Empresarios y trabajadores exhortan al Ejecutivo a tomar medidas efectivas contra el crimen organizado

Con el fin de exigir al Poder Ejecutivo que priorice, dentro de su agenda, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, los gremios de empresarios y sindicatos de trabajadores de diversos sectores económicos del país exhortaron de manera conjunta al Ejecutivo a liderar acciones concretas contra la delincuencia.

En una conferencia de prensa conjunta bajo el lema ‘El Perú unido contra la delincuencia y por la paz’, los representantes de los gremios también presentaron propuestas de apoyo para frenar este flagelo social que afecta a todos los peruanos y, en particular, a los más pobres. Por la CCL participó Carlos García Jerí, gerente general de la institución.

Entre las propuestas, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) resalta que el sector privado tiene mucha disposición a intervenir a través del mecanismo de obras por impuestos (OxI) para la construcción y habilitación de infraestructura y servicios necesarios para enfrentar la criminalidad.

De ese modo, la CCL enfatiza que con el mecanismo OxI se puede renovar los sistemas de video vigilancia, construir e implementar comisarías e inclusive mejorar el sistema carcelario del país, entre otros aspectos.

Asimismo, los gremios de empresarios coincidieron en que se deben fortalecer los centros de flagrancia e incrementar su número, ya que se trata de un espacio de trabajo colaborativo entre jueces, fiscales y agentes de la Policía Nacional que puede descongestionar el sistema judicial y administrar justicia en un corto tiempo.

Por ejemplo, la Unidad de Flagrancia de Lima Centro, creada en setiembre de 2023, ha conseguido en seis meses 166 sentencias emitidas. En ese sentido, los gremios empresariales consideran que se les debe dotar de mayor presupuesto a estos centros para combatir eficazmente la inseguridad ciudadana.

Se necesita recuperar la confianza

En tanto, Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), sostuvo que este colectivo de empresarios y trabajadores busca ver el camino de salida ante la alta criminalidad en el país.

“El Gobierno no tiene una estrategia clara de lucha contra la delincuencia. Sus medidas no han sido efectivas. Y lo que vemos ahora es un país desarticulado, dividido y polarizado. Sin embargo, los empresarios y trabajadores necesitamos recuperar la confianza para que las inversiones lleguen al país”, comentó el representante de la SNI.

Por su parte, Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), indicó que se ha abandonado la inteligencia contra el crimen organizado, por lo cual la complejidad de los crímenes en el Perú ha aumentado. Por ello, propuso reforzar las labores de inteligencia contra la inseguridad ciudadana.

“Es una labor urgente que el Gobierno debe resolver. Es una condición indispensable para beneficiar a la población y sus medios de vida”, agregó.

A su turno Julio Pérez Alván, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), indicó que la Policía Nacional tiene Oficinas Regionales de Inteligencia, las cuales deberían coordinar mucho mejor con las direcciones de Investigación Criminal (Dirincri) de las diferentes regiones del país. En ese sentido, dijo que a estas divisiones especializadas se les deben aumentar el presupuesto para esta tarea.

Asimismo, Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), sostuvo que este espacio convocado entre empresarios y trabajadores es un llamado a la atención al Estado para empezar a coordinar acciones frente a la criminalidad.

“Estamos dando alternativas y propuestas; esperamos que el Ejecutivo y el Congreso se sienten en una mesa para resolver este problema”, anotó.

En la actividad también participó Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Costo de inseguridad

En relación a los índices delictivos, Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), señaló que, según datos del INEI, el 84,4 % de la población mayor de 15 años tiene una percepción de la existencia de inseguridad del país. Además, indicó que el 27,2 % de la población de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo entre julio y diciembre de 2023.

También el dirigente dijo que al menos 13 mil bodegueros en el país han sido blanco de extorsiones y robos, según cifras de la Asociación de Bodegueros del Perú. Y de acuerdo a la opinión de economistas, comentó que el costo de la inseguridad ciudadana en el Perú se estimaría en 3,09 % del PBI. Es decir, más de S/ 31,500 millones al año.

En la conferencia de prensa participaron también representantes de gremios sindicales como Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); Gílmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú (FETRIMAP); y Jimmy Lázaro, secretario de Organización de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines (FNT-CGTP-ABA).

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