El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que los procesos burocráticos del Gobierno y los conflictos sociales frenan el desarrollo de la actividad minera, poniendo en riesgo inversiones por US$ 5.829 millones para el periodo 2023-2026, relacionadas a diez proyectos nuevos y de expansión.

El gremio empresarial consideró que los plazos otorgados para los trámites y entrega de permisos son un lastre para la actividad minera, pues afecta la velocidad a su crecimiento.

“Países como Canadá, Australia y Chile superan largamente a Perú en el otorgamiento de estos permisos. Por ejemplo, obtener un permiso de explotación temprana puede tomar unas cuatro semanas en Canadá, unos meses en Chile, pero en Perú el plazo es casi año y medio, situación que afecta el atractivo de inversión más aún en tiempos en que el precio de los minerales va en aumento”, sostuvo el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

Subrayó que la lentitud de estos procesos es sumamente preocupante, ya que no solo afecta a nuevos proyectos, cuyas aprobaciones de trámites y permisos para autorizar su inicio pueden tomar hasta tres años, sino también en aquellos proyectos mineros que buscan expandir su vida útil.

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Este es el caso de la mina Inmaculada (Ayacucho), que al encontrarse cerca de su etapa final de operación (fines de 2023), ha solicitado -mediante la segunda Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)- expandir su vida útil hasta el año 2041, con una inversión de alrededor de US$ 4.436 millones.

Cabe advertir que, para proyectos en operación, el trámite de ampliación de vida útil no debería tomar tanto tiempo, más aún si existe de por medio el visto bueno de entidades como los ministerios de Energía y Minas, del Ambiente y de Cultura.

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PROYECTOS MINEROS

Entre los proyectos mineros en construcción que están a la espera de ampliación están las minas Santa María (La Libertad) y Shouxin (Ica), que culminarían este año; y la de Toromocho (Junín), que culminaría en 2024.

Asimismo, el proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua) concluiría en 2025. Para este año se espera el inicio de construcción de los proyectos Magistral (Áncash), Romina (Lima), Reposición Antamina (Áncash) y Corani (Puno).

Por su parte, para el 2024 se estima el inicio de construcción de solo dos proyectos, los cupríferos Yanacocha Sulfuros (Cajamarca) y Zafranal (Arequipa). Cabe resaltar que, a diferencia de países de la región, en el Perú no se prevé la construcción de algún proyecto de litio, pues solo hay uno en fase exploratoria.

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“De no surgir alguna alteración en los cronogramas de estos diez proyectos, el Gobierno podría asegurar, al menos, la inyección de aproximadamente US$ 1.500 millones anuales durante el periodo 2023-2026. Esta cifra es inferior a los aproximadamente US$ 2.000 millones anuales que se esperaban para dicho periodo algunos años atrás. Esto se debe a que la cantidad de proyectos cancelados o postergados ha sido mayor a la cantidad de proyectos nuevos o con inicio programado”, aseveró Chávez.

Desde el 2018, se han cancelado alrededor de quince proyectos mineros, entre ellos tres de fosfato; y se postergó indefinidamente el inicio de la construcción de proyectos como Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca), Ariana (Junín) y Trapiche (Apurímac), entre otros.

Óscar Chávez reiteró que la tramitología y demoras en permisos, además de los conflictos sociales y protestas antimineras, han hecho que el Perú pierda competitividad en lo que se refiere a inversiones mineras.  Mientras Chile asegura su producción futura con altas reservas y buena situación de sus proyectos de ampliación en curso, Perú agranda los riesgos de perder su hegemonía como el segundo productor mundial de cobre, esto después de que República Democrática del Congo acrecentara su nivel de inversión tras la reciente concesión de Kamoa-Kalula, mina que proyecta convertirse en el tercer complejo de cobre más grande a nivel mundial para el año 2024.

A esta ventaja se suma la alta calidad del mineral medido a través de la Ley de Cobre que en el caso de Kamoa llega al 5%, Chile 0,51% y Perú 0,41%.

“Si Perú no acelera medidas certeras para alentar las inversiones mineras es muy probable que sigamos perdiendo espacio en el mercado mundial. Aún estamos a tiempo de actuar”, sostuvo Óscar Chávez.

El sector automotriz del Perú registró una caída de -2,16% en enero del 2023, lo que significa su segundo descenso consecutivo. Esto se debe a la disminución de la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores, por menor demanda de repuestos y alza de precios de los neumáticos, señaló la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Similar tendencia a la baja registró la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios.

Sin embargo, se incrementó la comercialización de vehículos livianos (camionetas todoterreno, Pick Up, furgonetas) por la normalidad de las actividades presenciales (laboral, educativa y de entretenimiento); situación similar experimentó la venta de vehículos pesados (camiones y tracto – camiones, minibús, ómnibus) por la demanda de sectores como construcción, comercio mayorista, manufactura y transporte de personas, refirió la AAP.

De igual manera, el mantenimiento y reparación de vehículos automotores aumentó por demanda de reparaciones mecánicas (de motor y suspensión) ante mayor circulación.

Economía peruana

La AAP pudo constatar, luego de revisar cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que la economía peruana inició el 2023 con una contracción de -1,12%, menor a lo esperado por el mercado (-0,9%), y su primera caída luego de 22 meses de crecimiento anual consecutivo.

Según el INEI, dijo el gremio, la actividad económica del Perú país se deterioró debido a la contracción de los sectores: Construcción, Telecomunicaciones y otros servicios de información, Minería e hidrocarburos, Financiero y seguros y Transporte, almacenamiento, correo y mensajería. Sin embargo, otros sectores productivos mostraron aumento como Alojamiento y restaurantes, Pesca, Comercio, Manufactura, Administración pública, Agropecuario, Electricidad, Servicios Prestados a Empresas y Otros servicios.

Asimismo, la AAP resaltó que la producción nacional en enero último se vio afectada por los conflictos sociales, que derivaron en paralización de labores, bloqueo de carreteras, cierre obligado de mercados, impedimento de libre tránsito de personas y mercaderías, entre otras afectaciones, ocurridas en algunas zonas del país.

El gremio automotor al analizar los principales componentes de la demanda interna, observó que la inversión en construcción registró disminución de 11.70% y el consumo de los hogares, evidenciado en los resultados de las ventas al por menor, reportó una variación de 2.02%.

Por otro lado, se contrajo la demanda externa, reflejada en las menores exportaciones (-27.97%) por la disminución de los envíos de productos tradicionales (-42.08%). Asimismo, agregó, la producción nacional durante los últimos doce meses, febrero 2022-enero 2023, presentó un incremento de 2.35%. En tanto, el índice desestacionalizado de la producción nacional de enero de 2023 registró una variación de -1.36%, respecto al mes inmediato anterior.

“Al desagregar la información por sector económico, se observa que, el Comercio avanzó 1.24% durante el primer mes del 2023 a tasa anual, como consecuencia del incremento en las ventas al por menor (2.02%) y al por mayor (1.35%). Sin embargo, este resultado inicial fue atenuado parcialmente por el descenso que mostró la actividad automotriz (-2.16%)”, enfatizó la AAP.

Proyecciones primer trimestre

Para el gremio automotriz, el resultado registrado en enero de este año responde, en gran medida, al aumento de la conflictividad social en varios puntos del país, el mismo que se ha mantenido en febrero, aunque focalizado a solo algunas regiones, por lo que se esperaría que en el segundo mes también se reporte un débil desempeño.

“A ello se ha sumado las alteraciones climatológicas en gran parte de la costa peruana, que ha provocado el aumento de lluvias y desborde de ríos, inundando vías importantes y dificultando el paso del transporte terrestre. Esto traería consecuencias importantes a las diferentes actividades económicas, además de un eventual encarecimiento de productos, principalmente alimentos», sentenció.

En ese sentido, el primer trimestre del presente año viene siendo bastante desafiante, por lo que resulta de vital importancia que las autoridades atiendan con urgencia y eficiencia los principales problemas que aquejan el país, puntualizó.

La economía peruana cayó 1,12% en enero del 2023 al compararla con similar mes del año 2022, luego de 22 meses de crecimiento ininterrumpido, debido, entre otros factores, a los conflictos sociales que derivaron en paralización de labores, bloqueos de carreteras, cierre obligado de mercados, impedimento de libre tránsito de personas y mercaderías, ocurridos en algunas zonas del país, señaló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El resultado se sustentó en el desenvolvimiento adverso de cinco de los principales sectores económicos como son: Minería e Hidrocarburos; Construcción; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Financiero y Telecomunicaciones, según el informe técnico Producción Nacional del INEI. Asimismo, durante febrero 2022 – enero 2023, la economía nacional aumentó en 2,35%.

Producción Agropecuaria creció 1,89%

La producción Agropecuaria aumentó en 1,89% por el comportamiento positivo del subsector agrícola en 4,93%, al registrar mayores volúmenes de palma aceitera (15,3%), cacao (11,5%), alfalfa (10,1%), uva (8,6%), mango (7,9%), arroz cáscara (5,0%) y plátano (4,1%); ante las condiciones climáticas registradas en la costa peruana que presentaron temperaturas por encima de lo normal.

Sin embargo, en la sierra se reportó ausencia de lluvias y veranillos (periodo seco de corta duración de 10 a más días) de manera prolongada, y en la selva se registraron lluvias por debajo de lo normal; no obstante, estos factores no perjudicaron el normal crecimiento y fortificación de los cultivos en algunas zonas del país.

Por el contrario, el subsector pecuario disminuyó en 2,35% por efecto de los menores volúmenes de producción de ave (-4,4%), lana (-2,3%), ovino (-1,9%) y huevos (-0,7%), refirió el INEI.

Pesca aumentó en 32,96%

En el primer mes de este año, el sector Pesca creció en 32,96% determinado por la mayor extracción de especies de origen marítimo (37,27%), con incremento en el consumo humano indirecto (recurso anchoveta para harina y aceite de pescado), registrándose una extracción de 546 831 toneladas que, frente a las 111 127 toneladas reportadas en enero 2022, significó un incremento de 392,08%, resultado que se registró en el 3er. mes de la Segunda Temporada de Pesca 2022 en la Zona Norte-Centro del litoral peruano.

Sin embargo, disminuyó el desembarque de especies para consumo humano directo (-26,34%), para la elaboración de enlatado (-44,1%) y congelado (-36,6%); no obstante, crecieron los embarques destinados a la preparación de curado (11,1%) y para consumo en estado fresco (3,2%). Además, la pesca de origen continental se contrajo 0,22% por la menor extracción de especies para congelado y preparación de curado.

Minería e Hidrocarburos se contrajo 3,61%

El sector Minería e Hidrocarburos disminuyó en 3,61% como resultado de la contracción de la actividad minera metálica en 3,63% por los bajos volúmenes de producción de estaño (-62,5%), plata (-19,9%), molibdeno (-12,4%), zinc (-6,9%), oro (-6,8%), plomo (-6,7%) y cobre (-1,6%); mientras que, subió la producción de hierro (51,7%).

Asimismo, el subsector de hidrocarburos se redujo en 3,5% sustentado por la menor explotación de petróleo crudo (-16,7%) y de líquidos de gas natural (-3,3%); sin embargo, creció la producción de gas natural (8,2%).

Manufactura se incrementó en 1,08%

En enero de este año, según el Ministerio de la Producción, el sector Manufactura creció en 1,08% impulsado por el subsector primario (13,56%); sin embargo, disminuyó la producción del subsector no primario (-3,16%). El desempeño del subsector primario se vio influenciado por la mayor elaboración y conservación de pescado (57,1%), elaboración de carne (6,7%) y la fabricación de productos primarios de metales preciosos (2,6%); mientras que, disminuyó la rama de fabricación de productos de la refinación de petróleo (-5,6%) y de elaboración de azúcar (-2,3%).

Por el contrario, la caída del subsector no primario estuvo determinado por la menor actividad de sus tres componentes: bienes intermedios (-6,65%), bienes de consumo (-0,30%) y bienes de capital (-4,12%)

En 3,30% aumentó el sector Electricidad, Gas y Agua

El sector Electricidad, Gas y Agua creció 3,30% por efecto de la generación de energía eléctrica (4,01%); sin embargo, disminuyó la distribución de gas (-0,40%) y producción de agua (-0,95%). El resultado del subsector electricidad fue producto de la mayor generación de energía de origen termoeléctrica (18,4%); en tanto que, se redujo la generación de energía de origen hidroeléctrica (-3,7%) y energía renovable no convencional (-0,9%).

La producción de agua disminuyó, luego de sumar resultados positivos por 17 meses continuos, asociado a la baja producción de agua potable de la empresa Sedalib (-7,5%), Seda Chimbote (-4,7%), Sedapar (-3,0%) y EPS Grau (-0,7%); no obstante, se incrementó la producción de Epsel (2,6%) y Sedapal (0,6%), entre las principales.

La reducción en la distribución de gas, por segundo mes consecutivo, es explicado por la menor demanda de las Generadoras Eléctricas (-5,5%); sin embargo, subió la distribución de gas a las Empresas (27,7%) y a establecimientos de expendio de Gas Natural Vehicular (24,9%).

Construcción disminuyó 11,70%

En enero 2023, la producción del sector Construcción se redujo en 11,7% como resultado del menor consumo interno de cemento (-15,12%); en tanto que, creció el avance físico de obras públicas (24,55%). El resultado del consumo interno de cemento es explicado por la reducción en obras privadas y la autoconstrucción; adicionalmente, influyó el conflicto social con el consiguiente bloqueo de carreteras, en determinadas zonas del país, que generaron la cancelación de pedidos y suspensión de la jornada laboral en algunas obras, así como en la construcción de edificaciones.

Por otro lado, el aumento del avance físico de obras se observó en los ámbitos de gobierno: Nacional (100,7%) que fue atenuado por la menor inversión realizada en el ámbito del gobierno Local (-56,6%) y Regional (-37,5%); asociado al cambio de autoridades e inicio de una nueva gestión regional y local. Entre las obras del gobierno nacional que aumentaron, figuran obras de ampliación de sistemas de saneamiento e incluso la recuperación de hospitales y centros médicos, y colegios.

Comercio se expandió 1,24%

El sector Comercio aumentó en 1,24% por efecto del desempeño favorable de la venta al por mayor (1,35%) de equipos electrónicos y telecomunicaciones; maquinaria y equipo; combustible y productos derivados; enseres domésticos por útiles de oficina y escolar por “Campaña escolar”, entre otros. La venta al por menor (2,02%) estuvo asociada a la demanda de libros y artículos escolares, prendas de vestir por campaña de verano, grifos y autoservicios. No obstante, disminuyó la venta y la reparación de vehículos (-2,16%) por la baja demanda de accesorios de vehículos de transporte.

Transporte, Almacenamiento y Mensajería se redujo en 2,94%

En enero del presente año, el sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería disminuyó 2,94% como resultado del comportamiento desfavorable del subsector Almacenamiento y Mensajería (-15,35%), comportamiento que fue atenuado por el avance del subsector Transporte (3,46%). El subsector Almacenamiento y Mensajería se vio afectado por el menor requerimiento de servicio de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (-15,6%), así como de las actividades postales y mensajería (-10,3%).

El resultado favorable del subsector transporte se basó en el desenvolvimiento del transporte por vía aérea (24,3%) por mayor movimiento de pasajeros; mientras que, disminuyó en los otros sistemas de transporte donde se observó el impacto de los conflictos sociales, que incidió negativamente en el transporte por vía terrestre y tuberías (-3,1%) por el menor tráfico de pasajeros y carga por vía férrea (-40,9%) y la reducción del transporte por carretera (-3,0%), por el menor movimiento de carga (-8,5%).

También, mostró comportamiento desfavorable el transporte por vía acuática (-10,1%), asociado al menor requerimiento de transporte en vía marítima de mercancías y vía fluvial, tanto de pasajeros, como de carga.

Alojamiento y Restaurantes aumentó 7,99%

La producción del sector Alojamiento y Restaurantes creció en 7,99% impulsado por la mayor actividad del subsector restaurantes (9,3%); en tanto que, disminuyó el subsector alojamiento (-4,3%). La variación registrada del subsector restaurantes se sustentó en la mayor afluencia de clientes, principalmente familias ante el inicio de temporada de vacaciones; influenciado por la presentación de nuevas cartas, promociones y descuentos de verano, extensión de horarios de atención, alianzas comerciales y mayor cobertura del servicio delivery.  Por el contrario, el subsector Alojamiento disminuyó a consecuencia de la reducción del flujo turístico ocasionado por los conflictos sociales y bloqueo de carreteras.

En 9,26% se redujo el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información

Durante el mes de estudio, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información disminuyó en 9,26%, como resultado del subsector telecomunicaciones (-10,27%) y el subsector otros servicios de información (-0,42%). En el subsector telecomunicaciones disminuyó los servicios de transmisión de datos (-20,8%) y telefonía (-14,9%), tanto fija como móvil; no obstante, creció el servicio de internet y televisión por suscripción (1,0%). La contracción del subsector otros servicios de información estuvo determinado por la reducción de las actividades de edición (-12,9%), programación de TV y radio (-5,5%); en cambio, crecieron programación informática (1,1%) y la actividad de producción y exhibición de películas y programas de TV (42,6%).

En 5,95% disminuyó la producción del sector Financiero y Seguros

El sector Financiero y Seguros se contrajo en 5,95% como resultado de los menores créditos (-5,6%) y depósitos (-6,5%) de la banca múltiple. Según segmento, mostraron tendencia a la baja créditos dirigidos a las corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas (-11,4%), así como los créditos hipotecarios para vivienda (-0,9%); no obstante, crecieron los créditos de consumo (13,7%). Según, sectores económicos presentaron variación negativa los créditos orientados al sector comercio; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; manufactura; transporte, almacenamiento y comunicaciones, y construcción.

Por otro lado, se evidenció la reducción de los depósitos de la banca múltiple en los rubros de: Depósitos de Ahorro (-16,0%), Depósitos a la Vista (-15,9%) y Depósitos por Compensación por Tiempo de Servicios                (-14,8%); en cambio, aumentaron los Depósitos a Plazo (25,4%).

Sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 0,65%

El INEI informó que, el sector Servicios Prestados a Empresas aumentó en 0,65% por efecto de las agencias de viajes y operadores turísticos (9,6%), publicidad e investigación de mercados (3,8%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (0,8%); sin embargo, reportaron disminución las actividades de servicios administrativos y de apoyo a empresas (-0,6%). La variación obtenida estuvo influenciada por el dinamismo del turismo interno y turismo emisor. Igualmente, la actividad de publicidad se vio favorecida por el lanzamiento de campañas publicitarias por estación (temporada de verano y campaña escolar), alquiler de paneles publicitarios por verano. En cambio, se redujeron las actividades de servicios administrativos y apoyo por reducción de campañas vía call center, cartera morosa, agencias de empleo y alquiler de vehículos.

En 2,13% se incrementaron los Servicios de Gobierno

Durante enero de este año, los Servicios de Gobierno crecieron en 2,13% producto de las mayores actividades realizadas por instituciones del Gobierno Nacional, Regional y Local. El sector de Administración Pública aumentó en 2,1%, sustentado en las actividades del sector de Relaciones Exteriores, el sector Educación, el Sector Economía y Finanzas, entre los principales. El sector Defensa aumentó en 2,1%.

Hasta el 2021, nuestro país calificaba como democracia defectuosa; pero en el 2022, descendió a un régimen híbrido. El intento de cierre del Congreso  con el autogolpe del siete  de diciembre, la destitución del expresidente y las protestas sociales, son las causas de estos resultados.

La Carta fundacional de las Naciones Unidas de 1945, no incluyó la palabra democracia; pero el organismo señala que las palabras iniciales “Nosotros los pueblos” reflejan el principio fundamental democrático de que la voluntad de la población es la fuente de legitimidad de los estados soberanos; y por consiguiente, de las Naciones Unidas en su totalidad. Pero, en la práctica no existe un consenso sobre cómo definir democracia, siendo muchas veces tratada como sinónimo de libertad.

Se puede aspirar a identificar características básicas donde se logre el mayor consenso. En esa dirección, se considera a la democracia como un gobierno basado en el gobierno de la mayoría y el consentimiento de los gobernados, con la existencia de elecciones libres y justas, la protección de los derechos de las minorías y el respeto de los derechos humanos básicos. La democracia puede verse como un conjunto de prácticas y principios que institucionalizan y protegen la libertad.

Índice de Democracia

The Economist Intelligence (EIU) va más allá y busca medir la democracia. Dicha institución afirma que las medidas de democracia, que reflejan el estado de las libertades políticas y las libertades civiles, no son lo suficientemente amplias. La libertad es un componente esencial de la democracia, pero no en sí mismo, suficiente. En las medidas existentes, los elementos de participación política y funcionamiento del gobierno se tienen en cuenta solo de manera marginal y formal.

Por esta razón, EIU elabora anualmente el Índice de Democracia (ID) y para el 2022 calificó el estado de la democracia en 167 países del mundo. El ID se calcula desde el 2006 y basa su estudio en 60 indicadores agrupados en cinco categorías: (i) Proceso electoral y pluralismo; (ii) Libertades civiles; (iii) Funcionamiento del gobierno; (iv) Participación política; y (v) Cultura política. Promediando los valores en una escala de 0 al 10. Así, EIU pretende determinar el rango de democracia, ubicando a los países en uno de cuatro regímenes: Democracia plena (8 y 10 puntos), Democracia defectuosa (6 y 8 puntos), Régimen híbrido (4 y 6 puntos) y Autoritario (0 y 4 puntos).

Para la elaboración del estudio se emplean diferentes fuentes como evaluaciones de expertos y encuestas de opinión pública, principalmente la Encuesta Mundial de Valores, Euro barómetro, Barómetro Asiático, Barómetro de América Latina, Afro barómetro, entre otras encuestas nacionales.

Lo interesante de los resultados obtenidos a través del estudio, es que muestran que aquellos países en los que rige una democracia plena alcanzan un mayor bienestar económico, medido por el PBI per cápita en dólares de paridad de poder de compra. Esto no solo se ve en el resultado promedio de los países, sino también en el rango mínimo y máximo resultante. En el caso de los países con democracia plena, el PBI per cápita promedio es de US$ 53.185, y el intervalo en que fluctúa dicho indicador en los 24 países considerados se ubica entre los US$ 21.107 y US$ 120.326. Aquí destacan países como Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Luxemburgo y los sudamericanos Uruguay y Chile.

Los 47 países clasificados con una democracia defectuosa tienen un PBI per cápita promedio de US$ 23.887 con un mínimo de US$ 2.573 y un máximo de US$ 111.690 que corresponde a Singapur, la segunda economía con mayor producto por habitante. Otros países en este grupo son Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana.

Perú, junto con 33 países, es considerado como un régimen híbrido, y en este régimen el PBI per cápita promedio es de US$ 9.728.  Por su alto bienestar económico destacan Hong Kong y países  latinoamericanos como Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Bolivia.

Luego se tiene el régimen autoritario, conformado por 51 países con un PBI per cápita promedio de US$ 13.192 y que fluctúan entre US$ 925 y US$ 96.605. En este grupo destaca Qatar, por ser la cuarta economía con mayor PBI per cápita del mundo. Entre otros países, se tiene a China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, y un importante bloque de países africanos.

Perú bajó su clasificación

Según EIU, Latinoamérica como región, experimentó en el 2022 su séptimo año consecutivo de retroceso en el Índice de Democracia, con un puntaje promedio de 5,79, por debajo del 5,83 del 2021. Este resultado, se da a pesar de la mejora en los puntajes relacionados con el fin del confinamiento y restricciones provocados por la lucha contra la pandemia y que venía afectando libertades civiles. No obstante, estas fueron contrarrestadas por una fuerte caída en los puntajes en un pequeño grupo de países como Haití, El Salvador y México.

En el caso peruano, hasta el 2021 calificaba como democracia defectuosa pero en el 2022 descendió a un régimen híbrido. El intento de cierre del Congreso con el autogolpe del 7 de diciembre, la destitución del expresidente por parte del Parlamento, y las protestas sociales, son las causas de estos resultados. Según EIU, desde el 2016, el país refleja un entorno político cada vez más inestable que ha llevado a seis presidentes a llegar al poder y tener tres congresos diferentes en ese mismo lapso. Los puntajes obtenidos en cultura política se encuentran entre los más bajos de la región, Perú tiene 3,13, seguido de México y Ecuador, ambos con 1,88, lo que refleja una polarización extrema.

Hay una baja capacidad del estado, a través de su gobierno nacional y subnacional, para responder a los problemas que afectan a la población y la desconfianza de ellos hacia sus instituciones ha sido un proceso sostenido durante los últimos años.

EIU advierte en su estudio, que durante el mandato del expresidente Pedro Castillo, la capacidad estatal se debilitó considerablemente debido a más de 80 cambios ministeriales durante su breve período en el cargo y el nombramiento de muchos ministros que carecían de experiencia relevante. Este legado pesará en la economía del Perú, así como en la calidad de su gobernabilidad y democracia, por muchos años más.

La cantidad de zonas del país con conflictos sociales ha ido variando desde diciembre pasado a la fecha, habiendo llegado en su momento, a  tenerse picos de quince regiones afectadas por las  tomas de carreteras o de aeropuertos o por el cierre de negocios ante el riesgo de ser atacados si es que continuaban operando durante el paro.

La consecuencia directa de esta conflictividad es que muchos negocios en el interior del país tuvieron que parar, disminuyendo la posibilidad de generar ingresos diarios. Como se dio en el caso de actividades tan diversas, como transporte, restaurantes, construcción, hoteles, bodegas, exportación, importación, educación, salud, operadores turísticos, salones de belleza, entidades financieras, entre otros. Incluso, diversos servicios del Gobierno han tenido que suspenderse, a lo que se suma el daño hecho  tanto a  la infraestructura privada como pública.

Impactos de la conflictividad

Son 15 las regiones que han sido afectadas en diferentes fechas entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Estas regiones aportan el 36,6% del PBI total, pero sobre todo afectan el 75,8% del PBI de Minería e Hidrocarburos y el 59% del PBI Agropecuario. Por otra parte, las obras públicas, que son un importante dinamizador de las economías regionales, también han quedado paralizadas en su mayoría.

Si consideramos el ritmo de inversión pública del 2022, las 15 regiones afectadas ponen en riesgo la ejecución de gastos por S/ 71,3 millones diarios, de los cuales S/ 19,7 millones corresponden al Gobierno Nacional, S/ 14,6 millones a los Gobiernos Regionales y S/ 37 millones a los Gobiernos Locales.

Así también, podemos evaluar las potenciales ventas perdidas de los negocios afectados, las que ascenderían a S/ 1.689 millones en conjunto, siendo los sectores más perjudicados Servicios (S/ 482 millones), Comercio (S/ 405 millones), Minería e Hidrocarburos (S/ 354 millones), y Manufactura (S/ 236 millones). Lima también se ha visto afectada, pero en menor magnitud; así, se han estimado pérdidas en ventas en un 30% en algunas actividades como Servicios (S/ 342 millones) y Comercio (S/ 242 millones).

Es importante advertir, que el freno de la economía pone en riesgo también puestos de trabajo tanto del sector formal como informal. Así según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), las 15 regiones mencionadas concentran el 51% del empleo formal en el Sector Agropecuario, y el 52,6% en el Sector Minería. Le siguen en importancia la manufactura y construcción, que significan el 32,3% y 31% del empleo formal; con  una menor participación de Comercio (22,5%) y Servicios (21,6%).

Otra consecuencia de la conflictividad es la menor ejecución de la inversión pública, el rimo de inversión pública diaria en enero del 2022 fue de S/ 12,7 millones, y al 23 de enero del 2023  llega apenas a  S/ 2,2 millones.

Créditos en riesgo de impago

Esta problemática lleva más de un mes, y los menores ingresos ponen en riesgo la capacidad de pago tanto de empresas de menor tamaño y de personas. Así según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), hay 758.917 pequeñas empresas, 2.388.183 microempresas y 5’549.968 personas, con algún tipo de crédito a nivel nacional. Y una parte importante de estos créditos, vienen siendo afectados por los conflictos; y por tanto el Gobierno debe contemplar alguna medida para evitar riesgos de incremento en la tasa de morosidad.

En el caso de los créditos recibidos a través de Reactiva Perú, FAE-Turismo y FAE-Texco, el Gobierno amplió hasta el próximo 30 de junio la posibilidad de acogerse a su reprogramación. Empero, hay montos importantes de préstamos en regiones, no solo a empresas, sino también a personas, que como consecuencia de los problemas que se viven, no podrían ser pagados por lo que se necesita una propuesta de parte del Poder Ejecutivo.

Las consecuencias de la crisis social en producción, empleo, inversión pública y ventas, sin duda afectarán la cadena de pagos. Los tipos de créditos más sensibles a la situación que se viven en las regiones son los dirigidos a micros y pequeñas empresas, y en el caso de hogares, lo son los créditos de consumo por ser de mayor tasa y menor plazo.

Si consideramos las 15 regiones mencionadas, y dentro de estas a  las provincias y distritos que en algún momento han sido afectados por los conflictos sociales, con base en la información de Defensoría del Pueblo, SBS y diversos medios, se estima que un total de S/ 26.156 millones entre créditos mypes y de consumo podrían enfrentar riesgo de impago, por los menores ingresos que tendrían tanto los negocios como las familias debido al freno de sus actividades. Hay que tener presente que los créditos mencionados son tanto para negocios formales como informales.

En el caso de los créditos a las pequeñas empresas, los créditos otorgados en las regiones en conflicto ascienden a S/ 11.327 millones, que representan el 25,4% de los créditos totales a nivel nacional. Las regiones de Puno (S/ 2.059 millones), La Libertad (S/ 1.714 millones), Arequipa (S/ 1.449 millones) y Cusco (S/ 1.173 millones) concentran el 56,5% de dicho total.

A su vez, los créditos a las microempresas de las regiones afectadas alcanzan los S/ 3.238 millones, un 23,4% del total nacional. Estos se concentran en Puno (S/ 851 millones) y La Libertad (S/ 330 millones). Estas  dos regiones alcanzan una participación del 36,5%.

El mayor monto de créditos afectados por la conflictividad social son los de consumo, los que ascienden a S/ 11.591 millones, pero que solo tienen una participación de 14,1% respecto al total nacional. En este caso, las regiones más expuestas a este tipo de crédito son La Libertad (S/ 2.073 millones), Arequipa (S/ 1.788 millones), Puno (S/ 1.221 millones) e Ica (S/ 1.047 millones), departamentos que en conjunto representan el 52,9% del total.

Por tipo de entidad

Según el tipo de entidad financiera, la banca múltiple tiene una mayor exposición en los créditos a las pequeñas empresas y de consumo, otorgados en las regiones sensibles, pues representan el 51% y 68,2% del total respectivamente. En cambio, es menor su participación en los préstamos dirigidos a microempresas (27%).

Dentro del grupo de microfinancieras, las Cajas Municipales tienen una importante participación en los créditos a microempresas pues concentran el 51,6% de dichos créditos, le siguen los préstamos a pequeñas empresas (39,1%), y consumo (19,4%).

Finalmente, las financieras se ubican en tercer lugar con menor participación, así tienen el 8% de créditos entregados a pequeñas empresas; 17,1% a microempresas y 11,5% en los créditos de consumo.

Es importante facilitar la reprogramación de deudas sobre todo para los créditos mypes y de consumo, no solo para las regiones en conflicto, sino también para aquellas zonas que vienen siendo afectadas indirectamente, como se da  en  el caso de Lima. Es que en la capital hay empresas que hacían negocios con las regiones afectadas y por tanto empiezan a tener dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

Según estimaciones del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, los conflictos sociales que se suscitan en el país están frenando la inversión pública en 14 regiones por un monto total que asciende a S/ 64,4 millones diarios.

Entre las regiones más afectadas están: Cusco y Piura con S/ 12,5 millones y S/ 9,7 millones, respectivamente, los que concentran el 34,3% de estas inversiones. Le siguen Arequipa (S/ 5,8 millones), Puno (S/ 5,5 millones), Cajamarca y La Libertad (S/ 5,0 millones cada uno).

Asimismo, figuran Apurímac (S/ 3,8 millones), Ayacucho (S/ 3,6 millones), Ica (S/ 3,2 millones), Huánuco (S/ 2,7 millones), Tacna (S/ 2,6 millones), Huancavelica (S/ 2,1 millones), Madre de Dios (S/ 1,4 millones), y Ucayali (S/ 1,6 millones).

“Los conflictos sociales que alcanzan 14 regiones vienen afectando la ejecución de la inversión pública en todos los niveles de gobierno y con ello uno de los motores que debía dinamizar la economía para alcanzar un mayor crecimiento económico en el corto plazo”, manifestó el jefe de IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

Inversiones postergadas

Precisamente a nivel del gobierno nacional, las inversiones postergadas en 14 regiones ascienden a S/ 18,7 millones diarios, mientras que a nivel de gobierno regional es de S/ 12,6 millones y en gobiernos locales la cifra es sumamente mayor llegando a S/ 33 millones.

Cabe mencionar que, a la fecha, la ejecución de la inversión pública del gobierno nacional llegó a 76,6% del Presupuesto Institucional Modificado, en tanto el gobierno regional y local alcanzó el 56,4% y 54,6% respectivamente, valores que podrían quedarse estancados de continuar los conflictos sociales.

La inversión pública postergada de ejecutar representa el 8,2% del PBI diario, afectando en mayor proporción a regiones como Madre de Dios (17,7%), Cusco (15,4%) y Ayacucho (13,3%).

El IEDEP exhortó a una pronta salida de los conflictos dentro del marco de la Constitución, pues el impacto en producción y empleo para el país e ingresos para los hogares se hace mayor a medida que se extiende en días y regiones involucradas.

Hace más de 30 días los empresarios unidos por el Perú, nos reunimos en Gamarra para pedirle al gobierno que tome acciones inmediatas que nos permitan seguir invirtiendo y, por lo tanto, generar empleo. En este espacio, Edward Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, advirtió que hablar de su región lamentablemente es hablar de los problemas del Perú.

Y no le falta la razón. El desgobierno que en ese momento se vivía paralizaba una operación minera que contribuye al 1% del PBI nacional, pero que representa el 79% para Apurímac. Así, en marzo, 75.000 familias vieron peligrar sus ingresos. Hoy son dos actividades mineras que no solo están paralizadas sino han sido vandalizadas.

En ese momento Edward, además, propuso que el Gobierno ponga manos a la obra para que incentive la transversalidad de la actividad minera para generar sostenibilidad económica y exigió mayor seguridad para las inversiones en la región. Sin embargo, no fue escuchado.

En Gamarra estuvimos presentes más de 200 gremios, que representamos a más de tres millones de empresas, es decir, el 99,6% del total de compañías en el Perú y el 20% del PBI nacional, así como 12 millones de trabajadores. Sin embargo, no hay respuesta alguna desde Palacio de Gobierno.

Llega junio y las pérdidas económicas superan los US$ 250 millones. Los sindicatos hartos de que el gobierno no haga nada para salvaguardar sus trabajos, salieron a las calles un día después que se registraron más actos vandálicos contra sus centros de trabajo. La conflictividad social sigue creciendo, haciendo imposible seguir con las actividades diarias. Por ello, Edward Palacios exigió acciones inmediatas en una entrevista a RPP.

El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac denunció que el Ejecutivo no cumple su función de garantizar la actividad empresarial en su región, la cual ha traído (en tiempos de paz social) la reducción de la pobreza. Edward señaló que la ausencia del Estado azuza la conflictividad y puede ser interpretada como una acción deliberada para generar caos. En medio de dicha crisis, añadió, se presenta el cambio de Constitución como la gran solución a los problemas.

Decir que un cambio constitucional nos traerá más empleo o mejor acceso a la educación y salud, no es correcto. Los tres puntos pasan por mejorar la gestión del Estado, lo que implica utilizar con eficiencia nuestros recursos. Ello no es posible sin funcionarios públicos capacitados y con experiencia. ¿Quién debe hacer las designaciones gubernamentales más importantes? El presidente Pedro Castillo.

El hostil clima político y social no solo aleja las inversiones, sino que además pone en riesgo los negocios de los empresarios de Apurímac y los empleos de miles de trabajadores. Todo ello sucede en un año en el cual las proyecciones dadas sobre la inversión privada son de cero y los peruanos consumimos nuestros últimos ahorros tras dos años de pandemia. Señor Castillo, el Perú ya no puede esperar más a que se decida gobernar.

El sector minero es de gran relevancia en el Perú, pues aporta aproximadamente el 10% del PBI de la economía del país. No obstante, en los últimos meses ha sido gravemente golpeado por los numerosos conflictos sociales que han mermado su producción en un contexto mundial de altos precios de los minerales.

Como consecuencia de ello, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el tercer mes del año, el sector Minería e Hidrocarburos cayó en 1,21% por el desempeño negativo de la actividad minero metálica.

Al respecto, el socio de Impuestos de EY Perú, Marcial García, explica que la contracción de este importante sector se debe a los niveles decrecientes de producción de varios de los principales metales debido a la paralización de algunas operaciones importantes que en los últimos meses se ha visto.

“Primero fue Cuajone (Moquegua) y luego Las Bambas (Apurímac) que es una de las principales productoras de cobre del país”, precisa. En ese sentido, recuerda que antes los conflictos sociales paralizaban proyectos en gestación, pero desafortunadamente bajo la actual gestión (del presidente Pedro Castillo), estos se están extendiendo y afectando a minas en producción, que es algo que antes no se había visto”, explica.

García agrega que que estos conflictos sociales se han convertido en el principal disuasivo de la inversión extranjera. “Tenemos una cartera de 43 proyectos valorizados en US$ 53.000 millones, de los cuales el 70% son cobre, pero la mayoría están paralizados principalmente por los conflictos sociales”, subraya.

Debido a esta situación, según el representante de EY Perú, nuestro país ha caído varias posiciones en el ranking del Instituto Fraser que mide el atractivo de los países para la inversión minera. De acuerdo con el estudio, el Perú descendió ocho posiciones y ocupa actualmente el puesto 42 entre 84 países; mientras que, en el 2020, estuvo en la posición 34 y, en el 2019, en el lugar 24 de entre 76 países evaluados.

“Sin duda estamos desaprovechando una excelente oportunidad de beneficiarnos debido a que los precios de los minerales están en niveles históricamente altos. El precio del cobre desde hace un buen tiempo está por encima de los US$ 4 la libra”, resalta García.

Recaudación histórica

Asimismo, Marcial García, sostuvo que la recaudación del sector minero en el 2021 se triplicó, llegando a niveles récords. En ese sentido destacó que el año pasado esta creció 230% hasta alcanzar los S/ 20.000 millones, que representaron el 16,4% de la recaudación total, convirtiendo de esa manera en el principal contribuyente del país; y que en el primer trimestre hizo lo propio en 92% con respecto al año anterior.

“En abril la recaudación en impuesto a la renta (IR) ha crecido 66% por los pagos de regularización de las empresas en general, pero principalmente por las compañías mineras alcanzando otra vez un nivel récord”, subraya.  No obstante ello, advierte que esta recaudación podría caer este año si se siguen paralizando operaciones mineras.

Sin proyectos en ejecución

A su vez, el ex viceministro de Minas y catedrático de la Universidad Mayor de San Marcos, Rómulo Mucho, asegura que, debido a la paralización de Las Bambas, mina que produce casi el 2% del cobre a nivel mundial, el Perú dejó de exportar este mineral por aproximadamente US$ 420 millones, y que ello, sin duda, perjudicará la recaudación fiscal porque a menor producción, menores impuestos.

Respecto a los proyectos en cartera, Rómulo Mucho sostiene que para este año no hay ninguno que vaya a cristalizarse y que, de los siete que estaban programados para el 2021, solo salieron tres que fueron básicamente ampliaciones.

“El escenario que tenemos no es de los mejores porque estamos en una incertidumbre total debido a que las autoridades son competentes ni gozan de la confianza de nadie. Estamos con un desgobierno total”, refiere.

Agrega que otro de los efectos de la problemática del sector minero se dará en las exportaciones. Este año, dice, se esperaba superar la cifra del 2021, que sumó más de US$ 56.000 millones, pero esto ahora es muy difícil pues se tenñia previsto el ingreso de operaciones minas como Quellaveco (Moquegua); Mina Justa (Ica) que entraba a full producción; la mina de oro Santa María (Arequipa) y la ampliación de Toromocho (Junín).

“Pensábamos que ello podía añadir entre US$ 3.000 millones y US$ 3.500 millones adicionales a la cifra total de exportaciones. Pero, lamentablemente, esto no va a ocurrir por las diferentes paralizaciones que se están dando como la de Cuajone (Moquegua) que se detuvo dos meses”, subraya.

Así las cosas, ¿cuál es la tarea urgente del Gobierno de Pedro Castillo para activar el sector y las inversiones? Rómulo Mucho, señala que debe tener un cambio de actitud y de discurso porque hasta el momento está mostrando querer apropiarse de las minas creando primero caos y desorden, inclusive quebrando el modelo.

Inversión minera

A su turno, el profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), José Acha, señala que si bien la producción minera a nivel intertrimestral, vale decir, el crecimiento del primer trimestre del 2022 respecto al crecimiento del primer trimestre de 2021, se mantiene constante casi con una tendencia al alza, este crecimiento es demasiado pequeño.

“Ello por la indefinición del Gobierno que no sabe a quién apoyar. Hemos incrementado más o menos un 4% de nuestra producción de cobre pudiendo haber subido más o creado un crecimiento mucho más grande de haberse concretado las inversiones de las diferentes empresas que se estiman para el 2021 y 2022, pero la pandemia también juega un papel a considerar”, explica.

Precisa que la inversión en el sector minero, no solo se trata de producir, sino de invertir para mayores exploraciones y mayores capacidades productivas. En ese sentido, advierte que que, en cuanto a inversiones, si bien todavía hemos crecido en términos interanuales, solamente se está llegando al nivel que se tenía en julio del año pasado (2021), que fueron niveles plenamente pandémicos.

“En consecuencia, en nivel de inversiones, tendríamos que estar creciendo mucho más. Según el boletín minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM) tenemos un grado de inversión potencial de US$ 54.000 millones, pero son cuentos de hadas, porque es una inversión potencial que estaría almacenada y que no terminaría de concretarse debido a temas de inseguridad, inestabilidad de las inversiones”, subraya José Acha.

El catedrático de la USIL resalta que la inversión minera se realiza a muy largo plazo y tiene entre 35 a 40 de años de maduración. En consecuencia, dice que los inversionistas institucionales extranjeros, por ejemplo, los fondos mutuos, corporativos, los bancos de inversión, tienen que evaluar bien cuáles son los climas sociales que imperan en los centros mundiales de inversión.

“Si ven que en el Perú aumenta la inestabilidad política por las razones que fuera, entonces estos bancos de inversión para poder cumplir con sus obligaciones a sus contribuyentes elevan la tasa de descuento y exigen un flujo proyectado de ingresos mucho mayor que podrían exigirse que si tuviéramos el clima calmado”, sostiene al destacar que esta situación trae como consecuencia que el mundo reoriente estos fondos e inversión a otros países como Chile, Canadá y Australia.

“Si en el Perú no se invierte en explorar, en buscar nuevos yacimientos y tratar de incrementar la producción, de acá a cinco años no solo no vamos a crecer, sino que el resto de productores mundiales va a ocupar ese posicionamiento, van a captar esas inversiones”, puntualiza.

Respecto a los riesgos que enfrenta este sector, el profesor de la USIL, señala que estos son básicamente políticos pues no nos falta mineral y contamos con las condiciones profesionales para extraerlo.

“El problema se da por la escasa intervención del Gobierno en los conflictos sociales entre empresa y comunidades porque siempre van a existir conflictos sociales, pero acá el Estado no puede estar ausente. Tiene que actuar de mediador y no puede tomar partido por ninguna de las partes. Acá lo que hemos tenido son autoridades gubernamentales empezando por la ex premier Mirtha Vásquez que lo que hizo fue alentar a las comunidades en contra de las empresas mineras”, finaliza.

Los conflictos sociales vienen aumentando en el país. Según un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo (DP), van 11 meses en continuo crecimiento, lo que tendrá un impacto directo en la actividad económica del país.

En estos conflictos se identifican tres partes: la empresa, que se encuentra explotando el recurso natural; el Estado, presente con su autoridad nacional o subnacional; y la comunidad, ubicada en las cercanías de la zona de exploración o explotación.

Son varias las causas que impulsan estos conflictos. Una de ellas es la pugna por las rentas que se obtienen por la explotación del recurso natural y agudizada si es que el precio internacional de los commodities asociados al recurso natural es elevado. Otro elemento que suma a los conflictos son las condiciones de vida de la población circundante.

En el caso de los conflictos mineros, se suma la contaminación ambiental que afecta a la comunidad, mayormente a la agricultura. Además de los incumplimientos de acuerdos asumidos entre empresas y comunidad.

La Defensoría del Pueblo (DP) considera tres tipos de conflictos sociales. Primero, los activos, cuando existen demandas públicas, formales o informales por alguna de las partes.

Segundo, el conflicto califica como latente cuando no es expresado públicamente, pero donde se observa la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión. Tercero, un conflicto resuelto es aquel cuya solución es aceptada por las partes mediante acuerdos o normas.

El reciente reporte de la DP correspondiente al mes de marzo, muestra una tendencia de 11 meses de un mayor número de casos de conflictos sociales, alcanzando los 208 conflictos registrados, de los cuales 160 (76,9%) califican como activos y 48 (23,1%) como latentes. Además, 106 se encuentran en proceso de diálogo y se identificaron 145 casos con al menos un hecho de violencia.

Los conflictos sociales activos socioambientales acumulan 101, concentrándose 65 en minería y 18 en hidrocarburos. El 69,4% de conflictos activos se concentra en diez regiones, resaltando Loreto (28), Cusco (13), Apurímac (11), Áncash (10), Puno (10), Piura (9) y Huancavelica (9). Con la excepción de Loreto, que registra 14 conflictos activos socioambientales en el sector hidrocarburos, el resto de regiones mencionadas acumula conflictos en el sector minería.

Hay que tener presente que el grueso de estos conflictos sociales se ubica en regiones con problemas de pobreza que inciden entre el 31,3% y 34,6% de su población y donde la problemática no es solo ambiental, sino también de una débil presencia del estado con inadecuados o inexistentes servicios públicos e infraestructura.

Si los conflictos sociales desembocan en medidas de fuerza como paros o bloqueos de carretera, terminan afectando el nivel de actividad económica de dicha región, con un impacto mayor mientras más elevado sea su aporte al PBI.

Como ejemplo, un paro de la actividad minera tiene un mayor efecto en regiones como Apurímac o Pasco, donde dicho sector aporta alrededor del 56% y 44% de su PBI total, respectivamente. Entretanto, un paro agrario frena el 32% del PBI de San Martín o el 23% del PBI de Puno.

Si consideramos la ubicación del conflicto social, si el paro ocurre en Lima, se está afectando el 49% del PBI nacional. De darse en Arequipa, significaría el 5,6% del PBI nacional y un menor impacto en Cajamarca (2,5%) o Madre de Dios (0,4%).

Minería, el sector más perjudicado

Considerando las 18 regiones con 65 conflictos activos socioambientales en minería e hidrocarburos, se está poniendo en riesgo cerca del 91% del PBI total del sector o un equivalente a S/ 177 millones por día.

Solo seis regiones en el país no registran conflictos en dicho sector, pero, en conjunto, no alcanzan ni la décima parte de la producción nacional.

Esto, es contradictorio tomando en cuenta que en lo que va del año el precio internacional del zinc se ha incrementado en 24,2%, el del cobre en 5,4% y el del oro en 7,1%. Se estima que las exportaciones diarias de cobre ascienden a US$ 57 millones, de oro a US$ 28 millones y de zinc a US$ 7,3 millones.

El costo es clarísimo: menores ingresos de divisas por exportaciones, perdiendo las posibilidades de mayor recaudación de impuestos, regalías y canon afectando a las mismas regiones.

Sector agropecuario afectado

El sector agropecuario es intensivo en mano de obra y es la actividad que más empleo genera en el ámbito rural. Son cinco las regiones afectadas con conflictos activos socioambientales que acumulan el 20% del PBI total del sector o un equivalente a S/ 34 millones por día.

Sin embargo, para esas regiones, el sector agropecuario es prioritario, como en San Martín, donde significa el 32% del producto de la región. Para Ucayali, un paro agrario equivale a detener el 15% de su actividad económica, 12% en Piura y 11% en Lambayeque y Loreto, respectivamente.

Finalmente, en el sector electricidad, gas y agua se tienen cinco regiones con conflictos sociales, los que llegan a representar el 13% del PBI del sector. Huánuco sería la región más afectada, pues dicho sector acumula el 7% de su PBI, con menores participaciones en el caso de Áncash (3%), Piura (2,3%), Puno (2,2%) y Loreto (2%).

Es inmensurable el grave daño que, en apenas nueve meses de gobierno, el profesor Pedro Castillo, sus ministros, exministros, funcionarios y socios políticos han provocado y siguen provocando al país, especialmente en la vida, salud, seguridad y bienestar de la población, así como en su institucionalidad democrática y economía.

Pero también están comprometiendo nuestro futuro como sociedad, a la que se empeñan en intentar fracturar, promoviendo odios y divisiones.

Como si todo esto no fuera suficiente, otro grave perjuicio que provocan la incapacidad e improvisación que se han instalado en Palacio de Gobierno, es la amenaza a las grandes potencialidades de nuestro país, a su desarrollo y al futuro de nuestros hijos o nietos, arrastrando con ello todo lo que han construido por décadas, con esfuerzo, creatividad, talento y sacrificio, nuestros padres, abuelos, nuestras generaciones precedentes y nosotros mismos.

La irracional inmovilización social y paralización total de actividades económicas dispuesta la semana pasada en Lima y Callao, terminó por despejar cualquier duda que quedaba sobre la gravedad del trance en que nos encontramos.

Con qué derecho y al amparo de qué puede ordenarse a los empresarios, emprendedores y millones de hombres y mujeres que a diario salen a trabajar para llevar el sustento a sus familias, que están prohibidos de hacerlo; aunque un ministro -nada menos que de Justica y Derechos Humanos- no crea “que se queden sin comer porque es un día”.

¿Es posible tanta ignorancia sobre la realidad nacional, tanto desprecio por el esfuerzo de millones de peruanos? El actual escenario nos muestra dramáticamente que sí, que estamos ante un gobierno que está destruyendo–desconocemos si intencionalmente o no- la economía de nuestro país, que en el 2012 tenía un Producto Bruto Interno (PBI) potencial de 5,8% y que este año apenas se ubicaría entre 2 y 3%.

Este empeño por demoler ya no un modelo económico determinado, sino toda la estructura básica de la economía, llevará a que los seis millones de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia no solo no se recuperen, sino que aumente el desempleo y se agrave la situación de los 16 millones de peruanos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad.

No deja de causar asombro tal desconocimiento de nociones tan básicas de economía, que no se entienda que la pobreza no se combate regalando bonos o víveres, que lo urgente es generar condiciones para que el empleo formal crezca y que en lugar de elevar por decreto la remuneración mínima vital, se debe aumentar la productividad para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan pagar mejores sueldos.

Nuevamente, como una salida a esta zozobra permanente en la que vivimos, comienza a hablarse de la posibilidad de un cambio de ministros, como si existiera –después de tantos gabinetes fallidos- alguna garantía de que no se seguirá repartiendo ministerios, obras, asesorías y consultorías para pagar favores políticos y asegurar los votos en el Congreso para impedir la vacancia presidencial.

¿Un nuevo Consejo de Ministros, que deberá nuevamente exponer la “política general del gobierno” es la solución? ¿Cuál política? ¿Alguna de las sucesivas que han expuesto los fracasados jefes del gabinete anteriores?

Si algún resultado en materia económica ha tenido la aplicación de esta “política general del gobierno”, es que el grado de inversión que con tanto trabajo consiguió el Perú en los mercados internacionales se vaya perdiendo y hoy tenga la segunda calificación más baja y que ésta ya no sea estable sino negativa. Esta rebaja ha afectado a cinco bancos peruanos, encareciendo el costo del crédito a las empresas, así como los créditos de consumo, hipotecarios y automotrices. ¿A quién golpea más esta situación?

Ahora, para tratar de apaciguar los conflictos sociales y la ola de violencia y vandalismo que azota las carreteras, al profesor Castillo no se le ha ocurrido mejor idea que armar una troupe de “Consejos de Ministros Descentralizados” que recorre ciudades rodeado de dos mil policías y en los que no se pasa de hacer promesas populistas sin sustento ni sentido.

Hemos llegado a un punto de quiebre que nos obliga a asumir una actitud más activa, para ir trabajando desde este momento la que deberá ser la obligada transición que permita al Perú recuperarse y salir de esta gran ciénaga a la que ha sido arrastrado por el odio y la irresponsabilidad de quienes se sumaron al juego del profesor Castillo y su promotor Vladimir Cerrón, y que hoy convenientemente procuran hacerse los desentendidos.

Debemos ir analizando las salidas legales, constitucionales y políticas que hagan al Perú recuperar la senda democrática y la recuperación económica, lo que necesariamente pasa por contar con organismos electorales independientes que no solo ofrezcan las naturales garantías de neutralidad necesarias en todo proceso electoral, sino también que generen confianza y credibilidad en todos los peruanos.

El Perú es de todos, el Perú somos todos y a todos nos toca en esta hora difícil, unirnos para sacarlo adelante y recuperar su futuro; como lo han hecho antes tantos peruanos anónimos en situaciones aún más dramáticas como las que ahora nos toca enfrentar.

Unidos todo es posible, pero no podemos dejar pasar más tiempo. Llegó la hora de actuar y demostrar que estamos contigo Perú.

La Defensoría del Pueblo (DP) define un conflicto social como un proceso donde las empresas, la sociedad civil y el Estado perciben que sus intereses o necesidades están siendo afectados o amenazados. Si bien es cierto que el conflicto social siempre va a existir como tal, el riesgo es que el diálogo, única vía de solución, quede trunco y lleguemos a una etapa de violencia con severas consecuencias para todas las partes involucradas.

En los últimos meses los conflictos sociales se han sido exacerbado por las consecuencias de la COVID-19, la elevada mortalidad, el desempleo y la falta de oportunidades para obtener ingresos.

La Defensoría del Pueblo categoriza los conflictos sociales en tres tipos: activo, latente y resuelto. El activo es el que se expresa por alguna de las partes involucradas mediante demandas públicas, formales o informales.

El latente es el que no se expresa públicamente y se mantiene silencioso, pero sí presenta la concurrencia de factores que permiten su activación o, por otra parte, ha dejado de manifestarse por un tiempo considerable. El resuelto es aquel que ya fue solucionado mediante acuerdos entre las partes.

Conflictos activos

A octubre del 2021 se registraron 198 conflictos sociales en el país, de los cuales 148 son catalogados como activos. Del total de conflictos activos, 7 están en una fase temprana, 10 en escalamiento, 3 en crisis, 38 se están disipando y 90 en diálogo.

Según su tipología, de los 148 conflictos activos, el 68% son de tipo socioambiental, es decir, su dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos, aunque también están impregnados de aspectos políticos, económicos y sociales.

Del mismo modo, se observan otros tipos de conflictos como son los de demarcación territorial, laborales, comunales, electorales, así como también aquellos relacionados a la gestión de la administración pública en gobiernos locales, regionales y nacional.

Según los sectores económicos en los que se presentan los conflictos socioambientales, el 63% se concentra en minería y el 23% en hidrocarburos. Asimismo, otros sectores de menor incidencia son los de saneamiento, energía, agroindustrial, forestal, y otros.

Efecto económico

Como es sabido, los conflictos sociales impactan negativamente en la actividad económica al paralizar o disminuir el desarrollo de los proyectos de inversión, así como los procesos productivos de las empresas ubicadas en la zona del conflicto.

Todo esto afecta la producción, el empleo y la capacidad de generación de recursos económicos, tanto para la comunidad como para el Gobierno.

A continuación, se expondrán algunos casos representativos. El 31 de octubre de 2021 la compañía minera Antamina suspendió sus operaciones ante acciones violentas desencadenadas por la demanda de una comunidad campesina en Áncash.

Para dimensionar los efectos económicos se debe considerar que la empresa es la mayor productora de cobre, zinc y plata en el país, extrayendo mensualmente (cifras del 2020) alrededor de 33.020 TMF, 40.931 TMF y 34.554 kilogramos finos, respectivamente. En dicho año, esto se tradujo en pérdidas de US$ 607 millones en tributos al Estado peruano.

En febrero, junio y julio de 2021 se iniciaron tres nuevos conflictos sociales, que a la fecha siguen activos, entre la compañía minera Las Bambas y tres comunidades campesinas de la región Apurímac.

La empresa es el tercer productor de cobre a nivel nacional, produciendo (cifras 2020) alrededor de 26.064 TMF mensuales, además de extraer 264 TMF mensuales de molibdeno.

En términos de impuestos (incluyendo regalías), la producción de esta minera significó US$ 193 millones en 2020. Otros dos casos emblemáticos son la paralización de los proyectos Minas Conga y Tía María.

El primero de ellos es considerado un conflicto latente que ha paralizado una inversión de US$ 4.800 millones para producir oro y cobre en Cajamarca pese a que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2015

Por su parte, el segundo es considerado un conflicto activo que ha paralizado US$ 1.400 millones para producir cobre y molibdeno en Arequipa, pese a contar con EIA detallado aprobado en 2014.

Regiones en conflictos

Los principales focos de ocurrencia de conflictos sociales durante octubre fueron Loreto (29 casos), seguido de Áncash (11), Puno (11), Cusco (10) y Huancavelica (9).

Además, estas regiones concentran el 47% del total de casos activos a nivel nacional, afectando como ya se ha dicho a su desarrollo económico.

Si bien entre los años 2010 y 2021, Áncash fue la región con mayor incidencia en conflictos activos, a partir de fines del 2018 han crecido paulatinamente los conflictos en Loreto, convirtiéndose hoy en la zona con el mayor registro.

Es indudable que los conflictos sociales están relacionados a indicadores de pobreza. Como es el caso de Puno y Huancavelica, que son las regiones con el mayor intervalo de pobreza (entre el 41,4% y 45,9% de su población), seguido de Áncash, Cusco y Loreto, en el segundo grupo de mayor pobreza (entre 31,3% y 34,6%).

A esta situación se suma la escasa actividad proveedora del gobierno, reflejada en la lenta y baja calidad de la inversión pública.

Un estudio desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en enero del 2021, pone de manifiesto que, durante la gestión de las pandemias, pueden salir a relucir otros problemas subyacentes y más profundos “como redes de protección social insuficientes, un gobierno incompetente o falta de confianza de la población en sus instituciones”.

De otro lado, la baja inversión pública sigue siendo recurrente en las áreas de mayor conflicto. En una muestra de diez regiones con mayor incidencia de conflictos activos se encontró que el gasto de inversión pública promedio en el quinquenio 2016-2020 fue menor al 60% en las regiones de Áncash y Piura, seguidas de cinco regiones entre una ejecución de entre 60 y 70% (Loreto, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín).

Entretanto, Huánuco y Puno alcanzaron un promedio de 70,7% y 76,1%, respectivamente. Este año, el panorama no es distinto. En el periodo de pandemia la ejecución en tres regiones fue bajo. Se trata de Áncash, con 47,8%; Junín (49,4%); y Apurímac (50%).

El Perú requiere hoy de una mayor inversión privada y pública para elevar el crecimiento de su producto potencial que hoy se encuentra en alrededor del 3% anual.

Las limitadas proyecciones para el 2022 de inversión privada (0,2%) y pública (3,7%) no contribuyen a ese objetivo y los conflictos sociales pueden diluir aún más dichas tasas.

Nuestro país necesita suplir la baja calidad de los servicios públicos, infraestructura física y social. Los mecanismos existen: obras por impuestos, APP, acuerdos G2G y obras públicas.

Corresponde al Estado dotar a la economía de la estabilidad política y jurídica que viabilice todas las iniciativas de inversión, es su mejor contribución a la reducción de la pobreza y a un mayor crecimiento del país.