Renatta Corbetto
Cuando se habla del crecimiento económico del Perú, suelen destacarse indicadores como la inversión, la productividad o la generación de empleo. Sin embargo, existe un desafío estructural que continúa limitando el desarrollo del país y que merece una atención prioritaria: la informalidad laboral.
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Con frecuencia, la informalidad es analizada desde la perspectiva de la recaudación tributaria o de la competitividad empresarial. No obstante, sus efectos van mucho más allá. Un trabajador informal carece, en muchos casos, de acceso a seguridad social, protección frente a accidentes laborales, pensiones para la vejez o mecanismos efectivos de protección ante la pérdida de ingresos. Del mismo modo, miles de pequeños emprendedores enfrentan dificultades para acceder al sistema financiero, obtener créditos o expandir sus negocios debido a que operan fuera de la formalidad.
Esta situación plantea una pregunta necesaria: ¿la informalidad responde a una decisión libre de trabajadores y emprendedores o refleja la existencia de barreras que dificultan la incorporación al sistema formal?
La respuesta probablemente se encuentra en un punto intermedio. Por un lado, la formalización implica costos, obligaciones y exigencias regulatorias que pueden resultar difíciles de asumir para pequeñas unidades productivas. Por otro, la informalidad ofrece una solución inmediata para quienes necesitan generar ingresos en un contexto de escasas oportunidades laborales formales.
Precisamente por ello, cualquier estrategia orientada al desarrollo económico sostenible debe abordar el problema desde una visión integral. La formalización no puede entenderse únicamente como una obligación legal; debe convertirse en una alternativa atractiva y accesible para trabajadores y empresas.
Ello exige simplificar procedimientos administrativos, reducir costos innecesarios, promover incentivos para la contratación formal y fortalecer mecanismos que permitan a las micro y pequeñas empresas incorporarse progresivamente a la economía formal. Asimismo, resulta indispensable que los beneficios de la formalidad sean percibidos de manera concreta por la ciudadanía, especialmente en ámbitos como la salud, la protección social y el acceso al crédito.
La importancia de este desafío cobra especial relevancia en un contexto en el que el país debate constantemente propuestas para impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población. Más allá de las diferencias sobre las estrategias para alcanzar dichos objetivos, existe un consenso difícil de cuestionar: ningún proyecto de desarrollo será plenamente exitoso mientras la mayoría de trabajadores permanezca al margen de los beneficios que ofrece la formalidad.
La reducción de la informalidad no constituye únicamente una meta económica. Se trata también de una herramienta para fortalecer la inclusión social, reducir desigualdades y generar oportunidades de progreso para millones de familias. Un país con mayores niveles de formalización es un país con trabajadores más protegidos, empresas más competitivas y una economía más sólida y sostenible.
En un contexto en el que el país se prepara para elegir nuevas autoridades, la discusión sobre la informalidad debería ocupar un lugar central dentro de cualquier propuesta de desarrollo. Más allá de las diferencias ideológicas o programáticas que puedan existir entre las distintas alternativas políticas, el éxito de cualquier plan económico dependerá en gran medida de la capacidad de su equipo técnico para enfrentar este problema estructural. El crecimiento de la inversión, la generación de empleo, el fortalecimiento de la recaudación tributaria e incluso la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones están estrechamente vinculados a los niveles de formalidad existentes en la economía. Por ello, la solidez de las propuestas económicas no debe evaluarse únicamente por sus metas de crecimiento, sino también por la viabilidad de sus estrategias para incorporar progresivamente a millones de trabajadores y emprendedores al sector formal.
En el escenario actual, el debate económico no debería limitarse a cuánto puede crecer el país, sino a cómo lograr que ese crecimiento alcance efectivamente a quienes hoy permanecen al margen de la protección social y de las oportunidades que ofrece la formalidad. El verdadero desafío de cualquier proyecto de gobierno más allá de las promesas traducidas en presentes equivalentes a regalos de navidad, será demostrar que la formalización puede dejar de ser una promesa recurrente para convertirse en una política pública capaz de transformar la vida de millones de peruanos.
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