El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, advirtió que el aumento de la criminalidad está reduciendo la productividad y competitividad de las empresas de nuestro país, por lo que consideró que la “inseguridad ciudadana” se ha convertido en uno de los principales enemigos para la recuperación económica.

“No es posible que, en lugar de invertir en sus negocios para generar más puestos de trabajo, las empresas deban destinar recursos a servicios de seguridad privada, que pueden representar hasta el 10 % de sus ingresos, o lo peor es destinar recursos para el pago de cupos”, cuestionó el líder empresarial tras su participación en la III Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana, organizada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.

En la cita, como en las dos primeras mesas de trabajo, intervinieron los representantes que forman parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por los principales gremios de transporte, bodegas, peluquerías y centros de belleza, ferreterías, panaderías, farmacias y boticas, empresarios de Gamarra y el conglomerado Amazonas, que representa a más de medio millón de micro y pequeños empresarios, así como las asociaciones de trabajadores de mercados, comedores populares y ollas comunes.

Ante el avance del crimen organizado que genera zozobra en el país, el representante de la CCL solicitó al Congreso de la República convocar a un segundo pleno legislativo sobre seguridad para legislar sobre las iniciativas presentadas por los gremios y asociaciones mencionadas durante las dos mesas de trabajo, denominadas ‘Comprometidos por la Seguridad Ciudadana: enfrentando juntos los retos y desafíos’, convocadas por la CCL.

“En estas mesas de trabajo, con la participación activa de los gremios y asociaciones empresariales, se formularon planteamientos que se han presentado al presidente del Congreso y a los voceros parlamentarios para que los puedan considerar en sus proyectos de ley. Es importante destacar que en ambas mesas se contó con el aporte del presidente del Congreso y parlamentarios, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y autoridades locales”, comentó el empresario.

INVERTIR EN SEGURIDAD ES INVERTIR EN LIBERTAD

El presidente de la CCL exhortó al Congreso de la República a legislar de manera objetiva, priorizando la seguridad ciudadana como pilar fundamental para garantizar la libertad y el desarrollo de nuestra sociedad. “Invertir en seguridad es invertir en libertad”, destacó De La Tore. Sin embargo, cuestionó la ausencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en las mesas de trabajo convocadas por los gremios y asociaciones empresariales y el Legislativo.

“La ausencia del ministro del Interior nos genera una grave preocupación sobre su compromiso para dar soluciones a las mipymes que son víctimas diarias de la delincuencia y del crimen organizado”, señaló el líder empresarial.

Asimismo, De La Tore indicó que el sector privado está de acuerdo en que debe restablecerse la norma de detención preliminar en casos de flagrancia. “Solicitamos al Congreso convocar a un segundo pleno para legislar sobre seguridad”, añadió.

PROPUESTAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El presidente de la CCL presentó algunas iniciativas elaboradas con la participación de los gremios, asociaciones y programas sociales en las dos mesas de trabajo: (1) modificaciones normativas para permitir las denuncias digitales, (2) implementar un sistema integrado de información de seguridad ciudadana, (3) incorporar a personal policial y licenciados de las fuerzas armadas en situación de retiro con el fin de reducir el déficit de personal de Policía Nacional del Perú, (4) modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que se plantea incorporar al Conasec al presidente de la República y al presidente del Congreso, a los gremios empresariales y a la sociedad civil, (5) dotar de recursos logísticos a la PNP, considerando la posibilidad de usar un porcentaje del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), y (6) implementar nuevas unidades de flagrancia e infraestructura penitenciaria a través de los mecanismos obras por impuestos y asociaciones público-privadas.

En tanto, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, destacó que las dos mesas de trabajo organizadas por la CCL están dando resultados concretos con la elaboración de proyectos de ley. Estos incluyen la creación de unidades de flagrancia, una ley que modifica y fortalece la capacidad operativa del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y una ley que declara en emergencia a la PNP.

Finalmente, el jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter), Erik Caso Giraldo, anunció que el jueves 20 de febrero se realizará una reunión con la CCL y los gremios de empresarios y asociaciones, en la que se discutirán las propuestas articuladas por el sector privado.

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El Decreto Legislativo N° 1373 (Ley de Extinción de Dominio) pondría en igualdad de condiciones a los delincuentes que tienen bienes y a los terceros de buena fe, dijo en Lima Gilmar Santander, exfiscal especializado en extinción de dominio y contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Santander destacó que la Extinción de Derecho de Dominio es un instrumento que garantiza la propiedad legítima; sin embargo, advirtió que, en el caso del Perú esto no se estaría cumpliendo.

El especialista colombiano brindó estas declaraciones en el marco del conversatorio «La Extinción de Dominio en el Perú: beneficios y aportes para la lucha contra el crimen organizado» convocado por la Comisión de Justicia, Constitución y Política de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Como se recuerda, en las últimas semanas se presentaron diversas denuncias del sector empresarial que señalan posibles excesos en la aplicación del DL 1373.

Santander destacó la importancia de encontrar equilibrio entre la eficacia del Estado en la recuperación de lo ilícito y la protección del ciudadano, por lo que recomendó que la referida Ley adopte el modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acogiéndose a las buenas prácticas, tal como lo hicieron en Colombia.

«Lo que vemos es que esas buenas prácticas no fueron acogidas en su totalidad aquí en Perú, especialmente las que tienen que ver con las garantías de tratamiento y por ello se dan casos que parecen excesivos o parecen injustos. Deben acogerse a las buenas prácticas, especialmente en la definición técnica de las causales, separar las de origen de las de destinación; en los parámetros claros para fijar una pretensión extintiva; en manejar factores de atribución subjetiva y el manejo de los terceros de buena fe«, detalló.

Por su parte, Javier de Belaunde, presidente de la Comisión de Justicia, Constitución y Política de la CCL, dijo que el proceso diseñado para combatir el crimen organizado en el país corre el riesgo de desbordarse, afectando a los empresarios cuyas actividades no guardan relación alguna con actividades ilícitas. «El texto de la referida norma ha generado preocupación en la colectividad y el sector empresarial, teniendo en cuenta que bajo su aplicación se corre el riesgo de que se impongan medidas cautelares de incautación a bienes lícitamente adquiridos«, precisó.

¿Esta ley no combatirá eficazmente el crimen organizado?

Otros expertos que participaron en el conversatorio fueron Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, quien señaló que se debe modificar la Ley porque vulnera el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución. Canelo refirió que, si bien la Ley actual establece un proceso especial para la extinción de dominio en casos vinculados a delitos graves, la preocupación radica en que estos procedimientos pueden afectar los bienes de una persona sin que exista un fallo judicial firme en su contra.

Añadió que la Ley invierte la carga de la prueba en detrimento del acusado, lo cual contradice el principio fundamental del derecho penal, donde recae sobre la parte acusadora la responsabilidad de probar la culpabilidad.

También participaron en el conversatorio Samuel Abad, exadjunto de la Defensoría del Pueblo; Enrique Ghersi, director del Estudio Ghersi Abogados; Luis Yshii, magíster en derecho en ciencias penales.

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Expertos nacionales e internacionales, convocados por la Comisión de Justicia, Constitución y Política de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en el evento denominado “La Extinción de Dominio en el Perú: beneficios y aportes para la lucha contra el crimen organizado”, coincidieron en que la Ley de Extinción de Dominio, Decreto Legislativo N.° 1373, debe impartir realmente justicia y no debe afectar el derecho a la propiedad de los ciudadanos que actúan de buena fe.

Cabe señalar que, en las últimas semanas, este tema ha cobrado especial relevancia, en tanto no solo se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad, promovida por el Defensor del Pueblo, en contra de diversos artículos del referido Decreto Legislativo; sino que, también, se han presentado diversas denuncias del sector empresarial que señalan posibles excesos en su aplicación; asimismo se ha dado la presentación del proyecto de ley N.° 3577/2022- CR, del parlamentario Jorge Morante. Ante este panorama, la CCL consideró importante generar un debate junto a expertos en la materia.

Durante su charla magistral en el evento, Gilmar Santander, exfiscal especializado en extinción de dominio y contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, destacó que la Extinción de Derecho de Dominio es un instrumento de justicia de recomposición del derecho jurídico y que garantiza la propiedad legítima, sin embargo, advirtió que, en el caso del Perú, no se estaría cumpliendo esto, teniendo en cuenta, que el Decreto Legislativo N.° 1373, pondría en igualdad de condiciones a los delincuentes que tienen bienes y a los terceros de buena fe, lo que repercute en caer en injusticias.

En ese sentido, destacó la importancia de que se logre encontrar un equilibrio entre la eficacia del Estado en la recuperación de lo ilícito y la protección del ciudadano, es por ello que recomendó que la referida Ley en el Perú, adopte el modelo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acogiéndose a las buenas prácticas tal como lo hicieron en Colombia.

“Lo que vemos es que esas buenas prácticas no fueron acogidas en su totalidad aquí en Perú, especialmente las que tienen que ver con las garantías de tratamiento y por ello se dan casos que parecen excesivos o parecen injustos. Deben acogerse a las buenas prácticas, especialmente en la definición técnica de las causales, separar las de origen de las de destinación; en los parámetros claros para fijar una pretensión extintiva; en manejar factores de atribución subjetiva y el manejo de los terceros de buena fe”, detalló.

Resaltó que el delito jamás podrá ser fuente de riqueza y es ante ello que se debe reaccionar. “¿Cuál es el derecho de propiedad que debe proteger el Estado, es aquel que se adquiere con justo título a través del trabajo”, recalcó?

Por su parte, Dino Caro, CEO en Caro & Asociados y presidente de la Asociación Peruana de Compliance (APC), durante su charla magistral, refirió que la amplitud del concepto de “origen ilícito” del Decreto Legislativo N.° 1373, permite “cazar” bienes de origen no delictivo y no necesariamente se afecta a las organizaciones criminales sino también a los ciudadanos de a pie, al informal, y al pequeño, mediano y gran empresario.

Durante el desarrollo de la Mesa Redonda: “La aplicación de la extinción de dominio en el Perú, impacto y análisis de casos prácticos”, Raúl Canelo, Decano del Colegio de Abogados de Lima, señaló que se debe modificar la Ley de Extinción de Dominio en el país, por vulnerar el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución. Refirió que, si bien la Ley actual establece un proceso especial para la extinción de dominio en casos vinculados a delitos graves, la preocupación radica en que estos procedimientos pueden afectar los bienes de una persona sin que exista un fallo judicial firme en su contra.

Destacó que la Ley invierte la carga de la prueba en detrimento del acusado, lo cual contradice el principio fundamental del derecho penal, donde recae sobre la parte acusadora la responsabilidad de probar la culpabilidad. 

También participaron en la Mesa Redonda, Enrique Ghersi, Director del Estudio Ghersi Abogados; Samuel Abad, socio en Hernández & Cia; el maestro en derecho en ciencias penales, Luis Yshii; Martín Ojeda, representante del sector transporte.

Como conclusión a lo señalado por los expertos nacionales e internacionales, el presidente de la Comisión de Justicia de la CCL, Javier de Belaunde, indicó que en efecto el proceso diseñado para combatir el crimen organizado en el país corre el riesgo de desbordarse, afectando a los empresarios cuyas actividades no guardan relación alguna con actividades ilícitas.

“El texto de la referida norma ha generado preocupación en la colectividad y el sector empresarial, teniendo en cuenta que bajo su aplicación se corre el riesgo de que se impongan medidas cautelares de incautación a bienes lícitamente adquiridos”, dijo. 

Destacó que la CCL busca reafirmar su compromiso con la integridad y el progreso de nuestro país y, por tanto, acogerá lo señalado por los expertos que han participado en el evento, para elaborar un documento que será enviado a las autoridades competentes. 

“La lucha contra el crimen y la corrupción, así como la defensa de la actividad empresarial, es un compromiso de la Cámara y juntos trataremos de construir un país más justo, seguro y más próspero”, dijo Javier de Belaunde.

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La Ley contra el crimen organizado promulgada hoy por el Congreso de la República, que cambia artículos del Código Penal y otras normas, debe ser corregida, pues pone en riesgo la seguridad ciudadana del país, exigió la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La Ley n.° 32108, que no fue observada por el Ejecutivo, genera graves trabas a la justicia en su lucha contra las organizaciones criminales y “desalienta la iniciativa de los emprendedores y empresarios para iniciar sus negocios y esto tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.

Por ejemplo, la ley estipula como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.

La norma promulgada deja fuera a 59 de los 91 delitos penales considerados graves, entre las que se encuentran el enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y el soborno internacional pasivo, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, tala ilegal, etc.

La CCL cuestiona que se considere como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.

La norma publicada carece de sustento técnico al extremo de haber modificado una ley derogada (Ley n.° 27379) referida al allanamiento de viviendas e inmuebles.

La Cámara de Comercio de Lima considera que, si una norma anterior podía generar algún abuso, esto se puede corregir, pero no se debe ir al extremo, debilitando la lucha contra el crimen organizado.

En tanto no se corrija la norma publicada hoy, los jueces tendrían la atribución constitucional de aplicar el control difuso, esto es que, durante un proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces optarán por la primera, inaplicando según sea el caso la norma promulgada.

Para la Cámara de Comercio de Lima, la referida norma abre un camino a la impunidad donde la delincuencia organizada, al ser una problemática trasnacional, atenta contra el crecimiento económico del país.

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CCL rechaza dictamen sobre crimen organizado que pone en riesgo la seguridad ciudadana

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) manifestó su opinión en contra de la aprobación, en primera votación en el Congreso de la República, del dictamen que propone modificaciones en artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado. Dicha iniciativa legislativa considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción. Al respecto, el gremio empresarial consideró grave que se ponga como requisito que organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto. En ese sentido, la CCL invocó al Parlamento a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen.

Advierte que supervisión de Contraloría a empresas eliminaría competencia privada

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL expresó su posición contraria respecto al Proyecto de Ley 7316/2023-CG, propuesto por la Contraloría General de la República ante el Congreso de la República. El propósito de dicha iniciativa es que la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control supervise y sancione a las empresas privadas que contratan con el Estado. Sin perjuicio a las acciones de lucha contra la corrupción y búsqueda de la integridad en el país, el referido gremio empresarial consideró que este dictamen, al incluir a las entidades privadas que trabajan con el Estado dentro del ámbito de supervisión de la Contraloría, podría interpretarse como un intento de eliminar la competencia privada y reemplazar a la autoridad del Poder Judicial. Al respecto, la CCL advirtió que, si ese proyecto de ley se aprueba, podría desalentar la participación de contratistas serios y honestos, tanto locales como internacionales.

Advierte sobre reinserción de maestros que desaprobaron evaluación docente

La CCL, a través del Gremio de Educación, advirtió sobre el nefasto precedente y el riesgo para miles de educandos que genera la aprobación en el Congreso de la República de la reinserción de los docentes que fueron cesados en 2014 por no haber aprobado la evaluación de entonces. Al respecto, la CCL señaló que viene trabajando en una propuesta de perfil docente que se entregará al Ministerio de Educación, el cual se pondrá a disposición para un debate con participación de todos los actores involucrados en la educación. El gremio empresarial instó a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias de esta medida y a tomar decisiones con un enfoque en el crecimiento y el desarrollo del país para los próximos años, más aún cuando apuntamos a integrarnos a la OCDE.

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PRONUNCIAMIENTO

Decisiones del Congreso de la República ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado

1. Los gremios empresariales y sindicatos de trabajadores del país rechazamos el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso de la República, que propone modificaciones en los artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, debido a que se pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.

2. Es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que tienen en zozobra a la población.

3. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.

4. Asimismo, estamos en total desacuerdo con que los allanamientos deban darse con la presencia del investigado y su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones e incluso facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.

5. Llamamos al Congreso de la República a que considere estas observaciones en la segunda votación del referido proyecto. Igualmente, esperamos que el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten su posición frente a las citadas modificaciones que, de prosperar, harán que los peruanos estemos más expuestos ante extorsionadores, asaltantes y secuestradores. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) se pronunció en contra del dictamen del proyecto de ley 5981/2023-CR presentado por el Congreso de la República, aprobado en primera votación, que propone modificar artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado, advirtiendo que la iniciativa pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país y el pleno desarrollo de las inversiones. 

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Al analizar el dictamen, se observa que la modificatoria considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los seis años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción. 

El gremio empresarial también cuestionó otras disposiciones del dictamen como el allanamiento a las propiedades, el cual debe darse con la presencia del imputado y de su abogado. Ello implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones, facilitando así el eventual encubrimiento de información y elemento de prueba para la investigación.  

Asimismo, consideró como grave que se ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto. 

Comisión de Seguridad Ciudadana

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Giovanni Conetta, expresó su preocupación al afirmar que, si el dictamen es aprobado, muchos de los delitos que hoy están tipificados en el Código Penal, dejarían de ser analizados bajo la perspectiva de crimen organizado.  

Para Giovanni Conetta, la norma “es una clara amenaza para la actividad empresarial y laboral, afectando también a la dinámica de las inversiones y el clima de negocios”. Supone además una clara afectación a la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y las economías ilegales; así como obstrucción a las funciones y las diligencias del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. 

Indicó que las empresas consideran diferentes aspectos para invertir en el país, siendo uno de ellos la seguridad jurídica, legal y social.

“En lugares de alta incidencia delictiva y la falta del imperio de la ley, los capitales extranjeros optarán por otros mercados más estables”, comentó. 

Sostuvo que actualmente no se han logrado avances significativos para reducir los niveles de delincuencia pese a la voluntad e iniciativa por parte del Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional, instituciones que requieren de mayores recursos. 

Ciudadanos más expuestos a delincuencia

Ante estas observaciones que generan preocupación, la Cámara de Comercio de Lima invocó al Congreso de la República a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sentar su posición frente a esas modificaciones que, de prosperar, harán que los ciudadanos estén más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores. 

Así también, la CCL exhortó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) a sostener prontamente reuniones con los diferentes gremios empresariales para trabajar y definir una política clara contra el crimen organizado. 

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CCL: Dictamen sobre crimen organizado pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana

1. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) advierte que la aprobación, en primera votación en el Congreso de la República, del dictamen que propone modificaciones en artículos del Código Penal y otras normas que luchan contra el crimen organizado pone en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país.

2. Cuestionamos la modificación que considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción.

3. Asimismo, rechazamos que los allanamientos deban darse con la presencia del interesado y de su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones y facilitar el eventual ocultamiento de pruebas de los casos.

4. También consideramos grave que se ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto.

5. Invocamos al Congreso de la República a tomar en cuenta estas consideraciones en la segunda votación del referido dictamen. Mientras tanto, el Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sentar su posición frente a esas modificaciones que, de prosperar, harán que los ciudadanos estemos más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores.

La nueva jerarquía en la Policía Nacional para conservar el Orden y la Seguridad tiene finalidades específicas, principalmente operativas, de disuasión y prevención del delito y permite cerrar la carencia de personal policial en las calles.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Giovanni Conetta, precisó que esta nueva unidad en la policía desconcentra labores y permite que el personal más experimentado pueda dedicarse íntegramente a la estrategia e inteligencia para el combate de bandas criminales organizadas y terroristas. “La criminalidad sigue ganando terreno y la población no puede esperar entre 3 o 5 años para tener más policías en las calles”, anotó.

Asimismo, “esta nueva categoría de policía sirve para disuadir la comisión de delitos comunes, prestar auxilio inmediato a los ciudadanos y se constituye como un brazo operativo para la prevención del delito y no debe confundirse su rol con otras labores de mayor especialización como la lucha contra las bandas criminales organizadas que demanda un mayor tiempo de formación”.

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Por otro lado, manifestó que es necesario ofrecerles a los jóvenes el equipamiento necesario para salvaguardar su integridad, capacitación continua, así como condiciones de contratación que incluya seguros de vida y de salud. “Ellos arriesgarán su integridad para cuidarnos”, subrayó.

Conetta consideró necesario también, que la selección inicial de los nuevos policías debe ser transparente y se elija a los candidatos más idóneos y que estén realmente comprometidos con nuestra seguridad.

Finalmente, refirió que esta categoría policial ha sido implementada en países de la región como Ecuador y Colombia con resultados satisfactorios por lo que “la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL saluda que el Gobierno fomente la creación de nuevos puestos de trabajo para la policía y solicita se agilice la creación de esta nueva unidad para que se incorporen los 8 000 efectivos, así como su pronta reglamentación”.