradas y a los Gobiernos Regionales para que incrementen su capacidad de respuesta y puedan implementar otras medidas que garanticen la ejecución del “Plan de recuperación de brechas en inmunizaciones y anemia en tiempo de COVID-19 en el Perú” que permitirá vacunar y suplementar con hierro a niños y niñas menores de 5 años que tienen pendiente completar sus esquemas de vacunación y suplementación debido la pandemia.

 

Esta coyuntura requiere un trabajo coordinado para garantizar mejores servicios a la población. Por ello, FONCODES se sumará a los esfuerzos de Qaliwarma para garantizar la seguridad alimentaria priorizando proyectos que incidan en la provisión de alimentos destinados a la población escolar. No bajaremos la guardia ni ante el COVID ni ante la desnutrición.

 

3.4 Lucha contra la Violencia a la mujer y Poblaciones Vulnerables

 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad de este gobierno. No podemos seguir tolerando este flagelo que atenta no solo contra la dignidad y los derechos de las mujeres, sino contra los valores en los que se basa nuestra convivencia armónica.

 

La violencia en todas sus manifestaciones ha seguido perpetuándose durante el periodo de aislamiento social por la pandemia. Así, por ejemplo, según los reportes del Programa Nacional Aurora, se han registrado 37 feminicidios desde el 16 de marzo hasta el 7 de agosto. Ante esta grave situación, se han realizado grandes esfuerzos para ampliar la capacidad de atención y acercar nuestros servicios de atención y prevención a la población.

 

Declaramos servicios urgentes a la Línea 100, Hogares de Refugio Temporal y los Servicios de Atención Urgente. La Línea 100 incrementó el número de profesionales para atender en simultáneo las 24 horas, registrando a la fecha más de 100 mil llamadas, en su mayoría realizadas por mujeres. Se creó un nuevo Hogar de Refugio Transitorio, con el cual sumaron 15, los hogares de Refugio Transitorio a nivel nacional. Y se fortalecieron los Servicios de Atención Urgente que funcionan en: Madre de Dios, Arequipa, Cusco, Puno, La Libertad, Huánuco, Ayacucho y Lima dotándoles de unidades móviles para facilitar su encuentro con las víctimas.

 

Conformamos también 277 Equipos Itinerantes de Urgencia con los profesionales de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional; que han atendido 14 mil casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, implementamos un servicio de acompañamiento psicológico telefónico que ha atendido a 3 700 mujeres para ayudarles a recuperar su estado emocional y bienestar.

 

Habilitamos el Chat 100 las 24 horas los 7 días de la semana para atender consultas preferentemente a adolescentes. Este Chat 100 se unió a nuestro programa de Hombres por la Igualdad que orienta y brinda consejería a varones a fin de mejorar las relaciones con sus hijos e hijas, fomentar la paternidad corresponsable, asumir responsabilidades compartidas y prevenir hechos de violencia.

 

Este año, tal como lo anunció el Señor Presidente, contaremos con 20 nuevos Centros Emergencia Mujer (CEM) en Comisarías a nivel nacional, con una inversión de más de S/. 6 millones de soles y 5 nuevos Hogares de Acogida Temporal, para la protección integral de las mujeres y sus hijos e hijas. Para el 2021 se implementarán 25 nuevos CEM en Comisarías con los que dejaremos funcionando un total de 441 CEM a nivel nacional. Este es nuestro compromiso.

 

Asimismo, en un plazo máximo de 40 días útiles, implementaremos de forma efectiva el sistema de búsqueda de personas desaparecidas previsto en el Decreto Legislativo N° 1428. En ese sentido, pondremos en funcionamiento el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, así como el Portal de Personas Desaparecidas. Fortaleceremos la Línea 114, brindando una atención especializada a las denuncias de mujeres desaparecidas. Estas acciones permitirán movilizar a la Policía a nivel nacional para ubicar a las mujeres que, habiendo presentado indicios de violencia desaparecieron, así como brindar el acompañamiento necesario a los familiares.

 

3.5 Pensión de orfandad

 

Los gobiernos regionales y locales no cuentan con registros actualizados de las personas con discapacidad de sus localidades, lo que dificulta la provisión de servicios y apoyo social para enfrentar la pandemia del COVID-19 y otros problemas sociales. Por ese motivo, hemos puesto a disposición del 100% de los gobiernos regionales y locales, la Plataforma Digital del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, herramienta que facilita la entrega del apoyo social en cada territorio (alimentos, mascarillas, ayudas biomecánicas, etc). Para el 2020 se ha previsto que mil municipalidades distritales y provinciales y 14 gobiernos regionales hagan uso efectivo de la Plataforma. Al 2021, se espera 1 874 municipalidades distritales y provinciales y los 25 gobiernos regionales. Con ello estamos dando un paso importante hacia una verdadera inclusión.

 

La pandemia del coronavirus en el Perú ha superado la cifra de 455,400 personas contagiadas y más de 20,400 fallecidas. Estas muertes han dejado niñas, niños y adolescentes huérfanos, quienes además de enfrentar la pérdida desde el lado humano y emocional, han visto modificada en forma sustancial, la realidad social y económica de sus hogares, afectando sus derechos de alimentación, atención en salud, educación, entre otros. Por ello, resulta de suma urgencia, establecer un mecanismo que contribuya con su desarrollo integral y la culminación de sus proyectos de vida.

 

El Estado no puede ser indiferente ante las niñas, niños y adolescentes huérfanos por el COVID-19, en esa medida y, en consonancia con sus obligaciones internacionales, les otorgará una pensión por orfandad, que implica una asistencia económica de S/. 200 soles mensuales hasta que alcancen la mayoría de edad, que debe ser utilizada para fines de alimentación, salud física y mental, terapias de recuperación u otros que coadyuven a su desarrollo integral. Su alcance es a nivel nacional, priorizándose la entrega a las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en pobreza, pobreza extrema o riesgo.

 

Esta pensión se entregará al 100% de las niñas, niños y adolescentes huérfanos desde este año. Este compromiso se encuentra en proceso de implementación. Con esta medida el Estado busca impactar positivamente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, mejorando su calidad de vida y respondiendo, de manera efectiva, a este drama humano y social.

 

3.6 Educación de Calidad

 

Seguiremos trabajando intensamente para garantizar el derecho a la educación de los más de 8 millones de estudiantes de educación básica y de los más de 2 millones de estudiantes de educación superior, en todas sus modalidades.

 

3.6.1 Aprendo en Casa

 

La estrategia Aprendo en Casa ha llegado para quedarse. En ese sentido, en lo que queda del año ampliaremos su propuesta de contenido, para lo cual crearemos dos nuevos espacios: uno orientado a complementar competencias curriculares, centrado en ciudadanía y temas culturales; y otro dirigido a los estudiantes de quinto de secundaria y enfocado a fortalecer las competencias necesarias para su ingreso y permanencia en la educación superior. A partir del 2021, Aprendo en casa formará parte de la propuesta pedagógica integral del Ministerio de Educación

 

3.6.2 Educación Superior

 

Para apoyar a los estudiantes de educación superior, hemos casi cuadriplicado el número de becas de pregrado, que pasarán de 11,600 en 2019 a 40,000 este año. Y hemos ampliado los créditos educativos por lo que para este año tenemos previsto otorgar más de 10 mil créditos, 20 veces más que lo registrado en el 2018.

 

3.6.3 Becas

 

Asimismo, hemos creado nuevas becas dirigidas específicamente a apoyar a los estudiantes que han visto mermadas sus posibilidades económicas debido a la emergencia. Es el caso de la beca Continuidad de Estudios en Educación Superior, dirigida a estudiantes de universidades privadas e institutos públicos y privados. Hemos aumentado la dotación inicial de 10 mil becas para otorgar en esta primera convocatoria un total de 14 mil. En octubre otorgaremos 10 mil becas Continuidad adicionales, con lo cual llegaremos a 24 mil durante el año.

 

A ello se suman las 8 mil Becas Permanencia, que ya se otorgaron en julio. Asimismo, están disponibles 4,200 Becas Traslado, dirigidas a estudiantes de universidades con licenciamiento denegado. Seguiremos ofreciendo estas becas, y trabajando en otras rutas para brindar alternativas de continuidad de estudios a nuestros estudiantes.

 

3.6.4 Educación Universitaria

 

Nuestra apuesta por la universidad pública no solo se mantiene, sino que en este contexto de emergencia se ha redoblado. Así, hemos dispuesto 231 millones de soles para que las universidades públicas puedan cubrir sus necesidades básicas y garantizar el servicio no presencial. Gracias a esto, casi todas las universidades públicas ya han iniciado su año académico utilizando herramientas tecnológicas. Este gobierno está comprometido con la educación de calidad para los jóvenes que son presente y futuro del país, por ello seguiremos respaldando plenamente la reforma universitaria.

 

Hemos destinado 14 millones de soles para fortalecer la educación virtual en las universidades, y aumentaremos la cifra para llegar a los 30 millones, a través del programa Programa para la Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica (PMESUT). Asimismo, a través del D.L. 1465 emitido en abril, habilitamos otros 31 millones de soles para contratar el servicio de internet para los estudiantes y docentes de menores recursos. Con esto proyectamos llegar a más de 85 mil estudiantes. Cifra, sin embargo, que aún resulta insuficiente para suplir las deficiencias en conectividad. Por esta razón, impulsaremos un nuevo decreto de urgencia que nos permita atender a otros 147 mil estudiantes y 22 mil docentes más, con una inversión de 38 millones de soles adicionales.

 

3.7 Conflictos sociales y respeto a Derechos Humanos

 

Somos conscientes que además de la pandemia debemos gestionar problemáticas que en muchos casos son estructurales, como las que escalaron hace unos días en Espinar en Cusco y lo de Bretaña en Loreto.

 

Antes que nada reiterar nuestras condolencias a los familiares y asegurarles que no los vamos a abandonar. Pero ante esto hemos buscado anteponer el dialogo como centro de la estrategia ante cualquier otra acción, pero estamos tratando de darle real contenido a este diálogo, que además debe ser respetuoso de las personas, y también de la ley. El mandato de este gabinete es reaccionar de manera oportuna y efectiva, los problemas y las preocupaciones de los peruanos marcan las prioridades de este gobierno.

 

Vamos a agendar acciones con prioridad y con los actores en el territorio, en cada provincia y región, con sus verdaderos dirigentes, sus autoridades; y del despliegue de estas acciones les vamos a dar cuenta no solo a los dirigentes y autoridades sino a la comunidad y al propio Congreso de la República, para que esté al tanto de lo que realmente sucede.

 

De esta manera este sistema de rendir cuentas nos obliga a todos, al gobierno nacional, al regional, al municipal y a las organizaciones comunitarias, a cumplir adecuada y oportunamente con todos los compromisos que asumimos.

 

De la misma manera esperamos que lo ocurrido este fin de semana en la Provincia de Requena en Loreto con nuestros hermanos indígenas kukamas, llegue a buen puerto, lamentamos los hechos de violencia acaecidos, condenaremos la violencia venga de donde venga, por ello es que enterados de esta situación se dispuso que una comitiva del Ejecutivo viaje a la zona, liderado por el Ministro de Cultura, quien en zona pudo sostener reuniones con las autoridades de la zona y líderes indígenas, abordaremos sus principales demandas y se dará pronta atención.

 

Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con la promoción y el respeto de los derechos humanos. Estamos convencidos que una sociedad prospera y desarrollada garantiza su goce pleno y efectivo. Estos no pueden ser solo declaraciones retoricas, deben ser motivos para la acción. Con ese espíritu, estamos elaborando, de manera ampliamente participativa con 128 instituciones del Estado, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil, el Primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.

 

De esta forma, podremos disminuir las brechas en igualdad de oportunidades y derechos, así como prohibir prácticas contrarias a la dignidad humana o que vulneran derechos fundamentales. Un valor que hoy buscan las empresas es también proteger derechos y desterrar prácticas como el trabajo infantil o cualquier forma de explotación. Este es un compromiso expresado por las empresas en el proceso de elaboración de este Plan, y que –a través de un diálogo fructífero y participativo- será concluido a inicios del 2021.

 

3.8 Medio Ambiente

 

Considerando los nuevos retos que tenemos como sociedad para hacer frente al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad biológica, el estrés hídrico y ahora la pandemia por el COVID19, el Perú ha apostado por:

 

– La transición hacia la Economía Circular, a fin de lograr el crecimiento económico a través de nuevos modelos de negocios que busquen reducir la presión de nuestras actividades sobre los recursos naturales a través de minimizar y valorizar los residuos. Se conformará la Plataforma Circular y buscará suscribir del Pacto Peruano por una Economía Circular, como propuesta para lograr la visión conjunta entre actores públicos y privados en sectores como industria, pesca, agricultura y construcción.

 

– Se potenciarán los 274 Acuerdos de Conservación suscritos con comunidades nativas amazónicas en 9 departamentos: Amazonas, Cusco, Junín, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali que benefician a 22,034 familias, que gestionan casi 3 millones de hectáreas de bosques dentro de sus territorios; a fin de aumentar la cobertura de bosques adecuadamente conservados y aprovechados.

 

– En un escenario marcado por la necesidad de impulsar una reactivación económica que genere crecimiento económico y bienestar para la población, apostar por la acción climática es una estrategia indispensable para el país. Por ello, en el período que le resta la actual gestión de gobierno, el Perú desarrollará una Plataforma Climática Indígena, a ser instalada en el tercer trimestre del año, actualizará sus contribuciones Nacionalmente Determinadas, pasando de un 30% a un 35% de reducción de gases de efecto invernadero al año 2030 y elaborará la Propuesta Técnica de Carbono Neutralidad y el Plan Nacional de Adaptación, los dos pilares básicos para la construcción de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050.

 

A fin de revertir esta situación, a julio de 2021, se habrá recuperado las áreas degradadas en 6 ciudades de país (Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Bagua, Yauyos y Andahuaylas), siendo la primera vez que el Estado Peruano invierte en recuperar estas áreas. Esto considera S/17,954,648 de inversión en obras beneficiando a 209,382 personas.




Conozca los objetivos en Seguridad Ciudadana

El Presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 temas:

 

1. Lucha contra la pandemia

2. Reactivación y Desarrollo Económico

3. Reactivación y Desarrollo Social

4. Seguridad Ciudadana

5. Lucha contra la corrupción

 

Tema 4. SEGURIDAD CIUDADANA

 

Una de las situaciones más complejas que nos toca enfrentar en esta etapa de la pandemia y de reactivación económica, es la lucha contra la delincuencia. Durante la etapa de cuarentena pudimos observar cómo la actividad delincuencial tuvo una caída significativa, sin embargo, notamos que nuevamente esta actividad ha ido en incremento.

 

La tarea de brindar seguridad ciudadana es ardua y exige respuestas articuladas y rápidas en todos los niveles de gobierno. Vamos a tomar las riendas de esta situación y protegeremos a nuestros ciudadanos.

 

4.1 Estrategia Conjunta

 

Las buenas decisiones deben continuar, así nos lo hacen saber la población por donde vamos, por ello, fortaleceremos e incrementaremos las acciones y operaciones de la Estrategia Conjunta, entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el apoyo del serenazgo, a fin de incrementar el número de efectivos y la frecuencia en el patrullaje, con acciones estratégicas especiales focalizadas en los lugares de mayor incidencia delictiva.

 

4.2 Intervenciones Policiales y Operaciones

 

El Plan General de Operaciones “Fortaleza 2020” tiene como finalidad resguardar el normal desarrollo de las actividades permitidas en este período de reactivación económica, reduciendo las amenazas y perturbaciones a la tranquilidad de la ciudadanía. En este marco, la Policía Nacional ha logrado ejecutar, hasta la fecha, cerca de 55 mil operativos policiales a nivel nacional, desarticulando más de 540 bandas criminales, con la detención de más de 20 mil personas por diversos delitos. La implementación de este Plan involucra a 110 mil policías en 15 macroregiones, 6 frentes y 2 regiones policiales (Lima y Callao).

 

4.3 Mejora de la Infraestructura y Brecha Digital en las comisarías

 

El uso de las herramientas tecnológicas ha demostrado ser un aliado eficiente en nuestra lucha contra la delincuencia. Por ello, durante este año ampliaremos la cobertura del Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial (SIPCOP) que antes sólo funcionaba en Lima y el Callao, integrando a las 8 regiones con mayor incidencia delictiva. Ello permitirá que 600 comisarías de 10 ciudades (Lima, Callao, Tumbes, Cajamarca, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Tacna y Cusco) puedan efectivizar el patrullaje policial diario, priorizando las denominadas zonas calientes.

 

Mejoraremos el sistema de comunicaciones de la PNP, interconectando cerca de 700 comisarías básicas en 11 ciudades del país (Lima, Callao, Tumbes, Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Cusco, Ancash, Tacna y Arequipa), lo que representa más del 50% de comisarías básicas a nivel nacional.

 

Adicionalmente, para setiembre estaremos poniendo en funcionamiento la “Denuncia Policial Digital”, y en el mes de octubre estaremos poniendo a disposición de la ciudadanía el nuevo servicio de “Emisión de la Segunda Copia Certificada de Denuncia Policial en Línea”, que permitirá obtener desde sus domicilios una copia de las denuncias que han efectuado en las comisarías.

 

Lo expuesto, sin embargo, no resulta suficiente y con la finalidad de mejorar el servicio policial frente a la ciudadanía y a las labores operativas de la PNP; a diciembre de 2020, estaremos entregando 13 nuevas comisarías equipadas con una inversión de más de de S/. 33 millones soles, en Kiteni (Cusco), Tingo María, Aucayacu y Venenillo (Huánuco), Pachacútec, Villa Los Reyes y Márquez (Callao); Congalla, Ccochaccasa, Yauli, Huando, Pilpichaca y Julcamarca (Huancavelica).

 

Y para julio de 2021, realizaremos la entrega de 15 comisarías, con una inversión de S/. 45 millones de soles, en Yanajanca (Huánuco), Kepashiato (Cusco) y Catacaos (Piura); Secce y Aucará (Ayacucho); Churcampa, Mayoccc, Izcuchaca y Acobamblla (Huancavelica); Yanashi (Loreto); Francisco Orellana, Mazan, Santa Clotilde, Indiana y Sandia (Puno).

 

4.4 Lucha contra el Crimen Organizado y Terrorismo

 

En lo que respecta a la Lucha contra el Crimen Organizado y Terrorismo, se continuará con las operaciones de interdicción para combatir de manera efectiva a las bandas y organizaciones criminales, ya no habrá más impunidad. Para ello, hemos convocado a las instituciones del Sistema de Administración de Justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e INPE, a fin de definir rápidamente una agenda de trabajo y establecer una comunicación estrecha en el marco de la nueva etapa de convivencia social.

 

Asimismo, hemos dispuesto el fortalecimiento y la continuidad de los megaoperativos a nivel nacional para combatir el crimen organizado, poniendo especial firmeza frente a los delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, extorsión, lavado de activos y terrorismo; entre otros.

 

Debo confirmar también a la representación nacional que contrataremos un servicio de hasta 2,000 grilletes electrónicos que estarán disponibles durante este año para el otorgamiento judicial sin costo y a nivel nacional, con proyección de 4,000 adicionales para el próximo año.




Conoce al nuevo Gabinete Ministerial 2020

Este jueves 6 de agosto, se nombró al nuevo Gabinete Ministerial 2020 del mandatario Martín Vizcarra, de cara a su último año de gobierno que inició el 28 de julio pasado. Entre los cambios figura el de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que ahora se encuentra liderada por Walter Martos.

 

Walter Martos juramenta como nuevo presidente del Consejo de Ministros y se convierte así en el quinto titular de dicha cartera en la administración del presidente Martín Vizcarra.

 

Martos sucede a Pedro Cateriano, quien duró en el cargo 19 días y no obtuvo, el lunes útlimo, el voto de confianza del Congreso de la República, tal como lo manda la Constitución de la República.

 

Conozca a continuación la lista completa de los nuevos ministros:

 

Presidente del Consejo de Ministros

Walter Roger Martos Ruiz

General del Ejército del Perú en situación de retiro. Fue ministro de Defensa desde octubre de 2019 hasta agosto de 2020. Fue jefe de Estado Mayor del Ejército y Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Es doctor en gestión y desarrollo del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército.

 

Ministro de Trabajo

Javier Palacios Gallegos

Fue viceministro de Promoción del Empleo y Promoción Laboral desde el 2018 hasta agosto de 2020. Es abogado con 23 años de experiencia en el sector público y privado. Fue consultor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Banco Mundial (BM) para el programa JUNTOS. Dirigió el programa “A Trabajar Urbano”. Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

Ministerio de Defensa

Jorge Chávez Cresta

Oficial General del Ejército del Perú. Fue jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil desde el 2017 al 2020. En 2016 y 2017 se desempeñó como Director General de Política y Estratégica del Ministerio de Defensa y como Coordinador Ejecutivo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) durante la Emergencia del Niño Costero 2017.

 

Ministerio de Energía y Minas

Luis Miguel Incháustegui

Fue viceministro de Minas entre mayo de 2018 y abril de 2019. Entre el 2000 y el 2004 fue jefe del Departamento Legal de la minera Volcan y gerente de Relaciones Institucionales y Legales en Gold Fields entre el 2004 y 2009, además de vicepresidente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible hasta el 2017 en dicha compañía. También laboró para la minera Lumina Copper como vicepresidente de Asuntos de Gobierno y adjunto a la Gerencia General de la empresa.

 

Ministra de la Mujer

Rosario Sasieta

Rosario Sasieta fue congresista por Lima Metropolitana para el período 2006-2011 por el Frente de Centro, coalición encabezada por el expresidente Valentín Paniagua y del que Acción Popular, partido en el que ella militaba, formaba parte. Principal impulsora y presidente de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas. También fue teniente alcaldesa del Distrito de San Bartolo del 2003 al 2006.

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mario Juvenal López Chavarry

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de Economía

María Antonieta Alva

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio del Interior

Jorge Eduardo Montoya Perez

Se mantiene en el cargo.

 

Ministra de Justicia

Ana Cristina Neyra Zegarra

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de Salud

Pilar Mazzetti Soler

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de la Produción

José Salardi Rodríguez

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Rocío Barrios

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de Educación

Martín Benavides Abanto

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio del Ambiente

Kirla Echegaray

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Carlos Lozada Contreras

Se mantienen en el cargo.

 

Ministerio de Cultura

Alejandro Neyra

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Patricia Donayre

Se mantiene en el cargo.

 

Ministerio de Agricultura y Riego

Jorge Montenegro

Se mantiene en el cargo.

 

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Carlos Estremadoyro Mori

Se mantiene en el cargo.




Nuevo Consejo de Ministros debe ser de ancha base para generar consensos

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) hace un llamado para evitar que, a la crisis sanitaria y económica, se sume una crisis política que genere mayor inestabilidad en el país.

 

En tal sentido, exhorta, a la brevedad posible, con la urgencia que la vida, la salud y el bienestar de los peruanos demanda, al Poder Ejecutivo para que designe un nuevo presidente del Consejo de Ministros y un gabinete ministerial de ancha base, que generen consensos, confianza y credibilidad, pero sobre todo que sea capaz de convocar la unidad nacional que el Perú requiere para enfrentar las graves carencias de nuestro sistema médico y hospitalario y reactivar cuanto antes la economía.

 

“Es momento de convocar a profesionales independientes, con capacidad y experiencia comprobada, sin ningún tipo de cuestionamiento, de buena voluntad y dispuestos a trabajar en este corto tiempo por el bien del país, con absoluta transparencia y sin ningún sesgo ideológico o político. Necesitamos recuperar la salud y la economía por el bien de millones de peruanos que con esta pandemia han caído enfermos o han perdido a sus seres queridos, su empleo y la atención de necesidades básicas que con tanto sacrificio consiguieron”, manifestó la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani.

 

Sostuvo que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe ser encabezada por una persona de amplia aceptación, con habilidades y conocimiento de la realidad del país, capaz de proponer medidas realistas de corto plazo que permitan encaminar al Perú a superar la emergencia sanitaria y la crisis económica, de manera que pueda ser continuada por el siguiente gobierno que se elegirá dentro de poco más de ocho meses.

 

“No se debe perder de vista que el horizonte que tiene esta administración es de menos de un año, tiempo durante el cual definitivamente puede sentar las bases de lo que podría continuar el siguiente gobierno. Un tema fundamental es encaminar las políticas públicas de salud que nos permitan superar la crisis sanitaria de manera cierta y sincera, además de buscar una real reactivación de la economía de la mano con el sector privado.  A su vez, este nuevo gabinete debe garantizar que las elecciones del próximo año se desarrollen con total transparencia, respetando la voluntad popular y que aseguren por parte de todos los actores, instituciones y poderes del Estado, imparcialidad y neutralidad”, aseveró la presidenta de la CCL.

 

Reiteró que quien asuma la PCM deberá considerar una composición en la cual esté presente el sector empresarial privado en la lucha contra la pandemia y la recuperación económica, enfocándose en la necesidad de generar empleo formal y evitar la quiebra de miles de empresas micro, pequeñas, medianas o grandes.




Martín Vizcarra: Lea el texto completo del discurso del Presidente de la República

Lea a continuación el texto completo del discurso del presidente de la República, Martín Vizcarra:

 

PRONUNCIAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
MARTÍN VIZCARRA CORNEJO
04 DE AGOSTO DE 2020

 

Compatriotas de todo el país

 

Hace una semana, en mi último Mensaje a la Nación, les dije que superaríamos este nuevo desafío, uno de los más difíciles que la historia ha colocado frente a nosotros, con unidad, esfuerzo colectivo y responsabilidad.

 

Asimismo, les recordé que en este corto periodo en el que me ha tocado dirigir al país, hemos enfrentado juntos varias crisis devastadoras, pero siempre hemos demostrado, que podemos hacerle frente a la adversidad.

 

Esta cuota de sacrificio y este empuje de los peruanos solo se harán realidad si la democracia y la política recuperan su verdadero sentido. En un escenario adverso como el que estamos viviendo es responsabilidad de todas las autoridades dejar a un lado intereses particulares y ponernos a disposición de la Patria.

 

La lucha contra el COVID no es solo cuestión de unos cuántos, es una causa que debe agruparnos a todos porque, hoy más que nunca, el objetivo es común, sacar adelante al país superando la adversidad.

 

Ayer, en horas de la mañana el Presidente del Consejo de Ministros con el gabinete se presentó ante el Pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza, confianza que requerimos para continuar trabajando por el país, para luchar contra la pandemia, para reactivar la economía y para que los efectos de esta crisis afecten lo menos posible a miles de peruanos y peruanas, sobretodo a aquellos que incluso antes de la pandemia, ya vivían en circunstancias difíciles.

 

Días previos a la presentación del gabinete ante el Pleno, todas las bancadas mostraron su disposición para deponer desacuerdos y trabajar juntos por el Perú, no solo por la pandemia, sino también para dejar un país con las condiciones necesarias para encaminarse al desarrollo de cara al bicentenario. Lastimosamente dicha disposición sólo quedó en palabras ya que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron lo contrario. Largas horas de debate demostraron una vez más a todos los peruanos que para la mayoría de nuestros representantes, los intereses particulares priman por sobre los intereses de la nación.

 

El país es testigo de cómo, desde la política, se intentó frenar la aspiración legítima del pueblo peruano en favor del cambio, a través de la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, las reformas judicial y política y la refundación de la democracia.

 

Ha sido la mala política, la que buscó frustrar el referéndum para evitar que los peruanos puedan expresarse libremente en las urnas sobre el país que querían.

 

Hoy, esos métodos y esas prácticas han vuelto a manifestarse de manera abierta y desafiante. Pero, no desafiante ante el gobierno, sino ante la nación, que en una circunstancia difícil como la actual, reclama unidad, madurez y responsabilidad. A pesar de la crisis sanitaria y económica que vivimos, el Congreso decidió agregar otra crisis política más, en perjuicio de todos.

 

La política no puede ser un obstáculo para la marcha del país. Los intereses subalternos no pueden condicionar el objetivo que tenemos los peruanos de hacer frente a la pandemia, de reimpulsar el crecimiento económico, generar empleos, garantizar una educación de calidad y construir instituciones sólidas y eficientes.

 

Ayer, mientras los congresistas nos mostraban públicamente su desacuerdo con la política de gobierno propuesta -que con total apertura recibimos- sin decirlo hacían prevalecer exigencias particulares, a los cuales no cederemos.

 

Compatriotas

 

Ninguna de las circunstancias que hemos vivido han mellado mi ánimo y mi responsabilidad en el cargo más importante del país. Mi compromiso sigue incólume para seguir construyendo un país mejor, y lo haré hasta el 28 de julio del 2021.

 

El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder. Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria, porque los jóvenes son presente y futuro de este país y se merecen contar con una educación de calidad, la reforma universitaria no se negocia. ¿Quiénes serán los que conduzcan este país en el futuro? serán todos esos jóvenes que el día de hoy buscan, y se merecen tener, una educación de calidad.

 

Negar la confianza a un Gabinete Ministerial recientemente renovado, que desde el primer momento ha promovido el diálogo, tendido puentes y buscado el consenso por el bien de todos, es negarle a los peruanos su derecho a salir adelante.

 

Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria en las actuales circunstancias. Este no es momento, ni ningún otro, para jugar con el destino del país.

 

Respetuoso de las leyes, como siempre lo he sido desde el inicio de mi gobierno, y de acuerdo al art. 133 de la Constitución, acepto la decisión que hoy tomó el Congreso de la República. En consecuencia, conformaré un nuevo gabinete en el plazo que determina la ley.

 

Seguiremos adelante con todas las energías para afrontar esta pandemia, para recuperar el crecimiento económico, para generar un crecimiento equitativo y sostenible, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y buscar el desarrollo y bienestar de la población. No vamos a renunciar a defender los intereses de los peruanos, ni vamos a entrar en negociaciones a espaldas de la ciudadanía.

 

Agradezco a Pedro Cateriano por el servicio prestado al Perú, y me apena profundamente que el Congreso haya negado por primera vez en 20 años, y en el medio de una pandemia, la confianza a un gabinete formado hace menos de un mes. Esta acción no tiene precedentes.

 

Lo que corresponde es afrontar, con la misma entereza y convicción con la que actué en oportunidades anteriores, porque, para este Presidente, la vida, la salud y la integridad de los peruanos está por encima de todo, y porque estoy convencido que hay un país que quiere un futuro diferente.

 

Es necesario un diálogo alturado que privilegie los intereses del Perú. No dañemos a la democracia. Por favor, no nos distraigamos con disputas políticas estériles, y menos, en medio de una pandemia.

 

Estoy convencido de que vamos a superar esta crisis, y conducir al país a un futuro mejor. El Perú siempre será primero.

 

MARTÍN VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República




Congreso niega la confianza al Gabinete de Pedro Cateriano

Por 54 votos en contra, el Congreso de la República negó este martes el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien deberá renunciar inmediatamente. Mientras que el presidente Martín Vizcarra tendrá que nombrar a quien lo reemplace.

 

Lea el texto completo del discurso de Pedro Cateriano

Pedro Cateriano: Conozca los objetivos económicos

Pedro Cateriano: Conozca los objetivos para el sector Salud

 

La sesión del Congreso, que comenzó ayer a las 9 a.m. y culminó hoy pasadas las 6 a.m., permitió escuchar el plan de gobierno que Cateriano proponía y el cual no terminó de convencer a la representación nacional. Otros 34 congresistas se abstuvieron de votar y solo 37 votaron a favor de otorgarle la confianza.

 

Las bancadas del Partido Morado y Somos Perú votaron a favor. Por su parte, Podemos, Unión por el Perú, Frepap y Frente Amplio, lo hicieron en contra. Los parlamentarios de Fuerza Popular y Acción Popular votaron de manera dividida, mientras tanto Alianza para el Progreso se abstuvo.

 

Según el Reglamento Interno del Congreso, si la confianza es negada al Gabinete, este deberá renunciar de forma inmediata ante el presidente de la República, quien tendrá que aceptarla y formar un nuevo equipo ministerial. Por otro lado, el Artículo 134 de la Carta Magna señala que el Congreso no puede disolverse en el último año de su mandato, es decir, en el actual escenario.

 




Lea el texto completo del discurso de Pedro Cateriano

Lea el texto completo del discurso del presidente del Consejo de Ministros haciendo clic en el siguiente enlace:

 

Discurso de Pedro Cateriano del 3 de agosto.




Pedro Cateriano: Conozca los objetivos económicos

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 objetivos de trabajo:

 

  • Continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos.

 

  • Crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo, con énfasis en la recuperación del empleo digno.

 

  • Seguir apoyando la educación en todos sus niveles, y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes.

 

  • Seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia.

 

  • Garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en 2021.

 

2. Objetivos económicos

 

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

 

En el caso del tema económico, Pedro Cateriano indicó que los objetivos para los próximos meses será el de reconstruir lo más rápido posible los ingresos de las familias, los empleos y la actividad económica, siempre protegiendo la salud de todos los peruanos.

 

«Con este objetivo, el plan económico priorizará cuatro lineamientos centrales en los próximos 12 meses: la protección de las familias y de sus ingresos; la inversión privada como motor del crecimiento económico, dentro del marco de una economía social de mercado de acuerdo a la Constitución; las políticas sectoriales para impulsar el crecimiento económico; y la inversión pública como dinamizadora de la economía», expresó el Presidente del Consejo de Ministros.

 

A continuación, algunas de las principales propuestas por el Poder Ejecutivo en materia económica.

 

Sostenibilidad fiscal

 

Pedro Cateriano informó que pasada la crisis y en consistencia con el largo historial de responsabilidad fiscal del país, es fundamental establecer un proceso de consolidación ordenado, gradual y creíble del déficit fiscal del sector público no financiero, lo que permitirá preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

 

«En el actual contexto de alta incertidumbre, se suspendió excepcional y temporalmente las reglas fiscales como respuesta ante la crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid. Es así que, una vez superada la pandemia, la gestión de las finanzas públicas tendrá como objetivo conducir los agregados fiscales hacia una trayectoria de sostenibilidad en el mediano plazo. Esto permitirá recomponer el espacio fiscal del país para preservar la capacidad de respuesta del Estado ante futuros choques adversos, y para financiar reformas importantes (brindándoles continuidad durante las diferentes fases de los ciclos económicos) que incrementen el crecimiento potencial de la economía y el bienestar de los ciudadanos», manifestó.

 

Añadió que dada la necesidad de conducir a las cuentas fiscales hacia niveles sostenibles, al mismo tiempo que se permita mantener un nivel de gastos adecuado para asegurar la correcta provisión de bienes y servicios públicos, será indispensable continuar con los esfuerzos para aumentar la recaudación.

 

«Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas en la región y que equivale a menos que la mitad de lo que se tributa en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por eso, existe espacio para ganar ingresos fiscales a través del combate a la elevada informalidad del país y la revisión de exoneraciones tributarias poco efectivas. Esto, sin vulnerar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad del sistema tributario, reduciendo al mismo tiempo los costos de cumplimiento», dio a conocer Pedro Cateriano ante el Congreso.

 

Medidas tributarias para impulsar la inversión privada

 

Cabe precisar que en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el presente Congreso, se desarrollaron medidas tributarias que están en plena ejecución, las mismas que han buscado contrarrestar los efectos negativos de la crisis en nuestra economía e incentivar la reactivación de la misma.

 

«Hemos identificado medidas adicionales que contribuirán a seguir incentivando la economía. Para tal fin, sustentaremos una delegación de facultades con el fin de postergar, de manera focalizada, la aplicación del límite de intereses basado en el indicador Ebitda, atenuar la carga tributaria del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), perfeccionar el mecanismo de depreciación acelerada y modificar el Régimen de Aplazamiento y Fraccionamiento Especial y el Régimen Especial de Recuperación
Anticipada a fin de incorporar un tratamiento especial para el sector turismo», precisó.

 

Asimismo, indicó que en los próximos días el Poder Ejecutyivo promulgará el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, mediante el cual se desarrollarán sistemas digitales que permitirán reducir las asimetrías de información y mejorar las operaciones de toda la cadena logística.

 

«Se ha remitido al Congreso de la República el Acuerdo Comercial entre Reino Unido y el Perú, para su aprobación, ratificación y entrada en vigor. Gracias a este acuerdo comercial, se permitirá que un 95% de productos peruanos ingresen libres de aranceles al mercado de Reino Unido; consolidando así nuestras exportaciones agrícolas en ese mercado, en el cual el Perú se posicionó en 2019 como el segundo proveedor latinoamericano de fruta», anunció.

 

Seguimiento a proyectos estratégicos

 

Pedro Cateriano señaló que en materia de seguimiento y monitoreo de la inversión privada es fundamental que el Estado cumpla con los plazos establecidos para darle predictibilidad a los inversionistas y es importante además evitar que proyectos de gran envergadura, con mucho impacto en el crecimiento económico y el empleo, sean trabados por procedimientos administrativos o plazos incumplidos por instituciones públicas.

 

«En este intento por permitir un avance más rápido de la inversión privada, hemos reforzado el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión (EESI), el cual se encargará de supervisar los proyectos de inversión privada más relevantes a fin de que puedan acompañar el desarrollo de proyectos de inversión claves para el crecimiento del país y emitir alertas al más alto nivel en caso de trabas o retrasos», expuso.

 

Cabe precisar que los proyectos seguidos por el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión forman una cartera de inversiones diversificada superior a los US$ 40.000 millones, y que, en un escenario conservador, debido a la emergencia sanitaria que experimenta el país, tienen pendiente de inversión para el presente año alrededor de US$ 1.900 millones de más de 3.000 considerados para el año 2020.

 

«Conforme a las previsiones de diferentes instituciones, tanto locales como internacionales, en 2021 se experimentará un crecimiento positivo del PBI conducente a revertir los efectos negativos de la crisis sanitaria. En este contexto, la cartera de proyectos sobre la que el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversión centrará sus esfuerzos proyecta inversiones superiores a los US$ 3.400 millones, lo que contribuye a asegurar la generación de 40 mil empleos durante la vigencia de estos proyectos», subrayó Pedro Cateriano.

 

Reactiva Perú y Compras Mype

 

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, informó que en esta segunda parte del año, la ampliación de Reactiva Perú continuará siendo un elemento importante en la recuperación de la actividad económica, proveyendo de recursos a las empresas para atender sus costos operativos mientras se estabilizan sus flujos de caja.

 

«Esta política exitosa ha permitido que empresas de diferentes tamaños tengan acceso al crédito a tasas históricamente bajas y en el marco de un sistema absolutamente transparente en donde la información de beneficiarios es pública. En lo que va de la segunda fase de Reactiva Perú ya se han colocado cerca de
S/ 22 mil millones, en donde más del 56% de este monto se ha destinado principalmente a las mypes», sostuvo.

 

De igual manera, reveló que con la finalidad de salvaguardar las actividades de las  micro y pequeñas empresas, se ha asignado S/ 736 millones para la adquisición, a través de Compras Myperu, de bienes manufacturados producidos por las mypes de los sectores metalmecánica, muebles, textil-confecciones y cuero y calzado, los cuales son de necesidad de distintas entidades del Gobierno. «Con esto, esperamos beneficiar a 10.000 mypes y generar alrededor de 100 mil puestos de trabajo directos en los próximos seis meses», comentó.




Pedro Cateriano: Conozca los objetivos para el sector Salud

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 objetivos de trabajo:

 

  • Continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos.

 

  • Crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo, con énfasis en la recuperación del empleo digno.

 

  • Seguir apoyando la educación en todos sus niveles, y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes.

 

  • Seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia.

 

  • Garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en 2021.

 

 1. Lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos

 

En su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de investidura, el Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, destacó que el primer objetivo del Gobierno es continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos.

 

Así, sobre la propuesta del presidente Martín Vizcarra de destinar S/ 20.000 millones de presupuesto para el sector Salud en el 2021, Pedro Cateriano detalló que el incremento de S/ 1.500 millones (entre el presupuesto de Salud de 2021 y de 2020) se destinará prioritariamente a reforzar el primer nivel de atención.

 

«En esta línea, como ha señalado el presidente Martín Vizcarra, los casi 32 millones de peruanos, hacia julio de 2021, contarán con un seguro de salud. Para tal fin, el proyecto del Presupuesto de 2021 asignará S/ 300 millones para terminar con el proceso de afiliación de 1 millón de compatriotas sin acceso al sistema de salud mediante campañas de afiliación a cargo 3 del primer nivel de atención en coordinación con los gobiernos locales. Confiamos que este Parlamento apruebe esta iniciativa», resaltó.

 

Sobre la cifra de muertes por la COVID-19, el Presidente del Consejo de Ministros reconoció que existen 27.253 fallecimientos que están en revisión sobre la causa básica de muerte. «Al 29 de julio, tenemos un registro global de 46.274 fallecidos en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) en el contexto de la pandemia. El registro oficial de fallecidos por el Covid es de 19.021, los que cumplen los criterios que el país ha definido para esta condición, según estándares internacionales y 27.253 fallecimientos están en revisión de la causa básica de muerte», expresó.

 

Asimismo, indicó que una de las acciones será la creación de una rectoría nacional en el sistema de salud a cargo del Minsa y cuyo objetivo será articular los servicios ofrecidos por el Ministerio de Salud, EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en época de crisis sanitarias como la actual.

 

«Para ello, conformaremos una comisión de alto nivel que, en 60 días, presente el proyecto de ley marco para la Creación de la Rectoría del Sistema de Salud, el cual será enviado al Congreso para su debate y aprobación», reveló.

 

Otra medida que el Poder Ejecutivo plantea realizar es incrementar los servicios de telemedicina en todo el territorio nacional con énfasis en el primer nivel; por ello, se dotará con equipamiento básico para la telemedicina a más de 4.000 establecimientos del primer nivel y a 135 del segundo nivel con una inversión de más de S/ 200 millones  lo que resta de 2020 y en el siguiente año, lo que lograría beneficiar al 80% de la población.

 

De igual manera, Pedro Cateriano comentó que en una primera etapa, para agilizar la culminación de 14 establecimientos de salud con una inversión de S/ 2.090 millones, en un plazo máximo de 90 días, se formará una unidad ejecutora en el marco de los proyectos especiales, la cual estará facultada para aplicar la misma metodología utilizada en los Panamericanos. «Con ello, se reducirían los tiempos de construcción de estos establecimientos. Con esta inversión, atenderemos una demanda poblacional de 1,2 millones de ciudadanos», manifestó.

 

CAMAS Y MEDICAMENTOS

 

Durante su discurso, Pedro Cateriano anunció que al terminar este Gobierno, la meta es llegar a 3.000 camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y a través del Ministerio de Salud (Minsa) se debe cerrar el año con la habilitación de más de 6.000 nuevas camas de hospitalización en módulos temporales en los hospitales Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales, Puente Piedra, de Lima Metropolitana, y en las regiones de Piura, Ucayali, Áncash, Arequipa, Cusco, Ica, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Lima Región.

 

También reveló que el Poder Ejecutivo propone la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, el cual será ejecutado en un plazo máximo de 90 días, y tendrá como finalidad el centralizar, bajo un único rector, todas las etapas regulación, autorización y de fiscalización aplicables a los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, eliminando así la fragmentación del accionar del Estado y promoviendo sinergias.

 

«Este organismo  autónomo también buscará asegurar la transparencia y eficiencia en los procedimientos para la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías médicas, eliminando las barreras burocráticas que restringen el acceso de medicamentos al mercado peruano, generando además normas específicas para dispositivos médicos. Y buscará proveer al público en general de información confiable y actualizada sobre la disponibilidad y precios de los medicamentos así como sobre la seguridad, riesgos y beneficios de estos con base en la mejor información científica disponible», explicó ante el Congreso.




Pedro Cateriano: Conozca los objetivos para el sector Educación

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 objetivos de trabajo:

 

  • Continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos.

 

  • Crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo, con énfasis en la recuperación del empleo digno.

 

  • Seguir apoyando la educación en todos sus niveles, y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes.

 

  • Seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia.

 

  • Garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en 2021.

 

3. Apoyo a la educación en todos sus niveles

 

Cateriano indicó que la actual coyuntura ha obligado a las escuelas y universidades a aplicar nuevas técnicas en los procesos de aprendizaje, utilizando métodos virtuales.

 

Los maestros y padres de familia han visto fortalecidos sus roles en estos procesos. Ello merece y requiere el apoyo y reconocimiento del Gobierno. Solo así los alumnos capitalizarán este esfuerzo y les permitirá continuar con sus ciclos educativos.

 

El Perú requiere de ciudadanos plenos y bien preparados para encarar la construcción de su futuro, con confianza y oportunidad. No podemos dejar pasar un minuto de nuestro tiempo en la formación de nuestros niños y jóvenes.

 

Por ello, Cateriano señala estar asegurando la calidad de todos los niveles educativos. Acerca de la educación básica, por primera vez, se regularán las condiciones mínimas de funcionamiento para colegios.

 

Para las instituciones educativas públicas, se prevé la formulación y ejecución de un plan de cierre de brechas. En tanto, el Ministerio de Educación (Minedu) ha publicado el proyecto de reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica para recibir comentarios de la ciudadanía en general. Este será evaluado por la Comisión de Calidad Regulatoria y se prevé que sea publicado a fines de setiembre.

 

Este proyecto incluye medidas para la lucha contra la ilegalidad. El Ministerio de Educación está trabajando en un plan en regiones focalizadas para continuar la detección y cierre de establecimientos o programas que operarían sin autorización. La meta es supervisar 1.152 instituciones educativas en lo que resta de 2020 y más de 4.800 en 2021. A la fecha ya se han sancionado 117 establecimientos.

 

En educación superior tecnológica y pedagógica, hemos realizado cambios estructurales en la evaluación de las solicitudes de licenciamiento y ampliaciones de oferta de institutos y escuelas de educación superior que garantiza que estos acrediten el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. No habrá licenciamientos parciales.

 

En los siguientes días publicaremos una resolución ministerial que aprueba criterios para la evaluación de las solicitudes de licenciamiento institucional. Esta norma brindará predictibilidad a las decisiones institucionales y permitirá consolidar y garantizar la evaluación y resolución integral sobre el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de las instituciones educativas.

 

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que se aprobará un nuevo reglamento de la Ley 30512, que desarrolla la nueva Norma Técnica de Condiciones Básicas de Calidad y fortalece la potestad supervisora y fiscalizadora del Minedu.

 

Por primera vez, se ha establecido que el Ministerio de Educación emplee la potestad de supervisión, fiscalización y sanción contra los institutos y escuelas tecnológicos y pedagógicos que aún no se han licenciado. Asimismo, esta norma permitirá velar por que la oferta educativa de los institutos y escuelas (licenciados o no) sea legal, se ajuste a las disposiciones técnicas emitidas por el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, y se centre en el estudiante.

 

En la educación universitaria, estamos en el tramo final de la reforma universitaria y de su consolidación. Se ha logrado un sistema universitario ordenado y sin ilegalidad: más de 1 millón de estudiantes acceden a universidades con condiciones básicas de calidad. A la vez, se han cerrado y sancionado a 13 falsas universidades, 73 programas y 52 establecimientos no autorizados.

 

Asimismo, se ha invertido más en investigación (337 millones en inversión por universidades privadas) entre 2015 y 2019 las universidades peruanas realizaron 14.327 publicaciones científicas en la base de datos Scopus. Ello representa un incremento del 173% con respecto al periodo anterior a la reforma.

 

Para consolidar los avances, necesitamos el financiamiento para la ampliación de oferta de las universidades públicas. El número de vacantes en las universidades públicas se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. A partir del proceso de licenciamiento dirigido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), de las 48 universidades con licencia denegada, 47 son privadas y solo 1 es pública. Ello ha generado que el número de universidades públicas licenciadas represente casi el 50% del sistema. En este sentido, es necesario financiar la ampliación de la oferta de las universidades públicas, para cubrir la demanda de los egresados de secundaria a nivel nacional.

 

Como parte de la propuesta del Minedu para el presupuesto público 2021, se iniciará el incremento de 15 mil nuevas vacantes públicas universitarias.

 

A la vez, se propone el desarrollo del Programa de Fortalecimiento Digital para las Universidades Públicas Conectados, que tiene como objetivo proveer de recursos a las universidades públicas para la ampliación de la oferta con condiciones de calidad y con los medios tecnológicos necesarios.

 

Como parte de este programa, se ha financiado un componente de educación virtual, donde organizaciones y universidades internacionales de primer nivel como Laspau de Harvard o el Tecnológico de Monterrey brindarán asistencia técnica a las 51 universidades públicas para mejorar la calidad de su educación remota o virtual durante el periodo de cinco meses, agosto-diciembre de 2020, por un monto equivalente a 30 millones de soles.

 

Con el objetivo de disminuir la brecha en infraestructura digital de las universidades públicas, se han elaborado y aprobado 17 inversiones por un total de 28 millones de soles para reponer equipos de cómputo (computadores y laptops) de laboratorios de computación o similares de los programas de estudio de pregrado de 17 universidades públicas. Asimismo, se ha propuesto el financiamiento de servidores web para 30 universidades públicas.

 

El Minedu aprobó el Decreto de Urgencia 1465, donde se autoriza a las universidades públicas a contratar servicio de internet por un total de 30,7 millones de soles a los estudiantes de bajos recursos bajo la focalización del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). Por ello, se propone incrementar el financiamiento para la contratación del servicio de internet por cinco meses a un grupo adicional focalizado, que incluye estudiantes y docentes, por un total de 41 millones de soles: 23.122 docentes nombrados y contratados activos en las universidades públicas. También ampliar la cobertura al 70% de estudiantes matriculados en universidades públicas.

 

Acerca del fomento e igualdad de oportunidades:

 

  • La educación remota de Aprendo en Casa ha llegado para quedarse: Ha sido un trabajo significativo el que hemos desplegado, al desarrollar y sostener en tiempo récord una estrategia multicanal que se viene aplicando desde el 6 de abril de 2020 a nivel nacional para garantizar el servicio educativo asegurando que los estudiantes continúen su proceso de aprendizaje a distancia atendiendo con conectividad y sin conectividad; y es por ello que además de la plataforma web, también se desarrollan sesiones en la programación de señal abierta de televisión y radio, con el soporte de medios de comunicación regionales y locales.

 

  • En el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid, se visibiliza aún más la urgencia de realizar una transformación profunda de la educación rural y EIB que promueva y genere las condiciones necesarias para la igualdad de oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes en estos contextos. Para ello, hemos desarrollado la estrategia de cierre de brecha digital (tablets) como proyecto multianual. La dotación de tabletas a estudiantes con mayor brecha de aprendizaje es una solución de tres años que promueve el cierre de estas brechas en la educación rural y en la educación intercultural bilingüe (EIB). Así, el 88,4% de los servicios educativos rurales de primaria y secundaria son beneficiarios en esta primera etapa.

 

  • Venimos trabajando intensamente en el fortalecimiento de la capacitación de docentes. Desde la plataforma de PerúEduca se han habilitado aulas virtuales. Desde junio de 2020 esta plataforma puede atender hasta 500 mil docentes en simultáneo debido a la mejora de infraestructura tecnológica.

 

  • Se dotará de planes de datos para celulares a los docentes a nivel nacional que garantice el acompañamiento a los estudiantes y el acceso a plataformas y recursos educativos, a través de la publicación de un decreto de urgencia de pronta publicación. La inversión estimada asciende a 93,4 millones en favor de más de 373 mil docentes de educación básica entre los meses de setiembre y diciembre.

 

  • Hemos creado la opción de Traslados a colegios públicos ampliando la capacidad del sistema para acoger a más de 110 mil niños y jóvenes que se estaban quedando sin posibilidades de continuar en el sistema privado.

 

  • Hemos aumentado las becas emblemáticas del sector: se incrementó los beneficiarios de Beca 18 en 47% solo entre 2019 y 2020, brindándole a nuestros jóvenes de menores recursos la oportunidad de acceder a educación superior de alta calidad que permita que salgan de la pobreza. Asimismo, hemos cuadruplicado el número de beneficiarios de Beca Permanencia desde el 2018 logrando con ello un récord histórico de becas otorgadas a estudiantes en universidades públicas.

 

Teniendo en cuenta que la inversión de las familias en educación superior puede estar en riesgo debido a las dificultades económicas que genera esta situación de emergencia, de manera complementaria a las 8 mil becas Permanencia, dirigidas a estudiantes en universidades públicas se ha creado la Beca y el Crédito de Continuidad de Estudios. Instrumentos a los que se ha asignado 106 millones y 27,5 millones de soles, respectivamente, para el financiamiento por un año de 10 mil becas y 3 mil créditos, dirigidos a estudiantes de universidades y/o institutos públicos y/o privados, afectados por la emergencia.

 

Se continuará en la ruta de aumentar las becas:

 

Ampliación de la beca Continuidad de Estudios: Recientemente se ha aprobado un decreto supremo que permite ampliar la meta de la Beca Continuidad de Estudios para 4 mil estudiantes adicionales de universidades privadas, con una inversión adicional de casi 50 millones de soles.

 

Nuevas becas y créditos: En los próximos meses se aumentará la escala de este esfuerzo. Pronabec otorgará 10 mil becas y hasta 7 mil créditos adicionales con condiciones de pago favorables para estudiantes de educación superior. Estas becas y créditos se otorgarán a partir de octubre de este año. Con todo ello, se habrán dispuesto hasta 42 mil beneficios para la atención de la emergencia durante el presente año (incluida la Beca Permanencia).

 

  • En el cierre de brecha de infraestructura, se verá la creación de proyectos especiales de infraestructura educativa (PEIPS): Como estrategia para el cierre de brechas de infraestructura educativa de manera oportuna, se encuentra en proceso la creación del PEIP Escuelas Bicentenario, que tiene como objetivo la ejecución de 75 proyectos de infraestructura educativa a nivel nacional en los próximos tres años, que beneficiará a más de 102 mil estudiantes con un monto total de inversión de 3 mil millones de soles. Este mecanismo tendrá herramientas que permitirán acelerar el ritmo de ejecución de inversión en infraestructura en el país, llegando a quintuplicar, en su segundo año de ejecución, el monto. Así, se multiplicará por cinco la ejecución de presupuesto en infraestructura educativa del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) en el segundo año de operación.

 

Se ha iniciado la instalación de aulas modulares adaptadas a las distintas condiciones bioclimáticas del país en beneficio de más de 200 mil estudiantes a nivel nacional. Al culminar el año, se tendrán más de 2 mil nuevas aulas modulares instaladas.

 

Se intervendrán a través de acondicionamientos de redes sanitarias y servicios higiénicos a 762 locales educativos en todas las regiones del país para beneficiar a más de 800 mil estudiantes, debiendo iniciarse la ejecución de los servicios en diciembre del 2020 y culminar en el primer trimestre de 2021 para el buen inicio del año escolar.

 

  • Trabajamos para atender la brecha de infraestructura y equipamiento en institutos tecnológicos y pedagógicos públicos. Se realizó la firma de convenios entre el Minedu y siete gobiernos regionales por un monto de inversión de 76 millones de soles, la cual permitirá otorgar recursos para mejorar la infraestructura y el equipamiento en siete institutos de educación superior tecnológicos (IEST) y dos institutos de educación superior pedagógicos (IESP).

 

  • A la fecha, se ha reiniciado la ejecución de 14 obras públicas paralizadas por la emergencia nacional con una inversión de más de 175 millones de soles, adicionalmente se reactivarán diez obras adicionales que representan un monto de inversión de más de 125 millones de soles. Estos Proyectos beneficiarán a más de 11 mil estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

 

Para darle sostenibilidad y visión de futuro, se aprobó el Proyecto Educativo Nacional al 2036, elaborado por el Consejo Nacional de Educación, el cual debemos difundir para marcar el derrotero de la Educación en el Perú para los próximos 15 años.




Pedro Cateriano: Conozca los objetivos para garantizar las Elecciones en 2021

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 objetivos de trabajo:

 

  • Continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos.

 

  • Crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo, con énfasis en la recuperación del empleo digno.

 

  • Seguir apoyando la educación en todos sus niveles, y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes.

 

  • Seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia.

 

  • Garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en 2021.

 

5. Garantizar las Elecciones en 2021

 

De acuerdo a la Constitución, el presidente de la República ha convocado a elecciones generales para el 11 de abril del próximo año.

 

Ello implica la necesidad de llevar adelante un proceso electoral impecable, pese a las condiciones complejas, para asegurar que todos los peruanos ejerzan derecho a elegir a sus gobernantes sin comprometer su salud.

 

La campaña electoral será atípica, dada la coyuntura, y nos corresponderá apoyar a los partidos y candidatos participantes a difundir sus propuestas con equidad y transparencia.

 

Nuestro Gobierno garantiza la absoluta neutralidad en su desarrollo.

 

Como demócratas, somos respetuosos de la independencia de poderes y es responsabilidad de este Gabinete trabajar coordinadamente, respetando los fueros de cada uno.

 

Somos conscientes de que el momento actual demanda, como nunca antes, anteponer posiciones personales y/o institucionales para lograr un bien superior.

 

Desde el Poder Ejecutivo, estamos dispuestos a mantener una relación permanente con el Congreso de la República para asegurar que nuestros esfuerzos converjan en conseguir ese bien superior y dar todo nuestro apoyo para asegurar que las leyes a ser aprobadas estén adecuadamente sustentadas.

 

Como Poder Ejecutivo, hemos saludado leyes aprobadas recientemente que optimizan la participación política de la mujer al introducir mejoras al régimen de paridad y alternancia en los tres niveles de Gobierno y dan representación a los peruanos que viven en el exterior.

 

Como Gobierno, estamos en contra de que en las elecciones venideras opere el voto preferencial, en la medida que alienta los intereses individuales de los candidatos y debilita a los partidos políticos. Estamos a favor de que los partidos presenten reportes de gasto durante las campañas electorales (y no solo al final de estas), se refuerce la franja electoral y se mejore el control del financiamiento político. Estamos a favor, también, de que sean los militantes, y no las cúpulas, los que tengan el poder para decidir quiénes serán sus candidatos, permitiendo una participación amplia de todos aquellos que cumplen los requisitos.

 

Naturalmente, creemos que los sentenciados en primera instancia no deben postular y que la inmunidad parlamentaria no debe ser sinónimo de impunidad. Además, resulta central tener reglas electorales claras y candidatos definidos antes del proceso. Por ello, promoveremos una nueva iniciativa para garantizar que se defina con la debida antelación la lista de candidatos y no tengamos dudas sobre quiénes pueden participar en el proceso electoral. No deseamos exclusiones en los momentos finales o candidatos habilitados muy cerca de la fecha de la elección.

 

Somos conscientes de que estas posiciones requieren ir construyendo consensos, y qué mejor que hacerlo en un espacio en el que, con los partidos inscritos, veamos cómo llegar a acuerdos, teniendo presente el resultado del referéndum de 2018, y pensando en la sostenibilidad de las políticas de Estado de cara al Bicentenario de la independencia.

 

Para julio de 2021, se aspira a lograr que el 100% de funcionarios obligados por ley registren sus declaraciones juradas de intereses firmadas digitalmente con su documento nacional de identidad (DNI) electrónico.

 

Además, hemos creado la Plataforma Única de Denuncias Ciudadanas, lo que permitirá un seguimiento de las denuncias que se formulen y garantizará las medidas de protección al denunciante con la reserva de su identidad. Esta plataforma ha sido desplegada en su primera etapa y estamos coordinando la segunda etapa con las entidades públicas para el desarrollo del módulo interoperable de gestión de las denuncias.

 

Pacto Perú

 

En su último mensaje a la Nación el presidente Martín Vizcarra planteó la necesidad en la recta final de su Gobierno de abrir espacio de diálogo que ha denominado Pacto Perú, que garantice la gobernabilidad y el normal desarrollo de las elecciones generales que se realizarán en nuestro año Bicentenario.

 

Con este propósito, el presidente Vizcarra iniciará una ronda de conversaciones con los dirigentes que forman parte integrante de este Congreso. Este pacto no es incompatible con otra clase de temas que son de interés nacional. La Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional organizará la agenda.

 

Este pacto, como dijo el presidente, debe ayudarnos a todos los peruanos a transitar este proceso de transición en paz con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña elector.

 

Naturalmente, el diálogo democrático también permitirá tratar los temas que las partes involucradas estimen necesarios en esta difícil coyuntura.

 

Considero que el plan que acabo de someter a consideración del Congreso de la República es realista, urgente y responde a las necesidades del momento actual.

 

El peor escenario para el país es una confrontación entre los poderes del Estado y un ambiente de ingobernabilidad. Nadie lo desea.

 

El equipo que me honro en presidir está comprometido con su ejecución en todos sus alcances, pero es claro que el éxito de su ejecución implica el compromiso de todos los peruanos.

 

Hoy, como nunca, debemos actuar como un solo puño para salir adelante ante la adversidad. La lucha va a demandar mucho trabajo, paciencia y sacrificio. Pero la recompensa será muy grande, pues estaremos contribuyendo a doblegar la pandemia y a seguir construyendo el Perú que soñamos.

 

Solicitud de voto de confianza

 

Expreso mi firme convicción de que el 28 de julio de 2021, cuando celebremos el Bicentenario de nuestra independencia, entregaremos las riendas del Gobierno a las nuevas autoridades con la serena satisfacción de haber cumplido con la compleja responsabilidad que nos ha tocado asumir.

 

Culmino así mi presentación ante ustedes, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución, y respetuosamente solicito el voto de confianza de la representación nacional, para el Gabinete Ministerial que tengo el honor de presidir.

 

Ratifico mi ofrecimiento de sudor, honestidad y conducta democrática. Sudor para trabajar de manera indesmayable en beneficio de todos los peruanos. Honestidad en todas y cada una de nuestras decisiones. Y actitud democrática siempre, siempre, siempre. En las actuales circunstancias, como dijo el gran poeta liberteño César Vallejo, «hay, hermanos, muchísimo que hacer».

 

Compatriotas, de este desastre haremos historia. Si nos empobrecimos, crearemos riqueza. Si es necesario colocar una piedra sobre otra, lo haremos así nuestras manos estén encallecidas. Seguiremos trabajando sin descanso hasta vencer a este enemigo invisible. Este es nuestro compromiso.

 

Cuento con ustedes y con todo el país para avanzar hacia construir un Perú con más y mejores oportunidades para todos.




Pedro Cateriano: Conozca los objetivos para la lucha contra la corrupción

El Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de investidura. Por este motivo, brindó un discurso que dividió en 5 objetivos de trabajo:

 

  • Continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos.

 

  • Crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo, con énfasis en la recuperación del empleo digno.

 

  • Seguir apoyando la educación en todos sus niveles, y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes.

 

  • Seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia.

 

  • Garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en 2021.

 

4. Lucha contra la corrupción y la delincuencia

 

Uno de los atributos de nuestra sociedad es su capacidad de vivir en paz, respetando las reglas de convivencia que la norman. En esta coyuntura tan especial, en esta etapa como consecuencia de la crisis económica, haremos todo aquello que sea necesario para preservar la tranquilidad ciudadana en todo el territorio nacional. Por ello, en la lucha contra la delincuencia, requerimos de más efectivos.

 

Para el presente año, se ha previsto el alta excepcional de 187 cadetes de la Escuela de Oficiales y 4.955 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyo presupuesto asciende a 96 millones de soles. Ellos serán asignados a 133 comisarías de zonas de mayor incidencia delictiva. Todo para fortalecer la presencia policial en las calles.

 

Además, en enero de 2021, se espera el egreso de 300 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP.

 

Por otro lado, mediante el Plan Fortaleza 2020, hemos realizado más de 40 mil operativos policiales en todo el país, con la desarticulación de más de 400 bandas criminales y la detención de más de 15 mil personas por diversos delitos. Implementamos el patrullaje integrado y operaciones de la PNP con el apoyo de las Fuerzas Armadas, el cual continuará hasta diciembre de 2020.

 

Para una respuesta más inmediata ante la presencia delictiva, emplearemos nuevas tecnologías y ampliaremos la cobertura del Sistema Informático de Planificación y Control del Patrullaje Policial (Sipcop) a ocho regiones adicionales a Lima y Callao con mayor incidencia delictiva del país.

 

Así, se permitirá que 600 comisarías utilicen tecnología para identificar «zonas calientes» y efectivizar su el patrullaje policial diario en estas zonas. Integraremos los sistemas de videovigilancia de las municipalidades de Lima Metropolitana con la central de emergencias 105 de la Policía Nacional. A la fecha, hemos iniciado los trabajos técnicos en 22 municipalidades. En este rumbo, integraremos los sistemas de comunicaciones por radio de la Policía Nacional, que permitirá que cerca de 700 comisarías en 11 ciudades del país estén interconectadas.

 

Para mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio policial, a diciembre de este año, inauguraremos 13 nuevas comisarías (en la actualidad tenemos 1.319). Además, inauguraremos la Base Policial de Cotabambas en Apurímac, la Escuela Técnica de Arequipa, la Escuela Técnico Superior de Mujeres de San Bartolo en Lima y un nuevo departamento de investigación criminal en el Callao, lo cual asciende a aproximadamente a 200 millones.

 

Asimismo, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, inauguraremos cuatro nuevos centros de emergencia Mujer (CEM) en comisarías, en las regiones de Arequipa y Paita. Antes de julio de 2021, entregaremos ocho nuevas comisarías en seis regiones del país, además de la Escuela Técnica de Tarapoto y un nuevo puesto de vigilancia de frontera en Tacna.

 

En cuanto a la lucha contra la violencia hacia la mujer y los miembros de la familia, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, durante el presente año se desarrollará un sistema de información de alerta de emergencia por la desaparición de niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

 

Todos nuestros esfuerzos se verán reflejados en la Política Nacional de Seguridad Ciudadana 2021-2031, que será presentada en enero de 2021.

 

Acerca de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pondremos en funcionamiento 36 nuevas sedes de laboratorios criminalísticos en diversas regiones del país. La inversión será de 32,4 millones de soles.

 

Además, continuaremos fortaleciendo e incrementando los megaoperativos en todo el país, con especial firmeza frente a los delitos de tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, extorsión, lavado de activos, terrorismo y trata de personas. Con respecto a la trata de personas, en el primer trimestre de 2021, se presentará la Política Nacional frente a la Trata de Personas y otras formas de explotación.

 

En nuestra lucha frontal contra la corrupción, hemos dispuesto el fortalecimiento de la Oficina de Integridad y del Órgano de Control Institucional del Ministerio del Interior. Asimismo, de la Inspectoría General de la PNP y del Tribunal de Disciplina Policial.

 

Observatorio de ejecución de obras

Asimismo, en el marco de la transparencia del uso de los recursos públicos, y a fin de fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía, de manera continua y transparente, la Presidencia del Consejo de Ministros informará con mayor detalle el avance de las inversiones. El objetivo es brindar mayor información periódica y actualizada que se sustente en los datos que generan los distintos sistemas de información, así como en las imágenes del avance de las obras.

 

Estableceremos, bajo responsabilidad de las entidades de los diferentes niveles de Gobierno, una sección especial en página web, que mostrará la información integrada de los diferentes sistemas del Estado relacionados con el avance de obra de las inversiones con soporte estadístico y digital. Además, la información presentada estará disponible a la ciudadanía para su descarga en el Portal Nacional de Datos Abiertos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Estas acciones se realizan para contribuir con i) la rendición de cuentas y confianza del ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y ii) la transparencia y acceso a la información para toda la sociedad civil, investigadores, prensa y otros actores relevantes. Esto último, con la finalidad de evidenciar las acciones realizadas por el Estado.

 

Por otro lado, antes de julio de 2021, se contará con el ISO Antisoborno 37001, el cual mejorará los mecanismos de rendición de cuentas, la transparencia en los procesos de contrataciones y las denuncias de actos de corrupción.

 

Para cerrar lo concerniente a la PNP, con un presupuesto de 179 millones de soles, para este 2020, se reforzará la prevención, el control y el tratamiento del Covid a favor del personal policial. A la vez, se asegurarán los servicios de salud al personal policial y sus derechohabientes (no-Covid) a nivel nacional con una inversión de 98,5 millones de soles.

 

Deshacinamiento en los centros penitenciarios

 

Con el fin de combatir el hacinamiento y reducir el riesgo de propagación y contagio del Covid en los establecimientos penitenciarios, para salvaguardar la vida, integridad y salud de las personas privadas de su libertad (que en el país, a hoy, suman 90.826 internos) y de los servidores penitenciarios, tomaremos decididas acciones para mejorar las condiciones carcelarias que hoy vulneran, sin duda, los derechos humanos.

 

En el marco del reforzamiento de la estrategia de contención, se están realizando pruebas a todos los internos y a nuestros héroes de primera línea, los servidores penitenciarios. La proyección es realizar pruebas a los 90 mil internos y los 11 mil agentes penitenciarios como máximo en setiembre.

 

Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) está en el proceso de contratación del servicio de grilletes electrónicos, una medida que consideró en enero de 2010. Hoy solo 24 personas se encuentran beneficiadas con la medida de vigilancia electrónica personal a nivel nacional. El objetivo inmediato es tener un servicio de hasta 2 mil grilletes a disposición para que el Poder Judicial, a nivel nacional, pueda emplearlos, sin costo para la persona con el grillete (lo que, en algunos casos, dificultaba su posible uso).

 

De manera paralela, se iniciará un proceso para la contratación del servicio de grilletes para el año 2021 en adelante, por más de 4 mil grilletes. Contar con estos dispositivos, permitirá que estas personas condenadas o procesadas por delitos no graves no ingresen a un establecimiento penitenciario, para que el número de población penitenciaria no siga en aumento.

 

El objetivo es que la aplicación de los beneficios penitenciarios, conversiones de pena, vigilancia electrónica (grilletes) o beneficios especiales de salida del país sean alternativas eficientes a la prisión con el objetivo de resocialización. Hay que tener en cuenta que no se considera a ningún condenado por delito grave —como violencia familiar, violaciones sexuales y crimen organizado— en la política de deshacinamiento del Poder Ejecutivo. Se da prioridad a adultos mayores, enfermos graves, personas con discapacidad, mujeres gestantes o madres cabeza de familia con penas menores de ocho años.

 

En materia de justicia, tanto en lo penal como en lo no penal, se tienen proyectos gigantescos, como el Expediente Judicial Electrónico (EJE), que recibirá el financiamiento del Banco Mundial. Así, los abogados podrán visualizar las 24 horas del día y todos los días del año el expediente desde sus casas u oficinas, mediante casillas electrónicas. Para averiguar el estado de su proceso, ya no será necesario acercarse en persona a las salas de lectura. Habrá un considerable ahorro de tiempo y en costos en traslados.

 

El objetivo es eliminar posibles ineficiencias en la tramitación y promover la interoperabilidad entre las instituciones del sistema de justicia. Atrás quedarán los juzgados atiborrados de expedientes y los problemas en la tramitación documentaria. Con ello, se deja atrás la justicia de papel y se aspira a que las demandas de justicia de la población sean atendidas en forma rápida y eficiente.

 

La inversión total del programa es de 158,13 millones de dólares. Este proyecto significará un cambio radical en la forma de impartir justicia.

 

También se ha logrado el financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del proyecto para la digitalización del expediente judicial en materia penal y el desarrollo de la carpeta fiscal electrónica. La inversión total del programa es de 200 millones de dólares.

 

Al igual que el Expediente Judicial Electrónico, la carpeta fiscal electrónica persigue también los objetivos de mayor rapidez y eficiencia en la tramitación de las denuncias respectivas.

 

Es importante mencionar que la gestión electrónica y automatizada de los procesos es uno de las prioridades del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, en la medida que la celeridad de los procesos contribuye a la reactivación económica. La tarea de un Gobierno democrático es que la justicia sea rápida, eficiente y libre de corrupción.

 

Desde la creación de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) en 2004, no ha habido un esfuerzo conjunto tan grande y sostenido para aspirar a reformar la justicia en nuestro país como el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. El Consejo, creado por impulso del Poder Ejecutivo, se encuentra integrado por las más altas autoridades vinculadas al sistema de justicia, con el mandato de impulsar la reforma del sistema de justicia a fin de que la justicia en el Perú sea rápida, eficiente y libre de corrupción.

 

El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia tiene como misión formular y ejecutar una política nacional de reforma del sistema de justicia, que sea integral y transversal a todas las instituciones que se encuentran vinculados con los procesos judiciales. Por ello, este espacio es vital, porque reúne a todos los componentes del sistema a fin de que la política a aplicar resulte coherente en todos los niveles. Esto contará con un renovado impulso por parte de este Gabinete.

 

Así, sin dejar de lado el respeto irrestricto a la autonomía de cada institución, se asegurará el impulso de una política consensuada para la reforma de la justicia. Temas como la modificación de los principales códigos del país, la revisión del rol de la Academia de la Magistratura, enfrentar la provisionalidad de jueces o fiscales o reforzar el rol del precedente y jurisprudencia vinculante para la predictibilidad y seguridad jurídica son parte de nuestra agenda prioritaria.

 

Teniendo reglas claras y logrando aminorar la demora en los procesos, se favorecerá a la reactivación económica, generando un mejor clima para los negocios, reduciendo las demoras en el cumplimiento de los contratos y una mayor predictibilidad. Seguridad jurídica y Estado de derecho como los mejores incentivos para la inversión.

 

Sumamos esfuerzos para una justicia oportuna, cercana al ciudadano, sin corrupción y que proteja los derechos, incluso durante la pandemia. Es central que la emergencia sanitaria no paralice el accionar de la justicia. Lo que está en juego son los derechos fundamentales de todos y todas.

 

El flagelo más grande que encara una sociedad para lograr su progreso y bienestar es la corrupción, que en el Perú significa 0,5 puntos del PBI. Se estima que el 10% del presupuesto de una institución pública podría derivarse a la corrupción. Es decir, tiene un gran impacto negativo en nuestra economía. Es tarea de la Policía Nacional, de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial encararla y combatirla con eficiencia y coraje. Durante la pandemia hemos observado con indignación el aprovechamiento ilegal de algunas autoridades en el manejo económico.

 

Sin embargo, en los últimos años se han obtenido logros extraordinarios en la lucha contra la corrupción, cuyos resultados nos alientan en la tarea de seguir construyendo un país más libre y más justo. Nos corresponde seguir apoyando sin restricciones el enorme trabajo que se viene desplegando en este tema tan relevante.

 

Por ello, desde nuestras funciones, hemos venido atendiendo, cuando corresponde, los pedidos de extradición que han sido requeridos por los jueces penales en casos por actos de corrupción muy importantes y de gran impacto para nuestro país, dándole prioridad, pero con el debido análisis y cuidado que esto amerita.

 

Asimismo, las procuradurías públicas especializadas, como defensores de los intereses del Estado, están realizando un trabajo de seguimiento e impulso de casos como el del expresidente Alejandro Toledo o el del exjuez supremo César Hinostroza. Estos exfuncionarios deben afrontar sus investigaciones en nuestro país y nuestro sistema de justicia debe determinar con autonomía e independencia su responsabilidad o no, según corresponda.

 

Además, desde 2017, el Estado peruano viene trabajando con las autoridades de los Gobiernos de Suiza y Luxemburgo, la suscripción de un acuerdo trilateral para repatriar aproximadamente 16 millones de dólares decomisados por estos Estados. Este dinero que, como se sabe, proviene de las actividades ilícitas de personas condenadas, como el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Superadas las coordinaciones técnicas, esta semana estaremos remitiendo toda la documentación y sustento solicitado por las autoridades de estos dos países, para la suscripción del acuerdo a fin de que la repatriación de estos activos ilícitos finalmente se concrete.




Cateriano: «Necesitamos restablecer la confianza con el empresariado nacional»

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció que dialogará con el sector privado e iniciará un proceso de destrabe de los proyectos con la finalidad de reactivar la economía, afectada por la pandemia.

 

Conoce el nuevo Gabinete Ministerial 2020

 

En declaraciones a RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros reconoció que es necesario “restablecer la confianza con el empresariado nacional en un diálogo franco y directo; la Presidencia del Consejo de Ministros está en la obligación de abrir las puertas a todos”.

 

Cateriano agregó que la tendencia populista del Congreso es lo que también ha afectado la confianza del empresariado nacional y extranjero. Por ello, reiteró que se compromete a dialogar con el Parlamento y confía en que se puedan entender.

 

“No es el momento oportuno para interpelar a los ministros, pues aún el país está en una emergencia sanitaria. Me comprometo públicamente a dialogar con todos. Estoy dando los pasos para demostrar que esa es la vía que tenemos en democracia para zanjar los problemas”, señaló el premier Cateriano.




Conoce el nuevo Gabinete Ministerial 2020

Este miércoles 15 de julio, se nombró al nuevo Gabinete Ministerial 2020 del mandatario Martín Vizcarra, de cara a su último año de gobierno a iniciarse el 28 de julio próximo. Entre los cambios figura el de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que ahora se encuentra liderada por Pedro Cateriano.

 

Conozca a continuación la lista completa de los nuevos ministros:

 

Presidente del Consejo de Ministros

Pedro Cateriano

Abogado y político peruano. Fue Ministro de Defensa y Presidente del Consejo de Ministros del Perú en el gobierno de Ollanta Humala. Formó parte del Congreso de 1990-1992, que fue disuelto por el expresidente Alberto Fujimori. Escribió el libro El caso García, una investigación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Alan García.

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Mario Juvenal López Chavarry

Diplomático y licenciado en relaciones internacionales. Fue director general para Asuntos Económicos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desempeñó cargos diplomáticos en España, Suiza, Santa Sede, Ecuador, Argentina, Venezuela, Surinam, Guyana y Panamá.

 

Ministerio del Interior

Jorge Eduardo Montoya Perez

Teniente general de la Fuerza Aérea del Perú en retiro. Gerente de Lufran Perú. Fue director general de Personal de la FAP y Director General de Educación y Doctrina. Ha sido comandante del Grupo Aéreo N°4 de la FAP y director general de Educación y Doctrina de la Escuela de Oficiales de la FAP.

 

Ministerio de Justicia

Ana Cristina Neyra Zegarra

Abogada y docente universitaria. Fue asesora del gabinete de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesora del Ministerio de Justicia, Secretaria Técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

 

Ministerio de Salud

Pilar Mazzetti Soler

Médica cirujana, neuróloga y política peruana. Durante el contexto de la pandemia por COVID-19 en Perú, fue nombrada directora del Comando de Operaciones COVID-19. Fue ministra de Salud ​​en el gobierno de Alejandro Toledo y ministra del Interior en el segundo gobierno de Alan García. Tiene un doctorado en neurociencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Martín Ruggiero Garzón

Abogado y máster en leyes. Fue asociado senior del estudio de abogados Payet, Rey, Cauvi, Pérez especializado en derecho laboral, derecho procesal laboral y derecho migratorio.

 

Ministerio de la Produción

José Salardi Rodríguez

Fue viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción (Produce) en el gabinete previo. Se desempeñó como Director General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en julio de 2018. Asimismo, fue designado como presidente del Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) en el 2017.

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Rocío Barrios

Fue ministra de la Producción en el gabinete anterior. Abogada con más de 20 años en la administración pública en el Ministerio Público, Congreso de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, desempeñando cargos directivos y viceministeriales.

 

Ministerio de Energía y Minas

Rafael Belaúnde Llosa

Consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliria, tierras y saneamiento físico legal en el sector minero. Fue jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Terriotiral de la Defensoría del Pueblo en 2007. Y también fue asesor en el despacho del Ministerio de la Producción y la Defensoría del Pueblo. En 2002 y 2005 fue gerente de campo de Cofopri.

 

Ministro de Transportes y Comunicaciones

Carlos Estremadoyro Mori

Fue viceministro de Transportes en el gabinete anterior. Ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recientemente fue viceministro de Transportes y también fue asesor del presidente Martín Vizcarra cuando se desempeñaba como presidente regional de Moquegua. Fue gerente regional de Lima de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el 2018. Entre los años 2016 y 2018 trabajó en la alta dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Carlos Lozada Contreras

Ingeniero civil peruano. Fue ministro de Transportes y Comunicaciones en el gabinete anterior. Fue director ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional en 2018.

 

Ministerio del Ambiente

Kirla Echegaray

Fue secretaria del Ministerio del Ambiente. Ha trabajado por más de 15 años en el sector público en sectores como la Presidencia del Consejo de Ministros, Vivienda, Agricultura y Salud.

 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Patricia Donayre

Abogada y política peruana. Fue congresista en representación de Loreto en 2000-2001 y 2016-2019 (Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra).

 

Asimismo, se mantienen su cargo en el nuevo Gabinete Ministerial 2020 los siguientes ministros:

 

Ministerio de Defensa

Walter Roger Martos Ruiz

 

Ministerio de Economía

María Antonieta Alva

 

Ministerio de Educación

Martín Benavides Abanto

 

Ministerio de Agricultura y Riego

Jorge Montenegro

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Gloria Montenegro

 

Ministerio de Cultura

Alejandro Neyra

 




Bustillos: Iniciativas fiscales deben visualizarse

La labor fiscal no tiene horario. Eso lo sabe perfectamente Naomi Bustillos, fiscal adjunta provincial titular del Quinto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien actualmente investiga la organización criminal liderada por el excalcalde de la municipalidad distrital Chavín de Huántar, Manuel Páucar, megacaso que a la fecha ya cuenta con 38 sentenciados. Este hecho le valió el premio del concurso Embajadores de la Integridad – 2019, organizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).

 

“La iniciativa que presenté fue la aplicación del artículo 58, numeral 7 del Código Penal, el cual nos dice que se puede suspender la pena privativa a una persona, a cambio de una pena suspendida de cuatro años bajo reglas de conducta, tales como pagar la reparación civil y registrarse mensualmente al control biométrico”, comenta Bustillos.

 

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Además de esas reglas, refiere que se pidió al juzgado que los sentenciados de este caso accedan al tratamiento penitenciario, a través de un programa de rehabilitación. Ello se logró con ayuda del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que brinda charlas mensuales y tratamiento psicológico y social, así como talleres a 27 condenados.

 

“Lo presenté como iniciativa y me causó gran alegría porque en realidad el beneficio es para ellos para evitar que vuelvan a reincidir”, añade Naomi Bustillos, quien decidió ser abogada inspirada en su padre, pues recuerda que tenía una capacidad de convencimiento única.

 

A nivel de la sociedad, la letrada señala que se necesita entender que un acto de corrupción tiene consecuencias, y por más mínimo que parezca no debe ser normalizado.

 

Otro tema que le preocupa, a propósito de este caso, es el programa de Protección a Testigos donde muchos colaboradores cumpliendo su rol de ciudadano vienen siendo amedrentados, poniendo en riesgo su propia vida.

 

Por otro lado, asegura que un buen fiscal tiene que ser práctico, no puede dar vueltas en un tema y problematizar en otro, pues la practicidad y la eficacia son necesarias en  nuestro sistema de justicia. “Como mujer debes ser práctica, tener los objetivos y horarios claros y nunca quedarte estancada, seguir investigando”, agrega.

 

Finalmente, recalca que hay muchas iniciativas fiscales que merecen ser visibilizadas, pues la suya no es la única y todas nacen del ejercicio de sus funciones.