El Perú destaca en la región por el alto nivel de gasto en inversión pública. Sin embargo, el verdadero problema no es cuánto se invierte, sino cómo se invierte. Así lo advirtieron especialistas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante un foro del Consejo Fiscal.
Según el BID, el país presenta una brecha de eficiencia del 37 %, lo que significa que podría mejorar casi en 40 % la calidad y cobertura de infraestructura utilizando los mismos recursos.
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Uno de los datos más preocupantes es el nivel de paralización de obras. El Banco Mundial estima que existen alrededor de 62 000 proyectos detenidos, lo que representa el 45 % de todas las obras activas en 2023.
Además, el desorden en la ejecución es evidente:
- Cerca de 20 000 proyectos iniciaron en 2023
- 80 % no estaban en el presupuesto inicial ni en la planificación multianual
Esto refleja que muchos proyectos se incorporan durante el año fiscal sin una adecuada evaluación, lo que genera sobrecarga y retrasos.
Problemas en la planificación y ejecución
Especialistas advierten que uno de los principales problemas es la falta de planificación. Aunque ha aumentado el número de proyectos con viabilidad aprobada, esto no garantiza su calidad.
También se detecta una práctica recurrente:
- Se incorporan nuevos proyectos mientras otros siguen inconclusos
- Se generan más de 650 000 modificaciones presupuestales en un solo año
Esta dinámica crea competencia por recursos y retrasa la culminación de obras en ejecución.
Gobiernos locales concentran mayores deficiencias
Las fallas en la inversión pública son más evidentes en los gobiernos subnacionales. En particular:
- Los gobiernos locales presentan menores niveles de ejecución
- Cerca del 70 % de las obras paralizadas se concentra en este nivel
Esto evidencia la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y de gestión en regiones y municipios.
Reformas para mejorar la eficiencia
El BID plantea una serie de medidas para corregir estas deficiencias:
- Fortalecer la institucionalidad del sistema de inversión pública
- Mejorar la planificación y priorización de proyectos
- Garantizar financiamiento para obras en ejecución
- Limitar la incorporación de nuevos proyectos durante el año fiscal
- Implementar evaluaciones independientes para proyectos complejos
