• Congreso aprueba leyes que debilitan lucha contra el crimen

    Roberto de La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, cuestionó al Congreso por haber modificado el Código Penal Procesal.

    30 de septiembre del 2024
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    Samuel Moreno

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    El Código Penal en el Perú sufrió modificaciones que no ha convencido en la lucha contra la creciente criminalidad que azota el país. Desde la Cámara de Comercio de Lima se había cuestionado la modificación respecto a las organizaciones criminales, que solo serían considerados los que cometen delitos con penas superiores a los 6 años y dejando fuera a grupos involucrados en corrupción. Lo mismo con los allanamientos, dándole carta abierta a que los investigados puedan ocultar pruebas cuando ocurran intervenciones de las autoridades.

    Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), abordó los cambios hechos en el Código Penal Procesal, concretamente en el tema de las escuchas telefónicas. Resulta que, uno de las modificaciones va directamente contra las escuchas telefónicas legales. Originalmente la Policía Nacional del Perú (PNP) tenía un plazo de 60 días para las interceptaciones teléfonicas, y podía extenderse el tiempo necesario hasta que finalizara las investigaciones.

    Con la modificación, de los 60 días, puede ampliarse por única vez y que las indagaciones solamente duren 120 días, siempre que existan los elementos necesarios que justifiquen seguir con las escuchas teléfonicas legales. Al respecto, De La Tore fue enfático señalando que esto refleja una «pésima señal que el Congreso aprueba leyes que debilitan la lucha contra la criminalidad«.

    ¿Es viable el proyecto de ley sobre ‘Terrorismo urbano’?

    Congreso

    Desde el Ejecutivo derivaron un proyecto de ley al Congreso de la República respecto al ‘Terrorismo urbano’, un tema que lleva muchos años en carpeta buscando castigar con penas más severas a aquellos que cometen delitos de extorsión o secuestro. Para el presidente de la CCL antes de abordar dicho tema, sugirió que debería evaluar el derogar la ley de crimen organizado y que los extorsionadores vuelvan a estar dentro de esa categoría.

    En ese sentido, contó que tras aprobarse la nueva ley del crimen organizado, se entorpeció el trabajo de la fiscalía con varios casos. «La fiscalía tenía más de mil expedientes que se han quedado al aire«, narró de La Tore.

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