Cámara de Comercio de Lima lanza programa para fortalecer capacidades de futuros servidores públicos

En los últimos años el deterioro de la gestión pública ha afectado las bases de la institucionalidad y la democracia de nuestro país. Además, ha originado que cada vez haya más pérdida de credibilidad y confianza en el Estado y en las autoridades.

Según un reporte de la Contraloría General de la República, durante el 2022 la corrupción en el Perú ha ocasionado un perjuicio económico estimado de S/ 24 419 millones, de los cuales, por nivel de gobierno, el 56 % (S/ 13 721 millones) fue originado por los gobiernos regionales y las municipalidades, seguidos por el Gobierno Nacional, con el 44 % (S/ 10 696 millones).

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“Es lamentable esta situación que, además, pone en tela de juicio la capacidad del Estado para gestionar el país. Con este dinero bien invertido y sin corrupción se hubieran hecho más obras públicas en colegios, hospitales, carreteras, antenas para llevar internet o conductos para llevar electricidad y agua potable a las poblaciones más necesitadas”, señaló Hernán Lanzara, presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO), elaborado también por la Contraloría General de la República y donde se evaluó a 2 815 entidades públicas en el 2022, reveló que el top 10 de instituciones públicas con mayores niveles de corrupción está encabezado por el Gobierno Regional de Áncash; seguido del Gobierno Regional de Piura; el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); los Gobiernos Regionales de Junín, Puno y Loreto; la Municipalidad Provincial de Trujillo; la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; la Municipalidad Metropolitana de Lima; y el Gobierno Regional de Tumbes.

Ante dicho resultado, Lanzara mostró su preocupación de que, a lo largo y ancho del país, se identifiquen una gran cantidad de denuncias por actos de corrupción e inconducta funcional, las que incluso han alcanzado a universidades. “Este ranking puede resultar incómodo para las instituciones, pero también es un reto y un compromiso para ellas el llegar a revertir esta situación”, añadió.

Mejores servidores públicos

Con el fin de hacerle frente a esta problemática, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL sostuvo que es fundamental promover la meritocracia en la gestión pública, ya que garantizará a mediano y largo plazo contar con funcionarios idóneos, capacitados y calificados que tomarán decisiones en beneficio de la población.

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“De esta forma se evitaría que factores externos a la experiencia profesional del funcionario público, como contactos, inconducta funcional, presiones, entre otros, pudiesen influenciar en la designación de los puestos públicos, lo cual es muy usual en las distintas administraciones de todo nivel, desde el Gobierno Central hasta los gobiernos regionales y locales”, argumentó Hernán Lanzara.

Además, indicó que un sistema regido por la meritocracia asegura la continuidad de la administración pública. También disminuye los constantes cambios y designaciones que ocurren cuando entra una nueva gestión o administración.

Semillero para futuros servidores públicos

Con el propósito de animar a los jóvenes estudiantes universitarios que se encuentran en el quinto superior a participar en la administración pública como futuros servidores públicos, la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL lanzó el programa piloto “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”.

Esta iniciativa busca sensibilizar a estos jóvenes universitarios mediante jornadas de información, análisis y capacitación. Asimismo, mediante la producción académica se les motiva a reflexionar sobre los problemas de la gestión pública de nuestro país e impartir conocimientos sobre compliance público y privado, gobernanza corporativa, políticas públicas en materia de transparencia y acceso a la información, entre otros aspectos.

Los objetivos del proyecto son contribuir a la formación de futuros funcionarios y servidores públicos de nuestro país, para que fortalezcan las instituciones públicas, incidiendo en sus capacidades, competencias y formación ética; contrarrestar la corrupción; y promover la eficiencia en el gasto público con un enfoque de derechos humanos.

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Además, se busca fortalecer las condiciones de empleabilidad de los jóvenes universitarios (como certificaciones y producción intelectual), y realizar convenios o alianzas estratégicas con entidades del Estado para que puedan evaluar e incorporar gradualmente a dichos jóvenes, mediante pasantías.

Modalidad de estudio

Las clases serán dictadas –de manera híbrida– por destacados especialistas de reconocida trayectoria profesional y académica. Durante las sesiones del “Proyecto semillero para futuros servidores públicos”, un grupo de estudiantes asistirán a la sede institucional de la CCL a fin de participar de manera presencial.

Al mismo tiempo, otro grupo de estudiantes que no residan en Lima, y que tengan dificultades para asistir a las clases presencialmente, podrán participar de las mismas sesiones de forma virtual y sincrónica a través de las plataformas digitales.

Duración del programa

El referido programa tiene una duración de 24 horas divididas en 12 sesiones, y se realizará desde el 19 de septiembre hasta el 26 de octubre del presente año. Las clases se desarrollarán los días martes y jueves, en el horario de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. El curso es totalmente gratuito y cuenta con vacantes limitadas.

Los participantes seleccionados son estudiantes del penúltimo y último año de estudios de las carreras profesionales de Derecho, Ciencia Política, Sociología, Contabilidad, Economía, Finanzas, Administración y Gestión Pública. Además, pertenecen al quinto superior, y debieron presentar una carta de presentación y una carta de recomendación de un docente de su facultad.

Para mayor información, contactarse con [email protected].

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