• Los efectos de la COVID-19 en el PBI y en el empleo

    El Iedep de la CCL estima que la economía peruana caerá este año 12,9%.

    15 de Junio del 2020
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    La crisis COVID-19 provocará una caída del PBI en la mayoría de países en el mundo. Según proyecciones del Banco Mundial recientemente publicadas, solo 32 de un total de 189 países miembros no caerán en recesión: 21 africanos, diez asiáticos y un latinoamericano (Guyana).

     

    En el caso del Perú, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta para este año una caída del 12,9%. Ello debido a que las contracciones de importantes componentes de la demanda agregada –como el Consumo privado (-5,7%), Inversión privada (-21,6%) y Exportaciones (-26,4%)– no podrán ser compensadas con la actual expansión fiscal proyectada, tanto del Consumo público (1,5%) y la inversión pública (5,9%).

     

    Principales sectores a la baja

     

    En el 2019, cuatro sectores productivos aportaron alrededor del 85% del PBI. No obstante, para el presente año sus caídas son inminentes.

     

    En el caso de la Minería e Hidrocarburos acumularía su tercer año de contracción con una tasa de -11,8% para el 2020; mientras que la Manufactura caerá por segundo año consecutivo, esta vez con una tasa de -26,5%. Por su parte, el sector Comercio registraría una baja de 7,1%, después de una década de crecimiento sostenido; y Servicios hará lo propio en -6,9%.

     

    Otros sectores con menor participación en el PBI también están en la misma dirección. Se trata de Agropecuario (-0,7%), Pesca (-34,4%), Electricidad y Agua (-12,4%) y Construcción (-19,3%).

     

    Mercado laboral heterogéneo

     

    La caída de la producción traerá como correlato el descenso en la cantidad y calidad del empleo. A nivel nacional, el empleo formal es de alrededor de 3,8 millones de trabajadores, de los cuales el 56,8% se encuentra en Lima.

     

    Es importante destacar que la reanudación de actividades en la Fase 2 llevará a que el 77,7% de actividades productivas en Lima esté en operación, por debajo del promedio nacional que se ubica en 80,9%. Lima se encuentra entre las cinco regiones más rezagadas en este proceso, lo que impactará sobre todo en el empleo e ingresos de los hogares.

     

    En dicho contexto, y con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019, el Iedep ha estimado indicadores del mercado laboral de Lima Metropolitana (LM) con la finalidad de analizar los efectos en el empleo provocado por el Estado de Emergencia Nacional (EEN).

     

    En LM, la población en edad de trabajar (PET) alcanzó 8,13 millones de personas, de los cuales el 69,2% es considerada Población Económicamente Activa (PEA), que incluye la población ocupada y los desocupados, pero que buscan activamente un trabajo. El 30,8% restante lo conforma la Población Económicamente Inactiva (PEI), constituida por los inactivos plenos como las amas de casa, estudiantes, personas que viven de sus rentas; y el desempleo oculto, aquellos que no buscan trabajo, porque no creen posible encontrarlo, sea por falta de motivación u oportunidades.

     

    Lima Metropolitana alberga un total de 5,4 millones de ocupados, que representan el 31,5% de la población ocupada en el país. De dicho total, 58% son dependientes, 30% independientes, 7% familiares no remunerados y 4% son empleadores. A pesar de su heterogeneidad, se aglutinan en actividades de Comercio y Servicios, los que concentran alrededor del 70% de los empleos. Sin embargo, la Fase 2 de reanudación de actividades autoriza que el sector Comercio opera solo al 68%, lo que es preocupante teniendo en cuenta que para el caso de Lima dicho rubro aportó en el 2019 alrededor del 13% de su PBI.

     

    Según su condición de formalidad, en LM 41,4% son formales (2,2 millones) frente a los 58,6% (3,2 millones) que laboran en situación de informales. Es decir, en esta última condición figuran los empleadores o patronos e independientes que operan sin Registro Único de Contribuyente (RUC), así como los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador y todos los trabajadores familiares no remunerados. Estos ocupados, en su mayoría con baja productividad y remuneración, son los más vulnerables al EEN.

     

    La informalidad varía según sectores. En el sector Comercio bordeaba el 63,4% y 52% para Otros servicios, que comprende alojamiento, restaurantes, servicios financieros, servicios a empresas, actividades inmobiliarias, actividades educativas, servicios de salud, electricidad, gas y agua.

     

    Por otro lado, existen sectores con menor participación en el empleo y con alta tasa de informalidad, tal es el caso de Manufactura (54,9%), Transporte y Comunicaciones (70,7%), Construcción (72,4%), Agropecuario (85,5%), Pesca (51,3%) y Minería (12,3%).

     

     

    Mayor desempleo oculto

     

    Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el trimestre móvil febrero- marzo-abril de 2020 muestran que la población ocupada en LM disminuyó en 25% lo que se traduce en 1 millón 216 mil personas. La mayor parte de esta población se ha incorporado estadísticamente a la PEI, la cual pasó del 32,4% al 49,1% de la población en edad de trabajar debido a que el confinamiento no permite la búsqueda de empleo.

     

    Asimismo, se observa que la caída en el empleo no discrimina por sexo, pues la disminución en varones fue de 24,9% y en mujeres de 25,1%. Por su parte, se observa que los más afectados fueron los más jóvenes, tal es así que el rango entre 14 y 24 años de edad disminuyó en 28,3%; el rango entre 25 y 44 años, en 26,4%; y aquellos por encima de 45 años, en 20,6%.

     

    En tanto la calidad del empleo disminuyó, reduciéndose los trabajadores adecuadamente empleados de 56,1% a 54,4% catalogados así porque ganan por encima de un mínimo referencial. Entretanto el subempleo se incrementó de 36,1% a 36,6%, principalmente aquellos trabajadores cuyo ingreso se ubica por debajo del ingreso referencial. Además el desempleo en Lima alcanzó el 9 % de la PEA.

     

     

    Medidas laborales

     

    Desde el inicio del EEN se preveía el cierre de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, por lo que la política laboral tenía el desafío de acompañar y apoyar a los empleadores y trabajadores. En el caso de empleadores, sobre todo a aquellos que realizaban actividades no esenciales y que quedaron prohibidos de operar, en su gran mayoría han sido negocios inmersos en los sectores de Comercio y Servicios. En el segundo caso, a trabajadores cuyo desempeño de funciones requería la presencia física enelcentrodelaboresyquenopodrían asistir a su trabajo por las medidas de aislamiento social.

     

    Durante marzo, la primera respuesta por parte de las autoridades fue la posibilidad de realizar trabajo remoto mientras dure la emergencia sanitaria (D.U. 026-2020), medida positiva por la incertidumbre existente en ese periodo. Sin embargo, se impusieron cargas sobre los empleadores como el otorgar licencia con goce de haber para los trabajadores que no podían aplicar esta modalidad (D.U. 029-2020) y la posible compensación al trabajador por los gastos incurridos en la misma (D.S. 010-2020-TR). En tanto, una disposición compensatoria fue el subsidio único del 35% para la planilla constituida por trabajadores con ingresos menores o iguales a S/ 1.500 (D.U. 033-2020) a la cual postularon más de 165.000 empresas, según Sunat. Esta medida se focaliza en los trabajadores de menor productividad o experiencia y que por lo tanto son los más vulnerables para perder su puesto de trabajo.

     

    En abril, ante la extensión del EEN y la mayor presión sobre el segmento empresarial, se abrió la posibilidad de aplicar la suspensión perfecta de labores permitiendo la exoneración del pago de remuneraciones durante tres meses, como máximo, mientras dure la emergencia sanitaria (D.U. 038-2020). Si bien ya existía esta posibilidad en la legislación laboral, estaba contemplada para casos fortuitos o de fuerza mayor y ahora se abría la opción durante esta coyuntura.

     

    Asimismo, aquellos trabajadores que ingresaran bajo esta condición recibirían una prestación económica social de S/ 760 mensuales. Posteriormente, aunque un poco tarde, se precisaron los criterios aclaratorios sobre en qué casos aplica esta medida (D.S. 011-2020). Hasta la fecha, según el MTPE, se han recibido más de 28.000 solicitudes y se estima que alrededor del 80% de estas serían de empresas de 1 a 10 trabajadores o microempresas. Sin embargo, preocupa un dictamen del PL 5039-2020-CR de la Comisión de Trabajo del Congreso, con el cual se prohíbe el cese de trabajadores durante el estado de emergencia, inclusive por vencimiento del plazo de los contratos permitidos por la legislación peruana, afectando a las microempresas que representan el 94% del universo empresarial en el país.

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