Yolanda Torriani: Doce meses

El artículo 118 de la Constitución Política establece que es obligación del presidente de la República dirigir un mensaje al Congreso al instalarse la primera legislatura ordinaria anual, es decir, cada 28 de julio, fecha en que el Perú celebra su aniversario patrio. Este mensaje que, según el mandato constitucional, debe presentarse en forma personal y por escrito, debe contener la exposición detallada de la situación del país y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Poder Legislativo.

Así debe ser; así ha sido siempre.

Sin embargo, este 28 de julio encuentra al país en una situación de extrema gravedad por la emergencia sanitaria y la crisis social provocada por la paralización de todas las actividades económicas, decretadas a raíz de la llegada de la pandemia del coronavirus.

Así, el panorama actual es sombrío frente a los miles de peruanos víctimas de esta enfermedad, que no encuentran dónde atenderse, con hospitales y centros de salud colapsados y personal de salud, militares y policías carente de elementos básicos de bioseguridad para cumplir su importante labor. A ellos se suman los millones de hombres y mujeres que han perdido sus puestos de trabajo por la quiebra y cierre de miles de empresas.

Sin embargo, sí debemos esperar del Mensaje a la Nación que desde el hemiciclo congresal dirigirá este martes el presidente Martín Vizcarra, acciones claras, concretas y coherentes que permitan al país emprender el camino de recuperación de la situación en que se encuentra, convocando a todos los sectores, sin exclusiones o sesgos ideológicos de ningún tipo.

Sería muy dañino que alguien piense que se debe “administrar la crisis” y dejar pasar el tiempo. La emergencia no admite cálculos políticos.

Por ello, además de la inmediata atención de la salud de los peruanos, una de las primeras obligaciones es aceptar el apoyo que desde el primer día ofreció el sector privado peruano, así como disponer de la siempre valiosa participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las iglesias de todo credo.

Lo hemos dicho antes y lo repetimos: son los empresarios, militares, policías y religiosos los que mejor conocemos el país y tenemos la organización, capacidad e infraestructura para llegar allí donde el Estado no llega.

Los hombres y mujeres que hacemos empresa en el Perú, estamos más que comprometidos en trabajar de la mano del Estado para ayudarlo allí donde se nos necesite.

A la vez urge destrabar la maraña de protocolos, requisitos, trámites, licencias, inspecciones y sin fin de gestiones burocráticas que impiden el reinicio de las actividades económicas, frustrando el empeño y sacrificio que hacen millares de grandes, medianos, pequeños y micro empresarios por volver a producir para evitar la quiebra, conservar a sus trabajadores y comprar a sus proveedores.

Urge que el mensaje presidencial inspire confianza, genere certidumbre política, económica y legal para garantizar la inversión del empresariado peruano y la posibilidad de volver a atraer la inversión extranjera.

Los peruanos que hoy deambulan por las calles en busca de un empleo con el cual poder sostener a sus familias, solo lo volverán a encontrar si las empresas de todo tipo y tamaño vuelven a trabajar. Ellos no pretenden dádivas ni puestos de trabajo de favor.

Hay que insistir una y otra vez hasta que se entienda: es el sector privado el que genera puestos de trabajo formales, el que se esfuerza arriesgando su capital, tiempo y hasta su integridad personal y familiar para echar a andar desde un pequeño emprendimiento hasta una planta industrial. No es el Estado y mucho menos el gobierno el que da empleo; son los empresarios quienes en los momentos más difíciles de nuestra historia -y sin duda este es uno de ellos- se la han jugado para generar riqueza para el Perú y los peruanos.

El mensaje del jefe del Estado se complementará en pocos días, el 3 de agosto, con el que -también de acuerdo a la exigencia constitucional- el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, deberá igualmente dirigir al Congreso de la República para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiera su gestión.

Por la brevedad del lapso que separará ambos mensajes, es de esperar que uno y otro no caigan en generalizaciones sino más bien en anuncios muy puntuales de parte del primero y el detalle de la implementación de los mismos por parte del segundo.

Es imperativo, por tanto, establecer cronogramas de ejecución de las medidas que se vaya a anunciar -con plazos de riguroso cumplimiento- y consolidar el diálogo que se ha iniciado con las diversas bancadas del Parlamento, poniendo término a la búsqueda de confrontaciones que serán muy buenas para las encuestas, pero muy malas para nuestro país.

El mensaje de este 28 de julio del presidente Vizcarra será a la vez el último que dirigirá al país como jefe del Estado, pues el 28 de julio del próximo año debe asumir la Presidencia de la República el hombre o mujer que libre y transparentemente sea elegido por la mayoría de peruanos, en un proceso sobre el que no debe caer sombra alguna de duda.

En tal sentido, también es una obligación imperativa de esta administración que inicia su último año de gestión, garantizar que se respete absolutamente la voluntad popular y que asegure por parte de todos los actores, instituciones y poderes del Estado, escrupulosa imparcialidad.

Doce meses pueden parecer poco, pero no lo son si existe real voluntad de cambio y de recuperar el tiempo perdido, retomando el rumbo de progreso, desarrollo, justicia y bienestar para todos los peruanos.

Solo así, el próximo 28 de julio podremos volver a decir ¡Felices Fiestas Patrias, Perú!