Con el propósito de analizar los avances de la implementación de programas de cumplimiento e integridad en el sector público y privado, se llevó a cabo el ‘VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción’, organizado por la World Compliance Association y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y en el que participaron expositores internacionales, autoridades de alto nivel y profesionales de sector empresarial.

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En el discurso inaugural, que se realizó durante los días 19, 20 y 21 de septiembre en la sede principal de la CCL, Leonardo López, director del gremio empresarial, destacó que la Cámara tiene como política y compromiso promover la integridad y transparencia a través de todas sus actividades y entre todos sus directivos, empleados y colaboradores, mediante la aplicación de buenas prácticas, el cumplimiento de su código de ética y sus valores corporativos.

Asimismo, el directivo mencionó que la CCL impulsa el estricto cumplimiento normativo de su Modelo de Prevención de delitos de acuerdo con la Ley 30424, normativa que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, la cual fortalece la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promueve el buen gobierno corporativo.

«De esa forma, somos un referente ante nuestros miles de asociados y sector empresarial, modelo que es compartido con nuestras empresas asociadas dentro de nuestro portafolio de servicios que ofrece nuestra la institución», resaltó López.

También, señaló que el hecho de que la CCL sea nuevamente sede de este importante congreso a nivel internacional constituye una nueva oportunidad para reafirmar este compromiso, así como los esfuerzos y acciones que se despliegan para erradicar el flagelo de la corrupción.

«En esta línea, desde el año 2013, la CCL forma parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) que busca coordinar acciones y proponer políticas de Estado, dirigidas a prevenir y combatir la corrupción del país, la cual es reconocida como uno de los problemas más álgidos de nuestro país», sostuvo el director del gremio empresarial.

Comisión de integridad

Además, Leonardo López destacó que la CCL cuenta con la Comisión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, conformada por un grupo de destacados profesionales, expertos en temas de ética, integridad y sistemas de cumplimiento, con quienes promueven una cultura de integridad y ética en el sector privado, trabajando de manera coordinada con el sector público a fin de que sea sostenible en el tiempo.

«La Comisión realiza de manera anual foros internacionales de integridad y lucha contra la corrupción con el fin de sensibilizar sobre estos temas al sector empresarial y a la ciudadanía en general. De este modo, generamos un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias y propuestas para que, de la mano con el sector público, la academia y la sociedad civil, promovamos una cultura de integridad y ética, tanto en el mundo de los negocios como en nuestra sociedad», remarcó el representante del gremio empresarial.

A nivel formativo, López indicó que la CCL, a través de su Centro de Consultoría, viene desarrollando cursos de capacitación para formar especialistas y auditores que apoyen en comprender, diseñar, implementar y supervisar modelos de prevención de delitos y Sistemas de Gestión Anticorrupción en empresas e instituciones, con el objetivo de prevenir, detectar y mitigar adecuadamente posibles conductas ilícitas en las empresas.

Retos y desafíos

Por su parte, Iván Martínez, vicepresidente y cofundador de la World Compliance Association Internacional, comentó que ya son siete los años en los que se viene realizando el ‘Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en el Perú’, en una coyuntura política, donde pasaron varios presidentes y cientos de ministros. Sin embargo, destacó los avances ejecutados por el sector público y privado para combatir el lavado de activos.

“Cuando iniciamos con los congresos de compliance era un fenómeno absolutamente nuevo para el país. Hoy más de 400 personas se desempeñan como compliance officers, lo cual es muy positivo por los avances que se ha visto en el Perú. Tal vez, en la actualidad es difícil ser optimistas ante los grandes casos de corrupción, pero la gran responsabilidad de las autoridades es generar credibilidad y confianza en la población”, señaló el especialista en compliance.

A su vez, Nelson Shack, Contralor General de la República, sostuvo, a través de su participación virtual, que el principal problema que enfrenta el país es la corrupción que afecta la calidad de vida de las personas y sus perspectivas de desarrollo. Además, señaló que genera el debilitamiento de las instituciones y la democracia, así como la afectación del crecimiento económico del país.

“Para afrontar este escenario, afirmamos que la lucha contra la corrupción debe ser sostenible, articulando adecuadamente el ecosistema de control conformado por la Contraloría de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, este ecosistema también comprende el control político por parte del Poder Legislativo, el compliance de las empresas privadas y la academia. Todos tenemos que reducir el umbral de tolerancia de la corrupción”, indicó el funcionario.

En relación con los avances del Modelo de Integridad que se vienen implantando en las instituciones públicas, Sara Farfán, secretaria de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), precisó que cada vez más entidades públicas vienen adecuando herramientas para aumentar su capacidad preventiva frente a la corrupción y en el cambio cultural.

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En el panel denominado ‘Experiencias reales en la implementación de programas de integridad pública’, también participaron Tabata Vivanco, secretaria general del Ministerio del Interior; y Carlos David Castro Barriga, director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de la Producción (Produce).

Políticas contra el lavado de activos

En cuanto a los avances de políticas contra el lavado de activos, Sergio Espinoza, superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, adelantó que este año esperan que se apruebe la política nacional anti lavado de activos, así como la evaluación nacional de riesgos de financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación.

Además, durante su exposición, Espinoza explicó que la UIF ha detectado como un riesgo muy alto de lavado de activos a la minería ilegal y los delitos contra la administración pública. Asimismo, se mantienen como riesgos muy altos el tráfico de drogas, los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio. Sin embargo, comentó que es lamentable que no se considere como un riesgo importante a la trata de personas y menores.

En el panel “El periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción en América”, participó Óscar Balderas, periodista de investigación de MVS y Milenio Noticias de México, quien comentó que los tiempos de crisis son el terreno perfecto para la proliferación de la corrupción, lo cual es una amenaza constante para el trabajo periodístico.

Asimismo, Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de El Comercio; e Iván Slocovich, director de Correo; coincidieron en que el periodismo de investigación en el Perú es un desafío permanente porque es un enfrentamiento contra el poder y autoridades políticas inmersas en casos de corrupción, quienes someten a los periodistas a querellas y a juicios. El panel estuvo moderado por José Salazar, periodista y comunicador especializado en asuntos públicos.

De otro lado, durante el desarrollo del panel denominado “La investigación interna en el marco corporativo, retos y oportunidades”, Yusith Vega, oficial de Cumplimiento de la CCL, resaltó que no es suficiente que las empresas cuenten con canales de denuncias para la adecuada recepción de irregularidades, también es muy importante que adicionalmente tengan una adecuada metodología para atenderlas.

A su vez, Teresa Tovar, líder del área de Compliance en el Estudio Echecopar asociado a Baker & MCKenzie Int., resaltó la reciente publicación de la ISO/TS 37008, que ofrece orientación para que las organizaciones lleven a cabo investigaciones internas basadas en los principios de confidencialidad, competencia y profesionalidad, objetividad e imparcialidad, y legalidad.

Por su parte, Fernando Dyer, Chief Risk Compliance Officer en Unacem, señaló que las investigaciones internas permiten a una organización, tomar decisiones informadas si se han infringido leyes, reglamentos, políticas internas, procedimientos, la política de cumplimiento corporativa y la ética de la organización, comprendiendo las causas que provocaron los incumplimientos mencionados para establecer y aplicar las medidas paliativas necesarias para evitar que se produzcan conductas similares.

Finalmente, Pablo E. Gil de Montes, director ejecutivo de Gryphon Strategies, resaltó la importancia de las investigaciones internas desde el punto de vista de un investigador externo independiente, cuyos informes le servirá de apoyo a los compliance officers para la toma de acciones correctivas o de mejora en la empresa.

Cabe precisar que el ‘VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción’ contó, además, con conferencias magistrales, talleres especializados virtual y presencial en simultáneo.

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CCL: Digitalización y transparencia son fundamentales para luchar contra la corrupción

La presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno de Lercari, aseguró que para luchar contra la corrupción se requiere de herramientas fundamentales como la digitalización y la transparencia.

Así lo manifestó la líder empresarial en el II Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, evento que se extenderá hasta el 30 de noviembre y que es organizado por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL.

“Para la CCL, la lucha contra la corrupción es nuestra bandera institucional, la misma que corroe las bases de la institucionalidad y la democracia. Por ello, este foro es de suma importancia no solo porque fomenta el debate, sino que permite hacer diagnósticos adecuados a fin de buscar soluciones eficaces y eficientes”, manifestó Rosa Bueno.

En ese sentido, añadió que la CCL tiene entre sus principales objetivos el promover la integridad y transparencia a través de todas sus actividades, procurando ser un referente ante las empresas asociadas y el sector empresarial en general.

Debate democrático

En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, José Ávila Herrera, saludó esta iniciativa de la CCL, puesto que contribuye al debate democrático, eje central de una comunidad política.

“Con este II Foro, la CCL hace una gran contribución a la democracia, porque de no existir estos espacios públicos, la democracia se vuelve ‘a la calle’ y ello es peligroso”, manifestó.

Del mismo modo, destacó el tema de integridad como eje central del foro, que representa un abordaje oportuno en esta crisis coyuntural.

“La integridad es el valor político más importante de la democracia, la misma que debe estar dentro de las convicciones de los ciudadanos, de las empresas y del Estado, pues ser íntegros es la única manera de cambiar al país. Ese es el gran reto que hoy propone la CCL”, precisó José Ávila Herrera.

Cultura de integridad

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que el gremio empresarial está sumamente comprometido con la promoción de una cultura de integridad y ética.

“Este encuentro, que se realiza por segundo año consecutivo, constituye para la CCL una nueva oportunidad para reafirmar este compromiso, así como los esfuerzos y acciones que desplegamos para erradicar este flagelo”, remarcó.

Más adelante enfatizó sobre las pérdidas económicas que generan los actos de corrupción e inconducta funcional que, según la Contraloría de la República, se estiman en más de S/ 24.000 millones en el 2021, lo cual representa el 13,6% del presupuesto nacional ejecutado.

“Ante estas reveladoras cifras, estamos más que conscientes del enorme daño que genera la corrupción en nuestro país; porque socava las bases de la democracia, desincentiva la inversión y genera más pobreza”, anotó.

Más adelante, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano -en su conferencia magistral- citó los distintos casos de corrupción que padeció el país, manifestando que en todos esos años el sistema de justicia peruana no ha podido responder de manera adecuada por una serie de factores, entre ellos la presencia de la corrupción.

“A nivel internacional, el Estado peruano litiga en situación de total desventaja, pues no cuenta con el apoyo de abogados especialistas ni recursos económicos, y al final el corrupto, que cuenta buenos letrados, termina bloqueando la acción de la justicia”, afirmó.

Enfatizó que existe por parte del ministerio de Justicia una persistente inacción debido a que no hay un seguimiento público de los procesos ni la suficiente transparencia para conocer cabalmente el desarrollo de todos los juicios que presenta el Estado peruano.

Tecnología y participación de la ciudadanía

Cabe mencionar que el referido encuentro se inició con el bloque denominado “Poder Ejecutivo, Constitución y Transparencia”, moderado por la jefa de Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de gestión Pública de la Universidad del Pacifico, Alexandra Ames.

En este espacio se abordaron los diversos desafíos existentes en el ámbito estatal, así también se resaltó la importancia de generar un Estado transparente, descentralizado y moderno, comprometido con el desarrollo nacional y de la ciudadanía.

Al respecto, la miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de Producción (ITP), Maité Vizcarra; y el presidente ejecutivo de Apoyo Comunicación, Gabriel Ortiz de Zevallos, coincidieron en la necesidad de involucrar a la tecnología y la ciudadanía para evaluar si el aparato estatal hace una buena labor en su lucha contra la corrupción.

En relación a las normas constitucionales, el socio del Estudio Echecopar y asociado a Baker & Mckenzie International, Samuel Abad; consideró que la actual Constitución no se ajusta a las necesidades de los ciudadanos y del país.

“A lo largo de la historia peruana, no hemos tenido una Carta Magna ‘a la medida’, pues actualmente tenemos una Constitución que ya no responde a la realidad; por ello, hoy es oportuno revisarla”, comentó.

Más adelante, en el segundo bloque “Función Legislativa y Lucha contra la Corrupción” se abordó el rol que viene cumpliendo el Poder Legislativo y si este es efectivo para contrarrestar la referida problemática, con especial énfasis en la labor de las comisiones investigadoras, pero también en el perfil de quienes acceden al Congreso de la República.

Aquí participaron el analista político, Gonzalo Banda; la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello; y el excongresista Alberto de Belaunde, siendo moderadora la adjunta para la Prevención Contra la Corrupción y Políticas de Integridad de la Defensoría del Pueblo, Susana Silva.

Posteriormente, en el bloque “Crisis Alimentaria y Gestión Transparente” se identificaron los desafíos de la gestión pública frente a la crisis alimentaria y cómo evitar nuevas modalidades de corrupción en un contexto de emergencia, como fue el caso de la pandemia de la COVID 19.

Dicho panel estuvo conformado por la coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas, Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Mónica Muñoz-Najar; el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas; y el exgobernador regional de Ica, Fernando Cilloniz, siendo moderadora la conductora del bloque económico TDT Nativa, Cristina Luna.

Siguiendo con las reuniones iniciadas con las instituciones más representativas del país, la semana que pasó nos reunimos con la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien está dando importantes pasos para lograr mayor transparencia y agilidad en los procesos judiciales.

En la Cámara de Comercio de Lima compartimos agenda con el Poder Judicial en materia de celeridad y transparencia de procesos. A través de los arbitrajes que administramos también colaboramos con la justicia. En el 2017 implementamos el Faro de la Transparencia, el cual permite a la comunidad arbitral obtener información sobre Tribunales Arbitrales, sanciones recibidas por los árbitros, laudos anulados y, en caso de arbitrajes del Estado, acceso al laudo completo.

En esta misma línea, el Poder Judicial implementó el Casillero Judicial – Conoce a tu Juez, el cual permite conocer el trabajo de los jueces al publicar –en un sistema amigable– no solo las sentencias, sino, además, su productividad. Al hacerlo, la ciudadanía podrá tener información no solo cualitativa, sino cuantitativa sobre el trabajo que se desarrolla en los despachos judiciales.

Considerando que la transparencia es el mejor antídoto para la corrupción, saludamos la decisión del Poder Judicial de poner reflectores en los procesos judiciales y aconsejamos complementar la información anterior con la publicación de las sanciones impuestas a los jueces por la Oficina de Control de la Magistratura. Esto permitirá que la ciudadanía tome conocimiento, no solo sobre la capacidad profesional de los jueces, sino sobre lo más importante: su integridad.

Otra buena noticia es el inicio de operaciones de la Unidad de Flagrancia. Esta permitirá que los jueces dicten sentencias en dos o tres días a los detenidos en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. El costo del proceso sería aproximadamente de S/ 1.600. Hoy la duración promedio del juicio es de 11 meses y a un costo aproximado de S/ 12.000.

Esta herramienta contribuirá para mantener la seguridad ciudadana, que se ve afectada por los cientos de delitos patrimoniales que sufren los ciudadanos y quedan impunes por la lentitud actual de la administración de justicia

Finalmente, debemos señalar que el expediente electrónico está avanzando. Actualmente, se tramitan 354.396 procesos bajo este formato, en 23 cortes superiores. Además, vía la Mesa de Partes Electrónica, los usuarios litigantes presentaron 1’808.867 escritos, facilitando su acceso a la justicia.

Dichas cifras demuestran la voluntad de gestionar y hacer cambios reales en beneficio del ciudadano. La transformación digital permitirá disminuir los tiempos en los procesos.

Los cambios que gestiona el Poder Judicial tienen como centro al ciudadano. La transparencia y la digitalización son armas poderosas para desterrar la corrupción y favorecer la celeridad, lo cual permitirá que el ciudadano pueda sentir que sí se puede acceder a la justicia en nuestro país.

Desde la Cámara de Comercio de Lima, nuestro compromiso implica levantar la voz para denunciar la falta de transparencia. Tal es el caso de Pedro Castillo, quien declara públicamente que ayudará a esclarecer las denuncias en su contra, que profundizan la crisis política que vivimos y, sin embargo, no recibe a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. También levantaremos nuestra voz para felicitar y visibilizar las cosas buenas que hacen los otros poderes del Estado.

Necesitamos buenas noticias, ¿cuándo el Ejecutivo empezará a dárnoslas?

¿Cuáles son los objetivos del I Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL?

El evento tiene como objetivo tratar de encontrar algunas respuestas y acciones concretas para hacer frente a la corrupción desde el sector empresarial junto al sector público y privado, así como la academia.

Según estimados de las Naciones Unidas, la corrupción le cuesta al mundo US$ 3,6 billones. En el Índice de Percepción de Corrupción, de Transparencia Internacional, el Perú se encuentra en el puesto 94 de 180 países, una posición que no ha variado prácticamente en los últimos años.

Cabe señalar que la media mundial de este Índice es de 43 puntos y nuestro país tiene 38 puntos, considerando que cero corresponde a corrupción elevada y 100 a corrupción inexistente.

Además, a nivel global se han identificado una serie de casos de corrupción por la pandemia y el Perú no es ajeno a ello, pues se han visto actos de poca transparencia en las adquisiciones que se han realizado bajo los regímenes de emergencia. Sobre estos y otros puntos trataremos en este foro.

¿Quiénes son los principales ponentes del foro?

El sector privado ha sido convocado porque consideramos que es importante su presencia. Como anfitrión del evento estará el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Peter Anders, además del presidente de la Confiep, Oscar Caipo; y el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez; quienes participaran en el panel Concertación contra la corrupción. Propuestas del sector privado.

Para desarrollar el tema Corrupción y estado de emergencia sanitaria y por desastres naturales estará el ex procurador anticorrupción, Amado Enco.

En este bloque participarán el jefe de la Oficina de América Latina de Basel Institute on Governance, Oscar Solórzano; el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Jordi Jimeno; y la expresidenta de OSCE, Sofía Prudencio.

En el bloque Corrupción, servicios públicos y meritocracia se tendrá como expositor a Manuel Monteagudo, del Banco Central de Reserva, que es un caso importante de isla de integridad en la administración pública.

Sobre el tema de meritocracia estará el expresidente de Servir, Juan Carlos Cortés; y sobre corrupción pública el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.

En el bloque de cierre, denominado Estrategias para la implementación del objetivo de desarrollo sostenible ODS 16: Corrupción, integridad y transparencia, contaremos con la especialista en anticorrupción y transparencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Saskia Núñez; y en el panel participarán el secretario de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eloy Munive; Punto Focal Paraguay de Alliance for Integrity, Adriana Gómez; y el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta. Finalmente, también se contará con la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

¿Cómo combatir la corrupción desde el sector público y privado?

Desde el lado del Ejecutivo debe existir un compromiso de voluntad política de hacerle frente a la corrupción. La corrupción en el Perú es un problema endémico.

Si bien el Gobierno actual no es el que la ha generado, en estos primeros 100 días de gobierno poco se ha hecho en materia de transparencia en lo que se refiere al manejo administrativo de las agendas del presidente y de las personas que fueron convocadas y que han tenido que alejarse, precisamente porque han sido involucradas en casos de corrupción.

Entonces, tiene que haber voluntad política y una decisión de empoderar a las instituciones. Y, desde el sector privado, tiene que haber un trabajo mucho más concertado.

Hay distintas iniciativas. Varias organizaciones venimos trabajando en colaboración con el Gobierno, el Estado y con ONG como Proética y Transparencia, que también están muy preocupadas por la integridad.

¿Qué efectos negativos trae la corrupción?

Para comenzar, empobrece a la población. Los recursos que generalmente son afectados por hechos de corrupción son obras públicas, desde carreteras que conectan a las poblaciones, hospitales y escuelas.

Estas obras necesitan una serie de adquisiciones y equipamientos que deberían ponerse al servicio de la población menos favorecida.

Sin embargo, ello no sucede porque estos fondos están llegando las arcas de gente indeseable, entonces faltan recursos para desarrollar estas obras.

Además, también genera esos espacios de círculos de poder para facilitar y asignar obras a través de pagos ilegales. Definitivamente, la corrupción, además de producir un empobrecimiento de la condición humana, no solo por el lado de no tener acceso a los bienes que se deberían proveer a los ciudadanos, sino también a sus valores; propicia el empoderamiento de quienes hacen las cosas mal.

Nuestro país cumple dos semanas sumido en la incertidumbre, en una grave inestabilidad política y económica y un profundo temor por las amenazas violentistas de quienes pretenden imponer al resto su ideología de odio, divisionismo y destrucción.

Son 15 días a lo largo de los cuales seguimos esperando del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una actuación transparente y el cumplimiento estricto de su misión de garantizar el respeto de la voluntad ciudadana, de forma eficiente y moderna, para determinar quien gobernará nuestro país durante los próximos cinco años.

Esto exige, por parte del máximo organismo electoral, ir al fondo del asunto que es definir si la elección del pasado 6 de junio se desarrolló con total limpieza, sin ninguna duda de legalidad, sin trampas, sin mesas de sufragio capturadas por simpatizantes de uno de los candidatos, sin suplantación de electores, sin firmas falsas, sin manipulación de actas o con muertos –milagrosamente resucitados– aptos para votar.

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Si nos encontramos en esta situación es porque desde mucho antes de la realización del proceso en sí, incluso desde la primera vuelta, cayeron serias dudas sobre la idoneidad y la imparcialidad de algunos magistrados, jefes, funcionarios y trabajadores de los organismos electorales. Bastaba algo tan simple como observar sus redes sociales para darse cuenta que tenían una posición definida.

Faltó, sin duda, de parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y de las otras organizaciones políticas, una actitud más proactiva y fiscalizadora para –en principio– exigir que se cumpla el artículo 179 de la Constitución Política, que claramente establece que “la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por cinco miembros” y no cuatro, como actualmente sucede, debido a la serie de maniobras cometidas para impedir que el Colegio de Abogados de Lima nombre a su representante.

Pero aquí estamos ahora, en estas cuestionables condiciones, esperando que los resultados del proceso electoral sean inobjetables, que respondan a la real voluntad de los electores y le confieran al próximo gobernante la legitimidad que se requiere, en un momento en que el Perú sigue enfrentando las dramáticas secuelas del pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia del coronavirus.

No se trata de defender a una de las candidaturas en pugna, se trata de defender normas básicas de una convivencia civilizada y la estabilidad que tanto nos costó construir a todos en los últimos 30 años.

Defender y recuperar la fortaleza de nuestro sistema democrático implica recuperar la confianza en nuestras instituciones y no permitir, nunca más, que sean copadas por militantes y simpatizantes de determinada corriente política para convertirlas en herramienta de sus intereses.

Demandemos pacíficamente, pero con firmeza, que se respete la voluntad que cada uno de nosotros expresó en su voto, que los encargados de velar por ello cumplan fielmente la tarea que se les ha encomendado y que, si se determina que deliberadamente se intentó aprovechar las vulnerabilidades de nuestra democracia para hacer trampa, se castigue con todo el peso de la ley a los responsables.