Con el objetivo de destacar las iniciativas legislativas que buscan elevar la competitividad nacional y advertir sobre los proyectos de ley que la perjudican, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL analizó los proyectos de ley (PL) presentados en el Congreso de la República del Perú entre el 3 de abril y el 11 de junio de 2024. Se eligieron aquellos con un impacto significativo en la competitividad, siguiendo la metodología empleada por el Foro Económico Mundial en la construcción de su Índice de Competitividad Global, que considera 12 pilares: institucionalidad, infraestructura, adopción de TIC, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de bienes, mercado laboral, sistema financiero, tamaño de mercado, dinamismo de los negocios e innovación.

Proyectos en contra de la competitividad

Institucionalidad

Los contratos ley en la legislación peruana han sido fundamentales para atraer inversión extranjera y promover el desarrollo económico. Estos otorgan a los inversionistas una serie de beneficios, incluyendo estabilidad jurídica, garantizando que las normas que los regulan no pueden ser modificadas unilateralmente por el Estado. Sin embargo, los PL 7498 y 7561, presentados en abril pasado, afectarían esta estabilidad jurídica consagrada en la Constitución. El PL 7498 propone la nulidad administrativa de los contratos ante la vulneración de principios constitucionales en agravio del Estado, pero no define claramente quién juzgará esta vulneración, por lo que quedaría la decisión a merced de intenciones políticas y no técnicas. A su vez, el PL 7561 establece la potestad del Estado para anular contratos de concesión si los funcionarios públicos, personas jurídicas, representantes legales o personas vinculadas son condenados aquí o en el extranjero. Con esto, un contrato de concesión quedaría inestable, ya que las personas vinculadas podrían ser condenadas en el futuro por motivos ajenos al contrato y eso terminaría perjudicando las inversiones y aumentando la paralización de obras. Al eliminar la estabilidad jurídica de los contratos ley, los inversionistas no tendrán la seguridad de que las reglas del juego no serán modificadas en el futuro. Esto podría generar una ola de litigios y arbitrajes internacionales, dado que el Estado estaría incumpliendo sus compromisos y dañando su credibilidad con consecuencias negativas para las relaciones del Perú con otros países y organismos internacionales.

Infraestructura

La brecha de infraestructura puede reducirse con la participación de la inversión privada y pública. El PL 8067 restringe el marco jurídico y desalienta la inversión privada en saneamiento, con la premisa de que el Estado es el único que debe administrar recursos vitales como el agua. El resultado será un desaliento a la inversión privada, postergación de mejoras necesarias en las EPS y el declive en el stock de infraestructura de calidad.

Sistema financiero

El PL 7570 propone establecer un tope a las tasas de interés que cobran los bancos. Aunque la intención es proteger a los consumidores de altas tasas de interés, el control de precios podría generar escasez de créditos y que un número importante de personas no accedan a estos, lo que aumentaría el acceso al crédito informal.

Habilidades

Existen 26 proyectos de ley que declaran de necesidad pública e interés nacional la creación de universidades públicas. Esta proliferación no considera la viabilidad técnica y presupuestaria. Según el IEDEP, crear 5 de estas 26 universidades costaría unos S/ 821 000 000 por año. Incluso se pretende crear universidades en regiones donde ya operan otras tres, como es el caso de Apurímac.

Lo que se necesita para mejorar el capital humano es potenciar los estándares de enseñanza de educación superior público y privado, incentivando la ciencia, tecnología e innovación, así como establecer convenios con universidades extranjeras de prestigio.

De otro lado, el PL 8056 propone cambios en la Ley Universitaria, al postular el licenciamiento permanente y la posibilidad de tener programas de estudios 100 % virtuales. Esta iniciativa no contribuye a la mejora en el capital humano necesario para un país más competitivo.

Mercado laboral

El PL 8112 propone la colegiatura obligatoria de profesionales egresados de universidades para el ejercicio laboral, al añadir procesos burocráticos y costos para los egresados.

A su vez, el PL 8133 propone el incremento de la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1 500, lo que afecta al empleo formal y reduce la capacidad de absorción de la mano de obra por parte de las empresas. La fijación de la RMV debe ser consensuada entre trabajadores y empresas en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

Proyectos a favor de la competitividad

Sistema financiero

El PL 7802 es positivo porque deroga la Ley 31143, que dispuso que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) fije tasas máximas para los créditos de consumo y para las mypes, a fin de supuestamente evitar la usura. Como se sabe, tal medida ha ocasionado el fomento de créditos informales que, en su mayoría y tal como se señala en el proyecto de ley, son parte de organizaciones criminales. La propuesta legislativa corrige esta situación, contribuyendo a un mayor acceso al crédito y a la bancarización de los diversos clientes del sistema financiero.

Proyectos con efecto ambiguo en la competitividad

 Innovación

El PL 8100, Ley de Fomento de Electromovilidad y el Ahorro de Energía, promueve la movilidad eléctrica y el ahorro de energía, al beneficiar a consumidores y empresas. Aunque reduce las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector de transporte, mejora la calidad ambiental y contribuye a la sostenibilidad; es crucial cuantificar los costos fiscales y evitar subsidios generalizados que puedan beneficiar a sectores no necesitados. Se trata de que este mercado se desarrolle de una manera autosuficiente y no sea dependiente de la vigencia de subsidios e incentivos tributarios.

Estabilidad macroeconómica

El PL 8113 propone ampliar los gastos deducibles de renta de trabajo para la determinación de la renta anual, incluyendo gastos educativos y en supermercados y mercados. Aunque esta medida incentiva la formalización, puede afectar la recaudación tributaria, algo que no se ha evaluado en el PL.

Como puede verse, el análisis del IEDEP sobre los proyectos de ley presentados en el Congreso entre abril y junio pasados revela un panorama mixto en cuanto a su impacto en la competitividad del país. No obstante, para mejorar la competitividad del Perú, es esencial que las propuestas legislativas sean cuidadosamente analizadas, tomando en cuenta todos los escenarios positivos y negativos que pudieran causar y, basándose en ellos, aprobarlos o no. Solo así se podrán crear condiciones propicias para un crecimiento sostenido y una mayor prosperidad para todos los peruanos.

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