• Conflictos sociales proliferan donde existe más pobreza

    A octubre de 2021, se registraron 198 conflictos sociales en el país, los cuales han retraído la inversión privada. De dichos conflictos, 148 son catalogados como activos, señaló el IEDEP.

    22 de Noviembre del 2021
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    La Defensoría del Pueblo (DP) define un conflicto social como un proceso donde las empresas, la sociedad civil y el Estado perciben que sus intereses o necesidades están siendo afectados o amenazados. Si bien es cierto que el conflicto social siempre va a existir como tal, el riesgo es que el diálogo, única vía de solución, quede trunco y lleguemos a una etapa de violencia con severas consecuencias para todas las partes involucradas.

     

    En los últimos meses los conflictos sociales se han sido exacerbado por las consecuencias de la COVID-19, la elevada mortalidad, el desempleo y la falta de oportunidades para obtener ingresos.

     

    La Defensoría del Pueblo categoriza los conflictos sociales en tres tipos: activo, latente y resuelto. El activo es el que se expresa por alguna de las partes involucradas mediante demandas públicas, formales o informales.

     

    El latente es el que no se expresa públicamente y se mantiene silencioso, pero sí presenta la concurrencia de factores que permiten su activación o, por otra parte, ha dejado de manifestarse por un tiempo considerable. El resuelto es aquel que ya fue solucionado mediante acuerdos entre las partes.

     

    Conflictos activos

     

    A octubre del 2021 se registraron 198 conflictos sociales en el país, de los cuales 148 son catalogados como activos. Del total de conflictos activos, 7 están en una fase temprana, 10 en escalamiento, 3 en crisis, 38 se están disipando y 90 en diálogo.

     

    Según su tipología, de los 148 conflictos activos, el 68% son de tipo socioambiental, es decir, su dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos, aunque también están impregnados de aspectos políticos, económicos y sociales.

     

    Del mismo modo, se observan otros tipos de conflictos como son los de demarcación territorial, laborales, comunales, electorales, así como también aquellos relacionados a la gestión de la administración pública en gobiernos locales, regionales y nacional.

     

    Según los sectores económicos en los que se presentan los conflictos socioambientales, el 63% se concentra en minería y el 23% en hidrocarburos. Asimismo, otros sectores de menor incidencia son los de saneamiento, energía, agroindustrial, forestal, y otros.

     

    Efecto económico

     

    Como es sabido, los conflictos sociales impactan negativamente en la actividad económica al paralizar o disminuir el desarrollo de los proyectos de inversión, así como los procesos productivos de las empresas ubicadas en la zona del conflicto.

     

    Todo esto afecta la producción, el empleo y la capacidad de generación de recursos económicos, tanto para la comunidad como para el Gobierno.

     

    A continuación, se expondrán algunos casos representativos. El 31 de octubre de 2021 la compañía minera Antamina suspendió sus operaciones ante acciones violentas desencadenadas por la demanda de una comunidad campesina en Áncash.

     

    Para dimensionar los efectos económicos se debe considerar que la empresa es la mayor productora de cobre, zinc y plata en el país, extrayendo mensualmente (cifras del 2020) alrededor de 33.020 TMF, 40.931 TMF y 34.554 kilogramos finos, respectivamente. En dicho año, esto se tradujo en pérdidas de US$ 607 millones en tributos al Estado peruano.

     

    En febrero, junio y julio de 2021 se iniciaron tres nuevos conflictos sociales, que a la fecha siguen activos, entre la compañía minera Las Bambas y tres comunidades campesinas de la región Apurímac.

     

    La empresa es el tercer productor de cobre a nivel nacional, produciendo (cifras 2020) alrededor de 26.064 TMF mensuales, además de extraer 264 TMF mensuales de molibdeno.

     

    En términos de impuestos (incluyendo regalías), la producción de esta minera significó US$ 193 millones en 2020. Otros dos casos emblemáticos son la paralización de los proyectos Minas Conga y Tía María.

     

    El primero de ellos es considerado un conflicto latente que ha paralizado una inversión de US$ 4.800 millones para producir oro y cobre en Cajamarca pese a que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2015

     

    Por su parte, el segundo es considerado un conflicto activo que ha paralizado US$ 1.400 millones para producir cobre y molibdeno en Arequipa, pese a contar con EIA detallado aprobado en 2014.

     

     

    Regiones en conflictos

     

    Los principales focos de ocurrencia de conflictos sociales durante octubre fueron Loreto (29 casos), seguido de Áncash (11), Puno (11), Cusco (10) y Huancavelica (9).

     

    Además, estas regiones concentran el 47% del total de casos activos a nivel nacional, afectando como ya se ha dicho a su desarrollo económico.

     

    Si bien entre los años 2010 y 2021, Áncash fue la región con mayor incidencia en conflictos activos, a partir de fines del 2018 han crecido paulatinamente los conflictos en Loreto, convirtiéndose hoy en la zona con el mayor registro.

     

    Es indudable que los conflictos sociales están relacionados a indicadores de pobreza. Como es el caso de Puno y Huancavelica, que son las regiones con el mayor intervalo de pobreza (entre el 41,4% y 45,9% de su población), seguido de Áncash, Cusco y Loreto, en el segundo grupo de mayor pobreza (entre 31,3% y 34,6%).

     

    A esta situación se suma la escasa actividad proveedora del gobierno, reflejada en la lenta y baja calidad de la inversión pública.

     

    Un estudio desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en enero del 2021, pone de manifiesto que, durante la gestión de las pandemias, pueden salir a relucir otros problemas subyacentes y más profundos “como redes de protección social insuficientes, un gobierno incompetente o falta de confianza de la población en sus instituciones”.

     

    De otro lado, la baja inversión pública sigue siendo recurrente en las áreas de mayor conflicto. En una muestra de diez regiones con mayor incidencia de conflictos activos se encontró que el gasto de inversión pública promedio en el quinquenio 2016-2020 fue menor al 60% en las regiones de Áncash y Piura, seguidas de cinco regiones entre una ejecución de entre 60 y 70% (Loreto, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín).

     

    Entretanto, Huánuco y Puno alcanzaron un promedio de 70,7% y 76,1%, respectivamente. Este año, el panorama no es distinto. En el periodo de pandemia la ejecución en tres regiones fue bajo. Se trata de Áncash, con 47,8%; Junín (49,4%); y Apurímac (50%).

     

    El Perú requiere hoy de una mayor inversión privada y pública para elevar el crecimiento de su producto potencial que hoy se encuentra en alrededor del 3% anual.

     

    Las limitadas proyecciones para el 2022 de inversión privada (0,2%) y pública (3,7%) no contribuyen a ese objetivo y los conflictos sociales pueden diluir aún más dichas tasas.

     

    Nuestro país necesita suplir la baja calidad de los servicios públicos, infraestructura física y social. Los mecanismos existen: obras por impuestos, APP, acuerdos G2G y obras públicas.

     

    Corresponde al Estado dotar a la economía de la estabilidad política y jurídica que viabilice todas las iniciativas de inversión, es su mejor contribución a la reducción de la pobreza y a un mayor crecimiento del país.

     

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