Óscar Zapata
La reciente crisis del gasoducto muestra con claridad que la energía no puede ser un espacio donde se privatizan ganancias y se socializan pérdidas. Cuando las empresas asumen riesgos desmedidos, los costos terminan trasladándose a los consumidores, debilitando la confianza en todo el sistema.
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En el Perú, este recurso sostiene tanto la industria como la vida cotidiana de millones de personas. Recientemente, la crisis del gasoducto provocó un aumento significativo en las tarifas de energía, obligando a recurrir a alternativas más costosas y afectando directamente a hogares y empresas.
En este contexto, algunas compañías, al comprometer más de lo que podían producir, intentaron trasladar sus pérdidas a los usuarios, reproduciendo un patrón de mercantilismo que debilita la credibilidad del sector.
No obstante, el uso del gas ha generado ahorros millonarios para el país, demostrando que el modelo vigente puede producir beneficios colectivos significativos si los riesgos se gestionan adecuadamente.
Por esta razón, es fundamental que concesionarios, reguladores y ciudadanos asuman sus responsabilidades: las empresas deben cubrir sus riesgos, los reguladores garantizar reglas claras y la sociedad velar por la formalidad y la transparencia. Solo así se protege a quienes cumplen la ley y se evita que la informalidad se convierta en un refugio de privilegios.
En definitiva, el Perú necesita un sector energético sólido, confiable y sostenible, donde todos compartan responsabilidades, y la energía sea un motor de desarrollo que fortalezca tanto al Estado como a la economía del país.
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