Jessica Rodríguez
En el foro internacional Quo Vadis Perú, organizado por el IEDEP, se reafirmó la urgencia de implementar reformas estructurales y fortalecer la institucionalidad económica para garantizar un crecimiento sostenido hacia el 2030.
El mensaje fue llevado de la mano de cuatro grandes ponencias.
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Inversión y sector externo como motores del crecimiento
Durante el foro, el viceministro de Economía, Eloy Durán Cervantes, destacó que la inversión pública y privada continúa siendo el principal motor de la demanda interna, representando cerca de una cuarta parte del Producto Bruto Interno (PBI). No obstante, advirtió que para potenciar este dinamismo es indispensable que el Estado actúe como facilitador, esto es eliminar barreras regulatorias, reducir la sobrerregulación y alinear las políticas con la dinámica del mercado global.
El funcionario subrayó el posicionamiento del Perú en los mercados internacionales, con nueve productos mineros y treinta y tres agroindustriales ubicados entre los diez principales exportadores del mundo.
En el ámbito interno, el viceministro destacó el avance de mecanismos como Obras por Impuestos (OxI), que han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y podrían alcanzar hasta 12 000 millones de soles en contratos en el presente ejercicio. Este instrumento evidencia una mayor articulación entre el sector público y privado, contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura y a la generación de empleo formal de calidad.
No obstante, el funcionario advirtió que persisten importantes desafíos en el mercado laboral, como brechas de género en la participación económica y bajos ingresos en la población joven, lo que refleja la necesidad de mejorar la productividad y la calidad del empleo como condiciones esenciales para el desarrollo sostenible.
Economía peruana en perspectiva
Durante su intervención, Adrian Armas Rivas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, reafirmó el rol del banco central como garante de la estabilidad macroeconómica en un entorno global caracterizado por alta volatilidad. En ese sentido, destacó la resiliencia de la economía peruana frente a choques externos, gracias a una política monetaria prudente y a elevados niveles de reservas internacionales.
El funcionario explicó que las reservas, que superan los 100 000 millones de dólares, funcionan como un autoseguro que permite al país enfrentar escenarios adversos y mantener la estabilidad del tipo de cambio. Asimismo, señaló que los términos de intercambio continúan siendo favorables, lo que contribuye a sostener un superávit comercial significativo y un flujo constante de divisas.
Destacó también que, pese a episodios de volatilidad como interrupciones en el suministro energético o tensiones geopolíticas internacionales, la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta, consolidando al sol como una de las monedas más estables de la región y reforzando la credibilidad de la política monetaria peruana.
Sin embargo, también advirtió sobre el incremento de la deuda neta como porcentaje del PBI en los últimos años, lo que evidencia una reducción del espacio fiscal disponible para enfrentar futuros choques. En ese contexto, subrayó la importancia de mantener la disciplina fiscal, mejorar la calidad del gasto público y evitar un crecimiento desmedido del gasto corriente.
Reformas estructurales para un mayor crecimiento económico
Desde una perspectiva crítica, el exministro de Economía, Luis Carranza Ugarte, señaló que el principal problema estructural del Perú radica en la baja productividad, la cual, ha jugado en contra del crecimiento del PBI en la última década. Esta situación refleja una asignación ineficiente de recursos que limita el crecimiento económico, reduce la competitividad y afecta la capacidad del país para generar empleo de calidad.
Por el contrario, el Estado ha priorizado el gasto corriente sobre la inversión pública, lo que ha derivado en una importante brecha de infraestructura y en la paralización de miles de proyectos a nivel nacional. Esta ineficiencia tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, al limitar el acceso a servicios básicos como salud, educación y transporte.
También cuestionó ciertas rigideces del marco laboral y tributario que desincentivan el crecimiento empresarial, como la denominada “barrera de los 20 trabajadores”, que genera incentivos perversos para la informalidad. En ese sentido, propuso implementar reformas orientadas a fomentar la inversión, promover la reinversión de utilidades y fortalecer la meritocracia en la gestión pública.
Entre sus propuestas, destacó la necesidad de reforzar la ley orgánica del BCRP a favor de un esquema de conformación del directorio del banco central que reduzca el impacto del gobierno en su conformación. Para ello propone que esté integrado por 7 miembros con una duración de 7 a 9 años con renovaciones por tercios.
Otras medidas concretas son impulsar una reforma tributaria proinversión y consolidar un servicio civil basado en criterios técnicos, con el fin de mejorar la eficiencia del Estado, reducir la corrupción y garantizar una gestión pública orientada a resultados en servicios del Estado como en los programas sociales.
Una mirada institucional al crecimiento económico del Perú
Desde el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, Óscar Chávez Polo, enfatizó que el Perú enfrenta una profunda brecha de productividad que se traduce en bajos niveles de ingreso per cápita, a pesar de contar con un tamaño económico comparable al de países desarrollados como Finlandia y Portugal.
El especialista advirtió que la informalidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, afectando a la mayoría de sectores productivos, especialmente servicios, construcción y comercio. Esta situación limita la recaudación tributaria, reduce la productividad y dificulta la generación de empleo formal, perpetuando un círculo de baja eficiencia económica.
Asimismo, destacó las marcadas diferencias entre zonas urbanas y rurales, donde los ingresos promedio son significativamente menores y el acceso a sistemas de protección social es limitado. Esta desigualdad estructural evidencia la necesidad de políticas públicas que promuevan la inclusión económica, el desarrollo territorial y la formalización empresarial.
En ese contexto, Chávez también alertó sobre la vulnerabilidad del país frente a eventos climáticos extremos, como el Fenómeno del Niño Global, señalando la falta de preparación y planificación como un riesgo adicional para la economía y la población más vulnerable.
