Hernán Lanzara: “Dos de los grandes retos de nuestro país son combatir a las redes de corrupción y las economías criminales”

¿Cuáles son sus impresiones sobre el mensaje presidencial de la presidenta Dina Boluarte?

Si bien la señora presidenta señaló que ni ella ni sus ministros están vinculados a actos de corrupción e invitó a la ciudadanía a formular las denuncias correspondientes si encontraran evidencia de algún ilícito y reiteró que la lucha contra la corrupción continuará durante su mandato, haciendo referencia al impulso a la meritocracia y servicio civil y la implantación de mecanismos de prevención de delitos en la administración pública a todo nivel (nacional, regional, local), sin embargo, encontramos que hay ausencias importantes en su discurso, siendo una de ellas la ausencia de autocrítica.

¿Cuáles fueron las ausencias en sus más de cinco horas de discurso?

En su amplio informe no se da cuenta sobre procedimientos o sanciones que se hayan impuesto a malos funcionarios públicos por haber incurrido en actos de falta de integridad o corrupción. En una situación como la que se vive en el país con cifras que superan dos decenas de miles de millones de soles de pérdidas por año, consecuencia de la corrupción, el ejemplo de Machu Picchu para significar la lucha de su gobierno contra la corrupción tal vez no es el mejor.

Esperábamos, junto con otras instituciones del sector empresarial, de la sociedad civil, especialistas y la academia, que la señora presidenta hiciera una invocación o llamado al Congreso para mantener las normas y mecanismos que buscan enfrentar la corrupción (colaboración eficaz, meritocracia, responsabilidad de las organizaciones políticas, entre otras), pero tal pronunciamiento no se produjo.

La ciudadanía espera un mayor deslinde y que se den a conocer casos y actos concretos que den señales claras de la manera como su gobierno está haciendo frente a esta lacra social.

¿Qué otras propuestas no se presentaron para el desarrollo del sector empresarial?

Los ciudadanos tampoco escuchamos avance alguno sobre la reducción de la tramitología y burocracia que propicia espacios para actos ilícitos; tampoco sobre la mejora de los canales de denuncia a fin de garantizar la protección del denunciante de ilícitos contra la integridad, ni sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del proceso de vinculación del Perú a la OCDE, específicamente en materia de transparencia e integridad.

¿Qué propuestas ha delineado la OCDE en materia de lucha contra la corrupción? y ¿cómo el país podría aprovecharlas?

Según el informe de las ‘Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024’ de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), resaltamos las tres principales recomendaciones, las cuales son:

1. Integridad pública: la OCDE sugiere que los países utilicen indicadores y datos confiables para tener una correcta evaluación de riesgos con el objetivo de elaborar una estrategia para que puedan tener un plan de trabajo institucional con la finalidad de mitigar los riesgos de integridad en el sector público.

2. Financiamiento político: Las donaciones privadas. Es de suma importancia revisar la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, específicamente sobre el financiamiento privado. De acuerdo al último informe de la OCDE, la transparencia del financiamiento en los partidos políticos es importante, pues siempre que se pueda acceder a dicha información con fluidez, se podrá verificar que los fondos que se transfieran a dichos partidos no excederán el límite permitido y, por tanto, no habrá gastos indebidos.

3. Anticorrupción en apoyo a la transición verde: el mejor aliado para la lucha contra la corrupción es la participación activa, transparencia y rendición de cuentas con la finalidad de impulsar las prácticas ambientalmente sostenibles.

¿Qué acciones deberían realmente realizar el Congreso y el Poder Ejecutivo en materia del combate contra la corrupción?

Algunas de las acciones necesarias y de las que ya nos hemos ocupado anteriormente son asegurar mejoras en la designación y contratación de servidores y funcionarios públicos, con mecanismos para verificar, de manera previa, su capacidad profesional y moral; y, en el caso de funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo directivos de organismos constitucionales autónomos, que el proceso de selección sea llevado a cabo por un ente profesional, técnico, independiente y sin ninguna vinculación partidaria o política o de otro orden.

También, apostar por las prácticas de Gobierno Abierto; digitalizar la información para asegurar la transparencia, eficiencia y trazabilidad en los procesos; supervisar la presentación de las declaraciones juradas de intereses, sin excepción, e implementar acciones de prevención y gestión oportuna de posibles conflictos de intereses y transparentar la agenda de los funcionarios a todo nivel implementando un registro de visitas en línea, con la relación de reuniones, audiencias de gestión de intereses y actividades.

Además, es importante consolidar la función de integridad en todas las entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos subnacionales, dotándoles de los recursos necesarios para su operación, así como de sus atribuciones, y competencias y mejorar el Canal Único de Denuncias del Ciudadano para proteger a los denunciantes, entre otras.

¿Qué estrategias debería tomar en cuenta el Gobierno para ser un país más íntegro y luchar frontalmente contra la corrupción?

Necesitamos instaurar la meritocracia como piedra angular del servicio civil, con foco en la capacidad profesional y moral de los funcionarios públicos, y promover su formación y capacitación permanente.

La justicia en nuestro país, a pesar de muchos magistrados y funcionarios probos, adolece de fragilidad. Es necesario promover un sistema de justicia que funcione, debido a que el principal problema del país es la impunidad.

Hay que reducir la tramitología y los procedimientos a fin de restringir las oportunidades para actos ilícitos y defender los avances en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Las reformas alcanzadas vienen siendo debilitadas y es necesario defenderlas: se ha desnaturalizado el concepto de crimen organizado, hay proyectos de ley que modificarían los procedimientos en materia de lavado y otros temas que generan preocupación. Entonces, es de suma importancia revisar la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, específicamente sobre el financiamiento privado.

También hay que trabajar en la educación de los ciudadanos desde la niñez, la conciencia social y la formación de valores, y en el mundo actual, trabajar herramientas que nos permitan hacer frente a los retos que impone la IA, las economías criminales y las grandes redes de corrupción global.

¿Cómo el Gobierno debería restaurar la confianza en el liderazgo con la ciudadanía y el empresariado?

Construir confianza es uno de los retos más importantes del Estado y de cualquier gobierno. La verdad, no se necesita mucho: compromiso, convencimiento y voluntad política para que tenga éxito. La confianza de la ciudadanía se adquiere con las acciones y hechos concretos, no con los discursos.

La transparencia y rendición de cuentas son sustantivas para iniciar y dar continuidad a cualquier proceso orientado a restaurar la confianza en el Ejecutivo y las instituciones del Estado. Hay que promover el Gobierno Abierto y acercarse a la ciudadanía, propiciando su participación; trabajar con las organizaciones empresariales y de toda índole e involucrarlas en la generación de políticas públicas, por ejemplo.

Es importante que las leyes contra la corrupción, y aquellas que favorecen la transparencia y meritocracia, para su aprobación y modificación requieran mayorías calificadas de congresistas.

¿Cuál es su opinión respecto a que el Congreso de la República ha dispuesto la promulgación de la nueva ley sobre el crimen organizado, ya que el Poder Ejecutivo no la ha observado?

Las modificaciones a la ley del crimen organizado que ha sido promulgada por el Congreso ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana en el país, ya que es grave que se señale como requisito que las organizaciones criminales controlen «la cadena de valor de un mercado o economía ilegal», con lo cual quedarían fuera quienes cometan delitos de cohecho, colusión simple, así como extorsión, secuestro, que tienen en zozobra a la población.

Además, cuestionamos su modificación porque considera como organización criminal solo a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, dejando fuera a organizaciones involucradas en actos de corrupción. Esta ley de impunidad termina favoreciendo a grupos criminales y perjudica el trabajo tanto de la Policía Nacional del Perú como del Ministerio Público.

De esta manera, las recientes acciones del Congreso aprobando modificaciones legislativas que debilitan la colaboración eficaz, que liberan de responsabilidad penal a los partidos políticos ante supuestos ilícitos por falta de transparencia, sumadas a los intentos parlamentarios por derogar la Ley del Servicio Civil y otras normas que intervienen en el desempeño de distintas organizaciones e instituciones de la sociedad, evidencian una distorsión del marco legal que perjudica severamente el trabajo anticorrupción, favoreciendo a la impunidad y la comisión de delitos.

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