Auditorías en seguridad y salud en el trabajo: claves para cumplir con la ley

La Ley 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que los empleadores deben realizar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el fin de verificar su aplicación, adecuación y eficacia en la prevención de riesgos laborales.

Estas auditorías deben ser realizadas por auditores independientes y contar con la participación activa de los trabajadores y de sus representantes, desde la elección del auditor hasta el análisis de los resultados obtenidos.

El proceso de auditoría permite evaluar si la estrategia global del SGSST cumple con los objetivos trazados y si facilita la identificación de áreas de mejora, ajustes en la política interna y reformulación de metas.

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Los resultados deben ser documentados, registrados y comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Para ello, las empresas deben mantener un Registro de Auditoría, donde se consigne el informe de auditoría; hallazgos detectados; no conformidades y observaciones; y el plan de acción para subsanar dichas no conformidades.

Normas laborales

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El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), por lo que resulta fundamental que las empresas adopten un enfoque en la gestión de auditorías de seguridad y salud en el trabajo.

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Obras por Impuestos alcanzan los S/12 140 millones y fortalecen la infraestructura del país

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se ha consolidado como una herramienta eficaz para reducir brechas sociales y mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en regiones con baja ejecución pública o limitada capacidad técnica. Desde su creación en el 2008, ha movilizado más de S/ 12 140 millones en inversiones ejecutadas por el sector privado, beneficiando a más de 28 millones de peruanos en 22 regiones del país.

El éxito de OxI radica en permitir que las empresas privadas financien proyectos utilizando el Impuesto a la Renta que deberían pagar al Estado. A través de este sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede redirigir recursos a otras prioridades mientras se garantiza el avance de obras estratégicas.

Data informativa.

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Durante el 2024, se adjudicaron 126 proyectos por un valor de S/ 4 204 millones, con la participación por primera vez de 73 empresas y 42 entidades públicas. En el 2025, solo en el primer trimestre, ya se han adjudicado 62 proyectos por S/ 380 millones.

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Regiones líderes en ejecución

Cinco regiones concentran el 63 % de toda la inversión de OxI, con S/ 7 642 millones. Se trata de Cusco, con 95 proyectos por S/ 1 087 millones; Arequipa (79 proyectos por S/ 1 598 millones); Áncash (72 proyectos por S/ 2 815 millones); La Libertad (57 proyectos por S/ 874 millones); e Ica (51 proyectos por S/ 1 271 millones).

Estas inversiones se han focalizado en educación y salud, facilitando el acceso a servicios básicos y promoviendo el desarrollo territorial.

Además, regiones como Ayacucho, Apurímac, San Martín, Tumbes y Lambayeque se han integrado gradualmente al mecanismo en los últimos cinco años, ampliando la cobertura de OxI a casi todo el país.

Respaldo institucional y mejoras normativas

Es importante resaltar que el MEF ha implementado medidas para ampliar el alcance de OXI, como la simplificación de trámites, ampliación de sectores y la mejora de las condiciones para una mayor participación empresarial.

En ese sentido, en febrero del 2024, el MEF aumentó los topes de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), lo que permitirá que los gobiernos regionales y locales puedan acelerar el desarrollo de infraestructura de calidad. Antes de la medida, los gobiernos regionales, locales y universidades públicas disponían de un tope máximo de S/ 33 828 millones para financiar y ejecutar OXI. Con los cambios realizados, ese tope se elevó a S/ 46 185 millones.

El mayor incremento se da para los gobiernos locales por S/ 24 764 millones, lo que representa un incremento del 57 %. Para el caso de los gobiernos regionales, el tope será de S/ 19 683 millones, monto mayor en 16 % al establecido en 2024. Asimismo, destaca el incremento del 74 % del tope destinado a las 53 universidades públicas por S/ 1 738 millones.

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OxI al servicio de la seguridad ciudadana

Aunque los sectores de Educación (24 %), Transporte (22 %) y Salud (18 %) lideran las inversiones, Saneamiento (11 %) y Orden público y Seguridad (9 %) vienen ganando protagonismo. Estos últimos han escalado una importante presencia con inversiones que suman S/ 1 374 millones y S/ 1 048 millones, respectivamente.

En el caso de los proyectos de Orden público y Seguridad, ya se han ejecutado 73 proyectos por más de S/ 1 000 millones, incluyendo la construcción de comisarías, centros de vigilancia y compra de patrulleros y equipamiento policial. De este total, siete proyectos corresponden al Gobierno Nacional por 82 000 000, nueve a cargo de los Gobiernos Regionales (S/ 252 millones) y 57 a cargo de los Gobiernos Locales (S/ 714 millones).

Según el registro de mayores inversiones, sobresalen dos proyectos. Se trata de la “Creación del servicio de Seguridad Ciudadana local en el centro de comando, control, comunicación, cómputo y monitoreo” en Ica por 87 000 000; y el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de Seguridad Ciudadana local en serenazgo de Maynas, Punchana, Belén y San Juan Bautista”, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto, por S/ 66 millones.

Para el 2025, se espera concretar la adjudicación de 62 proyectos en seguridad con una inversión estimada en S/ 2 700 millones.

En suma, el mecanismo de Obras por Impuestos se ha consolidado como una alternativa innovadora y efectiva para cerrar brechas sociales, acelerar la ejecución de obras públicas y fomentar alianzas entre el Estado y el sector privado. Su expansión progresiva y los resultados alcanzados evidencian su valor como catalizador del desarrollo sostenible en el Perú.

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Ventas de franquicias crecerían en 4,3 % en el 2025

¿Cuál es la proyección de crecimiento del sector de franquicias en el Perú para este año?  

En el 2024, el sector alcanzó una tasa de crecimiento (en su comercialización) del 4 %, con respecto al año anterior; y para el 2025, de mantenerse los indicadores positivos y el ritmo de inversión, se esperaría un incremento del 4,3 %. Acercándose a niveles prepandemia con un movimiento de US$ 1 300 millones.

Los factores que también impulsarían el referido incremento son una mayor actividad comercial y el creciente entusiasmo del consumidor. Incluso, de darse condiciones más favorables, el sector podría superar el monto estimado para este año.  

Además, las proyecciones a mediano plazo, apuntan a un crecimiento que podría oscilar entre 6,2 % y 7,5 %. 

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Durante el primer semestre del año, se estima una expansión del 2,8 %, alentado principalmente por el buen desempeño del rubro en la temporada de verano y la campaña del Día de la Madre.  

Cabe destacar que estos modelos de negocios, dirigidos a la comercialización de bienes y servicios, se encuentran en un proceso de expansión, ya que son atractivos para iniciar un emprendimiento con una inversión, incluso, menor de lo estimado.   

¿Qué factores impulsan el crecimiento del modelo de franquicias? 

Se debe a varios factores. Entre ellos, la digitalización, ya que la adopción de tecnologías digitales ha mejorado la eficiencia operativa y ampliado el alcance de estos negocios.  

Asimismo, los tratados de libre y comercio (TLC) suscritos por el Perú, en especial la optimización del acuerdo con China, podrían atraer más franquicias asiáticas al país.  

Otro punto relevante es el alto índice de emprendimiento, motivado por la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Este contexto genera un entorno favorable para la expansión del mercado de franquicias. 

¿Qué sectores tendrán mayor dinamismo dentro del mercado de franquicias? 

El sector gastronómico continúa liderando el  total de marcas franquiciadas activas en el país con el 68 %, consolidándose como el más dinámico. Le siguen sectores como educación, estética y artesanía, aunque en menor proporción.  

Además, se prevé que marcas extranjeras, principalmente de Colombia, buscarán ingresar al mercado peruano, atraídas por la economía local. 

¿Lima sigue concentrando la mayor parte de las franquicias?  

Sí, Lima mantiene su liderazgo como plaza de franquicias en el país. Sin embargo, ciudades como Arequipa, Ica, Piura, Trujillo y Cusco vienen adoptando este modelo con mayor frecuencia, lo que contribuye a la descentralización económica y al fortalecimiento del desarrollo regional. 

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Frente a años anteriores, ¿cómo viene evolucionando la apertura de nuevas franquicias?  

Se ha notado un mayor interés por parte de empresas que buscan ingresar al mercado a través del modelo de franquicias. En ese sentido, el Sector de Franquicias de la CCL lanzará próximamente una campaña para brindar asistencia técnica y legal a los interesados en convertirse en franquicias.  

También es importante destacar que muchas marcas peruanas no solo están creciendo en el mercado local, sino que también buscan internacionalizarse, a diferencia de las franquicias extranjeras que no suelen expandirse fuera de sus países de origen. 

Actualmente, en el Perú existen aproximadamente 500 franquicias activas: el 60 % de origen extranjero (Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, España y México) y el 40 % restante peruano, especialmente en los sectores de gastronomía, educación, moda y belleza. 

MARCO REGULATORIO 

¿Nuestro país necesita una normativa específica que regule el modelo de franquicias? 

Desde la CCL consideramos que el crecimiento del mercado de franquicias no ha requerido sobrerregulación. Los acuerdos entre franquiciantes y franquiciados, amparados por contratos atípicos, han funcionado adecuadamente y vienen permitiendo un desarrollo saludable del sector. 

Actualmente, en el ámbito legal, ¿qué tan protegidos están los franquiciados y franquiciantes? 

La protección de las partes se sustenta en los contratos privados que firman franquiciantes y franquiciado. En caso de controversia, ambas partes pueden acudir al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

¿Desde el sector privado se han presentado propuestas para mejorar el marco normativo? 

Sí, aunque han sido desestimadas. Hubo una propuesta ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República para crear una Ley de Franquicias. Sin embargo, la CCL, a través de su Gremio de Servicios y su Dirección de Normatividad, ha manifestado su posición en contra de sobrerregular un sector que ha demostrado capacidad de crecimiento con reglas contractuales flexibles. 

 

 

 

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